
desplazados
16 Aniversario de la masacre de Viejo Velasco. La verdad es un acto de justicia y el Estado debe reconocerla
Palenque, Chiapas, México
13 de noviembre de 2022
Pronunciamiento.
XVI Aniversario de la impune masacre de Viejo Velasco
La verdad es un acto de justicia y el Estado debe reconocerla
Desde hace dieciséis años de la Masacre de Viejo Velasco seguimos exigiendo justicia.
Al llegar este día, los familiares seguimos viviendo la verdad frente a la impunidad que prevalece en el caso.
Seguimos escuchando el sonido de la agresión; nuestras hermanas y hermanos choles refugiándose en las montañas para salvar sus vidas; aún el rocío de la noche nos acompaña buscando a nuestros hermanos adultos mayores, ANTONIO PEÑATE Y MARIANO PÉREZ GUZMÁN, que aún continúan desaparecidos, luego de que ese mismo día, el grupo civil armado se los llevo.
Recordamos a nuestra compañera MARÍA NÚÑEZ GONZÁLEZ que fue ejecutada al interior de su vivienda, junto con la criatura que llevaba en su vientre, mientras protegía a su hermana menor discapacitada, PETRONA NÚÑEZ GONZÁLEZ, que fue secuestrada y torturada por el grupo civil armado y que días más tarde logró escapar, pero a consecuencia de la afectación psicológica que vivió falleció en el 2010.
La masacre ocurrió en Viejo Velasco, municipio de Ocosingo Chiapas, cuando 40 personas provenientes de la comunidad Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanja Chansayab (de la comunidad Lacandona), armadas con machetes, palos, escopetas y rifles calibre 22, algunas con uniforme tipo militar y de seguridad pública, entraron de manera violenta a la comunidad.
Estas personas iban acompañadas de 300 elementos de la policía sectorial de Chiapas, portando armas de alto poder conocidas como cuerno de chivo: AR-15 y AK-47. Así también, hubo presencia de cinco fiscales del Ministerio Público, dos Peritos, el Comandante Regional Zona Selva de la entonces Agencia Estatal de Investigación con siete elementos a su mando y un representante de la anterior Secretaría de Desarrollo Social.
No olvidamos. Es el Estado mexicano que se empeña en despojarnos a los pueblos indígenas de nuestro territorio. La sangre derramada en Viejo Velasco no se quedara en el olvido.
Hoy, a los 16 años nuestro corazón se fortalece, nuestra tristeza se transforma en indignación, lucha y resistencia para la verdad. Nuestro grito de ¡Justicia! se escuchará en todos los rincones del mundo.
No olvidamos que el único delito de nuestros hermanas y hermanos masacrados y desaparecidos, fue el de defender su tierra y territorio para el sustento de sus familias.
Nuestra voz y lucha han tenido un paso más; queremos informar públicamente que el pasado 25 de septiembre de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su informe de admisibilidad No. 264/20, de la petición 1594-10 del caso Pedro Núñez Pérez y otros, México, en donde señalamos claramente la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, tortura, privación arbitraria de la libertad y emisión de órdenes de aprehensión irregulares que tuvieron lugar durante la agresión violenta a nuestra comunidad Viejo Velasco.
Cabe señalar que esta masacre se dio en el contexto de intensa lucha y resistencia, reivindicativas del derecho al territorio, y al resguardo y manejo de los bienes naturales de más de 45 comunidades indígenas asentadas en el corazón de la Selva Lacandona; resistencia sobre la cual la Asamblea y pobladores-as de Viejo Velasco, fueron un digno ejemplo enfrentada a una agresiva política del Estado Mexicano ejercida sobre dichos poblados ubicados dentro y en los límites de la Reserva de la Biósfera de Montes Azules, una de las más ricas en biodiversidad, agua, cubierta forestal y con un fuerte atractivo escénico y turístico de nuestro país.
Desde la ciudad de Palenque Chiapas México, reiteramos una vez más nuestra exigencia al Estado mexicano de justicia para nuestras 36 hermanas y hermanos en desplazamiento forzado así como justicia por la ejecución extrajudicial de Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez, María Núñez Gonzales, Vicente Pérez Díaz, Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez; la desaparición forzada de Mariano Pérez Guzmán y Antonio Péñate López, el secuestro y tortura de Petrona Núñez González; así como la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de nuestros compañeros de la organización social CDLI-XINICH, a quienes el estado mexicano se empeña en hacerlos responsables de asesinar a sus propios compañeros.
QUEREMOS JUSTICIA, QUEREMOS VERDAD
CASTIGO A LOS AUTORES INTELECTUALES Y MATERIALES
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
¡VIEJO VELASCO NO SE OLVIDA!
ATENTAMENTE
Familiares de víctimas y víctimas sobrevivientes de la masacre de Viejo Velasco
Coordinadora de la Organización Social XINICH
UCISECH, TSOBLEJ YU UN WOCOLTIC
Organizaciones acompañantes:
Comité de Defensa de las Libertades Indígenas-CDLI-XINICH
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas- Frayba
Maderas del Pueblo del Sureste- MPS
Salud y Desarrollo Comunitario- SADEC
Casa de la Mujer Ixim Antsetic
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos Los Derechos Para Todas y Todos”
(Conformada por 84 organizaciones en 23 Estados de la República Mexicana)

(Español) Guardia Nacional reprime ‘viacrucis migrante’ que salió de Tapachula el viernes
Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio
“Fue una embestida por parte del Instituto Nacional de Migración [INM] y la Guardiana Nacional, gritaban: ¡violencia, violencia!”, relató Luis García Villagrán, defensor de los derechos humanos y acompañante del viacrucis migrante que el pasado viernes (1) salió de Tapachula, Chiapas.
El 18 de marzo cerraron las oficinas de regulación migratoria del INM después de un disturbio y destrozos provocados por las mismos migrantes que hace meses esperan una respuesta a sus trámites en Tapachula, frontera sur de México, una ciudad que no conocen, sin empleo ni acceso a derechos básicos. Además enfrentan discriminación desde las redes sociales, hasta en las aceras de las calles.
El tenor obligó a los extranjeros a organizarse para salir en grupo hacia a la frontera norte de México, previo a la Semana Santa. Antes de partir, junto a defensores de derechos humanos, hicieron pública la solicitud de diálogo con las autoridades migratorias; y directamente al Comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez. Pero no hubo retroalimentación.
En esta petición buscaban que se respetara la minuta que representantes federales signaron en diciembre de 2021 y que los compromete a respetar los derechos humanos de personas con necesidades de protección internacional.
Salida
Con alrededor de 700 amparos interpuestos ante un juez federal, acompañados por organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos, como Luis García Villagrán, el viernes 1 de abril el ‘viacrucis migrante’ se puso en marcha.
Las personas originarias de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Honduras caminaron 18 kilómetros, precedidos por una cruz blanca de madera y la bandera de Venezuela. En el camino ya habían logrado pasar un muro de las fuerzas federales en el paso a desnivel conocido como Viva México.
Pero en el cruce del poblado Álvaro Obregón, la Guardia Nacional con equipo antimotines se desplegó otra vez, para frenar el objetivo del éxodo.
Con la misma cruz de madera y al grito repetido de ¡libertad!, el éxodo se abrió paso entre la valla de escudos, cuerpos humanos, macanas y gases que hirieron al menos a 30 personas, entre ellos varios menores de edad.
En la persecución, muchos dejaron tirados objetos personales y mochilas completas. Al menos 90 personas fueron detenidas y trasladadas a estaciones migratorias en Oaxaca, mientras otras corrieron entre la maleza para esconderse de los uniformados, “hay personas desaparecidas y familias separadas”, aseguró Luis García Villagrán.
El operativo fue coordinado personalmente por la delegada del INM en Chiapas, Paola López Rodas, agregó Villagrán. “Una mujer de Venezuela de tres meses de embarazo estuvo con complicaciones; mucha gente dañada en este intento de detención y criminalización”.
Las más de 20 organizaciones que integran el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos, en el Sureste Mexicano, evidenciaron que el operativo migratorio se realizó con violencia, con el uso de gases lacrimógenos, la detención de personas y el hostigamiento e intento de detención de defensores de derechos humanos.
Durante el despliegue militar, el grupo del viacrucis corrió y se resguardó en la parroquia de Álvaro Obregón, donde recibieron atención médica por parte de Protección Civil. Durante dos días se refugiaron en ese espacio.
Feligreses y habitantes de la comunidad les proporcionaron alimentación. Por otro lado, medios locales publicaron declaraciones del obispo de Tapachula, Jaime Calderón Calderón, en las que desacredita el viacrucis y a los defensores acompañantes de la causa.
“El obispo crispa más la atención y el odio que hay en contra de la población migrante. Nosotros estamos solicitando diálogo desde antes de salir”, añadió Villagrán cuando recordó las violencias que enfrentan en “la ciudad cárcel”, como llaman los migrantes a Tapachula.
Estos repetidos actos de violencia por parte de las fuerzas federales se ejercieron, según el defensor, a pesar de las medidas cautelares que les otorgó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos antes de iniciar la travesía.

Ciudad cárcel
Las personas en contexto de movilidad humana acamparon por varios meses en el Parque Bicentenario de Tapachula. En un tubo de agua se aseaban todos y la niñez dormía en el piso. “Son condiciones infrahumanas”, explicó Villagrán.
Después de varias semanas de protestas contra la administración del INM, el 11 de marzo, cerca de 800 personas lograron hacerse visibles en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Tapachula.
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Para callar sus voces les entregaron visas humanitarias en Ciudad Hidalgo, razón que motivó a más personas a exigir también la regulación migratoria para poder salir de Chiapas. Pero sin la presencia de López Obrador, no hubo respuesta y la desesperación desencadenó nuevas protestas y reclamos entre migrantes.
El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano alertó, entonces, sobre la falta de transparencia en las promesas de regularizar a la población migrantes. “Estos conflictos son resultado de las acciones de las autoridades”, y sumó que, de esta manera, se promueve un trato diferenciado entre nacionalidades que generan tensión entre los grupos.
De raíz
Alrededor de las 15h de este domingo (3), el Instituto Nacional de Migración emitió un comunicado de prensa, que difundió en redes sociales, para llamar al éxodo de migrantes a no autolesionarse, “ni a convertirse en rehenes de intereses de terceros”.
Migración señaló a los defensores de promover acciones que dañan la integridad física y psicológica de los extranjeros, en referencia a la protesta en la que de nueva cuenta se costuraron los labios y a la huelga de hambre que iniciaron en la comunidad Álvaro Obregón, donde fueron reprimidos por las fuerzas federales.
La situación colocó rápidamente a Chiapas a la vista del mundo y la respuesta del INM tampoco demoró. Dos horas más tarde, de la publicación de su comunicado, llegó a un acuerdo con el grupo de migrantes.
Al menos 600 personas en contexto de movilidad aceptaron y comenzaron ser trasladadas en autobuses de la comunidad Álvaro Obregón a Tabasco y Oaxaca, para que puedan avanzar sus trámites de regularización migratoria.
En la documentación del Centro de Dignificación Humana, se detectó la presencia de infiltrados dentro del grupo de migrantes, así como en medios de comunicación, que contribuyen a un contexto de tensión.
“El Estado mexicano no tiene ninguna intención de hacer las cosas conforme a la ley sino todo lo contrario y ha gastado mucho dinero en estas actividades; por ello es responsable de lo que pueda ocurrirnos”, dijo VIllagrán.
Para el defensor, estas violencias que se ejercen son normalizadas por las mismas autoridades, que envía un mensaje erróneo a la sociedad, sin importar que se trate de un grupo vulnerable.
Los defensores de los derechos humanos coincidieron que, además de medidas inmediatas, se necesita mayor capacidad de atención del INM con base en el respeto de los derechos humanos y con conocimiento de leyes y acuerdos internacionales.
En el último comunicado del Colectivo Observación hizo un enérgico llamado para que las autoridades mexicanas detengan la violencia y los operativos. Asimismo, demandaron a la Secretaría de Gobernación, el INM y GN respeto y garantía de la integridad física y emocional de todas las personas que se desplazan.
Al mismo tiempo, las organizaciones pidieron al INM y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) dar debida respuesta a los procedimientos migratorios.