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Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Red contra la Represión y por la Solidaridad
A las Organizaciones de Derechos Humanos
A los medios de comunicación

¿Quiénes ponemos a los muertos?

9 de mayo de 2022.

La mañana del 6 de mayo aproximadamente a las 9 de la mañana, dos de nuestros hermanos, de las comunidades que integran al CIPOG-EZ, fueron desaparecidos. Marcos Campos Ahuejote de la comunidad de Xicotlán y Lorenza Chantzin Paxacuasingo de Acahuehuetlán fueron detenidos y desaparecidos. Nos quieren hacer creer “que su camioneta se salió de la carretera y murieron por un accidente automovilístico”, concluyó el gobierno. Fueron encontrados muertos con señales de tortura, la mañana del 7 de mayo en un lugar en el que los familiares y miembros de la organización ya habíamos buscado, sobre la carretera en un tramo con topes, por la mañana y sin que nadie lo notara, así de absurda la forma en la que el gobierno calla la verdad y protege a quienes nos han perseguido por años, asesinando, secuestrando y torturando a quienes pertenecemos a las 26 comunidades de la Montaña Baja de Guerrero y que formamos parte del CIPOG-EZ. La violencia sistemática, guerra de exterminio, el mal gobierno la transforma en accidentes automovilísticos.

Hoy como una escena cotidiana, recibimos los cuerpos de nuestros hermanos Marcos Campos Ahuejote y Lorenza Chantzin Pochacuacingo. Hoy las familias y nuestras comunidades lloran y honran a sus muertos.

Hoy mismo los malos gobiernos hacen como si no pasara nada, para ellos, para ellas, no representamos nada, sólo se incrementan las cifras de muertos, pero mientras no superen el número de muertos de la administración pasada, todo está bien, podrán presumir que en esta administración hubo menos muertos que en la pasada, el número de votantes permanece.

Hoy le decimos a los malos gobiernos que sabemos que ellos son los delincuentes, por acto o por omisión, pues saben que quienes nos matan “Los Ardillos”, están dentro de sus propias instituciones, son parte de la fiscalía, de las policías municipales y del gobierno de Guerrero. Ese grupo narco-paramilitar opera con total impunidad, instala retenes y asesina a nuestros hermanos y hermanas y eso lo sabe la gobernadora Evelyn Salgado, pero no solamente, pues el gobierno federal también guarda silencio frente a la muerte que recorre a nuestro estado y al país.

Hacemos responsable al mal gobierno Federal, al de Evelyn Salgado y a los gobiernos municipales por lo que nos pueda suceder a los coordinadores y promotores del CIPOG-EZ Jesús Plácido, Nicéforo Nava, Delfino Sánchez, Sixto Mendoza, Benjamín Sánchez, Prisco Rodríguez, Adán Linares, Guillermo Morales Hilario, así como a los niños y niñas, mujeres, hombres, abuelos y abuelas de nuestras 26 comunidades, pues se sabe de sobra que “Los Ardillos» se mueven y controlan los tramos que van de Tlapa a Chilapa, de Chilapa a Chilpancingo, de Chilapa a José Joaquín de Herrera. Los nombres de quienes han generado la violencia en la región son de sobra conocidos, “Los Ardillos”, Celso Ortega y la gente que integra al grupo narco-paramilitar, particularmente Audencio Lucas Rosario.

Llamamos a la ONU, a las Organizaciones de Derechos Humanos, a que denuncien los crímenes que el Estado Mexicano permite que ocurran a los habitantes de nuestras comunidades. Llamamos también a las organizaciones solidarias, a nuestros hermanos y hermanas de la Sexta, a seguir al pendiente de nuestra situación, tal como lo han venido haciendo.

No aceptaremos nunca que la tortura, la desaparición, los asesinatos, sean nuestro destino, por más que los malos gobiernos normalicen y oculten esos crímenes. Seguiremos en lucha por la vida de nuestras comunidades.

ATENTAMENTE:

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA

Fuente: Congreso Nacional Indígena

¡DENUNCIA URGENTE! “LOS ARDILLOS” DESAPARECEN A 2 HERMANOS DEL CIPOG-EZ

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Red contra la Represión y por la Solidaridad
A las Organizaciones de Derechos Humanos
A los medios de comunicación

7 de mayo de 2022.

La mañana del 6 de mayo aproximadamente a las 9 de la mañana, dos de nuestros hermanos, de las comunidades que integran al CIPOG-EZ, fueron desaparecidos. Marcos Campos Ahuejote de la comunidad de Xicotlán y Lorena Chantzin Paxacuasingo de Acahuehuetlán fueron detenidos y desaparecidos cuando se dirigían a Chilapa, en el crucero de la Carretera a la altura de Atzacualoya, municipio de Chilapa de Álvarez, lugar en el que el grupo narco-paramilitar “Los Ardillos” instala retenes. Sabemos que fueron “Los Ardillos”, Celso Ortega y la gente que integra al grupo narcoparamilitar, particularmente Audencio Lucas Rosario, quien está operando en la zona de Chilapa asesinando y secuestrando.

Sin embargo, éste grupo narco-paramilitar, opera en la región con el conocimiento y complicidad de las autoridades municipales, estatales y federales, a quienes responsabilizamos por la desaparición de nuestra hermana Lorena Chantzin y de nuestro hermano Marcos Campos.

Denunciamos que la fiscalía y la gobernadora Evelyn Salgado no han hecho nada por detener los asesinatos, desapariciones, torturas y demás acciones de “Los Ardillos” ni mucho menos por buscar a nuestros desaparecidos, como a Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez, desaparecidos el 25 de enero de 2022 por la policía municipal de Atlixtac. Exigimos la aparición con vida de Lorena y Marcos Campos. Es insostenible lo que estamos viviendo y responsabilizamos a los tres niveles de gobierno por lo que pueda pasar.

Les pedimos hermanos y hermanas de México y del mundo, estar atentas a lo que pueda suceder.

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA

Por Rodolfo Flores | Border Hub | Chiapas Paralelo

En San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 

En Chiapas el 8.1% de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) se encuentra en riesgo de ser reclutada por el crimen organizado, informó en noviembre de 2021 la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias (REDIAS); este diagnóstico pasó de las cifras a la realidad en San Cristóbal de Las Casas, el “pueblo mágico”, la principal ciudad turística del estado; donde ahora grupos de jóvenes se pasean en pandillas motorizadas, vendiendo droga, robando vehículos, atacando y retando a la autoridad. ¿Qué les hizo vulnerables, la pobreza, el racismo, la desesperanza, la impunidad, la narcocultura o avance del crimen organizado? ¿O la suma de todas estas razones?

Ilustración: Carlos Mendoza

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Martin y su hermano eran buenos estudiantes, eran del cuadro del honor, bien chambeadores, ayudaban a su papá en la carpintería; pero se metieron a las drogas y las pandillas. Al rato, Martín andaba con un arma en la cintura y un kilo de mariguana. Se ahorcó cuando tenía 17, ya era líder de una pandilla, no sé si buscó la salida o simplemente no la encontró. A su hermano Agustín lo detuvo la policía y lo mataron a golpes, tenía como 18 años. Sus padres son de Chanal -municipio ubicado en Los Altos de Chiapas-, migraron a San Cristóbal de Las Casas, estudiaban en la José María Morelos y Pavón, la escuela más “cabrona” de la zona norte de esa ciudad.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
a 08 de septiembre de 2021

Acción urgente No. 9
Grupos armados agreden a población en la zona Norte de San Cristóbal de Las Casas

• Entre el caos y la ineficacia de autoridades municipales para atender la violencia expandida en la zona Norte de San Cristóbal, en el perímetro de la comunidad Molino los Arcos.
• Dos personas asesinadas, agresiones, casas quemadas, familias cercadas por los grupos armados.

Este Centro de Derechos Humanos ha recibido información relacionado a una serie de enfrentamientos entre grupos armados en la zona Norte de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas (en adelante San Cristóbal), en el perímetro territorial de la comunidad conocida como Molinos los Arcos, situación en la que nos reportan dos personas asesinadas, quema de casas, familias cercadas, angustia y terror en la población, hechos perpetradas por grupos armados, donde están poniendo en un alto riesgo la vida e integridad, seguridad personal y desplazamiento forzado de pobladores de zona Norte de la Ciudad de San Cristóbal.

Estos hechos de violencia se han prolongado en un lapso de meses donde de manera cotidiana nos reportan disparos de armas de alto calibre y enfrentamiento entre grupos que se encuentran armados, bajo la permisividad de las autoridades municipales y estatales del gobierno de Chiapas.

Según documentación con la que cuenta el Frayba nos refieren que a las 23.30 hrs. Ninguna autoridad ha intervenido en la zona de conflicto, al contrario, hay amenazas de que estos grupos entren a las casas y agredan y desplacen a la población civil.

Por tal razón urgimos al gobierno mexicano la intervención inmediata para:

Primero.- Implementar de manera urgente medidas cautelares y precautorias para garantizar el derecho a la vida e integridad personal y daños de imposible reparación de los pobladores de la zona Norte de San Cristóbal de Las Casas.

Segundo.- Investigar y sancionar a los grupos armados que desde hace meses mantiene en terror a la población de San Cristóbal.

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Las 22 comunidades indígenas del municipio de Chilapa, Guerrero, que nos organizamos en el Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) estamos de luto, pues durante el pasado mes de mayo hemos tenido que devolver a la tierra a cuatro de nuestros hermanos asesinados. Con amargura, dolor y con todos los honores que un pueblo puede brindar a sus hijos más ejemplares, nos despedimos de José́ Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, ambos emboscados el 4 de mayo cuando regresaban a sus casas después de participar en una reunión en la capital del estado; días después, el 23 y 24 de mayo, Bartolo Hilario Morales e Isaías Anteco Ahuejote, fueron secuestrados y ejecutados cuando regresaban de comprar víveres para sus comunidades. Sus cuerpos fueron descuartizados y embolsados para provocar terror nuestras comunidades.

También deben saber que nuestros hermanos que ahora hacen falta en sus familias y en nuestras comunidades, eran miembros del Congreso Nacional Indígena (CNI) que el año pasado impulsó la candidatura independiente de María de Jesús Patricio Martínez, a la que con cariño llamamos Marichuy. El asesinato de nuestros compañeros se suma al de Samir Flores en Morelos, al de Gustavo Cruz Mendoza en Oaxaca y muchos otros que defienden la naturaleza, los bosques, los ríos y las montañas de la depredación de las empresas mineras.

La zona donde vivimos es rica en recursos naturales y minerales, sabemos que incluso se han realizado estudios para detectar la existencia de petróleo, mina, talas de árboles en nuestras montañas. Las grandes empresas, nacionales y transnacionales que saquean los recursos naturales que son de todos los mexicanos, han convertido a todo el estado de Guerrero en una zona de conflicto de guerra. Los pueblos indígenas que somos los guardianes milenarios de estas tierras vírgenes, somos un estorbo para su codicia. Resistimos como pueblos porque no hemos permitido que nuestras tierras sean lotificadas, individualizadas y arrancadas una por una.

Nos encontramos ante el acecho permanente de los grupos criminales que son el brazo armado de los dueños del dinero. Estos grupos siguen siendo protegidos, financiados y dirigidos principalmente por los gobiernos municipal, estatal y federal… muy pocas cosas han cambiado desde la noche de Iguala, los mismos grupos económicos, políticos y criminales que nos arrebataron a nuestros jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, siguen cobrando la vida de gente buena del campo.

Los grupos criminales se han apoderado de los caminos que utilizábamos para bajar a la ciudad a comprar víveres y estamos amenazados de muerte si pasamos por ahí. No hemos podido sembrar nuestras tierras y todas las escuelas están cerradas. Tienen que saber que necesitamos de su solidaridad y de la fuerza de todos ustedes, campesinos, trabajadores, obreros, amas de casa, estudiantes, sindicalistas de todo el país, para detener esta guerra, para romper el cerco paramilitar que rodea a nuestras comunidades. Llamamos a los organismos nacional e internacionales su solidaridad con nuestras comunidades y pueblos de esta región de la Montaña Baja de Guerrero. También hacemos de su conocimiento que las autoridades federales encabezada por Andrés Manuel López Obrador omiten nuestra exigencia de justicia. Únicamente los hermanos del Congreso Nacional Indígena CNI y las redes de organizaciones sociales culturales, hemos encontrados su solidaridad hasta ahora en la lucha por la paz, justicia y por la vida.

Pedimos de manera urgente nos brinden la mano, como hermanos que somos, llamamos a otros hermanos y hermanas para frenar la guerra en contra de nuestros pueblos. Les pedimos realizar todo tipo de actividades políticas para exigir por la paz y por la justicia, así́ mismo por la defensa de nuestra tierra y territorio. Les pedimos instalar centros de acopio de víveres para nuestras comunidades que a pesar del hambre y el frio resistimos y resistiremos como lo venimos haciendo desde hace 500 años. Por el bien de nuestros pueblos luchamos por la paz y la dignidad, que sin hacer daño a nadie vivimos en armonía con la naturaleza y así viviremos.

Atentamente
Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ)

Imagen de portada: Cuartoscuro

• El Estado mexicano omiso frente a la acción de grupos civiles armados de corte paramilitar.

Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra preocupación por el incremento de la violencia en Los Altos, en Chiapas, México, situación que arriesga la vida de integrantes de comunidades de pueblos originarios. La población viven con temor ante el accionar de grupos civiles armados de corte paramilitar, perpetradores de desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos en la región.

En este contexto, el día 6 de mayo, el cuerpo de Ignacio Pérez Girón, síndico municipal de Aldama, fue encontrado sin vida a un costado de la carretera libre San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, a la altura de la comunidad Yalebtay, en el municipio de Zincantán. Su familia lo reportó como desaparecido desde el pasado 4 de mayo del presente año.

Desde febrero de 2018, la población del municipio de Aldama vive una situación de crisis humanitaria. Las comunidades de Tabak, Koko’, San Pedro Cotsilnam, Stselej Potop, Xchuchte y Puente son víctimas de ataques con armas de fuego por parte de grupos civiles armados de corte paramilitar, procedentes del ejido Manuel Utrilla del municipio de Chenalhó, responsables del desplazamiento forzado masivo de 2036 personas.

Entre las agresiones se encuentran también las amenazas a los representantes comunitarios que han denunciado la omisión por parte de las autoridades del gobierno mexicano; y un ataque al anterior presidente municipal de Aldama, Marcelino Patishtán de la Cruz, en el tramo carretero Tzajaltetik´, en el municipio de San Juan Chamula, el 28 de marzo de 2018: «Lo persiguieron, quisieron sacarlo de la carretera, pero al ver que no pudieron actuaron con disparos de arma de fuego(1)».

En este escenario enrarecido de la desaparición y asesinato de Ignacio Pérez Girón el Estado mexicano no ha implementado las medidas suficientes y adecuadas para cesar la violencia desbordada en Los Altos de Chiapas. La impunidad persiste y la omisión protege a los agresores. Las medidas como la instalación de Bases de Operaciones Mixtas en Chalchihuitán y Aldama, consideradas por el gobierno como única solución, son inoperantes y contradictoriamente se desmantelaron de manera unilateral.

Existe un gran riesgo hacia la vida e integridad de las persona, porque las violaciones a derechos humanos son constantes, especialmente a mujeres, niñas y niños cuya vida cotidiana se impacta en un entorno de terror.

Por lo anterior, hacemos un llamado al Estado mexicano para:

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Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A los pueblos de Guerrero
A los pueblos de México
A la sexta nacional e internacional
A las redes de resistencia y rebeldía
A las redes de apoyo al CIG

Territorio Comunitario, Guerrero, 7 de Mayo de 2019

El CIPOG-EZ es la casa de los pueblos Na Savi, Me´pháá, Nahua, Ñamnkué y Afromexicanos del estado de Guerrero. Reconocemos nuestra historia reciente desde 1992 cuando comenzamos a luchar por nuestro derecho a la autonomía y libre determinación, constituimos el Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia que creció con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y se articuló con el Congreso Nacional Indígena. Así llegamos hasta el 2001, luchando para que los Derechos y la Cultura indígena fueran reconocidos en la constitución, pero ningún partido, ningún político profesional quiso frenar la guerra de exterminio que aún continua.

En la Costa Montaña de Guerrero nuestras comunidades llevaron a la práctica nuevas formas de gobierno comunitario, constituyendo sus propias instituciones. Nació la Policía Comunitaria en 1995 y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en 1998. Así se demostró que entre las montañas, entre la miseria y la represión en la que nos han tenido sumidos, los pueblos somos capaces de recuperar la paz y la tranquilidad. Estos modos de organización y de gobierno tampoco fueron inventados, vienen de cinco siglos de resistencia indígena y de nuestras experiencias como pueblos.

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El Congreso Nacional Indígena (CNI) y su Concejo Indígena de Gobierno (CIG) denunciaron ayer la desaparición forzada del Concejal Nahua del CIG José lucio Bartolo Faustino y del delegado del CNI Modesto Verales Sebastián en el estado de Guerrero. Ambos viajaron a la ciudad de Chilpancingo para asistir a una reunión con otros miembros de la organización CIPOG-EZ, a la cual pertenecen. A su regreso a su comunidad fueron emboscados y desaparecidos. El CNI reporta que el vehículo en el que viajaban fue encontrado con disparos de arma de fuego y que se están organizando brigadas de búsqueda. Reportan también que, en tiempos recientes, las comunidades que los eligieron como concejal del CIG-CNI y como delegado del CNI han estado bajo el asedio de organizaciones criminales toleradas por los tres niveles de gobierno.