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El Salto diario

(Español) Francia amordaza los vídeos de denuncia de la violencia policial

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La Asamblea Nacional francesa aprueba la ley de “seguridad global”, que restringe la difusión de imágenes de la policía, pese a multitudinarias protestas como la de este sábado. Un texto simbólico de la deriva liberticida de Macron.

Enrics Bonet

@EnricQuart

29 NOV 2020

Unas 130.000 personas, según la Policía, y 500.000, según organizadores, marcharon por las calles de varias ciudades de Francia contra la nueva Ley de Seguridad Integral el sábado 28 de noviembre. En París, la “marcha de las libertades contra las leyes liberticidas” congregó a un total aproximado de 46.000 manifestantes. Allí se repitieron las imágenes de cargas policiales y fotoperiodistas heridos.

La policía francesa protagonizó otro vergonzoso episodio de uso abusivo de la fuerza el la noche del lunes 23 de noviembre en París. La ocupación pacífica de la céntrica plaza de la República por la asociación Utopia 56 y decenas de migrantes degeneró en un brutal desalojo. “Unas imágenes chocantes”, reconoció el mismo ministro del Interior, Gérald Darmanin, sin ruborizarse por la hipocresía de sus palabras.

Otro vídeo desvelado el jueves por el digital Loopsider acentuó la indignación por los abusos policiales. Grabado por las cámaras del acomodado distrito XVII de París, en él se veía a tres agentes dando una paliza a un joven negro. La víctima fue un productor de música que recibió insultos racistas y lo detuvieron con una violencia gratuita por el simple hecho de no llevar la mascarilla. Los episodios de uso indebido de la fuerza policial no resultan ninguna novedad en Francia. Pero esta sucesión de casos se produce en un momento en que el gobierno impulsa una ley para limitar la difusión de imágenes de las acciones policiales. ¿Abusos como los de esta semana se podrán seguir denunciando en las redes? ¿Cómo el ejecutivo macronista quiere enmordazar estas imágenes de denuncia?

La Asamblea Nacional aprobó el martes por la tarde la ley de “seguridad global”, que abre la puerta a sancionar la publicación de imágenes o vídeos no difuminados de agentes. Pese a la fuerte contestación en la calle, esta fue aprobada con 308 votos a favor, 104 en contra y 66 abstenciones, gracias al apoyo de diputados macronistas, de Los Republicanos (socios del PP en Francia) y de la ultraderechista Reagrupación Nacional. Bautizado con este nombre con tintes orwellianos, este texto legisla aspectos variopintos de la seguridad, desde la creación de un cuerpo de policía municipal en París hasta el refuerzo de las competencias de las agencias privadas.

La disposición más contestada de la ley es su ya famoso artículo 24 que prohíbe la difusión no difuminada de imágenes de intervenciones policiales

Su elaboración indignó, sin embargo, a la izquierda francesa al restringir derechos fundamentales, como el de manifestarse o la libertad de prensa. La disposición más contestada de la ley es su ya famoso artículo 24. Este prohíbe la difusión no difuminada de imágenes de intervenciones policiales que perjudiquen de “manera manifiesta” la “integridad física o psíquica” de un agente. Contempla penas de hasta un año de prisión y multas de un máximo de 45.000 euros con las que podrán sancionarse estas publicaciones. Además, el texto favorece el uso de drones y cámaras por los antidisturbios para grabar manifestaciones.

Aunque la presión social obligó al ejecutivo a introducir una enmienda en el último momento para garantizar el “derecho a informar”, esto no evitó la lluvia de críticas a nivel internacional, desde Amnistía hasta el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Incluso la Comisión Europea recordó el lunes a las autoridades francesas el principio de la “libertad de prensa” y dijo que “seguía la situación de cerca”.

La “ley mordaza” francesa

“El artículo 24 sitúa la legislación francesa en una zona gris que permitirá a los policías detener de manera preventiva a aquellos manifestantes o reporteros que los graben”, asegura a El Salto Fabien Jobard, especialista en temas policiales. “Los agentes se convencerán a partir de ahora de que cualquiera que saque su cámara o teléfono en una protesta representa una amenaza y un posible delincuente”, advierte este sociólogo. Aunque muchas de estas hipotéticas detenciones no acaben en condenas ante la dificultad de demostrar que se perjudicó la integridad del agente, estas detenciones preventivas “ya supondrán un obstáculo al derecho de manifestarse”.

Los vídeos de manifestantes y jóvenes reporteros resultaron claves para revelar la violencia policial contra los chalecos amarillos

Este experto del prestigioso Centro de investigación científica (CNRS) observa similitudes evidentes entre la nueva ley de “seguridad global” y la ley mordaza: “El único país de Europa en que existe un dispositivo similar es España”. En el caso de la legislación española, “la policía española la ha utilizado en numerosas ocasiones”, recuerda Jobard, quien teme que en Francia se reproduzca una situación similar, aunque en este caso con una multiplicación de las detenciones preventivas y de agresiones contra periodistas o manifestantes que graben. Al otro lado de los Pirineos serán los jueces los encargados de dictar las multas.

Elaborada para contentar a los sindicatos de policías —mayoritariamente conservadores, o incluso ultraderechistas—, esta “ley mordaza” francesa amenaza con silenciar el principal medio de denuncia de los abusos de las fuerzas de seguridad. Los vídeos de manifestantes y jóvenes reporteros resultaron claves para revelar la violencia policial contra los chalecos amarillos. Más de 2.200 manifestantes heridos, 308 de ellos con heridas en la cabeza, 24 perdieron un ojo, cinco se quedaron sin una mano… Un balance escalofriante silenciado por los grandes medios en los primeros meses de protestas.

También fue gracias a un vídeo del militante Taha Bouhafs, ahora convertido en un influyente reportero, que salió a la luz el caso Benalla, el escándalo del ex guardaespaldas de Macron que pegó a manifestantes el 1 de mayo de 2018 en París. Además, estas imágenes resultan claves para denunciar la violencia policial enquistada en la “banlieue”. Así lo reflejan iniciativas como la aplicación UVP para difundir en directo en las redes los abusos de las fuerzas de seguridad.

Deriva autoritaria de Macron

“En realidad, no deberíamos grabar a la policía. Pero como hay tantos abusos, no nos queda otro remedio”, defiende Clara François, de 24 años, una estudiante universitaria de un máster de cine presente el sábado en la multitudinaria concentración parisina en la Plaza de Trocadero contra la ley de “seguridad global”. Según las fuerzas de seguridad, unas 22.000 personas se manifestaron ese día en el conjunto de Francia. Unas protestas nada despreciables teniendo en cuenta el actual contexto de pandemia y el segundo confinamiento, que perdurará en Francia hasta el 15 de diciembre.

Además de la legislación de “seguridad global”, el macronismo recibe críticas por haber dado luz verde la semana pasada a otro texto que castiga con tres años de prisión las ocupaciones en la universidad

“El hecho de que la policía pueda utilizar drones para grabar protestas y que estas imágenes dispongan de reconocimiento facial hará que la gente tenga aún más miedo para grabar protestas”, lamentaba François. Mientras se restringirá la posibilidad de los ciudadanos de difundir imágenes, se facilitará la capacidad de los policías para grabar sus acciones y a los manifestantes, tanto con drones como con cámaras normales.

“Utilizarán sus imágenes para dar su versión de los hechos y así influir en la opinión pública”, advierte Jobard. Este experto sostiene que “no conozco ningún caso en que un policía haya sido amenazado físicamente por un vídeo grabado por manifestantes, pero estas imágenes sí que son utilizadas por la justicia para identificar a agentes que cometen abusos durante sus intervenciones u otras personas que cometen delitos durante las protestas”.

“Aprovechan que la gente está aterrorizada por el covid-19 para aprobar este tipo de leyes liberticidas. Me parece vergonzoso”, declaraba a este periódico Laure, de 30 años, una actriz que dijo “manifestarse por primera vez” durante la concentración contra el proyecto de ley en los aledaños de la Asamblea Nacional el 17 de noviembre. Ese día empezaron los debates parlamentarios coincidiendo con el segundo aniversario del inicio del movimiento de los chalecos amarillos. Tras haber reunido a varios miles de manifestantes bajo un ambiente pacífico, esta degeneró en enfrentamientos con agentes antidisturbios, que detuvieron a dos fotoperiodistas. El ambiente se caldeó aún más después de que el día siguiente el ministro Darmanin afirmara que los periodistas deben acreditarse para cubrir las manifestaciones.

Ante la presión social, el primer ministro Jean Castex anunció este jueves la creación de una comisión para revisar la redacción del artículo 24. Un movimiento que suscita desconfianza en el conglomerado de asociaciones y sindicatos que impulsan las protestas.

Deriva liberticida

Además de la legislación de “seguridad global”, el macronismo recibe críticas por haber dado luz verde la semana pasada a otro texto que castiga con tres años de prisión las ocupaciones en la universidad. También generó indignación su voluntad de aprovechar los recientes atentados para ilegalizar asociaciones, como el Colectivo Contra la Islamofobia de Francia (CCIF), que poco tienen que ver con el yihadismo.

“La lucha de nuestra generación en Europa será una lucha por nuestras libertades. Porque están siendo quebrantadas”, aseguraba la semana pasada Macron en una entrevista para la revista digital Grand Continent. Numerosos periodistas y analistas internacionales criticaron las contradicciones de estas palabras. La misma prensa mainstream, especialmente los medios anglosajones, que elevó a los altares al joven dirigente en 2017 ahora expresa su preocupación ante su deriva islamófoba y autoritaria.

“Macron presume de la libertad de prensa francesa ante los países musulmanes, donde esta no existe. No solo no ha podido convencerles, sino que da la impresión de que se ha convencido de la superioridad de sus leyes liberticidas y securitarias”, defendía la semana pasada en un editorial Dov Alfon, director del diario progresista Libération y exjefe de redacción del rotativo israelí Haaretz. Más que una deriva securitaria, la ley de “seguridad global” refleja la apuesta del presidente de mirar hacia la derecha en los asuntos “regalianos”, es decir las vinculadas a la administración de justicia, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y a las Fuerzas Armadas. Y así disputarle el mismo terreno a la ultraderechista Reagrupación Nacional.

Su gobierno ya impulsó en noviembre de 2017 una ley antiterrorista que introdujo en el derecho común la mayoría de los dispositivos excepcionales del estado de emergencia, que llevaba dos años en vigor. Un año después aprobó una dura ley migratoria que aceleró la expulsión de refugiados y migrantes. La violencia policial contra los chalecos amarillos fue criticada por el Consejo de Europa y la ONU. Y ahora amordaza los vídeos de denuncia de estos abusos de las fuerzas de seguridad. Un balance más bien digno de dirigentes neoconservadores, como el austríaco Kurz o el húngaro Orbán, que de un defensor de las libertades en Europa.

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CNI

(Español) Llamado del CIPOG-EZ a organizarse contra el despojo, la violencia del estado y la criminalización de los pueblos indígenas en resistencia

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Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A los pueblos de Guerrero
A los pueblos de México
A las mujeres que luchan
A la sexta nacional e internacional
A las redes de apoyo al CNI-CIG

Desde la llegada de los españoles a nuestras tierras y el inicio de la guerra de exterminio contra los pueblos indígenas, nos despojaron y fue con violencia que tuvimos que dejar los valles y refugiarnos en las montañas que hoy nos resguardan y se volvieron nuestro hogar. Las montañas nos cobijaron, nos han alimentado, nosotros aprendimos a cultivarlas, cuidarlas, a hablar con ellas, y a aprender de ellas. Ahora como hace cien años, como hace doscientos años llegan nuevos gobiernos junto con sus jefes los empresarios, los más ricos de este país y del mundo, para decirnos que también tenemos que dejar nuestras montañas, que van a construir autopistas, minería, industria, corredores transístmicos, termoeléctricas.

Dicen que ahora si viene el progreso y que por eso deben sacrificarnos a nosotros, a nosotras, como indígenas que no valemos, que no importa, que no hay derecho para nosotros, como decían los españoles; no tenemos alma. Así ahora la autonombrada 4T dice que estorbamos, que es necesario nuestro sacrificio para su progreso, pero esta historia ya la conocemos, así paso hace 528 años, así se repite ahora.

Como antes y como ahora resistimos y vamos a seguir resistiendo, vamos a luchar contra el despojo, contra la violencia y contra los malos gobiernos vengan de donde vengan. Pretenden pasar por encima de nosotros, de nosotras, de nuestros antepasados, de nuestra cultura, nuestra historia, nuestra dignidad y nuestra vida. López Obrador habla mucho de que todo debe ser legal, pero su gobierno violenta las leyes constitucionales, violenta los derechos humanos y esta violentando a los pueblos indígenas.

A nuestros hermanos y hermanas Otomís en el Estado de México les impusieron la autopista Toluca-Naucalpan el pasado mes de Octubre, violando los amparos que estaban vigentes, en los cuales el juez ordeno la suspensión definitiva de la obra. Pero con golpeadores, compra de conciencias, trabajos forzados durante la pandemia, y por la negociación política entre del PRI y MORENA no les importo el bienestar de los pueblos y se impuso la voluntad empresarial.

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Mujeres y la Sexta

(Español) R. Aída Hernández Castillo*: Contra la violencia, acordamos vivir

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En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, quisiera recordar un compromiso que hicimos hace más de dos años quienes asistimos al primer Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, en el municipio autónomo zapatista 17 de Noviembre. En marzo de 2018 unas 9 mil mujeres de distintas regiones del mundo hicimos un compromiso con unas 2 mil mujeres zapatistas: acordamos vivir. En el cierre del encuentro, una de las representantes zapatistas señaló: Aquí, delante de todas las que somos, les proponemos que acordemos seguir vivas y seguir luchando, cada quien, según su modo, su tiempo y su mundo.

Esta promesa, aparentemente sencilla, es un reto en el país que acuñó la palabra feminicidio, donde tan sólo en este año la violencia feminicida aumentó en 145 por ciento, según cifras oficiales, con un saldo de 645 mujeres asesinadas a la fecha. Acordar vivir es un compromiso difícil en un país que se ha convertido en un gran cementerio, donde para octubre de este año se habían documentado 3 mil 92 fosas clandestinas, según la Comisión Nacional de Búsqueda, y seguían sin se hallados unos 70 mil desaparecidos. Hace dos años, frente a las mujeres zapatistas, encendimos una vela y nos comprometimos a prenderla de nuevo cuando sintiéramos que necesitábamos iluminar alguna lucha. Prometimos llevarla a las desaparecidas, a las asesinadas, a las presas, a las violadas, a las golpeadas, a las acosadas, a las migrantes, a las explotadas, a las violentadas de todas las formas y decirles que no estaban solas y que íbamos a luchar por ellas, “por la verdad y la justicia que merece su dolor […] porque el dolor que carga no se vuelva a repetir en cualquier parte del mundo”.

Hoy quiero encender esta vela por nuestras hermanas que sufren en el estado de Chiapas el acoso de los grupos paramilitares. Por las mujeres desplazadas de Aldama, que han tenido que dejar su tierra, sus cultivos, su comunidad, para protegerse y salvar la vida de sus hijos e hijas ante la violencia paramilitar. Por la hermana María Isabel Hernández, quien el 18 de noviembre pasado fue herida de bala en una pierna, cuando intentaba llevar ayuda humanitaria a los pobladores de Tabak y Coko, en el municipio de Aldama. Por todas las mujeres que ahora viven con miedo en un contexto de impunidad, donde las técnicas de terror, las armas y los hombres que provocaron la masacre de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, han reactivado la guerra de baja intensidad contra las bases de apoyo zapatistas y las comunidades que simpatizan con su lucha.

Hace 23 años, la masacre de 20 mujeres, siete de ellas embarazadas, 16 niños y niñas y nueve adultos, trató de justificarse con el argumento de que se trató de pugnas intracomunitarias. En ese entonces en el libro colectivo La otra palabra: mujeres y violencia en Chiapas; antes y después de Acteal (1998) (http://www.rosalvaaidahernandez.com/ wp-content/uploads/2019/12/1998- LIBROS-La-Otra-Palabra-PDF.pdf) documentamos los procesos históricos de formación de grupos paramilitares en Chiapas. Ante las perspectivas racistas que trataban de justificar las mutilaciones corporales y las violencias extremas como prácticas culturales mayas, argumentamos que se trataba de una cultura militarista de muerte, trasnacional que cruza las fronteras junto con las armas y que tiene centros de adiestramiento como la Escuela de las Américas. Hoy de nuevo se trata de argumentar que el conflicto entre los habitantes de Aldama y San Pedro Chenalhó se reduce a pugnas intracomunitarias por 60 hectáreas de tierra. Es importante reconocer que estos conflictos se profundizaron con la intervención gubernamental mediante el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), que permitió que terrenos comunales de Aldama quedaran bajo control de las autoridades de San Pedro Chenalhó. Pero, sobre todo, posibilitó la circulación y uso de armas de alto poder, cambiando por completo los estilos de negociación y conflicto en la región.

La paramilitarización de las pugnas comunitarias ha sido parte de la guerra de baja intensidad que ha acosado los territorios zapatistas desde hace casi tres décadas. Hoy urge encender una vela por nuestras hermanas zapatistas que viven los peligros de la violencia paramilitar. Ellas han hecho eco de nuestras luchas denunciando el feminicidio, la desaparición forzada y el acoso, problemas que no existían en sus territorios autónomos, pero contra los que ellas se han movilizado en nuestro apoyo. Ahora nos corresponde levantar nuestras voces y denunciar la violencia paramilitar que las acecha.

*Doctora en antropología, investigadora del CIESAS

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Redtdt

(Español) Comunicado | 3ra Misión Civil de Observación de derechos humanos a la comunidad Tepecana Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, Jalisco

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  • A partir de los testimonios recogidos durante la 3a MCO a la comunidad advertimos que se vive un clima de inseguridad generalizada en San Lorenzo de Azqueltán.
  • Estas circunstancias violentan los derechos de la comunidad, lo que propicia que se perpetúe la violencia en la comunidad, poniendo en riesgo a quienes defienden el territorio ancestral.
  • En reunión con autoridades del gobierno de Jalisco se abordaron las situaciones documentadas, lo que permitió construir acuerdos para realizar los seguimientos pertinentes.

La comunidad Tepecana Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán celebra en el mes de noviembre, 7 años de autonomía. El camino no ha sido fácil. En la defensa del territorio y el reconocimiento de sus derechos como pueblo indígena, los pobladores enfrentan problemas estructurales como la ausencia de un enfoque intercultural en la educación, o la falta de garantía al derecho al agua, lo que se refleja en la carencia de servicios de drenaje, así como en la contaminación del río Bolaños, ello tiene graves efectos como lo son la falta de acceso a agua potable y la dificultad para tener una alimentación sana, suficiente y culturalmente adecuada.

Ante este contexto, desde 2018, organizaciones de la sociedad civil hemos realizado Misiones Civiles de Observación (MCO) de Derechos Humanos para documentar las condiciones de violencia ejercida contra la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán por su lucha para recuperar su territorio ancestral. A 3 años de la primera MCO, vemos con preocupación cómo continúa la situación de impunidad ante graves violaciones de derechos humanos, lo que incrementa el fuerte clima de inseguridad para sus integrantes.

A partir de los testimonios recogidos durante la visita a la comunidad el 21 y 22 de noviembre, advertimos que se vive un clima de inseguridad generalizada en la zona, lo que ha llevado a que miembros de la comunidad sean víctimas de distintos delitos como detenciones arbitrarias, lesiones, amenazas, intento de homicidio y graves violaciones a derechos humanos como desplazamiento forzado, detenciones arbitrarias, tortura y desaparición forzada.

Estas circunstancias violentan los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño, lo que propicia que se perpetúe la violencia en la comunidad, poniendo en riesgo a quienes defienden el territorio ancestral.

Posterior a la visita, el día lunes 23 de noviembre, autoridades comunitarias y las organizaciones participantes en la MCO nos reunimos con autoridades del gobierno de Jalisco —SGG (a través del Secretario General de Gobierno, el Subsecretario de Derechos Humanos y la Directora de la Dirección General de Asuntos Agrarios), la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, y CEAV estatal—, además se contó con la presencia de la CEDHJ.  En dicha reunión, se abordaron las situaciones documentadas, lo que permitió construir acuerdos para realizar los seguimientos pertinentes.

Resulta relevante que las autoridades estatales hayan asumido el compromiso de crear un mecanismo de seguimiento a las carpetas de investigación, a través de una coordinación interinstitucional entre la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía de Derechos Humanos y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.  Consideramos que dar cumplimiento a este punto es de vital importancia, ya que sin acceso a la justicia no habrá resolución de fondo del conflicto.

Para más información:

Eber Huitzil – Comunicación de la Secretaría Ejecutiva de la Red TDT
55 1796 6731, comunicacion@redtdt.org.mx,
redtdt.org.mx

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Regeneración Radio

(Español) Otomíes desalojan primer piso del INPI

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Por Sandra Suaste

La Comunidad Indígena Otomí que mantiene tomado el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) desalojó el primer piso del inmueble y realizó la quema de algunos expedientes: “es archivo muerto que no atienden”, expresaron.

El motivo, es el descontento por la cita que tuvieron horas antes.  El titular del INPI, Adelfo Regino, no se presentó a la cuarta mesa de diálogo convocada por la Comunidad Indígena Otomí. Tampoco acudió Alfonso Suarez del Real, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México.

La comunidad manifestó su molestia y decepción, pues esperaban una respuesta al mensaje emitido el 18 de noviembre en conferencia de prensa, en donde hicieron mención de algunos puntos que componen su contrapropuesta entre las que destacan: Atención prioritaria al freno de los megaproyectos en Santiago Mexquititlán; sesionar dos veces por semana y una comisión especial que atienda a la comunidad.

Los otomíes lamentaron que las autoridades hayan roto el diálogo y no conozcan el mensaje que les hicieron llegar. Es una muestra del racismo que viven por parte de las autoridades: “Hoy no llegaron. Hay discriminación y prepotencia. No te escucho, no te veo. Esa es la 4T. Nos mandaron suplentes que no tenían capacidad”.

“Yo ya estoy encabronado de que siempre nos vean la cara. Ya estuvo suave. Fue la decisión de la comunidad que íbamos a quemar todo”, mencionó un integrante, tras recibir al secretario particular de Adelfo Regino, Guillermo May Correa, quien dijo no conocer la propuesta y solicitó que le otorgaran una copia. Horas después se cerró la avenida México- Coyoacán y se quemaron papeles y muebles.  A la par se mantuvo cerrado Eje 8.

El subsecretario de Gobierno, Félix Arturo Medina Padilla, acudió en representación del gobierno de la Ciudad de México. Se acordó una reunión que se llevará a cabo a las 9 de la mañana del miércoles 25 de noviembre en el edificio tomado.

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GUARDIANAS Y GUARDIANES DEL RÍO METLAPANAPA

(Español) Las Guardianas y Guardianes del Río Metlapanapa denunciamos la injusticia que el gobierno de López Obrador y la 4T ejerce contra los campesinos del plantón Zapatista de Apatlaco y contra los pueblos originarios de Morelos, Puebla y Tlaxcala

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Las Guardianas y Guardianes del Río Metlapanapa denunciamos la injusticia que el gobierno de López Obrador y la 4T ejerce contra los campesinos del plantón Zapatista de Apatlaco y contra los pueblos originarios de Morelos, Puebla y Tlaxcala

En el año 2001, el Proyecto Integral Morelos se hacía llamar Transportadora de Gas Zapata, desde ese entonces a la fecha han pasado 19 años y 5 sexenios con gobiernos de diferentes colores y nombres (#PRI, #PAN, #MORENA), todos ellos, subordinados bajo el mismo patrón: el gran capital neoliberal. Con el nombre de las empresas españolas #Elecnor, #Anagas, #Abengoa y las distintas industrias que se le han sumado en el camino; #GasNaturaldelNoreste, #Continental, #SaintGobain, #Burlington, #Nissan y la minera canadiense #ÁlamosGold, el presente gobierno de la #4T sigue obedeciendo fielmente a sus patrones capitalistas.

A lo largo de estos 19 años, a los pueblos nahuas que nos hemos opuesto a este proyecto neoliberal de muerte y que nos hemos organizado para defender la vida y la tierra nos han reprimido, encarcelado, perseguido y asesinado. El 10 de febrero de 2019, en Cuautla, Morelos, el actual tirano, sentenció: “Escuchen, radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores”. 10 días después, el 20 de febrero, el compañero Samir Flores fue asesinado y el 23 y 24 de febrero se impuso, en los pueblos donde está trazado el gasoducto, una encuesta amañada.

La madrugada del día de hoy, 23 de noviembre de 2020, al punto de las 2:30 de la mañana, la Guardia Nacional, con al rededor de 300 elementos, más de 50 patrullas y maquinaría pesada, desalojó el plantón #Zapatista de #Apatlaco, #Morelos. A pesar de existir diversas asambleas de ejidatarios en la región donde se rechazó rotundamente la construcción del acueducto y el apoyo firme al plantón Zapatista y a pesar de existir más de 19 amparos vigentes, 9 con suspenciones del agua, 1 con suspención del gasoducto y 1 con suspención para que no contaminen el Río Cuautla con los desechos de la termoeléctrica, el presidente de la república, fiel a sus ídolos juaristas y maderistas, traicionó, una vez más, a los pueblos originarios. Y es que queda claro que para el mal gobierno, los pueblos solo somos objetos, excedentes, “inconvenientes” en el mundo capitalista de recursos naturales limitados. Un ejemplo de ello, son los hermanos de los pueblos originarios de Tabasco de Nacajuca, Jalpa y Centla, donde el tirano tomó la decisión de inundar “a los más pobres”.

Las Guardianas y Guardianes del Río Metlapanapa denunciamos los actos represivos y de despojo que el mal Gobierno ejerce contra los compañeros del plantón zapatista de Apatlaco y a los pueblos originarios de los Estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, nos sumamos a las acciones coordinadas por la defensa de la tierra y el agua y exigimos:

¡Justicia para Samir Flores!
¡Alto a la represión al Plantón de Apatlaco!
¡Alto a la represión de los pueblos nahuas de Morelos, Puebla y Tlaxcala!
¡Detención de las obras del acueducto Cuautla!
¡Cancelación del Proyecto Integral Morelos!

Autonomía, paz y justicia
A T E N T A M E N T E
GUARDIANAS Y GUARDIANES DEL RÍO METLAPANAPA

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FrayBa

(Español) CIDH admite el caso de la masacre de la comunidad de Viejo Velasco

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El grupo paramilitar OPDIC y Policías Estatales responsables de 6 ejecuciones extrajudiciales, 2 desapariciones forzadas y 36 familias en desplazamiento forzado.

 

El 25 de septiembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó el Informe de Admisibilidad No. 264/20 con relación a la Petición 1594-10 Pedro Núñez Pérez y Otros (Masacre de Viejo Velasco),1 ocurrida en el marco de una estrategia violenta de despojo territorial emprendida por el Estado mexicano contra comunidades indígenas tseltales y choles, asentadas en la Selva Lacandona, en Chiapas, México.

El 22 de noviembre de 2006, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A. C. (Frayba) solicitó a la CIDH medidas cautelares para garantizar la vida e integridad de los señores Mariano Pérez Guzmán, Antonio Peñate López, Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez. Estas personas fueron desaparecidas de manera forzada el día 13 de noviembre de 2006, por el grupo paramilitar Organización Para la Defensa de Derechos Indígenas y Campesinos (OPDIC),2 acompañado de Policías Estatales y otros servidores públicos cuando se desalojó a las familias que vivían en la comunidad Viejo Velasco, municipio de Ocosingo. Frente a la ineficacia de la Fiscalía del estado de Chiapas para efectuar la investigación y poder dar con el paradero de las personas desaparecidas, los familiares y una Comisión Civil de Observación asumió la búsqueda. El 6 de julio del 2007 encontraron restos óseos en la ruta que va de la comunidad Paraíso hacía Viejo Velasco. Con el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense se logró la identificación de los restos de Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez.

Además de la desaparición forzada de cuatro personas, ese día también fueron ejecutadas María Núñez González (quien se encontraba embarazada), Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez y Vicente Pérez Díaz. En este mismo hecho, fueron privadas de forma arbitraria de su libertad Petrona Núñez González y Diego Arcos Meneses y torturadas por parte del grupo paramilitar OPDIC. A consecuencia de la afectación psicológica que vivió, Petrona Núñez González falleció en el 2010.

Actualmente, 36 personas de la comunidad Viejo Velasco se encuentran en desplazamiento forzado sin ninguna garantía para su retorno y cuatro integrantes del Comité de Defensa de las Libertades Indígenas Xinich cuentan con órdenes de aprehensión acusados injustamente de cometer la Masacre.

El 5 de octubre de 2010, la CIDH cerró la medida cautelar y la petición de demanda al Estado mexicano dio trámite. En dicha demanda se señala su responsabilidad internacional por las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, torturas, privación arbitraria de la libertad y órdenes de aprehensión irregulares a consecuencia de la Masacre de Viejo Velasco.

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Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C.

(Español) Acción Urgente: Amenazas de muerte y daños en contra de Nataniel Hernández, Defensor de Derechos Humanos

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Grupo invasor y violento provoca agresiones recurrentes y actos de provocación en contra de habitantes de la Colonia Arenero Nueva Esperanza en TonaláChiapas


Áreas verdes invadidas.- Arenero Nueva Esperanza

El 01 de Noviembre un grupo de alrededor 30 personas liderado por Fernando Arreola y Rosalinda Quevedo Sandoval invadió la zona asignada para Áreas Verdes en la Colonia Arenero Nueva Esperanza, que desato una ola de agresiones  y amenazas constantes en contra de colonos, poniendo en riesgo la vida y la integridad física de mujeres, niños, jóvenes y hombres.

El día 20 de Noviembre alrededor de las 20:00 horas, el defensor de los Derechos Humanos Nataniel Hernández había ido a documentar la situación en la colonia, y llevar a cabo una reunión informativa sobre la problemática, cuando un grupo de personas que portaban palos, arma de fuego, y arma blanca lo emboscaron sobre la calle Belisario Domínguez y Callejón 10 de mayo al interior de la Colonia Arenero Nueva Esperanza, provocando daños al vehículo en el que se transportaba con su familia, amaneándolo de muerte, bajo el argumento que tienen el poder y apoyo de las autoridades para actuar de forma violenta y evitar que los saquen de las áreas verdes invadidas en donde se pretende construir un parque recreativo, escuela, cancha deportiva y jardín.

Ante el clima de violencia y despojo provocado por este grupo se han solicitado medidas precautorias y buscar una solución de fondo al conflicto ante  la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al Mecanismo de Protección de Defensores, Delegación de Gobierno, y Ayuntamiento Municipal de Tonalá,  sin embargo dichas medidas no se han implementado y esto ha originado una ola de actos de confrontación, amenazas, desprestigio, difamaciones, calumnias, y agresiones físicas.

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CNI

(Español) Carta de solidaridad a San Lorenzo de Azqueltán por sus 7 años de AUTONOMÍA

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Estimadas compañeras y compañeros de la comunidad Wixárika y Tepehuana/Tepecana de San Lorenzo de Azqueltán(CNI-CIG) en Jalisco, México.

Los colectivos, organizaciones e individ@s que firmamos esta carta, celebramos y nos solidarizamos con la digna lucha de su pueblo en el Séptimo Aniversario de la consolidación de la comunidad Autónoma de San Lorenzo de Azqueltán los próximos 21 y 22 de noviembre. Mantenemos nuestra mirada en cada uno de sus proyectos autónomos y con fuerza les animamos para que, en la defensa de su territorio y su forma de vida, prosigan organizándose.

Debido a la situación actual de la pandemia, entendemos que el riesgo es demasiado alto para que podamos asistir a su próxima celebración. Esperamos poder acudir a la inauguración de su Clínica Autónoma cuando la situación mejore. Acompañaremos sus rezos en solidaridad desde nuestra geografías mientras celebran su aniversario con su ceremonia tradicional.

Aprovechamos esta ocasión para denunciar toda la represión que ha sufrido la comunidad recientemente. Sabemos que durante su resistencia en defensa de la madre tierra y en la construcción de su autonomía, han sufrido secuestros, ataques armados y amenazas de muerte, todo ello con el objetivo de intimidar a lxs miembros de su comunidad para que cedan las tierras que han cultivado durante siglos. Estas tierras sagradas le pertenecen a su comunidad, cuentan con un título de propiedad desde 1733. Repudiamos las acciones de los ricos y del mal gobierno que impide el reconocimiento de este título y que se dedica a despojar la tierra de la comunidad.

Los siguientes ataques son muestra de las represalias y discriminaciones que atentan contra los esfuerzos de la comunidad para proteger su territorio y hacer valer sus derechos como comunidad indígena autónoma, incluida la elección de autoridades comunales y la recuperación de tierras invadidas. Por el contrario, las diferentes instancias de gobiernos buscan la represión y el desplazamiento. La maquinaria del gobierno municipal, con el supuesto fin de abrir una carretera cerca del sitio sagrado de Los Pilares, ha ido invadiendo y destruyendo cercas en las parcelas agrícolas de varios comuneros.

  • Hace un año, el 3 de noviembre de 2019, antes de la prevista celebración del sexto aniversario de la comunidad autónoma, el presidente del consejo de seguridad Noé Aguilar Rojas, y otros dos comuneros fueron brutalmente golpeados, lo que obligó a postergar la celebración. Cuando los heridos llegaron al hospital, fueron discriminados y se les negó la atención médica.
  • El 10 de enero de 2020, Jesús Manuel Aguilar Hernández, defensor de la tierra y miembro del Congreso Nacional Indígena, recibió un disparo con un arma calibre 38 por parte de Flavio Flores alias “La Polla” un ganadero local conocido como cabecilla de los acaparadores de tierras.
  • El 22 de marzo, Camerino Márquez Aguilar y Genaro González Bañuelos, dos hombres ancianos de la comunidad, fueron atacados una vez más por personas al servicio de Flavio Flores (“La Polla”) y por empleados del gobierno municipal de Villa Guerrero, Jalisco: Teódulo Pérez Martínez junto con Abram Pérez Bañuelos, Jairo Pérez Bañuelos y Aldo Herrera González.

A pesar de que estas personas han sido denunciadas en diversas ocasiones, en lugar de ser detenidos, han contado con el apoyo del gobierno municipal de Villa Guerrero, que no ha tomado acciones para sancionarlas, sino que ha fomentado la violencia y el enfrentamiento. Esta postura del gobierno a todos los niveles es consistente dentro de un estado capitalista racista y neoliberal que ha intentado a través de diversos medios despojar a los pueblos originarios. Entre otras estrategias de despojo, el gobierno intenta romper la propiedad comunal y crear la propiedad privada individual para que las tierras de los pueblos originarios puedan venderse y ponerse a disposición para proyectos extractivos capitalistas que saquean los recursos naturales y dejan la tierra destruida y empobrecida.

Las comunidades indígenas autónomas como la Comunidad Autónoma Indígena de San Lorenzo Azqueltán están en la primera línea de la resistencia, son un ejemplo para tod@s nosotr@s.

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radio
Noticias de Abajo

(Español) Noticias de abajo 22 de Noviembre 2020

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PERÚ: Revueltas en Perú. Cronología de presidentes en Perú . Las protestas populares contra la corrupción denuncian los abusos de los politicos.
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EUA MUMIA: Entrevista a Amigos de Mumia Mx sobre jornada del 9 de diciembre 39 años de prisión del activista y periodista Mumia Abu Jamal. Las jornadas anti carcelarias ante la Pandemia.

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POLONIA El gobierno de ultra derecha PiS atenta contra los derechos de las mujeres. Decenas de miles de mujeres siguen defendiendo sus vidas, sus cuerpos, sus voluntades.

GUATEMALA : Fuertes protestas contra la corrupción, también se quemó el Congreso. El pueblo exige la renuncia de Giammattei y de Castillo, el veto del presupuesto asesino, la renuncia de los 111 diputados que votaron a favor del presupuesto asesino, que el CACIF deje de gobernar el país y la convocatoria a una Asamblea Constituyente Plurinacional
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Rodadas blancas y solidarias. JumpPerez de Los Trollingstones

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