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Avispa Midia

Violento desalojo contra comunidad garífuna mas antigua de Honduras

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

El lunes (7), elementos de la Policía Nacional acompañados de militares hondureños ejecutaron un violento desalojo contra la comunidad de Punta Gorda, población garífuna establecida hace más de 225 años en la isla de Roatán, caribe hondureño.

Habitantes de la comunidad registraron el accionar violento de los elementos de seguridad y militares, quienes golpearon a los garífunas que se manifestaron contra el desalojo. Según el Comité de Defensa de Tierra de Punta Gorda, el saldo del operativo fue de 50 garífunas con heridas considerables y 15 heridos de gravedad.

También se registró la detención de seis personas, integrantes del Comité de Defensa de Tierra de Punta Gorda. Estas son Melisa Martínez, Dorotea Arzú, Luis Moisés Dolmo, Richard Martínez, Keyder Tishany González y Abad Gómez.

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En testimonio recogido por el medio Contracorriente, la defensora Melisa Martínez, también integrante de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) y de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, denunció que ella y sus compañeros sufrieron golpes por parte de miembros de la seguridad pública del Estado de Honduras y destacó que uno de ellos se encuentra herido de gravedad.

El operativo, señalaron los habitantes, responde a denuncias contra la comunidad de Punta Gorda por el supuesto delito de usurpación de tierras en el departamento de Islas de la Bahía.

No obstante, el Comité calificó el desalojo de “ilegal, violento, cobarde y racista”, debido a que, en apego al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “el Pueblo Garifuna es titular de derechos de propiedad y dominio sobre las tierras y recursos que ha ocupado ancestralmente y, por tanto, tiene derechos a ser reconocidos juridicamente como los dueños legitimos de su territorio, constituyendo con ello ilegal y racista cualquier desalojo forzoso”.

Mediante comunicado, el Comité de Defensa de Tierra de Punta Gorda reiteró que los habitantes de dicha comunidad no son invasores, ni usurpadores de tierras, sino son los dueños legítimos del territorio ancestral garífuna.

Desalojos

El violento desalojo también fue calificado como ilegal por la Ofraneh. Miriam Miranda, coordinadora de dicha organización, reiteró que existen antecedentes jurídicos establecidos por la CIDH en los cuales condena las usurpaciones territoriales padecidas por el pueblo garífuna, quien se estableció principalmente en la costa atlántica de Honduras antes de la creación de dicho Estado centroamericano.

Mediante redes, la Ofraneh destacó que Punta Gorda es una comunidad garífuna que carece de título comunitario, por lo cual no es la primera vez que acontece un intento de desalojo contra su población. En abril de 2011, un grupo de 60 policías realizaron el desalojo de 12 familias de la localidad. Según la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, el desalojo, basado en el uso de la fuerza, fue provocado también por militares que aseguraron ser propietarios de terrenos y ordenaron destruir las casas ubicadas en la zona.

Durante el actual desalojo, el Comité de Defensa de Tierra de Punta Gorda condenó la “actitud servil de los representantes departamentales del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), quienes, en vez de ponerse del lado de las víctimas, aprovechando el ‘jalón’ de la Policia Nacional, respaldaron y legitimaron este violento desalojo”.

Miembros del Comité de Defensa de Tierra de Punta Gorda continúan detenidos a la espera de ser enjuiciados por la supuesta usurpación de sus propias tierras

En cuanto a la situación de los integrantes presos del Comité, Miriam Miranda difundió este martes (8) por la mañana, que las seis personas fueron trasladadas al Juzgado de Roatán, “para ser sometidos a un juicio totalmente ilegal, ante un sistema judicial, racista y espurio”. Ante esta situación, el Comité demandó la liberación inmediata de sus integrantes, por lo cual convocó a una asamblea general de urgencia en las tierras recuperadas por la comunidad de Punta Gorda.

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“Si no liberan a nuestros compañeros y compañeras cerraremos el acceso a cualquier tercero que pretenda pasar por la calle principal de nuestra comunidad, incluidos trabajadores, turistas, buses, carros particulares o cualquier otro transporte hasta que liberen a nuestras hermanas y restituyan nuestro territorio ancestral”, sostuvieron los garífunas.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras condenó la violencia contra las poblaciones que defienden legítimamente sus territorios ancestrales. También se posicionó la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras contra los “elementos de violencia institucional del gobierno de Xiomara Castro para atacar a la comunidad garífuna más antigua de este territorio.

Por su parte, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copihn) se solidarizó con los habitantes de Punta Gorda. Así mismo repudió las acciones del Poder Judicial hondureño y exigió se investiguen “las acciones corruptas de jueces del Juzgado de Leras de Islas de La Bahía y las acciones violentas de la Policía Nacional”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) también condenó la detención y las agresiones cometidas este lunes (7).

Experimento

La isla de Roatán se encuentra en la mira del proyecto de las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDES)  bajo la construcción del proyecto Próspera, iniciativa puesta en marcha desde mayo del 2020, el cual pretende la consolidación de la primera ciudad modelo de Honduras.

Próspera Economic Development Platform promueve el proyecto para el desarrollo de la ciudad con enfoque en turismo médico, educación superior, viviendas sostenibles y la diversificación de la economía de la isla. Entre las principales atracciones del proyecto se encuentra la oferta de exenciones de impuestos sobre ingresos extranjeros, maniobra para atraer inversiones internacionales.

Sin embargo, la iniciativa de las ZEDES, apoyada por la administración del ex presidente Juan Orlando Hernández, recibió un revés en abril del 2022 cuando el Congreso Nacional derogó la Ley Orgánica que les dio sustento legal. La acción de los congresistas fue resultado de la movilización social que criticó el proyecto por considerar que se cedían territorios a inversores extranjeros.

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Recientemente, el pasado jueves (3), Pedro Barquero, secretario de Desarrollo Económico, informó que la ZEDE Próspera está preparando una demanda por daños y perjuicios valorada en 10,700 millones de dólares en contra del Estado de Honduras tras la derogación de la Ley.

Garífunas de Punta Gorda mantienen un proceso de recuperación de sus tierras ancestrales

Al mismo tiempo, el pueblo garífuna espera la visita de una misión de la CIDH a finales de noviembre, quien harán una visita in situ para conocer la situación de comunidades en conflicto por su territorio, pues situaciones similares a lo que acontece en Punta Gorda suceden en territorios garífunas de Tela, en comunidades de San Juan y Triunfo de la Cruz.

Pese a que desde el año 2015 existen sentencias de la CIDH que obligan al Estado de Honduras a resarcir el daño resultado de la violación de derechos al territorio de comunidades garífunas, fue hasta abril de este 2022 que el gobierno, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, difundió su interés por comenzar a cumplir dichas sentencias favorables a las comunidades afroindígenas.

Para la Ofraneh, el incumplimiento de estas sentencias ha derivado en el incremento de la violencia contra las poblaciones garífunas, quienes durante los últimos años han reportado asesinatos y desapariciones de defensores de sus territorios ancestrales.

 

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Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis-GTANW

(Español) Gobiernos autónomos de la Amazonía peruana se pronuncian sobre las actividades petroleras en sus territorios

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Por Kathia Carrillo

GTANW 8/11/22.- Representantes de las naciones Wampís, Chapra, Kandozi, Awajún y Achuar se reunieron en la V Asamblea de las Naciones Originarias el 6 y 7 de noviembre para tratar la problemática de la industria petrolera y derrames en sus territorios. Tras la reunión, emitieron una resolución donde se exige el cese de la expansión de la frontera petrolera, oponiéndose a nuevas concesiones, así como demandando la anulación del lote 64, adjudicado a Petroperú y ubicado en territorio Achuar y Wampís.

Como hace años vienen alertando la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP) y el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), el proyecto del lote 64 implicaría la destrucción de biodiversidad y alteración de varios sitios sagrados que pertenecen a los territorios ancestrales de ambas naciones, afectando seriamente su subsistencia, por lo que siempre han comunicado su oposición al mismo.  La operación del lote tendrá además impacto en las partes altas del sitio Ramsar Abanico del Pastaza, un área de humedales de alta biodiversidad.

En la resolución, los gobiernos autónomos también demandaron la remediación de los sitios impactados y los pasivos ambientales que han generado los constantes derrames de petróleo, en especial los de 2016 en territorio Wampís (CN Mayuriaga, río Morona) y en territorio Awajún (distrito de Imaza, ríos Chiriaco y Marañón), y el de 2019 que afectó a las comunidades Awajún de Chapis y Santa Rosa (Manseriche, Datem del Marañón). A su vez, exigieron la atención en la contención y limpieza del derrame producido en el km 177 del ONP que lleva más de 50 días sin que se haya abordado adecuadamente y que está afectando territorios Chapra y Wampís.

Como se recordará, en pronunciamientos públicos anteriores[1] respecto al tema del derrame en el km 177 y la problemática del deterioro por antigüedad del oleoducto norperuano, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís ha exigido al gobierno hacer respetar la norma sobre transportes de hidrocarburos a Petroperú para que lo adecúe y no permita que haya bombeo de petróleo hasta que realice dicha adecuación de manera integral.

Además de la clara oposición a proyectos e infraestructura petrolera que invaden el territorio amazónico, los gobiernos autónomos se pronunciaron en oposición al traslado del crudo de los bloques petroleros ecuatorianos 86 y 87 por medio del oleoducto norperuano. Como se sabe, en días recientes Petroecuador y Petroperú han sostenido reuniones para discutir el proyecto de interconexión de oleoductos entre Perú y Ecuador que permita procesar el crudo ecuatoriano en la Refinería de Talara.

Finalmente, los gobiernos autónomos señalaron su rechazo a la militarización de sus territorios que pretende Petroperú so pretexto de la “protección” del oleoducto norperuano.

Puede leer la resolución;

RESOLUCIÓN-FRENTE-A-LAS-ACTIVIDADES-PETROLERAS

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Avispa Midia

Chiapas: Familias desplazadas de Chenalhó exigen retorno seguro

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Familias desplazadas de Santa Martha, municipio de Chenalhó, se manifiestan contra la impunidad de los ataques armados en la región.

En los últimos días de octubre, familias desplazadas violentamente de Santa Martha, municipio de Chenalhó, en Chiapas, se manifestaron en San Cristóbal de las Casas para exigir la desarticulación de grupos armados, la aparición con vida de personas desaparecidas y el retorno seguro a su lugar de origen.

Los indígenas tzotziles tuvieron que abandonar un centenar de viviendas debido a que el pasado 29 de septiembre un grupo armado de Chenalhó atacó su comunidad, tras lo cual reportaron 244 personas desplazadas de todas las edades, niños, mujeres y ancianos.

Durante la marcha difundieron que, tras el ataque, el cual duró más de cuatro días, contabilizaron 15 personas desaparecidas, así como el asesinato de siete adultos y tres menores de edad. Las familias recorrieron el centro de San Cristóbal para exigir castigo a los asesinos, el cese de la impunidad y justicia ante la situación de violencia en la región de los Altos de Chiapas.

Los indígenas desplazados se encuentran refugiados en la comunidad de Polhó, en el mismo municipio de Chenalhó donde desde principios de octubre han recibido ayuda humanitaria, la cual no es suficiente, sobre todo por la situación de vulnerabilidad de los niños.

Refugiados en el campamento de Polhó, Chenalhó. Foto: CDH Frayba

De acuerdo con datos de organizaciones defensoras de derechos humanos, entre los años 2010 y 2021 se registró el desplazamiento forzado de 14 mil 476 personas en al menos 15 municipios del estado de Chiapas.

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Entre las organizaciones que realizan el registro se encuentra el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba) para quien el conflicto en Chenalhó existe por el inadecuado deslinde territorial, por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria en la década de 1970, entre los pobladores del municipio de Aldama y la comunidad de Santa Martha en Chenalhó. A esto se suma la omisión para resolver dicha situación por parte del Estado, lo que ha permitido la continuación del conflicto entre las comunidades indígenas.

En Chenalhó existe presencia paramilitar debido a las operaciones de contrainsurgencia después del levantamiento armado en 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y destaca el número de familias desplazadas del municipio vecino de Chalchihuitán, donde debido a la violencia se ha reportado el desplazamiento forzado de más de 5 mil personas.

Crisis

En comunicado difundido en octubre, el CDH Frayba señala la responsabilidad del Estado mexicano por la omisión ante los ataques y el mantenimiento de la impunidad frente a la actuación de grupos armados en los Altos de Chiapas. Según el Frayba, estos “amenazan, asesinan y desplazan a los habitantes, lo cual constituye una violación continua y múltiple de los derechos humanos, entre los que se destacan el acceso a un nivel de vida adecuado, a la libertad de circulación, libertad de residencia, a la vivienda, salud, educación, empleo, y a una vida en familia”.

La organización de derechos humanos destaca que en diversas zonas de Chiapas se vive una crisis de violencia, debido a que “actores civiles utilizan el recurso armado como mecanismo de control político, territorial y económico”.

Desde el año 2011, el CDH Frayba ha documentado 40 conflictos donde destaca la operación de grupos armados, de los cuales 33 casos registraron el uso de armas de alto calibre. La mitad de estos eventos se desarrollaron en los Altos de Chiapas, en los municipios de Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y Oxchuc.

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Según Frayba, los actores que participan en los ataques son diversos, “desde sucesores de dinastías de líderes paramilitares que dan continuidad a la lógica contrainsurgente, una conjugación con grupos armados vinculados al crimen organizado y delincuencia común, así como organizaciones sociales corporativistas afines al Estado; hay que sumar la militarización de la seguridad pública en los territorios a través de la presencia de la Guardia Nacional”.

Para la organización son varias las causas de esta crisis de violencia. Entre ellas destaca que la descomposición social actual es producto de conflictos políticos-militares irresueltos, de la ausencia de mecanismos institucionales efectivos para la solución de conflictos sociales, además de la existencia de un mercado ilícito de armas, la impunidad histórica y el fomento directo de estas dinámicas de la violencia por parte de autoridades tanto locales como estatales.

“La violencia en estos territorios es sumamente dramática, ya que ha tocado las estructuras comunitarias provocando fracturas profundas y permanentes, esto a causa de los mecanismos del terror que van creciendo, por lo que es urgente desactivar las violencias y reconstruir el tejido social con la participación de la población que resiste estas acciones criminales”, enfatiza la organización.

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CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA (CIPOG-EZ)

(Español) Se lo dijimos al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, “¡Nos están matando, torturando, desapareciendo!”

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Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía.

A los pueblos y comunidades de Guerrero

Al movimiento social Guerrerense

A a los medios de Comunicación

A las organizaciones de Derechos Humanos

 

7 DE NOVIEMBRE DE 2022

A UNOS DÍAS DEL ASESINATO DE NUESTROS HERMANOS ADÁN, MOISÉS Y GUILLERMO.

 

¡Se lo dijimos! “los narco-paramilitares matan y desaparecen a nuestra gente”.

¡Se lo dijimos! no queremos ser carne de cañón del crimen organizado que comanda Celso Ortega Jiménez y el diputado Bernardo Ortega Jiménez.

¡Se lo dijimos! No queremos programas sociales, sino justicia, la seguridad, que nuestra palabra sea escuchada.

 

El pasado 21 de octubre, Andrés Manuel López Obrador simuló escuchar nuestras palabras; sin descender de su transporte, varios de nuestros hermanos y hermanas del CPOG-EZ le dijimos que nos estaban matando, le dijimos quiénes, con nombres y apellidos, dónde y cómo. Pero tal como si nada hubiera sido dicho y estuviéramos condenados a repetir la misma historia, a llorar a nuestros muertos y nuestros desaparecidos, el 5 de noviembre tres de nuestros hermanos fueron asesinados.

“Muchos de nuestros compañeros bajan al municipio a vender sus productos y ya no vuelven, se quedan ahí y siguen desapareciendo”. Así de claro le dijimos a Andrés Manuel López Obrador. Tal como si se pudiera predecir lo que va a pasar, Adán, Guillermo y Moisés, indígenas nahuas de la Montaña Baja de Guerrero pertenecientes al CIPOG-EZ y al Congreso Nacional Indígena (CNI), bajaron al Municipio de Chilapa y ya no volvieron, fueron brutalmente asesinados. Evidentemente el entender la realidad nos permite saber que los grupos narco-paramilitares pueden asesinar a cualquiera de nosotros y nosotras cuando les plazca. La realidad que vivimos desde hace ya más de 7 años de guerra con “Los Ardillos” y que antes vivimos con “Los Rojos” y antes con otros grupos, así hasta llegar al extermino que los Españoles intentaron hacer de nuestros antepasados es una realidad que ya no queremos vivir, por eso resistimos por eso luchamos todos los días y nos organizamos, porque si no lo hiciéramos, muy seguramente ya hubiéramos sido exterminados.

La realidad de estos últimos años es muy evidente:

  1. El gobierno Municipal está gobernado por Aldy Esteban Román (PRI). Este personaje, pasó por la fiscalía del estado de Guerrero, desde donde al igual que hoy, protegía a los Ardillos, grupo narco-paramilitar de amplia influencia en el estado de Guerrero.
  2. El integrante, uno de los líderes y protector, operador político de los Ardillos, es Bernardo Ortega Jiménez, diputado (PRD), quién ha mencionado que no tiene nada que ver con sus hermanos (o sea que acepta que son delincuentes pero como servidor público pasa por alto la violencia que generan, lo cual lo vuelve cómplice y por tanto integrante y protector de los Ardillos, si ese fuera el caso; pero aunque lo niegue, nosotros sabemos que integra activamente al grupo criminal).
  3. Las policías municipales están coludidas con los Ardillos. Esto ya era más que evidente, hace unos meses en Atlixtac 2 de nuestros hermanos fueron detenidos y desaparecidos por la policía municipal de Atlixtac. En esta ocasión, la policía de tránsito del Municipio de Chilapa fue la que se encargo de detener e identificar a los miembros del CIPOG-EZ para luego informar a los Ardillos y que estos los asesinaran. Lo mismo ocurre en el Municipio de José Joaquín de Herrera, donde también han desaparecido a otros de nuestros hermanos.
  4. Estamos viviendo una guerra de exterminio donde partidos políticos, gobiernos, policías, grupos delincuenciales, están vinculados y si no hemos sido exterminados es por nuestra resistencia y organización.

Entonces vemos que desde el gobierno federal hasta el municipal, hay una cadena de de complicidades al mismo tiempo que se masacra a las comunidades, tal como si se quisiera tomar nuestro territorio y que para lograr esto fuera necesario exterminar a quienes lo habitamos. No se entiende que llevemos tantos desaparecidos y asesinados y que no haya un solo detenido, pero cuando se mira a fondo lo que nos ha pasado y se apela a la historia no como un lugar común, no como discurso para demostrar saber, tal como lo usa Andrés Manuel, sino como una herramienta para transformar la realidad, sí entendemos que nos quieren exterminar y también entendemos que hay que resistir para vivir.

La respuesta de Andrés Manuel a los planteamientos del CIPOG-EZ, fueron las mismas ideas sueltas, en las que apela a la historia sin comprensión de los procesos históricos, sin conectar las causas y consecuencias, mucho menos la utiliza para no cometer los errores del pasado, pues él mismo es un resultado del error o mejor dicho, el resultado natural del modelo económico capitalista que para mantener la desigualdad en el mundo, requiere de gobiernos que simulen representar y escuchar, mientras la vida y la tierra de los pueblos es arrebatada.

Mencionó: “Nada más una cosa les digo con toda sinceridad, eviten la violencia hay formas de luchar, la más eficaz de todas es la no violencia, esa la llevó a la práctica, esa política de no violencia, Gandhi, Mandela, Luther King y nos enseñaron que sí se puede de manera pacífica cambiar las cosas, no hay que caer en una provocación, hay que sacarle la vuelta a la provocación y hay que buscar el cambio por la vía pacífica y nosotros vamos a seguir actuando así de manera pacífica y sin relaciones de complicidad con nadie”.

Nosotros respondemos: seguir llamando a la no violencia en un escenario de guerra, sin detener a quienes la generan, sin atacar las causas de la violencia, económicas, políticas, sociales, culturales, es un absurdo.

***

Hoy que velamos a nuestros muertos la rabia nos inunda, porque eran compañeros importantes de nuestra organización, de esos que trabajan al doble, de esos que no dormían en días cuando las balas de los Ardillos pasaban encima de nuestras cabezas e iban al frente a resistirlos para salvar la vida de nuestras comunidades. Pero no sólo conocían esa forma de resistir, también se involucraron en la parte política, eran promotores Regionales del CIPOG-EZ, comprometidos con los talleres de autonomía, comunidad, territorio y derechos de los pueblos, comprometidos con la instalación de las Radios para Organizar la Lucha por la Autonomía, en resumen, representaban al corazón colectivo del CIPOG-EZ. Y lo hacían porque ya habían sobrevivido a la tortura y la muerte y porque entendían que el camino era resistir y organizarse dentro de las comunidades. El camino no era integrarse a las filas de la delincuencia organizada, no era traicionar a las comunidades, no era venderse a los partidos políticos, el camino era la organización de las comunidades, el camino era y es no rendirse, no venderse, no claudicar.

Por ellos, mantendremos viva la llama de la organización, de la resistencia. Porque dicen los que saben que una persona muere dos veces, la primera es cuando muere y deja su vida de lucha, la segunda es cuando olvidamos su lucha, su resistencia. Nosotros y nosotras, los pueblos y comunidades del CIPOG-EZ, no olvidaremos su lucha, porque ellos no se olvidaron de nosotros en

los días más oscuros para nuestras comunidades. El paso que sigue es seguir resistiendo, porque de la muerte se nace la vida y nosotros elegimos el camino de la vida.

 

¡NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS!

¡ALTO A LA GUERRA CONTRA NUESTROS PUEBLOS!

¡QUEREMOS JUSTICIA!

!JUSTICIA PARA NUESTROS MUERTOS!

¡VIVA ADÁN LINARES!

¡VIVA MOISÉS CUAPIPISTENCO!

¡VIVA GUILLERMO HILARIO MORALES!

¡VIVA EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA!

¡VIVA EL CIPOG-EZ!

¡VIVA EL CIPOG-EZ!

¡VIVA EL CIPOG-EZ!

ATENTAMENTE:

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA

 

 

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Avispa Midia

(Español) Banco ligado al asesinato de Berta Cáceres expande operaciones en Centroamérica

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Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Protesta de comunidad lenca contra el banco FMO por su participación en el financiamiento del proyecto Agua Zarca.

El banco europeo de desarrollo FMO, cofinanciador de la central hidroeléctrica Agua Zarca, planeada para ser construida en el río Gualcarque, en territorio Lenca, Honduras, anunció la apertura de una nueva sede de operaciones en la capital de Costa Rica.

En respuesta, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quien señala los intereses económicos del proyecto energético como responsables del asesinato de la ambientalista e indígena Lenca Berta Cáceres, alertó que el banco busca continuar con sus inversiones en Centroamérica a pesar de no haber asumido su responsabilidad y no haber reparado a las víctimas de la violencia que financió.

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Entre 2014 y 2017, el banco FMO, propiedad en un 51% del Estado de Holanda, financió el proyecto Agua Zarca, propiedad de la familia Atala Zablah e impuesto a la comunidad indígena Lenca de Río Blanco, en el occidente de Honduras. De acuerdo al Copinh, FMO contribuyó con más de 17 millones de dólares y, junto a recursos del banco finlandés FinnFund y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aportó recursos a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) con los cuales pagaron actos de violencia y asesinatos contra la comunidad Lenca.

Financiamiento de violencia

Durante el proceso de resistencia contra la construcción de Agua Zarca, Berta Cáceres, quien fungía como coordinadora del Copinh, denunció actos de violencia que iban desde la persecución y amenazas contra integrantes de la organización indígena; sabotajes, actos de corrupción dirigidos a miembros de la policía y alcaldías locales, así como ataques directos mediante la contratación de sicarios para agredir a las y los indígenas lencas.

Por estos antecedentes y tras el asesinato de Cáceres, desde 2018 el Copinh mantiene una demanda civil por negligencia contra el banco FMO. Recientemente, en junio del 2022, el medio The Intercept reveló el rastro financiero de un pago, con valor de un millón 700 mil dólares provenientes del banco FMO, realizado días antes del asesinato de Berta Cáceres.

Tras consultar documentos legales y financieros holandeses y estadounidenses entregados por el banco FMO a los abogados europeos representantes del Copinh, se evidenció que dicha transferencia se realizó a través de una compañía fantasma panameña denominada Concretos del Caribe S.A., (CONCASA), la cual tiene entre sus socios a Daniel Atala Midence quien ocupaba el cargo de ejecutivo financiero de DESA y mantenía el control administrativo de CONCASA a partir de enero de 2016, cuando recibió los pagos provenientes de FMO.

Mediante comunicado, el Copinh asevera que el banco FMO, junto a sus socios, el BCIE y el FinnFund, “cometieron graves delitos financieros que permitieron el desvío de parte sustancial de sus fondos, que financiaron los hechos de violencia por parte de David Castillo y los Atala Zablah. Mediante este mecanismo de desvío de fondos incluso se hizo un pago de 1.2 millones de dólares directamente a David Castillo 3 días antes del asesinato de Berta Cáceres”.

Cabe mencionar que, tras la revelación de los pagos, el Copinh presentó una denuncia penal ante la oficina del Fiscal General de Holanda contra el banco FMO y sus directivos por los crímenes de complicidad en actos de corrupción, malversación, blanqueo de dinero y violencia en el financiamiento del proyecto Agua Zarca de la familia Atala Zablah.

En el momento de la presentación de la acción penal, el Copinh declaró que la demanda tiene como objetivo “desenmascarar el accionar criminal de los supuestos bancos de ‘desarrollo’ y ‘verdes’ como el FMO que con su dinero financian la corrupción, la violencia y la violación de derechos humanos a las comunidades indígenas, de banqueros multimillonarios como los Atala”.

En 2022, David Castillo, quien se desempeñó como gerente general del proyecto Agua Zarca, fue condenado a 22 años y medio de prisión por su responsabilidad en el asesinato de Cáceres. Acorde al Copinh, Castillo era el principal contacto y enlace con el banco holandés.

Ahora, con la demanda penal se señala la responsabilidad de los principales directivos de FMO: Nanno Kleiterp, presidente honorario de las Instituciones Financieras Europeas de Desarrollo (EDFI); Jurgen Rigterink, actual primer vicepresidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD); y Linda Broekhuizen, ex directora ejecutiva interina del FMO, entre otros ejecutivos.

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Desde el año 2017 y tras las exigencias del Copinh y organizaciones hondureñas e internacionales, el banco FMO anunció el retiro en las operaciones del proyecto hidroeléctrico. A pesar de ello, “los términos de tal salida se mantienen en secreto para las víctimas, sin embargo, se corroboró que el FMO condonó la deuda a la familia Atala Zablah, por ende, regaló millones de dólares a los directos responsables del asesinato de Berta Cáceres”.

Ante el anuncio de la nueva sede de FMO en San José, el Copinh alertó a las organizaciones y comunidades de Costa Rica y Centroamérica, que “la presencia del banco europeo implica la presencia de inversiones violatorias de los Derechos Humanos. Debemos estar alertas y vigilar estas acciones”.

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Concejo Indígena y Popular de Guerrero CIPOG-EZ

(Español) Frente a la vida, los Ardillos y los malos gobiernos imponen la muerte. Asesinan a tres compañeros del CIPOG-EZ

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Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional 

A las Redes de Resistencia y Rebeldía.

6 DE NOVIEMBRE DE 2022

Hermanos, hermanas, con profundo dolor les informamos que 3 de nuestros hermanos han sido asesinados. Nuestras palabras son de dolor y rabia. Nunca entenderemos la muerte que los grupos narco-paramilitares han impuesto en nuestro territorio.

“Si no nos defendemos quién nos va a defender” fueron las palabras que los pueblos de la Montaña Baja de Guerrero le dijeron a Andrés Manuel López obrador el 21 de octubre. Pese a que el CIPOG-EZ tuvo un diálogo con el presidente de la república, la tarde del 5 de noviembre, nuestros hermanos Adán, Guillermo y Moisés fueron asesinados.

Nuestros compañeros fueron a Chilapa. Fueron detenidos por la policía de tránsito municipal de Chilapa a las 2:40, posterior a eso, una motocicleta los empezó a seguir y perdimos contacto total con ellos, hasta que aproximadamente a las 9:30 se reportó su hallazgo sin vida en el poblado de Xochimilco, Chilapa.

Nuestro corazón sufre, nos duele, lo dijimos al mundo, al presidente de la república, los grupos narco-paramilitares nos están matando, nos torturan, nos desaparecen. No pasaron más de 15 días y asesinaron a nuestros hermanos, fueron brutalmente asesinados.

Responsabilizamos al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora Evelyn Salgado, al presidente municipal de Chilapa Aldy Esteban Román, a las policías estatales y  municipales del estado de Guerrero. Los responsabilizamos de la muerte de nuestros hermanos, nosotros y nosotras actuaremos, porque es evidente que al mal gobierno no le interesa la vida de nuestro pueblos.

Adán Linares, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario Moraeles eran compañeros del Concejo Indígena y Popular de Guerrero, parte del Congreso Nacional Indígena, empeñados en la lucha por la vida, en el crecimiento de las comunidades y en la construcción de un mundo mejor.Por ellos viviremos y moriremos;  no los olvidaremos y por tanto no morirán pues mantendremos vivo su recuerdo.

 

¡VIVA ADÁN LINARES!

¡VIVA MOISÉS CUAPIPISTENCO!

¡VIVA GUILLERMO HILARIO MORALES!

¡YA BASTA DE MUERTE Y DOLOR!

ATENTAMENTE: CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Convocatoria: Peregrinación en memoria de la masacre de Viejo Velasco

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13 DE NOVIEMBRE DE 2006, POR EL DESPOJO DE TIERRA Y TERRITORIO EN LA SELVA LACANDONA.

 

PUEBLO EN GENERAL

Hermanas y hermanos de distintos pueblos indígenas.
Organizaciones sociales, centros de derechos humanos, religiosas y religiosos,
Medios de comunicaciones libres, nacional e internacional.

Con ideas de justicia y verdad La Coordinadora de Organizaciones Sociales Indígenas CDLI-XINICH y los familiares de las victimas de la masacre de Viejo Velasco ocurridos en día 13 de noviembre 2006.

Invitación para conmemorar juntos este XVI aniversario de esta cruel masacre

Peregrinación en memoria de nuestros hermanas y hermanos masacrados, desaparecidos y más de 36 personas desplazadas, de la comunidad de Dr. Manuel Velasco Suárez, Municipio de Ocosingo, Chiapas. Crimen conocido como Masacre de Viejo Velasco, en la Selva Lacandona, cometida por 300 elementos de la Policía Sectorial, en presencia de Fiscales del Ministerio Público y otros funcionarios del gobierno de Chiapas.

Llevamos XVI años caminando exigiendo justicia y verdad, el estado mexicano no habido respuesta. Hemos vivido tantas injusticias, muertes y desaparecidos seguimos peregrinando, hasta llegar A CONOCER LA VERDAD.

ACTIVIDADES:

Fecha 13 de noviembre, 2022.

Lugar: Palenque. Chiapas.

A las 8:00 hora de la mañana: concentración en la Madre Ch’ol., Palenque, Chiapas.

A las 9:00 horas de la mañana, comienza la peregrinación, hasta llegar a la plaza central de Palenque.

11:00 horas Rueda de Prensa.

12:00 horas del día, Celebración Religioso, en la Oficina Comité de Defensa de la Libertad Indígena Xi’nich., Calle Jiménez No.78 entre 5 de Febrero y periférico Norte.

A la 1:00 horas de la tarde Una pequeña alimentación que ofrece la Organización XI’NICH Y FAMILIARES DE VÍCTIMAS Y DESAPARECIDOS.

NUNCA MÁS, UN MÉXICO SIN NOSOTROS

En Defensa de la Madre Tierra
Familiares de Víctimas y Víctimas Sobrevivientes
Coordinadora de Organizaciones Sociales Indígenas.
CDLI-XI’NICH’, Ucisech, Tsolej Yu’un Wocoltic
Centro de derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. A.C.

       
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Avispa Midia

(Español) COP27: Vinculan a industria de hidrocarburos con promesas de “cero emisiones”

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Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Refinería de petróleo, propiedad de Exxon Mobil, es la segunda más grande de Estados Unidos ubicada en Baton Rouge, Luisiana.

Poco antes del inicio de la COP27, reunión anual para las negociaciones climáticas promovida por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), organizaciones ambientalistas advierten que las iniciativas mundiales para alcanzar las “cero emisiones netas” tienen profundos y preocupantes vínculos con los mayores contaminantes a nivel global.

El documento “Un conflicto más allá de la credibilidad” analiza tres de las más destacadas iniciativas de “cero emisiones netas” que han revelado normas o publicaciones. Es el caso del Consejo de Integridad para el Mercado Voluntario del Carbono (Consejo de Integridad), el Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre los Compromisos de Emisiones Cero de las Entidades No Estatales (HLEG) y la campaña Race to Zero (Carrera a Cero en español) impulsada por las Naciones Unidas.

El caso del Consejo de Integridad, quien se describe a sí mismo como “un órgano de gobierno independiente para el mercado voluntario de carbono”, tiene como objetivo el garantizar que dicho mercado aplique normas de referencia globales definitivas “basándose en la mejor ciencia y experiencia disponible, de modo que los créditos de carbono de alta calidad movilicen eficazmente la financiación hacia la mitigación urgente y el desarrollo resiliente al clima”.

No obstante, el Consejo está integrado por ejecutivos con historiales de escasa supervisión reguladora e incluso, con vínculos a las mayores corporaciones de combustibles fósiles como ExxonMobil, Petrobras, China National Offshore Oil Corporation, Institute of International Finance, Blackrock, Standard Chartered Bank, BP, BNP Paribas, Cargill, Chevron, Drax, Shell y Total.

Un grupo de personas sostiene pancartas durante una protesta por el clima frente al edificio de la empresa de inversiones BlackRock en la ciudad de Nueva York el 29 de octubre de 2022.

Entre sus integrantes destaca Annette L. Nazareth, presidenta del Consejo, quien además trabaja como consejera principal de un bufete de abogados que asesora a grandes empresas contaminantes como ExxonMobil, Petrobras, la China National Offshore Oil Corporation y el proveedor de servicios petrolíferos Baker Hughes. De acuerdo al análisis, en su anterior etapa en la Comisión de Valores de Estados Unidos fue acusada de estar “demasiado asociada a la débil supervisión federal que contribuyó al colapso bancario”.

Sonja Gibbs, miembro del consejo de administración del Consejo es responsable de finanzas sostenibles del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), entre cuyos miembros se encuentran 33 de los 50 principales financiadores de combustibles fósiles del mundo. Solo en los últimos tres años (2019-2021), estas 33 instituciones han dirigido más de 2 mil millones de dólares hacia los combustibles fósiles, lo que supone más del 86% de la financiación de combustibles fósiles del mundo.

El análisis de las organizaciones ambientales subraya la preocupante credibilidad de los tres representantes del mercado que asesoran al Consejo: David Antonioli, director general de Verra, un organismo de certificación de compensaciones de carbono cuya metodología fue criticada por los expertos en 2021 por estar “basada en un sistema defectuoso” y tener un “importante problema de credibilidad”. Además, señalan también a Jeff Swartz, director de clima de British Petroleum y a Chris Leeds quien trabaja para la financiera de combustibles fósiles Standard Chartered.

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“Los tres representantes del mercado del Consejo de Integridad sugieren el preocupante escenario de que los principales financiadores de combustibles fósiles y las empresas de petróleo y gas pueden aumentar la financiación y la expansión de los combustibles fósiles mientras certifican y compensan sus emisiones de gases de efecto invernadero para mejorar su imagen pública, en lugar de reducir realmente las emisiones en origen”, denuncia el informe.

En cuanto al grupo de expertos del HLEG, el análisis destaca la participación de Catherine McKenna, ex ministra de Medio Ambiente canadiense quien apoyó la operación del multimillonario oleoducto Trans Mountain y autorizó el vertido de 8 mil millones de litros de aguas residuales. Helena Viñes Fiestas, quien durante su mandato en sostenibilidad de BNP Paribas Investment Partners, entre los años de 2016 y 2020, se convirtió en el mayor financiador de combustibles fósiles en la Unión Europea.

Captura

Para las organizaciones es particularmente preocupante que la campaña Carrera a Cero, convocada por las Naciones Unida, la cual integra entre sus miembros a bancos que invirtieron más de 500,000 millones de dólares en combustibles fósiles solo en 2021 y presionaron con éxito a la iniciativa para debilitar los criterios para la eliminación de proyectos de extracción de carbón.

“Este análisis solo araña la superficie de lo profundamente conflictivas que son estas iniciativas de ‘cero emisiones’”, dijo Sara Shaw, coordinadora del programa internacional de justicia climática y energía de FOEI. Acorde a Shaw, los promotores de este discurso obstruyen otras políticas de combate al cambio climático, al mismo tiempo que intentan ganar credibilidad en su imagen ecologista.

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Por su parte, Rachel Rose Jackson, directora de investigación y política climática de Corporate Accountability, señaló que la manera en que se coloca a las industrias contaminantes y sus financiadores para dirigir y dar forma a las estrategias de “cero emisiones” es un claro lavado de cara de la industria.

Según las agrupaciones, evidenciar estos vínculos cobra relevancia frente al inicio de la COP27, a realizarse en Egipto, donde esperan que las corporaciones lancen “su próxima ofensiva de relaciones públicas” para promover las “cero emisiones”. Ante esto, miles de organizaciones de todo el mundo abogan por un marco de rendición de cuentas para la CMNUCC. En un caso, más de 425 organizaciones de la sociedad civil han hecho un llamado para frenar el acceso de los grandes contaminadores, a través de estas iniciativas y de otras, a las conversaciones anuales sobre el clima. “Durante tres décadas, los mayores contaminadores del mundo han tratado la CMNUCC como una feria comercial. Patrocinadores corporativos para las conversaciones políticas. Cientos de grupos de presión de la industria trabajando en los pasillos. Un sinfín de anuncios para iniciativas corporativas no vinculantes e ineficaces. Ya es suficiente, la captura corporativa de este espacio debe terminar y los grandes contaminadores no pueden tener más voz en la CMNUCC”, compartió Coraina de la Plaza, del GFC.

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Jorge Alonso

(Español) Notas sueltas para recordar en el centenario de don Luis Villoro

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Por Jorge Alonso

Introducción

La producción filosófica de Luis Villoro es amplia, profunda original y muy interpelante. Ha realizado análisis sistemáticos y cuestionamientos epistémicos fundamentales a conceptos como el hombre, el conocimiento, el poder, el valor, el sentido, la revolución, la justicia, la ideología, la pluralidad, la libertad, la interculturalidad y la democracia. Reinterpretó el renacimiento a través de la modernidad. Exploró el proceso ideológico de la revolución de independencia. Categorizó la cultura mexicana de 1910 a 1960. Dio cuenta de la pluralidad de culturas. Estudió los conflictos interculturales. Contrastó el Estado homogéneo con el Estado plural. Investigó el relativismo y el universalismo ético. Se adentró en la filosofía de la religión. Se preocupó por comprender los grandes momentos del indigenismo en México. Indagó el principio de la injusticia y los linderos de la ética. Incursionó en la identidad de los pueblos. Ahondó en los derechos humanos y los derechos de los pueblos. Mostró cómo era la libertad de la comunidad y descubrió la autonomía de los pueblos indios. Deambuló en una filosofía para un fin de época y en los retos de una sociedad por venir.

La revista Piezas dedicó uno de sus números para revisar sus aportes filosóficos. Héctor León apuntó que Villoro era un pensador que había hecho de la filosofía un estilo de vida, y que la suya había sido una vida de compromiso. Su filosofía fue un ejercicio riguroso y crítico, creativo y sensible. Se había referido a la justicia, a la democracia y a la igualdad no sólo como temáticas de pensamiento sino con la obligación de pensar la realidad en función de resolverla. Francisco Salinas destacó que el tema del indigenismo lo había abordado desde 1950; pero había hecho una autocrítica conforme profundizó en las realidades de los pueblos originarios.  Gabriel Vargas Lozano señaló que Villoro había sido un gran pensador mexicano que profundizó en el pensamiento filosófico en forma creativa y buscó fundamentar las bases teóricas de un movimiento hacia una mejor sociedad. Analizó conceptos vinculados al movimiento zapatista. Resaltó el sentido de comunidad para superar los problemas propios del Estado-nación occidental. Enfatizó que toda su obra había estado dedicada a los indígenas de México. Carmen Villoro se refirió a su padre como un hombre optimista y luminoso que siempre había mantenido una preocupación por el otro y por el sufrimiento ajeno indagando cómo revertirlo. Habiendo tenido una idea de filosofía marcadamente académica, la interpeló frente a la opresión y en búsqueda de libertad. Recordó que desde muy joven su padre había tenido la preocupación de cómo sus ideas podían aterrizar en cuestiones de cambio y transformación social. Analizó que hubo un tiempo en que lo académico y lo político iban cada uno por su lado, pero que hacia el final los reunió. Recalcó que los zapatistas ocupaban un lugar muy importante y que lo filosófico y lo político social habían encontrado en el mundo zapatista el lugar donde converger. Y llamó la atención de que eso le había dado mucha alegría, una gran satisfacción y le confirmó que su vida había tenido sentido. [1]

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Consejo Supremo Indígena de Michoacán

(Español) Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) demanda libertad de presos políticos p’urhépecha, preparan movilizaciones

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¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS P’URHÉPECHA!

A LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AL PUEBLO DE MÉXICO Y MICHOACÁN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL GOBIERNO DE MICHOACÁN
A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Comunidades P’urhépecha a 30 de octubre de 2022.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, Consejo Libre y Autónomo de los Pueblos Originarios de Michoacán, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, Asamblea General Autoridades Indígenas, conformado por autoridades civiles comunales y tradicionales de 65 comunidades originarias, a petición de las Asambleas Generales de las comunidades de Huáncito y Turícuaro, ambas integrantes del #CSIM, declaramos colectivamente lo siguiente:

Denunciamos la detención ilegal y arbitraria de los maestros indígenas Cecilia Lorenzo Santiago originaria de la comunidad de Huáncito; Miguel González Estrada y José Luis Sebastián Estrada de la comunidad de Turícuaro, retenidos sin fundamentos legales por los “Kuarichas” de la comunidad de Cheranastico, toda vez que esta policía comunal aún no obtiene el reconocimiento jurídico, por lo que sus integrantes carecen de personalidad jurídica para poner a disposición a cualquier detenido, por lo que son retenciones inconstitucionales, con lo que se viola el debido proceso. Además de que la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Publica no fue consultada de manera libre, previa, informada y vinculatoria con las comunidades indígenas, así mismo el “Reglamento de las Kuarichas, Rondas o Rondines Comunales” aún no se encuentra aprobado, ni mucho menos publicado.

Ante estas retenciones ilegales, emplazamos a la Fiscalía General del Estado de Michoacán y al Gobierno de Michoacán a la liberación inmediata de estos tres presos políticos p’urhépecha, de no ser así, realizaremos movilizaciones en toda la entidad hasta obtener su libertad.

De manera atenta y respetuosa, convocamos a todas las comunidades integrantes del #CSIM a estar atentos y prepararse para movilización general. No permitiremos detenciones arbitrarias y sin el debido proceso de habitantes de las comunidades indígenas. Finalmente, informamos a la opinión pública que las Rondas Comunales no están creadas para reprimir y criminalizar a nuestra propia gente, por lo que nos reservamos el derecho de impugnar la Ley de del Sistema Estatal de Seguridad Publica.

¡IRETAENI, IRESKUNI KA IRETANI JINKUNI JARHANI!
¡SER PUEBLO, HACER PUEBLO Y ESTAR CON EL PUEBLO!
TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI
JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

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