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Avispa Midia

(Español) Familiares de los estudiantes de Ayotzinapa demandan al ejército preservar documentos del caso

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Fuente: Avispa Midia

Este domingo (3) se dio a conocer que el Poder Judicial mexicano ordenó al Ejército no destruir los documentos relacionados con la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, acontecida en septiembre del 2014.

Esta orden deriva de un juicio de amparo, interpuesto el pasado 15 de agosto, en el cual los padres y las madres de los normalistas han demandado a la cadena de mando de inteligencia militar por incumplir con lo establecido por el Decreto Presidencial firmado el 4 de diciembre de 2018, violando con ello el derecho de las familias y de toda la sociedad a la verdad.

En el decreto, se ordenó a todas las dependencias de la administración pública federal colaborar con el esclarecimiento del caso Ayotzinapa. Sin embargo, como comprobó el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), divulgado el 27 de julio, el Ejército ha ocultado arbitrariamente un número todavía indeterminado de reportes de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia. En estos, los expertos infieren que su contenido es relevante para entender el contexto criminal de Iguala y en particular para esclarecer lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014.

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Es debido a este ocultamiento, en desacato de las instrucciones conferidas por el decreto de la Presidencia de la República, que los padres y las madres señalan la responsabilidad del Secretario de la Defensa Nacional; del Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional; del Titular de la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional; del Titular de la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional; y del Director del Centro Militar de Inteligencia, entre otras dependencias.

Mediante comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) difundió que, con esta acción legal, las familias consiguieron que el Poder Judicial “ordene preservar la información para que no sea alterada, destruida, depurada o eliminada. Esto con la expectativa de que, al resolverse el fondo, el Poder Judicial ordene la entrega de la información faltante empleando todas las facultades que le confiere la ley a los juzgados de amparo para hacer valer sus determinaciones”.

Fue el pasado viernes (1) cuando el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito notificó la resolución a las familias. Dicho Tribunal consideró que “la sociedad está interesada en que se conozcan las circunstancias del acontecer nacional que pudieran redundar en violaciones graves a derechos fundamentales” y ordenó a las autoridades militares abstenerse de “destruir, depurar, eliminar, esconder, u ocultar la información” que los padres y las madres identificaron en su demanda.

En el comunicado, enfatizan que, a casi nueve años de las desapariciones, el caso Ayotzinapa permanece irresuelto. “El último informe del GIEI y la decisión de los expertos de concluir su labor mostraron con contundencia que los obstáculos subsisten, señaladamente en las instituciones castrenses que no han querido entregar los documentos generados por las áreas de inteligencia, desobedeciendo así lo que expresamente les ordenó su Comandante Supremo en el Decreto de 4 de diciembre de 2018”.

El Centro Prodh aseveró que los padres y las madres continúan a la espera de que el Presidente de la República les reciba para dialogar sobre el incumplimiento del compromiso de esclarecer plenamente el caso. Así mismo, informó que los familiares de los estudiantes desaparecidos “seguirán acudiendo a las instancias legales nacionales e internacionales disponibles para hacer valer sus derechos, incluso judicializando el contenido de los informes del GIEI como lo han hecho con esta acción, y mediante el acompañamiento de las organizaciones que han caminado a su lado a lo largo de casi una década”.

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Avispa Midia

(Español) Denuncian devastación de área protegida por proyecto turístico en Quintana Roo

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Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Sanriago

En portada: Destrucción ecológica derivada de las obras del proyecto turístico “puerta al mar”, el cual perturbará 33 km de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an en Quintana Roo.

Habitantes del municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, lanzaron un llamado urgente para detener las obras del proyecto “Puerta al mar”, cuyo trazo pretende crear un camino desde dicho municipio hasta el puerto de Vigía Chico, atravesando y afectando la biodiversidad que alberga la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an.

El pasado martes (29), la gobernadora del estado, Mara Lezama, dio el banderazo de inicio para las obras. El evento estuvo acompañada por ingenieros militares, entre ellos Barux Hernández Chavarría, capitán primero constructor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que tendrá a su cargo la construcción.

También se contó con la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno y se difundió que será un camino de 55 kilómetros, desde Felipe Carrillo Puerto hasta Vigía Chico. De este trazo, se planea construir un camino artesanal, con cinco metros de ancho, a lo largo de 33 km que atravesarán la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, ubicada en el litoral central de Quintana Roo, en el mar caribe.

Dentro de la selva protegida dentro de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an se observa el trabajo de maquinaria pesada removiendo vegetación

Mediante comunicado difundido ayer (30), habitantes de Felipe Carrillo Puerto se manifestaron en contra de la imposición del proyecto debido a que, argumentan, las obras ponen en grave peligro su seguridad, tranquilidad y libertad de hacer uso de su territorio de acuerdo a sus necesidades.

En la denuncia, argumentan que el proyecto está basado en un modelo de turismo que, además de modificar y apropiarse del territorio de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’aan, acrecentará los problemas ambientales, la desigualdad; además de aumentar la presión para satisfacer de servicios básicos como el agua, transporte y vivienda en la región.

“Desaprobamos la forma en la que se ha puesto en marcha este proyecto sin los estudios adecuados ni información pertinente y accesible para toda la comunidad”, acusan en el comunicado, el cual acompañaron con imágenes de la deforestación que ya están generando las obras.

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La denuncia titulada ¿Reservada para quienes?, señala que el proyecto turístico servirá para perpetuar la acumulación de tierras, dinero y poder en beneficio de la industria turística e inmobiliaria, en lugar de cubrir las necesidades básicas de la población como son la falta de servicios de salud, vialidades, inseguridad, entre otros problemas que viven las y los habitantes de Felipe Carrilo Puerto.

“Es por eso que se hace un llamado e invitación a cualquier otro, seamos pocos o muchos para cuestionar, defender, reconocer, sumarse y proteger este camino que nos pertenece, que habitamos y nos aporta tanta riqueza que apenas estamos empezando a conocer y no se puede valuar monetariamente”, invitan en el comunicado.

Afectaciones

Puerta del cielo, como se conoce en español, fue la primera gran área tropical protegida de México y fue declarada dentro de esta categoría desde 1987 con una extensión mayor a 528 mil hectáreas.

Como parte de la reserva, frente a la costa del mar Caribe, se ubica lo que se considera como el segundo mayor complejo de arrecifes coralinos en el mundo con una longitud de 110 km, solo después de la Gran Barrera de Arrecifes, al oriente de la costa de Australia.

La reserva de Sian Ka’aan también alberga otros ecosistemas marinos de alto valor en biodiversidad como manglares y humedales. En la reserva habitan más de 2,580 especies de plantas y animales de las cuales 158 se encuentra dentro de alguna categoría de riesgo. Entre las especies en peligro de extinción se encuentran el tucán pico de canoa, el halcón peregrino, la cigüeña americana, el mono aullador, jaguar, ocelote, manatí y el tapir. En cuanto a la zona de arrecifes habitan más de 315 especies de plantas y animales de las cuales 37 se encuentra dentro de alguna categoría de riesgo.

Acorde a la información difundida esta semana, las proyecciones para concluir las obras de “puerta al mar” deberán concluir en diciembre y cuentan con una inversión de 570 millones de pesos. Funcionarios anunciaron que en la zona de Vigía Chico se planea la construcción de un parque con estacionamiento; además se proyecta la instalación de restaurantes, miradores y mas infraestructura turística.

Según el encargado de la obra, Hernández Chavarría, “para la construcción se están siguiendo todos los protocolos de cuidado en el Área Natural Protegida, para la protección del suelo, flora y fauna”.

La gobernadora de Quintana Roo junto a ingenieros militares durante el inicio de las obras.

Por su parte, habitantes de Felipe Carrillo Puerto aseguraron que la obra impacta y afecta sus formas de vida, la relación que mantienen con el lugar y las dinámicas físicas y biológicas de su territorio. Por ello, señalaron que “no permaneceremos en silencio observando pasivamente ante proyectos que poco a poco se apropian de nuestro territorio y nos despojan de la vida que nos rodea; en los más de 78km de camino que han sido hasta ahora la selva más conservada de nuestros alrededores”.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) Colectivo Colembij, palabras de Conmemoración en Memoria de las personas desaparecidas en Chiapas

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Al Pueblo de México

Al Pueblo Creyente

A los familiares y colectivos de desaparecidos en México y el Mundo

A las Madres y Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

A las Organizaciones No Gubernamentales de México y el Mundo

A la Red Todos los Derechos Para Todos y Todas

Al Colectivo Nacional de Desplazados Internos en México

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A la Organización de las Naciones Unidas

Al Gobierno de México

 

Conmemoración del Día de Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada

Conmemoración en Memoria de las personas desaparecidas en Chiapas

Colembij, significa: Colectivo en memoria para la búsqueda de un camino a la Justicia y Verdad. Fue creado hace cuatro años por familiares de las víctimas y sobrevivientes del Conflicto Armado Interno en Chiapas, provocado por el grupo paramilitar Organización Paz y Justicia, quienes estaban protegidos por Estado Mexicano, por las Fuerzas Armadas y Policías estatales y municipales.

El 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de Desaparición Forzada estamos presentes para honrar la memoria de todas aquellas personas que en contra de su voluntad fueron brutalmente desaparecidas, tal y como fue a nuestras hermanas y hermanos de la zona baja del municipio de Tila, Chiapas. Este día, como en cada año, estamos presentes aquí familiares, compañeras y compañeros de lucha para exigir la Verdad y Justicia, la No Repetición y las Medidas de Reparación Integrar de los daños.

No olvidemos como fueron violentados nuestros derechos humanos por las autoridades del gobierno mexicano en el 1995 al 2000, estando como presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y el gobernador de Chiapas Julio Cesar Ruiz Ferro, y el presidente municipal de Tila Carlos López Martínez, entre otros funcionarios públicos del estado de Chiapas.

Ante nuestra resistencia al sometimiento ellos mismo desplegaron grupos de policías municipales, Ejercito mexicano para atacar a las comunidades y al mismo tiempo están financiando, dando adiestramiento y proporcionando armas de alto calibre para acabar con nosotros, por otro lado reclutaron y convencieron a nuestro propios hermanos del mismo municipio de Tila y de otros municipios vecinos, para destruirnos, haciendo formar una organización Desarrollo Paz y Justicia, haciendo pasar como una Asociación Civil para gestionar proyectos para el pueblo, pero todo el dinero que se les daba por parte del gobierno era para compra más armamentos, como resultado de esta Asociación Civil fue el grupo paramilitar.

Llevamos 28 años exigiendo justicia, pero el Estado mexicano se ha hecho de oídos sordos, es por eso que exigimos que se castiguen con todo el peso de la ley a los responsables autores materiales e intelectuales de todas las víctimas desaparecidas y ejecutadas de manera forzada en la zona Norte de Chiapas, ni perdón, ni olvido.

  • Exigimos que no se repita este tipo de este tipo de Crímenes de Lesa Humanidad y que las desapariciones y desplazamiento forzados que siguen ocurriendo en nuestro estado de Chiapas y país, no quede impune, porque actualmente sigue ocurriendo en otros municipios, como Frontera Comalapa, Pantelho, Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán.
  • Exigimos también la aparición de nuestras compañeras Minerva Guadalupe Pérez Torres, María Rebeca Pérez Pérez, y nuestros compañeros Juan Ramírez Torres, Encarnación Pérez Pérez, Mateo Jiménez López, entre otras personas que no están con nosotros, que no están con su comunidad, que no están con su familia.
  • Exigimos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita el informe de Fondo Caso 12-901 Rogelio Jiménez y otros, para dar un paso a la justicia.
  • Exigimos al Gobierno mexicano que se apruebe la Ley de Desplazados Internos en México y el Reglamento a la Ley del Desplazamiento Interno en Chiapas.

Por último, exigimos a las autoridades actuales que reparen los daños que dejaron y que responsabilicen a los funcionarios que actuaron en ese momento y que cometieron este Crimen de Estado.

Agradecemos a las compañeras y compañeros de diversas organizaciones que nos han acompañado. Agradecemos al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y al Servicio Internacional Para la Paz por estar siempre con nosotros y nos solidarizamos en la lucha de todos y todas las colectivas, activistas de familiares de desaparecidas en México y el Mundo.

 

¡Sin Justicia no hay Paz¡

¡Ni Perdón Ni Olvido¡

¡Alto a las persecución y violaciones a los Derechos Humanos¡

¡Castigos a los Responsables de Crímenes de Lesa Humanidad¡

Colembij

         
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Avispa Midia

(Español) Justicia anula condena de 25 años contra indígenas tzeltales, pero permanecerán en prisión

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Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Habitantes de San Juan Cancuc se manifiestan en la ciudad de San Cristóbal de las Casas contra la detención arbitraria de cinco defensores del territorio tzeltal. Foto: Frayba

El pasado lunes (28), el poder judicial de Chiapas resolvió anular la sentencia, emitida en mayo de este año, mediante la cual cinco defensores del territorio de San Juan Cancuc habían sido condenados a 25 años de prisión acusados por el delito de homicidio.

En entrevista, Jorge Gómez, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), contextualiza que esta resolución es resultado de los argumentos presentados en la audiencia de apelación, efectuada apenas el 22 de agosto.

En dicha audiencia, resalta Gómez, la defensa enumeró violaciones al proceso legal contra los indígenas tzeltales. Entre ellas, la falta de imparcialidad e independencia de la jueza María Guadalupe Flores Rocha, quien amenazó e intimidó a los litigantes durante las distintas audiencias.

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Según el abogado, el sentido de la resolución se debe a que, entre las irregularidades destaca que los acusados no contaron con la adecuada traducción al tzeltal, su lengua materna. “La mayoría de las pruebas de la Fiscalía son de personas que hablan tzeltal, pero no hubo una adecuada traducción, que es un derecho constitucional de las personas indígenas que intervienen en un proceso legal, por eso se tiene que repetir todo de nuevo”, detalla.

Acorde al equipo legal del Frayba, lo que sigue es la reposición de la última etapa del proceso penal, el juicio oral, para el desahogo de pruebas de los testigos, peritos y policías involucrados en el caso. Aún queda pendiente la designación del juez que tomará el caso, así como la fecha en que reiniciará el proceso.

Gómez enfatiza que la reposición del juicio obedece a lo que el centro de derechos humanos denomina “fábrica de culpables”, pues considera que la actuación de las autoridades y el poder judicial de Chiapas tiene como objetivo que los defensores “permanezcan el mayor tiempo posible en prisión, sabiendo que son inocentes. Lo que hacen es retrasar su libertad, retrasar el debate sobre si son inocentes o culpables”.

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El abogado explica para Avispa Mídia que la adecuada traducción es una garantía que debió haber cumplido el Estado, y que, debido a su falta, los cinco acusados continuarán en prisión de manera indefinida hasta que se repita el juicio y el dictamen de una nueva sentencia. Debido a que son acusados por un delito considerado grave no cuentan con la posibilidad de solicitar medidas cautelares para llevar el juicio en libertad.

Jorge Gómez explica que el trabajo de defensa legal que realiza el Frayba, en el caso de los cinco defensores de Cancuc, así como con el caso de Manuel Gómez Vázquez, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), torturado y acusado por un delito que no cometió, es parte de un patrón de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos en Chiapas.

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“No es una situación solo de estos seis presos tzeltales, sino de muchas personas en Chiapas, muchas personas en México, que representan que las cárceles están llenas de personas inocentes y pobres”, acusa el abogado quien refiere que existe una colusión entre las fiscalías, poder judicial y jueces para fabricar delitos y culpables.

“El sistema, más allá de buscar la verdad o impartir realmente justicia, se dedica a fabricar delitos a la gente, para que sus estadísticas de justicia y de cero impunidad queden reforzadas ante la sociedad (…) lo que vemos atrás de esas cifras es que están acabando con la vida de las personas, porque mantienen a personas inocentes privadas de la libertad y sujetas a proceso legales que no están a su favor, y donde lamentablemente, en Chiapas, desde el momento que eres detenido, tú ya eres culpable”.

Para el litigante, en el caso de los presos de San Juan Cancuc, la estrategia del poder judicial es buscar el desgaste de los detenidos, sus familiares y de las organizaciones que los acompañan. “Buscan alargar todo. El hecho de que repongan el proceso, el sistema sigue ganando, porque siguen en la cárcel y ellos siguen diciendo que ya resolvieron un crimen, cuando no es así”.

Por este caso, así como por la prisión de Manuel Gómez Vázquez, el Frayba presentó una demanda contra el Estado mexicano ante el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas, para denunciar la sistemática violación a los derechos humanos. “El grupo de trabajo tiene que analizar el caso, y pues tendrían que darle vista al Estado mexicano para que dé su versión de por qué están pasando estas cosas”, contextualiza el abogado quien se mantiene a la espera del reinicio del juicio.

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Avispa Midia

(Español) Justicia Federal atrae caso del asesinato de Samir Flores

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Fuente: Avispa Midia

En portada: Samir Flores durante sus labores de comunicador en la radio comunitaria Amiltzinko.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala anunció que la Justicia Federal atraerá el caso del asesinato del indígena nahua, Samir Flores Soberanes.

El 20 de febrero del 2019, Samir Flores, defensor del territorio y comunicador comunitario de la Radio Comunitaria Amiltzinko, fue asesinado en la puerta de su casa, en la comunidad de Amilcingo, Morelos, México. Samir tenía 7 años luchando junto a su comunidad y el Frente de Pueblos contra el megaproyecto energético Proyecto Integral Morelos.

La investigación del caso había quedado en manos de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Durante años el órgano “no ha investigado con seriedad las diferentes líneas de investigación, principalmente las relacionadas con sus actividades como defensor del territorio y comunicador comunitario, tratando de minimizar su asesinato a una acción aislada de la delincuencia organizada”, denunció el Frente de Pueblos.

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El 22 de agosto, el Juez de Distrito Eduardo Antonio Velasco Treviño determinó que la facultad de atracción de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) es fundada al existir los indicios y datos de prueba suficientes para considerar que lo asesinaron por su labor de periodista.

El Fiscal a cargo de la FEADLE, Ricardo Sánchez Pérez del Pozzo, también señaló que en la carpeta de investigación se advierten datos de prueba en que uno de los testigos presenciales de los hechos, en que se planeó su ejecución, “señala que se iban a chingar a todos los que se encontraban en el tema del Proyecto Integral Morelos (PIM) y porque Samir era un locutor de la radio que les debía varias”, sostuvo el Frente de Pueblos en un comunicado.

La FEADLE también señaló que, conforme al análisis de contexto que realizó, se observa la vinculación entre el trabajo de Flores contra el PIM y su asesinato, “por lo que será esta una de las líneas de investigación que abrirá, tomando en cuenta las personas y empresas que estaban a favor de este proyecto millonario”, añade el Frente de Pueblos.

La atracción es también un avance en materia del reconocimiento a los comunicadores indígenas y comunitarios como periodistas para contar con los mismos derechos de protección con que cuentan los que ejercen el periodismo en medios públicos y privados, ya que la Fiscalía de Morelos había argumentado que no existían las pruebas suficientes para determinar que Flores era periodista.

De acuerdo con el Frente de Pueblos, el expediente del caso de Flores ya fue entregado a la Justicia Federal, “por lo que ahora toca a la justicia federal dar con los asesinos materiales e intelectuales del asesinato”.

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Avispa Midia

EEUU se empecina en vender maíz transgénico y glifosato a México

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Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), está en la recta final de su periodo de gobierno y la tensión con los Estados Unidos, que quiere obligar a México a comprar su maíz transgénico y glifosato, continúa.

En diciembre del 2020, el mandatario mexicano decretó eliminar gradualmente este producto biotecnológico y el herbicida glifosato – agrotóxico vinculado a miles de casos de cáncer en el mundo – hasta llegar al año 2025. Son diversas reuniones entre los dos países que han derivado de la decisión de AMLO de prohibir la importación de maíz modificado proveniente de EEUU, utilizado normalmente para alimento de los cerdos.

Este primer decreto, tras la presión de los EEUU, ha sufrido diversos cambios. El último y más controversial, para la industria de la biotecnología de semillas, es el decreto del 13 febrero de 2023 en que se instruye a las dependencias gubernamentales y entidades de la Administración Pública Federal para que, en el ámbito de sus competencias, “se abstengan de adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar maíz genéticamente modificado”.

También incluye la prohibición del glifosato, o agroquímicos que lo contengan como ingrediente activo, “para cualquier uso, en el marco de programas públicos o de cualquier otra actividad del gobierno”, establece el decreto, asegurando que se fiscalizará a quien viole las nuevas normas.

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Por ello, en días pasados, el 17 de agosto, la Secretaría de Economía de México fue notificada por la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), sobre su intención de dirimir, a través de un panel arbitral del Capítulo 31 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá o T-MEC (Solución de Controversias), las diferencias entre ambos gobiernos en torno a la regulación mexicana del maíz genéticamente modificado. En esta misiva, los representantes de EEUU puntualizan que, este último decreto, es incompatible con disposiciones de los Capítulos 2 (Acceso a Mercados) y 9 (Medidas Sanitarias y Fitosanitarias) del T-MEC.

Katherine Tai, representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR), recibió todo el respaldo de los representantes de la industria agroalimentaria o de biotecnología tras anunciar la solicitud para establecer el panel de solución, que busca impugnar la determinación del gobierno de México. El Consejo de Cereales de EEUU declaró estar agradecidos con Tai, “por dar este paso tan importante y necesario con nuestro importador número uno de maíz estadounidense”, puntualizó.

Katherine Tai, representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR) y el presidente Joe Biden.

Mientras tanto, el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Jason Smith, declaró estar preocupado “por el incumplimiento de México de sus compromisos del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) en varios sectores, en particular la agricultura y la energía”.

El presidente del USMCA arremetió: “Espero plenamente que la administración Biden utilice todas las herramientas disponibles para garantizar el cumplimiento. Los agricultores estadounidenses dependen de un acceso estable a los mercados extranjeros, como México, para mantener en funcionamiento la explotación agrícola familiar. Cuando me reuní con el presidente López Obrador a principios de este año, dejé claro que México debe seguir las reglas y tratar a los agricultores estadounidenses de manera justa”.

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El gobierno de México se prepara para una ofensiva de EEUU, asumiendo que está listo para actuar. “La defensa de México contará con el respaldo de diversas dependencias del gobierno federal competentes en la materia, tales como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conacyt) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)”, señaló la Secretaría de Economía en un comunicado.

Actualmente, cada gobierno se encuentra en la elección y designación de los miembros del panel. Posteriormente emitirán un calendario de actividades. Conforme a los plazos previstos en el propio T-MEC, se calcula que la decisión del panel se pueda dar a conocer en el transcurso de 2024.

La resistencia

La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, que por varios años ha dado seguimiento a la implementación de este paquete biotecnológico, emitió un pronunciamiento donde exige “alto a la injerencia de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá en México”, porque consideran que “la soberanía nacional y alimentaria no se negocian”.

Los integrantes de esta campaña rechazan los tratados comerciales que permiten a países extranjeros enajenar la soberanía nacional y alimentaria.

Diversos científicos y académicos que forman parte de esta campaña han presentado pruebas al gobierno mexicano, quien ha propuesto realizar una investigación conjunta con los Estados Unidos con el propósito de analizar los daños ocasionados por el glifosato y el maíz modificado hacia la salud humana.

“La respuesta del gobierno estadounidense ha sido: no. Esta negativa muestra que no existe voluntad de avanzar de manera constructiva, ya que el solo hecho de aceptarlo pondría en duda lo que el gobierno de Estados Unidos y las transnacionales han buscado imponer como verdad absoluta: que el paquete tecnológico glifosato y maíz genéticamente modificado no conlleva daños a la salud”, agregan los activistas en favor del maíz nativo.

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Los activistas retoman hechos que demuestran que este paquete de biotecnología ha provocado diversos daños, incluso, a ciudadanos estadounidense. Pero las empresas prefieren pagar una compensación antes que reconocer que sus productos son cancerígenos y sacarlos del mercado, porque perderían “el negocio multimillonario que representa este herbicida (glifosato)”, denuncian, asegurando que a México se le quiere imponer un sistema agroalimentario.

Plantaciones de maíz genéticamente modificado en EEUU.

Tras esta presión de las empresas de la biotecnología y del gobierno de Estados Unidos por imponer que los mexicanos importen maíz modificado para su consumo, los activistas llaman a no permitir “que un país extranjero a través de un tratado comercial imponga condiciones que ponen en riesgo nuestro derecho a un ambiente sano, a la salud, a la vida, a un trabajo digno libre de tóxicos, y a preservar nuestro extraordinario patrimonio cultural y nuestra biodiversidad”.

Las cifras hablan

Por otra parte, desde el pasado mes de julio, la gigante de los agroquímicos y semillas modificadas, Bayer-Monsanto, anunció una caída brutal en sus ventas de hasta 2 mil 200 millones de dólares, relacionado con el retroceso de ventas de sus herbicidas a base de glifosato, potencialmente cancerígeno, bajo la marca Roundup.

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Según la empresa, “la explicación se encuentra ante todo en el retroceso masivo de las ventas de productos a base de glifosato”.

Bayer enfrenta un sinnúmero de demandas judiciales en Estados Unidos, incluso, espera que se vayan sumando más denuncias. Desde el año 2021, la propia empresa sostenía que había logrado resolver 113 mil demandas de las aproximadamente 160 mil que ya se le habían acumulado. “Consideraremos la posibilidad de resolver los casos cuando sea estratégicamente ventajoso para la empresa hacerlo”, reza Bayer en su sitio web oficial. Al finalizar el año 2020, la empresa había cubierto en compensación más de 11 mil millones de dólares.

De acuerdo con la barra de abogados Lawsuit Information Center aún faltan por resolver casi 30 mil demandas. La mayoría se han presentado ante tribunales estatales y, al menos, 4 mil son colectivas pendientes en California.

Hasta el año 2013, tan solo siete demandas son las que Bayer ha logrado ganar. Entre ellas, la de la ciudadana estadounidense Sharlean Gordon, quien alegó que había desarrollado una forma rara de cáncer de sangre debido a la exposición al glifosato, contenida en el producto Roundup que utilizaba en jardinería.

“El 23 de mayo de 2023, el jurado del juicio Gordon emitió un veredicto a nuestro favor y determinó que Roundup no era responsable de las lesiones. Esta es la séptima victoria consecutiva de Monsanto en un juicio”, se vanagloria la multinacional, quien también ganó los casos Clark, Stephens, Shelton, Johnson, Alesi y Ferro.

La demanda más reciente que perdió esta multinacional fue este mes de agosto. Según la barra de abogados, “el Fiscal General del Estado de Nueva York presentó una demanda contra Bayer alegando que engañó a los consumidores de Nueva York al vender Roundup como un herbicida inocuo para el medio ambiente, cuando sabía o debería haber sabido que el producto podía causar cáncer”.

En relación a este caso, Bayer anunció que había aceptado llegar a un acuerdo por 6,9 millones de dólares. La demanda se basaba en la violación de las leyes de Nueva York relativas a la publicidad falsa y engañosa.

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Red Ajmaq

Libertad inmediata para José Díaz Gómez base de apoyo del EZLN

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A la sexta nacional e internacional
A los firmantes de la Declaración por la vida
A los medios de comunicación honestos
A quienes luchan por la verdad y justicia

Desde la Red de Resistencias y Rebeldías Ajmaq nos pronunciamos.

Sabemos que las cárceles son un negocio más del capitalismo y que la “justicia” mexicana se distingue por la impunidad, la violación a derechos humanos y que sólo está al servicio de quienes pueden comprarla, no así para quienes son pobres e indígenas, para quienes luchan y construyen alternativas de vida se les criminaliza y se les fabrican delitos, tal es el caso de José Díaz Gómez, base de apoyo del EZLN, que se encuentra encarcelado injustamente desde hace 9 meses, en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 17 “El Bambú”,en Catazajá, Chiapas. Acusado de robo ejecutado con violencia, al igual que otros cuatro BAEZLN quienes tienen órdenes de aprehensión.

José Díaz, es indígena Ch’ol y campesino de 45 años, originario de la Ranchería “El Trapiche”, en el municipio autónomo zapatista Francisco Villa, Caracol V, Roberto Barrios (Municipio oficial Salto de Agua). Fue detenido arbitrariamente, con uso excesivo de la fuerza, fue torturado, desaparecido e incomunicado por parte de elementos de la policía especializada adscritos a la Fiscalía del Distrito Selva. En la fiscalía le obligaron a poner su huella y firmar varios papeles en blanco, no fue asistido por un traductor de su lengua originaria, ni por un abogado.

Todos estos atropellos a la dignidad de José y a los mismos procedimientos legales dan cuenta de la fabricación de delito y la criminalización. El motivo real del encarcelamiento de José es el interés por el uso individual de la tierra que se quiere imponer al uso colectivo y de cuidado de la Madre Tierra pero que tiene sus raíces en el despojo de tierras al EZLN provocados por el mal gobierno con su Guerra integral de desgaste diseñada desde hace décadas por las diferentes administraciones.

Hemos realizado visitas al compañero José Díaz Gómez y nos duele ver su dolor pero también nos llena el corazón su amor y dignidad por la vida y la libertad. Al igual que el otro compañero zapatista preso Manuel Gómez Vázquez vemos que en estos sitios crueles las violencias generan un mayor desgaste psicosocioemocional y económico para ellos y sus familias. Aún así, ambos mantienen una luz en medio de tanta obscuridad.

Nos pronunciamos para exigir la libertad inmediata e incondicional de José Díaz y Manuel Gómez Vázquez porque sabemos de su inocencia, de la fabricación de delito en su contra por parte de la Fiscalía. No confiamos en la justicia del mal gobierno pues son ellos quienes encarcelan inocentes con argucias legaloides, por eso hacemos un llamado a luchar políticamente por la libertad de los presos políticos, a difundir información por todos los medios que tengamos a nuestro alcance sobre las injusticias que están pasando estos campañeros BAEZLN y a mostrar solidaridad con ellos y sus familias. Así como exigir que se cancelen las órdenes de aprehensión en contra de cuatro compañeros más.

Invitamos a diseñadores, artistas visuales y personas de buen corazón a realizar materiales gráficos por la libertad de José Díaz Gómez, para que puedan difundirse por redes sociodigitales, calles y plazas. Estos materiales gráficos se recibiran en formato digital a partir del 24 de agosto del 2023 al correo ajmaq_chiapas@riseup.net

¡Libertad a José Díaz y Manuel Gómez Vázquez!
¡Alto a la criminalizacion de quienes luchan!
¡Abajo los muros de las prisiones!

Adel Gutiérrez
Adriana del Moral Espinosa
Alberto Coria
Alejandro Mira Tapia
Alfinio Zendejas, Docente de educación física Veracruz
Ana María Vera Smith
Arnoldo Vargas García
Ageliki Kostari Grecia – Chios
Asamblea Libertaria Autoorganizada Paliacate Zapatista, Grecia
Asociación Cultural el Raval – El Lokal
Association Espoir Chiapas, Francia
Bárbara Suárez Galeano
Bertha Leticia loya Martinez
Betsy Zamarripa
Blanca Estrella Ruiz
Bonifacia Hernandez Flores
Borja Tomé Castedo
Braulio Montequin ( País Vasco)
Bruno Baronnet
Cafè Rebeldía-Infoespai, Barcelona (Catalunya)
Caitlin Manning
Camila Padilha Costa – Porto Alegre/RS – Brasil
Carlos Tornel
Carolina Dutton
Casa Okupa Chia-Paz
Cecilia María Salguero, Neuquén, Argentina
Centro Comunitario U Kúuchil K Ch’i’ibalo’on
Centro de Investigación en Comunicación Comunitaria A.C.
Chara Tzouma Grecia
CNI Milpa Alta
Colectiva Mujeres que Luchan Xalapa
Colectiva Mujeres Tierra
Colectiva Corazón del Tiempo, Puelmapu territorio ancestral mapuche, nor Patagonia Argentina
Colectiva zapatistas Somos batallas ganadas
Colectividad Nuestra Alegre Rebeldía de la Red Morelense en Apoyo al Congreso Nacional Indígena / Consejo Indígena de Gobierno
Colectivo Aequus.- Promoción y Defensa de Derechos Humanos
Colectivo Compas Arriba – Medios Libres
Colectivo gata-gata, Alemania
Colectivo Sí a la Vida, Coahuila
Colectivo Transdisciplinario de Investigaciones Críticas (COTRIC)
Comitè Acollida Zapatistes – Illes Balears i Pitiüses
Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata CIPOG-EZ
Coordinadora Anarquista Tejiendo Libertad CATL
Darien De Lu, Sacramento, California, USA
DESMI, A.C.
Diana Itzu Luna
Dionisios Apillonatos atenas Grecia
Dr. Gilberto López y Rivas
Dra. Alicia Castellanos Guerrero
Dra. María Candelaria May Novelo. (Centro Cultural y de Derechos Humanos Casa Colibrí)
Edo Schmidt, Sociologo
Elena Morúa, San Cristóbal, Chiapas
Enclave Caracol (TJ)
Espacio de Lucha contra el Olvido y la Represión (ELCOR)
Eugenia Vigil
Eva Arán Vidal, adherente a la Sexta. Puebla.
Eva María Serna Arán, adherente a la Sexta. Puebla.
Fabiola Ceballos Loya
Felipe I Echenique March
Fernanda Sanchez Pillot
Foro Internacional, Grupo México de Dinamarca
Fortino Domínguez Rueda / Universidad de Guadalajara, México
Francesca Cozzolino
Frente Xonacatlán en resistencia
Gabriela López
Groupe CafeZ (Bélgica)
Grupo de Trabajo No Estamos Todxs
Gruppe B.A.S.T.A., Münster, Alemania
Guadalupe Castillo Feliciano CNTE CDMX
Guadalupe Nuñez Salazar
Guillermo Castelán CNTE Sección 9
Irma I. Vázquez Cárdenas
Israel Pirra
Inés de la Crass
Inés Durán Matute, CIESAS
Jesús Meza
Johanna Bouchardeau, activista feminista, Francia
Jorge Alonso
Jorge Villa Medina
Jorge Luis López, Abogado Defensor de Derechos Humanos
Jorge Luis Hernández Castro
Josa Sanchez
José Antonio Olvera
José Luis García Valero
Kristian E. Vasquez
La ReVuelta, Grupo de trabajo de Economía Feminista Emancipatoria. Abya yala.
La Voz del Anáhuac – Sexta por la libre.
Laura Ulloa
Leonor Hurtado Paz y Paz, Asociación Q’anil
LifeLockDIY
Lumaltik Herriak, País Vasco
Lylia Palacios (Monterrey)
Ma Luisa Vargas T. CDMX
Ma. Agustina Martínez Pérez
Ma. Eugenia Sánchez Díaz de Rivera
Magdalena Gomez
Malú Huacuja del Toro, novelista, dramaturga y guionista mexicana.
Márgara Millán, FCPyS, UNAM y red de feminismos descoloniales
María Estela Barco Huerta
María Flores
María Isabel Pérez Enriquez
Maria Vanda Ianowski
Mario Galván
Mayvelin Flores Villagomez
Mecha Lamothe
Melva Vázquez
Mexicanos Unidos
Miguel Angel Samano Rentería, Profesor Investigador de la UACh
Mtra. en Estudios Latinoaméricanos Brenda Porras Rodríguez
Mujeres y la Sexta – Abya Yala
Nelly Bocchi
Nodho de Derechos Humanos
Octavio García, Profesor de Estudios Chicanos/as/x San Diego City College, San Diego, CA
Omar Valencia
Othir Santistevan
Pantaleon Riquelme. Docente, Buenos Aires (Argentina)
Pantelis Pailopoulos Atenas Grecia
Patricia Botero-Gómez, Centro de estudios independientes, Color tierra
Patrícia Rios Brandi – Brasil
Patricia Sepúlveda Parrao, Chile
Peter Rosset
Peter Stedman
Profra Martha Lechuga Luna
Rabia Callejera (TJ)
Radio Zapote
Raíces en Resistencia, Ciudad de México
Ramona Mercado Autogestivo Natural – Córdoba – Argentina
Red de Resistencia y Rebeldía Tlalpan
Red de Ristencias y Rebeldías Ajmaq
Red de mujeres del oriente del Edo de Méx
Resistencias Enlazando Dignidad – Movimiento y Corazón Zapatista (REDMyCZapatista)
Rocío Servín Jiménez, Guanajuato, México
Rojos y Anarquistas Skinheads, sección Guadalajara. RASH GDL
Sara Díaz
Schools for Chiapas/Escuelas para Chiapas
Silvia Resendiz Flores
Sociólogo Fernando Alan López Bonifacio
Solidarisches Mittelhessen (Alemania)
Stephan Lynn DeWeese-Parkinson, abogado jubilado, Playas de Tijuana.
Taller Ahuehuete
Ulli Röding
Valeria Sbuelz – Córdoba – Argentina
Vendaval, cooperativa panadera y algo más
Ymoat Luna

radio
Avispa Midia

(Español) Claudia González, la abogada que enfrentó al sistema para defender a operadores de justicia criminalizados

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Fuente: Avispa Midia

Por Alexander Valdéz / Prensa Comunitaria

González, quien fue detenida en el operativo de la Fiscalía de Asuntos Internos, ahora es señalada del delito de abuso de autoridad, por haber investigado el caso contra la magistrada Blanca Stalling.  La abogada está a cargo de la defensa de al menos nueve abogadas y abogados, que trabajaron en casos de corrupción de alto perfil por varios años, seis de ellos son exfiscales del MP y tres de ellos exmandatarios judiciales de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).


El Ministerio Público (MP) continúa sumando acciones contra operadores de justicia que encabezaron las investigaciones contra la corrupción en Guatemala. Esta vez, dirigió una nueva pesquisa contra la abogada Claudia González, quien seguía en el país representando legalmente jueces, fiscales, periodistas y activistas que están siendo perseguidos por el ente investigador.

González, quien fue detenida en el operativo de la Fiscalía de Asuntos Internos, ahora es señalada del delito de abuso de autoridad, por haber investigado el caso contra la magistrada Blanca Stalling, quien fue señalada de tráfico de influencias, pero beneficiada por el sistema de justicia.

Pese a los riesgos, González estuvo al frente de la defensa de varios operadores de justicia, como los casos contra Juan Francisco Sandoval, Virginia Laparra y la abogada Leily Santizo. En abril, fue reconocida en Holanda por la organización “Abogados para abogados” (Lawyers for Laywers) con el Premio que otorga la organización a los profesionales del derecho que enfrentan un alto riesgo debido al trabajo que realizan.

A su traslado a la Torre de Tribunales, González dijo que se siente preparada para enfrentar el proceso y la acusación “totalmente falsa”. “Es usual que utilicen el sistema para mantenernos en prisión, mantenerme en carceletas y con orden de aprehensión. Esperemos que el fiscal Noé Rivera venga bien preparado con su imputación”, declaró.

Acá la declaración de la abogada a su traslado:

La exmandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) está a cargo de la defensa de al menos nueve abogadas y abogados, que trabajaron en casos de corrupción de alto perfil por varios años, seis de ellos son exfiscales del MP y tres de ellos exmandatarios judiciales de la CICIG.

Abogó por operadores de justicia 

A diferencia de otros operadores de justicia, la abogada González seguía en el país y encabezaba el equipo legal que está a cargo de defender a los fiscales que han sido detenidos. Entre ellos, Paola Escobar, Allis Morán, Carlos Videz, Juan Francisco Sandoval, Virginia Laparra, entre otros fiscales que dirigieron casos de alto impacto.

Como mandataria de la CICIG, también investigó casos que alcanzaron a altos funcionarios del Estado, narcotraficantes y empresarios. Uno de ellos fue el de Blanca Stalling, a quien acusó de tráfico de influencias tras la denuncia del juez Carlos Ruano.

A raíz de esos expedientes y, que seguía defendiendo a sus colegas, González estuvo denunciando acoso e intimidación en las redes sociales por parte de cuentas anónimas y dirigidas por los mismos señalados de corrupción.

El caso en el que más se le observó fue el relacionado con Virginia Laparra, quien lleva más de un año en prisión preventiva por dos casos. La exmandataria de CICIG recientemente logró que a Laparra le otorgaran una medida sustitutiva por uno de los casos.

En una entrevista con Prensa Comunitaria de abril, la abogada aseguró que el peligro de que fuera captura era latente. “Hay un caso en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en el que me denunciaron y no me han permitido tener el acceso a esa investigación, sí es latente el peligro en el cual me encuentro por el trabajo que desarrollo”, expresó.

Claudia González acompañando a su colega la exfiscal Virginia Laparra. Foto Juan Rosales.

Obtuvo reconocimiento internacional 

El pasado 11 de mayo, Abogados para abogados” (Lawyers for Laywers), entregó un reconocimiento a la abogada González, por el trabajo de alto riesgo que continuaba realizando en el país.

“Este premio reconoce la situación de riesgo a la que se enfrentan muchos operadores de justicia, entre ellos las abogadas y abogados”, dijo Claudia González, defensora de varias operadoras de justicia que han sido criminalizadas por el Estado de Guatemala, entre ellas Virginia Laparra y Leily Santizo. El premio fue entregado en Holanda, el 11 de mayo.

radio
Avispa Midia

En México, asamblea para defensa del agua exige alto al despojo

Fuent

radio
CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) Exigimos al Tribunal Superior de Justicia de Chiapas la libertad de los cinco defensores tseltales presos de San Juan Cancuc

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

3 de agosto de 2023

Boletín No. 19

 

Exigimos al Tribunal Superior de Justicia de Chiapas la libertad de los cinco defensores tseltales presos de San Juan Cancuc

  • La resolución del recurso de apelación es un momento oportuno para detener la criminalización en su contra.
  • Ha transcurrido ya un año y tres meses de su Privación Arbitraria de la Libertad

El día de ayer 22 de agosto de 2023 se celebró la audiencia de alegatos de segunda instancia la Sala Regional Colegiada Mixta de San Cristóbal de Las Casas del Poder Judicial del Estado de Chiapas por el caso de los cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc, Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, privados de su libertad desde el 29 de mayo de 2022 en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados Número 5.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) presentó ante el Tribunal las violaciones cometidas durante este proceso de fabricación de culpables. Fueron exhibidas las deficiencias y contradicciones probatorias resultantes de un evidente montaje de de pruebas y que pese a ello la Juez de primera instancia resolvió condenarlos. El Tribunal escuchó también las innumerables violaciones a derechos humanos, al debido proceso y a la presunción de inocencia que los jueces de primera instancia no tomaron en cuenta en un evidente contubernio para perpetuar este proceso de represión.

Los magistrados Julio César Pascacio Pérez, Pedro Raúl López Hernández y Josué Alejandro Utrilla Bravo tienen hasta el viernes 25 de agosto para decidir sobre el recurso de apelación, por lo que tienen una nueva oportunidad de dictar una sentencia absolutoria, que permita que los cinco defensores tseltales puedan recobrar su libertad y su proyecto de vida junto a sus familias.

Como recordamos, los cinco compañeros defensores tseltales han caminado en diferentes procesos de defensa de la tierra y el territorio, así como en contra de la militarización. El 29 de mayo de 2022 en un operativo conjunto entre la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Municipal tres de ellos fueron detenidos de manera ilegal en San Juan Cancuc, para después ser desaparecidos por más de 24 horas.

Fueron falsamente acusados por la Fiscalía de Justicia Indígena de haber sido detenidos en flagrancia, por posesión de drogas en San Cristóbal de Las Casas en una fecha posterior a la de su real detención. Enseguida los tres defensores fueron acusados, procesados judicialmente y condenados por un homicidio del cual no tienen ninguna responsabilidad, delito fabricado por el que hoy se encuentran luchando por su libertad.

Con motivo de la acusación por delitos contra la salud, dos integrantes de la comunidad acudieron a atestiguar la falsedad sobre la versión de la detención. Como reacción, la Fiscalía Indígena decidió deternelos acusándolos del homicidio mencionado.

Esta simulación no hace sino visibilizar la perversión del sistema en el que se articulan autoridades de los tres niveles de gobierno para estigmatizar a defensores indígenas en Chiapas. Desafortunadamente no se trata de un caso aislado, sino que hemos observado se trata de un patrón que es necesario desmantelar.[1]

Hacemos un llamado urgente a las personas, organizaciones y colectivos solidarios a instar al Poder Judicial del Estado a dictar una sentencia que sea absolutoria, de carácter progresista, imparcial, acorde a derecho y a los estándares internacionales de derechos humanos y con perspectiva intercultural.

 

[1] Más información al respecto en nuestro Sitio Especial “Fabricación de culpables contra defensores de pueblos originarios en Chiapas”,  Disponible en: https://www.frayba.org.mx/presos-tseltales

Descarga el Boletín No. 19 en pdf (218.52 KB)

 

Visita el #SitioEspecial Fabricación de culpables, detención arbitraria 12 https://frayba.org.mx/presos-tseltales