• El Estado mexicano omiso frente a la acción de grupos civiles armados de corte paramilitar.

Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra preocupación por el incremento de la violencia en Los Altos, en Chiapas, México, situación que arriesga la vida de integrantes de comunidades de pueblos originarios. La población viven con temor ante el accionar de grupos civiles armados de corte paramilitar, perpetradores de desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos en la región.

En este contexto, el día 6 de mayo, el cuerpo de Ignacio Pérez Girón, síndico municipal de Aldama, fue encontrado sin vida a un costado de la carretera libre San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, a la altura de la comunidad Yalebtay, en el municipio de Zincantán. Su familia lo reportó como desaparecido desde el pasado 4 de mayo del presente año.

Desde febrero de 2018, la población del municipio de Aldama vive una situación de crisis humanitaria. Las comunidades de Tabak, Koko’, San Pedro Cotsilnam, Stselej Potop, Xchuchte y Puente son víctimas de ataques con armas de fuego por parte de grupos civiles armados de corte paramilitar, procedentes del ejido Manuel Utrilla del municipio de Chenalhó, responsables del desplazamiento forzado masivo de 2036 personas.

Entre las agresiones se encuentran también las amenazas a los representantes comunitarios que han denunciado la omisión por parte de las autoridades del gobierno mexicano; y un ataque al anterior presidente municipal de Aldama, Marcelino Patishtán de la Cruz, en el tramo carretero Tzajaltetik´, en el municipio de San Juan Chamula, el 28 de marzo de 2018: «Lo persiguieron, quisieron sacarlo de la carretera, pero al ver que no pudieron actuaron con disparos de arma de fuego(1)».

En este escenario enrarecido de la desaparición y asesinato de Ignacio Pérez Girón el Estado mexicano no ha implementado las medidas suficientes y adecuadas para cesar la violencia desbordada en Los Altos de Chiapas. La impunidad persiste y la omisión protege a los agresores. Las medidas como la instalación de Bases de Operaciones Mixtas en Chalchihuitán y Aldama, consideradas por el gobierno como única solución, son inoperantes y contradictoriamente se desmantelaron de manera unilateral.

Existe un gran riesgo hacia la vida e integridad de las persona, porque las violaciones a derechos humanos son constantes, especialmente a mujeres, niñas y niños cuya vida cotidiana se impacta en un entorno de terror.

Por lo anterior, hacemos un llamado al Estado mexicano para:

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Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A los pueblos de Guerrero
A los pueblos de México
A la sexta nacional e internacional
A las redes de resistencia y rebeldía
A las redes de apoyo al CIG

Territorio Comunitario, Guerrero, 7 de Mayo de 2019

El CIPOG-EZ es la casa de los pueblos Na Savi, Me´pháá, Nahua, Ñamnkué y Afromexicanos del estado de Guerrero. Reconocemos nuestra historia reciente desde 1992 cuando comenzamos a luchar por nuestro derecho a la autonomía y libre determinación, constituimos el Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia que creció con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y se articuló con el Congreso Nacional Indígena. Así llegamos hasta el 2001, luchando para que los Derechos y la Cultura indígena fueran reconocidos en la constitución, pero ningún partido, ningún político profesional quiso frenar la guerra de exterminio que aún continua.

En la Costa Montaña de Guerrero nuestras comunidades llevaron a la práctica nuevas formas de gobierno comunitario, constituyendo sus propias instituciones. Nació la Policía Comunitaria en 1995 y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en 1998. Así se demostró que entre las montañas, entre la miseria y la represión en la que nos han tenido sumidos, los pueblos somos capaces de recuperar la paz y la tranquilidad. Estos modos de organización y de gobierno tampoco fueron inventados, vienen de cinco siglos de resistencia indígena y de nuestras experiencias como pueblos.

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El Congreso Nacional Indígena (CNI) y su Concejo Indígena de Gobierno (CIG) denunciaron ayer la desaparición forzada del Concejal Nahua del CIG José lucio Bartolo Faustino y del delegado del CNI Modesto Verales Sebastián en el estado de Guerrero. Ambos viajaron a la ciudad de Chilpancingo para asistir a una reunión con otros miembros de la organización CIPOG-EZ, a la cual pertenecen. A su regreso a su comunidad fueron emboscados y desaparecidos. El CNI reporta que el vehículo en el que viajaban fue encontrado con disparos de arma de fuego y que se están organizando brigadas de búsqueda. Reportan también que, en tiempos recientes, las comunidades que los eligieron como concejal del CIG-CNI y como delegado del CNI han estado bajo el asedio de organizaciones criminales toleradas por los tres niveles de gobierno.

Comunicado sobre las agresiones a la caravana del CIG

A los medios de comunicación,
A la sociedad civil nacional e internacional.

El día de hoy por la mañana la caravana del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y su vocera María de Jesús Patricio se encontró con la Comunidad Nahua de Santa María Ostula en territorio recuperado de las manos del crimen organizado, quien saqueaba las maderas preciosas y minerales dentro del territorio indígena. Durante el festivo y multitudinario encuentro nos dimos cuenta de que Ostula es una comunidad libre, segura, donde la policía comunitaria cuida al pueblo, creciendo la resistencia en contra del despojo capitalista.

Cuando la caravana se dirigía a Paracho, habiendo salido apenas de los límites del municipio de Tepalcatepec, ya fuera del territorio bajo resguardo de la Guardia Comunal de Ostula y los grupos de Autodefensa que se articulan con ella, el último vehículo de la caravana, donde se transportaban los periodistas independientes Daliri Oropeza, Aldabi Olvera, Cristian Rodríguez, mismos que han cubierto desde un inicio el recorrido del CIG y su vocera, fue interceptado y arrinconado por una camioneta HONDA CR-V gris, en la cual viajaban cinco sujetos que portaban armas de alto calibre. Estos hombres obligaron a los compañeros Aldabi Olvera y Cristian Rodríguez a descender, los amenazaron y los obligaron a entregar sus cámaras y teléfonos celulares únicamente.

Denunciamos que se realiza este cobarde ataque en un territorio controlado por el crimen organizado, en el contexto de una guerra capitalista generalizada en el estado de Michoacán y en varios estados del territorio nacional en complicidad con el mal gobierno. Sabemos que la intención del crimen organizado en contubernio con el gobierno es crear un clima de miedo y terror.

Ante estas agresiones hacemos responsables del ataque a los tres niveles de gobierno, al federal representado por Enrique Peña Nieto, al estatal representado por Silvano Aureoles Conejo, y al Municipal, así como las posibles agresiones que puedan sufrir las comunidades y pueblos del CNI, la Caravana del CIG, y periodistas que dan cobertura al caminar del CIG, debido a que durante el recorrido por las comunidades de los pueblos originarios nos hemos cimbrado al escuchar los dolores causados por el crimen organizado en contubernio con los malos gobiernos.

Reconocemos la labor que las y los periodistas independientes realizan, sobre todo quienes acompañan la caravana, ya que han sido fundamentales para visibilizar nuestro caminar y nuestros dolores. Sabemos bien que ejercer el periodismo en México es un trabajo de alto riesgo y que 40 periodistas han sido asesinados en nuestro país en el sexenio de Peña Nieto. Como Congreso Nacional Indígena nos indigna esta guerra contra la palabra, herramienta fundamental para la organización de los pueblos. Nos solidarizamos con los y las compañeras que realizan su oficio y defienden las libertades de expresión y prensa.

En esta construcción que busca el CIG, vamos juntos de la mano con las personas que extienden la palabra de los Pueblos indígenas en resistencia de manera honesta.

Comunidad Purépecha de Paracho, Michoacán, 21 de enero de 2018.
Nunca más un México sin nosotros
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

Al Pueblo de México
A los organismos de derechos humanos e instancias humanitarias

Como colectivo de organismos de la sociedad civil, hemos conocido y revisado la sentencia emitida por el Lic. Claudio Aníbal Vera Constantino, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 03 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dentro del expediente 781/2005, suscrita y certificada desde el día 06 de noviembre del presente (unos días antes de la agudización violenta del conflicto), y notificada a las partes -Autoridades Comunales de Chalchihuitán y de Chenalhó- y hecha pública hasta el día de antier, 13 de diciembre (un mes y una semana después de emitida, ya escalado el clima de agresión y violencia del citado conflicto).

Respecto a dicha sentencia -cuya histórica problemática agraria, irresuelta de fondo con apego a justicia y a derecho, ha constituido el pretexto central para desatar un clima de extrema violencia y, a la vez, encubrir acciones e intereses ilegítimos de muy alta peligrosidad-

CONSIDERAMOS:

1° Que en su ambigua forma, el manejo de los tiempos y su débil contenido, dicha sentencia, más que apegarse a un verdadero análisis y fundamentación histórica y jurídica en materia agraria del caso, más bien parece ser producto de un cuidadoso cálculo político, que pretendería la administración del problema, respondiendo a los tiempos políticos de las actuales administraciones estatal y federal;

2° Que, a pesar que en sus cuatro resolutivos finales, la sentencia, ambiguamente pareciera pretender el mantener a salvo los derechos de ambas comunidades agrarias (Chenalhó y Chalchihuitán) en realidad favorece absolutamente a la primera, y con ello encubre y alienta, a los ilegítimos intereses de la delincuencia organizada, misma que, a través de la documentada acción impune de grupos armados de corte paramilitar, ha obligado al inhumano desplazamiento de miles de indígenas (la mayoría de extrema vulnerabilidad: mujeres, niñas y niños, ancianas y ancianos) no sólo de Chalchihuitán, sino –aunque en menor número- también de Chenalhó, provocando con ello, hasta el momento, la muerte de cerca de una decena de niños, niñas y ancianos. Manteniendo a la verdadera base comunitaria de ambos pueblos, en un permanente estado de angustia, miedo y sufrimiento,

En este contexto las organizaciones abajo firmantes ratificamos las siguientes exigencias:

1. Estrategia de desarticulación, desarme y castigo a los grupos civiles armados.

a. Investigación y solución de denuncias previas y expedientes congelados

b. Detención y castigo a responsables

c. Auditorías a las presidencias municipales de Chenalhó, Chalchihuitán y Chamula, ante la presunción documentada de que desde ahí se desvían fondos para la compra de armas.

d. Confiscación de armas

e. Acciones judiciales efectivas

2. Reconocimiento del estatus legal de desplazamiento forzado interno.

a. Utilización y aplicación de protocolos

b. Garantías de seguridad e integridad personal a las personas desplazadas

c. Instalación de campamentos específicos para desplazados

d. Ayuda humanitaria

e. Salud integral

f. Garantías de seguridad para el retorno y reintegración.

g. Reparación integral del daño

h. Aplicación ley de desplazamiento forzado del gobierno del estado de Chiapas

3. Libre tránsito.

a. Rehabilitación de vías de comunicación

b. Presencia permanente de organismos civiles, nacionales e internacionales para garantizar la seguridad, la movilidad y el abasto. (CNDH|, CICR, UNICEF, Alto Comisionado de las Naciones Uidas, ACNUR, A.I.)

4. Garantías de seguridad para la observación de derechos humanos nacional e internacional en el ámbito civil.

5. Atención del problema de fondo a través de un diálogo político desde las estructuras comunitarias tradicionales y agrarias de ambos Bienes Comunales. Con observación de organizaciones de la sociedad civil. Por lo que exigimos que las instancias jurisdiccionales que en lo sucesivo conozcan y resuelvan sobre este caso, lo hagan con base y apego a los derechos colectivos (basados en la autonomía y libre determinación) que se consagran en los instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha ratificado.

6. Solicitamos que la CNDH emita una recomendación, dado que no se cumplieron con las medidas cautelares hacia los gobiernos estatal y federal.

Campaña Popular Contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas
Colectiva CEREZA
Equipo de Atención Psicosocial Para la Situaciones de Violencia y Exclusión Social
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C.
Comité Nacional Para la Defensa y Conservación de los Chimalapas
Maderas del Pueblo del Sureste A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.
Casa de la Mujer Ixim Antsetik
Servicios y Asesoría Para la Paz
Salud y Desarrollo Comunitario A.C.
Fideicomiso Para la Salud de los Niños Indígenas de México, A.C.
Formación y Capacitación A.C.
Melel Xojobal A,C

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
a 15 de diciembre de 2017.
Pronunciamiento Conjunto

Foto: Brigada médica de Sadec, atención a población desplazadas en Chalchihuitán. Facebook Sadec A C Sdc

¡DECIMOS NO Y NUNCA MÁS A LA PRESENCIA MILITAR DE ESTADOS UNIDOS
EN LOS TERRITORIOS DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA!

18 de mayo de 2017

Desde inicios del 2017 se viene concretando un nuevo pacto militar entre Estados Unidos (EUA), México y los países de Centroamérica para incrementar la presencia del Comando Sur de EUA en la frontera de Guatemala y México, lo que significaría que por primera vez en la historia reciente haya operaciones oficiales del ejército de los Estados Unidos. en territorio mexicano.

Hasta el momento hay muy poca información pública y oficial al respecto, sin embargo, la suma de algunos elementos nos permite concluir que se pretende una nueva ola en el histórico intervencionismo militar y económico de Estados Unidos en América Latina. Ante ello, como pueblos transfronterizos resistimos y nos oponemos rotundamente al despojo de nuestros territorios y nuestros cuerpos vía la ocupación militar, así mismo defendemos la vida, la dignidad y nuestra integridad.

Actualmente hay dos acontecimientos de mucha preocupación que nos exige movilizarnos: 1) Por un lado el mensaje con motivo de la Conferencia de Seguridad de Centroamérica, CENTSEC 2017, realizada el pasado 25 de abril, en la cual se anunció la instalación de una Fuerza de Tarea del Comando Sur de EUA en el Departamento fronterizo de Petén, en colaboración con los ejércitos de México y Guatemala, para operar a lo largo de la frontera. 2) Por otro lado, el anuncio de una próxima Conferencia de alto nivel sobre seguridad y economía para México y Centroamérica a realizarse del 14 al 16 de junio en Miami, Florida, donde una parte de la misma se llevará dentro de la base militar del Comando Sur de EUA, y en la cual se prevé la mutación del Plan Alianza para la Prosperidad para darle un enfoque primordialmente militarista y de reinversión de capitales privados en la región.

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John Gibler (Texas, 1973) coge el teléfono en la Librería Libre de Santander, donde presenta su libro Fue el Estado (Pepitas de Calabaza, 2016), sobre la matanza de Iguala. Gibler vive en DF y trabaja en México: es, a todos los efectos, un periodista mexicano. En 2012 escribió Morir en México, un libro en el que escribe sobre los reporteros que se juegan la vida en el país. Uno de los protagonistas de ese libro, amigo suyo, murió asesinado el lunes en su ciudad, Culiacán.

Pregunta. ¿Cuándo vio por última vez a Javier Valdez?

Respuesta. En febrero grabé con él un programa de Al Jazeera. Conversamos mucho, pasamos dos días juntos. Estaba preocupado, pero él era un hombre tan generoso, tan chistoso, tan vivo. Llevaba el peso: cargaba el dolor de los años, de los muertos. Y quizá también sentía otro peso: el de estar fuera del Distrito Federal. En México el centro de atención siempre es el DF, y los reporteros que más se juegan son los que viven en los Estados. Él amaba Culiacán y nunca dijo nada de irse, pero sentía el dolor de ver cómo la maquinaria de violencia e impunidad se hacía con la sociedad. Quería retratar la muerte en vida, el miedo, el terror que provoca la violencia sin castigo.

P. El 90% de delitos contra periodistas y medios no se resuelve. Un periodista vive sabiendo que si le matan, al asesino no le va a ocurrir nada.

R. En México es infinitamente más peligroso investigar un asesinato que cometerlo. Publicar una nota sobre un asesinato que cometerlo. Hay más libertad de expresión para los asesinos que para los periodistas. Después de matar a Miroslava Breach [periodista asesinada delante de su casa en Chihuahua en marzo], su asesino siguió caminando por la calle tan tranquilo con un cartel debajo del brazo que era el supuesto narcomensaje.

P. Supuesto. (Continuar leyendo…)

Foto: Enrique Castro (Proceso)

La comunidad indígena de Santa María Ostula informó que ayer, 8 de febrero de 2017, fueron liberados los policías comunitarios de San Pedro Naranjestil, secuestrados el 5 de febrero por miembros de la Marina y entregados al crimen organizado. La liberación se dio como resultado de operativos y negociaciones entre el Estado y el crimen organizado, cuyo contenido la comunidad ignora. Al mismo tiempo, la comunidad de Ostula denuncia la complicidad entre el Estado, la delincuencia organizada y el capital, sobre todo en la forma de las empresas mineras que operan en la región. En el comunicado hacen también un recuento de las graves agresiones sufridas a manos del Estado y de la delincuencia organizada a lo largo de este último año, y ennumeran una serie de exigencias para acabar con la impunidad, desmilitarizar la región, desmantelar los grupos del crimen organizado, permitir la construcción de la autonomía y crear las condiciones para el retorno de la paz social.

A continuación, el comunicado completo.

COMUNICADO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA, AQUILA, MICHOACAN: LIBERADOS LOS POLICÍAS COMUNITARIOS

8 DE FEBRERO DE 2017

A LA OPINIÓN PÚBLICA
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
AL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
A LOS MEDIOS LIBRES
A LOS MEDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES

El día de hoy a temprana hora y tras operativos conjuntos y negociaciones fueron liberados los compañeros policías comunitarios de San Pedro Naranjestil, municipio de Aquila, Michoacán: Abigail Farías Fernán, Crispín Francisco de Aquino, Saúl Fabián Meraz Martínez, Eleno Valencia Zambrano y Francisco Carreón Valencia, quienes habían sido secuestrados y desaparecidos desde el pasado 5 de febrero de 2017 a manos de elementos de la Secretaría de Marina, quienes después los entregaron a los grupos delictivos encabezados por Jesús Cruz Virrueta (alias Chuy Playas), Fernando Cruz Mendoza (alias El Tena), José María Cruz (alias el Tunco), Federico González Medina (alias Lico) y Mario Álvarez López (alias El Chacal), así como los dos comunitarios que posteriormente fueron retenidos en el proceso de negociación.

Aclaramos que nuestra comunidad desconoce las condiciones y acuerdos a los que se haya llegado con los delincuentes para la liberación de nuestros compañeros y denunciamos que no han sido detenidos ninguno de los responsables materiales e intelectuales de este nuevo atentado, ni ha sido esclarecido el vínculo y la complicidad entre estos y los elementos de la Secretaría de Marina.

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Sierra-costa de Michoacán, 7 de febrero de 2017

A los pueblos de México y el mundo,
Al Congreso Nacional Indígena
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A los medios libres,
A los medios de comunicación nacionales e internacionales,

La Comunidad Indígena de Santa María Ostula se manifiesta enérgicamente en contra de la detención ilegal de 5 elementos de las policías comunitarias de San Pedro Naranjestil y Tizupan –ambos pertenecientes a la comunidad indígena de Pómaro– a manos de elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) para ser entregados directamente a un grupo de criminales, el cual ha sido denunciado insistentemente con anterioridad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 de la mañana del día 5 de febrero, hora en la cual algunas camionetas de la SEMAR llegaron al filtro de seguridad que la policía comunitaria mantenía en el punto conocido como Tizupan. A partir de los testimonios recopilados, es posible certificar que los marinos no detuvieron al azar a los comunitarios sino que éstos estaban plenamente identificados y eran el objetivo de esta acción.

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