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Por Delegación Feminista Plurinacional
Mujeres bolivianas. Fotografía Natacha Pisarenko
Se multiplican las denuncias ante intentos de desestabilizar las elecciones de mañana en el Estado Plurinacional de Bolivia, donde las urnas son custodiadas por quienes masacraron al pueblo. Son horas decisivas para la región y al respecto se pronunciaron feministas del Abya Yala.
Por Redacción Marcha |
Las integrantes de la Delegación Feminista Plurinacional y de Feministas de Abya Ayala realizaron en el mediodía del viernes una conferencia de prensa, a pocas horas de las elecciones presidenciales en el Estado Plurinacional de Bolivia, en un clima de tensión, desestabilización y amenazas frente al inminente triunfo del binomio Luis Arce- David Choquehuanca del MAS- IPSP.
Al igual que el pasado 8 de Marzo, cuando feministas sin fronteras hicieron del abrazo un acto político, esta vez fue también la solidaridad la que se hizo presente ante la violación de los Derechos Humanos, el odio y el racismo que impusieron el gobierno de facto y grupos conservadores bajo el mando de Jeanine Añez y Arturo Murillo; autoproclamado hace 11 meses.
La Delegación Feminista Plurinacional (Bolivia- Argentina) trabajó estos meses para, en medio de un clima de amenazas, relevar denuncias ciudadanas sobre graves violaciones a los derechos humanos, calificados como crímenes de lesa humanidad -que son imprescriptibles-, en una Bolivia con presas y presos políticos, asesinatos y persecuciones que impuso el gobierno inconstitucional.
En esta oportunidad, nuevamente alzaron la voz, para visibilizar el contexto electoral que amenaza el proceso de restitución de la democracia, con un gobierno de facto que pretende perpetuarse sin el voto, aliado a grupos oligárquicos, en alianza con paramilitares y fundamentalistas religiosos que operan con total impunidad.
Mujeres mineras de Bolivia. Fotografía Natacha Pisarenko.
Contexto electoral
Durante la conferencia de prensa, las feministas del Abya Yala destacaron que “en los últimos meses, han recrudecido las violencias racistas y patriarcales del gobierno de facto” y que en medio del proceso electoral, que ya había sido pospuesto, denunciaron que “el gobierno no brinda garantías para la realización de elecciones libres sin derramamiento de sangre”.
El Golpe de Estado en Bolivia y el gobierno de facto que encabeza Añez, “son resultado del golpe cívico eclesiástico militar en Bolivia que atentan contra los procesos de reconocimiento identitario de los pueblos de Bolivia”, explicó otra de las voces de denuncia, “mientras se promueve el odio y el racismo como política de Estado y se producen violaciones selectivas a los Derechos Humanos en territorios indígenas, migrantes y empobrecidos”. Las persecuciones a la prensa por el peligro de difusión de los graves hechos llevó al asesinato de Sebastián Moro, a la prisión por causas políticas de Facundo Molares -encarcelado en graves condiciones de salud y sin asistencia médica- y al exilio de muchas y muchos periodistas y comunicadores populares y alternativos.
Adriana Guzmán, desde Bolivia, al tiempo que resalto el valor de la solidaridad feminista y destacó la necesidad de elaborar un nuevo informe- denuncia internacional sobre la situación, siendo necesario explicar el contexto en que se realizan las elecciones. Anulación de 50.000 residentes que no podrán votar en el exterior, los cambios en el sistema electoral para recoger los votos, la militarización de todos los recintos electorales, la censura a veedores electorales internacionales, junto a la negación de credenciales y medidas de seguridad.
El principal veedor será la Organización de Estados Americanos (OEA), con” la misma delegación que en 2019, irresponsable que ha hablado de irregularidades”. Adriana Guzmán destacó que “de igual forma están las amenazas permanentes del ministro de gobierno, Arturo Murillo, que ha denunciado en conferencia de prensa la compra de armamento y el destino que es la defensa de la democracia y evitar que por cualquier razón el Movimiento al Socialismo vuelva al gobierno”.
Adriana también denunció la manipulación informativa de las empresas mediáticas que difunden ideas sobre quiénes somos indígenas. “Queremos denunciar que se ha generado un clima de estigmatización y manipulación informativa”… “quienes somos originarias, indígenas, estaríamos organizando una resistencia armada, trayendo guerrilleros, todo este discurso que ya ocurrió en 2019 con el único objetivo es que la gente termine en la puerta de su casa con un palo tratando de defenderse de quien sabe quién”, afirmó.
Elecciones contra la incertidumbre y la impunidad
Penélope es una de las hermanas de Sebastián Moro, periodista argentino asesinado hace 11 meses en Bolivia, mientras se cometía el Golpe de Estado que le robó al pueblo su soberanía. Tomó la palabra durante la conferencia de prensa y exigió la protección para las y los periodistas que están cubriendo las elecciones: “No queremos ningún Sebastián Moro ni… Facundo Molares más”, dijo. Y recordó la importancia del voto de ciudadanas y ciudadanos bolivianos en el exterior, quienes representan el 2% del padrón.
Jimena Fore es boliviana, de Potosí, y denunció la actitud temeraria que significa que los recintos de votación vayan a estar militarizados, y advirtió sobre que no habrá trasmisión de actas en tiempo real. “Esto nos llama la atención para que podamos estar informadas”, agregó.
Por su parte, Daniela Hinojosa, desde Venezuela, expresó su solidaridad, “porque este método de sometimiento no es contra Bolivia sino contra todos los pueblos” y que esta represión “se vence con la fuerza de la solidaridad con el pueblo boliviano que está viviendo lo que nadie quisiera”.
Diana Vargas, feminista comunitaria, dijo: “queremos unas elecciones sin sangre, porque los muertos siempre serán de nuestro lado”, y pidió “reciprocidad con el pueblo de Bolivia y romper el cerco mediático”. Al respecto, de la misma forma que hace 11 meses, continúan las denuncias de ataques y limitaciones a los trabajos de prensa y derecho a la libertad de expresión.
Es por esto que, también desde los espacios feministas se organizan coberturas comunitarias/ colaborativas para cubrir los comicios de mañana. En Bolivia y otros territorios donde se vota. “Estamos haciendo un abrazo para cubrir las elecciones y estar como observadores para que no haya irregularidades en la elección”, dijo Claudia de Juliacanacas.
Son horas decisivas en el Estado Plurinacional y en la región.
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A 528 años: Nuestra lucecita de resistencia y rebeldía, sigue encendida
Con las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas tomadas, resuena la voz de pueblos integrantes del Congreso Nacional Indígena y organizaciones sociales. En un encuentro en donde se resignifican los espacios.
Encuentro: Integrantes del CNI y organizaciones sociales desde la sala de juntas del INPI EN VIVO
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Por Santiago Navarro F
Desde el 2 de septiembre, en el norte de Brasil, entres los estados de Amazonas, Roraima, Acre y Rondonia, más de 3 mil 600 militares brasileños fueron desplegados para realizar un simulacro de guerra convencional en un ambiente de operación de Selva. Para ejecutar esta acción, el ejército brasileño dividió varios estados de su territorio en dos países, denominándolos “rojo y azul”. Las operaciones consisten en que el país azul recupera la región controlada por el país rojo, que, en este caso, corresponden a los estados de Amazonas y Roraima, los mismos que hacen frontera con Venezuela.
Los militares realizaron maniobras con paracaidistas, acciones terrestres ofensivas y defensivas, operaciones antiaéreas, control de tráfico fluvial y coordinación de espacio aéreo. Según el General Teóphilo Gazpar, fue un trabajo conjunto que tuvo como objetivo “probar la interoperabilidad del trabajo entre las tres fuerzas, el ejercito, fuerza aérea y la marina”, es decir, intercambiar y utilizar la información entre las fuerzas del ejercito brasileño.
Pero el objetivo principal de este simulacro de guerra, en el teatro de operaciones trazado, fue una ofensiva por parte del país azul para expulsar a supuestos “invasores” del país rojo y, en seguida, crear una franja de seguridad en el territorio enemigo, con el fin de preparar las condiciones para futuras negociaciones de paz.
En estos ejercicios participaron tropas de diversas partes del territorio brasileño, pero, principalmente, seis Comandos Militares de la región amazónica, entre ellos, el Comando Militar de la Amazonía. También participa la 23ª Brigada de Infantería de Marabá del Comando Militar del Norte del estado de Parabá. Según el General José Carlos de Nardi, la “Operación Amazonas”, nombre con el cual se ha bautizado esta estrategia, es por la importancia que tiene la región amazónica. “Para nosotros la Amazonía es prioridad para Brasil y, por tanto, nosotros consideramos esta operación como un gran suceso”, detalló el general.
Oportunidad de prueba de artillería
En este ejercicio se hicieron pruebas con la utilización de tanques y vehículos terrestres, aeronaves y embarcaciones de guerra, hasta el uso de artillería y prácticas de tiro real usando una batería del sistema de lanzacohetes múltiple llamados ASTROS 2020, el arma disuasoria más poderosa del ejercito brasileño, con capacidad de disparo de 190 cohetes en 16 segundos.
Este simulacro también ha servido para concluir, con el uso de esta artillería, el denominado Programa Estratégico ASTROS 2020, con el cual se han creado un conjunto de cohetes, SS80, SS60, SS40 y SS30. Este programa fue ejecutado mediante una alianza entre el ejercito brasileño y la Universidad Federal de Santa María, en Río Grande do Sul. Cuando concluyó, fue entregado a la empresa privada Avibras, encargada actualmente de la fabricación y comercialización.
Actualmente, este tipo de artillería es exportado a países del sudeste asiático y Oriente Medio en su versión Astros MK3, MK6, MK3-M, con capacidad de alcance desde 30, 80 y hasta 300 km. Los de más corta distancia tiene capacidad de destrucción en un radio de 16 km²
Esta empresa ha estado desarrollando este sistema de misiles y cohetes desde la década de 1980. Y, con el diseño y fabricación del MTC-300, el cual tiene un alcance de 300 kilómetros, Brasil es una las siete naciones que poseen esta tecnología, según información de la propia compañía brasileña, Avibras. Esta arma de destrucción tiene una precisión orientada por un GPS y un sensor óptico electrónico que lo guía en el terreno, de acuerdo con las coordenadas que se establezcan.
“Fueron las primeras pruebas con el sistema lanzador de múltiple ASTROS en un entorno amazónico. El ejercicio militar es parte de la Operación Amazonas, una simulación de guerra en un entorno selvático. Además de los cohetes ASTROS, la misión de disparo real implicó disparar los misiles antiaéreos RBS-70 e IGLA-S”, anunciaron los altos mandos del Ejercito brasileño.
La fecha establecida para concluir la “Operación Amazonas”, es cuándo todas las tropas lleguen a sus respectivos destinos, proyectado hasta el 23 de septiembre. Esta misión del ejercito en la Amazonía fue, según, el sitio oficial del ejercito, para “defender la patria y garantizar la soberanía nacional. Como la Amazonía es una de las prioridades de la Defensa Nacional, el ejercicio, que reunió los recursos existentes en el Comando Militar de la Amazonía y con el apoyo de la Fuerza Aérea, así como de la Artillería con el Sistema Astros y una serie de sistemas de combate, fue un excelente ejercicio”.
Soberanía amazónica
Al parecer la soberanía brasileña y, principalmente, la Amazonía, también importa a los Estados Unidos. En todos los ejercicios realizados con esta simulación de guerra estuvieron presentes altos mando del Comando Sur (Southcom, por sus siglas en inglés). Los militares que más destacaron son: El Mayor Jeffrey Daley de la Reserva del Ejército; Robert Santamaria del Equipo de Apoyo Conjunto del Ejército, o AJST; el coronel Tito Villanueva, de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo, que opera en las instalaciones militares en Honduras, establecido en la Base Aérea Soto Cano, entre otros más.
Según el Ejército Sur, comando del componente de servicio del Ejército del Comando Sur, la presencia de estos militares durante la “Operación Amazonas” fue solo como observadores. “El personal de Army South observó la operación militar brasileña para prepararse para futuras oportunidades de capacitación bilateral, como Vanguardia del Sur. Nuestras alianzas de defensa son vitales para la seguridad y la prosperidad en el hemisferio y para nuestra capacidad colectiva para enfrentar desafíos globales complejos”, anunció el Ejercito Sur.
Fotos por Leanne Thomas
La presencia de altos mandos militares en este simulacro responde a lo que el almirante Craig S. Faller, comandante del Comando Sur, sostuvo en una videoconferencia el pasado 5 de octubre, “la misión principal de U.S. Southcom es defender a los Estados Unidos. Eso se logra principalmente trabajando con socios”, dijo Faller refiriendose a Brasil, Colombia y Chile como socios particularmente incondicionales.
Faller también puntualizó que para mejorar las capacidades militares en la región se vienen desarrollando ejercicios bilaterales y multilaterales, que aumentan la interoperabilidad, comparten inteligencia e invitan a miembros militares a compartir oportunidades de educación militar.
En el documento R46236 del Congreso estadounidense, del 6 de julio pasado, intitulado Brasil: antecedentes y relaciones con Estados Unidos, sostiene que la Administración de Donald Trump ha visto una nueva oportunidad para profundizar la relación bilateral con el presidente brasileño Jair Bolsonaro. Porque “ha comenzado a cambiar la política exterior de Brasil para que el país esté más alineado con Estados Unidos, y el presidente Trump ha designado a Brasil como un importante aliado fuera de la OTAN”, según este documento.
Con el objetivo de fortalecer estas relaciones, según el congreso estadounidense, “la conservación del medio ambiente ha sido un foco principal, el Congreso -de EE.UU.- ha asignado $ 15 millones de dólares para programas de asistencia para la Amazonía brasileña, incluidos $ 5 millones para abordar incendios en la región”, todos ellos en el marco de la Ley de Apropiaciones Más Consolidadas de 2020 (P.L.116-94).
Además, en el Informe R46236 se afirma que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) está realizando actividades coordinadas, a través de la Alianza Brasil-Estados Unidos, para la Conservación de la Biodiversidad Amazónica (PCAB), lanzadas desde 2014. En está alianza no solo figuran los gobiernos, sino que también, empresas del sector privado y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que, inciden en la gestión de áreas protegidas y promocionan el desarrollo sostenible en la Amazonía.
USAID afirma que, además, “trabaja con las comunidades indígenas y quilombolas para fortalecer sus capacidades para administrar sus recursos y mejorar sus medios de vida. USAID también apoya la Plataforma de Asociación para la Amazonía dirigida por el sector privado, que facilita la inversión privada en actividades innovadoras de conservación y desarrollo sostenible”.
USAID, en 2019, promovió la creación del Fondo de Biodiversidad de Athelia, un fondo de capital brasileño que tiene como objetivo recaudar $ 100 millones de dólares de capital privado para invertir en esta región.
Es así, que la presencia de los Estados Unidos en esta región no es novedad, tampoco lo es su participación en este simulacro de guerra. Pero su presencia va en aumento, sobre todo, para crear en la Amazonía, lo que el Congreso Estadounidense define como “cadenas de valor sostenibles”. Para ello, hay participación desde la propia embajada, USAID, el Servicio Forestal de los Estados Unidos, ONGs y la NASA, además de la presencia militar.
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Chiapas, México. 16 de octubre. Más de 4000 ejidatari@s marcharon este día en Tila, para conmemorar que un 16 de octubre de 1934, fuera publicado en el Periódico Oficial de la Federación, que las 5405 hectáreas “es la legitima propiedad del ejido Tila”. “Aquí estamos para demostrarle a los malos gobiernos paramilitares que sus violencias y muertes no nos van a detener y no van a acabar con nuestra autonomía ejidal. No van a regresar a gobernar, aunque sigan sembrando la muerte en nuestro pueblo”, aseguraron las y los ejidatarios quienes desde diciembre de 2015 retiraron al ayuntamiento de su territorio para iniciar un proceso de autogobierno y libre determinación como pueblo originario. Pese a que su manifestación fue pacífica, el grupo de choque liderado por Arturo Sánchez lanzó petardos a una parte del contingente, lo que no detuvo la multitudinaria marcha.
Tras la marcha, en entrevista telefónica para medios libres, los indígenas choles aseguraron que la ley los asiste ante los intentos de despojo de su territorio, por parte de los tres niveles de gobierno y grupos paramilitares. “Tenemos la razón. La suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), nos dio la razón”, afirmaron. Pese a ello, como indican especialistas sobre el tema: el actual gobierno de Rutilio Escandón no ha dado las garantías judiciales a los ejidatarios, al no dar cumplimiento a la ejecución de sentencia ordenada por la SCJN, que condena la restitución de las tierras malamente expropiadas al ejido para un denominado fundo legal. Esta condena es de fecha 12 de septiembre del 2018, sigue sin ejecutarse, lo que ha provocado el incremento de la violencia en la región contra los ejidatarios, asegura el académico y comunicador José Adriano Anaya.
“Aquí estamos y vamos a seguir autogobernando. Exigimos justicia y castigo para el Ayuntamieto de Limberg Gutiérrez y sus paramilitares Francisco Arturo Sánchez, Adelaida Martínez y Rodrigo Martínez. Son ellos los mismos mentirosos y engañadores que provocan la violencia”, denunciaron los ejidatarios al referirse al titular del ayuntamiento expulsado, el cual ha ocupado la presidencia municipal personalmente o por medio de su familia desde el 2008. Como lo indica el periodista Luis Hernández, “La controversia agraria en Tila no es sólo asunto de tierras; es, también, una disputa para enfrentar el poder del cacicazgo, frenar la privatización de la tierra, reconstituir el pueblo chol, construir la autonomía y resistir la política de contrainsurgencia”.
De manera muy puntual los ejidatarios expusieron que desde el pasado 25 de agosto del presente año el grupo de choque liderado por Arturo Sánchez y su hijo Francisco Arturo Sánchez Martínez, reanudaron las hostilidades contra el ejido, derrumbando un portón que por acuerdo de la Asamblea Ejidal, se había instalado en una de las entradas de la comunidad. Pese a las denuncias de ese mismo día 25 realizaron los indígenas choles y las que posteriormente publicaron los días 27 y 29 de agosto por las detonaciones que efectuaron las personas contratadas por la familia Sánchez, estas no fueron tomadas en cuenta por los tres niveles de gobierno, lo que provocó que la escalada de violencia contra los ejidatarios aumentará y que el viernes 11 de septiembre fueran atacados por un grupo liderado por Eleasin Bárcenas, causando la muerte de del ejidatario Pedro Alejandro Jiménez.
Las hostilidades contra el ejido Tila no terminaron con el asesinato de uno de sus integrantes y las denuncias de los ejidatarios por detonación de armas de fuego por parte del grupo de la familia Sánchez (integrantes del grupo paramilitar “paz y justicia”), continuaron los días 27 de septiembre y el ocho de octubre. De igual forma los ejidatarios también integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), denunciaron el pasado uno de octubre la incursión dentro del poblado de la policía sectorial y elementos de la guardia nacional acompañados por el grupo de choque.
Por su parte el defensor de derechos humanos Jorge Armando Gómez Alonso, indica que el ayuntamiento debe restituir las tierras al Ejido Tila y el gobierno y Congreso de Chiapas deben declarar nulo el denominado Fundo Legal (que incluye la porción de tierra que han querido despojar al ejido). El también investigador indica que en enero de 2019 se publicó el Decreto 132, “Por el que la Comisión Permanente del Congreso del Estado, deja insubsistente el Decreto número 72, de fecha 29 de Julio de 1980”. “El ayuntamiento no quiere acatar la resolución, por lo que dos meses después con un grupo de ejidatarios robaron el nombramiento de las autoridades en complicidad con el Registro Agrario Nacional (RAN), falsificando firmas y simulando asambleas, para modificar la sentencia de amparo”, evidencia Gómez Alonso.
Dentro de las poblaciones que marcharon en el 86 aniversario del reconocimiento de las tierras ejidales están: Misijá, la comunidad Unión Juárez, la comunidad Chulúm Chico, comunidad Nueva Generación Chulum Chico, la comunidad Nicolás bravo, comunidad Cantióc, comunidad Rio Grande, comunidad Sañojá segunda sección, comunidad Sañojá primera sección, comunidad Chäkpatyol, comunidad Cerro Aan Antonio, comunidad Cerro Santa Cruz, comunidad k’ajtyieja, Barrio Salinas, Barrio Santa Lucia, barrio Concepción, barrio San Juan primera sección, barrio San Juan segunda sección, barrio San Sebastián, barrio San Felipe, barrio Santa Martha y barrio Chijtiejá.
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Represión y criminalización a población que defiende su territorio.
José Luis Gutiérrez Hernández y Cesar Hernández Feliciano con lesiones y en privación arbitraria de su libertad.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó que alrededor de 300 elementos de la Policía Estatal, Municipal, Sectorial y de la Guardia Nacional reprimieron una movilización pacífica en el punto conocido como crucero de Temó, en el municipio de Chilón, Chiapas, México. Dos personas fueron privadas arbitrariamente de su libertad y varias resultaron heridas, el día de hoy, entre las 10:30 y las 11:00 horas, durante un violento operativo de desalojo en contra de habitantes de San Jerónimo y San Sebastian Bachajón, quienes se oponen a la militarización de su territorio.
En un video publicado por el periodista Mario Nájera se observa el uso excesivo e injustificado de la fuerza así como Tratos Crueles, Inhumanos y/o Degradantes en la detención ilegal de José Luis Gutiérrez Hernández, (José Luis) de 46 años de edad, originario de la comunidad Bahuits Guadalupe y de César Hernández Feliciano, (César) de 30 años de edad, originario de la comunidad San Martin Cruztón, del municipio de Chilón, acusados de ataques a la vías de comunicación1. Ambos de identidad Maya Tseltal, fueron detenidos en el crucero Temó Ocosingo-Palenque2. Los policías municipales directamente responsables son: Guillermo López Díaz, Samuel Jiménez Deara y Carlos Alberto Bertono Gutiérrez.
De acuerdo a los testimonios de José Luis y César, quienes se encuentran en la Comandancia Municipal de Ocosingo y presentan lesiones:
“La policía empezó a tirarnos piedras y golpearnos con palos, nosotros solo traíamos pancartas y mantas…. Los policías me decían que me iba a llevar al Amate, que me iban a quemar al igual que mi camioneta, a pura mentada de madre me traían.” Testimonio de José Luis Gutiérrez Hernández.
“Estaba al lado de la carretera, la Policía empezó a lanzar tolete, palos y piedras a la gente, me agarran a un lado de la carretera que va a Palenque, cuatro policías, me dan un garrotazo en el abdomen y patadas en las piernas, me esposan manos atrás, me dan un golpe con el puño cerrado en la boca, me arrastran hacia una patrulla municipal de Chilón. Ahí me avientan a la góndola boca abajo, intentaba voltearme y con el puño cerrado me sometían. Estuve ahí 10 minutos, luego me pasan a otra patrulla, ahí ya en cabina junto con José Luis Gutiérrez nos traen a Ocosingo y nos decían que nos iban a dar una paliza, me iban a llevar al Amate, que me comunique con los lideres para levantar el bloqueo.” Testimonio de César Hernández Feliciano.
El cerco policiaco militar implementado desde esta madrugada, en el crucero Temó, incluyó dejar incomunicada a la población, sin señal telefónica ni de internet. Además, desde días antes, por redes sociales, se difundieron mensajes que difamaron y criminalizaron a las personas convocantes. Hechos que ponen en riesgo la vida, seguridad e integridad de defensoras y defensores comunitarios.
Representantes de comunidades habían convocado a una movilización pacífica en oposición a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en el Ejido de San Sebastian Bachajón, en Chilón. Exigen respeto a sus derechos como Pueblos Originarios, de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los Acuerdos de San Andrés, el Artículo 129 Constitucional y el Artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Los Pueblos Indígenas3.
Este Centro de Derechos Humanos hacemos un llamado al Estado mexicano para:
Liberar inmediatamente a José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano.
Garantizar la vida, libertad, seguridad e integridad de hombres y mujeres del Pueblo Maya Tseltal que ejercen su derecho a la libre manifestación.
Investigar las violaciones a derechos humanos, así como los delitos cometidos en contra de la población del Pueblo Maya Tseltal de Chilón.
Respetar sus derechos a la defensa de su territorio y su libre determinación como Pueblos Originarios.
Solicitamos a la solidaridad nacional e internacional firmen la acción urgente que encontrarán en la página www.frayba.org.mx y/o hagan llamamientos al Estado mexicano:
Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública vulneran derechos del Pueblo Maya Tseltal de Chilón, en Chiapas.
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Compañeras y compañeros Otomies residentes en Ciudad de México tomaron el pasado 12 de Octubre las instalaciones del INPI en esta ciudad demandando una vienda digna, denunciando también el despojo y en contra de los megaproyectos.
#ResistenciaOtomí
#diadelaresistencia #dignidaddelospueblos #EZLN #CNI #CIG
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SAN SEBASTIÁN BACHAJÓN, MUNICIPIO DE CHILÓN, CHIAPAS, MÉXICO, A 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DEL MUNDO,
MEXICO Y CHIAPAS.
A LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN
LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CHILÓN, CHIAPAS, REPUDIAMOS ROTUNDAMENTE LA INSTALACIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL EN NUESTRO MUNICIPIO, TODA VEZ QUE VIVIMOS EN PAZ Y TRANQUILIDAD, Y NO TENEMOS LA NECESIDAD DE QUE HAYA PRESENCIA MILITAR EN NUESTRO TERRITORIO. YA QUE EN EL AÑO 1994 CUANDO SE DIO EL MOVIMIENTO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL, EZLN, EL GOBIERNO FEDERAL EN TURNO INSTALÓ BASES MILITARES EN DIFERENTES COMUNIDADES PERTENECIENTES A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE CHIAPAS DANDO COMO RESULTADO UN ALTO INDICE DE ASESINATOS, MUJERES VIOLADAS, EMBARAZADAS Y ABANDONADAS, SEPARACIÓN DE MATRIMONIOS, NIÑOS ABANDONADOS, INCREMENTO DEL ALCOHOLISMO, DROGADICCIÓN Y PROSTITUCIÓN, ASI COMO PROPAGACIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA E INSEGURIDAD. POR LO QUE NO PERMITIREMOS LA INSTALACIÓN DE GUARDIA NACIONAL Y SOLICITAMOS LA INMEDIATA DESTITUCION DEL ING. CARLOS ILDEFONSO JIMENEZ TRUJILLO, PRESIDENTE MUNCIPAL DE CHILÓN CHIAPAS, Y DEL C. JUAN JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO SAN SEBASTIAN BACHAJÓN, MUNICIPIO DE CHILÓN, POR HABER FIRMADO CONVENIO PARA INSTALAR UNA BASE DE LA GUARDIA NACIONAL A 2 KM DEL CITADO EJIDO SIN CONSULTAR A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.
EXIGIMOS AL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL, Y MUNICIPAL QUE SE INSTALEN MEDIDAS EFICACES PARA DAR MARCHA ATRÁS A LA INSTALACIÓN DE ESTA BASE MILITAR EN EL MUNICIPIO DE CHILÓN, CHIAPAS; ASI COMO EL RESPETO A LOS DERECHOS Y CULTURA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE CHIAPAS Y DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON:
ARTÍUCLO 2°- PÁRRAFO 2° B), ARTÍCULO 13° DEL C169 CONVENIO DE LA O.I.T. SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES 1989.
LOS ACUERDOS DE SAN ANDRES
ART.129 CONSTITUCIONAL.
ARTÍCULO 7°- PARRAFOS 1 Y 3 DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
ARTÍCULO 19°- DE LA DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. NUMERAL XXIII Y DEMÁS RELATIVOS DE LA DECLARACION AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
SOLICITAMOS A LA POBLACIÓN SU COMPRENSIÓN Y APOYO SOLIDARIO POR LAS ACCIONES QUE ESTAMOS EMPRENDIENDO, Y RESPONSABILIZAMOS AL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, DE CUALQUIER ACTO DE REPRESIÓN QUE PUDIERAN EJECUTAR EN NUESTRA CONTRA, AL TIEMPO QUE HACEMOS UN LLAMADO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES INDEPENDIENTES, ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS EN CHIAPAS Y MÉXICO, A QUE JUNTOS CONFORMEMOS UN FRENTE ÚNICO PARA PONER UN ALTO A LA CONTINUIDAD DE LA POLITICA NEOLIBERAL.
“ALTO A LA MILITARIZACIÓN EN CHIAPAS Y MÉXICO”, “RESPETO A LOS ACUERDOS DE SAN ANDRÉS”, “RESPETO A LA AUTONOMÍA Y CULTURA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS”, “ALTO A LOS MEGAPROYECTOS”, “RESPETO A LA MADRE TIERRA”
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Compartimos una edición especial de Fillke Mapu Ñi Nütxam«Colonialismo y Resistencia en Wallmapu y la Patagonia», quinta entrega colaborativa de la Red de Medios Radiales del Wallmapu y la Patagonia.
Dedicado a Tito Armando Javier Lienlaf Villegas, Pangui Ayen Lienlaf Salazar, Nawel Kurruf Lienlaf Salazar y Kim Rayun Lienlaf Salazar, fallecidos la madrugada del pasado jueves 1 octubre en el incendio de su vivienda en Los Molinos, costa de Valdivia.
En esta oportunidad, 12 de octubre 2020, nos entrega su mensaje:
@RadioWilliche Mül’ütu Melipulli Puerto Montt / https://muluturadio.wordpress.com/
Radio Lafken Mawida en Bonifacio costa de Valdivia 107.3 FM / https://www.lafkenmawida.org/
@Radio Werken Kvrvf 98.3 FM en el lago Budi comuna de Saavedra
Radio Aukinlaf en Los Molinos costa de Valdivia http://latina.red:8000/aukinlaf.mp3
Radio Pellin Folil en Malalwe comuna de Lanco / https://radio.latina.red/pellinfolil.mp3 / https://www.elpuelche.cl/
Radio Latue en Aysen y Puerto Cisnes / https://patagonialibre.org/
Radio Ko / http://radio.latina.red/aguita
@RadioKvrruf / https://radiokurruf.org/
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●EDF sería responsable por contribuir a violaciones al consentimiento libre,previo e informado así como por ataques a defensoras y defensores dederechos humanos en la implementación de su proyecto eólico Gunaa Sicarú
●La demanda solicita la suspensión del proyecto hasta que EDF cumpla suobligación de respetar los derechos humanos. La comunidad tuvo que acudira instancias extranjeras ante la falta de respuesta de la empresa y el gobiernomexicano.
Ciudad de México/Berlín, 13 de octubre de 2020.Miembros de la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, Oaxaca, presentaron el día de hoy en París una demanda civil en contra del gigante energético Electricité de France (EDF) por violación a sus derechos humanos.Se trata de la primera acción legal de su tipo iniciada por una comunidad indígena de las Américas, y es acompañada por la organización mexicana Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. ProDESC, y el European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR.EDF sería responsable por contribuir a violaciones serias a los derechos de lacomunidad, al fallar en la identificación de riesgos y la implementación de medidas de protección en el desarrollo de su proyecto eólico Gunaa Sicarú.
La empresa firmó contratos y acuerdos, desarrolló procesos paralelos deinformación y comunicación, y contribuyó a la ruptura del tejido social en Unión Hidalgo, afectando el carácter previo, libre e informado de la consulta desarrollada por autoridades mexicanas respecto a tal proyecto.Estas omisiones de EDF llevaron a una escalada de violencia en contra de defensoras y defensores de derechos humanos de la comunidad, quienes son estigmatizados, amenazados y atacados por grupos cercanos a la empresa. UniónHidalgo buscó justicia en México.A partir de un amparo presentado por personas defensoras, en octubre de 2018 un Juzgado Federal en México falló históricamente en favor de la comunidad y ordenó a las autoridades Mexicanas el desarrollo de una consulta que cumpliera los más altos estándares internacionales.Sin embargo, la actuación de la empresa y la de sus socios comerciales locales no cambió.Asimismo, desde 2017 miembros de la comunidad buscaron un diálogo con la empresa, sin éxito. Inclusive, en 2018 presentaron una queja ante el Punto Nacional de Contacto de la OCDE en Francia, sin obtener resultados positivos. Es por ello que la comunidad tuvo que acudir hasta la Corte de París demandando el respeto a sus derechos. La demanda presentada solicita la suspensión del proyecto hasta que EDF cumpla su obligación de respetar derechos humanos, establecida desde 2017 en la Ley francesa del deber de vigilancia, y con ello evitar que se sigan cometiendo mayores violaciones en contra de la comunidad.
“Este es un llamado claro para que EDF termine sus abusos, cambie su mal comportamiento y deje de buscar imponer a toda costa su proyecto. El que un parque eólico se desarrolle violando los derechos humanos no es justo ni en Méxiconi en Francia ni en ninguna parte del mundo”, dijo Rosalva Martínez, defensora dederechos humanos de Unión Hidalgo.La demanda es apoyada públicamente por diversas organizaciones francesas, europeas e internacionales, tales como CCFD-Terre Solidaire, Sherpa, Les Amis de la Terre France, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, SOMO, OECD Watch y Fair, Global and Green Alliance (FGG).“Las autoridades mexicanas han fallado en garantizar el derecho al consentimiento de la comunidad. Pero EDF también es responsable y tiene incluso una mayor responsabilidad en contextos de violaciones sistemáticas como México. Hasta ahora, nadie le había exigido rendición de cuentas por sus actuaciones; la demanda presentada constituye una gran oportunidad para ello. Es tiempo de que EDF cumpla.”, señalaronAlejandra Ancheita y Miriam Saage-Maaß de ProDESC y elECCHR.Diversos organismos de derechos humanos en México y a nivel internacional se han pronunciado en torno a la situación de riesgo de las y los defensores de UniónHidalgo, por su labor de defensa relacionada con el proyecto de EDF, requiriendo acciones inmediatas de las autoridades y la empresa. ProDESC acompaña desde 2011 el proceso de defensa de la comunidad deUnión Hidalgo.El ECCHR ha colaborado desde 2018 en el proceso de litigio transnacional.
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Wilma Esquivel Pat, concejala del Concejo Indígena de Gobierno desde Quintana Roo.
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