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Foto: Jacob García | Reuters

04 de septiembre de 2021

DEFENSORAS Y DEFENSORES DEL COLECTIVO DE OBSERVACIÓN Y MONITOREO DE DERECHOS HUMANOS DEL SURESTE MEXICANO – COMDHSM Y PERIODISTAS SEGUIREMOS ACOMPAÑANDO Y DENUNCIANDO LAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS COMETIDAS EN LOS DESPLAZAMIENTOS FORZADOS DE PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS QUE SALEN DESDE TAPACHULA, CHIAPAS, MÉXICO.

Desde el 28 de agosto el Instituto Nacional de Migración (INM) ha realizado operativos de detención para frenar el camino de las personas que buscan salir de Chiapas debido al desgaste y espera de resolución de sus trámites de regularización migratoria y refugio. En estos desplazamientos colectivos, forzados por las condiciones adversas de vida y violencias institucionales, caminan personas con necesidades de protección internacional y con trámites en curso.

Durante los días que hemos acompañado a estos grupos forzados a desplazarse hemos sido testigos y documentado la actuación violenta y el uso desproporcionado de la fuerza hacia personas migrantes, refugiadas y con necesidades de protección internacional e incluso personas defensoras y periodistas, con graves impactos físicos y emocionales. Esta situación llevó a las personas migrantes a ejercer su legítima defensa frente a las agresiones que son de público conocimiento.

Frente a esta situación de violencia contra personas defensoras y periodistas y, por ser beneficiarias de medidas de protección, de manera reiterada se ha solicitado al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas adscrito a la Secretaría de Gobernación que garantice la seguridad a defensores, defensoras y
periodistas, quienes acompañamos documentando estos actos de violación a derechos humanos sin obtener una respuesta oportuna. En este sentido, por ser beneficiarias de medidas de protección, existe una obligación reforzada del Estado mexicano de velar por nuestra integridad física y nuestra vida, obligación que no está siendo cumplimentada.

Destacamos que, a pesar de los actos de represión, las personas se siguen rearticulando y autoconvocando para continuar con su legítimo reclamo de buscar protección y una vida digna. Estas son las mismas razones que les obligaron a salir de sus países de manera forzada. Así como las personas continuarán con su camino, las personas defensoras y periodistas continuaremos acompañándoles para visibilizar su situación y asegurarnos que el Estado mexicano cumpla con su obligación de proteger y garantizar los derechos de todas las personas que habitan el territorio mexicano.

Por ello, como personas defensoras y periodistas hacemos un llamado a no criminalizar la defensa de derechos humanos, a no cometer actos violentos y de hostigamiento como ya han ocurrido y hemos denunciado públicamente. En efecto, tenemos el derecho a defender derechos humanos en un entorno seguro y propicio, el cual dista de la realidad en la cual nos encontramos en Chiapas.
A su vez, llamamos al Poder Ejecutivo, la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y a la Guardia Nacional a que hagan un alto a la represión, detención y violencia que se ejerce contra personas desplazadas de manera forzada y a brindar estrategias reales que resuelvan las causas de fondo que provocan este desplazamiento, es decir, la resolución de trámites de regularización migratoria, la garantía de acceso al sistema de refugio y a la vinculación con actores que se han puesto a disposición para crear acciones de asistencia humanitaria que contrarresten las condiciones de marginación en la que se encuentra la población.

Llamamos a seguir fortaleciendo la solidaridad entre las comunidades, a generar procesos de empatía y apoyo a las personas que desde sus países de origen son obligadas a huir para salvar su vida, buscar protección y luchar por una vida digna y que hoy lo siguen haciendo en México enfrentando las violencias institucionales para hacer valer el derecho más fundamental que es la vida digna.

Por último, llamamos a la Comunidad Internacional, especialmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los Procedimientos Especiales de la ONU y a otras organizaciones de la sociedad civil a que nos apoyen en la visibilización de lo que está sucediendo y que le exijan al Estado mexicano el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

#AltoALaViolencia y represión a personas que se desplazan de manera forzada por la nula respuesta institucional

#AltoALaViolencia a quienes acompañan y visibilizan las Violaciones a Derechos Humanos #Defensoras #Defensores y #Periodistas

FIRMAMOS: Redes, colectivos, organizaciones y personas[:]

[:es]Ojo de Agua Tseltal, Ocosingo; Chiapas

30 de Agosto del 2021

COMUNICADO DE PRENSA

A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH)

A LOS GOBERNANTES DE MÉXICO

AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA (CNI) Y AL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO (CIG)

A LOS CENTROS DE DERECHOS HUMANOS

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

AL PÚBLICO EN GENERAL

LA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES SOCIALES INDÍGENAS DE LA SELVA DE CHIAPAS COMITÉ DE DEFENSA DE LA LIBERTADES INDIGENAS, CDLI-XI’NICH, UCISECH, TSOBLEJ YU’UN WOCOLTIC, Y FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DESAPARECIDOS DE LA MASACRE DEL PUEBLO MAYA CHÓL DE LA COMUNIDAD VIEJO VELASCO, ENCLAVADO EN LA SELVA LACANDONA DE CHIAPAS-MEXICO.

REUNIDOS EN ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN, EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA TSELTAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS.

MANIFESTAMOS LO SIGUIENTE:

EL DIA 30 DE AGOSTO CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIONES FORZADAS.

En memoria de nuestras hermanas y hermanos que desde hace 14 años fueron desaparecidos, ejecutados, y desplazados de manera forzada el día 13 de noviembre de 2006, en la comunidad Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, Selva Lacandona, Chiapas.

14 años de investigación simulada, ineficaz e inefectiva, de impunidad, sin que hasta el momento sepamos del paradero de nuestros compañeros Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán, personas que fueron desaparecidas por la acción y omisión del Estado mediante un operativo paramilitar, por aproximadamente 40 civiles armados y 300 elementos de la Policía Sectorial, en presencia de Fiscales del Ministerio Público y otros funcionarios del gobierno estatal, en la Selva Lacandona. En dicho operativo resultaron 4 desaparecidos (dos de ellos ya han sido identificados sus restos y entregados a sus familiares) 4 personas ejecutadas extrajudicialmente y 36 personas desplazadas forzadamente, además de que se mantenerse vigente órdenes de aprehensión en contra de nuestros compañeros de la Organización Social CDLI-XINICH, a quienes el Estado mexicano se empeña en hacerlo responsable de asesinar a sus propios compañeros.

Demandamos la aparición con vida de nuestros dos compañeros y de las 89,488 personas registradas como desaparecidas según el informe semestral de la Comisión Nacional de Búsqueda (Informe semestral CNB 2021, https://www.gob.mx/cnb/es/documentos/informe-semestral-cnb-2021?state=published) y que día a día se incrementa. En este sexenio han desaparecido 21,546 personas.

También recordamos a nuestra compañera María Núñez González que fue asesinada al interior de su vivienda, cuando se encontraba embarazada. También a nuestra compañera Petrona Núñez González que fue secuestrada y torturada el mismo día de los hechos y que más tarde logró escapar. Sin embargo, como consecuencia de su afectación psicológica que vivió falleció en el 2010.

Nuestro dolor e incertidumbre por nuestros hermanos y hermanas, asesinados y ejecutados en esa masacre y por el no saber en dónde están nuestros dos compañeros desaparecidos desde entonces.

La agresión hacia los pueblos indígenas no para:

CONDENAMOS Y EXIGIMOS JUSTICIA, POR EL COBARDE ASESINATO DE SIMÓN PEDRO PEREZ LOPEZ DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS E INTEGRANTE DEL SITIO CASA DE LA MEMORIA Y LA ESPERANZA, TIERRA SAGRADA DE LOS MÁRTIRES DE ACTEAL.

Ningún desaparecido más

Presentación con vida de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y de los más 80 mil desaparecidos en México

Presentación con vida de nuestros hermanos Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán desaparecidos el 13 de noviembre del 2006.

Atentamente

FAMILIARES DE VÍCTIMAS Y VÍCTIMAS SOBREVIVIENTES DE LA MASACRE DE VIEJO VELASCO

ASAMBLEA y COORDINADORA DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL XI’NICH

UCISECH, TSOBLEJ YU UN WOCOLTIC.

DESCARGA EL COMUNICADO DE PRENSA 

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Tras la denuncia por el delito de tortura, el pasado 9 de agosto de 2021, el Juez de Control del Distrito Judicial en Villaflores, Chiapas, dictó auto de vinculación a proceso en contra de agentes policiales aprehensores por su probable intervención en el delito de tortura en agravio de Sergio Alberto González Castro (González Castro) originario del municipio de La Concordia. Los agentes policiales quedaron bajo la medida cautelar de firmas semanales y no acercamiento a la víctima, hasta que se cumpla el plazo de investigación complementaria de un mes.

En 2015, González Castro fue torturado para obtener su confesión por el delito de Abigeato (robo de una vaca), fue procesado y posteriormente absuelto en octubre de 2018, al acreditarse la detención ilegal, violaciones a derechos humanos y falta de elementos para acreditar el delito. Hasta el momento a González Castro no se le ha reparado los daños causados por las violaciones a derechos humanos cometidas a él y a sus familiares de acuerdo a estándares internacionales.

Lamentamos que para la procuración y administración de justicia en Chiapas, quien ha sufrido tortura para autoinculparse por un delito que no cometió esté sujeto a prisión preventiva; mientras que los probables responsables de cometer el delito de tortura estén sujetos bajo libertad condicionada.

#StopTortura
#EnElPaísDondeSeErradicóLaTortura

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
13 de agosto de 2021
Nota informativa

Descarga la nota aquí

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• Exigimos justicia para víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en México.
• Exigimos e impulsaremos la creación de una Comisión de la Verdad para el Esclarecimiento Histórico y un Mecanismo Internacional Contra la Impunidad
• Hacemos un llamado a poner un alto a la impunidad con acciones de abajo, pacíficas y organizadas desde la sociedad civil.

Quienes firmamos este pronunciamiento: El Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios (Fray Juan) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba) quienes, de Norte a Sur, reconocemos a pueblos y personas que han sido victimizadas, como Sujetas de Derechos, que con su acción y lucha digna, persistente y tenaz no han cesado, ni claudicado en la búsqueda de verdad y justicia por las graves violaciones a derechos humanos cometidas en su contra, en todo el territorio nacional.

Reconocemos como un mecanismo trascendental para nuestra democracia las Consultas Ciudadanas, contempladas en el marco jurídico mexicano, y esperamos que en un futuro se puedan realizar más ejercicios similares que puedan apoyar y promover el derecho de todas las personas a participar activamente en las decisiones de gobierno en cualquier ámbito de responsabilidad. El recurso de la Consulta popular, libre e informada puede ser un mecanismo en manos de la sociedad en la seria crisis de seguridad y derecho humanos en nuestro país.

Ante la consulta popular a realizarse en 1 de agosto, manifestamos:

Hasta ahora, el Estado mexicano ha sido incapaz de rendir cuentas en la investigación, identificación y castigo a los responsables de graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, asumiendo su responsabilidad ante la realidad de violencia e impunidad que vivimos.

En lo que va la actual administración federal no se observan decisiones contundentes de gobierno encaminadas a atender de fondo la seria crisis de justicia en nuestro país. Muestra de ello es el reconocimiento oficial1 de 89,488 registros de personas que siguen desaparecidas al mes de julio del 2021, y que día a día se incrementa. En lo que va de este sexenio han desaparecido 21,546 personas.

Asimismo, la Comisión Nacional de Búsqueda reconoce la intervención en 1,749 fosas clandestinas, con la recuperación de 3,025 cuerpos, de los cuales se han retornado a casa 822. Solo en Coahuila, existen aproximadamente mil cuerpos sin identificar, que fueron inhumados arbitrariamente en panteones municipales y más de 100mil fragmentos de restos recuperados en campos de exterminio.

Actualmente en el país, las Fiscalías se niegan a aportar datos certeros de cuerpos sin identificar bajo su custodia, pero se habla de por los menos 38mil hasta el 2019.

Más de 340mil personas desplazada por diferentes tipos de violencias. De enero a junio de este año se sumaron 3,873 personas desplazadas, datos que se pueden corroborar porque son públicos2.

De enero a junio del 2021, se registraron oficialmente 543 feminicidios, es decir 90 mujeres por mes oficialmente se les asesina en nuestro país3.

Y podemos seguir con más datos de las cadenas de injusticia e impunidad que mantiene a nuestros pueblos masacrados y en el terror. Cómo se puede hablar de Estado democrático de Derecho ante esta crisis humanitaria, de seguridad y de derechos humanos que vivimos por décadas, y en las que gobiernos van y vienen y todo se mantiene avanzando hacia horizontes de exterminio.

Saludamos el ejercicio ciudadano de la Consulta Popular a realizarse este 1 de agosto, sin embargo, enfatizamos lo siguiente:

Las responsabilidades del Estado no se consultan. Los crímenes del pasado y del presente deben ser investigados y castigados, como exigencia irrenunciable para poder garantizar caminos de justicia y paz para nuestros pueblos en el campo y la ciudad.

Los derechos de las víctimas por graves violaciones a derechos humanos no se consultan. Todas y cada una de ellas tienen el derecho de poder acceder a la verdad y a la justicia que el Estado ha tolerado y/o participado por acción y omisión.

Es por lo que, independientemente del resultado de la Primera Consulta Popular en México:

• Exigimos e impulsaremos la creación de una Comisión de la Verdad para el Esclarecimiento Histórico y un Mecanismo Internacional Contra la Impunidad para garantizar de manera efectiva los derechos a la Verdad, Justicia, Reparación y No repetición de las atroces violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que padecemos en nuestro país. Convocamos a organizarnos para la construcción de estas iniciativas, procesos y exigencias.

• Denunciamos y repudiamos las acciones que miembros de algunos partidos políticos u otros grupos sociales, están realizando con el envío de mensajes a la sociedad, convocando a no participar en la jornada del 1 de agosto, tachándola de inconstitucional e ilegal, lo cual es falso4. Sabemos que el ejercicio del Derecho a la Consulta va a afectar circuitos de impunidad de personas y grupos responsables de las masacres contra nuestros pueblos.

Confiamos en que la sociedad civil mexicana ejerza y defienda su derecho a la Consulta y a reorientar las acciones de gobierno para en verdad hacer el bien común. Hacemos un llamado a continuar con acciones organizadas ante la indiferencia gubernamental por las masacres a nuestras gentes, a manifestarnos contra la impunidad y a caminar al lado de las personas y pueblos que siguen siendo victimizados, mujeres y hombres que siguen en su digna exigencia de verdad, justicia y reparación.

Reafirmamos nuestro compromiso con quienes siguen siendo victimizadas por el sistema de injusticia e impunidad que impera en nuestro país.

¡No están solas, no están solos!

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; Saltillo, Coahuila; México
29 de julio de 2021

Descarga el Pronunciamiento conjunto aquí: Pronunciamiento Verdad y Justicia para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos

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• Desmentimos la versión de accidente vehicular provocado por nuestros compañeros.

• Exigimos al Estado mexicano respetar, proteger y garantizar el trabajo de derechos humanos en Chiapas.

El día de hoy pasadas las 00:00 horas, fueron liberados nuestros compañeros defensores de derechos humanos Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez (Lázaro y Vico), quienes por más de 40 horas estuvieron privados arbitrariamente de la libertad. Ellos se encuentran en buen estado de salud, por ello celebramos la vida y reencuentro con sus familiares, sus seres queridos y con la comunidad Frayba.

Desmentimos categóricamente la información difundida por el estado de Chiapas, en donde se ha señalado que el motivo de la detención de Lázaro y Vico se debió a un accidente de tránsito, en Ocosingo.

Para el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), preocupa este tipo de discursos porque minimizan el contexto de violencia en la región y por consiguiente el alto riesgo que vivimos las personas defensoras de derechos humanos, tergiversando las agresiones a que constantemente somos blanco, haciéndolas pasar por hechos ajenos a nuestra labor. Y aún más preocupante es que mantenga la política de simulación de la seria crisis de seguridad y derechos humanos, que sigue atentado contra la Vida de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y mestizas en las diferentes regiones de nuestro estado.

Sobre la situación vivida por nuestros compañeros, por ahora valoramos no hacer público los detalles de tales hechos porque les pone en riesgo y vulnera su seguridad y la de los que integramos el Frayba, sin embargo, reafirmamos que la privación de la libertad de nuestros compañeros se origina por nuestro trabajo en la promoción y defensa de los derechos humanos en Chiapas.

Lamentamos que ante hechos de denuncia realizados por el Frayba la actuación del Estado mexicano es inoperante, lenta y que generan actos que hace posible mantener el pacto de impunidad, ligado a la ineficacia del sistema judicial.

Las personas defensoras de derechos humanos en México realizamos nuestra labor en territorios donde las condiciones de inseguridad y violencia nos vulnera cada día más. Frente a este contexto se suma la omisión y acción del Estado mexicano aumentando con ello la grave crisis de derechos humanos.

Sabemos que esta lucha por la dignidad y la justicia molesta a actores, a ellos les incomoda nuestra presencia y palabra, por tal motivo nos preocupa que las agresiones, amenazas, desprestigio a nuestra labor e incluso del uso de la libertad personal como moneda de cambio para justificar una política de estado que propicia la confrontación y violencia institucional

Frente a esta situación, recordamos la misión que nos dejó jTatik Samuel Ruiz: Caminar al lado del Pueblo pobre y organizado, reafirmamos que seguiremos alzando nuestra voz para denunciar las injusticias, acompañando a los pueblos y a las personas víctimas de graves violaciones a derechos humanos.

Nuestra misión se hace cada vez más fuerte cuando nos acompáñanos en el camino, ahí nos encontramos en la humanidad que somos y en la queremos ser, por eso enviamos nuestro sincero y profundo agradecimiento a las personas, colectivos, pueblos, barrios y colonias, iglesias, organizaciones de la sociedad civil, embajadas, familiares de víctimas y medios de comunicación, porque sus acciones de solidaridad e indignación hicieron posible la libertad de Lázaro y Vico.

No tenemos otra forma de retribuirles más que con nuestro agradecimiento que viene del corazón y el compromiso desde la resistencia y desde la una visión de derechos humanos que emerge desde los Pueblos, en donde la solidaridad es permanente con sus luchas, procesos y se sostiene con toda la fuerza de construcción de nuevos horizontes de vida más humanos y justos.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
14 de abril de 2021
Boletín No. 4

Descarga en PDF: Fueron liberados los defensores de derechos humanos Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victóricov Gálvez Pérez.

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[:es]FIRMA LA PETICIÓN AQUÍ.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), tienen información de que dos de sus integrantes fueron secuestrados mientras se trasladaban rumbo a la Ciudad de Palenque, Chiapas, y hasta esta hora su paradero es impreciso.

El 12 de abril de 2021, aproximadamente las 7:00 horas, los defensores de derechos humanos Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez salieron de las oficinas del Frayba abordo de una camioneta Hillux blanca con destino al municipio de Palenque, Chiapas. Esto con el objetivo de llevar a cabo una reunión de trabajo con integrantes de la organización Pueblos Autónomos por la Defensa de los Usos y Costumbres (PADUC) y familiares de presos.

Hacia las 21:00 horas del mismo día, el Frayba recibió información de que el defensor de derechos humanos Lázaro Sánchez Gutiérrez había efectuado una llamada a sus familiares desde un número desconocido indicando que junto con su compañero Victórico Gálvez estaban bien, que se encontraban en la localidad San Felipe, cerca de Kuxulja, municipio de Ocosingo y que alguno de sus familiares llevara con una cierta cantidad de dinero en vehículo particular a las 8:00 horas de la mañana del día de hoy, 13 de abril.

Es importante resaltar que desde el primer momento las autoridades estatales y federales tienen conocimiento de los hechos quienes hasta el momento no han dado una información clara sobre la situación.

Ante estos lamentables hechos, el Frayba manifiesta su preocupación y condena de manera enérgica estos actos de intimidación, agresión y secuestro de los señores Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez. No omitimos mencionar que estos actos ocurren en un ambiente de criminalización a defensores de derechos humanos en México y señalamientos hacia el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. Hacemos un llamado urgente al Estado mexicano a que efectue una investigación exhaustiva e imparcial de la privación arbitraria de la libertad de Lázaro Sánchez y Victórico Gálvez, para garantizar la vida, libertad, seguridad e integridad de nuestros compañeros.

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional que firmen esta acción urgente disponible en la página www.frayba.org.mx y le escriban a las autoridades mexicanas a fin de que se comprometan a implementar medidas de seguridad para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos.

FIRMA LA PETICIÓN AQUÍ.

San Cristóbal de La Casas, Chiapas, México
13 de abril de 2021
Acción Urgente No. 3

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• Del 7 al 10 de diciembre, organizaciones de derechos humanos realizarán una Misión Civil de Observación a Chiapas para documentar graves violaciones a derechos humanos.
• La Misión Civil de Observación a Chiapas recorrerá varias comunidades en el estado de Chiapas.
• En la MCO participarán 16 organizaciones nacionales e internacionales y la Secretaría Ejecutiva de la Red TDT.

En este momento en el Estado de Chiapas, está teniendo lugar una situación de graves violaciones a derechos humanos y agresiones contra muchas personas y organizaciones que trabajan  en la defensa de los derechos humanos y por la paz.

Por un lado, vemos con preocupación el incremento de situaciones que criminalizan, hostigan y amenazan a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, lo que queda ejemplificado en las difamaciones públicas sufridas por el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, que han ido escalando hasta llegar, reciententemente, a una pega de carteles en el Palacio Municipal de Tonalá donde se desacredita su labor como personas defensoras.

Por otro lado, vemos con preocupación la continuidad de las agresiones armadas contra el pueblo maya tsotsil en el municipio de Aldama. Dichas agresiones, han resultado en lesiones para  habitantes de la comunidad, así como para  integrantes de una caravana humanitaria organizada para brindar apoyo a la comunidad. Además, como señala el CDH Fray Bartolomé de las Casas: A pesar de que el viernes 27 de noviembre de 2020, nuevamente se firmó el Acuerdo Definitivo entre Aldama y Chenalhó, los ataques de armas de fuego continúan […]. El mismo día de la firma, la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama, reportó agresiones, las cuales se intensificaron este fin de semana.

Esta grave crisis de desplazamiento forzado que se ha vivido por años y en la que la ayuda humanitaria externa es esencial, se ha agravado debido a la pandemia de COVID-19 y la dificultad de acceder a recursos básicos de salud y educación.

La sistematicidad de las violaciones a derechos humanos, así como el riesgo en el que se encuentran personas defensoras nos mantiene en  alerta, observantes de que las diversas autoridades generen las condiciones para garantizar la integridad y vida de las poblaciones indígenas desplazadas, así como de las personas defensoras de derechos humanos.

Por ello, las organizaciones Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A.C. (CDH Frayba), Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. (CDH Digna Ochoa), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C. (CDH Fray Matías), Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A.C., Comité de Defensa de las Libertades Indígenas Xi’nich, Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI), Centro Kalli Luz Marina A. C., Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño, Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas A.C. (AJAGI), Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC), en representación de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) (Conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana), y acompañados por el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) y el Colectivo de Observación y Monitoreo del Sureste realizaremos esta Misión Civil de Observación a Chiapas (MCO) del 7 al 10 de diciembre.

Esta MCO hará un recorrido por comunidades de Chiapas ubicadas en los municipios de Chilón, Chalchihuitán, Aldama y Tonalá para documentar violaciones a derechos humanos, así como para  visibilizar la situación de desplazamiento forzado y la criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos que se viven en el estado. Con la información documentada buscaremos, como organizaciones, reunirnos con autoridades del orden municipal, estatal y federal para promover que se garantice la protección y respeto a los derechos humanos.

Finalmente, la MCO a Chiapas dará una conferencia de prensa virtual el 10 de diciembre —a través de las redes sociales de la Red TDT y de las organizaciones participantes—. En ella se expondrán los resultados de la MCO y se adelantarán las actividades para el seguimiento de las mismas.

Para más información o gestión de entrevistas:
Eber Huitzil – Comunicación, Secretaría Ejecutiva de la Red TDT
55 1796 6731, comunicacion@redtdt.org.mx

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Foto de portada de Marissa Revilla

Las agresiones paramilitares contra comunidades del municipio de Aldama, en los Altos de Chiapas, no cesan.

Aun cuando el pasado 27 de noviembre, funcionarios de los tres niveles de gobierno firmaron el denominado Convenio definitivo que resuelve el conflicto agrario entre Bienes Comunales del municipio de Aldama y Santa Martha, Chenalhó, continúan los ataques armados.

La firma del acuerdo ocurre tras cuatro años de que se reactivara un conflicto territorial de vieja data, el cual señalan los comuneros de Aldama ha sido gestionado y permitido por los distintos niveles del gobierno mexicano, quienes pese al aumento de la violencia en la región han sido omisos ante las exigencias para desarmar los grupos paramilitares.

En contexto ⇒ Continúa ataques paramilitares en comunidades de Chiapas

Tras años de agresiones, el saldo hasta ahora es de 23 personas asesinadas y 20 heridas. La violencia también ha provocado el desplazamiento forzado de aproximadamente 3 mil personas debido a las agresiones de grupos paramilitares provenientes del municipio de Chenalhó.

No obstante, el acuerdo oficial, la Comisión Permanente de los 115 Comuneros desplazados de Aldama reportó la continuación e intensificación de las agresiones armadas incluso desde el mismo día de la firma del acuerdo.

Aunado a ello, dos días después del evento oficial, el centro de derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) dio a conocer que nuevamente se registraron ataques con armas de fuego dirigidos contra la comunidad de Tabak, Aldama.

En dicho ataque resultó herido Andrés Jiménez Pérez, integrante de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros desplazados de Aldama. Según el reporte del Frayba, Jiménez Pérez, quien se encontraba acompañado de su hijo de nueve años, fue herido en ambas piernas cuando regresaba de su trabajo entre las comunidades de Tabak y San Pedro Cotsilnam.

Paz, solo en el papel

El denominado Convenio definitivo fue firmado en un evento con la presencia del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, así como del gobernador de Chiapas y los presidentes municipales de los municipios de Aldama y Chenalhó.

Aunque en la ceremonia no se especificaron los detalles que integran el acuerdo entre los municipios tsotsiles, lo difundido por la secretaría de Gobernación afirma que “dará certeza jurídica en la posesión de la tierra que permitirá resolver este problema que durante más de cuatro décadas ha generado esta tensión comunitaria”.

Leer también ⇒ En Chiapas, agresión paramilitar contra ayuda humanitaria para desplazados

Anteriormente, el 18 de septiembre pasado el gobierno federal propuso la división del territorio en disputa con 32.5 hectáreas de tierra como posesión para lxs habitantes de Aldama, y 27 para los comuneros de Santa Martha, en el municipio de Chenalhó.

En aquel momento, como respuesta a la propuesta federal y mediante una carta firmada por 20 agentes rurales municipales de las comunidades que aglutinan los Bienes Comunales Manuel Utrilla Santa Martha, 3,336 comuneros aceptaron la distribución de tierras “siempre y cuando el apoyo económico sea por la cantidad de cincuenta millones de pesos”. Sin embargo, con la firma del acuerdo definitivo no se especificó si se realizará dicho pago.

Simulación e impunidad

Por otro lado, respecto a la firma del acuerdo, comuneros de Aldama en entrevista con medios nacionales argumentaron sobre el mismo que “no significa nada, aun teniendo la firma, pero eso no nos da esperanza de que cesen las agresiones armadas hacia nuestras comunidades”.

“No esperamos de que ya se solucionó el conflicto. Esto es una simulación e impunidad de los gobiernos porque las agresiones continúan a diario, mientras no se solucione, mientras que el gobierno no actúe, esto no cesará las agresiones armadas”, denunció Marta, habitante de Aldama.

Para el centro de derechos humanos Frayba y comuneros de Aldama que realizaron el conversatorio virtual Tejer la paz para Aldama, “los acuerdos de papel no representan un proceso de pacificación” pues debido a la impunidad de los ataques armados, aún después de la firma del más reciente convenio, demuestran que “el Estado mexicano protege a los grupos civiles armados de Chenalhó”.

El pasado 25 de noviembre, distintas organizaciones de derechos humanos junto a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, académicos, activistas, sindicatos y grupos de ayuda humanitaria, enviaron un documento al gobierno federal donde denuncian “que la inacción de los gobiernos estatal y federal se traduce en impunidad y aliento para seguir cometiendo acciones criminales”, por parte de los grupos paramilitares.

“Constatamos que la impunidad fortalece la corrupción de autoridades. Es de voz pública las acusaciones de las implicaciones de altas autoridades estatales con el tráfico de vehículos robados, el así llamado huachicol, trata de personas y otros crimenes que se cometen en la región… Hasta ahora todo indica que hay intereses ocultos potencialmente criminales detrás de la intención de despojar a estas comunidades de su territorio”, enfatiza el documento que urge al gobierno en sus distintos niveles para detener las agresiones armadas.

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El grupo paramilitar OPDIC y Policías Estatales responsables de 6 ejecuciones extrajudiciales, 2 desapariciones forzadas y 36 familias en desplazamiento forzado.

El 25 de septiembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó el Informe de Admisibilidad No. 264/20 con relación a la Petición 1594-10 Pedro Núñez Pérez y Otros (Masacre de Viejo Velasco),¹ ocurrida en el marco de una estrategia violenta de despojo territorial emprendida por el Estado mexicano contra comunidades indígenas tseltales y choles, asentadas en la Selva Lacandona, en Chiapas, México.

El 22 de noviembre de 2006, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A. C. (Frayba) solicitó a la CIDH medidas cautelares para garantizar la vida e integridad de los señores Mariano Pérez Guzmán, Antonio Peñate López, Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez. Estas personas fueron desaparecidas de manera forzada el día 13 de noviembre de 2006, por el grupo paramilitar Organización Para la Defensa de Derechos Indígenas y Campesinos (OPDIC),² acompañado de Policías Estatales y otros servidores públicos cuando se desalojó a las familias que vivían en la comunidad Viejo Velasco, municipio de Ocosingo. Frente a la ineficacia de la Fiscalía del estado de Chiapas para efectuar la investigación y poder dar con el paradero de las personas desaparecidas, los familiares y una Comisión Civil de Observación asumió la búsqueda. El 6 de julio del 2007 encontraron restos óseos en la ruta que va de la comunidad Paraíso hacía Viejo Velasco. Con el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense se logró la identificación de los restos de Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez.

Además de la desaparición forzada de cuatro personas, ese día también fueron ejecutadas María Núñez González (quien se encontraba embarazada), Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez y Vicente Pérez Díaz. En este mismo hecho, fueron privadas de forma arbitraria de su libertad Petrona Núñez González y Diego Arcos Meneses y torturadas por parte del grupo paramilitar OPDIC. A consecuencia de la afectación psicológica que vivió, Petrona Núñez González falleció en el 2010.

Actualmente, 36 personas de la comunidad Viejo Velasco se encuentran en desplazamiento forzado sin ninguna garantía para su retorno y cuatro integrantes del Comité de Defensa de las Libertades Indígenas Xinich cuentan con órdenes de aprehensión acusados injustamente de cometer la Masacre.

El 5 de octubre de 2010, la CIDH cerró la medida cautelar y la petición de demanda al Estado mexicano dio trámite. En dicha demanda se señala su responsabilidad internacional por las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, torturas, privación arbitraria de la libertad y órdenes de aprehensión irregulares a consecuencia de la Masacre de Viejo Velasco.

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