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Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata

La violencia en México, en Guerrero y la creación de realidades en tiempos de la 4T

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Mundial

A quienes suscribieron Una Declaración por la Vida

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A los organismos de derechos humanos

Al Pueblo de México

Al movimiento social de Guerrero

A los medios libres y autónomos

19 de noviembre.

Hermanos y hermanas de México y del mundo, queremos compartir nuestra palabra sobre la situación que estamos viendo y viviendo en el estado de Guerrero y en México: con todo el aparato del Estado, con 4 canales de televisión públicos en los que se transmiten las mañaneras, periódicos, noticieros de radio y televisión, por internet y prensa, el actual gobierno de la 4T encabezado por Claudia Sheinbaum, con Omar García Harfuch como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, repiten hasta el cansancio discursos de lo que su gobierno hace -o dice que hace-, para restablecer la paz en el país; mediante el discurso, crean una realidad inexistente y pretenden engañar a la población de que el mal es ajeno al aparato Estatal y que éste proviene de algunos individuos que generan toda la violencia en el país. Con una narrativa telenovelesca, hablan en las mañaneras de articulación entre los estados, de inteligencia de seguridad, de detenciones de personas trascendentales en distintas estructuras delincuenciales.

Pero lo que vemos y vivimos a diario en el estado de Guerrero, es totalmente contrario a ese discurso: balaceras y asesinatos de inocentes, decapitaciones de presidentes municipales, secuestros en grupo que incluyen a mujeres, niños y niñas, incineración de cuerpos, que según el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, es por “confrontaciones entre grupos locales”; derivado de esta aseveración nos preguntamos ¿a qué grupo delincuencia local pertenecía el presidente municipal de Chilpancingo Alejandro Arcos Catalán para que lo decapitaran? ¿y las mujeres y niños secuestrados en Mochitlán, a cuál?

También observamos y vivimos desplazamientos territoriales, cobros de piso, control de los recursos económicos de los municipios por grupos delincuenciales, el control de las cámaras de video vigilancia en el municipio de Chilapa por los ardillos, el tráfico de estupefacientes por todas las carreteras del estado con la complacencia de las policías municipales, estatales y autoridades estatales; acoso, hostigamiento, intimidaciones y robos al gremio periodístico de Guerrero; comidas y diálogos cordiales entre presidentes y presidentas municipales con generadores de violencia -como les llaman hoy en día en las mañaneras-, por ejemplo la comida de Norma Otilia Montaño (ex-presidenta municipal de Chilpancingo) con Celso Ortega, líder de los ardillos; observamos también encarcelamientos de chivos expiatorios e investigaciones a modo para evitar la detención de los mandos de los grupos delincuenciales, a los autores intelectuales; en estos casos, la complicidad y participación directa de autoridades municipales, estatales y federales, es evidente, junto a las corporaciones de “seguridad”, incluida la Guardia Nacional, SEDENA y Marina cuyo número llega ya a 12 mil 675 miembros de la SEDENA, Guardia Nacional y Marina entre Tecpan, Quechultenango, Acapulco y demás municipios del estado según Ricardo Trevilla Trejo, el mismo titular de la SEDENA cuyo análisis de la realidad le indica que el problema de Guerrero está en las “confrontaciones entre grupos locales”.

El simplismo de su aseveración debería ser evidencia suficiente para entender que: 1. Las capacidades cognitivas de quienes dirigen a las corporaciones de seguridad del Estado son inexistentes. 2. Que la delincuencia organizada en su rostro mas visible es la que dispara, asesina, secuestra, trafica, etc., pero que la otra cara de la delincuencia viste de traje y se encuentra en cada institución del Estado y en cada corporación de “seguridad”. A nosotras y nosotros como pueblos indígenas que hemos vivido de cerca la violencia de los grupos delincuenciales y el silencio del Estado nos queda claro que la delincuencia son todos ellos y ellas.

Para nosotras y nosotros, el gobierno ha permitido que existan grupos paramilitares, narco-paramilitares y cárteles que entran a tomar el control de territorios enteros por todo el país, en muchos casos, para hacerse de los bienes naturales que se encuentran resguardados por los pueblos y comunidades indígenas, para posteriormente entregárselos al capital trasnacional; los partidos políticos se coludieron con la mafia, carteles locales y externos para controlar el territorio y cooptar a las poblaciones del país a elegirlos en los cargos de elección popular (presidencias municipales, gubernaturas, presidencias), con la consecuencia evidente que esto conllevaría: terminar pagando favores a quienes los pusieron en el poder. El mismo gobierno federal ha permitido la existencia de los cárteles para controlar al movimiento social-popular de Guerrero y del país, a los sistemas comunitarios y de justicia que se gestaron en las asambleas de los
pueblos y comunidades; las corporaciones de seguridad, vieron un segundo salario, más oneroso en el servicio que brindan a la delincuencia que el que reciben por su trabajo legal; el dinero que se mueve en las esferas del poder, venga de donde venga, legal o ilegal, es más importante que la vida del pueblo, sea de Guerrero, Chiapas, Sinaloa, Guanajuato, Oaxaca, Michoacán o de cualquier estado del país. Es por lo anterior que decimos con toda claridad, la delincuencia es el Estado.

Es por eso que no aceptamos la narrativa de los buenos y malos, lo que vemos es la intervención absoluta, no sólo cómplice, sino abierta del Estado en crímenes contra la población mexicana. En Guerrero, el Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), todo el sexenio Andrés Manuel, denunciamos al grupo narco-paramilitar los ardillos, que secuestraron, torturaron, descuartizaron, asesinaron a 63 habitantes de las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero, además de desaparecer a otros 22 hermanos y hermanas, desplazar y cercar a estas comunidades. Se le dijo al mismo Andrés Manuel en su cara cuando fue interceptado por el CIPOG-EZ en octubre de 2022, en la carretera que va de Chilapa a Tlapa: “¡NOS ESTÁN MATANDO! Evelyn Salgado, (gobernadora del estado de Guerrero) sabe quienes son y dónde están los ardillos, los presidentes municipales trabajan con los ardillos, fiscales y jueces del estado trabajan con ellos, policías municipales y estatales son ardillos, Bernardo Ortega Jiménez actual diputado por el PRD es jefe de los ardillos junto a sus hermanos, Chilapa, Quechultenango, Tixtla, Colotlipa, Acatepec. etc., son municipios controlados por los ardillos”.

Pese a todo lo anterior, el pasado 13 de noviembre, de forma triunfal Harfuch anunció la detención de Vicente Gerardo el “Garza” en Querétaro (hasta allá fueron a cazar ardillos, sabiendo dónde operan), jefe de plaza de los ardillos. Tal como si hubiese erradicado el mal del estado de Guerrero, anunciaron su detención y lo vinculan a la decapitación del presidente municipal de Chilpancingo, a la desaparición y asesinato de la familia de Mochitlán, al control de amplias regiones de Guerrero tales como Tecoanapa, Ayutla de los Libres y San Marcos, etc., tal como si él fuera un jefe de los ardillos; pero nosotros sabemos y hemos denunciado donde están los verdaderos jefes de este grupo criminal, basta preguntarse por qué no detienen a Bernardo Ortega Jiménez, diputado por el PRD en Guerrero y jefe de los ardillos, o a Jesus Parra García, expresidente municipal por el PRI de Chilapa, hoy en día diputado local en el congreso de Guerrero y que sabe como operan los ardillos, donde operan, cómo se financian las campañas para que personas como él, queden como diputados o accedan a un cargo público; entonces, basta preguntarse porqué detienen a delincuentes menores y no a los que dirigen a las organizaciones delictivas para entender que la violencia no terminará en Guerrero pues esta deviene del mismo Estado, en todas sus estructuras y el Estado no puede atacarse a sí mismo, por lo que lo más cómodo es simular acciones, crear realidades y mantener la estructura criminal intacta. Paz como discurso, violencia como realidad.

Es por todo lo anterior, que responsabilizamos directamente a Claudia Sheinbaum, Evelyn Salgado, Harfuch, presidentes municipales y a las corporaciones de seguridad por la violencia que se vive en el país y por la muerte de las personas que a diario son víctimas de la violencia por el desprecio del grupo gobernante. Los responsabilizamos por la seguridad de nuestro hermano Jesus Plácido Galindo, promotor del CIPOG-EZ y demás autoridades comunitarias, quienes han sido amenazados de muerte por los ardillos sin que ustedes les hayan brindado las mínimas condiciones de seguridad; sabemos porqué.

Hacemos un llamado a la sociedad a poner en duda, a cuestionar a los medios de comunicación a través de los que pretenden convencernos de que el gobierno de Morena, está desarticulando a la delincuencia y trabajando por la seguridad del pueblo, cuando lo único que está asegurando es la entrega de los bienes naturales del país al capital y su permanencia en el poder por muchos sexenios. Llamamos al magisterio, a los intelectuales, a visibilizar desde el pensamiento crítico, la realidad del país y la construcción de los discursos desde el poder. Hacemos también un llamado a campesinos, organizaciones sociales, estudiantes y al movimiento popular de Guerrero a organizarse, por la defensa de la vida de sus comunidades y por la defensa del territorio, pues de arriba nunca vendrá la justicia. A los pueblos y comunidades de México, las llamamos a mantenernos en alerta, pues el escenario que describimos no sólo ocurre en Guerrero, sino en todo el país, los asesinatos y detenciones continuarán, porque alargar la permanencia de Morena en el poder y posicionar políticamente a Harfuch, personaje de tétrico pasado (abuelo Militar asesino de estudiantes en 1968, padre torturador de la Dirección Federal de Seguridad durante la Guerra Sucia y él mismo artífice junto a otros personajes de la llamada “verdad histórica”, en el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa), como un personaje central en el próximo sexenio, implica limpiar el camino y reordenar el territorio, a las fuerzas económicas, políticas y sociales en México, asesinando inocentes y defensores de la vida y del territorio, destruyendo historias para imponer la suya propia, la del vencedor, lo cual nos pone en evidente vulnerabilidad. A los organismos de derechos humanos solidarios, a la sexta nacional y a la Otra Europa, esa que no claudica, les pedimos que sigan al pendiente de nosotros y nosotras, como de por sí lo han hecho hasta hoy.

A 114 años del inicio de la Revolución Mexicana, reivindicamos la lucha de Emiliano Zapata, de Francisco Villa, de Magón y de todos aquellos y aquellas que lucharon por la vida y por la construcción de una realidad sin tiranos y explotadores, con libertad, justicia y democracia.

Abrazamos a nuestros hermanos y hermanas del EZLN por sus 41 años de larga rebeldía y resistencia. Como CIPOG-EZ, seguimos en resistencia, sin rendirnos, sin vendernos y sin claudicar.

¡ALTO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO!

atentamente:

Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata.

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Avispa Midia

Ambientalistas son criminalizados por un supuesto asesinato ocurrido hace 30 años

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Protesta de familiares y habitantes de Santa Marta para demandar la libertad de los defensores detenidos en enero del 2023. Foto: Marvin Recinos

Este lunes (11), habitantes de la comunidad de Santa Marta, departamento de Cabañas al norte de El Salvador, y miembros de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) de dicha población, se posicionaron para reclamar un alto a la criminalización de cinco líderes comunitarios y defensores ambientales, sobre quienes, a pesar de obtener su libertad el mes pasado, aún se mantiene abierto un proceso penal en su contra, acusados de un asesinato ocurrido hace 30 años durante el conflicto armado interno en El Salvador.

Al cumplirse 22 meses de su arresto, la ADES sostiene que la “ilegal detención” de los cinco defensores fue una represalia contra la denuncia de la comunidad sobre la posible reactivación de la minería metálica en el país centroamericano. Desde el año 2017, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en prohibir la minería en su territorio y en esta lucha, los pobladores de Cabañas tomaron un papel preponderante al defender sus tierras ante la amenaza de la extracción de oro y plata.

Foto: ADES Santa Marta.

Tras su detención el 11 de enero el 2023, los cinco ambientalistas permanecieron recluidos durante nueve meses, hasta que en septiembre de ese año les fue concedido el arresto domiciliario. Fue hasta octubre pasado cuando se realizaron las audiencias y, a pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que contaba con “contundentes evidencias” sobre su culpabilidad, el día 18 de ese mes un Tribunal de Sentencia decretó el sobreseimiento del caso, retirando los cargos contra los acusados.

Sin embargo, el 29 de octubre, la FGR presentó una apelación ante las autoridades penales el distrito de Cojutepeque. “Como hemos denunciado, los intereses extrajudiciales que conspiraron para montar la acusación falsa contra los ambientalistas se empeñan en revertir el fallo absolutorio o, al menos, dilatar la libertad definitiva”, señala la ADES en su posicionamiento de este lunes (11), mediante el cual exige la ratificación de la libertad para los defensores.

“Han sido 22 meses de persecución contra el activismo ambiental y de criminalización de la resistencia comunitaria contra los proyectos extractivistas que amenazan al agua, los ecosistemas y la continuidad de la vida”, argumentan los miembros de la organización y habitantes de Santa Marta.

¿Libertad?

A pesar de que en septiembre del 2023 la justicia salvadoreña les concedió el arresto domiciliario a los cinco defensores, esta medida les mantuvo la prohibición de trabajar y restringía su movimiento al perímetro de sus viviendas, lo cual acarreó graves afectaciones en su economía y en algunos casos, debido a su avanzada edad, con impactos negativos en su salud.

Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas y Alejandro Laínez García son líderes ambientalistas quienes toda su vida se han dedicado a la agricultura y, ahora, se encuentran preocupados ante la falta de alimentos derivado de su restricción para cultivar la tierra.

Por su parte Saúl Rivas y Antonio Pacheco son integrantes de la ADES Santa Marta. Rivas se desempeña como asesor legal y Pacheco funge como director ejecutivo cuyos trabajos, de más de 30 años, son reconocidos en la zona, razón por la cual han obtenido apoyo de su comunidad frente a las afectaciones de la criminalización. 

Los cinco defensores aseguran que la única razón de su criminalización responde a su lucha contra la minería, una amenaza que, coinciden, jamás permitirán acontecer en sus territorios. Cabe resaltar que meses después de su detención, representantes de dos empresas consultoras visitaron la comunidad de Santa Marta para intentar convencer a sus autoridades para reactivar la industria minera en la región norte del país.

Además, la Policía Nacional Civil detuvo, en mayo del 2023 al hijo de la ambientalista Vidalina Morales con el pretexto del régimen de excepción que se vive en El Salvador desde marzo del 2022. Fue sólo por la presión internacional que las autoridades liberaron a Manuel Gámez Morales, miembro del movimiento antiminero en Cabañas.

Los defensores de Santa Marta aguardan la resolución de la apelación presentada por la FGR.

Ante la persecución y la reciente apelación de su libertad, decenas de colectivos, organizaciones y personalidades del país centroamericano y a nivel internacional se han sumado a la solidaridad con la comunidad de Santa Marta y su resistencia antiminera, posicionandose vigilantes de la resolución que emitirán las autoridades con respecto a la apelación de la sentencia.

“Como han señalado Santa Marta y ADES, el recurso presentado carece de argumentación seria y se refiere en forma irrespetuosa a la actuación de las honorables juezas de sentencia, lo cual -además- constituye un comportamiento misógino de los personeros de la Fiscalía que amerita ser denunciado como una acto de violencia contra la mujer”, acusaron los habitantes de Cabañas en documento difundido el pasado 4 de noviembre.

En su respuesta al recurso de apelación, la población de Santa Marta exige a las autoridades penales que sea rechazada pues “una decisión distinta sería un enorme escándalo jurídico que tendría serias implicaciones en el país y sería un gran desprestigio de la justicia salvadoreña ante los ojos del mundo”, alertan.

Además, se dirigieron a la FGR al acusarla de “malgastar” tiempo y recursos durante casi dos años en una “acusación sin pruebas” contra los líderes comunitarios, por lo cual exigen investigar “los verdaderos delitos de la guerra y no se empeñe en instrumentalizar la justicia restaurativa y transicional para arremeter contra defensores del agua, el medioambiente y la vida del país”, sostuvieron.

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Avispa Midia

Éxodo migratorio busca llegar a EEUU antes que Trump al poder

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio


En portada: En el campamento de migrantes en la capital
chiapaneca, Tuxtla Gutiérre, algunos jóvenes como Cristian de 21 años,
sobreviven haciendo cortes de cabello modernos masculinos por 50 pesos.
Foto: Jeny Pascacio.





Cientos de personas migrantes salen en caravanas desde el sur de
México rumbo a la frontera norte, ante la incertidumbre que provoca la
victoria de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. 





Para Luis García Villagrán, fundador del Centro de Dignificación
Humana con sede en Tapachula, es importante no confundir el objetivo de
las caravanas, pues las personas que caminan kilómetros durante meses no
se movilizan por un tema político, sino por una necesidad humana.





Las personas migrantes decidieron que las caravanas salieran de
Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, simultáneamente, el 5 de noviembre durante
las elecciones presidenciales en el vecino país con un objetivo
mediático, incluso por seguridad. 





Los extranjeros contenidos en ambas ciudades de Chiapas se
organizaron en un grupo de Whatsapp. En esto, se han infiltrado personas
que de forma individual los amenazan para desistir de caminar rumbo al
norte de México. 





Pero la migración continuará y seguirán saliendo en pequeños grupos,
puntualizó Villagrán. Este 7 de noviembre otro pequeño grupo partió de
la plaza central de la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, para
alcanzar en Arriaga a las caravanas que salieron dos días antes. Juntos
tomarán la carretera federal hacia Oaxaca.





“Las personas migrantes creen que van a cerrar la frontera (norte) y
Trump lo confirmó en sus declaraciones tras el triunfo. Tienen miedo,
están aterrorizados porque no es posible tanta lucha para que quite el
CBP ONE (la aplicación digital Customs and Border Protection)”, dijo
para Avispa Mídia el defensor de los derechos humanos. 





Consideró que con Trump será más compleja una oportunidad de diálogo
con los países que aportan más a la migración, entre ellos México,
Venezuela, Haití y países de Centroamérica. 





En las calles venden chicha, empanadas o arepas para ganar dinero.




México seguirá participando con la contención migratoria como lo ha
señalado la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria reconoció que
hubo una reducción de un 70% de la migración que llega a la frontera
norte del país. 





Con estos fines, el gobierno federal ha planteado promover a
Tapachula como una ciudad donde las personas migrantes pueden vivir y
trabajar, “pero ni Tapachula ni Tuxtla tienen la infraestructura para
alojar a los miles de migrantes”, dijo. 





Sin importar las condiciones, los agentes del Instituto Nacional de
Migración (INM) se dedican a trasladar a Tuxtla y Tapachula a las
personas migrantes que cruzan el río Suchiate, frontera entre Guatemala y
México. No pueden salir de Chiapas en transporte público o caminando
porque son detenidas, incluso hay tramos donde personal de la Fiscalía
General de la República (FGR) también realiza labores de “control
migratorio”. 





Las autoridades no les brinda información clara sobre el proceso que
deben seguir y en la mayoría de los casos son detenidas por días en las
estaciones migratorias, de las citadas ciudades, sin alimento y atención
médica, incluso si son menores de edad los que requieren de estos
derechos.





“Van a sellar Chiapas con pretexto de la seguridad y de la presencia
de cárteles, pero en realidad están militarizando y la política del
terror ya está impuesta”, precisó el defensor.









Organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos
han solicitado, durante años, reuniones para presentar sus propuestas
para solucionar el tema migratorio con base en los derechos humanos,
pero hasta ahora no han sido escuchadas por ningún gobierno. 









Emmy con 28 años, tres hijos y gran desesperación salió de su país
Venezuela. Logró reunir un poco de dinero, puso lo necesario en tres
mochilas y dejó el país gobernado por Nicolás Maduro. 





Para llegar a México le tomó dos meses y, al igual que la mayoría de
migrantes que caminan por varios países, opina que la travesía es
extremadamente peligrosa en puntos como la selva del Darién, entre
Colombia y Panamá, y las fronteras entre países donde son víctimas de
delitos por grupos delincuenciales.





“Estoy recién llegada a México pero ha sido duro, fuerte. Nosotros
llegamos a Tapachula y de ahí salimos en la caravana del 5 de noviembre,
pero me tuve que entregar a migración porque los niños no aguantaron”,
sostuvo para Avispa Mídia





Caminaron un día con el grupo de migrantes y al siguiente los agentes
del INM trasladaron a Emmy y sus hijos a Tuxtla Gutiérrez. Llegaron a
las 3 de la tarde con hambre y sed, pero con la seguridad de no querer
avanzar más. 





“Ha sido muy difícil, hemos pasado muchas cosas en la calle que ni
siquiera te puedo contar porque me da miedo. Ya no quiero seguir porque
si lo intentamos nos van a regresar o nos pueden deportar y por eso
estamos considerando quedarnos aquí en Tuxtla”, dijo. 









Emmy y una de sus hijas hacen trenzas para obtener ingresos. Por toda
la cabellera de una persona cobran 50 pesos y en trenzas menos
elaboradas 30 pesos, pero espera pronto poder conseguir un trabajo
estable. 





“Es muy complicado porque la gente desconfía de darnos trabajo, los
arriendos son demasiado caros y la discriminación ni hablar. Por unos
días estaremos durmiendo en la calle, por ahora no veo como opción
regresar a Venezuela, al menos con este gobierno yo no regreso, pero
para el norte con Trump también se pone difícil”. 





En Tuxtla Gutiérrez, las personas migrantes acampan en las estaciones
de autobuses, en algunos parques y la mayor población se encuentra
asentada en los alrededores de las oficinas de Regulación Migratoria del
INM, espacio que también funciona como centro de detención.





En uno de los parques se aloja Nurkari de 23 años con sus dos hijos.
Ella también salió de Venezuela por la misma razón que Emmy y admite que
la travesía hasta México está llena de terror y violencia. 





“Maternar es duro. A mí me intentaron quitar a los niños en
Guatemala, antes de cruzar el Suchiate nos secuestraron y me dijeron que
si no daba dinero se iban a quedar con los niños”, dijo a Avispa Mídia. Pero Nurkari se aferró a sus hijos y logró que la liberaran. 





Esta no es la primera vez que la joven madre venezolana intenta
llegar a Estados Unidos, hace unos meses también se unió a una caravana
pero fue detenida con sus hijos en Oaxaca y devuelta a Tuxtla. 





Para Nurkari las caravanas ya no son opción, no solo por la caminata,
también por el hostigamiento de agentes del INM. Por ahora sobrevive
con la venta de empanadas al estilo Venezuela. 





Su compatriota Jessica, tiene 30 años y tres pequeños, coincidió en
que “el viaje ya ha sido muy duro para los niños, por la comida, por la
dormida y pasar por todos los países y la selva. Yo espero la cita de
migración, tengo cuatro meses aquí, he intentado subir dos veces (al
norte del país) y las dos veces me devolvieron. 





Jessica cuestiona la abierta corrupción que hay en INM, pues se han
percatado de que hay personas que logran pagar una cuota para acelerar
el trámite, “a nosotros nos han pedido 100 o 200 dólares por hacer un
registro” y así poder avanzar. 





Las entrevistadas aseguran que a los campamentos se acercan personas o
vehículo extraños, por eso, cerca del anochecer, implementan seguridad
entre ellos para poder proteger a las infancias. 









Enrique Vidal, director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (Frayma), sostuvo para Avispa Mídiaque,
con la victoria de Donald Trump, “nos estaríamos acercando no solamente
a un escenario como el de hace 8 años, cuando ocurrió su primera
victoria, si no a una expresión mucho más radical en la permisividad de
expresiones racistas, xenófobas, eugenésicas, de altísima
discrimanación”. 





Coincidió con Villagrán en que para el gobierno mexicano será más
difícil la gestión de la política migratoria. Vidal explicó que por un
lado México social y culturalmente pertenece a latinoamerica, pero a
nivel político y económico “pertenecemos al bloque de norteamérica por
el Tratado de Libre Comercio y por toda la integración que existe en
materia migratoria”. 





Es decir, México tienen un historial de 30 años de servir como la
frontera sur de Estados Unidos, “una sesión de soberanía que es pública
en términos geopolíticos”. 


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Avispa Midia

Cada 4 días se ha asesinado a un periodista en el mundo; 1,700 en los últimos 18 años

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En portada: Familiares y colegas de los periodistas palestinos Sari Mansour y Hasona Saliem, que fueron asesinados mientras trabajaban, lloraban durante la ceremonia fúnebre en Deir al-Balah, Gaza, el 19 de noviembre del 2023. Foto: Ali Jadallah

Entre 2006 y 2024, más de 1,700 periodistas han sido asesinados en todo el mundo y alrededor del 85% de los casos no llegaron a los tribunales, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), lanzado el pasado 2 de noviembre, fecha Internacional elegida para la campaña Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.

De acuerdo con el informe, llamado Periodistas en primera línea de crisis y emergencias, los asesinatos de los comunicadores han aumentado en un 38% solo entre 2022 y 2023, incrementando hasta 162 periodistas asesinados en este periodo. “Cada 4 días matan a periodistas por buscar la verdad”, señala este documento.

Lo más resaltante de estas cifras es que la UNESCO tiene un registro de 61 periodistas asesinados en países no afectados por conflictos armados, en este caso en países de América Latina y el Caribe, seguido con 31 casos en los Estados Árabes y con 31 por países asiáticos y del pacífico. Europa también figura con 15 decesos.

Entre las personas que perecieron por informar en este periodo bianual figuran 14 periodistas mujeres, lo que representa el 9% del total de los casos. La falta de justicia se impone, según este documento, ya que “la impunidad en estos casos se mantiene alta, con un 85% de los asesinatos sin resolver, y el tiempo promedio para la resolución de casos es de aproximadamente 4 años, lo que indica que la justicia es frecuentemente denegada”. 

De acuerdo con el informe, el territorio mexicano sigue siendo uno de los países más peligrosos para quien ejerce la profesión de informar, sumando 26 periodistas caídos entre 2022 y 2023. 

Periodistas mexicanos protestan por los asesinatos de periodistas palestinos y mexicanos. Fotos: Colectivo SOS

El Estado de Palestina, actualmente en conflicto armado con Israel, registra el mismo número de casos que México, con 26 asesinatos en el ejercicio de su profesión en el mismo periodo. 

Palestina

Son al menos “130 periodistas palestinos asesinados en manos de las fuerzas israelíes” en los últimos 380 días según informes de la ONU hasta este mes de noviembre. La situación en Gaza ha sido descrita por esta instancia como “inédita” y “nunca antes vista en ningún conflicto de los tiempos modernos”.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, señaló que, en la actualidad, en Gaza se ha producido el mayor número de asesinatos de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación” y pidió a los gobiernos que “adopten medidas urgentes para proteger a los periodistas, investigar los crímenes contra ellos y procesar a los autores”.

Voceros de la ONU han puntualizado que en Gaza la información se ha visto gravemente restringida. Se ha asesinado a periodistas, se ha destruido redacciones, se ha bloqueado a la prensa extranjera y se ha cortado las comunicaciones. “Las fuerzas israelíes, como potencia ocupante, han desmantelado sistemáticamente la infraestructura de los medios de comunicación palestinos, silenciando voces mediante restricciones, amenazas, asesinatos selectivos y censura”, resume Cheikh Niang, presidente del Comité de la ONU sobre los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino.

A pesar de ello, los periodistas en Gaza siguen informando sobre la crisis humanitaria que está sufriendo la población civil y principalmente los niños. 

En contraste, el jefe de la Sección de Oriente Medio y Norte de África de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha declarado que, “según el derecho internacional humanitario, el ocupante, Israel, tiene la obligación de proteger a los civiles, incluidos los periodistas”, pero, señala que acontece lo contrario, “estamos oyendo a políticos y dirigentes de muy alto nivel decir que está bien matar a civiles para conseguir objetivos militares, lo que constituye una violación de la proporcionalidad, de los principios y también de la necesidad militar”. 

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Avispa Midia

México: 128 integrantes del Congreso Nacional Indígena han sido asesinados desde 1996

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Mujeres Otomís realizan rueda de prensa en las inmediaciones de la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas ‘Samir Flores Soberanes’. Foto: Diego García

En el marco de la Jornada de Lucha contra la Guerra a los Pueblos Zapatistas, y en el contexto de las celebraciones para honrar a los muertos en México, este viernes (1), la Comunidad Otomí residente en la Ciudad de México realizó una conferencia de prensa para denunciar la guerra de exterminio y la contrainsurgencia, que, argumentan, junto con el crimen organizado se impone en contra de los pueblos originarios y comunidades indígenas zapatistas.

Un grupo de mujeres Otomís, quienes desde hace cuatro años habitan la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes, emitió el mensaje principal: honrar a quienes ofrendaron su vida para defender los territorios, como aquellas y aquellos integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) quienes murieron en los combates durante el levantamiento en Chiapas de 1994.

Recordaron al Subcomandante Pedro, fundador del EZLN y quien murió durante la toma de la cabecera municipal de Margaritas, en la región selva chiapaneca; también, a la comandanta Ramona, integrante del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General (CCRI-CG) y responsable, con muchas otras comunidades, de la Ley Revolucionaria de las Mujeres.

Fotos: Diego García

Las mujeres Otomís enfatizaron que la guerra contra los pueblos continúa y lo evidenciaron con el número de asesinatos que, desde la fundación del Congreso Nacional Indígena (CNI), en 1996, y hasta octubre del año 2023, registra 128 “asesinados por defender el agua, la tierra, el territorio y la vida, por oponerse a los mal llamados megaproyectos de muerte como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el PIM que le costó la vida a nuestro hermano Samir Flores Soberanes”.

Destacaron que, en varios casos, se dieron otras agresiones previas, tales como tortura y desaparición forzada. Sobre todo, estas agresiones se registraron en los estados de Chiapas, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, Chihuahua, Michoacán, Puebla, Morelos, Guerrero y CDMX.

Sólo en Chiapas se ha denunciado el mayor número de asesinatos, alcanzando el 45% del total. Le siguen Guerrero, con el 20%, Michoacán con el 14% y Oaxaca con el 12%. El resto se divide entre los seis estados restantes y, subrayaron, que aún no se contemplan los asesinatos registrados durante lo que va de este 2024. “No basta la militarización en los territorios. Hoy denunciamos la complicidad e impunidad con la  que opera el crimen organizado en contra de los pueblos indígenas”, sostuvo una joven Otomí durante la rueda de prensa.

Las mujeres condenaron que en Chiapas, y especialmente en territorio zapatista se está llevando a cabo una estrategia de guerra en contra de sus procesos de organización y autonomía, por lo que exigieron a Claudia Sheinbaum y a Rutilio Escandón, responsables respectivamente, de las autoridades a nivel federal y estatal, para que detengan la escala represiva contra las comunidades autónomas en Chiapas.

“Seguimos exigiendo alto a la guerra contra los pueblos zapatistas, no más amenazas y ataques a los compañeros y compañeras de la comunidad ‘6 de octubre’ parte del caracol de Jerusalém, quienes han sido amenazados de desalojarlos de las tierras que ocupan y trabajan por pobladores de la comunidad de Palestina”, demandaron las mujeres Otomís.

La continuidad de la guerra en México

Carlos González, integrante de la coordinación del CNI tomó el micrófono para aseverar que México es un país sumido en una guerra, en la cual, durante el sexenio de AMLO, los homicidios rebasaron los 200 mil casos.

Aún más grave, a esta cifra queda pendiente la incorporación de los desaparecimientos forzados, los cuales alcanzan a 51 mil seres humanos en territorio mexicano. “Este gobierno que ha iniciado, lleva en el mes de octubre, mas de 2,000 asesinados y más de 500 desaparecidos y desaparecidas”, compartió González sobre la permanencia de esta tendencia violenta en el país.

Además, criticó que la estrategia “para combatir este infierno, fue y sigue siendo la de crecer la guerra”, pues explicó que al poner a los militares al cargo de las estrategias de seguridad, sólo se ha continuado el “fallido esquema”, inaugurado por el gobierno de Calderón y profundizado por AMLO.

“Lo que nos siguen prometiendo es guerra. Esta guerra la han vivido nuestros pueblos y comunidades durante siglos, pero se ha profundizado en los últimos años y décadas con las cruentas políticas neoliberales que tienen como uno de sus propósitos centrales el despojo de las tierras y territorios de las comunidades indígenas”, sostuvo el miembro del CNI, al referirse a la reproducción actual de las políticas neoliberales en los gobiernos del partido Morena.

Y para dar un ejemplo, citó lo ocurrido tras la reciente aprobación de la reforma constitucional en materia indígena. Publicada durante el último día del mandato de AMLO, el pasado 30 de septiembre, pero, argumenta González, dicha ley “ignoró por completo toda la parte de derechos territoriales”.

“Las significativas reformas que se produjeron en 1992 y en años subsecuentes para trastocar la propiedad ejidal y comunal para permitir la privatización de las aguas, de la tierra, de los bienes colectivos de la nación, siguen básicamente intocadas. Siguen generando sus terribles consecuencias para este país y particularmente para los pueblos originarios”, destacó el también abogado.

Fotos: Otomí rebelde

Al referirse a la ofrenda que la comunidad Otomí preparó, junto con manos de personas solidarias de la ciudad y de otros pueblos, Carlos González resaltó que es un testimonio de la cruenta guerra que se vive en desde el norte, en Chihuahua, Jalisco, Sinaloa y hasta el sur del país en Guerrero y Chiapas.

“Pero también testimonia la celebración en medio de la muerte, la celebración de la vida. La tenaz resistencia de esta comunidad, en esta ciudad de México brilla, y mucho, porque es casi única y creo que eso debemos guardarlo en nuestros corazones, tomarlo como ejemplo y hacernos solidarios de esta importante lucha, de las luchas de los pueblos originarios de este país”, reflexionó el abogado.

Por último, las mujeres Otomís anunciaron la convocatoria para quienes se quieran sumar a una reunión de coordinación para preparar actividades a celebrarse durante los días 10 al 17 de novimebre, fecha en que se cumplirán 41 años de la fundación del EZLN. La cita es el próximo lunes 4 de noviembre a las 17hrs en la Casa de los Pueblos y  Comunidades Indígenas ‘Samir Flores Soberanes’.

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Avispa Midia

En Guatemala, defensor criminalizado por empresa de palma aceitera es asesinado

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Comunidades maya Q’eqchi’ denuncian escasez de agua derivado por la actividad de Industrias Chiquibul y la expansión de sus monocultivos de palma aceitera. Foto: Joel Pérez / Prensa Comunitaria

La noche del pasado 17 de octubre, Francisco Pop Ico, defensor 40 años y originario de la comunidad maya Q’eqchi’ de Santa Elena, departamento del Petén, fue asesinado con arma de fuego mientras conducía su motocicleta en la frontera entre México y Guatemala.

Resalta que el homicidio ocurrió un día antes de que el defensor se presentara a una audiencia judicial, relacionada a la acusación presentada por la empresa Industrias Chiquibul, quien le señalaba, junto a otros cuatro ex trabajadores de la palmera, por delitos de usurpación y amenazas en el contexto de su organización para defender derechos laborales.

En contexto – Guatemala: Chiquibul busca certificar su cultivo de palma, mientras usa violencia contra indígenas

Para el 9 de octubre, comunitarios de Santa Elena presentaron una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), por las múltiples y continuas violaciones a los derechos humanos ocasionadas por Industria Chiquibul. Destaca que, ese mismo día, se preveía una reunión de diálogo entre una delegación de la Secretaria Privada de la Presidencia junto con el gerente de relaciones comunitarias de Industria Chiquibul.

Francisco Pop Ico, defensor comunitario asesinado el pasado 17 de octubre del 2024.

Fue en 2012 cuando Industrias Chiquibul compró terrenos en la comunidad Q’eqchi’ de Santa Elena, acorralando a la población paulatinamente con monocultivos de palma aceitera, que fueron acompañados por la instalación de instalaciones militares y presencia de policía y seguridad privada. 

Tras un paro de labores organizado por trabajadores de Chiquibul en 2019, para noviembre del 2020 fueron criminalizados cuatro indígenas maya acusados de plagio, extorsión, usurpación agravada y detención ilegal. Hasta la actualidad, el proceso penal continúa, mientras a la par, habitantes de Santa Elena denuncian persecución y vigilancia de las fuerzas de seguridad quienes incluso emplean vuelos nocturnos con drones.

Condena

En este contexto, el Movimiento de Comunidades en Defensa del Agua, Qana’ Ch’och, organización social que aglutina más de 20 comunidades indígenas y rurales sobre todo de las tierras bajas del norte de Guatemala, condenaron el asesinato de Pop Ico y exigieron justicia a través de un comunicado.

La organización, cuyo significado es “Madre Tierra” en maya Q’eqchi’ articula las luchas para detener la expansión de los monocultivos, conservar sus recursos hídricos y garantizar la justicia para las comunidades afectadas por la contaminación y la explotación de sus tierras.

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Desde febrero de este año, la articulación indígena, junto a organizaciones internacionales exigieron a las autoridades guatemaltecas que tomaran medidas urgentes ante el incremento de los acosos y violaciones de los derechos humanos contra la comunidad de Santa Elena por parte de Industrias Chiquibul.

Esto, debido a que durante la última década la empresa de palma aceitera mantiene un patrón de violencia que acumula violaciones como la apropiación ilegal de tierras comunitarias en Aldea Carolina (en Chisec, Alta Verapaz); la contaminación del río San Román (también en Alta Verapaz), así como la criminalización por medio de órdenes de captura y detenciones orquestadas por la empresa, violaciones laborales y deforestación en comunidades del Petén.

Organizaciones nacionales, como la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (Redsag) e internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) condenaron el asesinato de Pop Ico y se sumaron a las exigencias por justicia. 

“Este caso ilustra la peligrosa realidad que enfrentan las y los defensores del territorio en Guatemala, quienes son frecuentemente criminalizados y perseguidos judicialmente por proteger sus tierras y derechos”, enfatizó la Oacnudh mediante sus redes sociales.

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Avispa Midia

Transgénicos amenazan la producción de semillas criollas en el noreste de Brasil

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Campesinos de los estados de Sergipe y Bahía, localizados en el noreste de Brasil, denuncian contaminación genética de semillas criollas de maíz, frijol y cacahuate por transgénicos en distintos territorios de los dos estados. 

El Movimiento Campesino Popular (MCP), en cooperación con instituciones científicas del país, como el Instituto Federal de Sergipe (IFS), ha trabajado en la región hace una década para promover sistemas sustentables de producción de alimentos, basado en la agrobiodiversidad. 

Las familias producen semillas criollas, principalmente de maíz, frijol y cacahuate, para consumo propio, pero también las comercializan. De acuerdo con el MCP, en total, ya fueron comercializadas 110 toneladas de semillas criollas. Además de semillas, han comercializado harina de maíz y frijoles criollos, sobretodo en el periodo de la pandemia.

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El movimiento denuncia que todo este trabajo de recuperación y reproducción de las semillas criollas está amenazado por el avance de los transgénicos y la uniformización de variedades cultivadas alrededor de sus territorios. “Se ha provocado contaminación genética de las semillas criollas, colocando en riesgo nuestro patrimonio genético, responsable por toda la diversidad de variedades agrícolas, fundamentales para afrontar los cambios climáticos y garantizar la producción diversificada de alimentos”, sostiene el MCP en un informe.

Desde 2018, los campesinos, junto con el Instituto Federal de Sergipe, han realizado pruebas para verificar si sus cultivos están siendo contaminados por especies transgénicas. “Esta rutina permitió verificar que las contaminaciones han alcanzado índices cada vez mayores. En la cosecha de 2023, llegamos a un porcentaje alarmante. El 68% de las 40 muestras (9 variedades de maíz) están contaminadas por transgénicos. Nos provoca mucha preocupación en relación al futuro de la producción de las variedades criollas”, señalan los campesinos. 

Las muestras analizadas fueron colectadas directamente en las plantaciones, en los stocks individuales y también en los bancos de semillas comunitarios. Las pruebas también incluyeron la producción en comunidades indígenas y quilombolas de la región.

La contaminación ha ocurrido a pesar de que las familias han implementado técnicas que buscan proteger las semillas. “Se ha implementado estrategias de prevención a la contaminación, como la utilización de instrumentos para detener el viento, la siembra en periodos distintos, realización de limpieza de los equipos de siembra, cosecha y procesamiento de las semillas, entre otras”, afirman. 

Las estrategias no “han sido suficientes para contener los procesos de contaminación genética que avanzan cada día sobre nuestros territorios; por eso sostenemos que las contaminaciones imponen a los campesinos prejuicios productivos, económicos, culturales, ambientales y alimentarios”. 

Protección

En el estado de Sergipe se aprobó en 2016 una ley que instituye el concepto de semillas criollas y el incentivo a la conservación de la diversidad de cultivos en el estado. La ley define: “Considerase área de protección de la agrobiodiversidad las áreas/terrenos/regiones/territorios donde hay producción de semillas locales, tradicionales o criollas, quedando prohibido el cultivo de cualquier material genético (semillas transgénicas e híbridas) que amenace las características fenotípicas y genotípicas de las semillas locales, tradicionales o criollas”.

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Sin embargo, todavía no existe una reglamentación para que la ley pueda ser realmente implementada.El MCP hace una serie de exigencias al gobierno brasileño. Entre ellas que revise y aplique los protocolos normativos de distanciamiento entre la siembra del maíz transgénico y del maíz criollo y que imponga a los sembradores de transgénicos la obligación de implementar medidas de seguridad. Además, que establezca medidas de protección como áreas de uso de conservación de la agrobiodiversidad, áreas libres de transgénicos y áreas libres de agrotóxicos.

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El Salto Diario

Sentidos y significados profundos de la ejecución del Padre Marcelo

Desde hace casi cuatro años la violencia en Chiapas a manos de los corporativos narcocriminales glocales ha ido en aumento causando desplazamientos forzados, el asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos.

Por Xochitl Leyva Solano | El Salto Diario

Eran las primeras horas del domingo 20 de octubre de 2024 cuando entró en mi celular un WhatsApp con la noticia del asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez al salir de dar misa en un barrio de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. La noticia tuvo un efecto telúrico y ante eso podríamos preguntarnos ¿por qué? si ya desde hace casi cuatro años la violencia en Chiapas a manos de los corporativos narcocriminales glocales ha ido en aumento causando desplazamientos forzados, el asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos, así como la ocupación y el despojo de territorios (comunitarios) rurales y urbanos. Cómo entender que ríos de personas de inmediato tomaron las calles y se hicieron presentes por doquiera: donde se veló el cuerpo y se realizó el sepelio. Para comprender los múltiples sentidos y significados de este asesinato-ejecución es necesario detenernos brevemente en la persona, los pueblos en movimiento, la institución eclesial y, claro, poner el hecho “local” en un contexto, al menos, por el momento, nacional.

La persona

El Padre Marcelo era uno de los 15 sacerdotes indígenas miembros de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. Su origen era maya tsotsil. Su extracción, humilde campesina. Su padre tuvo el cargo tradicional de mayordomo en la iglesia de San Andrés Larráinzar. Luego de pasar por el internado indígena definió su vocación para servir a Dios y en 2002 fue ordenado sacerdote católico. Un sacerdote enraizado en Chiapas que lo mismo dominaba el tsotsil que el castellano. Todo ello, sin duda, abonó a cultivar su nato carisma y su particular modo pedagógico de dirigirse a la feligresía con la que conectaba espiritual y energéticamente a través de palabras de fervor, ánimo y dignificación. Estos elementos delinearon su vida como pastor, pero, sobre todo, como defensor de la vida y el territorio, defensor de derechos humanos, así como tejedor de diferentes instancias y mundos e impulsor y mediador en conflictos y en procesos locales de paz.

Pueblos en movimiento

Para comprender a cabalidad al Padre Marcelo tenemos que ponerlo en su justa dimensión histórica; en su tiempo y espacio. Nació en enero de 1974, en el momento en que la Diócesis de San Cristóbal preparaba con las comunidades indígenas las reflexiones que sustentaron el Congreso Indígena de 1974. Congreso parteaguas, motor de la formación de organizaciones independientes campesinas más tarde autodefinidas como indígenas. El Padre Marcelo afirmó que los sucesos post-congreso le influyeron pero que no fue hasta que fungió como párroco en Chenalhó y prestó oídos a los sobrevivientes y parientes de las víctimas de la Masacre de Acteal (sucedida a manos de paramilitares en 1997) que su vida tomó el ejemplo de valentía y dignidad de ellos y ellas y lo condujo al camino de compromiso con el Pueblo Creyente para que injusticias como esa y otras, nunca se volvieran a dar.

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La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

jTotik Marcelo: Por favor platícales a Papá-Mamá Dios que urge la paz en Chiapas

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Corazón del Cielo y Corazón de la Tierra.
Papá-Mamá Dios.

Sagrada Madre Tierra que aquí abrazas en tu seno el cuerpo del Padre Marcelo (jTotik Marcelo); hermano, compañero de lucha, Profeta, Defensor de los Derechos Humanos y ahora Santo Mártir de la Justicia y de la Paz.

La Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y los Sobrevivientes de la Masacre de Acteal, venimos de nuevo aquí a la tierra del Padre Marcelo en donde está sembrado su cuerpo para ofrecerle nuestro rezo, nuestras palabras de agradecimiento en este su Novenario.

Estamos seguros que jTotik Marcelo se ha reunido con nuestras 45 hermanas y hermanos y más los 4 bebés no nacidos, masacrados en Acteal por el grupo paramilitar priista y Cardenista de Chenalhó bajo las órdenes de Ernesto Zedillo Ponce de León y del Ejército mexicano.

Desde Acteal, Tierra Sagrada de los Mártires venimos para honrar la memoria del Padre Marcelo y para que nunca se olvide su nombre y su misión a su paso en esta tierra. Sobre su tumba dejaremos una cruz con letras inscritas: Padre Marcelo y los Mártires de Acteal, Santos y Profetas y Defensores de DDHH, de la Justicia y de la Paz.

Ahora, también seremos la voz del Padre Marcelo para exigir justicia del crimen atroz del que fue víctima y así como de la Masacre de Acteal; por los desaparecidos, por los feminicidios, por las graves violaciones a los derechos humanos, por el despojo de nuestras tierras y territorios de los ricos y poderosos en complicidad con los malos gobiernos de Chiapas y México.

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Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas «Samir Flores Soberanes»

Ofrenda colectiva contra la guerra a los pueblos Zapatistas

nstalación, miércoles 30 de octubre, 12:00 Hrs.

En el Marco de la Jornada de Lucha contra la Guerra a los Pueblos Zapatistas, desde la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas «Samir Flores Soberanes» INVITAMOS a las organizaciones, Pueblos, Comunidades, Colectiv@s, e individu@s, para que desde su rabia, resistencia y rebeldía, construyamos junt@s esta ofrenda colectiva por nuestr@s muert@s y contra la Guerra a los Pueblos Zapatistas. En esta ocasión la dedicaremos a los Pueblos que luchan y resiste contra la guerra Capitalista y Patriaracal.

Puedes traer, velas y veladoras, papel picado, agua, sal, Incienso y copal, calaveritas de azúcar, flores de Cempasúchil, nube y terciopelo, comida, bebida, pan de muerto, frutas, semillas, aserrín de color negro, rojo, amarillo y blanco, retrato de nuestr@s ausentes, etc.

También puedes sumarte con música, poesía, canto, danza, baile y mucha #AlegreRebeldía. Deja tu mensaje por Messenger.

Cita: Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas «Samir Flores Soberanes». Puerta Principal

Av. México-Coyoacán, 343, Col. Xoco. Benito Juárez.

ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE!

ALTO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS ZAPATISTAS!!

VIVOS LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!!