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PUEBLOS UNIDOS DE LA REGIÓN CHOLULTECA Y DE LOS VOLCANES | COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA | ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y POR LA VIDA

Respuesta pública de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes a la convocatoria a la sesión de instalación del Comité del Programa de ordenamiento ecológico de la región de la subcuenca del Alto Atoyac (POERSAA)

El pasado 1 de febrero del 2024, los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los volcanes recibimos un correo de Fernando Silva Triste, Subdelegado de Administración e innovación, encargado de la oficina de representación de la SEMARNAT en Puebla, con el objeto de invitar a la organización a participar en la sesión de conformación del Comité del Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región de la Subcuenca del Alto Atoyac (POERSAA), un trabajo en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno de México, la Secretaría de Medio Ambiente Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Puebla y la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de Tlaxcala. En el documento señala que, dada la importancia de la conformación de este comité estarán presentes, la Mtra. María Luisa Albores González, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal; el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina y la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros; representantes de gobiernos municipales, sector socio ambiental, sector académico, sector empresarial e industrial de Puebla y Tlaxcala entre los que destacan ejidos, asociaciones civiles, universidades, la Cámara de industria textil Puebla-Tlaxcala, entre otras.

Como Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los volcanes no participaremos en ningún proceso del mal gobierno y el capital, considerando:

  1. Que históricamente hemos enfrentado el despojo, el desprecio, la explotación y represión del mal gobierno, sus instituciones y los sectores empresariales del gran capital.
  2. Que desde 1998 en las comunidades nahuas de Tlaxcala, Puebla y Morelos se ha impuesto el proyecto transportadora de Gas Zapata, hoy llamado Proyecto Integral Morelos, proyecto de muerte que pasa sobre una zona sísmica de alto riesgo volcánico y que el 20 de febrero de 2019 costó la vida de nuestro compañero Samir Flores Soberanes del pueblo de Amilcingo, Morelos, y que, para legitimar la imposición de este proyecto y no perder las inversiones privadas para su construcción, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, simularon y manipularon una consulta, argumentando que: “No podíamos permitir que se convirtiera en chatarra”. Con ello el mal gobierno violó el derecho de las comunidades a su libre determinación y autonomía para decidir sobre su territorio.
  3. Que la destrucción de la Madre Tierra que se padece en la Cuenca Alta del Río Atoyac y en todo el país está ocasionada directamente por las industrias textileras, maquiladoras, de autopartes, metalúrgicas y por la permisividad, complicidad, corrupción y simulación de las instituciones federales y estatales:  SEMARNAT, CONAGUA, CEAS y PROFEPA. Un ejemplo de esto es que en 2019 se pretendía imponer el proyecto del colector de desechos tóxicos de Ciudad Textil, Huejotzingo, que tiene como presidente a Francisco Rivera Taja y donde  Jorge García Turuel Rivero funge como vicepresidente de la Cámara de la Industria Textil, con este proyecto pretendían desechar directamente al Río Metlapanapa metales pesados como plomo, cadmio, arsénico, mercurio, cianuro y zinc con la venia y autorización de CONAGUA la cual, en su momento, tenía como director y representante a Alfredo Ávila Salazar, hoy prófugo por el desvío de más de mil millones de pesos destinados al saneamiento del río Atoyac.
  4. Que en 2020 el compañero nahua del Congreso Nacional Indígena, Miguel López Vega se convirtió en el primer preso político de la cuarta transformación, por defender, junto con las comunidades de la Región Cholulteca, la vida del río Metlapanapa afluente al río Atoyac y que lleva un proceso jurídico, arbitrario e ilegal que tendrá conclusión el próximo 16 de febrero del presente año gracias a la presión y organización de las comunidades.
  5. Que el 30 de junio del 2023 el compañero nahua Alejandro Torres Chocolatl, integrante del Congreso Nacional Indígena fue secuestrado por elementos de la Policía Ministerial del Estado de Puebla, violando todas sus garantías individuales y derechos como ciudadano, fue privado de su libertad omitiendo todos los procesos legales y jurídicos. Gracias a la presión de las comunidades fue liberado el mismo día.
  6. Que la grave sequía que se padece en la Cuenca Alta del río Atoyac tiene como principal causa la extracción masiva de agua por estas grandes empresas extractivas y contaminadoras, por ejemplo, la empresa Bonafont del corporativo DANONE, donde Mariano Perotti funge como director general, y que desde hace 29 años estuvo traficando con el agua de los pueblos de la Región Cholulteca con la autorización de CONAGUA estatal y federal, la concesión otorgada por esta institución venció desde el año 2014 y, sin embargo, Bonafont – Danone, continuó extrayendo y traficando alrededor de 2 millones de litros de agua diariamente, sin inspecciones ni supervisión de ninguna dependencia y con total impunidad. El 15 de febrero de 2022, con un mega operativo de más de 500 elementos de la Guardia Nacional, Ejército, policía Estatal, municipal y equipo táctico fuimos desalojados del espacio que los pueblos de la región cholulteca tomamos para construir vida. Quedando claro que el mal gobierno sirve y protege al gran capital y la muerte.
  7. Que el 29 de mayo del 2021 en el municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, se ocasionó un gran socavón en tierras de cultivo. Los primeros estudios de las dependencias y universidades contratadas por el gobierno estatal morenista de Miguel Barbosa Huerta, indicaron que la principal causa de este desastre ambiental fue la extracción masiva de agua, dichos estudios fueron ocultados por el gobierno estatal y federal por 5 años, protegiendo a las empresas, ocultando la corrupción y negando la posibilidad de analizar las causas a profundidad para prevenir riesgos en los pueblos.
  8. Que el 2 de octubre del 2023 el gobierno municipal de Juan C, Bonilla, a cargo del panista José Cinto Bernal y el gobierno estatal morenista de Sergio Salomón Céspedes Peregrina intentaron imponer, con lujo de violencia y uso excesivo de la fuerza pública, un complejo policiaco en la comunidad de San Lucas Nextetelco, sin la autorización de las comunidades. Este complejo policiaco tiene como finalidad reprimir a las comunidades y violentar la libre determinación de los pueblos sobre su territorio.
  9. Que desde el 2016 hasta la presente se impuso un relleno sanitario que ha dañado gravemente los mantos acuíferos, el aire, la tierra y la salud de los habitantes de los municipios de Calpan, Juan C. Bonilla y San Pedro Cholula. SEMARNAT, PROFEPA y CONAGUA han hecho caso omiso a las exigencias de los pobladores de la cancelación total de este foco de contaminación que ha causado un grave e irreparable daño ambiental. Que sistemáticamente el mal gobierno municipal, estatal y federal, en coordinación con el gran capital, han violado el derecho de los pueblos a tener un ambiente digno, sano y seguro, a ejercer la libre determinación sobre su territorio y cultura.

Por lo tanto, los Pueblos Unidos de la región Cholulteca y de los Volcanes determinamos que:

  1. Esta invitación es parte de una estrategia del mal gobierno y de las empresas del capital para dividir, cooptar y utilizar. Una vez más demostrando el desprecio y racismo que históricamente ha venido del sistema de muerte llamado capitalismo.
  2. No legitimaremos y nunca formaremos parte del plan de despojo, contaminación y destrucción que ustedes ya pactaron y negociaron sobre la vida de nuestros pueblos y de nuestros hermanos y compañeros del estado de Tlaxcala.
  3. No seremos cómplices del plan de Despoblación, Redistribución y Repoblamiento que pretenden realizar en los 71 municipios que involucra lo que ustedes denominan: “región a ordenar Subcuenca Alto Atoyac (Puebla y Tlaxcala)”.
  4. Nunca nos hemos sentado ni nos sentaremos con los criminales que han privado de la vida y libertad a nuestros compañeros y compañeras y que han lucrado y contaminado a nuestra madre tierra.
  5. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México; María Luisa Albores Gonzales, Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales Federal; Sergio Salomón Céspedes Peregrina, Gobernador de Puebla; Lorena Cuellar Cisneros, Gobernadora de Tlaxcala; Fernando Silva Triste, encargado de la Oficina de representación de la SEMARNAT en Puebla y sus antecesores, son los criminales que han asesinado la flora, fauna y vida de la cuenca alta del río Atoyac.
  6. Los Pueblos Unidos de la región Cholulteca y de los Volcanes vamos a seguir resistiendo, cuidando y defendiendo la vida en común de nuestros territorios con rebeldía, autonomía y libre determinación.

A T E N T A M E N T E

A Febrero de 2024

NO NOS VENDEMOS, NO NOS RENDIMOS Y NO CLAUDICAMOS

AGUA, TIERRA Y LIBERTAD

PUEBLOS UNIDOS DE LA REGIÓN CHOLULTECA Y DE LOS VOLCANES

COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y POR LA VIDA

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Avispa Midia

Comunidad nahua de Ostula denuncia ataques continuos del crimen organizado

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En portada: Miembros de la Guardia Comunal de Ostula durante la celebración por los 14 años de la recuperación de más de 1,500 hectáreas comunales. Foto: Regina López.

Habitantes de la comunidad nahua de Santa María Ostula, en la costa michoacana, denuncian que desde los primeros días de febrero se han perpetrado una serie de ataques contra la población indígena por parte del grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Mediante comunicado, relatan que el pasado lunes (5) por la tarde, un grupo de sicarios atacó la encargatura de la Cofradía de Ostula, sin que se registraran personas lesionadas debido a la respuesta de su Guardia Comunal.

Resaltaron que, durante la agresión, se reconoció el uso de armas de muy alto calibre como lo son rifles de calibre .50. Además, los pobladores detectaron vuelos de drones en la zona de la comunidad donde sucedió la agresión armada.

Cabe destacar que, apenas el 1 de febrero pasado, un comando armado del CJNG compuesto de al menos 50 personas se internó al territorio de la comunidad nahua y atacó el mismo poblado de la Cofadría.

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Durante aquella agresión, los sicarios hirieron a un comunero quien, debido a la pronta atención se reportó estable. Una vez más, debido a la actuación de la Guardia Comunal se consiguió repeler la agresión provocando que el grupo armado abandonara el territorio nahua.

Sicarios del CJNG quemaron una casa durante el ataque a la encargatura de la Cofradía perpetrado el 1 de febrero del 2024.

En aquel momento, las y los pobladores de Ostula señalaron que poseen información suficiente para determinar que los responsables del ataque son personas que traicionaron a la comunidad nahua y se integraron al CJNG. Entre ellas destaca Cemeí Verdía, quien, de acuerdo a los testimonios, es el responsable de dirigir diversos ataques contra la población indígena.

“Hemos llegado ya a un límite y nuestra comunidad va a hacer todo lo necesario para que la justicia llegue a las familias y a nuestra comunidad y para que se desarticule y acabe con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región”, sostuvieron los comuneros de Ostula.

Las y los habitantes de la comunidad nahua señalan que el contexto de violencia, lejos de mejorar, se ha recrudecido mediante la persistencia de los ataques por parte del grupo criminal. Sólo es mediante la presencia y trabajo de la Guardia Comunal que se ha podido mantener a raya al CJNG, mientras que, enfatizan, la Guardia Nacional, civil y la fiscalía del estado de Michoacán “solapan y protegen al CJNG”.

Señalan que, en los hechos, el gobierno de Michoacán y la Guardia Nacional no han hecho nada para garantizar la justicia en su territorio. “Todo lo contrario, el gobierno estatal no ha dejado de criminalizar a nuestra Guardia Comunal a pesar de que el Juez Sexto de Distrito con residencia en Uruapan ordenó a los poderes públicos en el estado no realizar ningún acto tendiente a su desconocimiento”, sostienen en referencia a la pretensión, por parte del Estado, de desarticular y desarmar a su cuerpo de protección comunitario.

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La criminalización de la Guardia Comunal de Ostula se ha mantenido a la par de las agresiones y asesinatos de sus miembros por parte del crimen organizado que mantiene el intento de invadir y controlar los territorios indígenas.

En enero del 2023, los comuneros Isaul Nemecio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Mauno Zambrano, fueron asesinados en un punto de vigilancia cercano a la cabecera municipal de Aquila por un comando de aproximadamente 20 sicarios del CJNG.Ante los recientes ataques, las y los habitantes de Ostula exigen la inediata desarticulación del CJNG, así como castigo a los crímenes cometidos en contra de los pobladores indígenas.

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Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)

Acción Urgente | Nuevo ataque armado en Santa María Ostula, Michoacán

Ciudad de México, 07 de febrero de 2024
Actualización de la Acción Urgente 003/2024

Al firmar esta Acción Urgente se enviará automáticamente un correo a autoridades gubernamentales para exigir que frene la violencia en la comunidad nahua de Ostula. Consulta el listado de autoridades a las que les llegará tu petición al final de esta entrada.

El lunes 5 de febrero, alrededor de las 7:30 pm un grupo armado atacó nuevamente a la encargatura de la Cofradía de Ostula poniendo en riesgo a la población en general, en respuesta, la Guardia Comunal protegió a la comunidad evitando que resultaran personas lesionadas.

Ante el riesgo inminente de nuevos ataques, el 7 de febrero, la comunidad anunció la suspensión de toda actividad pública, incluyendo clases, reuniones y festejos, situación por la que hacemos un llamado emergente a las autoridades para que atiendan las peticiones expresadas en esta Acción Urgente.

Ciudad de México, 03 de febrero de 2024
Acción Urgente 003/2024

El 1 de febrero de 2024 un grupo delincuencial compuesto por al menos 50 personas efectuó un ataque armado dirigido al pueblo nahua de Santa María Ostula, Michoacán, dejando algunos bienes materiales destruidos debido a un incendio provocado, así como a un integrante de la Guardia Comunal herido que fue atendido de manera inmediata por la comunidad y se mantiene estable.

La población de Santa María Ostula está en riesgo, pues a pesar de que existe una Guardia Comunal que vela por la seguridad de la población, los recientes ataques y asesinatos registrados en 2023 nos mantienen en alerta ante otra agresión irreversible y daños a la vida e integridad física, psicosocial, así como la paz de las y los habitantes.

Hemos registrado diversos ataques, crímenes y graves violaciones a los derechos humanos. La violencia que se vive en Michoacán es consecuencia de un contexto en donde existe la permisividad del Estado Mexicano ante la presencia e impunidad de algunos actores como los grupos del crimen organizado y de empresas que implementan  megaproyectos o que accionan para imponerlos.

Exigimos a las autoridades Federales y Estatales:

  • Se emitan las medidas de protección necesarias para garantizar la vida, la seguridad, e integridad de las personas integrantes de la Comunidad de Ostula.
  • Se respete y garantice en todo momento la labor que realiza la guardia comunal de Ostula
  • Se garantice el derecho a defender los derechos humanos de las personas defensoras de la tierra y la seguridad comunitaria
  • La inmediata investigación de los actores que perpetraron este y los anteriores ataques.
  • Que se genere una ruta de trabajo basada en una investigación diligente para garantizar el respeto a la organización comunal, la libre determinación, la seguridad comunitaria y el derecho a una vida libre de violencia.

Lic. Andrés Manuel López Obrador. Presidente de la República.

amlo@presidencia.gob.mx


Lic. Luisa María Alcalá Lujan. Secretaria de Gobernación. 

atencionciudadana@segob.gob.mx 

Mecanismo de Protección de Personas defensoras y periodistas
mecanismo@segob.gob.mx

Lic. María Rosario Piedra Ibarra. Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
presidencia.cndh@cndh.org.mx

Lic. Alfredo Ramírez Bedolla

Gobernador del Estado de Michoacán.

Lic. Carlos Torres Piña

Secretario General de Gobierno de Michoacán

segobcomsoc@michoacan.gob.mx

Lic. Adrián López Solís

Fiscal General del Estado de Michoacán

fiscalgeneral@fiscaliamichoacan.gob.mx

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)

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Comunidad de Santa María Ostula

Denuncia de la comunidad de Santa María Ostula por los continuos ataques del CJNG en su comunidad

Queremos informar que los ataques del grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en contra de nuestra comunidad continúan.

El día de ayer, alrededor de las 7.30 hrs de la tarde, un grupo de sicarios atacó la encargatura de la Cofradía de Ostula, afortunadamente y gracias a la respuesta de nuestra Guardia Comunal, no hubo personas de Ostula lesionadas.

Se reconoció el uso de armas de muy alto calibre, como lo son los rifles de calibre .50. Además, también se han detectado vuelos de algunos drones en esta misma zona de la comunidad.

Denunciamos estos hechos y tememos que continúen. De igual forma, agradecemos a nuestra Guardia Comunal el esfuerzo que están haciendo para mantener la integridad de la población y la seguridad al interior de la comunidad.

Comunidad de Santa María Ostula

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Asamblea Nacional por el Agua y la Vida | Congreso Nacional Indígena, CNI-CIG

Rumbo a la 4a Asamblea Nacional por el Agua y la Vida

Los días 23 y 24 de marzo del 2024

La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala

¡SÍ HAY AGUA!

LA TIENEN SECUESTRADA

Las empresas como Bonafont -Danone, Coca Cola, Nestlé, Pepsico, Volkswagen, Audi, Ternium, Grupo Modelo, Constellation Brands, La Providencia cobertores, Goldcorp, Grupo México y muchas otras más, acaparan el agua y la contaminan impunemente, ocasionando sequía y muerte en los pueblos y ciudades.

El gobierno de los tres niveles y sus instituciones como CONAGUA, SEMARNAT, SACMEX, CEA Querétaro, CEAS Puebla gestionan y administran el despojo y lucran con la contaminación, ellos deciden sobre la vida de todas y todos por saciar su ambición.

Y frente a la organización de los pueblos, el gobierno responde con represión, criminalización y asesinato.

Como pueblos nos seguiremos uniendo y organizando para detener el saqueo y liberar el agua que es nuestra.

Organízate y participar en la 4a. Asamblea Nacional por el Agua y la Vida. Próximamente más información.

Atentamente

¡No es sequía, es saqueo!

Asamblea Nacional por el Agua y la Vida.
Congreso Nacional Indígena, CNI-CIG

#asambleanacionalporelaguaylavida
#presxspolíticxslibertad
#libertadparasaúlyraymundo
#noessequíaessaqueo

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Avispa Midia

En Honduras, movilizaciones para exigir cancelación de minería y proyectos asociados

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: El Comité Municipal de Tocoa bloquea la autopista que da acceso a la concesión minera ASP para exigir al gobierno hondureño que no renueve la autorización para la extracción de hierro. Foto: Guapinol resiste

En Tocoa, norte de Honduras, habitantes de la región integrantes del Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes y Públicos (CMDBCPT) de dicho municipio, se movilizan para rechazar un proyecto energético asociado a una concesión minera que, desde el año 2013, extrae hierro del interior de un área protegida.

Fue el pasado 9 de diciembre del 2023, cuando las autoridades municipales convocaron a un Cabildo Abierto para consultar a la población sobre la instalación de un proyecto para generación de energía, el cual está vinculado a la minería en el Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras”.

Aspecto de la contaminación por la operación de la mina en el parque nacional Carlos Escaleras. Noviembre 2016. Foto:Aldo Santiago

Mediante Asamblea Popular, y con representación de autoridades locales, miles de personas se pronunciaron por un rotundo “NO” al proyecto de energía termoeléctrica perteneciente a la empresa Ecoteck/Emco. Con esta decisión, la población de Tocoa ratificó la declaración, del 29 de noviembre del 2019, como municipio libre de minería.

Miles de pobladores de Tocoa decidieron un “NO” a la minería y proyectos asociados.

El referido proyecto energético pretende operar una planta termoeléctrica alimentada con coque de petróleo, material que contiene alto contenido de azufre y metales pesados, lo que ha consternado a la población ante el posible incremento de contaminación que, sumado a la extracción minera, coloca en riesgo las cuencas de los ríos Guapinol y San Pedro.

La termoeléctrica de Ecoteck es uno de los siete componentes asociados al megaproyecto minero para la extracción de óxido de hierro, promovidos por el consorcio Emco Holdings, propiedad de Ana Facussé y Lenir Perez. El objetivo de la central es suministrar energía para la operación de una planta de peletización de hierro del mismo consorcio.

Autoridades promocionan minería

Las comunidades de Guapinol y San Pedro, ubicadas en el departamento de Colón, integran el CMDBCPT, desde donde han denunciado ilegalidades, violaciones a derechos humanos y contaminación ambiental relacionada al megaproyecto minero de Ecoteck/Emco.

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Tras la Asamblea Popular realizada en diciembre pasado, el CMDBCPT presentó, ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras, el acta notarial que constata el rechazo al proyecto de coque para la extracción minera.

No obstante, el pasado 22 de enero, la alcaldía de Tocoa, encabezada por Adán Fúnez emitió una nueva convocatoria para la “socialización y aprobación” del proyecto energético.

Una semana después, el 29 de enero, ocho organizaciones jurídicas y de derechos humanos, tanto hondureñas como internacionales que han dado seguimiento al conflicto socioambiental, presentaron un Amicus Curiae ante el juzgado de letras seccional de Tocoa.

Mediante el recurso, instaron a las autoridades judiciales a fallar a favor de la concesión de un amparo colectivo interpuesto por la comunidad de Tocoa para defender la decisión de las comunidades a un medio ambiente sano, al acceso a la información, y a la participación política.

“Los hechos revelan que las decisiones clave relacionadas con el proyecto Termoeléctrico de ECOTEK se han tomado sin una consulta efectiva y representativa con las comunidades afectadas. A pesar de la clara oposición expresada por los habitantes de Tocoa, Colón, en múltiples asambleas y cabildos abiertos, donde se manifestó un rechazo unánime a los proyectos de ECOTEK y las operaciones mineras asociadas, estas expresiones de voluntad popular han sido aparentemente ignoradas”, puntualiza el Amicus Curiae.

Un día después, el juzgado otorgó resolución favorable al recurso legal, lo que obligó al alcalde de Tocoa a suspender el Cabildo Abierto programado para el último día de enero.

Inversiones

En enero de 2014 se otorgó la concesión minera ASP, que abarca un área de 100 hectáreas dentro del Parque Nacional “Carlos Escaleras”, a la empresa Emco Mining, actualmente denominada Inversiones Los Pinares.

Casi una década después, en octubre del 2023, las comunidades de Colón se informaron sobre la pretensión de la empresa minera para renovar el contrato de concesión, que expiró el pasado 28 de enero del 2024, por hasta 30 años más.

Ante ello, el CMDBCPT se ha movilizado para exigir al gobierno nacional, encabezado por Xiomara Castro, para que rechaze la solicitud de renovación al contrato minero firmado entre Lenir Pérez de Inversiones Los Pinares y el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN).

Acorde a las Brigadas Internacionales por la Paz (PBI, por sus siglas en inglés), diferentes medios hondureños e internacionales han demostrado que la empresa siderúrgica Nucor, con sede en los Estados Unidos, estaba asociada con Inversiones Los Pinares.

Según lo publicado, la relación comercial entre Nucor y Pérez comenzó en marzo de 2015 y la empresa norteamericana abandonó el proyecto en octubre del año 2019, debido a la movilización social en contra de la actividad extractiva.

“Esto sugeriría que Nucor estuvo involucrado en la concesión minera el 27 de octubre de 2018, cuando más de 1,500 oficiales de policía y personal militar comenzaron la expulsión forzosa de un campo de protesta opuesto a la mina de Los Pinares”, relata la organización de derechos humanos.

Camapmento de resistencia en la defensa del río Guapinol.

Entre otras agresiones se encuentra el arresto y detención de 13 defensores del territorio. Siete de ellos fueron acusados de cargos relacionados con sus acciones para defender los ríos Guapinol y San Pedro.

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“Los inversores recientes en Nucor incluyen la Caisse de depot et placement du Quebec (73 millones de dólares), el Royal Bank of Canada (61 millones de dólares), el Bank Of Montreal (40 millones de dólares) y la Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá (36 millones de dólares)”, contextualiza PBI.

Afectaciones

Según testimonios de los pobladores, la extracción minera durante una década ha tenido un efecto devastador para el Parque “Carlos Escaleras” y las comunidades circundantes. Además, señalan que han sido vícitimas de la corrupción estatal y la violencia ejercida por la minera.

A través del sitio web Guapinol resiste, el pasado 31 de enero exigieron que el Ministerio Público proteja el medio ambiente y emita requerimientos fiscales contra los representantes de la empresa por delitos ambientales, así como contra “funcionarios públicos locales y nacionales  que conforman la red de corrupción para beneficiar a Pinares/Ecotek”.

Así mismo demandaron el respeto a la vida de los defensores del territorio y campesinos en la región de valle del Bajo Aguán. Un día antes se reportó el secuestro del campesino José Abel López, integrante de la cooperativa Remolino, organización que suma su labor a distintas agrupaciones de la Plataforma Agraria del Aguán para reivindicar la recuperación de tierras despojadas por empresarios de la palma aceitera.

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También denunciaron la intensificación de campañas de odio contra la defensora de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), Esly Banegas, así como contra integrantes del CMDBCPT.

De izquierda a derecha: Esly Banegas (COPA), Yoni Rivas y Wendy Castro (Plataforma Agraria). Foto: Aldo Santiago

“Responsabilizamos al gobierno de Xiomara Castro por cualquier daño a la integridad física de las defensoras y defensores en lucha por la defensa de los bienes comunes en este valle del Aguán”, aseveran en comunicado.

Semanas antes, más de 100 organizaciones de Honduras y de todo el mundo se sumaron a la exigencia al gobierno de Castro para que respete la decisión del pueblo de Tocoa que rechaza la actividad minera en sus territorios.

Además, demandaron una investigación independiente para enjuiciar y sancionar a los responsables materiales e intelecutales de los asesinatos de Jairo Bonilla, Aly Domínguez y Oqueli Domínguez, acontecidos durante el año pasado. “La reparación de los daños, tanto a las personas víctimas de la persecución de la empresa Emco y el Estado de Honduras, como también a la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras”, reclaman.

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ASAMBLEA COMUNITARIA DE PUENTE MADERA | Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT

Comunicado de Puente Madera en exigencia de revisión de la sentencia e indulto a David Hernández Salazar

¿De qué se le culpa a David Hernández Salazar?

El día 12 de febrero de 2022, personas autonombradas propietarias de parcelas en tierras de uso común de San Blas Atempa en compañía de la Policía Municipal de San Blas Atempa, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, ingresaron a EL PITAYAL a medir ilegalmente las tierras con el fin de obtener constancias de posesión y acelerar el proceso de apropiación por parte del Corredor Interoceánico.

Los hechos, ocurriendo de la siguiente manera, todas estás personas estacionaron sus vehículos sobre la carretera panamericana en la entrada de la comunidad de Puente Madera, ingresando al monte EL PITAYAL, se encontraban a más de 200 metros, lo que técnicamente hace imposible tener visibilidad sobre la carretera panamericana, debido a la densa vegetación de árboles y arbustos.

El compañero David Hernández Salazar se encontraba con otras personas en camino a denunciar hechos de hostigamiento de días anteriores ( https://tierrayterritorio.wordpress.com/2022/02/10/deforestacion-e-invasion-de-tierras-de-uso-comun-como-parte-de-la-imposicion-del-parque-industrial-en-el-pitayal/ ) a la Radio Comunitaria Didxazaa Stipa de San Blas Atempa, cuándo le fue notificado que había movilización en Puente Madera y se requería su presencia como Agente Comunitario, inmediatamente se trasladó. Al llegar, vio la columna de humo proveniente de los vehículos estacionados y se reunió con los habitantes de Puente Madera para conocer la situación arriba descrita.

Las personas al interior de EL PITAYAL, huyeron por veredas internas sin regresar al lugar a explicar la razón de su presencia y comprobar que el trabajo que estaban realizando era legal.

Posteriormente, se dieron a conocer los hechos, que publicamos en un comunicado: https://tierrayterritorio.wordpress.com/2022/02/12/asamblea-comunitaria-en-resistencia-de-puente-madera-en-alerta-maxima/

 

¿Cuáles son las inconsistencias del juicio?

Se acusa a David Hernández Salazar de haber iniciado el fuego en los vehículos estacionados, cuando él no se encontraba ni cerca del área donde esto sucedió.

Los testigos sostienen una misma versión en sus declaraciones iniciales de haber visto a David iniciando el fuego, cuando ellos se encontraban al interior de EL PITAYAL, lo que es humanamente imposible, porque de la ubicación donde se encontraban no permite ver el lugar donde estaban estacionados los vehículos.

En esta Causa Penal 446/2022 en la que existen las otras 17 órdenes de aprehensión, por los mismos delitos, son acusaciones absolutamente falsas, ya que todas las personas en esta lista, no se encontraban en lugar de los hechos durante lo ocurrido y otras más son personas mayores que por cuestiones de salud y trabajo difícilmente salen de sus hogares.

Después de 14 días de juicio y presentación de pruebas, tanto de testigos como peritos, se volvió a demostrar que estos procedimientos legales son una cortina de humo para amparar la corrupción e intereses económicos y políticos de diversos actores con incidencia dentro de las instituciones de Estado.

A lo largo de estas dos semanas en las cuales se llevó a cabo el Juicio del agente municipal de Puente Madera, David Hernández Salazar, se demostró en las audiencias las inconsistencias y falta de fundamentos de los demandantes en contra de David y la existencia de la Causa Penal 446/2022.

Las inconsistentes sobre el juicio se basan en las contradicciones de los testigos con sus declaraciones iniciales en las que dicen haber visto a David iniciando el fuego de los vehículos estacionados sobre la carretera como responsable, mentiras que llevaron al Registro Agrario Nacional a desistir como demandante.

En suma, los 14 días de juicio demostraron de la parte demandante que la denuncia en contra de David, está fundamentada en mentiras, contradicciones e interés económicos y político de exfuncionarios y actuales representantes del Municipio de San Blas Atempa, vinculados al cartel del despojo y grupos del crimen organizado.

Cabe aclarar que esta Causa Penal y Carpeta de Investigación fue aperturada durante el sexenio priísta de Alejandro Murat y se ejecutó un año después, con la detención ilegal y violenta de David Hernández Salazar en su centro de trabajo, este hecho es parte de una larga lista de incidentes a la integridad de los habitantes de Puente Madera e integrantes de la APIIDTT ( https://tierrayterritorio.wordpress.com/2023/08/16/derecho-de-replica-2-0-no-solo-es-un-juicio-agrario-es-imposicion-y-despojo/  ).

Por todo lo anterior:

Exigimos la revisión de la sentencia y el indulto a David Hernández Salazar, defender la tierra y el territorio no es un delito.

Exigimos el desistimiento y cancelación de la Causa Penal 446/2022, en la que se acusa injustificadamente a 17 habitantes de Puente Madera.

Exigimos el cese a la judicialización y criminalización por parte de la Marina, el Ejército y los 3 Niveles de Gobierno.

Exigimos el cese a la represión contra Defensores del Territorio, Derechos Humanos y Periodistas.

CON LA SANGRE DE LOS PUEBLOS, NO HAY TRANSFORMACIÓN, NI PRIMAVERA

Desde la barricada en El Pitayal

 

ASAMBLEA COMUNITARIA DE PUENTE MADERA

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT

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COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA

Comunicado por el ataque de un comando del CJNG a la comunidad Nahua de Santa María Ostula

A los pueblos de México y del mundo,
A los medios de información nacionales e internacionales,
A los organismos defensores de Derechos Humanos,
A los diferentes niveles de gobierno de México,
A la sociedad civil nacional e internacional,

El pasado 1 de febrero de 2024, alrededor de las 17.30 horas, un comando armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), compuesto por al menos 50 personas, se internó en territorio comunal. Atacó una casa de la encargatura de la Cofradía y al ver que no había nadie, este grupo criminal quemó la casa.

En su incursión, los delincuentes hirieron a un comunero, que gracias a su pronta atención se reporta estable. Algunos elementos de nuestra Guardia Comunal, cumpliendo con su deber de proteger a la comunidad, repelieron al comando armado y lograron que abandonara nuestro territorio.

Ha sido gracias a los esfuerzos diarios de nuestra Guardias Comunal que estos objetivos criminales no se han cumplido y seguiremos en la primera línea garantizando la seguridad y tranquilidad de nuestra población.

Tenemos información suficiente para determinar que detrás de este ataque están las personas que traicionaron a la comunidad y se fueron a las filas del CJNG, entre ellas Cemeí Verdía, quien en repetidas ocasiones ha dirigido intentos de ataque a Ostula.

Hemos llegado ya a un límite y nuestra comunidad va a hacer todo lo necesario para que la justicia llegue a las familias y a nuestra comunidad y para que se desarticule y acabe con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región.

Es importante señalar que no sólo el contexto no ha mejorado, sino que recientemente se han recrudecido los ataques armados a manos de este grupo criminal en contra de nuestra Guardia, sin embargo se ha sabido mantener a raya a estos delincuentes.

¿Qué han hecho el gobierno de Michoacán y la Guardia Nacional para garantizar la justicia y que estos hechos criminales no se repitan? Absolutamente nada. Todo lo contrario, el gobierno estatal no ha dejado de criminalizar a nuestra Guardia Comunal a pesar de que el Juez Sexto de Distrito con residencia en Uruapan ordenó a los poderes públicos en el estado no realizar ningún acto tendiente a su desconocimiento.

Mientras tanto la Guardia Nacional, la Guardia Civil y la Fiscalía del estado solapan y protegen al CJNG.

Exigimos la inmediata desarticulación del CJNG y castigo por sus crímenes cometidos contra Ostula y las comunidades de la región!!

SANTA MARÍA OSTULA, A 2 DE FEBRERO DE 2024

ATENTAMENTE
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA

radio
Avispa Midia

Migrante haitiana muere en estación migratoria; organizaciones acusan condiciones inhumanas

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Migrantes haitianos, procedentes de Sudamérica, esperan los transportes que el INM prometió para llevarlos fuera de la ciudad de Tapachula, donde permanecen sin acceso a servicios básicos y en condiciones insalubres. Diciembre, 2011. Foto: Santiago Navarro F.

La tarde de este miércoles (31), organizaciones de derechos humanos e integrantes del Colectivo de Monitoreo Frontera Sur denunciaron la muerte de Jean “N”, persona de nacionalidad haitiana quien falleció el pasado 27 de enero en la estación migratoria Siglo XXI, localizada en Tapachula, al sur de Chiapas.

Según la denuncia, la reciente muerte se suma a una larga lista de personas migrantes que han muerto al interior de las estaciones migratorias mexicanas. “La muerte de Jean ‘N’ no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de muertes de personas extranjeras bajo custodia del Estado Mexicano”, enfatiza el colectivo mediante comunicado.

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Las organizaciones que trabajan en el monitoreo de la movilidad de personas en la frontera sur de México señalan que han documentado que, tras la privación de su libertad, las personas migrantes son sometidas “a condiciones de hacinamiento, insalubridad, falta de servicios médicos, alimentación precarizada, malos tratos físicos y psicológicos, abusos sexuales, lo que en su conjunto constituyen entornos torturantes para las personas”.

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Avispa Midia

Milei pretende entregar semillas de Argentina a las gigantes de la Biotecnología

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

Foto de La Tinta

Productores de alimentos, educadores, organizaciones campesinas e indígenas, semilleras, huerteros, comercializadoras, distribuidoras agroecológicas y organizaciones de economía social y popular de Argentina sostienen la campaña nombrada #semillazos, un conjunto de acciones contra la privatización de la semilla nativa y criolla en el país.

El presidente de ultraderecha, Javier Milei, ha enviado al Congreso legislativo el proyecto de Ley Ómnibus, con 600 artículos, que, entre otras medidas, promueve la “flexibilización de las protecciones ambientales de los bienes comunes del país”, explica Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, una de las organizaciones que hacen parte de las movilizaciones contra la ley.

Uno de los “ataques a las leyes ambientales del país”, señala Baldiviezo, está la propuesta de que Argentina sea asignataria del Acta de 1991 del Convenio Internacional de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), una organización intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza, cuya creación partió de la iniciativa de empresas europeas de Fito-mejoramiento, para definir los principios básicos de “protección” de nuevas variedades vegetales, creadas a través de modificación de la estructura genética de los vegetales.

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