Por Raúl Romero
Semillero Guerra contra la Humanidad (Las poblaciones y la naturaleza bajo asedio)
23 de julio de 2026

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Muy buenas tardes a todos y todas, todoas. Muchas gracias por la invitación a los compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a sus bases de apoyo, a quienes nos siguen en las transmisiones por YouTube, que están en los puys, y también a quienes nos acompañan desde el internet de otros países. Muchas gracias, Capitán, Subcomandante, es un honor para mí estar acá. Estoy muy emocionado, la verdad es que también estoy muy nervioso, después de todo lo que se ha dicho acá, en la mañana pensé decir que estaba de acuerdo con casi todo y ya nada más cerrar mi participación, pero vamos a compartir algunas cosas.

Pertenezco a una generación que vio a México sumergirse en la barbarie y al mundo entrar en una profunda y grave crisis. No me confundan, no pienso que México…

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Sin embargo, fue también el año en que distintas geografías del país comenzaron a vivir la brutalidad de la guerra. La guerra que se venía viviendo en distintas formas e intensidades, en diferentes territorios de México, se expandió por todos los bosques, mares, desiertos, calles, escuelas, barrios y centros de trabajo del país. Desde 2011, he tenido la oportunidad de recorrer varios estados del país. En estos viajes he conversado con integrantes de organizaciones sociales, con familias buscadoras, con familias víctimas de feminicidio, con familias de personas asesinadas.

He conocido en esas conversaciones la muerte en su forma más atroz, en esa modalidad en que también la memoria es asesinada. Aquellas pláticas me hicieron entender que en México se puede morir varias veces, la muerte física, la muerte por olvido y la muerte de quien es revictimizado y culpado de su propio asesinato. La mayor parte de las personas con las que he platicado siempre denuncian la complicidad de policías y gobiernos locales y federales con el crimen organizado.

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Día 4 del Semillero “Guerra contra la Humanidad”
(Las poblaciones y la naturaleza bajo asedio)

23 de julio de 2026
Cideci / Universidad de la Tierra, Chiapas

Este cuarto día del Semillero “Guerra contra la Humanidad” (Las poblaciones y la naturaleza bajo asedio) el Capitán Marcos informó que hasta el día anterior, había 686 asistentes de 28 geografías, además de los más de 200 zapatistas.

En este día se compartieron reflexiones profundas y contundentes sobre la migración, las diversas formas de la guerra, la búsqueda de los familiares de desaparecidos y desaparecidas y las corporaciones criminales, todo esto enmarcado en la lucha por la vida y la construcción de alternativas.

Presentamos abajo un resumen de las ponencias, así como los audios y ligas a los textos completos.

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Bruno Miranda – “Miradas críticas de las migraciones y las fronteras”

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Las fronteras no frenan la migración, fabrican la ilegalidad.

Este cuarto día del Semillero “Guerra contra la Humanidad”, el investigador Bruno Miranda invita a mirar el fenómeno de la migración desde otro ángulo: no fueron las migraciones las que dieron origen a las fronteras, sino que son las fronteras y los Estados quienes producen la figura del migrante. Desde esta perspectiva, migrar deja de entenderse como un hecho natural para convertirse en una condición política construida por el Estado y el capitalismo.

Durante su ponencia “Miradas críticas de las migraciones y las fronteras”, Miranda propuso desnaturalizar tanto la migración como las fronteras. Explicó que la movilidad humana ha existido desde siempre, pero que la categoría de “migrante” surge cuando aparecen los Estados nacionales, capaces de decidir quién pertenece a un territorio y quién queda fuera de él. Así, las fronteras no solo delimitan países: clasifican personas, autorizan unas movilidades y criminalizan otras.

Bruno Miranda sostuvo que las migraciones han sido fundamentales para la construcción del capitalismo moderno. Las ciudades, los sistemas ferroviarios, la agricultura y la industrialización en América fueron levantados por millones de trabajadores migrantes. Sin embargo, esa misma fuerza de trabajo que resulta indispensable para la economía también es sometida a procesos de ilegalización, mediante políticas que convierten en “ilegales” a personas que antes eran aceptadas cuando el mercado necesitaba su trabajo.
En ese contexto, explicó que la llamada crisis migratoria funciona muchas veces como un discurso político que justifica el endurecimiento de las políticas de control. Bajo esa lógica se fortalece la securitización de las fronteras: muros, vigilancia militar, drones, sistemas biométricos y una creciente colaboración entre instituciones policiales y migratorias que presentan la movilidad humana como una amenaza para la seguridad nacional.

Miranda señaló que estas políticas no buscan impedir completamente la migración, sino administrarla mediante estrategias de disuasión, obligando a las personas a recorrer rutas cada vez más peligrosas o a permanecer durante meses e incluso años esperando una resolución migratoria. Ese modelo también alimenta una creciente industria migratoria, donde centros privados de detención obtienen ganancias millonarias a partir del encierro de personas migrantes.

Para quienes logran cruzar la frontera, la violencia no termina. Miranda explicó que opera una inclusión diferencial: las personas migrantes son incorporadas al mercado laboral porque su trabajo resulta indispensable, pero permanecen excluidas del acceso pleno a derechos y ciudadanía. La frontera deja entonces de ser únicamente una línea geográfica para convertirse en un mecanismo cotidiano de vigilancia, miedo e incertidumbre. Es lo que definió como la internalización de las fronteras.

A ello se suman prácticas como el perfilamiento racial, que identifica como sospechosas a determinadas personas por su apariencia, y las deportaciones externalizadas, mediante las cuales los gobiernos trasladan migrantes a terceros países, ampliando el control migratorio mucho más allá de sus propias fronteras.

Lejos de presentar a las personas migrantes únicamente como víctimas, Bruno Miranda destacó que también construyen formas colectivas de resistencia. Las caravanas migrantes, afirmó, representan estrategias de cuidado mutuo, organización y defensa frente a un orden fronterizo que busca administrar individuos, pero que encuentra en la acción colectiva una permanente disputa por el derecho a buscar una vida digna.

Miranda nos invita así a mirar la migración desde una perspectiva crítica: entender que detrás de cada frontera existen decisiones políticas, intereses económicos y relaciones de poder que siguen moldeando quién puede moverse libremente y quién debe arriesgar la vida para hacerlo. Pero entender también que en la migración se manifiesta también la resiliencia de quienes insisten en buscar un lugar digno en un mundo de despojo y exclusión.

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David Barrios – “El fin de las guerras y las luchas por el futuro”

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Las guerras de hoy buscan controlar la vida y los territorios.

Por su parte, David Barrios afirmó que la militarización ya no responde únicamente a enfrentamientos entre Estados, sino a una estrategia para reorganizar territorios, apropiarse de bienes naturales y disciplinar a las poblaciones. Frente a ese escenario, llamó a fortalecer la organización comunitaria y la defensa de la Madre Tierra.

Durante décadas, las guerras fueron entendidas como conflictos entre países que buscaban derrotar a un enemigo. Sin embargo, esa lógica está cambiando. Para el investigador David Barrios, los conflictos actuales responden a una forma distinta de hacer la guerra: una ofensiva permanente que tiene como objetivo controlar territorios, garantizar el acceso a bienes naturales y reorganizar la vida de los pueblos en beneficio del capital.

Con su participación “El fin de las guerras y las luchas por el futuro”, Barrios explicó que la militarización contemporánea rebasa el ámbito estrictamente militar. Hoy se expresa mediante la expansión de bases, operaciones de seguridad, políticas de control territorial, criminalización de poblaciones y el fortalecimiento de mecanismos de vigilancia que, afirmó, acompañan los procesos de despojo en distintas regiones del mundo.

Barrios, señaló que las disputas geopolíticas entre grandes potencias no pueden entenderse únicamente como conflictos por el poder internacional. Detrás de ellas, sostuvo, existe una creciente competencia por minerales estratégicos —agua, energía y otros bienes naturales— indispensables tanto para el desarrollo tecnológico como para la industria militar. En ese contexto, dijo, los territorios habitados por los pueblos se convierten en espacios de disputa permanente.

Barrios también advirtió que la llamada “guerra contra el narcotráfico” ha servido, en distintos países de América Latina, como argumento para profundizar procesos de militarización y control social. A su juicio, estas estrategias no han resuelto la violencia, sino que han favorecido la fragmentación de los territorios y la expansión de grupos armados que hoy disputan recursos, rutas comerciales y actividades económicas más allá del tráfico de drogas.

Asimismo, alertó sobre el crecimiento sostenido del gasto militar a escala global, el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la guerra —como la inteligencia artificial y los drones— y la ampliación de la presencia militar estadounidense en distintas regiones del continente. Desde su perspectiva, estos procesos anuncian un escenario de conflictos cada vez más prolongados y complejos.

Pese a este panorama, el investigador rechazó que el futuro esté definido únicamente por la guerra. Puesto que las resistencias construidas por los pueblos, las comunidades y los movimientos sociales continúan demostrando que existen alternativas frente al despojo y la militarización.

“La lucha por la Madre Tierra es también la lucha por el futuro”, afirmó Barrios, haciendo un llamado a fortalecer las formas de organización colectiva, la autonomía y la defensa de la vida como respuesta a una época marcada por la violencia y la disputa por los territorios.

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Andrea Horcasitas Martínez – “Frente al horror, la búsqueda y la promesa del reencuentro”

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La académica y activista Andrea Horcasitas Martínez reflexionó sobre la desaparición de personas en México como una de las expresiones más crueles de la guerra contra la humanidad, agradeciendo al movimiento zapatista por abrir un espacio de diálogo y reconociendo que su análisis surge del aprendizaje compartido con familias buscadoras. Su exposición se organizó en tres ejes: el diagnóstico de la crisis, la disputa por las cifras y la esperanza que nace de la búsqueda colectiva.

La desaparición forzada no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de México, afirmó, pero desde el inicio de la llamada guerra contra las drogas, el país ha alcanzado niveles de violencia sin precedentes en América Latina. Más de 135 mil personas desaparecidas, miles de fosas clandestinas y decenas de miles de cuerpos sin identificar reflejan una crisis que va mucho más allá de los números. La desaparición se presenta como una tecnología de guerra vinculada al despojo territorial, el desplazamiento, el reclutamiento forzado y la acumulación de riqueza mediante la violencia. Las fosas clandestinas han transformado la relación de las comunidades con su territorio, pues ya no se encuentran únicamente en lugares remotos, sino también en ciudades, escuelas, parques y espacios cotidianos, convirtiendo amplias regiones en verdaderas “zonas de sacrificio”.

En una segunda parte, la autora denunció lo que denomina una “guerra contra la cifra”, es decir, el esfuerzo del Estado por minimizar la magnitud de la tragedia mediante la manipulación estadística y discursos que deshumanizan a las víctimas. Criticó que los gobiernos reduzcan el problema a porcentajes o categorías administrativas mientras persisten la impunidad, la criminalización de las personas desaparecidas y la falta de investigaciones efectivas. Esta estrategia, afirma, busca ocultar la realidad y normalizar una violencia cotidiana que continúa cobrando decenas de víctimas cada día.

Finalmente, contrapuso a esa maquinaria de olvido la resistencia de las familias buscadoras. Son madres, padres, hermanas e hijos quienes, ante la ausencia de respuestas oficiales, organizan búsquedas, excavan la tierra y construyen redes de solidaridad para encontrar a sus seres queridos y a quienes aún permanecen desaparecidos. La búsqueda deja de ser un acto individual para convertirse en una causa colectiva basada en la memoria, la dignidad y la defensa de la vida. Para la autora, la esperanza no consiste en negar el horror, sino en la capacidad de las familias para transformar el dolor en organización, solidaridad y resistencia. En ese compromiso por devolver a todas las personas desaparecidas a sus hogares encuentra una alternativa ética frente a la violencia, una defensa del bien común y la posibilidad de imaginar un futuro distinto.

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Raúl Romero – “Corporaciones criminales y las luchas por la Vida”

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En su ponencia “Corporaciones criminales y las luchas por la vida”, Raúl Romero sostiene que la violencia que vive México no puede entenderse únicamente como un problema de narcotráfico o de inseguridad, sino como la expresión de un capitalismo criminal que utiliza la guerra, el despojo y la violencia para favorecer procesos de acumulación de riqueza. A partir de su experiencia acompañando a organizaciones sociales, familias buscadoras y víctimas de la violencia, afirma que la guerra iniciada en 2006 fortaleció a las organizaciones criminales en lugar de debilitarlas, dejando como saldo más de 135 mil personas desaparecidas, cientos de miles de asesinatos y desplazamientos forzados.

El autor argumenta que el crimen organizado forma parte de una estructura transnacional integrada por actores legales e ilegales, como banqueros, empresarios, políticos, fuerzas de seguridad, fabricantes de armas y grupos criminales. Estas redes, a las que denomina corporaciones criminales, funcionan como empresas globales que diversifican sus actividades hacia el tráfico de personas, armas, recursos naturales, lavado de dinero, delitos financieros y cibernéticos, entre otros. Su fortaleza radica en su organización en red, capaz de sobrevivir a la captura de líderes individuales, pues el problema es sistémico y está ligado al funcionamiento del propio capitalismo.

Romero plantea además el concepto de estatalidad criminal, mediante el cual explica que el Estado mexicano no ha fracasado, sino que se ha reconfigurado para responder a las necesidades del capitalismo criminal y del capitalismo extractivista. La frontera entre lo legal y lo ilegal se vuelve difusa cuando funcionarios, instituciones y gobiernos colaboran con estas redes, garantizando impunidad y facilitando el despojo territorial asociado a megaproyectos. En este contexto, la militarización no representa una solución; al contrario, ha coexistido y alimentado la expansión del crimen organizado y la intensificación de la violencia.

Frente a este panorama, el autor destaca las luchas por la vida como la principal respuesta social. Una lucha impulsada por los pueblos indígenas y campesinos que defienden sus territorios, las familias buscadoras de personas desaparecidas, las organizaciones de derechos humanos, las caravanas migrantes, colectivos juveniles y múltiples iniciativas comunitarias que colocan la vida, la solidaridad y el bien común en el centro de su acción política. Estas resistencias buscan reconstruir el tejido social frente a una estrategia de guerra que pretende fragmentar comunidades y convertir los territorios en espacios de explotación.

Finalmente, Romero sostiene que estas luchas representan una alternativa ética y política frente al capitalismo criminal. Más que responder con violencia, apuestan por la organización colectiva, la memoria, el arte, la cultura y la defensa de los territorios como formas de construir un mundo donde la vida prevalezca sobre la lógica del despojo, la acumulación y la muerte.

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Subcomandante Insurgente Moisés – Mensaje para las familias buscadoras

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Hablando en nombre del Comité Clandestino Revolucionario Indígena del EZLN, el Subcomandante Insurgente Moisés mandó un mensaje para las familias buscadoras en el país, expresando la solidaridad del EZLN con ellas y reconociendo su lucha como un ejemplo de dignidad, resistencia y esperanza. El subcomandante dijo que los zapatistas se identifican con su experiencia, pues como pueblos originarios también fueron históricamente invisibilizados y excluidos por el sistema capitalista. Por ello, consideran a las personas desaparecidas como parte de su propia familia y comparten el dolor de quienes las buscan.

Es por eso que los zapatistas decidieron acercarse a las familias buscadoras, reunirse con ellas en la Ciudad de México y, sobre todo, escucharlas, reconociendo el valor de su experiencia y de su lucha.

Mientras persistan las desapariciones, la violencia y la injusticia, dijo el Sup, el México que vivimos dista mucho de ser el país que queremos. Solo mediante la organización colectiva, la lucha y el trabajo conjunto, insistió, será posible construir un país verdaderamente justo y digno.

Finalmente, hizo un llamado a los pueblos del campo y de la ciudad a unirse y organizarse, recordando que nadie resolverá estos problemas por ellos. La responsabilidad de transformar el presente recae en la sociedad civil organizada; solo así será posible dejar un mejor futuro a las próximas generaciones.

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Capitán Insurgente Marcos

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Al finalizar este cuarto día del Semillero, el Capitán Marcos agradeció a las y los participantes por sus aportaciones y reflexionó sobre el impacto de sus intervenciones en el público zapatista. Lejos de confirmar conocimientos previos, dijo, las ponencias evidenciaron aspectos de la realidad que él mismo desconocía y que enriquecen el análisis zapatista sobre la crisis actual. Destacó la importancia de combinar distintos tipos de conocimiento: la experiencia de las comunidades, el trabajo científico, la investigación y la práctica política, entendiendo que todos pueden conducir a conclusiones comunes desde caminos diferentes.

El Capitán agradeció el esfuerzo de quienes participaron como ponentes, quienes financiaron su propio viaje y compartieron generosamente sus conocimientos con un público que, además de los escuchas zapatistas, incluye militantes, integrantes de organizaciones civiles, activistas, personas solidarias y más.

Las intervenciones hasta ahora, dijo, constituyen un verdadero semillero de ideas y aprendizajes para el zapatismo. Concluyó agradeciendo a quienes ya participaron y a quienes aún intervendrán, con la esperanza de que el encuentro fortalezca la reflexión colectiva y que las enseñanzas adquiridas sean compartidas en los lugares de origen de cada participante, contribuyendo así a la construcción de nuevas formas de organización y resistencia.

Fotos: RZ

Fotos: Radio Pozol

Por Alejandra Guillén
Semillero Guerra contra la Humanidad (Las poblaciones y la naturaleza bajo asedio)
21 de julio de 2026

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Buenas tardes. Un saludo y un agradecimiento por estar aquí. Un saludo a todas y todos ustedes.

Yo les vengo, pues, a traer las malas nuevas, de algún modo, de la región Occidente. Es del lugar del que provengo, y vengo de alguna manera recogiendo las voces de muchísimas personas que nos permiten, en conjunto, entender un poco cómo ha sido esta vinculación del capital y la guerra del capital como un epicentro de lo que está ocurriendo también en México en muchos sentidos.

Y voy a comenzar la historia recordando a Jorge, ubicándonos en los caminos de Camichines, de San Gabriel a Jiquilpan, en el camino que luego sube hasta Tapalpa. Ahí se pueden ver las Piedras Niñas, que anuncian la Sierra de Tapalpa, ubicada al sur de Jalisco; de Guadalajara, digamos, yendo hacia Manzanillo, hacia Colima.

Es 2012. Jorge está en su casa, en Jiquilpan. Lo van a buscar por la noche. Le dicen si quiere ir de cacería porque, pues, él era un cazador, como cualquier persona que vive en el mundo rural. Se niega. Le insisten, no sabemos qué le dicen. Se va rumbo al volcán apagado El Comalito. Todos regresan menos él.

Era 25 de noviembre. Jiquilpan es un pueblito chiquito, de mil ochocientas personas, más o menos.

En diciembre se llevan a otros dos: a Mateo Valverde y a otro joven que golpearon y nunca supimos su nombre. Si no, lo nombraríamos aquí para traerlo y que no nos olvidemos de él.

Antes, en octubre, se llevaron a otros dos hermanos, Arriola Solano, que se sumaron a otros desaparecidos en ese pueblito.

Antes, al inicio, no alcancé a decir lo de la imagen. Quiero agradecer a Antonio Ramírez —que, bueno, es un amigo conocido de ustedes— porque ha estado pintando en estos últimos años sobre las madres buscadoras. Es para ellas también toda mi palabra, y mucha de la que recojo viene también de ellas, de sus hijos y de todas las personas que anónimamente hablan para explicarnos lo que está ocurriendo.

Entonces, esta es una de sus últimas pinturas: “¿Dónde estás, amor mío?”

Principalmente, este es un saludo para todas las madres buscadoras, que lamentablemente cada vez son más en este país.

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A los pueblos de México y el mundo,
A las organizaciones sociales, colectivos e individuos solidarios,
A las Redes de Resistencia y Rebeldía,
A la Sexta Nacional e Internacional,
A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde,
A los organismos defensores de derechos humanos,
A quienes luchan por la vida y la dignidad:

Como Congreso Nacional Indígena (CNI), convocamos de manera urgente a los pueblos, organizaciones, colectivos e individuos de abajo y a la izquierda de México y del mundo a las JORNADAS GLOBALES POR LA LIBERTAD DE JESÚS PLÁCIDO GALINDO Y EL ALTO A LA GUERRA CONTRA EL CONSEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO- EMILIANO ZAPATA (CIPOG-EZ), para que de acuerdo con sus calendarios y geografías realicen acciones de solidaridad, de agitación y denuncia, mítines, pronunciamientos, jornadas informativas, manifestaciones, actividades culturales y todo lo que esté a su alcance para exigir la libertad inmediata e incondicional de nuestro compañero JESÚS PLÁCIDO GALINDO, promotor del CIPOG-EZ e integrante de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del CNI, hoy secuestrado por el estado mexicano; y para demandar el fin de la guerra de exterminio en contra de los pueblos del CIPOG-EZ.

Asimismo, convocamos a que en el marco de dichas JORNADAS GLOBALES:

El próximo lunes 20 de julio nos movilicemos en Guerrero, México y el mundo y realicemos un mitin frente a la sede de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, en punto de las 4 de la tarde.

El próximo jueves 23 de julio nos movilicemos nuevamente en Guerrero, México y el mundo y realicemos una acción concentrada cuya hora y lugar se definirían en los próximos días.

El día 17 de julio de este año, en un aparatoso operativo montado por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la policía del estado de Guerrero, nuestro compañero Jesús Plácido Galindo fue detenido y trasladado en una avioneta de la Fuerza Área Mexicana con rumbo desconocido. Hoy 18 de julio hemos sabido de manera extraoficial, pues quienes tienen detenido a Jesús no han permitido que se comunique con sus familiares y abogados, que al parecer nuestro compañero se encuentra recluido en un penal del Estado de México acusado injustificadamente por el homicidio doloso en agravio de José Pablo Xanteco Bartolo; y con el absurdo señalamiento por parte de los gobiernos federal y del estado de estar vinculado a los cárteles de Los Tlacos y Los Rojos. No está de más informar que al momento de ser detenido, nuestro compañero se dirigía a una supuesta reunión a la que habría sido citado con insistencia por Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de desarrollo político y social en Guerrero y quien ha sido señalado públicamente por su complicidad con diversos cárteles delictivos.

Por más de 10 años las comunidades del CIPOG-EZ han sufrido el acoso y la violencia de diversos cárteles criminales, principalmente Los Rojos y Los Ardillos. Finalmente, durante el mes de mayo las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, todas del municipio de Chilapa, Guerrero, sufrieron violentos ataques y bombardeos por parte de Los Ardillos, mismos que provocaron el desplazamiento de cientos de familias indígenas, la destrucción casi completa del pueblo de Tula y el asesinato de 8 integrantes del CIPOG-EZ, mismos que se suman a los 76 compañeros asesinados y a los 25 que han sido desaparecidos en meses y años anteriores.

Sorprendentemente, a pesar de los cientos de asesinatos y secuestros cometidos por el cártel de Los Ardillos, y a pesar de las numerosas extorsiones que realiza día con día; ni los integrantes de dicho cártel, incluidos sus principales dirigentes, entre los que se encuentran Celso Ortega Jiménez y sus hermanos, ni sus operadores políticos, incluida más de una docena de presidentes municipales, han sido llevados a la justicia. Tampoco el gobernador de facto en Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y su hija Evelyn Salgado, han sido investigados por su probable complicidad con diversos cárteles del crimen organizado.

Por el contrario, el CIPOG-EZ y su promotor Jesús Plácido, han sido criminalizados por los gobiernos federal y del estado, siendo acusados de pertenecer a bandas delictivas, e incluso, al segundo recientemente le fueron aseguradas, de manera ridícula, cuentas bancarias que no acumulaban más de 500 pesos.

Lo que ocurre hoy en Guerrero da cuenta de la enorme tragedia que vive México entero, con más de 135 mil personas desaparecidas al día de hoy; da cuenta de la pudrición del estado mexicano, profundamente infiltrado por los cárteles criminales que hoy asolan a nuestro país; y da cuenta de la guerra de exterminio y despojo que viven nuestros pueblos a manos de gobiernos, militares y criminales.

Frente a la guerra capitalista, frente al cinismo descarado de este narcoestado, frente a la desesperanza y el olvido, frente a la injusticia descarnada, es que emitimos esta convocatoria.

¡LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL DEL COMPAÑERO JESÚS PLÁCIDO GALINDO!
¡ALTO A LA GUERRA CONTRA EL CIPOG-EZ Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE MÉXICO!

ATENTAMENTE
18 DE JULIO DE 2026

¡POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS!
¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

EL CONGRESO NACIONAL INDIGENA Y EL CONCEJO INDIGENA DE GOBIERNO CONVOCAN AL

MITIN-CONCENTRACION

ALTO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN – LUNES, 20 DE JULIO, 16:00 HRS

POR LA INMEDIATA LIBERTAD DE JESÚS PLÁCIDO GALINDO REPRESENTANTE DEL CIPOG-EZ E INTEGRATE DEL CNI-CIG

Firma la petición aquí.

Ciudad de México, 17 de julio de 2026 Acción Urgente 007

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT) manifiesta su profunda preocupación por la detención del defensor Jesús Plácido Galindo, coordinador regional del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) e integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI).

De acuerdo con la información recibida, el día de hoy, aproximadamente a las 14:30 horas, Jesús Plácido Galindo fue detenido en un en un retén instalado por elementos del Ejército Mexicano, ubicado en el crucero de Monte Alto, a la altura del municipio de San Marcos, en la región Costa Chica del estado de Guerrero.

Al momento de su detención, el compañero Jesús Plácido se dirigía a una reunión convocada por el Subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno del Estado de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, en la que participarían autoridades y representantes comunitarios para atender diversas demandas planteadas por las comunidades indígenas de la región.

Según la información disponible, aproximadamente cuarenta elementos de seguridad -identificados como personal militar, ministerial y policía estatal- participaron en el operativo durante el cual detuvieron a Jesús Plácido Galindo y registraron el vehículo en el que viajaba.  Tras su detención se desconocen algunos datos fundamentales para garantizar su integridad: no se tiene certeza de su paradero, no se ha dado a conocer qué autoridad es responsable de su custodia, así como las razones jurídicas de su privación de libertad y las condiciones en las que se encuentra.

Esta situación genera una grave preocupación por su integridad física y psicológica, así como por el respeto de sus derechos fundamentales.

Estos hechos ocurren en un contexto de violencia sistemática, agresiones y criminalización en contra las comunidades organizadas del CIPOG-EZ y contra personas defensoras de derechos humanos del estado de Guerrero. La falta de información oficial sobre el lugar donde se encuentra la persona detenida y la ausencia de comunicación inmediata con sus familiares y representantes legales incrementan el riesgo de violaciones de derechos fundamentales: libertad personal, debido proceso, integridad personal y protección judicial efectiva.

Ante estos hechos, la Red TDT exige a las autoridades federales y estatales:

• Informar de manera inmediata el paradero de Jesús Plácido Galindo
• Garantizar su integridad física y psicológica, así como el respeto irrestricto a sus derechos humanos
• Permitir el acceso inmediato a su defensa jurídica y la comunicación con sus familiares
• Informar públicamente las razones legales de su detención y la autoridad que ordenó y ejecutó el operativo
• Abstenerse de cualquier acto de desaparición forzada, incomunicación, tortura, malos tratos o criminalización por su labor como defensor de derechos humanos e integrante del CIPOG-EZ
• Se respeten los derechos a favor de Jesús Placido a la libertad personal, el debido proceso, la integridad personal y la protección judicial efectiva
• Libertad para Jesús Plácido Galindo

Instancias turnadas:

Presidencia de la República: Lic. Claudia Sheinbaum Pardo

Secretaría de Gobernación: Rosa Icela Rodríguez Velázquez

Subsecretaría de Derechos Humanos y Migración: Felipe Arturo Medina Padilla

Titular de la Unidad de Derechos Humanos: Dr. Froylan Vladimir Enciso Higuera

Comisión Nacional de Derechos Humanos: Lic. Rosario Ibarra Piedra

Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos

Gobernadora del Estado de Guerrero, Mtra. Evelyn Cecia Salgado Pineda

Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Daniel Antonio Ledesma Ozuna.

Fiscalía General del Estado de Guerrero, Zipacná Jesús Torres Ojeda.

Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán 

Relatora Especial de la ONU, Andrea Bolaños Vargas

Por Sare Frabes | Avispa Midia

Integrantes de la comunidad autónoma Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo Azqueltán, al norte de Jalisco, se movilizaron este miércoles (10) por las calles de la Ciudad de México (CDMX) para exigir justicia por el ataque armado en el que fue asesinado Marcos Aguilar Rojas y lesionado Gabriel Aguilar Rojas. El primero, fungía como autoridad de la comunidad originaria. Ambos fueron atacados por un grupo armado, el pasado 26 de noviembre, en el predio comunal “El Caracol” mientras intentaban retirar ganado que había invadido su territorio.

Para la comunidad de Azqueltán el ataque de noviembre no es un hecho aislado, sino el más reciente episodio de violencia en una larga estrategia de despojo del territorio Tepehuano y Wixárika, cuyos pobladores enfrentan desde hace décadas y que incluyen invasiones, agresiones paramilitares, amenazas e impunidad. 

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Este miércoles (10), infancias, adultos mayores y jóvenes de organizaciones solidarias como la comunidad Otomí residente en la CDMX, así como del Congreso Nacional Indígena, acompañaron a una comisión de la comunidad autónoma de Azqueltán para protestar en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la capital del país. En el lugar gritaron consignas para demandar justicia ante el asesinato de su autoridad, Marcos Aguilar Rojas, pues a más de dos semanas de ocurrido aún no se detienen a los responsables materiales ni intelectuales. 

Acompañados del humo de copal y el sonido del caracol, la manifestación exigió a las autoridades federales el detener las agresiones e intentos de despojo de sus tierras por parte de grupos armados que no pertenecen a la comunidad. También señalaron las omisiones por parte del gobierno del estado de Jalisco, presidido por Pablo Lemus.

Tras su arribo a Segob, los pobladores de Azqueltán demandaron la atención de autoridades de alto nivel para dar seguimiento a sus demandas, entre las que solicitan atención inmediata para garantizar protección a la comunidad, así como la realización de investigaciones judiciales por las agresiones armadas.

“Ya estamos cansados. Ya estamos enfadados de tantas súplicas a los gobiernos y no escucharnos. Nos están viendo como nada, como si no fuéramos nadie que estuviera luchando por la Madre Tierra donde vive”, denunció Ramiro, habitante de Azqueltán, uno de los manifestantes que tomaron el micrófono para denunciar los intentos de despojo de sus tierras a pesar de que cuentan con documentos que sustentan su propiedad colectiva. 

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[:es]

El 8 de diciembre de 2024 un nuevo gobierno para Chiapas asumió funciones y anunció la implementación de una “nueva” estrategia de seguridad como respuesta a la violencia derivada de la disputa territorial y social entre grupos de delincuencia organizada. Con una gran campaña de comunicación y bajo el discurso de una “paz recuperada” ha impulsado en este año 2025 la disminución parcial de algunos indicadores delictivos y ha desplegado distintos operativos de seguridad. Desde el Grupo de Trabajo Región Frontera nos preguntamos si la estrategia de seguridad implementada por el gobierno del Estado de Chiapas busca la paz o la pacificación. Más que alcanzar la paz, la pacificación busca imponer el control social mediante el uso de la fuerza. En la Región Sierra-Frontera de Chiapas con Guatemala, esa estrategia no ha logrado frenar la crisis de violencia. Por el contrario, a lo largo de este año la situación es otra: un incremento en los casos de familias en desplazamiento forzado —tanto interno como hacia el país vecino— y de desaparición forzada. Estos hechos de violencia, junto con la continuidad de disputas territoriales y la presencia activa de grupos armados, muestran un panorama más complejo del que presentan los anuncios oficiales.

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[:en]

On December 8, 2024, a new government for Chiapas took office and announced the implementation of a “new” security strategy in response to the violence stemming from territorial and social disputes among organized crime groups. With a major communication campaign and under the narrative of a “recovered peace,” it has promoted in 2025 a partial decrease in some crime indicators and has deployed various security operations. From the Border Region Working Group, we ask ourselves whether the security strategy implemented by the government of the state of Chiapas seeks peace or pacification. Rather than achieving peace, pacification seeks to impose social control through the use of force. In the Sierra–Border Region of Chiapas, along the border with Guatemala, this strategy has not succeeded in curbing the violence crisis. On the contrary, throughout this year the situation is different: an increase in cases of families in forced displacement — both internal and toward the neighboring country — and in forced disappearances. These acts of violence, along with ongoing territorial disputes and the active presence of armed groups, reveal a far more complex panorama than that portrayed in official statements.

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[:es]

CONDENAMOS EL TERROR CRIMINAL CONTRA LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES DE LA COSTA-SIERRA DE MICHOACÁN, EXIGIMOS PAZ Y JUSTICIA VERDADERAS, NO DE PURA PALABRA

A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO,
A LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES,
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.

Ante el atentado terrorista que el crimen organizado llevó a cabo al mediodía de este 6 de diciembre en la comandancia de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana, la comunidad de Santa María Ostula condena rotundamente tan brutal crimen, mismo que tiene como propósito generar terror en la población y afectar el sistema de seguridad comunitaria que se han dado los pueblos de Coahuayana.

Hasta el momento se han confirmado 5 personas fallecidas y una veintena de personas heridas. Ninguna de ellas ni nadie merece ser víctima de grupos criminales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, quien desde hace ya 5 años ha venido atacando a nuestras comunidades para intentar desplazar a las poblaciones, como ha ocurrido en tantas partes de este adolorido país, y apoderarse de nuestros territorios.

Queremos dejar claro que seguiremos unidos y organizados para garantizar completamente la seguridad de los habitantes de nuestras comunidades y de la población en general; así como para exigir que todos los niveles de gobierno se comprometan de manera efectiva en el combate a la delincuencia.

En estos momentos tan difíciles, extendemos nuestra solidaridad y apoyo total a la Policía Comunitaria de Coahuayana, encabezada por el comandante Héctor Navarrete.

Reconocemos el enorme trabajo y esfuerzo que desde 2013 lleva a cabo este cuerpo de seguridad comunitaria para acabar con la delincuencia y con estos grupos criminales que han asolado la Costa-Sierra desde hace más de una década.

También brindamos un abrazo fraterno y solidario a los habitantes de Coahuayana ante estos dolorosos acontecimientos.

Exigimos a los gobiernos estatal y federal trabajar realmente para desarticular al CJNG y a cualquier otra organización criminal, pues sus discursos puramente demagógicos, proclamando los derechos de los pueblos originarios, mientras los criminales nos masacran y asesinan con total impunidad, evidencian la falta de voluntad, cuando no la colusión, de las instituciones de gobierno con los carteles delincuenciales.

Recientemente el gobierno federal dio a conocer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con un presupuesto de más de 50 mil millones de pesos; pero, ni con este plan ni con los planes anteriores, se están construyendo la paz y la justicia.

Por el contrario, con el Plan Michoacán los cuerpos castrenses federales han copado los territorios de nuestros pueblos y, específicamente, la Marina Armada de México y la Guardia Nacional han impedido intencionalmente el libre funcionamiento de nuestras policías comunitarias y guardias comunales, afectando gravemente nuestras capacidades de autodefensa, con saldos tan lamentables como el de este 6 de diciembre.

La solución no está en militarizar la región y el estado o el país, ni en la criminalización de nuestras policías comunitarias; la solución está en desarticular estas organizaciones criminales desde sus bases y en todas las geografías en las que operan, así como la pavorosa complicidad de instituciones y funcionarios corruptos con el crimen organizado; la solución está en el RESPETO POR PARTE DE LOS GOBIERNOS A LAS ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD QUE SURGEN DESDE NUESTROS MUNICIPIOS Y COMUNIDADES, COMO ES EL CASO DE LAS POLICÍAS COMUNITARIAS Y LAS GUARDIAS COMUNALES. La solución está en el respeto a la libre determinación y a los derechos de las comunidades; la solución está en construir proyectos de vida y no de muerte.

Consecuentemente con lo expuesto, EXIGIMOS A LOS GOBIERNOS FEDERAL Y DEL ESTADO DE MICHOACÁN:

1. EL CASTIGO A LOS RESPONSABLES MATERIALES E INTELECTUALES DEL ACTO TERRORISTA DEL PASADO 6 DE DICIEMBRE EN COAHUAYANA.

2. ACCIONES REALES Y DURADERAS PARA LA DESARTICULACION DEL CJNG Y DE TODOS LOS CARTELES CRIMINALES.

3. EL CESE DE LA COMPLICIDAD ENTRE CRIMINALES Y GOBIERNOS.

4. EL RESPETO EFECTIVO, NO ÚNICAMENTE EN DISCURSOS, DE LOS DERECHOS DE NUESTROS PUEBLOS Y COMUNIDADES.

5. EL PLENO OTORGAMIENTO DE GARANTIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRAS POLICÍAS COMUNITARIAS Y GUARDIAS COMUNALES.

¡Nunca más un México sin nosotrxs!

Comunidad nahua de Santa María Ostula

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WE CONDEMN THE CRIMINAL TERROR AGAINST THE PEOPLES AND COMMUNITIES OF THE COAST–SIERRA OF MICHOACÁN; WE DEMAND TRUE PEACE AND JUSTICE, NOT EMPTY WORDS

TO THE PEOPLES OF MEXICO AND THE WORLD,
TO THE NATIONAL AND INTERNATIONAL MEDIA,
TO HUMAN RIGHTS DEFENSE ORGANIZATIONS.

In light of the terrorist attack carried out by organized crime at midday on December 6 against the headquarters of the Community Police of the municipality of Coahuayana, the community of Santa María Ostula firmly condemns this brutal crime, whose purpose is to generate terror among the population and to undermine the community security system established by the peoples of Coahuayana.

So far, 5 people have been confirmed dead and around twenty injured. None of them—nor anyone—deserves to be a victim of criminal groups such as the Jalisco New Generation Cartel, which for five years has been attacking our communities in an attempt to displace our populations, as has happened in so many parts of this suffering country, and to seize our territories.

We want to make clear that we will remain united and organized to fully guarantee the safety of the inhabitants of our communities and of the general population, as well as to demand that all levels of government effectively commit themselves to combating crime.

In these very difficult moments, we extend our solidarity and full support to the Community Police of Coahuayana, headed by Commander Héctor Navarrete.

We recognize the enormous work and effort that this community security body has carried out since 2013 to put an end to delinquency and to the criminal groups that have ravaged the Coast–Sierra for more than a decade.

We also offer a fraternal and supportive embrace to the inhabitants of Coahuayana in the face of these painful events.

We demand that the state and federal governments genuinely work to dismantle the CJNG and any other criminal organization, since their purely demagogic speeches—proclaiming the rights of Indigenous peoples while criminals massacre and murder us with total impunity—lay bare the lack of will, if not outright collusion, of government institutions with criminal cartels.

Recently, the federal government announced the Michoacán Plan for Peace and Justice, with a budget of more than 50 billion pesos; but neither with this plan nor with previous ones are peace and justice being built.

On the contrary, with the Michoacán Plan, the federal armed forces have occupied the territories of our peoples and, specifically, the Mexican Navy and the National Guard have intentionally impeded the free functioning of our community police forces and communal guards, seriously undermining our self-defense capacities, with consequences as tragic as those of this December 6.

The solution is not to militarize the region, the state, or the country, nor to criminalize our community police; the solution is to dismantle these criminal organizations from their foundations and in all the places where they operate, as well as the terrifying complicity of institutions and corrupt officials with organized crime. The solution lies in RESPECT BY GOVERNMENTS FOR THE SECURITY STRUCTURES THAT ARISE FROM OUR MUNICIPALITIES AND COMMUNITIES, SUCH AS COMMUNITY POLICE FORCES AND COMMUNAL GUARDS. The solution lies in respecting the self-determination and rights of communities; the solution lies in building projects of life, not of death.

In line with the above, WE DEMAND OF THE FEDERAL GOVERNMENT AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF MICHOACÁN:

1. THE PUNISHMENT OF THE MATERIAL AND INTELLECTUAL PERPETRATORS OF THE TERRORIST ACT OF DECEMBER 6 IN COAHUAYANA.
2. REAL AND LASTING ACTIONS FOR THE DISMANTLING OF THE CJNG AND ALL CRIMINAL CARTELS.
3. AN END TO THE COMPLICITY BETWEEN CRIMINALS AND GOVERNMENTS.
4. EFFECTIVE RESPECT—NOT ONLY IN SPEECHES—FOR THE RIGHTS OF OUR PEOPLES AND COMMUNITIES.
5. THE FULL GRANTING OF GUARANTEES FOR THE FUNCTIONING OF OUR COMMUNITY POLICE AND COMMUNAL GUARDS.

Never again a Mexico without us!

Nahua community of Santa María Ostula

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DEFENDER LA VIDA, A LOS PUEBLOS Y A QUIENES LOS DEFIENDEN.

Como investigadorxs comprometidxs con el pensamiento crítico, la defensa de los pueblos y la documentación rigurosa de los procesos emancipatorios contemporáneos compartimos esta reflexión sobre los comunicados emitidos por el Congreso Nacional Indígena (CNI), el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), en los primeros días de noviembre de 2025.

Punto 1. Violencia sistemática y continuidad de la guerra contra los pueblos. 

El comunicado conjunto del CNI y el EZLN denuncia el ataque armado del 31 de octubre del año en curso contra integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias–Policía Comunitaria–Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF). Este hecho, perpetrado por el grupo criminal Los Ardillos, se enmarca en una estrategia prolongada de violencia narco-paramilitar y despojo territorial que afecta a las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero. El texto responsabiliza a los tres niveles de gobierno por su complicidad e impunidad, aludiendo a la continuidad de la guerra contra los pueblos originarios, ahora bajo el discurso de la Cuarta Transformación. Durante la última década, 66 integrantes del CIPOG-EZ han sido asesinados y 23 están desaparecidos, evidenciando una ofensiva sistemática que busca destruir la autonomía indígena y castigar la organización comunitaria que defiende la vida.

Punto 2. Criminalización de defensores y deslegitimación institucional. 

El segundo comunicado, difundido por el periódico Desinformémonos y respaldado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ‘Todos los Derechos para Todas y Todos’ (Red TDT) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), denuncia las declaraciones de la diputada Judith Vanegas Tapia (del partido de Morena) contra el abogado y defensor del territorio Carlos González García, asesor jurídico del CNI, a quien calificó como ‘enemigo histórico’. El Frayba señala que tales expresiones, pronunciadas desde un espacio institucional, constituyen una forma de criminalización discursiva que pone en riesgo la integridad de quienes sostienen la defensa colectiva de los pueblos. El comunicado reivindica la trayectoria de González como jurista comprometido con la libre determinación y la justicia comunitaria, y exige el cese inmediato de los discursos de hostigamiento y deslegitimación hacia los defensores.

Ambos comunicados revelan un mismo patrón estructural: la violencia física y paramilitar contra comunidades organizadas, la estigmatización institucional y mediática de sus defensores, y el despojo territorial como parte de una reorganización neoliberal del espacio. Frente a ello, los pueblos y las organizaciones reafirman su compromiso ético con la vida y la autonomía, sosteniendo que la dignidad y la palabra no serán silenciadas.

Desde el Grupo de Trabajo CLACSO Cuerpos, territorios, resistencias reconocemos en estas luchas la continuidad del horizonte emancipador latinoamericano que busca reconstituir lo común frente a la violencia del capital y la destrucción de los territorios.

Expresamos nuestro enérgico rechazo a las amenazas, difamaciones y actos de criminalización cometidos contra el abogado y defensor de los pueblos Carlos González García, integrante fundador del Congreso Nacional Indígena–Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG).

Carlos González García ha acompañado procesos agrarios, autonómicos y jurídicos en Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, Oaxaca y Chiapas; ha defendido el agua, la tierra, la educación comunitaria y la organización autónoma. Su ejercicio del derecho no responde al poder, sino al mandar obedeciendo, caminando junto a los pueblos que deciden por la autonomía y la vida.

Nos solidarizamos con Carlos González García y con todos los pueblos que defienden sus territorios frente al capital extractivista y las políticas que, bajo discursos progresistas, y humanistas profundizan el despojo y la militarización.

Exigimos:

• Garantías de seguridad y libertad plena para Carlos González García.
• Cese inmediato de la criminalización a defensoras y defensores de derechos colectivos.
• Respeto irrestricto a la autonomía de los pueblos originarios y a sus decisiones sobre sus territorios.
• Que las instituciones del Estado investiguen y sancionen las declaraciones amenazantes de la diputada Judith Vanegas Tapia.

La historia latinoamericana nos recuerda que la defensa del territorio es defensa de la vida. En Brasil, en Palestina, en Sudán o en México, el necrocapitalismo se expresa con distintas máscaras: masacres, despojos, hostigamientos. Pero en todas partes los pueblos resisten.

Reafirmamos que el derecho a la vida y al territorio no se mendiga: se ejerce y se defiende.

¡Todo nuestro respaldo y solidaridad con Carlos González García!

¡Alto a la persecución contra quienes defienden la tierra y la vida!

¡Contra el necrocapitalismo y la criminalización, los pueblos siguen caminando la dignidad!

Planeta tierra
10 de noviembre de 2025
Grupo de Trabajo CLACSO Cuerpos, territorios, resistencias