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Roberto Paciencia Cruz fue detenido arbitrariamente por la policía el 7 de agosto de 2013 en Pantelhó, Chiapas, sin órdenes de aprehensión y sin ninguna explicación. Durante dos días fue torturado y forzado a firmar una declaración falsa en la que se autoinculpaba de un secuestro. Desde entonces se encuentra recluído en el CERSSS 5 de San Cristóbal de Las Casas. El próximo 26 de noviembre de 2016, se cumplirá el plazo para que William Hernández Ovando, Juez del Ramo Penal del Distrito de San Cristóbal de Las Casas, dicte sentencia. La inocencia de Paciencia se ha demostrado por la vía legal en varias ocasiones: el único testigo inculpatorio no se ha presentado a ninguno de los varios citatorios y, por el contrario, sí hay testigos que declararon que Roberto no estuvo presente en el lugar de los hechos a la hora que se cometió el delito.

Escucha el audio de la conferencia de prensa el 10 de noviembre en las instalaciones del Frayba: (Descarga aquí)  

A continuación, el boletín de prensa del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y la denuncia de los familiares de Roberto Paciencia, Solidarios de la Voz del Amate y el Grupo de Trabajo “No estamos todxs”:

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Susuclumil, Tila, Chiapas, México.

21 de octubre de 2016

Boletín de prensa No. 21

Sucuclumil conmemoración de la memoria

20 años de crímenes de lesa humanidad en la zona Norte de Chiapas

Desde abajo se empieza.

Ésta palabra es semilla, la sembramos y cuidamos

porque es memoria, esperanza, justicia

Para este Centro de Derechos Humanos los trabajos de la memoria histórica representan la acción continua, viva para el andar diario, para la creación de alternativas frente a la impunidad del Estado mexicano, cuyas palabras están manchadas de sangre, con todo y sus instituciones.

Es por ello que traemos a la memoria en esta Tierra Blanca, Susuclumil, lugar de memoria, en este sitio de conciencia en donde el Tribunal Permanente de los Pueblos¹ escuchó la palabra de hombres y mujeres, sobre los caídos, víctimas y sobrevivientes de la estrategia contrainsurgente implementada por el Estado mexicano en el marco del Conflicto Armado Interno no resuelto en Chiapas.

Aquí se comparten un mismo camino, la palabra, La Otra Justicia, manteniendo en su lucha la esperanza de verdad y justicia frente a la impunidad.

Recordando que con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994, y en medio de las negociaciones para la búsqueda de una salida política al conflicto armado interno en Chiapas, la violencia en la región aumentó. El control militar era parte del intento de dominio de la situación por parte del Estado mexicano. Con la puesta en marcha del Plan de Campaña Chiapas 94, el Estado mexicano a través del Ejército mexicano, creó paramilitares delegando en ellos el uso de la fuerza, tolerando, permitiendo y facilitando sus operaciones y mostrando una incapacidad para combatirlos.

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·       Otra grieta a las acusaciones falsas del gobierno contra la CRAC-PC que buscaba criminalizar al Sistema indígena.

·       Tres resoluciones de Jueces Federales reconocen a la CRAC-PC como sistema de Seguridad y Justicia.

·       Las actuaciones de la CRAC-PC se hicieron en el marco del ejercicio de sus funciones como autoridad comunitaria reconocida por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales.

·       Las autoridades que los mantuvieron en cautiverio violaron las reglas del debido proceso en perjuicio de las autoridades comunitarias y se extrajeron pruebas ilícitas para inculparlos. 

Ayutla de los Libres, Guerrero a 12 de mayo de 2016.-  El día de hoy salieron en libertad del Penal de Ayutla de los Libres, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Florentino García Castro, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco y Benito Morales Justo, autoridades comunitarias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de El Paraíso perteneciente a este Municipio de la Costa Chica, luego de haber sido injustamente privados de su libertad por casi tres años.

El Juez Mixto de Ayutla de los Libres y la Jueza Segunda en Materia Penal de Tlapa ordenaron su libertad por no existir elementos que acrediten el cuerpo de delito de secuestro del que habían sido injustamente acusados. El primero resolvió favorablemente un incidente de libertad por desvanecimiento de datos el día 22 de abril de 2016 y la segunda reclasificó el delito de secuestro a privación de la libertad personal en acatamiento a la resolución del amparo 133/2014, de fecha 10 de noviembre de 2015, mediante el cual el Juez Sexto de Distrito estableció que se violaron las reglas del debido proceso en agravio de las autoridades indígenas de la CRAC-PC; que el juez local omitió hacer un análisis del derecho que tienen los pueblos indígenas para tener sus propias formas de organización social y política; así como que la CRAC-PC es un órgano de seguridad y justicia legítimo reconocido por la Constitución, las leyes de nuestro país.

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TO THE PEOPLES OF THE WORLD
TO THE ALTERNATIVE PRESS

The National Indigenous Congress (CNI) declares itself in maximum alert following the cowardly betrayal of the indigenous Ñatho community of San Francisco Xochicuautla, municipality of Lerma in the State of Mexico, in order to implement the highway project Toluca Naucalpan, as well as after the assault on community police in Ostula. We call upon all peoples, organizations, and individuals in solidarity to be attentive and to heed the call made by the community of Xochicuautla.

We denounce that:

On Monday, April 11, at 9am, over 1000 state police from the State Commission for Citizen Security (CES) and the Action and Reaction Forces (FAR) began to enter the community from three directions: through the Buenavista neighborhood; via Cuauhtémoc street to the “Lampeni” location; and to “Lapondishi,” the site of the Encampment for Peace and Dignified Resistance, which was then destroyed by the police forces.

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Mexico tortures migrants – and citizens – in effort to slow Central American surge

Esther Juárez, 15 and her sister Amy, 24. Photograph: Nina Lakhani

Nina Lakhani in Ocosingo

Monday 4 April 2016 12.10 BST6

Amy and Esther Juárez were edgy with excitement as they boarded the bus full of seasonal workers heading for a farm at the other end of Mexico from their home in the poverty-stricken southern state of Chiapas.

Although their brother Alberto,18, had made the same journey the previous year, it was the first time Amy, 24, and Esther, 15, had left the tiny indigenous community where they had grown up.

But about half-way there, immigration agents boarded the bus, and after checking all the passengers’ papers, ordered the three siblings to get off. (Continuar leyendo…)

Berta Cáceres’ killing was a symptom, not an isolated incident. In memory of Nelson García.

by Andrea Reyes Blanco and Tim Shenk
This article appeared first on teleSUR, here.

Berta Cáceres wasn’t the first and, unfortunately, she hasn’t been the last. The world-renowned Lenca leader assassinated last month in Honduras for her opposition to government-backed megaprojects is one of an increasing litany of fallen fighters for indigenous and environmental rights in Honduras and around the globe.

The pattern of murder and criminalization of those who would defend land and the rights of rural people has only gotten more clear. We argue that this pattern responds to the land grab phenomenon that has intensified since the global financial and food crisis of 2007-2008. (Continuar leyendo…)

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Haciendo historia. Notas de Radio Zapatista. Nota 1.
Por: Eugenia Gutiérrez, Colectivo Radio Zapatista.
Ciudad de México, 5 de abril de 2016.

Escucha aquí: (Descarga aquí)  

En 1982, después de dos décadas de guerra en Guatemala, la comunidad q’eqch’i de Sepur Zarco, en Izabal, fue sacudida por una violencia de proporciones inesperadas. Sus habitantes se habían organizado para defender tierras ancestrales que eran reclamadas por terratenientes. Para ello, a principios de ese año comenzaron un proceso legal en demanda del reconocimiento de sus títulos de propiedad, pero el proceso duró poco. La respuesta de los terratenientes frente al despojo frustrado fue salvaje. Se coordinaron con el ejército guatemalteco para secuestrar y desaparecer al grupo que encabezaba la defensa de la tierra. No conformes con haberse llevado a los hombres, los militares guatemaltecos arrasaron con la comunidad Sepur Zarco y violentaron sexualmente a muchas mujeres frente a sus familias.

Las que lograron huir a las montañas tuvieron que volver al paso del tiempo porque estaban viendo morir de hambre a sus hijas y a sus hijos. Cuando las familias sobrevivientes regresaron a Sepur Zarco en julio de 1982, los militares habían instalado un puesto de descanso y recreo para sus soldados sobre las cenizas de la comunidad, entre los municipios de El Estor (Izabal) y Panzós (Alta Verapaz). Y como era un puesto de descanso y recreo, los soldados giraron la instrucción de servicio para las mujeres de comunidades aledañas. Como resultado, ellas padecieron seis años de explotación sexual y laboral.

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Eugenia Gutiérrez, Colectivo Radio Zapatista.

México, 15 de marzo de 2016.

Había una vez un planeta de libertades cuyos habitantes lograban respetarse. No lo controlaba el odio. No lo dominaba el miedo. Era un planeta soberano que determinaba, por sí mismo, el papel que quería desempeñar en la trama inevitable de su lugar en el cosmos. Ningún dios furibundo lo atemorizaba. Ninguna criatura despreciaba la dicha de estar viva aquí y ahora en espera de no estar, pero estar mejor, una vez muerta. (Continuar leyendo…)

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Por Paulo Estrada Velázquez
Fotografías de Ingrid Fadnes

Durante el mes de febrero se terminó de conocer, la verdad de los hechos ocurridos en la aldea de Sepur Zarco en Guatemala, durante los años de la guerra interna. En esta región, el interés de las élites terratenientes por expandir sus territorios provocó que se llevara a cabo un genocidio parcial, el Tribunal A de Mayor Riesgo tuvo la tarea de aplicar la justicia luego de las acusaciones emitidas por las 15 mujeres víctimas contra el comandante del destacamento militar y un comisionado militar.

Las audiencias del debate oral y público se desarrollaron sin contratiempos en la Sala de Vistas del Palacio de Justicia, los asistentes fueron escuchando, uno por uno, los testimonios que las víctimas relataron de manera continua, es decir, los delitos cometidos en su contra por soldados del ejército de Guatemala, quienes se encontraban bajo las órdenes del entonces subteniente de artillería Esteelmer Francisco Reyes Girón.

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