LIBERTAD PARA LA AMBIENTALISTA Y DEFENSORA DE LOS BOSQUES: MARÍA CRUZ PAZ ZAMORA
A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN
A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
AL PUEBLO DE MICHOACÁN
AL ESTADO MEXICANO
Comunidades indígenas de Michoacán a 6 de junio de 2025.
El día 5 de junio del 2024, fue detenida arbitrariamente por la Fiscalía General de Michoacán #FGEMich, la compañera María Cruz Paz Zamora, delegada del Congreso Nacional Indígena #CNI, integrante del Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, Consejera del primer Gobierno Comunal de Ocumicho y defensora de los bosques, la cultura p’urhépecha y la vida.
Su detención, paradójicamente sé dio durante el #DíaMundialdelMedioAmbiente, en nuestro estado, defender los bosques, te cuesta la vida o la libertad, en este contexto, María Cruz fue acusada falsamente de realizar un delito que no cometió con el objetivo de crear un chivo expiatorio, por lo que sostenemos que el Estado mexicano, lejos de los discursos oficiales, continúa reprimiendo y criminalizando a quienes verdaderamente defienden el territorio comunal, los bosques y la madre tierra.
Durante los últimos años, la compañera Paz Zamora, como consejera de ecología y medio ambiente de Ocumicho, impulsó la reforestación masiva en su comunidad, creó brigadas para combatir los incendios forestales, defendió los bosques de los talamontes y el crimen organizado y luchó en contra de los monocultivos de aguacate, su lucha constante, ha sido por la vida.
La criminalización de esta guardiana de los bosques, solo se entiende comprendiendo la historia y el contexto de la comunidad de #Ocumicho, pueblo en resistencia que defiende su territorio ancestral, que en los últimos cinco años ha venido sufriendo una serie de agresiones y actos violentos, el 31 de mayo de 2020, hombres armados asesinaron al Secretario de Bienes Comunales Prudencio Ortiz Alonso, en un ataque que también dejó herido al Representante de Bienes Comunales, el 28 de abril de 2022, el Coordinador del Consejo de Gobierno Comunal Esteban Cruz Rosas, fue desaparecido, pero gracias a la movilización oportuna, fue localizado con vida, el 11 de noviembre del 2022, la comunidad fue atacada por un comando armado y el 10 de diciembre del mismo año, fue asesinado Pedro Pascual Cruz, Coordinador de la Ronda Comunal, todos estos casos han sido denunciados en tiempo y forma en la Fiscalía de Michoacán, sin embargo, en esta institución impera la paradoja de la impunidad, los culpables libres y los inocentes encarcelados.
Por ello, a un año de la injusta detención de la compañera María Cruz, exigimos su libertad, toda vez que es una presa política de los pueblos originarios y convocamos atenta y respetuosamente a las comunidades indígenas, así como a las organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales, a estar atentas y si así lo deciden, a acompañar las movilizaciones generales que convocaremos hasta lograr su liberación.
DENUNCIAMOS TORTURA Y AGRESIONES SEXUALES EN CONTRA DE INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA ÑHÖÑHÖ (OTOMÍ) DE SANTIAGO MEXQUITITLÁN, QUERÉTARO.
A nuestras hermanas y hermanos del pueblo ñhöñhö (otomí) de Santiago Mexquititlán, Querétaro: Al Concejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán:
A los pueblos de México y del mundo, A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos, A las Redes de Resistencia y Rebeldía, A la Sexta Nacional e Internacional, A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes, A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde.
El Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional repudiamos la violencia policiaca con la que fueron arrestados y torturados nuestros hermanos ñhöñhö Estela Hernández, Sergio Chávez, Jesús Torres, Leonardo García y Martín Álvarez y dos personas más cuya identidad no hemos podido establecer; en cuyos cuerpos se concentraron el odio y el racismo que caracterizan al gobierno de Mauricio Kuri en Querétaro, así como se concentran en nuestra Madre Tierra y en los pueblos originarios el despojo y la destrucción que nacen del estado mexicano y sus instituciones.
El día de ayer, miércoles 4 de junio, en la comunidad de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco, Querétaro, la Policía Estatal de Querétaro (POES),realizó una redada totalmente ilegal. en la cual realizó la detención arbitraria de 6 personas, la mayoría jóvenes, sin haber cometido delito alguno.
Ante este abuso de autoridad, la compañera Estela Hernández, miembro del Concejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán, delegada del Congreso Nacional Indígena e integrante de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida se trasladó al DIF municipal, lugar a donde los detenidos fueron trasladados. Al preguntar por el motivo de la detención y por la integridad física de los compañeros detenidos, un grupo de al menos 10 policías detuvo y agredió física y sexualmente a la compañera. Además de los golpes, le expresaron violentamente que “ya estaban hartos de ella”, lo cual evidencia que el ataque tiene claras intenciones de amedrentar el trabajo de defensa del territorio y de los derechos humanos que nuestra compañera realiza.
Casi 5 horas después, todos los compañeros fueron liberados gracias a la acción del pueblo y a la solidaridad de organizaciones, colectivos y personas que mostraron su indignación y exigieron su libertad inmediata.
El Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán ha sido reprimido y agredido sistemáticamente por evitar la privatización del agua en Querétaro, por frenar la devastación de su territorio y por no someterse a los proyectos coloniales de muerte. Hoy nuevamente es agredido con el sello del desprecio, unas horas después de haber anunciado su asamblea comunitaria en defensa del agua para el sábado 14 de junio, lo que parece incomodar a quienes desde el poder actúan como criminales.
¿Por qué detuvieron a la compañera Estela y a los demás compañeros de Santiago Mexquititlán? Porque en Querétaro el racismo es el protocolo policiaco por excelencia. Porque el mal gobierno sólo conoce desprecio hacia los pueblos originarios. Porque al mal gobierno sólo le gustan los indígenas sumisos y funcionales a sus crímenes, no los que luchan por la vida. Porque para el mal gobierno la dignidad es peligrosa.
Para los jóvenes la cárcel y levantones, para las mujeres indígenas que defienden su territorio y construyen autonomía en sus comunidades los golpes y la tortura física y sexual. Vivir en comunidades indígenas, trabajar honestamente, documentar violaciones a los derechos humanos, defender al territorio y levantar la voz son delitos para el estado.
La presencia del ejército en la manifestación pacífica que pobladores de Santiago Mexquititlán y comunidades aledañas realizaron en las inmediaciones del DIF de Amealco, Querétaro, para exigir la libertad de nuestros compañeros, es una muestra más de la guerra generalizada que se vive en el país, la muestra de que las fuerzas armadas están para callar al pueblo organizado en defensa de la vida y la libertad. Es esta la verdadera cara de la cuarta transformación, la que exhibió hace unas semanas al secuestrar y detener arbitrariamente a nuestros compañeros Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez en la comunidad tzotzil de Cotzilnam, municipio de Aldama, Chiapas.
Exigimos un alto total a la violencia racista y de género por parte del Estado, a la guerra de exterminio desatada contra los pueblos de México; llamamos a los pueblos de México y del mundo, a los organismos y colectivos defensores de derechos humanos, a las Redes de Resistencia y Rebeldía, a la Sexta Nacional e Internacional, a l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes y a la Europa Insumisa, Digna y Rebelde, a estar alertas y organizados en contra de esta guerra y de estas acciones represivas dirigidas hacia los pueblos originarios que en México y el mundo entero resisten la tormenta capitalista.
Esta violencia se da en un momento en que la llamada “4T” festina a un ministro supuestamente indígena y presume el respeto a los derechos de los originarios. Ese señor, junto con su cómplice Adelfo, es otro “indígena” de maniquí en el aparador de la 4T, parte de la escenografía de cartón piedra que la nueva comedia de “La Señora Presidenta” presenta allá arriba para su propio consumo. Sin importar el color político, allá arriba es el mismo PRI de siempre. El cambio es que pasaron de lo obsceno a lo francamente pornográfico, como sus chats de redes sociales. La compañera Estela es quien, hace años, acuñó la frase de “hasta que la dignidad se haga costumbre”, pero en los malos gobiernos la costumbre sigue siendo la hipocresía.
Seguirá siendo la fuerza de los pueblos la que arranque la libertad de nuestros hermanos y hermanas, la que sostenga la dignidad ante esta guerra de exterminio. Abrazamos a nuestros hermanos ñhöñhö que luchan y resisten incansablemente por el agua, la vida y la libertad.
ATENTAMENTE JUNIO DE 2025
POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
EXIGIMOS LIBERTAD INMEDIATA DE NUESTRA COMPAÑERA ESTELA Y DE LOS JÓVENES ARRESTADOS
La compañera Estela Hernández miembro del Concejo indígena de gobierno de Santiago Mexquititlán fue detenida, torturada física y sexualmente el día de hoy aproximadamente a las 8:00 pm por elementos de la Policía Estatal de Querétaro POES, quienes horas antes arrestaron a 3 jóvenes, entre los que se encuentran Leonardo García y Jesús Torres, sin haber cometido delito alguno, fueron golpeados, torturados e incomunicados. La compañera Estela asistió al DIF de Amealco para exigir que se esclarezcan los hechos y liberen a los jóvenes, ante lo cual elementos de la policía arremetieron contra ella ejerciendo actos de tortura física y sexual.
Al momento de esta publicación se reporta que los 3 jóvenes siguen incomunicados, privados de su libertad y no hay información sobre su situación jurídica.
Denunciamos enérgicamente la presencia del ejército en las inmediaciones del DIF, una vez más las fuerzas armadas del Estado presentes para intimidar y amedrentar a los pueblos.
Esta agresión a la comunidad se enmarca en el llamado del Concejo Indígena de gobierno de Santiago Mexquititlán, el cual forma parte de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida y del Congreso Nacional Indígena, a la próxima asamblea comunitaria en defensa del agua el próximo 14 de junio en el pozo de Barrio cuarto, por lo cual denunciamos que el Estado desplega estrategias represión en contra de los pueblos que nos organizamos desde la autonomía en defensa del agua y la vida.
Como Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, hacemos responsable al gobierno estatal de Querétaro por las graves violaciones a la integridad de la compañera Estela Hernández así como de los jóvenes detenidos y a toda la comunidad de Santiago Mexquititlán.
Exigimos justicia por esta agresión que no puede quedar impune.
Exigimos la libertad inmediata de nuestra compañera Estela Hernández del Concejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán.
Exigimos libertad inmediata para los jóvenes detenidos de manera arbitraria.
Hacemos responsable a los tres niveles del gobierno de cualquier daño que puedan recibir las y los compañeros que permanecen a las afueras del DIF de Amealco exigiendo la libertad de los jóvenes.
Llamamos a organizaciones, colectivos e individu@s solidarios a hacer acuerpamiento físico en estos momentos en las inmediaciones del DIF de Amealco, así como ampliar la denuncia de estos hechos denigrantes.
¡LIBERTAD INMEDIATA PARA ESTELA HERNÁNDEZ!
¡LIBERTAD PARA LOS JÓVENES DE SANTIAGO MEXQUITITLÁN ARRESTADOS ARBITRARIAMENTE!
¡Alto a las agresiones de la policía en Querétaro en contra de los jóvenes y habitantes de los pueblos!
¡Fuera ejército de nuestras comunidades!
¡Alto a la guerra contra los pueblos originarios!
¡Alto a las agresiones e intimidación!
ATENTAMENTE TIERRA, AGUA Y LIBERTAD HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE
En portada: Habitantes de la cooperativa El Bosque se concentraron en la calle a Comasagua, San Salvador, para manifestarse ante órdenes de desalojo para 300 familias.
El pasado 12 de mayo, mientras la comunidad campesina de la Cooperativa El Bosque, en el El Salvador, realizaba una vigilia pacífica como acto de protesta contra una orden de desalojo de sus tierras, un operativo de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y la Policía Militar irrumpió con lujo de violencia. Detuvieron a José Ángel Pérez, pastor evangélico y presidente de la cooperativa de estas tierras. Al día siguiente, sin una orden oficial, en la capital de este país, también aprendieron al abogado y defensor ambientalista Alejandro Henríquez. Ambos fueron incomunicados por nueve días.
En entrevista para Avispa Mídia, Dalia Gonzáles, quien al igual que el abogado Henríquez, es parte del Movimiento Político Rebelión Verde (ReverdES) y del Foro del Agua del El Salvador, dijo que la detención del abogado no es un caso aislado, sino que es selectivo por su activismo. “Desde meses atrás venía acompañando a la comunida El Bosque, en Santa Tecla. Porque enfrentan un proceso judicial injusto e irregular de desalojo de tierras”, señala la activista.
Esta comunidad, que acompaña el abogado, tenía una orden de desalojo emitida por el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla y tendría que ser ejecutada el pasado 22 de mayo, afectando al menos 300 personas que conforman esta comunidad. Es por ello que inmediatamente los campesinos se pusieron en alerta para evitar que se llevará a cabo este acto, “la comunidad hizo un planton pacífico en las cercanías de la residencia donde vive el presidente Nayib Bukele, pero las fuerzas del orden reprimieron y fue donde detuvieron al pastor de la comunidad, el 12 de mayo”, señala la activista Gonzáles.
Protesta para exigir la liberación de defensores de la Cooperativa El Bosque en El Salvador
Al día siguiente (13), sin una orden oficial, también detienen al agobado Henríquez, bajo la consigna de que su detención era “por el delito de desórdenes públicos. Hoy se cumplen más de 15 días desde la detención”, explica la militante de ReverdES y del Foro del Agua.
“La acusación de ‘desórdenes públicos’ carece de fundamento, ya que la vigilia fue pacífica. Esto refleja un uso instrumental de figuras penales ambiguas para reprimir la protesta social”, destaca la organización Foro del Agua en un comumicado.
Así mismo, en el comunicado refirman que estas detenciones responden a una estrategia de criminalización contra la lucha por el agua, la defensa del territorio y la resistencia antiminera en El Salvador.
“Su rol como abogado y defensor ambiental lo ha convertido en blanco de hostigamiento, buscando desincentivar el acompañamiento legal a comunidades en resistencia”, abunda el comunicado.
Tras una campaña pública, incluyendo la entrega de una carta al presidente Nayib Bukele, el juzgado suspendió el desalojo. No obstante, no se respetó esta orden y se ejecutó una acción represiva donde se detuvieron a los activistas.
La Cooperativa El Bosque
La modalidad de Cooperativa, bajo la cual tienen en posesión estas tierras, fue producto de la reforma agraria a través de la cual se transfirieron las tierras por el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), en el año de 1985. Posteriormente, en los años 90s, la Cooperativa recibió prestamos del Banco Rural para el cultivo de café, pues en ese momento se vivia una crisis de este grano.
En ese contexto de crisis, los campesinos contrataron al ingeniero agrónomo Luis Antonio Palomo Urbin, para reactivar la producción y poder pagar el crédito, “pero no les ayudó. Más bien se aprovechó de la gente que no sabía leer y escribir y les hizo firmar unos pagares. Así que lo hecharon de la cooperativa en 2006, pero tiempo despúes usó esos documentos firmados para demandar a la comunidad”, puntualiza la activista Gonzáles. La comunidad tenía que pagar en un primer momento 130 mil dólares, con la orden de desalojo el monto asciende a más 800 mil dólares por moratorias e intereses.
Cooperativa El Bosque. Foto: Victoria Paz/Mala Yerba
“Entonces este personaje pretende cobrarse con la tierra y mediante documentos y procesos viciados”, denuncia la activista. El ingeniero Luis Antonio Palomo Urbin, quien denuncian por haber recibido favoritismo de las autoridades, es también prestador de servicio del gobierno de Nayib Bukele, a través de su empresa Proyectos e Inversiones Diversas SA de CV (PROYIN S.A. DE C.V.).
Otros casos
Estas detenciones se dan en un contexto donde El Salvador vive un régimen de excepción, que ha suspendido derechos básicos, bajo la narrativa de una “guerra contra las pandillas”, dice la activista.
Lo ocurrido “no es un caso aislado” dice la activista del Foro del Agua. La criminalización de líderes comunitarios, abogados y defensores de derechos humanos se ha intensificado en El Salvador bajo el régimen de excepción. Alejandro Henríquez ha asesorado a más de 100 juntas de agua y ha acompañado casos emblemáticos de defensa territorial, como Valle Ángel, amenazado por la especulación inmobiliaria.
Henríquez también es uno de los firmantes de la demanda de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Minería Metálica, aprobada en diciembre de 2024, que permite nuevamente la explotación minera en el país tras años de moratoria. Lo mismo con la abogada Ruth López, que es la jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal de El Salvador, “quien fue detenida de manera arbitraria en otro contexto”, agrega Gonzáles.
La activista González, politóloga y compañera del movimiento ReverdES, concluye que la detención de su compañero “es por su activismo, ya que ha trabajado con comunidades que el Estado quiere silenciar. Esta es una estrategia de terror: encarcelar a quienes organizan, a quienes dan herramientas legales a la gente pobre, a quienes dicen que el agua no puede ser un negocio”.
Repudio internacional
Las detenciones han generado condena internacional. La Relatora Especial de la ONU sobre defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, ha expresado su preocupación. Organizaciones como Amnistía Internacional y hasta el Partido Verde de Alemania han exigido su liberación inmediata.
Protesta para exigir la liberación de defensores de la Cooperativa El Bosque en El Salvador.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado patrones de criminalización contra defensores ambientales y territoriales en toda la región. En El Salvador, hoy, “denunciar un despojo puede costarte la libertad —o la vida”, dice la activista.
A los Organismos y Colectivos defensores de Derechos Humanos
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Sexta Nacional e Internacional
A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
Herman@s Tod@s
Hoy, 5 de mayo, en el marco de la Convocatoria que hiciera el Congreso Nacional Indígena-Consejo Indígena de Gobierno, CNI-CIG, respecto a “REALIZAR LAS JORNADAS GLOBALES POR LA LIBERTAD INMEDIATA DE BALDEMAR SÁNTIZ SÁ NTIZ Y ANDRÉS MANUEL SÁNTIZ GÓMEZ, BASES DE APOYO DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL MEDIANTE ACCIONES EN CADA UNA DE NUESTRAS GEOGRAFÍAS Y DE ACUERDO A NUESTROS MODOS.” Distintos colectivos, organizaciones, pueblos comunidades e individu@s, nos encontramos frente a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, para EXIGIR Verdad y Justicia para nuestros hermanos zapatistas, pues sabemos que ésta, siempre vendrá desde abajo y a la izquierda. De los malos gobiernos, solo esperamos muerte, mentira y destrucción.
DENUNCIAMOS: Que el Narco-Estado Capitalista de la Cuarta Transformación y su actual Capataz, que encabeza Claudia Sheinbaum, y el gobernador morenista de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar son los directamente responsables de la irrupción militar y paramilitar en Territorio Zapatista; son responsables de violar la Autonomía de los Pueblos Zapatistas; son responsables de la detención arbitraria de Baldemar y Andrés; son responsables de la desaparición forzada y secuestro a la que fueron sometidos durante 55 horas y son responsables de su encarcelamiento. Esta acción da cuenta clara de la mentira con que opera la Cuarta Transformación en todo el territorio nacional y, sobre todo, contra los pueblos y comunidades que se organizan y luchan en defensa de la vida, el territorio y su autonomía.
Falsas fueron las acusaciones en contra de nuestros compañeros Baldemar y Andrés, como falsos son los discursos con los que desde el gobierno Federal pretenden negar la desaparición forzada y sistemática que se vive en todo el país; falso es el llamado «bienestar» que esconde el despojo, la entrega del territorio al capital y la precarización de la vida para todos; falsos son también, los mal llamados Planes de Justicia y como falso es también, el anuncio que hoy hiciera la CapatAz de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, respecto a que emitirá un Decreto para restituir 2 mil 471 Hectáreas de tierra al Pueblo Wixárikas; Falsas son las declaraciones gubernamentales de estabilidad ante el clima de violencia que se sufre, crece y agudiza en las comunidades de Santo Domingo Petapa, San Juan Mazatlán, Oaxaca en contra de compañeros de UCIZONI; Falsas son las supuestas intenciones que plantea el mal gobierno del Estado de Puebla para resolver el problema del Basurero en la región cholulteca, Puebla; así como falso es el discurso del mal gobierno ante el combate al narcotráfico pues la constante violencia que se vive en la comunidad de Santa María Ostula, por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación dan cuenta de ello.
Las mentiras del mal gobierno con las que fueron criminalizados los compañeros Baldemar y Andrés fueron desenmascaradas por los compañeros zapatistas, como lo señalan en el comunicado que lleva por nombre, INOCENTES; “Mientras el supremo gobierno jugaba con la vida, libertad y bienes de los dos detenidos ilegalmente, las autoridades autónomas zapatistas llevaron adelante su propia investigación con la guía de Verdad y Justicia en común.»
Los compañeros zapatistas secuestrados y encarcelados fueron liberados no por acción y buena voluntad del mal gobierno sino por la acción colectiva de pueblos y organizaciones solidarias nacionales e internacionales, organizaciones de Derechos Humanos y por la Justicia Autónoma Zapatista que en común abrió paso a la verdad.
Es la verdad la que surge desde las entrañas de la tierra en la acción colectiva de los pueblos zapatistas, de las madres y familias buscadoras, de los pueblos originarios.
Es y será la verdad la que sostenga la memoria y el mañana.
Es la verdad con raíces profundas que se encarna en quienes defienden la vida, en quienes buscan incansablemente y construyen día con día su Autonomía.
En colectivo se arrebató la libertad de los compañeros, pero persiste una gran deuda con la justicia: la intrusión del ejército en territorio zapatista violentando su Autonomía, el robo de vehículos y dinero de bases de apoyo, los cateos ilegales, la desaparición forzada, la imposición de la Guerra, la Contrainsurgencia, la militarización y la criminalización de la lucha social dirigida a los compañeros, son afrentas graves que como Congreso Nacional Indígena repudiamos y responsabilizamos a la Cuarta Transformación y directamente a su CapatÁz.
Hoy desde estas oficinas que siempre han estado cerradas para los pueblos de México exigimos:
-Justicia cabal y devolución íntegra e inmediata de las pertenencias robadas a los compañeros y compañeras bases de apoyo zapatista.
-Alto a los ataques en contra de las comunidades zapatistas.
-Alto a la guerra contra los pueblos originarios de todo el país
-Alto a los ataques dirigidos a las madres y familias buscadoras
POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA-CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO, CNI-CIG
A los pueblos de México y del mundo, A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos, A las Redes de Resistencia y Rebeldía, A la Sexta Nacional e Internacional, A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes, A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde.
Denunciamos, que el pasado 24 de abril de 2025, en la comunidad tzotzil de Cotzilnam, municipio de Aldama, Chiapas, nuestros compañeros Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, fueron detenidos de manera arbitraria por elementos de las fuerzas de seguridad del estado mexicano en todos sus niveles de gobierno. Durante 55 horas estuvieron desaparecidos, incomunicados, arrancados del seno de su comunidad. Su detención no fue un error: fue una advertencia, una muestra más de la guerra que se libra contra quienes defienden la vida.
Esa tarde, 39 vehículos con personal uniformado, armado y legitimado por el poder, irrumpieron en la comunidad, desmembrando la paz para convertirla en terror. Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal, policías estatales, agentes ministeriales, civiles armados: todos al servicio del despojo, del miedo, de los intereses que quieren borrar la autonomía desde su raíz.
Entraron sin permisos, allanaron viviendas, robaron vehículos, dinero, y fabricaron delitos a los compañeros inocentes, como lo hacen quienes saben que su poder no tiene ley ni ética; porque lo que buscan no es justicia. Buscan desmontar la organización de los pueblos, criminalizar la dignidad, callar la palabra colectiva que se niega a obedecer. POR ESOAQUEL DÍA LAS FUERZAS REPRESIVAS DEL ESTADO MEXICANO IBAN CON ÓRDENES DE APREHENSIÓN EN CONTRA DE DETERMINADAS PERSONAS, PERO, AL NO LOCALIZARLAS, APREHENDIERON EN SU LUGAR A NUESTROS COMPAÑEROS BALDEMAR SÁNTIZ SÁNTIZ Y ANDRÉS MANUEL SÁNTIZ GÓMEZ; AL HACERLO VIOLARON SUS DERECHOS HUMANOS MÁS ELEMENTALES, CATEARON ILEGALMENTE SUS CASAS, ROBARON DINERO, UN AUTOMOVIL, UNA MOTOCICLETA Y, FINALMENTE, SE LOS LLEVARON SECUESTRADOS AL CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL PARA SENTENCIADOS NÚMERO CINCO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.
La ofensiva contra los compañeros zapatistas se suma al cerco militar y policiaco desplegado durante el Encuentro Rebel y Revel Arte, convocado por el EZLN en el Caracol de Jacinto Canek y el CIDECI de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. También el arte libre, la palabra rebelde y la construcción de alternativas son vistas por el poder criminal que gobierna este país como amenazas. Porque lo son. Porque revelan otro mundo posible y real.
Con esta embestida quieren expandir la nación de víctimas y dolor que es la 4T, pero nosotros y nosotras somos pueblos que luchan, que caminan construyendo la vida en la tierra que nos vio nacer. La represión no nos dobla; la desaparición no nos borra; el miedo no nos paraliza. Seguimos de pie, como árboles viejos que han aprendido a resistir el fuego.
Decimos claro que la desaparición forzada es política de Estado. Sabemos que la alianza entre gobierno y crimen organizado no es una excepción, sino el nuevo rostro del poder. Pero también sabemos que abajo, en los territorios, crecen otras formas de vida, de justicia y de libertad que no se arrodillan ante el dinero transnacional, que es la bandera del gobierno criminal, ni las armas que portan sus grupos legales o ilegales.
Por eso, convocamos con urgencia a los pueblos de México y del mundo, a los organismos y colectivos defensores de derechos humanos, a las Redes de Resistencia y Rebeldía, a la Sexta Nacional e Internacional, a l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes y a la Europa Insumisa, Digna y Rebelde, A REALIZAR LAS JORNADAS GLOBALES POR LA LIBERTAD INMEDIATA DE BALDEMAR SÁNTIZ SÁNTIZ Y ANDRÉS MANUEL SÁNTIZ GÓMEZ, BASES DE APOYO DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL, Y A NO PARARLAS HASTA LOGRAR SU LIBERTAD INCONDICIONAL, MEDIANTE ACCIONES EN CADA UNA DE NUESTRAS GEOGRAFÍAS Y DE ACUERDO A NUESTROS MODOS.
Que el silencio no sea cómplice. Que la rabia se transforme en acción organizada. Que la dignidad encuentre eco en cada corazón que no ha olvidado el valor de la verdad, esa que construye nuevos mundos en miles de lugares del planeta y que desde ahí nos sumemos a la demanda de justicia.
¡ Libertad inmediata para Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez!
Atentamente Abril de 2025 Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos Nunca Más un México sin Nosotros Congreso Nacional Indígena
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 30 de abril de 2025
Acción Urgente No. 02
Exigimos la libertad inmediata de las Bases de Apoyo del EZLN José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez
Represión y ataque directo contra la autonomía zapatista
Alertamos de un caso más de fabricación de culpables que atenta contra la lucha por la Vida y el Común
Denunciamos enérgicamente la criminalización y represión sistemática del Estado mexicano contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y sus Bases de Apoyo, José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez, quienes fueron privados arbitrariamente de su libertad en un operativo que se efectuó en la comunidad de San Pedro Cotzilnam, municipio de Aldama, lo que representa un ataque directo al movimiento zapatista y al territorio donde se construye la Autonomía y la Libre Determinación, en la persistente lucha por la Vida y el Común.
En las primeras horas del domingo 27 de abril de 2025, las BAEZLN fueron ingresados al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 5 de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, bajo acusaciones de secuestro agravado en un proceso plagado de irregularidades.
La detención de las BAEZLN se realizó sin orden de aprehensión y los cateos a sus hogares se llevaron a cabo sin autorización judicial, acompañados de abusos, tratos crueles, inhumanos y degradantes, robos y violaciones flagrantes a sus derechos humanos. Estas acciones, perpetradas por las fuerzas de seguridad y militares, incluyendo la Guardia Nacional y las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal, evidencian un patrón sistemático de represión y violencia estatal en Chiapas.
El caso es un ejemplo más de la estrategia de criminalización utilizada por la Fiscalía General del Estado de Chiapas, que fabrica pruebas y acusa injustamente a personas inocentes, mientras los verdaderos responsables permanecen impunes. Este ataque no solo viola los derechos individuales de José Baldemar y Andrés, sino que también constituye una agresión al territorio y la autonomía de los pueblos zapatistas.
Por lo consiguiente exigimos a los gobiernos federal y estatal:
La liberación inmediata e incondicional de José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez, Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
El cese de la represión y los ataques contra la autonomía zapatista.
El fin de la fabricación de culpables y la impunidad en Chiapas.
¡Llamamos a la solidaridad nacional e internacional!
Instamos a todas las personas, organizaciones y movimientos a movilizarse en sus tiempos y modos, para exigir justicia. Es urgente alzar la voz para detener la represión del Estado y garantizar la libertad de los compañeros BAEZLN, quienes hoy son rehenes de un sistema represivo. Manténganse atentos a las actualizaciones de este caso y actúen en defensa de la dignidad, la justicia y los derechos humanos y por la defensa de la autonomía, del territorio y la vida.
Al firmar esta Acción se enviará automáticamente un correo con tu dirección como remitente a autoridades gubernamentales. Más información en la política de privacidad.
Desde la Europa Insumisa y Rebelde, más de 40 organizaciones de la Red de Europa Zapatista, denunciamos la violencia que afecta a los pueblos originarios y a la población civil de México
A el Congreso Nacional Indígena A el EZLN A los medios alternativos, libres y/o autónomos A los medios de paga A las Organizaciones de Derechos Humanos a nivel Nacional e Internacional
Una vez más nos enteramos en la Europ Insumisa que en México se asesina, se continúan violando los Derechos Humanos, se secuestra y se desaparece a aquell@s que buscan la vida, a quienes luchan por defender el medio ambiente y el territorio.
Marco Antonio Suástegui, lider histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, falleció el 25 de abril después de siete dias de convalecencia tras el ataque armado perpetrado en su contra el 18 de abril, cuando terminaba sus labores en la bahía de Acapulco, Estado de Guerrero. Marco Antonio debía estar bajo la protección dispuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que México, sin embargo, nunca facilitó. Al momento del ataque Marco Antonio estaba solo.
María del Carmen Morales, integrante del Colectivo Guerrero Buscadores de Jalisco, y su hijo de 26 años, Jaime Daniel Ramírez Morales, fueron asesinados la noche del 23 de abril en el parque del Fraccionamiento Las Villas, en Guadalajara, Jalisco. Horas antes, varias comunidades indígenas de Michoacán denunciaron acciones violentas por parte del grupo delictivo Cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG. El gobierno local ha minimizado los hechos violentos, negando incluso la violencia contra lxs defensorxs, las madres buscadoras y las comunidades autónomas.
Estos hechos son algunos en la larga lista de víctimas de una violencia que va día con día en aumento. Asesinatos, desapariciones forzadas, ataques armados en contra de las poblaciones. El Estado mexicano niega y oculta la realidad. Es parte del problema al no reconocer la crisis de derechos humanos que atraviesa el país y al facilitar la operación de grupos armados en diversas áreas del país. Al día de hoy hay al menos 127 mil personas desaparecidas en todo el país, incluyendo miles de migrantes centroamericanos y del Caribe en su paso hacia Estados Unidos.
Como denunció y documentó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el 24 de abril, efectivos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, las Fuerzas de Reacción Inmediata, el grupo Pakal, la Agencia de Investigación de Inteligencia Ministerial, la Policía Estatal Preventiva, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, acompañados de dos vehículos con personas civiles armadas, realizaron cateos sin órdenes judiciales en domicilios de familias Bases de Apoyo Zapatistas en la zona del caracol 2 de Oventik, Chiapas. De manera violenta detuvieron a los compañeros tsotsiles José Baldermar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez, de 45 y 21 años de edad respectivamente. Por 55 horas no se supo de su paradero y las autoridades no emitieron ninguna información al respecto a sus familiares, representantes legales o a la sociedad. Los compañeros fueron puestos a disposición del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuciamiento de San Cristóbal de las Casas sin aclarar el motivo de su detención ni los detalles de las 55 horas en las cuales estuvieron en calidad de desaparecidos.
El ataque contra las Bases de Apoyo Zapatistas ocurre a una semana del Encuentro de arte, rebeldía y resistencia convocado por el EZLN, donde el subcomandante Moisés denunció las amenazas constantes al Cideci y al Caracol 7 Jacinto Canek por parte de la Guardia Nacional y del grupo Pakal, una fuerza policial especial creada recientemente por el nuevo gobernador de Chiapas.
En lugar de amenazar las iniciativas de autogestión y autonomía y a quienes buscan construir un mundo distinto al de la opresión capitalista, las autoridades deberían garantizar el ejercicio de los derechos de las comunidades Zapatistas, y el acceso a la justicia para l@s defensores de derechos y las madres buscadoras así como la no repetición de crímenes como la desaparición forzada, los asesinatos por causas políticas y la represión. Pero esas mismas autoridades son parte de la causa de estos problemas.
En México hay una guerra que comenzó en los años 1960, una guerra sucia contra la población, contra l@s que resisten, contra l@s movimientos sociales, indígenas y campesinos, contra las mujeres, contra l@s disidentes sexuales, contra l@s migrantes. La narrativa absolvente para el Estado de la narcodemocracia ya no se sostiene, ¡Mexico es un estado criminal! En México hay una guerra, no declarada, que las economías legales, ilegales y el Estado llevan a cabo con el interés de controlar el territorio para especular con la vida, la tierra y los bienes comunes. Los asesinatos de Marco Antonio Suástegui y María del Carmen Morales son sólo una prueba más.
Llamamos a todas las personas solidarias, a l@s adherentes a la Sexta y a la Declaración por la Vida a firmar la denuncia del FrayBa para la liberación de José Baldermar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez:
¡Desde la Europa Insumisa y Rebelde denunciamos la violencia que afecta a los pueblos originarios y a la población civil de México! ¡No más guerra en México! ¡No más guerra contra los movimientos sociales y las comunidades en resistencia! ¡No más guerra contra el EZLN! ¡México no es un territorio de conquista, no es un botín para repartir!
27 de abril de 2025 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas Primera Actualización de la Acción Urgente: 01
ACTUALIZACIÓN: Fuerzas de Seguridad y Militares desaparecen a 2 Bases de Apoyo Zapatistas.
Nuevo ataque a la autonomía.
Después de 55 horas desaparecidos por las fuerzas de Seguridad y Militares, los compañeros José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez, fueron puestos a disposición del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de San Cristóbal de Las Casas.
Se desconoce el delito por el cual están detenidos, continuaremos documentando la situación.
Agradecemos la solidaridad, la presión pública hizo posible su presentación con vida.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., (Frayba) recibió información urgente por parte de la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ), Caracol 02 Oventic, Chiapas, como se expone:
El 24 de abril de 2025, al rededor de las 15:30 horas, en la comunidad de San Pedro Cotzilnam, municipio oficial de Aldama Chiapas, Región Autónoma Vicente Guerrero. En un fuerte operativo conjunto con al rededor de 39 vehículos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal, la Agencia de Investigación de Inteligencia Ministerial, Policía Estatal Preventiva, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, acompañados de 2 vehículos con personas civiles armados, realizaron cateos sin ordenes judiciales en domicilios de familias Bases de Apoyo Zapatistas, de manera violenta irrumpieron en las casas deteniendo a los compañeros tsotsiles José Baldemar Sántiz Sántiz de 45 años de edad y Andrés Manuel Sántiz Gómez, de 21 años, seguidamente el convoy continuo hacia el municipio de San Andrés Larráinzar.
Lo anterior se da en el contexto grave de vigilancia y hostigamiento de estas corporaciones policiacas y militares, mismas que documentamos recientemente en el marco del Encuentro Rebel y Revel Arte [1] convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el Caracol de Jacinto Canek en Tenejapa y el CIDECI de San Cristóbal de Las Casas, en donde hubieron patrullajes y retenes en puntos intermedios, interrogando e intimidando a los asistentes a dicho encuentro, cabe destacar que en estos lugares son poco habituales los recorridos de seguridad.
Desde inicio de este año, distintas comunidades, organizaciones sociales y de derechos humanos en Chiapas han denunciando graves violaciones a derechos humanos cometidas por los integrantes de los operativos policiacos y militares en donde se han violentado a los pobladores, robos en sus viviendas, incluido detenciones arbitrarias.
A la solidaridad nacional e internacional les pedimos estar al pendiente de las acciones que estaremos informando.
Al cumplirse cinco meses de la represión ocurrida el 5 de septiembre del 2024, durante la cual manifestantes fueron agredidos por grupos de choque y policías en las alcaldías de Xochimilco y Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, este miércoles (5), personas heridas aquel día se presentaron a una audiencia para exigir el desistimiento de la acción penal que, acusan, realizan funcionarios locales para criminalizar la protesta social.
Activistas, estudiantes, periodistas e integrantes de la comunidad Otomí – quienes fueron atacados en dos distintos momentos durante una jornada violenta de casi 12 horas – se presentaron en la Fiscalía de Investigación Territorial de Tlalpan donde se les informó el cierre de las indagatorias en un plazo de, máximo, dos semanas. Esto se debe a que, un día antes, funcionarios de Xochimilco, quienes señalaban a los detenidos por los delitos de resistencia de particulares, motín y lesiones, se presentaron para desistir de las acusaciones penales.
“No hay pruebas suficientes para poder seguir con el proceso”, anunció la joven Otomí Anselma Margarito, quien también fue objeto de agresiones durante el 5 de septiembre pasado, cuando en una jornada en solidaridad con la activista xochimilca Hortensia Flores –también criminalizada-, un grupo de choque atacó violentamente a los manifestantes, mientras los policías se negaron a intervenir y sólo actuaron, posteriomente, para detener a las y los agredidos.
