Por Sare Frabes | Avispa Midia

Integrantes de la comunidad autónoma Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo Azqueltán, al norte de Jalisco, se movilizaron este miércoles (10) por las calles de la Ciudad de México (CDMX) para exigir justicia por el ataque armado en el que fue asesinado Marcos Aguilar Rojas y lesionado Gabriel Aguilar Rojas. El primero, fungía como autoridad de la comunidad originaria. Ambos fueron atacados por un grupo armado, el pasado 26 de noviembre, en el predio comunal “El Caracol” mientras intentaban retirar ganado que había invadido su territorio.

Para la comunidad de Azqueltán el ataque de noviembre no es un hecho aislado, sino el más reciente episodio de violencia en una larga estrategia de despojo del territorio Tepehuano y Wixárika, cuyos pobladores enfrentan desde hace décadas y que incluyen invasiones, agresiones paramilitares, amenazas e impunidad. 

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Este miércoles (10), infancias, adultos mayores y jóvenes de organizaciones solidarias como la comunidad Otomí residente en la CDMX, así como del Congreso Nacional Indígena, acompañaron a una comisión de la comunidad autónoma de Azqueltán para protestar en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la capital del país. En el lugar gritaron consignas para demandar justicia ante el asesinato de su autoridad, Marcos Aguilar Rojas, pues a más de dos semanas de ocurrido aún no se detienen a los responsables materiales ni intelectuales. 

Acompañados del humo de copal y el sonido del caracol, la manifestación exigió a las autoridades federales el detener las agresiones e intentos de despojo de sus tierras por parte de grupos armados que no pertenecen a la comunidad. También señalaron las omisiones por parte del gobierno del estado de Jalisco, presidido por Pablo Lemus.

Tras su arribo a Segob, los pobladores de Azqueltán demandaron la atención de autoridades de alto nivel para dar seguimiento a sus demandas, entre las que solicitan atención inmediata para garantizar protección a la comunidad, así como la realización de investigaciones judiciales por las agresiones armadas.

“Ya estamos cansados. Ya estamos enfadados de tantas súplicas a los gobiernos y no escucharnos. Nos están viendo como nada, como si no fuéramos nadie que estuviera luchando por la Madre Tierra donde vive”, denunció Ramiro, habitante de Azqueltán, uno de los manifestantes que tomaron el micrófono para denunciar los intentos de despojo de sus tierras a pesar de que cuentan con documentos que sustentan su propiedad colectiva. 

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El 8 de diciembre de 2024 un nuevo gobierno para Chiapas asumió funciones y anunció la implementación de una “nueva” estrategia de seguridad como respuesta a la violencia derivada de la disputa territorial y social entre grupos de delincuencia organizada. Con una gran campaña de comunicación y bajo el discurso de una “paz recuperada” ha impulsado en este año 2025 la disminución parcial de algunos indicadores delictivos y ha desplegado distintos operativos de seguridad. Desde el Grupo de Trabajo Región Frontera nos preguntamos si la estrategia de seguridad implementada por el gobierno del Estado de Chiapas busca la paz o la pacificación. Más que alcanzar la paz, la pacificación busca imponer el control social mediante el uso de la fuerza. En la Región Sierra-Frontera de Chiapas con Guatemala, esa estrategia no ha logrado frenar la crisis de violencia. Por el contrario, a lo largo de este año la situación es otra: un incremento en los casos de familias en desplazamiento forzado —tanto interno como hacia el país vecino— y de desaparición forzada. Estos hechos de violencia, junto con la continuidad de disputas territoriales y la presencia activa de grupos armados, muestran un panorama más complejo del que presentan los anuncios oficiales.

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On December 8, 2024, a new government for Chiapas took office and announced the implementation of a “new” security strategy in response to the violence stemming from territorial and social disputes among organized crime groups. With a major communication campaign and under the narrative of a “recovered peace,” it has promoted in 2025 a partial decrease in some crime indicators and has deployed various security operations. From the Border Region Working Group, we ask ourselves whether the security strategy implemented by the government of the state of Chiapas seeks peace or pacification. Rather than achieving peace, pacification seeks to impose social control through the use of force. In the Sierra–Border Region of Chiapas, along the border with Guatemala, this strategy has not succeeded in curbing the violence crisis. On the contrary, throughout this year the situation is different: an increase in cases of families in forced displacement — both internal and toward the neighboring country — and in forced disappearances. These acts of violence, along with ongoing territorial disputes and the active presence of armed groups, reveal a far more complex panorama than that portrayed in official statements.

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CONDENAMOS EL TERROR CRIMINAL CONTRA LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES DE LA COSTA-SIERRA DE MICHOACÁN, EXIGIMOS PAZ Y JUSTICIA VERDADERAS, NO DE PURA PALABRA

A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO,
A LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES,
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.

Ante el atentado terrorista que el crimen organizado llevó a cabo al mediodía de este 6 de diciembre en la comandancia de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana, la comunidad de Santa María Ostula condena rotundamente tan brutal crimen, mismo que tiene como propósito generar terror en la población y afectar el sistema de seguridad comunitaria que se han dado los pueblos de Coahuayana.

Hasta el momento se han confirmado 5 personas fallecidas y una veintena de personas heridas. Ninguna de ellas ni nadie merece ser víctima de grupos criminales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, quien desde hace ya 5 años ha venido atacando a nuestras comunidades para intentar desplazar a las poblaciones, como ha ocurrido en tantas partes de este adolorido país, y apoderarse de nuestros territorios.

Queremos dejar claro que seguiremos unidos y organizados para garantizar completamente la seguridad de los habitantes de nuestras comunidades y de la población en general; así como para exigir que todos los niveles de gobierno se comprometan de manera efectiva en el combate a la delincuencia.

En estos momentos tan difíciles, extendemos nuestra solidaridad y apoyo total a la Policía Comunitaria de Coahuayana, encabezada por el comandante Héctor Navarrete.

Reconocemos el enorme trabajo y esfuerzo que desde 2013 lleva a cabo este cuerpo de seguridad comunitaria para acabar con la delincuencia y con estos grupos criminales que han asolado la Costa-Sierra desde hace más de una década.

También brindamos un abrazo fraterno y solidario a los habitantes de Coahuayana ante estos dolorosos acontecimientos.

Exigimos a los gobiernos estatal y federal trabajar realmente para desarticular al CJNG y a cualquier otra organización criminal, pues sus discursos puramente demagógicos, proclamando los derechos de los pueblos originarios, mientras los criminales nos masacran y asesinan con total impunidad, evidencian la falta de voluntad, cuando no la colusión, de las instituciones de gobierno con los carteles delincuenciales.

Recientemente el gobierno federal dio a conocer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con un presupuesto de más de 50 mil millones de pesos; pero, ni con este plan ni con los planes anteriores, se están construyendo la paz y la justicia.

Por el contrario, con el Plan Michoacán los cuerpos castrenses federales han copado los territorios de nuestros pueblos y, específicamente, la Marina Armada de México y la Guardia Nacional han impedido intencionalmente el libre funcionamiento de nuestras policías comunitarias y guardias comunales, afectando gravemente nuestras capacidades de autodefensa, con saldos tan lamentables como el de este 6 de diciembre.

La solución no está en militarizar la región y el estado o el país, ni en la criminalización de nuestras policías comunitarias; la solución está en desarticular estas organizaciones criminales desde sus bases y en todas las geografías en las que operan, así como la pavorosa complicidad de instituciones y funcionarios corruptos con el crimen organizado; la solución está en el RESPETO POR PARTE DE LOS GOBIERNOS A LAS ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD QUE SURGEN DESDE NUESTROS MUNICIPIOS Y COMUNIDADES, COMO ES EL CASO DE LAS POLICÍAS COMUNITARIAS Y LAS GUARDIAS COMUNALES. La solución está en el respeto a la libre determinación y a los derechos de las comunidades; la solución está en construir proyectos de vida y no de muerte.

Consecuentemente con lo expuesto, EXIGIMOS A LOS GOBIERNOS FEDERAL Y DEL ESTADO DE MICHOACÁN:

1. EL CASTIGO A LOS RESPONSABLES MATERIALES E INTELECTUALES DEL ACTO TERRORISTA DEL PASADO 6 DE DICIEMBRE EN COAHUAYANA.

2. ACCIONES REALES Y DURADERAS PARA LA DESARTICULACION DEL CJNG Y DE TODOS LOS CARTELES CRIMINALES.

3. EL CESE DE LA COMPLICIDAD ENTRE CRIMINALES Y GOBIERNOS.

4. EL RESPETO EFECTIVO, NO ÚNICAMENTE EN DISCURSOS, DE LOS DERECHOS DE NUESTROS PUEBLOS Y COMUNIDADES.

5. EL PLENO OTORGAMIENTO DE GARANTIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRAS POLICÍAS COMUNITARIAS Y GUARDIAS COMUNALES.

¡Nunca más un México sin nosotrxs!

Comunidad nahua de Santa María Ostula

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WE CONDEMN THE CRIMINAL TERROR AGAINST THE PEOPLES AND COMMUNITIES OF THE COAST–SIERRA OF MICHOACÁN; WE DEMAND TRUE PEACE AND JUSTICE, NOT EMPTY WORDS

TO THE PEOPLES OF MEXICO AND THE WORLD,
TO THE NATIONAL AND INTERNATIONAL MEDIA,
TO HUMAN RIGHTS DEFENSE ORGANIZATIONS.

In light of the terrorist attack carried out by organized crime at midday on December 6 against the headquarters of the Community Police of the municipality of Coahuayana, the community of Santa María Ostula firmly condemns this brutal crime, whose purpose is to generate terror among the population and to undermine the community security system established by the peoples of Coahuayana.

So far, 5 people have been confirmed dead and around twenty injured. None of them—nor anyone—deserves to be a victim of criminal groups such as the Jalisco New Generation Cartel, which for five years has been attacking our communities in an attempt to displace our populations, as has happened in so many parts of this suffering country, and to seize our territories.

We want to make clear that we will remain united and organized to fully guarantee the safety of the inhabitants of our communities and of the general population, as well as to demand that all levels of government effectively commit themselves to combating crime.

In these very difficult moments, we extend our solidarity and full support to the Community Police of Coahuayana, headed by Commander Héctor Navarrete.

We recognize the enormous work and effort that this community security body has carried out since 2013 to put an end to delinquency and to the criminal groups that have ravaged the Coast–Sierra for more than a decade.

We also offer a fraternal and supportive embrace to the inhabitants of Coahuayana in the face of these painful events.

We demand that the state and federal governments genuinely work to dismantle the CJNG and any other criminal organization, since their purely demagogic speeches—proclaiming the rights of Indigenous peoples while criminals massacre and murder us with total impunity—lay bare the lack of will, if not outright collusion, of government institutions with criminal cartels.

Recently, the federal government announced the Michoacán Plan for Peace and Justice, with a budget of more than 50 billion pesos; but neither with this plan nor with previous ones are peace and justice being built.

On the contrary, with the Michoacán Plan, the federal armed forces have occupied the territories of our peoples and, specifically, the Mexican Navy and the National Guard have intentionally impeded the free functioning of our community police forces and communal guards, seriously undermining our self-defense capacities, with consequences as tragic as those of this December 6.

The solution is not to militarize the region, the state, or the country, nor to criminalize our community police; the solution is to dismantle these criminal organizations from their foundations and in all the places where they operate, as well as the terrifying complicity of institutions and corrupt officials with organized crime. The solution lies in RESPECT BY GOVERNMENTS FOR THE SECURITY STRUCTURES THAT ARISE FROM OUR MUNICIPALITIES AND COMMUNITIES, SUCH AS COMMUNITY POLICE FORCES AND COMMUNAL GUARDS. The solution lies in respecting the self-determination and rights of communities; the solution lies in building projects of life, not of death.

In line with the above, WE DEMAND OF THE FEDERAL GOVERNMENT AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF MICHOACÁN:

1. THE PUNISHMENT OF THE MATERIAL AND INTELLECTUAL PERPETRATORS OF THE TERRORIST ACT OF DECEMBER 6 IN COAHUAYANA.
2. REAL AND LASTING ACTIONS FOR THE DISMANTLING OF THE CJNG AND ALL CRIMINAL CARTELS.
3. AN END TO THE COMPLICITY BETWEEN CRIMINALS AND GOVERNMENTS.
4. EFFECTIVE RESPECT—NOT ONLY IN SPEECHES—FOR THE RIGHTS OF OUR PEOPLES AND COMMUNITIES.
5. THE FULL GRANTING OF GUARANTEES FOR THE FUNCTIONING OF OUR COMMUNITY POLICE AND COMMUNAL GUARDS.

Never again a Mexico without us!

Nahua community of Santa María Ostula

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DEFENDER LA VIDA, A LOS PUEBLOS Y A QUIENES LOS DEFIENDEN.

Como investigadorxs comprometidxs con el pensamiento crítico, la defensa de los pueblos y la documentación rigurosa de los procesos emancipatorios contemporáneos compartimos esta reflexión sobre los comunicados emitidos por el Congreso Nacional Indígena (CNI), el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), en los primeros días de noviembre de 2025.

Punto 1. Violencia sistemática y continuidad de la guerra contra los pueblos. 

El comunicado conjunto del CNI y el EZLN denuncia el ataque armado del 31 de octubre del año en curso contra integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias–Policía Comunitaria–Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF). Este hecho, perpetrado por el grupo criminal Los Ardillos, se enmarca en una estrategia prolongada de violencia narco-paramilitar y despojo territorial que afecta a las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero. El texto responsabiliza a los tres niveles de gobierno por su complicidad e impunidad, aludiendo a la continuidad de la guerra contra los pueblos originarios, ahora bajo el discurso de la Cuarta Transformación. Durante la última década, 66 integrantes del CIPOG-EZ han sido asesinados y 23 están desaparecidos, evidenciando una ofensiva sistemática que busca destruir la autonomía indígena y castigar la organización comunitaria que defiende la vida.

Punto 2. Criminalización de defensores y deslegitimación institucional. 

El segundo comunicado, difundido por el periódico Desinformémonos y respaldado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ‘Todos los Derechos para Todas y Todos’ (Red TDT) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), denuncia las declaraciones de la diputada Judith Vanegas Tapia (del partido de Morena) contra el abogado y defensor del territorio Carlos González García, asesor jurídico del CNI, a quien calificó como ‘enemigo histórico’. El Frayba señala que tales expresiones, pronunciadas desde un espacio institucional, constituyen una forma de criminalización discursiva que pone en riesgo la integridad de quienes sostienen la defensa colectiva de los pueblos. El comunicado reivindica la trayectoria de González como jurista comprometido con la libre determinación y la justicia comunitaria, y exige el cese inmediato de los discursos de hostigamiento y deslegitimación hacia los defensores.

Ambos comunicados revelan un mismo patrón estructural: la violencia física y paramilitar contra comunidades organizadas, la estigmatización institucional y mediática de sus defensores, y el despojo territorial como parte de una reorganización neoliberal del espacio. Frente a ello, los pueblos y las organizaciones reafirman su compromiso ético con la vida y la autonomía, sosteniendo que la dignidad y la palabra no serán silenciadas.

Desde el Grupo de Trabajo CLACSO Cuerpos, territorios, resistencias reconocemos en estas luchas la continuidad del horizonte emancipador latinoamericano que busca reconstituir lo común frente a la violencia del capital y la destrucción de los territorios.

Expresamos nuestro enérgico rechazo a las amenazas, difamaciones y actos de criminalización cometidos contra el abogado y defensor de los pueblos Carlos González García, integrante fundador del Congreso Nacional Indígena–Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG).

Carlos González García ha acompañado procesos agrarios, autonómicos y jurídicos en Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, Oaxaca y Chiapas; ha defendido el agua, la tierra, la educación comunitaria y la organización autónoma. Su ejercicio del derecho no responde al poder, sino al mandar obedeciendo, caminando junto a los pueblos que deciden por la autonomía y la vida.

Nos solidarizamos con Carlos González García y con todos los pueblos que defienden sus territorios frente al capital extractivista y las políticas que, bajo discursos progresistas, y humanistas profundizan el despojo y la militarización.

Exigimos:

• Garantías de seguridad y libertad plena para Carlos González García.
• Cese inmediato de la criminalización a defensoras y defensores de derechos colectivos.
• Respeto irrestricto a la autonomía de los pueblos originarios y a sus decisiones sobre sus territorios.
• Que las instituciones del Estado investiguen y sancionen las declaraciones amenazantes de la diputada Judith Vanegas Tapia.

La historia latinoamericana nos recuerda que la defensa del territorio es defensa de la vida. En Brasil, en Palestina, en Sudán o en México, el necrocapitalismo se expresa con distintas máscaras: masacres, despojos, hostigamientos. Pero en todas partes los pueblos resisten.

Reafirmamos que el derecho a la vida y al territorio no se mendiga: se ejerce y se defiende.

¡Todo nuestro respaldo y solidaridad con Carlos González García!

¡Alto a la persecución contra quienes defienden la tierra y la vida!

¡Contra el necrocapitalismo y la criminalización, los pueblos siguen caminando la dignidad!

Planeta tierra
10 de noviembre de 2025
Grupo de Trabajo CLACSO Cuerpos, territorios, resistencias

AL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
AL CONSEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LA MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN SEXTA
A LAS ORGANIZACIONES, COLECTIVOS, ASAMBLEAS Y PUEBLOS QUE RESISTEN
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS FIRMANTES DE UNA DECLARACIÓN POR LA VIDA EN LOS CINCO CONTINENTES
A LA EUROPA INSUMISA, DIGNA Y REBELDE
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES E INDEPENDIENTES
AL PUEBLO DE GUERRERO, DE MÉXICO Y DEL MUNDO

4 de noviembre de 2025

Desde el corazón de la Montaña Baja de Guerrero sentimos y agradecemos la solidaridad de nuestros compañeros y compañeras del Congreso Nacional Indígena y de nuestros hermanos y hermanas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y su reclamo firme ante la injusticia que viven nuestros pueblos y comunidades indígenas de Guerrero y del país. Compañeros y compañeras sus palabras y ejemplo nos llenan de fuerza y convicción y nos impulsan a seguir caminando en defensa de la vida, la autodeterminación y autonomía de nuestros pueblos. Nuestro pueblo digno y firme no se arrodilla ante este sistema capitalista de muerte, la manipulación y colusión de los gobiernos ni el terror inhumano de los grupos narco-paramilitares que cobardemente atentan contra nuestras hermanas, hermanos, mujeres, hombres, niñas, niños, abuelas y abuelos y nuestra Madre Tierra en un intento por quebrar nuestra dignidad y resistencia.

Aunque nos asesinan, emboscan, desaparezcan y amenazan no callaremos nuestra voz ni dejaremos nuestra digna resistencia y exigiremos la justicia. Con cada asesinato, desaparición y compañero y compañera herida nos llenan de más indignación y engrandecen nuestro compromiso de restaurar la seguridad y la dignidad a nuestros pueblos y realizar el sueño de justicia de todos nuestros compañeros y compañeras que han dado sus vidas en esta lucha por la vida y la Madre Tierra.

Son muchos los compañeros y compañeras defensores y defensoras que han sido asesinados y desaparecidos en nuestro estado de Guerrero. Pero su lucha y su voz siguen resonando en cada paso de nuestro caminar.

Cómo autoridades comunitarias y comunidades de Guerrero, pertenecientes al Consejo Indígena Y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata aprovechamos este comunicado para también expresar nuestra profunda indignación y rechazo ante los recientes señalamientos y ataques emitidos por la diputada local Judith Venegas Tapia, quien el pasado 30 de octubre, en la Mesa de Trabajo del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva en el Congreso de la Ciudad de México, utilizó su posición pública para difundir odio, mentiras y amenazas contra el compañero Carlos González García, abogado del Congreso Nacional Indígena (CNI-CIG) y defensor histórico de los pueblos y comunidades indígenas de México, que por años ha acompañado nuestros pueblos y asambleas y brindado asesoramiento jurídico que nos ha fortalecido en nuestra lucha.

Las palabras de la diputada forman parte de una estrategia de criminalización y desprestigio hacia quienes, desde la autonomía y la organización, defendemos la tierra, el territorio y la vida y ponen en riesgo la integridad física y seguridad de nuestro compañero Carlos González.

Así también, denunciamos el hostigamiento y amenazas que han vivido compañeros y compañeras de la Misión Civil de Observación – Sexta, donde miembros de grupos del crimen organizado han llegado directamente a sus casas, tocando sus puertas, preguntando por nosotros, en un intento de intimidarlos por su labor en defensa de los derechos humanos y por acompañar a nuestros pueblos y asambleas comunitarias. A pesar de esto, se han aferrado a seguir pronunciándose y caminando en defensa de la vida sin doblegarse o tomar un paso atrás. Compañeras y compañeros de la Misión Civil de e Observación – Sexta siguen recorriendo nuestros pueblos y comunidades y acompañándonos en este camino de lucha.

También nos solidarizamos con los medios de comunicación que han difundido la palabra y denuncia de nuestros pueblos durante años y que hoy también viven la criminalización, represión y amenazas, como Sergio Ocampo Arista de La Jornada y sus compañeros, por su compromiso con la difusión de la verdad que vivimos en Guerrero por el Estado y el crimen organizado.

Somos muchos compañeros y compañeras que en diferentes trincheras estamos y seguiremos resistiendo por nuestro pueblo y Madre Tierra.

¡NO NOS RENDIMOS!
¡NO NOS VENDEMOS!
¡NO CLAUDICAMOS!
¡VIVAN LAS COMUNIDADES QUE SE ORGANIZAN!
¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!

ATENTAMENTE

Autoridades y comunidades pertenecientes a la CRAC-PC-PF
Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ)
Autoridades y comunidades de la Montaña Alta, Montaña Baja y Costa Chica de Guerrero

El 31 de octubre 2025, autoridades de las comunidades pertenecientes a la Coordinadora Regional de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) y del Concejo Indígena Y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) acudieron a una asamblea a la comunidad de Ayahualtempa, solicitada por las autoridades comunitarias de ésta. Al llegar a la comunidad alrededor de las 10:00 a.m., las autoridades de Amatitlán y de los Pueblos Fundadores fueron agredidos con armas de alto poder, por parte del grupo criminal Los Ardillos; este grupo atacante se había infiltrado en la comunidad de Ayahualtempa, asesinando, secuestrando y extorsionando a integrantes de la comunidad, emboscando y amenazando a pobladores de la comunidad de Amatitlán y de sus alrededores. Este ataque se prolongó por más de 10 horas, después de las cuales el CIPOG-EZ y la CRAC-PC-PF, recuperaron el control de la comunidad, expulsando y deteniendo a los agresores. Lamentablemente, fueron asesinados tres policías comunitarios y hubo 7 heridos de bala de gravedad.

Desde la MCO-S, hemos denunciado ya en repetidas ocasiones la presencia del grupo narco-paramilitar los ardillos; este grupo delincuencial opera con total impunidad por su vínculo al PRD y las alianzas políticas y económicas que desde ahí su líder Celso Ortega ha tejido con todos los niveles de gobierno. Nos preocupa el clima de violencia que se vive en el estado de Guerrero, donde los carteles dominan el territorio y a través de extorsiones, secuestros, desapariciones, asesinatos, imponen el terror sin que alguna autoridad les investigue o detenga; al contrario, desde la gobernadora, presidentes municipales, policías municipales, estatales y demás corporaciones se protege a este grupo criminal.

Es preocupante también que entre los agredidos estuviera nuestro compañero Jesus Plácido Galindo, promotor del CIPOG-EZ, que cuenta con el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos; en repetidas ocasiones ha sido amenazado por este grupo narco-paramilitar y ayer el vehículo en el que iba recibió al menos 3 impactos de bala; por fortuna está ileso pero su vida estuvo en riesgo.

Si bien, llegaron Policías Estatales, Guardia Nacional y Ejército, al final se perdieron vidas y hay heridos, por la tardía respuesta y el desinterés de resolver el problema de fondo, pues llevamos años denunciando a este grupo criminal y el Estado lo protege. Es por lo anterior que denunciamos al Subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, por las agresiones que pueda haber contra nuestro compañero Jesus Plácido Galindo. Este personaje Rodríguez Cisneros minimizó los hechos diciendo que era una “agresión aislada”, mostrando total desinterés por resolver la violencia en el estado. Denunciamos también a Evelyn Salgado gobernadora de Guerrero y a todas las autoridades vinculadas a los grupos criminales.

Desde esta MCO-S y de otras partes del mundo, le decimos al mal gobierno que nuestros compañeros del CIPOG-EZ no están solos, solas. Y que estamos atentos a lo que pueda ocurrir en el territorio por lo que le exigimos que pare las agresiones a las comunidades y a nuestros compañeros y compañeras.

ATENTAMENTE
MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN SEXTA

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Foto de portada: Revista Espejo

Pronunciamiento
¡Exigimos justicia, protección a la vida y paz
en los territorios indígenas de Michoacán!

A Claudia Sheinbaum Pardo
Presidenta de México

A Alfredo Ramírez Bedolla
Gobernador de Michoacán

A Carlos Torres Piña
Fiscalía de Michoacán

A las comunidades indígenas de México

A las comunidades p’urhépechas

A la prensa nacional e internacional

A los medios alternativos de comunicación

A los organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales

Los hechos de violencia son una constante en los territorios indígenas en Michoacán desde hace varios años. El clima de inseguridad se ha incrementado y se hace presente todos los días de distintas formas (desapariciones, secuestros, asaltos, incursiones armadas, entre otros actos criminales) atentando contra la vida comunal y la de sus miembros. Todas ellas forman parte del clima de terror impuestos por distintos actores que disputan los bienes naturales y los patrimonios bioculturales vitales de las comunidades, así despojan y rompen el tejido social y las formas colectivas de sostenimiento de la vida.

El pasado miércoles 15 de octubre de 2025, varias personas fueron privadas de su libertad en una de las carreteras de la Meseta P’urhépecha Charapan-Ocumicho, después de realizar sus labores de camino a las localidades donde residen. Fueron interceptadas por un grupo armado y llevadas a un cerro. Algunas lograron escapar de sus raptores, otros pagaron el rescate según los testimonios y denunciaron los hechos. Sobre una persona no se tiene conocimiento de su paradero.

Las políticas de seguridad y los dispositivos de fuerza para prevenir los delitos son insuficientes para cumplir con su mandato gubernamental de proteger a los habitantes. Este clima de terror es insoportable, priva la incertidumbre y el desamparo.

Exigimos contundentemente:

• La localización con vida de la persona que se desconoce su paradero.
• Protección a las personas que lograron escapar y denunciar los hechos.
• Agilidad y transparencia en el proceso.
• Detención de los responsables.
• Justicia para las víctimas y garantías de no repetición.
• Y, por supuesto, una política de Seguridad Nacional Otra que en verdad sea efectiva y eficiente para las comunidades, pueblos y sociedad.

¡Exigimos justicia, protección a la vida y paz en los territorios indígenas de
Michoacán, de México y del mundo!

Grupo de Trabajo CLACSO Cuerpos, territorios, resistencias
Planeta Tierra, 22 de octubre de 2025

ALERTA: SEGUIMIENTO A COMPAÑERO DEL CIPOG-EZ 🚨 17/09/25 – 13:40

En Chilpancingo se lleva a cabo una reunión con más de 30 autoridades comunitarias, maestras, maestros, madres y padres de familia, junto con dependencias de la Secretaría de Educación y de Recursos Humanos del Estado de Guerrero, para exigir la atención a las demandas educativas de los pueblos.

El promotor del CIPOG-EZ y delegado del CNI, Jesús Plácido Galindo, activó el botón del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos porque dos carros (Jetta blanco sin placas y otro carro) lo siguieron y dieron 7 vueltas señalando su vehículo. Testigos confirmaron la vigilancia.

Se pide estar pendientes ante la situación, ya que los compañeros cuentan con amenazas de grupos del crimen organizado que operan en la zona por su labor en defensa de los derechos de los pueblos y del territorio. Se responsabiliza al gobierno del estado y a la presidenta de la república por cualquier daño a la integridad física de los compañeros.

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Del 25 al 27 de julio de 2025 se reunieron en Chiapas 250 personas de 60 comunidades, organizaciones y redes provenientes de diferentes estados de México y de otros países para un Encuentro Internacional en Defensa de la Vida: el Maíz, el Agua, el Territorio y la Madre Tierra. El objetivo del encuentro fue compartir experiencias organizativas en defensa de la vida y pensar en común cómo hacer frente a los proyectos y megaproyectos, así como la militarización y el crimen organizado, que atentan contra la vida.

Tras tres días de encuentro, los presentes emitieron una declaratoria en la que analizan la situación actual que se vive en los territorios.

DECLARATORIA
SÍ A LA VIDA, NO A LOS PROYECTOS DE MUERTE

A la Sociedad Civil local, nacional e internacional
A los organismos defensores de derechos humanos
A los Estados y a los gobiernos del Planeta Tierra
A los movimientos, luchas dignas y rebeldes
A la prensa local, nacional e internacional

Estando presentes 250 personas, integrantes de 60 comunidades, organizaciones y redes nos reunimos los días 25, 26 y 27 de julio de 2025 en la comunidad Ahlan Muc’ul Ha’ (Abajo del Río Grande), en el municipio de Chilón, Chiapas, con el objetivo de compartir experiencias organizativas y comunitarias en las resistencias y en la defensa de la vida, el agua, el maíz, el territorio y la Madre Tierra.

Somos mujeres, hombres, jóvenas, jóvenes, mayores y mayoras, niños y niñas, reconociéndonos en nuestras diversidades culturales, generacionales, espirituales y sexo-genéricas.

Venimos de diferentes territorios de México, tales como Oaxaca, Coahuila, Veracruz, Hidalgo, Guerrero, Puebla, Estado de México, Chiapas, así como Colombia, País Valenciano y Alemania.

Nos hemos encontrado para buscar juntes cómo hacer frente a los proyectos de muerte tejiendo con mayor fuerza nuestras alternativas que ya estamos construyendo en cada familia, comunidad, pueblo, región, territorio, organización y lucha.

Luego de tres días de compartir y analizar lo que sucede en nuestras regiones y en el mundo, DECLARAMOS Y REAFIRMAMOS que:

Nuestros territorios tienen una gran diversidad biocultural que nos han heredado nuestros ancestros y ancestras, las cuales están puestas en grave peligro a causa de un modelo de desarrollo extractivista que, bajo la lógica individualista, capitalista y patriarcal, nos está despojando de todo lo que nos da vida.

Reconocemos que sufrimos las mismas amenazas: a) la violación de nuestros derechos como mujeres, niñeces, jóvenes, jóvenas, hombres, diversidades sexo-genéricas, pueblos y Madre Tierra; b) la militarización de nuestros territorios por las diferentes fuerzas de seguridad local, regional y nacional, así como, c) la presencia del crimen organizado y su complicidad con los gobiernos y los Estados.

Denunciamos que, en todos nuestros territorios, se nos imponen proyectos sin el consentimiento de los pueblos e instrumentalizando las consultas para efectuar y consumar el despojo. También denunciamos cómo de forma sistémica se instiga, desde el poder institucional y los poderes fácticos, la división comunitaria a favor de las empresas capitalistas.

En un mundo que está agotado sabemos que nuestro enemigo es el mismo y por eso declaramos que no estamos a favor del desarrollo colonialista y patriarcal porque nunca ha funcionado para nosotros y nosotras.

GRACIAS A LAS COMPARTICIONES QUE REALIZAMOS, hemos conocido de viva voz la lucha que las mujeres y los pueblos de los municipios que conforman el MODEVITE (Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio), el Gobierno Comunitario de Chilón, así como de su Pluriversidad Autónoma Comunal Yutsilal Bahlumilal-Gobierno Comunitario Ch’ich’.

El MODEVITE nos ha compartido su experiencia de más de 10 años de resistencia contra la Autopista San Cristóbal de Las Casas-Palenque, mal llamada “la Carretera de las Culturas”. Esta lucha resonó junto a las luchas de comunidades y organizaciones de la sociedad civil de Oaxaca contra el Corredor Interoceánico, la presa Margarita Maza de Juárez y las concesiones mineras. Desde el sureste de Coahuila compartieron la resistencia contra el basurero de residuos tóxicos industriales, ilegal y clandestino y la defensa del agua del arroyo San Miguel. Las compañeras de Hidalgo compartieron la lucha contra el parque solar que se quiere establecer en ciudad Sahagún y la contaminación del agua en Tula, proveniente de los desechos de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Desde el norte de Veracruz se denunció la distribución gubernamental de fertilizantes y agrotóxicos que enferman la tierra y la salud de las comunidades.

A la par conocimos por parte de Crianzas Mutuas Colombia la defensa de los ríos en el municipio de Suárez en el valle del Cauca. De ese mismo país, nos trajeron las palabras de las luchas del Cabildo de Taganga, Santa Marta, realizada por las comunidades de pescadores de la costa atlántica colombiana quienes luchan por defender sus maritorios.

Hemos compartido nuestros dolores, pero también nuestras esperanzas y fortalezas: nuestra organización comunitaria tejida a través de nuestros sistemas normativos, nuestras espiritualidades y ceremonias, así como el trabajo colectivo comunitario que sostiene las alternativas que caminamos en nuestra cotidianidad.

Hemos tejido nuestra capacidad de compartir y de soñar en medio de las violencias y guerras que nos atraviesan.

DENUNCIAMOS

las estrategias de los gobiernos, partidos políticos, élites empresariales y caciques locales que buscan desestabilizar nuestras organizaciones comunitarias para despojarnos de nuestros territorios, a favor de sus intereses capitalistas.

(Continuar leyendo…)

COMUNICADO DE EUROPA ZAPATISTA
CONTR EL ATAQUE ARMADO CONTRA
LA COMUNIDAD CHERÁN K’ERI (MICHOACÁN)

Al gobierno federal de México,
Al gobierno estatal de Michoacán,
A la comunidad de Cherán K’eri,
A los colectivos firmantes de la Declaración por la Vida,
A la sociedad civil mexicana e internacional,

El pasado el día 2 de julio de 2025, la comunidad de Cherán K’eri (Michoacán) ha sido víctima de un violento ataque armado por parte de sujetos desconocidos que intentaron ingresar por los parajes de Rancho del Pino y Cerrito del Aire. La respuesta de la Ronda comunitaria (órgano de seguridad dentro de su sistema de autogobierno autónomo) resistió la agresión y activó las barricadas para proteger a la población.

Lamentablemente, este no es un hecho aislado, sino que forma parte de una escalada de violencia que se ha recrudecido en Michoacán, un estado donde el crimen organizado se disputa los territorios con total impunidad, afectando gravemente a las comunidades rurales e indígenas. En las últimas semanas, se han intensificado las agresiones en diversas regiones, incluyendo la Meseta P’urhépecha, donde pueblos como Nahuatzen, Arantepacua, Capácuaro y Santa Fe de la Laguna también han sido objeto de amenazas, incursiones armadas y despojo territorial.

Sabemos que Cherán ha sido objeto de distintos intentos de agresión desde que en 2011 expulsó a los partidos políticos, a los talamontes y al crimen organizado, quienes conformaban una trama de saqueo de los bosques comunitarios y asesinaban a los comuneros con la complicidad de autoridades estatales y federales.

Cherán representa un sistema de autogobierno indígena reconocido legal y constitucionalmente, basado en asambleas, fogatas y formas comunitarias de justicia y organización. Atacar de este modo a Cherán representa desestabilizar y destruir una de las experiencias de autonomía indígena existentes dentro de la red de pueblos que defienden la vida y que representan un faro de esperanza dentro de la necropolítica que atraviesa la territorialidad mexicana.

Desde todas las organizaciones y colectivos de Slumil K’ajxemk’op (Europa Insumisa) enviamos nuestro abrazo a los y las comuneras de Cherán, les decimos desde nuestros territorios que les abrazamos en la pérdida de su hermano comunero, y esperamos la pronta recuperación del compañero herido; les mandamos toda nuestra energía para seguir alimentando su resistencia y la defensa de su autogobierno y territorio.

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