Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Mundial

A quienes suscribieron Una Declaración por la Vida

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A los organismos de derechos humanos

Al Pueblo de México

Al movimiento social de Guerrero

A los medios libres y autónomos

19 de noviembre.

Hermanos y hermanas de México y del mundo, queremos compartir nuestra palabra sobre la situación que estamos viendo y viviendo en el estado de Guerrero y en México: con todo el aparato del Estado, con 4 canales de televisión públicos en los que se transmiten las mañaneras, periódicos, noticieros de radio y televisión, por internet y prensa, el actual gobierno de la 4T encabezado por Claudia Sheinbaum, con Omar García Harfuch como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, repiten hasta el cansancio discursos de lo que su gobierno hace -o dice que hace-, para restablecer la paz en el país; mediante el discurso, crean una realidad inexistente y pretenden engañar a la población de que el mal es ajeno al aparato Estatal y que éste proviene de algunos individuos que generan toda la violencia en el país. Con una narrativa telenovelesca, hablan en las mañaneras de articulación entre los estados, de inteligencia de seguridad, de detenciones de personas trascendentales en distintas estructuras delincuenciales.

Pero lo que vemos y vivimos a diario en el estado de Guerrero, es totalmente contrario a ese discurso: balaceras y asesinatos de inocentes, decapitaciones de presidentes municipales, secuestros en grupo que incluyen a mujeres, niños y niñas, incineración de cuerpos, que según el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, es por “confrontaciones entre grupos locales”; derivado de esta aseveración nos preguntamos ¿a qué grupo delincuencia local pertenecía el presidente municipal de Chilpancingo Alejandro Arcos Catalán para que lo decapitaran? ¿y las mujeres y niños secuestrados en Mochitlán, a cuál?

También observamos y vivimos desplazamientos territoriales, cobros de piso, control de los recursos económicos de los municipios por grupos delincuenciales, el control de las cámaras de video vigilancia en el municipio de Chilapa por los ardillos, el tráfico de estupefacientes por todas las carreteras del estado con la complacencia de las policías municipales, estatales y autoridades estatales; acoso, hostigamiento, intimidaciones y robos al gremio periodístico de Guerrero; comidas y diálogos cordiales entre presidentes y presidentas municipales con generadores de violencia -como les llaman hoy en día en las mañaneras-, por ejemplo la comida de Norma Otilia Montaño (ex-presidenta municipal de Chilpancingo) con Celso Ortega, líder de los ardillos; observamos también encarcelamientos de chivos expiatorios e investigaciones a modo para evitar la detención de los mandos de los grupos delincuenciales, a los autores intelectuales; en estos casos, la complicidad y participación directa de autoridades municipales, estatales y federales, es evidente, junto a las corporaciones de “seguridad”, incluida la Guardia Nacional, SEDENA y Marina cuyo número llega ya a 12 mil 675 miembros de la SEDENA, Guardia Nacional y Marina entre Tecpan, Quechultenango, Acapulco y demás municipios del estado según Ricardo Trevilla Trejo, el mismo titular de la SEDENA cuyo análisis de la realidad le indica que el problema de Guerrero está en las “confrontaciones entre grupos locales”.

El simplismo de su aseveración debería ser evidencia suficiente para entender que: 1. Las capacidades cognitivas de quienes dirigen a las corporaciones de seguridad del Estado son inexistentes. 2. Que la delincuencia organizada en su rostro mas visible es la que dispara, asesina, secuestra, trafica, etc., pero que la otra cara de la delincuencia viste de traje y se encuentra en cada institución del Estado y en cada corporación de “seguridad”. A nosotras y nosotros como pueblos indígenas que hemos vivido de cerca la violencia de los grupos delincuenciales y el silencio del Estado nos queda claro que la delincuencia son todos ellos y ellas.

Para nosotras y nosotros, el gobierno ha permitido que existan grupos paramilitares, narco-paramilitares y cárteles que entran a tomar el control de territorios enteros por todo el país, en muchos casos, para hacerse de los bienes naturales que se encuentran resguardados por los pueblos y comunidades indígenas, para posteriormente entregárselos al capital trasnacional; los partidos políticos se coludieron con la mafia, carteles locales y externos para controlar el territorio y cooptar a las poblaciones del país a elegirlos en los cargos de elección popular (presidencias municipales, gubernaturas, presidencias), con la consecuencia evidente que esto conllevaría: terminar pagando favores a quienes los pusieron en el poder. El mismo gobierno federal ha permitido la existencia de los cárteles para controlar al movimiento social-popular de Guerrero y del país, a los sistemas comunitarios y de justicia que se gestaron en las asambleas de los
pueblos y comunidades; las corporaciones de seguridad, vieron un segundo salario, más oneroso en el servicio que brindan a la delincuencia que el que reciben por su trabajo legal; el dinero que se mueve en las esferas del poder, venga de donde venga, legal o ilegal, es más importante que la vida del pueblo, sea de Guerrero, Chiapas, Sinaloa, Guanajuato, Oaxaca, Michoacán o de cualquier estado del país. Es por lo anterior que decimos con toda claridad, la delincuencia es el Estado.

Es por eso que no aceptamos la narrativa de los buenos y malos, lo que vemos es la intervención absoluta, no sólo cómplice, sino abierta del Estado en crímenes contra la población mexicana. En Guerrero, el Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), todo el sexenio Andrés Manuel, denunciamos al grupo narco-paramilitar los ardillos, que secuestraron, torturaron, descuartizaron, asesinaron a 63 habitantes de las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero, además de desaparecer a otros 22 hermanos y hermanas, desplazar y cercar a estas comunidades. Se le dijo al mismo Andrés Manuel en su cara cuando fue interceptado por el CIPOG-EZ en octubre de 2022, en la carretera que va de Chilapa a Tlapa: “¡NOS ESTÁN MATANDO! Evelyn Salgado, (gobernadora del estado de Guerrero) sabe quienes son y dónde están los ardillos, los presidentes municipales trabajan con los ardillos, fiscales y jueces del estado trabajan con ellos, policías municipales y estatales son ardillos, Bernardo Ortega Jiménez actual diputado por el PRD es jefe de los ardillos junto a sus hermanos, Chilapa, Quechultenango, Tixtla, Colotlipa, Acatepec. etc., son municipios controlados por los ardillos”.

Pese a todo lo anterior, el pasado 13 de noviembre, de forma triunfal Harfuch anunció la detención de Vicente Gerardo el “Garza” en Querétaro (hasta allá fueron a cazar ardillos, sabiendo dónde operan), jefe de plaza de los ardillos. Tal como si hubiese erradicado el mal del estado de Guerrero, anunciaron su detención y lo vinculan a la decapitación del presidente municipal de Chilpancingo, a la desaparición y asesinato de la familia de Mochitlán, al control de amplias regiones de Guerrero tales como Tecoanapa, Ayutla de los Libres y San Marcos, etc., tal como si él fuera un jefe de los ardillos; pero nosotros sabemos y hemos denunciado donde están los verdaderos jefes de este grupo criminal, basta preguntarse por qué no detienen a Bernardo Ortega Jiménez, diputado por el PRD en Guerrero y jefe de los ardillos, o a Jesus Parra García, expresidente municipal por el PRI de Chilapa, hoy en día diputado local en el congreso de Guerrero y que sabe como operan los ardillos, donde operan, cómo se financian las campañas para que personas como él, queden como diputados o accedan a un cargo público; entonces, basta preguntarse porqué detienen a delincuentes menores y no a los que dirigen a las organizaciones delictivas para entender que la violencia no terminará en Guerrero pues esta deviene del mismo Estado, en todas sus estructuras y el Estado no puede atacarse a sí mismo, por lo que lo más cómodo es simular acciones, crear realidades y mantener la estructura criminal intacta. Paz como discurso, violencia como realidad.

Es por todo lo anterior, que responsabilizamos directamente a Claudia Sheinbaum, Evelyn Salgado, Harfuch, presidentes municipales y a las corporaciones de seguridad por la violencia que se vive en el país y por la muerte de las personas que a diario son víctimas de la violencia por el desprecio del grupo gobernante. Los responsabilizamos por la seguridad de nuestro hermano Jesus Plácido Galindo, promotor del CIPOG-EZ y demás autoridades comunitarias, quienes han sido amenazados de muerte por los ardillos sin que ustedes les hayan brindado las mínimas condiciones de seguridad; sabemos porqué.

Hacemos un llamado a la sociedad a poner en duda, a cuestionar a los medios de comunicación a través de los que pretenden convencernos de que el gobierno de Morena, está desarticulando a la delincuencia y trabajando por la seguridad del pueblo, cuando lo único que está asegurando es la entrega de los bienes naturales del país al capital y su permanencia en el poder por muchos sexenios. Llamamos al magisterio, a los intelectuales, a visibilizar desde el pensamiento crítico, la realidad del país y la construcción de los discursos desde el poder. Hacemos también un llamado a campesinos, organizaciones sociales, estudiantes y al movimiento popular de Guerrero a organizarse, por la defensa de la vida de sus comunidades y por la defensa del territorio, pues de arriba nunca vendrá la justicia. A los pueblos y comunidades de México, las llamamos a mantenernos en alerta, pues el escenario que describimos no sólo ocurre en Guerrero, sino en todo el país, los asesinatos y detenciones continuarán, porque alargar la permanencia de Morena en el poder y posicionar políticamente a Harfuch, personaje de tétrico pasado (abuelo Militar asesino de estudiantes en 1968, padre torturador de la Dirección Federal de Seguridad durante la Guerra Sucia y él mismo artífice junto a otros personajes de la llamada “verdad histórica”, en el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa), como un personaje central en el próximo sexenio, implica limpiar el camino y reordenar el territorio, a las fuerzas económicas, políticas y sociales en México, asesinando inocentes y defensores de la vida y del territorio, destruyendo historias para imponer la suya propia, la del vencedor, lo cual nos pone en evidente vulnerabilidad. A los organismos de derechos humanos solidarios, a la sexta nacional y a la Otra Europa, esa que no claudica, les pedimos que sigan al pendiente de nosotros y nosotras, como de por sí lo han hecho hasta hoy.

A 114 años del inicio de la Revolución Mexicana, reivindicamos la lucha de Emiliano Zapata, de Francisco Villa, de Magón y de todos aquellos y aquellas que lucharon por la vida y por la construcción de una realidad sin tiranos y explotadores, con libertad, justicia y democracia.

Abrazamos a nuestros hermanos y hermanas del EZLN por sus 41 años de larga rebeldía y resistencia. Como CIPOG-EZ, seguimos en resistencia, sin rendirnos, sin vendernos y sin claudicar.

¡ALTO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO!

atentamente:

Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata.

A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO,

A LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

AL MTRO. ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL EN MICHOACÁN.

AL INGENIERO JOSÉ MARÍA VALENCIA GUILLÉN, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EN AQUILA, MICHOACÁN.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN,

A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.

En este día en que se conmemora un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana, gesta heróica en la que los pueblos originarios derramamos nuestra sangre teniendo como bandera central la defensa y recuperación de nuestras tierras comunales, ANUNCIAMOS que el pasado quince de noviembre de este año nos fue notificada, por conducto del Juzgado Sexto de Distrito con sede en Uruapan, Michoacán, una histórica sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito en el amparo en revisión número 357/2023, A TRAVÉS DE LA CUAL SE DEJA INSUBSISTENTE LA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL QUE DOTÓ DE TIERRAS EJIDALES AL POBLADO LA PLACITA, MUNICIPIO DE AQUILA, MICHOACÁN, EL 20 DE JUNIO DE 1967, porque “afectó terrenos comunales pertenecientes” a nuestra comunidad y por lo tanto se dictó en violación de nuestros derechos fundamentales.

Sin duda alguna, SE TRATA DE UNA SENTENCIA HISTÓRICA PARA NUESTRA COMUNIDAD Y TAMBIÉN PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ESTE PAÍS, PORQUE A LO LARGO DEL SIGLO VEINTE UNA DE LAS POLÍTICAS COLONIALES MÁS USADAS POR LOS GOBIERNOS EN TURNO PARA DESPOJAR DE SUS TERRITORIOS A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS FUE LA ILEGAL CREACIÓN E IMPOSICIÓN DE EJIDOS EN SUS ANTIGUOS TERRITORIOS COMUNALES, LO QUE PROVOCÓ SU PULVERIZACIÓN Y DESTRUCCIÓN. En dicho sentido saludamos la trascendental determinación del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito que pone en cuestión este largo proceso de despojo y marca un parteaguas en la inercia colonial y racista que ha mantenido hasta el día de hoy a nuestros pueblos con derechos de segunda y sumidos en la pobreza.

La sentencia dictada por el Poder Judicial es definitiva, razón por la que exigimos a la Presidenta de la República y a los gobiernos federal y del estado:

1. QUE NO BUSQUEN REVOCARLA O MODIFICARLA O, COMO OCURRE EN TANTOS CASOS, QUE NO INTENTEN DEMORAR O BURLAR SU CUMPLIMIENTO Y DE MANERA CLARA DEJEN INSUBSISTENTE LA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL DE DOTACIÓN DE TIERRAS DICTADA A FAVOR DEL EJIDO SALINAS DE LA PLACITA, EL VEINTE DE JUNIO DE 1967.

2. QUE AL REPONERSE EL TRÁMITE DE DOTACIÓN DE TIERRAS DE LA PLACITA NOS SEAN RECONOCIDAS Y RESPETADAS LAS TIERRAS LOCALIZADAS EN LOS PARAJES DE XAYAKALAN, LA CANAHUANCERA Y LAS TRES MAJAHUAS, TIERRAS QUE CORRESPONDEN A LA POSESIÓN INMEMORIAL DE NUESTRA COMUNIDAD Y QUE HASTA ANTES DE ESTE AMPARO HABÍAN SIDO DOTADAS AL EJIDO DE LA PLACITA.

Dicha exigencia la extendemos al Presidente Municipal de Aquila para que AUXILIE EN EL CUMPLIMIENTO DEL AMPARO QUE SE NOS OTORGÓ Y, SIN TOMAR PARTIDO POR ALGUNO DE LOS POBLADOS EN DISPUTA, PUES AMBOS PERTENECEMOS AL MUNICIPIO DE AQUILA, BUSQUE LOS MEDIOS PARA CONSTRUIR ACUERDOS DURADEROS QUE CONSOLIDEN LA PAZ SOCIAL EN EL MUNICIPIO Y EN LA REGIÓN ENTERA.

Asimismo, solicitamos al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, que en congruencia con la sentencia dictada por su similar en el amparo en revisión número 357/2023, al momento de resolver el juicio de amparo directo 463/2023, interpuesto por nuestra comunidad en contra de la resolución que el Tribunal Superior Agrario dictó confirmando la sentencia del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38 de la ciudad de Colima, dentro del juicio por conflicto de límites 78/2004, en el que dicho tribunal desconoce, en favor de supuestos pequeños propietarios de La Placita, UNA PARTE SIGNIFICATIVA DE NUESTRAS TIERRAS Y MONTES COMUNALES TAMBIÉN LOCALIZADAS EN LOS PARAJES DE XAYAKALAN, LA CANAHUANCERA Y LAS TRES MAJAHUAS, RESUELVA AMPARARNOS, PUES, LA PROBLEMÁTICA QUE NUESTRA COMUNIDAD CONFRONTA CON ESTOS PEQUEÑOS PROPIETARIOS TIENE EL MISMO ORIGEN QUE LA QUE SE HA DADO CON EL EJIDO DE LA PLACITA, SIN QUE PUEDAN RESOLVERSE EN FORMA SEPARADA UNO Y OTRO CONFLICTO.

Llamamos a la sociedad civil nacional e internacional, a los pueblos de todo México, a los medios de comunicación y a los organismos de derechos humanos a estar atentos, como lo han estado hasta el día de hoy, a la forma como se resolverá el juicio de amparo directo 463/2023 y al modo como se dará cumplimiento al amparo en revisión número 357/2023, CON EL FIN DE QUE NO SE SIGAN VIOLANDO NUESTROS DERECHOS Y LOS DE LOS RESTANTES PUEBLOS ORIGINARIOS DE ÉSTE PAÍS, COMO HA OCURRIDO DURANTE SIGLOS.

¡Respeto a las tierras y territorios de nuestra Comunidad, respeto a Xayakalan!

¡Castigo a los culpables del asesinato y desaparición de nuestros comuneros en la lucha por la tierra y las libertades de la Comunidad!

¡Respeto a nuestra Guardia Comunal!

SANTA MARÍA OSTULA, A 18 DE NOVIEMBRE DE 2024.

ATENTAMENTE
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA

#EstaTierraEsDeOstula #OstulaVive #OstulaFlorece

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Protesta de familiares y habitantes de Santa Marta para demandar la libertad de los defensores detenidos en enero del 2023. Foto: Marvin Recinos}

Este lunes (11), habitantes de la comunidad de Santa Marta, departamento de Cabañas al norte de El Salvador, y miembros de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) de dicha población, se posicionaron para reclamar un alto a la criminalización de cinco líderes comunitarios y defensores ambientales, sobre quienes, a pesar de obtener su libertad el mes pasado, aún se mantiene abierto un proceso penal en su contra, acusados de un asesinato ocurrido hace 30 años durante el conflicto armado interno en El Salvador.

Al cumplirse 22 meses de su arresto, la ADES sostiene que la “ilegal detención” de los cinco defensores fue una represalia contra la denuncia de la comunidad sobre la posible reactivación de la minería metálica en el país centroamericano. Desde el año 2017, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en prohibir la minería en su territorio y en esta lucha, los pobladores de Cabañas tomaron un papel preponderante al defender sus tierras ante la amenaza de la extracción de oro y plata.

Tras su detención el 11 de enero el 2023, los cinco ambientalistas permanecieron recluidos durante nueve meses, hasta que en septiembre de ese año les fue concedido el arresto domiciliario. Fue hasta octubre pasado cuando se realizaron las audiencias y, a pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que contaba con “contundentes evidencias” sobre su culpabilidad, el día 18 de ese mes un Tribunal de Sentencia decretó el sobreseimiento del caso, retirando los cargos contra los acusados.

Sin embargo, el 29 de octubre, la FGR presentó una apelación ante las autoridades penales el distrito de Cojutepeque. “Como hemos denunciado, los intereses extrajudiciales que conspiraron para montar la acusación falsa contra los ambientalistas se empeñan en revertir el fallo absolutorio o, al menos, dilatar la libertad definitiva”, señala la ADES en su posicionamiento de este lunes (11), mediante el cual exige la ratificación de la libertad para los defensores.

“Han sido 22 meses de persecución contra el activismo ambiental y de criminalización de la resistencia comunitaria contra los proyectos extractivistas que amenazan al agua, los ecosistemas y la continuidad de la vida”, argumentan los miembros de la organización y habitantes de Santa Marta.

¿Libertad?

A pesar de que en septiembre del 2023 la justicia salvadoreña les concedió el arresto domiciliario a los cinco defensores, esta medida les mantuvo la prohibición de trabajar y restringía su movimiento al perímetro de sus viviendas, lo cual acarreó graves afectaciones en su economía y en algunos casos, debido a su avanzada edad, con impactos negativos en su salud.

Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas y Alejandro Laínez García son líderes ambientalistas quienes toda su vida se han dedicado a la agricultura y, ahora, se encuentran preocupados ante la falta de alimentos derivado de su restricción para cultivar la tierra.

Por su parte Saúl Rivas y Antonio Pacheco son integrantes de la ADES Santa Marta. Rivas se desempeña como asesor legal y Pacheco funge como director ejecutivo cuyos trabajos, de más de 30 años, son reconocidos en la zona, razón por la cual han obtenido apoyo de su comunidad frente a las afectaciones de la criminalización. 

Los cinco defensores aseguran que la única razón de su criminalización responde a su lucha contra la minería, una amenaza que, coinciden, jamás permitirán acontecer en sus territorios. Cabe resaltar que meses después de su detención, representantes de dos empresas consultoras visitaron la comunidad de Santa Marta para intentar convencer a sus autoridades para reactivar la industria minera en la región norte del país.

Además, la Policía Nacional Civil detuvo, en mayo del 2023 al hijo de la ambientalista Vidalina Morales con el pretexto del régimen de excepción que se vive en El Salvador desde marzo del 2022. Fue sólo por la presión internacional que las autoridades liberaron a Manuel Gámez Morales, miembro del movimiento antiminero en Cabañas.

Ante la persecución y la reciente apelación de su libertad, decenas de colectivos, organizaciones y personalidades del país centroamericano y a nivel internacional se han sumado a la solidaridad con la comunidad de Santa Marta y su resistencia antiminera, posicionandose vigilantes de la resolución que emitirán las autoridades con respecto a la apelación de la sentencia.

“Como han señalado Santa Marta y ADES, el recurso presentado carece de argumentación seria y se refiere en forma irrespetuosa a la actuación de las honorables juezas de sentencia, lo cual -además- constituye un comportamiento misógino de los personeros de la Fiscalía que amerita ser denunciado como una acto de violencia contra la mujer”, acusaron los habitantes de Cabañas en documento difundido el pasado 4 de noviembre.

En su respuesta al recurso de apelación, la población de Santa Marta exige a las autoridades penales que sea rechazada pues “una decisión distinta sería un enorme escándalo jurídico que tendría serias implicaciones en el país y sería un gran desprestigio de la justicia salvadoreña ante los ojos del mundo”, alertan.

Además, se dirigieron a la FGR al acusarla de “malgastar” tiempo y recursos durante casi dos años en una “acusación sin pruebas” contra los líderes comunitarios, por lo cual exigen investigar “los verdaderos delitos de la guerra y no se empeñe en instrumentalizar la justicia restaurativa y transicional para arremeter contra defensores del agua, el medioambiente y la vida del país”, sostuvieron.

Cartografías autonómicas en Michoacán
Utopías y resistencias
María del Carmen Ventura Patiño [Autora]

Descarga el libro aquí.

Esta obra contextualiza con profundidad las autonomías en tiempos del necrocapitalismo y se adentra en la problematización de territorios en resistencia. Estudia el movimiento indígena michoacano, sus procesos autonómicos y cómo se generan respuestas teniendo en cuenta los formatos estatales. Expone cómo la defensa de derechos indígenas ha generado una amplia emergencia del movimiento indígena que ha reconfigurado la geopolítica municipal. Focaliza la seguridad comunal teniendo en cuenta la tensión entre institucionalización y la defensa de la autonomía. Explora lo que sucede con los territorios indígenas ante el extractivismo necrocapitalista. Estamos ante una etnografía colaborativa. Se pretende y se consigue la superación de jerarquías epistémicas. Recuerda que las luchas autonómicas han estado presentes en la historia de los pueblos. Plantea que las demandas contemporáneas autonómicas se enfrentan a una estructura de despojo y de violencia. Considera que los avances legislativos en materia indígena son aprovechados por los pueblos en la defensa de sus derechos y territorios. Se ahonda en las autonomías diversas por el control de bienes comunes. Describe, analiza y compara varios casos paradigmáticos. Se hace hincapié en que las luchas autonómicas se expresan en escenarios contenciosos. Se problematiza si administrar recursos implica ejercer autogobierno y autonomía. Se insiste en que la autonomía comprende todas las dimensiones de la vida colectiva, como binomio indisoluble con el territorio. Se analizan los desafíos comunales que implican la administración del presupuesto directo, en un escenario estatal en el que los territorios indígenas son devastados por las agroempresas extractivistas en connivencia con actores de economías ilegales. ¿Qué autonomías territoriales son posibles en este modelo de acumulación? ¿Cuáles son las respuestas estatales para hacer avanzar las agendas económicas y las diversas respuestas comunitarias? Se trata de un estudio minucioso desde un pensamiento crítico bien elaborado.

Dr. Jorge Alonso Sánchez

Con motivo de la publicación del libro, el Grupo de Trabajo CLACSO “Cuerpos, territorios resistencias, la Cátedra Jorge Alonso, la Cooperativa Editorial Retos y El Colegio de Michoacán organizaron el Pluriversario “Cartografías autonómicas en Michoacán, utopías y resistencias”, con la participación de:

Carmen Ventura. Grupo de Trabajo CLACSO Cuerpos, territorios, resistencias, El Colegio de Michoacán
Jorge Alonso. Grupo de Trabajo CLACSO Cuerpos, territorios, resistencias, CIESAS Occidente
David Romero. Universidad Intercultural Indígena de Michoacán
Xochitl Leyva Solano. Grupo de Trabajo CLACSO Cuerpos, territorios, resistencias, CIESAS Sureste

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

^{En portada: Familiares y colegas de los periodistas palestinos Sari Mansour y Hasona Saliem, que fueron asesinados mientras trabajaban, lloraban durante la ceremonia fúnebre en Deir al-Balah, Gaza, el 19 de noviembre del 2023. Foto: Ali Jadallah}

Entre 2006 y 2024, más de 1,700 periodistas han sido asesinados en todo el mundo y alrededor del 85% de los casos no llegaron a los tribunales, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), lanzado el pasado 2 de noviembre, fecha Internacional elegida para la campaña Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.

De acuerdo con el informe, llamado Periodistas en primera línea de crisis y emergencias, los asesinatos de los comunicadores han aumentado en un 38% solo entre 2022 y 2023, incrementando hasta 162 periodistas asesinados en este periodo. “Cada 4 días matan a periodistas por buscar la verdad”, señala este documento.

Lo más resaltante de estas cifras es que la UNESCO tiene un registro de 61 periodistas asesinados en países no afectados por conflictos armados, en este caso en países de América Latina y el Caribe, seguido con 31 casos en los Estados Árabes y con 31 por países asiáticos y del pacífico. Europa también figura con 15 decesos.

Entre las personas que perecieron por informar en este periodo bianual figuran 14 periodistas mujeres, lo que representa el 9% del total de los casos. La falta de justicia se impone, según este documento, ya que “la impunidad en estos casos se mantiene alta, con un 85% de los asesinatos sin resolver, y el tiempo promedio para la resolución de casos es de aproximadamente 4 años, lo que indica que la justicia es frecuentemente denegada”. 

De acuerdo con el informe, el territorio mexicano sigue siendo uno de los países más peligrosos para quien ejerce la profesión de informar, sumando 26 periodistas caídos entre 2022 y 2023. 

El Estado de Palestina, actualmente en conflicto armado con Israel, registra el mismo número de casos que México, con 26 asesinatos en el ejercicio de su profesión en el mismo periodo. 

Palestina

Son al menos “130 periodistas palestinos asesinados en manos de las fuerzas israelíes” en los últimos 380 días según informes de la ONU hasta este mes de noviembre. La situación en Gaza ha sido descrita por esta instancia como “inédita” y “nunca antes vista en ningún conflicto de los tiempos modernos”.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, señaló que, en la actualidad, en Gaza se ha producido el mayor número de asesinatos de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación” y pidió a los gobiernos que “adopten medidas urgentes para proteger a los periodistas, investigar los crímenes contra ellos y procesar a los autores”.

Voceros de la ONU han puntualizado que en Gaza la información se ha visto gravemente restringida. Se ha asesinado a periodistas, se ha destruido redacciones, se ha bloqueado a la prensa extranjera y se ha cortado las comunicaciones. “Las fuerzas israelíes, como potencia ocupante, han desmantelado sistemáticamente la infraestructura de los medios de comunicación palestinos, silenciando voces mediante restricciones, amenazas, asesinatos selectivos y censura”, resume Cheikh Niang, presidente del Comité de la ONU sobre los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino.

A pesar de ello, los periodistas en Gaza siguen informando sobre la crisis humanitaria que está sufriendo la población civil y principalmente los niños. 

En contraste, el jefe de la Sección de Oriente Medio y Norte de África de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha declarado que, “según el derecho internacional humanitario, el ocupante, Israel, tiene la obligación de proteger a los civiles, incluidos los periodistas”, pero, señala que acontece lo contrario, “estamos oyendo a políticos y dirigentes de muy alto nivel decir que está bien matar a civiles para conseguir objetivos militares, lo que constituye una violación de la proporcionalidad, de los principios y también de la necesidad militar”. 

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Mujeres Otomís realizan rueda de prensa en las inmediaciones de la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas ‘Samir Flores Soberanes’. Foto: Diego García}

En el marco de la Jornada de Lucha contra la Guerra a los Pueblos Zapatistas, y en el contexto de las celebraciones para honrar a los muertos en México, este viernes (1), la Comunidad Otomí residente en la Ciudad de México realizó una conferencia de prensa para denunciar la guerra de exterminio y la contrainsurgencia, que, argumentan, junto con el crimen organizado se impone en contra de los pueblos originarios y comunidades indígenas zapatistas.

Un grupo de mujeres Otomís, quienes desde hace cuatro años habitan la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes, emitió el mensaje principal: honrar a quienes ofrendaron su vida para defender los territorios, como aquellas y aquellos integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) quienes murieron en los combates durante el levantamiento en Chiapas de 1994.

Recordaron al Subcomandante Pedro, fundador del EZLN y quien murió durante la toma de la cabecera municipal de Margaritas, en la región selva chiapaneca; también, a la comandanta Ramona, integrante del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General (CCRI-CG) y responsable, con muchas otras comunidades, de la Ley Revolucionaria de las Mujeres.

Las mujeres Otomís enfatizaron que la guerra contra los pueblos continúa y lo evidenciaron con el número de asesinatos que, desde la fundación del Congreso Nacional Indígena (CNI), en 1996, y hasta octubre del año 2023, registra 128 “asesinados por defender el agua, la tierra, el territorio y la vida, por oponerse a los mal llamados megaproyectos de muerte como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el PIM que le costó la vida a nuestro hermano Samir Flores Soberanes”.

Destacaron que, en varios casos, se dieron otras agresiones previas, tales como tortura y desaparición forzada. Sobre todo, estas agresiones se registraron en los estados de Chiapas, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, Chihuahua, Michoacán, Puebla, Morelos, Guerrero y CDMX.

Sólo en Chiapas se ha denunciado el mayor número de asesinatos, alcanzando el 45% del total. Le siguen Guerrero, con el 20%, Michoacán con el 14% y Oaxaca con el 12%. El resto se divide entre los seis estados restantes y, subrayaron, que aún no se contemplan los asesinatos registrados durante lo que va de este 2024. “No basta la militarización en los territorios. Hoy denunciamos la complicidad e impunidad con la  que opera el crimen organizado en contra de los pueblos indígenas”, sostuvo una joven Otomí durante la rueda de prensa.

Las mujeres condenaron que en Chiapas, y especialmente en territorio zapatista se está llevando a cabo una estrategia de guerra en contra de sus procesos de organización y autonomía, por lo que exigieron a Claudia Sheinbaum y a Rutilio Escandón, responsables respectivamente, de las autoridades a nivel federal y estatal, para que detengan la escala represiva contra las comunidades autónomas en Chiapas.

“Seguimos exigiendo alto a la guerra contra los pueblos zapatistas, no más amenazas y ataques a los compañeros y compañeras de la comunidad ‘6 de octubre’ parte del caracol de Jerusalém, quienes han sido amenazados de desalojarlos de las tierras que ocupan y trabajan por pobladores de la comunidad de Palestina”, demandaron las mujeres Otomís.

La continuidad de la guerra en México

Carlos González, integrante de la coordinación del CNI tomó el micrófono para aseverar que México es un país sumido en una guerra, en la cual, durante el sexenio de AMLO, los homicidios rebasaron los 200 mil casos.

Aún más grave, a esta cifra queda pendiente la incorporación de los desaparecimientos forzados, los cuales alcanzan a 51 mil seres humanos en territorio mexicano. “Este gobierno que ha iniciado, lleva en el mes de octubre, mas de 2,000 asesinados y más de 500 desaparecidos y desaparecidas”, compartió González sobre la permanencia de esta tendencia violenta en el país.

Además, criticó que la estrategia “para combatir este infierno, fue y sigue siendo la de crecer la guerra”, pues explicó que al poner a los militares al cargo de las estrategias de seguridad, sólo se ha continuado el “fallido esquema”, inaugurado por el gobierno de Calderón y profundizado por AMLO.

“Lo que nos siguen prometiendo es guerra. Esta guerra la han vivido nuestros pueblos y comunidades durante siglos, pero se ha profundizado en los últimos años y décadas con las cruentas políticas neoliberales que tienen como uno de sus propósitos centrales el despojo de las tierras y territorios de las comunidades indígenas”, sostuvo el miembro del CNI, al referirse a la reproducción actual de las políticas neoliberales en los gobiernos del partido Morena.

Y para dar un ejemplo, citó lo ocurrido tras la reciente aprobación de la reforma constitucional en materia indígena. Publicada durante el último día del mandato de AMLO, el pasado 30 de septiembre, pero, argumenta González, dicha ley “ignoró por completo toda la parte de derechos territoriales”.

“Las significativas reformas que se produjeron en 1992 y en años subsecuentes para trastocar la propiedad ejidal y comunal para permitir la privatización de las aguas, de la tierra, de los bienes colectivos de la nación, siguen básicamente intocadas. Siguen generando sus terribles consecuencias para este país y particularmente para los pueblos originarios”, destacó el también abogado.

Al referirse a la ofrenda que la comunidad Otomí preparó, junto con manos de personas solidarias de la ciudad y de otros pueblos, Carlos González resaltó que es un testimonio de la cruenta guerra que se vive en desde el norte, en Chihuahua, Jalisco, Sinaloa y hasta el sur del país en Guerrero y Chiapas.

“Pero también testimonia la celebración en medio de la muerte, la celebración de la vida. La tenaz resistencia de esta comunidad, en esta ciudad de México brilla, y mucho, porque es casi única y creo que eso debemos guardarlo en nuestros corazones, tomarlo como ejemplo y hacernos solidarios de esta importante lucha, de las luchas de los pueblos originarios de este país”, reflexionó el abogado.

Por último, las mujeres Otomís anunciaron la convocatoria para quienes se quieran sumar a una reunión de coordinación para preparar actividades a celebrarse durante los días 10 al 17 de novimebre, fecha en que se cumplirán 41 años de la fundación del EZLN. La cita es el próximo lunes 4 de noviembre a las 17hrs en la Casa de los Pueblos y  Comunidades Indígenas ‘Samir Flores Soberanes’.

Fuente: Avispa Midia

^{En portada: Líderes de comunidades amenazadas por el proyecto GPM exigen la cancelación del proyecto. Foto: Emily Almeida.}

Por Colectivo Recherche-AG

Publicado por primera vez en alemán en ANF News, el 9 de junio de 2024. 

Nota actual: Mientras tanto, la DB alemana se ha retirado del proyecto «Tren Maya» tras muchas incoherencias y declaraciones poco transparentes. Una declaración correspondiente (también en español) del colectivo Recherche AG / Grupo de InvestigAcción puede encontrarse aquí. 

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En la selva cercada, vi un árbol vivo que sostenía un árbol muerto y lloraba ⁽¹⁾

y un cocodrilo leerá poemas a los peces y a los pájaros,

desde los manglares,

que un día, hace mucho tiempo, casi echaron raíces,

allí,                                                                          

allí donde antes estaba el potsdamer platz                        

Hace tres años, representantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) de México se plantaron frente a la Torre DB (propiedad de la empresa “Deutsche Bahn / Tren alemán”) en Berlín. «El exterminio de nuestros pueblos viaja en sus vagones», gritaban en dirección a la torre de oficinas en la Potsdamer Platz (Plaza Potsdam), aún iluminada pero muerta. Protestaban contra la implicación de Deutsche Bahn en el Tren “Maya”. Junto con el Corredor Interoceánico, el proyecto de infraestructuras constituye la base de una reorganización territorial del sureste de México: administrado por el ejército, acompañado de un enorme aumento de la violencia del crimen organizado e impulsado por empresas nacionales y transnacionales, las comunidades indígenas y su modo de vida agrícola a pequeña escala van a ceder el paso al «progreso», como ejemplifica el centro comercial The Playce en este desierto de hormigón, del que, al parecer, sólo pueden brotar edificios de gran altura. A pesar de los acuerdos internacionales para proteger a los pueblos indígenas, las críticas y las protestas, DB participa a través de su filial «DB Engineering & Consulting» (parte del grupo DB-ECO) en el proyecto estrella del presidente mexicano saliente, que anunció la ampliación del Tren “Maya” y del Corredor Interoceánico a Guatemala poco antes de que su sucesora fuera elegida. El turismo de masas, los parques industriales, los monocultivos, los centros urbanos, las minas, los oleoductos y las refinerías están desplazando a los diversos habitantes de selvas tropicales, sistemas de cuevas de agua dulce, arrecifes de coral y manglares cada vez más destruidos. 

Manglares hasta donde alcanza la vista. Tres años después de la protesta del CNI, representantes de la organización brasileña de derechos humanos Justiça nos Trilhos (JnT) (Justicia en los rieles) se encuentran en Berlín. Flávia da Silva Nascimento y Mikaell de Souza Carvalho hablan en la Fundación Rosa-Luxemburg el 30 de mayo de 2024 sobre un megaproyecto planificado que también les llevó al día siguiente a la Torre DB de la siempre muerta Plaza Potsdam.

El acto informativo comienza con un vídeo de la isla de Cajual. Manglares, playas de arena blanca, bosques de palmeras y aún más manglares son el hogar de miles de especies animales y plantas. Y lo han sido durante mucho tiempo: «Las costas del este de la isla albergan los importantes yacimientos arqueológicos de Falésia do Sismito, Ponta Leste y Laje do Coringa, que contienen enormes cantidades de fósiles del Cretácico medio, de hace unos 95 millones de años, como dinosaurios, cocodrilos, tortugas, peces y helechos arborescentes.« ⁽²⁾ Sus descendientes no fosilizados deambulan por este mundo entre el bosque y el mar: nutrias marinas, manatíes, delfines… Visitada por más de 150.000 aves migratorias cada año, y especies en peligro crítico como el ibis escarlata, la isla constituye un importante lugar de cría. ⁽²⁾

Durante mucho tiempo, esta costa ha sido también un lugar de refugio para los humanos, que se ha convertido en un querido hogar lejos del infierno: Aquí viven comunidades de quilombolas, descendientes de africanos esclavizados que huyeron a la isla desde las plantaciones y a finales del siglo XIX, tras la abolición de la esclavitud en Brasil. ⁽²⁾ Su esmerada pesca y agricultura tradicional contribuyen a que este manglar, que se extiende hasta la cercana tierra firme, no sólo sea el mayor sistema contiguo de manglares del mundo, sino el mejor conservado.

Se dice que la tercera generación tiene la oportunidad de ser libre después de un trauma ⁽¹⁾

Portugal, en particular, se había beneficiado del tráfico de esclavos a Brasil, a veces con el apoyo de otras potencias coloniales y sus agentes, incluida Alemania. Pero los quilombolas resistieron, sobrevivieron y ganaron un territorio. Tres generaciones después, tres empresarios portugueses y sus pretendidos aliados -incluso de Alemania- planean destruir la población y los manglares de la Amazonía, en el estado brasileño de Maranhão, para seguir enriqueciéndose con el envío de recursos al Norte Global.

«El proyecto Grão Pará Maranhão (GPM) prevé la construcción de un puerto privado de aguas profundas con terminales – Terminal Portuário de Alcântara (TPA) en la pequeña isla de Cajual, en el Atlántico. Desde allí se exportarán materias primas como soja, minerales e hidrógeno para satisfacer la demanda de China, Europa y Estados Unidos. Las materias primas se transportarán al puerto a través de una línea ferroviaria privada (EF-317) de 520 kilómetros entre Açailândia, en el interior del país, y Alcântara, en el Atlántico. La línea ferroviaria de mercancías atravesará 21 municipios. Tres zonas quilombolas también se verán directamente afectadas por la línea ferroviaria. Además, la línea ferroviaria pasará directamente por 16 asentamientos de reforma agraria, es decir, zonas del Estado brasileño destinadas exclusivamente a las actividades productivas de pequeñas familias campesinas. También está previsto que la línea ferroviaria EF-317 discurra muy cerca de seis zonas indígenas. En Awá, Caru, Alto Turiaçu y Arariboia hay una presencia oficialmente reconocida de grupos indígenas en aislamiento voluntario. La población indígena no contactada ya está seriamente amenazada por otros factores, como la intrusión de madereros ilegales en los bosques, la deforestación criminal por parte de grandes ganaderos y productores de soja y la intrusión de mineros ilegales. Además, parte de estos territorios indígenas ya están afectados por el ferrocarril de Carajás de la empresa minera Vale.« ⁽²⁾

Flavia y Mikaell pueden cantar una canción sobre este ferrocarril de Vale. Una canción triste, porque ¿cómo pueden cantar en comunidades atravesadas varias veces al día por un atronador tren de mercancías de tres kilómetros de largo? «Ya no vemos ningún color verde, sólo el polvo del mineral». La organización Justiça nos Trilhos se fundó en oposición a esta línea ferroviaria, la Estrada de Ferro Carajás (EFC). Desde el mayor yacimiento de mineral de hierro del mundo, en plena selva amazónica, atraviesa comunidades y zonas protegidas hasta el puerto de exportación en el Atlántico, en São Luís, y lleva décadas despreciando los derechos básicos de las comunidades atravesadas por el tren: «A veces el tren simplemente se detiene en un pueblo y nadie sabe cuándo continuará», explica Mikaell. «Como un muro de tres kilómetros, separa entonces a las familias entre sí o a los alumnos de su escuela. Muchos se meten debajo del tren y tenemos muchos casos de accidentes y muertes». El tren no sólo atraviesa pueblos enteros, sino también casas individuales: «Aparecen muchas grietas en los edificios cercanos a la vía».

«Justiça nos Trilhos» pone en red a los vecinos, organiza reuniones y actos, apoya la autoorganización, ofrece asesoramiento jurídico útil con sus abogados y a veces demanda a las empresas responsables y al Estado en nombre de los afectados. Gracias a este trabajo, Flavia y Mikaell saben perfectamente que las promesas de prosperidad de las minas de hierro («A veces ofrecen construir una escuela u otras instalaciones como programa social, pero no tiene sentido construir una escuela si no hay profesores ni cursos de formación que seguir») son tan incumplibles como las garantías de que el tren apenas tendría consecuencias negativas para las comunidades («¿Cómo puede ser que de repente se suponga que la nueva línea ferroviaria [del proyecto GPM] va a tener más efectos positivos que la línea del Grupo Vale? Sabemos que sus promesas no son ciertas»). Así que la resistencia de Justiça nos Trilhos investigó de forma independiente para averiguar los planes e impactos exactos del nuevo proyecto de GPM y así compartirlos con las comunidades -porque, en contra de la normativa nacional e internacional y hasta el día de hoy- apenas han recibido información sobre el proyecto que las amenaza: 

«Pasamos seis meses investigando para averiguar por dónde pasaría exactamente la línea de tren. Al principio, las autoridades nos dijeron ‘no sabemos nada’, pero cuando nos acogimos a la Ley [brasileña] de Libertad de Información, recibimos información, incluida información que las empresas querían mantener confidencial. Después de muchos días y de insistentes consultas [a las autoridades estatales y federales], recibimos las primeras informaciones sobre el proyecto portuario y ferroviario, y pudimos crear un mapa de la región afectada, a modo de mosaico, que difiere mucho de los que aparecen en los sitios web de las empresas».

Por ejemplo, está la comunidad quilombola de Tanque de Valença. No aparecía en la información facilitada por las empresas como comunidad afectada por el proyecto GPM y debería haber sido consultada hace tiempo. «Pretenden que la comunidad sencillamente no existe, pero el tren la atravesará. Así que les visitamos y todos allí estaban totalmente sorprendidos, nadie sabía nada…».

Sin embargo, no es sólo el tren y las vías lo que preocupa a los dos delegadxs de la JnT, sino lo que conlleva: «La línea ferroviaria conlleva otros proyectos: primero tenemos que ver lo que transporta, sobre todo soja, pero también minerales. Así que más capacidad de exportación significa también una ampliación de la frontera del cultivo de soja». Es precisamente este desarrollo el que ya está provocando una destrucción masiva del medio ambiente y actos de violencia en interés de los grandes agricultores contra las pequeñas familias campesinas, incluyendo conflictos armados y expulsiones, en el estado y en toda la Amazonía. «Maranhão es el estado con uno de los mayores índices de violencia y asesinatos contra la población indígena. La construcción de una nueva línea de ferrocarril y de un nuevo puerto de exportación aumentará aún más la presión sobre las tierras existentes y, por tanto, el número de conflictos territoriales sangrientos», confirman las ONG Misereor y la asociación Selva la Selva ⁽²⁾. Lxs activistas brasileños coinciden con ellos: «Los conflictos territoriales de larga data se están exacerbando. El gran agronegocio es el ganador, las comunidades son las perdedoras, ya conocemos esta evolución. También nos preocupa lo que ocurra a lo largo de la línea ferroviaria, la cadena de valor que se supone que va a permitir».

Y así, Flavia habla de las acerías que acompañan al tren Vale desde 1987 y que destruyeron su casa: «Vivíamos bajo los altos hornos, las cementeras, los estacionamientos, los vertederos, todo el municipio por el que pasa el tren pertenece a las empresas. Pero yo no quería dejar este lugar donde nací porque no podía llevarme el río conmigo. Este río es nuestra vida, la tierra es nuestra vida, pero luego vienen las máquinas y nadie te pregunta». Su padre ya estaba en la resistencia, Flavia lleva luchando con JnT desde 2015: «Como colectivo de jóvenes investigadores de la comunidad, demostramos que la contaminación por polvo de las fábricas era la causante de las enfermedades que padecían muchos en la comunidad. No queremos irnos, pero tuvimos que hacerlo, pudimos luchar por el reasentamiento, pero queremos volver. Quiero que mis hijos puedan bañarse algún día en nuestro río. Tenemos que ser fuertes y seguir luchando».

Durante más de treinta años, familias como la de Flavia han experimentado que un proyecto como el proyectado GPM les amenaza con algo más que una línea de ferrocarril: Cada vez más zonas de cultivo de soja bajo el control de grandes terratenientes, minas polvorientas y fábricas tóxicas («¿y de dónde sale la energía para ellas?») sólo acaban llenando los vagones -hasta 350 de ellos cuelgan de uno de los atronadores trenes sólo en el actual ferrocarril de Vale-. «Estos vagones transportan mucha riqueza, riqueza que en realidad pertenece a las comunidades, pero sólo ven pasar el tren a toda velocidad, ésa es la farsa del discurso del desarrollo», añade Mikaell.

Gracias a su trabajo, las dimensiones del proyecto GPM se van haciendo poco a poco patentes: «Los barcos más grandes del mundo van a poder hacer escala en el nuevo puerto de aguas profundas, y ya tenemos indicios de que se van a duplicar los atracaderos previstos; antes incluso de que el proyecto haya empezado, ya se habla de ampliación. Igual que el ferrocarril de Vale en 1985».

No se trata de una línea de tren y un puerto, sino de la reorganización de un territorio protegido en el que comunidades indígenas, quilombolas y de pequeños agricultores defienden una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo: «Así que no hemos venido aquí a Alemania para hablar de cómo reducir los impactos negativos del proyecto, ¡sino para rechazar el proyecto en su conjunto! Hemos venido a causar tensión». Dicho eso, el acto informativo concluye con la convocatoria de una manifestación conjunta frente a la Torre DB.

Hace tres años, los activistas indígenas del CNI mexicano hablaron frente a esta torre, porque ellos también están amenazados por un proyecto que, a pesar de todas las diferencias, tiene muchos paralelismos con el proyecto GPM en Brasil: aunque el Tren “Maya” es también un tren turístico para el transporte de pasajeros, va acompañado, como en Brasil, de rutas de carga, carreteras y la ampliación de puertos para transportar productos de monocultivos, minas y fábricas a Europa, China y EE.UU., conectados al Corredor Interoceánico. La participación colonial de los actores alemanes es totalmente indiscriminada en ambos proyectos:

«El DB E.C.O. Group ha firmado un Memorandum of Understanding -Memorándum de acuerdo- (MoU) con Grão-Pará Maranhão (GPM) sobre el desarrollo conjunto del proyecto y la posterior explotación del ferrocarril, con DB Engineering & Consulting asumiendo el papel de ”operador en la sombra”», informa el DB E.C.O. Grupo. El Banco de Desarrollo de Alemania (KfW) y la también estatal Cooperación Técnica Alemana (GIZ) «ya están examinando cómo se puede apoyar el proyecto», escribe Saskia Berling, Directora de KfW Brasil, en LinkedIn – y al igual que en México, la participación del Grupo como «operador en la sombra» está estrechamente vinculada a los responsables políticos en Alemania: La mediación ante las corporaciones alemanas también tuvo lugar en Brasil a través de la embajada alemana: «Por invitación del embajador alemán en Brasil, Heiko Thoms, DB junto con políticos brasileños, funcionarios de la UE y directivos de empresas (entre ellos de Siemens) participaron en una presentación del proyecto por parte de los operadores de GPM en la representación alemana en Brasilia a finales de enero, durante la cual DB E. C.O. Group también presentó la asociación prevista con el consorcio de operadores. Según informaciones de la Agência INFRA, la embajada alemana habría solicitado informaciones sobre el proyecto e instruido al canciller alemán, Olaf Scholz, a tratar el asunto durante sus conversaciones con el presidente Lula da Silva en su visita de Estado a Brasil a finales de enero» ⁽²⁾.

Y puede trazarse otro paralelismo entre los dos proyectos coloniales: Las empresas alemanas y los políticos federales no sólo no responden a las críticas por los daños medioambientales y las violaciones de los derechos humanos, sino que incluso hacen hincapié en los beneficios de los proyectos para los derechos humanos, medioambientales y objetivos climáticos:

«Las ventajas del proyecto ferroviario y portuario residirían en la atención prestada a las preocupaciones sociales y medioambientales, así como en las oportunidades que la proximidad a Europa ofrece para el desarrollo del sector energético», explica Peter Mirow, responsable de DB en Brasil, a la Agência INFRA. Podría tratarse de gas natural licuado procedente de proyectos de fracturación hidráulica (fracking) previstos en el interior de Maranhao y de petróleo crudo que se bombeará desde las profundidades marinas frente a las costas brasileñas ⁽²⁾.

Mientras, el proyecto GPM desplaza artificialmente la selva amazónica kilómetros hacia el oeste en sus mapas, que DB también distribuye en su página web, para crear la impresión de «que la producción de la agricultura brasileña crecerá un 180 por ciento en los próximos diez años sin talar un solo árbol», y los políticos alemanes (en México y Brasil) hacen hincapié en las oportunidades de generar «energía verde» a través de los proyectos en los que DB participa o tiene previsto participar. «Los operadores del proyecto habrían mantenido conversaciones con Siemens como posible socio para la construcción de un centro de exportación de energías renovables e “hidrógeno verde”». El Ministerio Federal (alemán) de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) ya financia la expansión de la producción de «hidrógeno verde» en Brasil para consumo local y exportación a través de la GIZ. Para ello, entre otras cosas, se ha fundado una alianza germano-brasileña para el «hidrógeno verde». El propio Grupo DB E.C.O. afirma que «la solución logística prevista creará un nuevo corredor de transporte de productos agrícolas, para los que se ha identificado un potencial de demanda en el interior de 80 millones de toneladas anuales. Además, habría una gran demanda de servicios de transporte de materias primas minerales. Según los operadores, se prevé que las exportaciones de mineral de hierro a través del puerto de TPA alcancen los 200 millones de toneladas anuales de aquí a 2030.» ⁽²⁾.

La organización Salva la Selva está segura: «Este aumento de la producción y las exportaciones significa inevitablemente la expansión de la agricultura – especialmente para el cultivo de soja, caña de azúcar (incluso para etanol), maíz, la cría de ganado para la producción de carne -, así como la expansión de la minería a expensas de la selva amazónica y la sabana del Cerrado. Todas estas actividades son los principales motores de la deforestación en Brasil. » (²)

Fiel al lema de la empresa alemana “el mejor protector del clima” DB «La protección del clima también puede ser sencilla», un proyecto que destruye reservas naturales estatales, humedales RASMAR reconocidos internacionalmente e islas atlánticas vírgenes se convierte en un «proyecto verde de protección del clima»: “es sólo un tren, y el puerto de aguas profundas también puede suministrar «energía verde» además de mineral y soja.”

Ante eso, los que verdaderamente protegen el clima sólo pueden llorar.

Y así lloran los manglares.

En plena catástrofe climática, están siendo destruidos allí donde aún conservan los poemas de los cocodrilos, y con ellos la mejor protección contra las inundaciones y la subida del nivel del mar.

La Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático (COP30) se celebrará no muy lejos de aquí el año que viene, en la metrópoli amazónica brasileña de Belém. El Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (FDCL), que organizó el acto informativo y la concentración contra el proyecto GPM junto con otras ONG y la JnT, escribe:

«Las conferencias sobre el clima de los últimos años han sido acontecimientos bastante frustrantes. Apenas avances, una creciente influencia del lobby fósil. Parece que el cambio climático avanza más rápido que la lucha contra él. En esta situación, Belém se convierte en un lugar de esperanza. La elección del lugar es una señal política y tiene un gran valor simbólico. La Amazonía y las selvas tropicales del mundo desempeñan un papel central en la política climática internacional, ya que la deforestación es un factor clave tanto de la crisis climática como de la pérdida de biodiversidad y amenaza el hábitat de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales.”

En un lugar que irradia lo contrario de esperanza, la esperanza real se reúne al día siguiente del acto informativo: el 31 de mayo de 2024, Mikaell alza su voz en nombre de la JnT y de las comunidades amenazadas de Maranhão frente al gigantesco rascacielos Deutsche Bahn. Y la Plaza Potsdam le escucha. Tal vez intuye que si la mentira que afirma que la protección del clima y la destrucción de los manglares pueden ir de la mano continúa, él también podría estar bajo el agua en un futuro no muy lejano, tan alto que los manglares podrían incluso sentirse cómodos, los manglares cuyas lágrimas hoy seguramente acelerarán la subida del nivel del mar.

¿Pueden llorar los árboles? ¿O sangrar?

Al fin y al cabo, Brasil debe su nombre a un árbol cuyo fluido interno es tan rojo como la sangre. Sus flores parecen pájaros heridos. Hoy está casi extinto. (1)

Pero Flavia las anima, subraya la lucha de las mujeres, de las mujeres negras, incluso en su organización (seis de los siete miembros del comité ejecutivo son mujeres). Y como si se lo susurrara a los manglares y al árbol pájaro herido con sus venas rojas, su río, y como si al mismo tiempo lo tronara hacia el bloque de torres a cuya sombra tiene lugar la concentración, habla:

«Somos los más débiles luchando contra los más fuertes. Pero esa es también la belleza de nuestra lucha».

He librado mil batallas

y 

La vida me ha regalado 

Mi querido amigo el mangle ⁽³⁾

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Fuentes y referencias

^{(¹)Basado libremente en: Caio Kaufmann: „Saint of Unloved Monkeys“, en: Boston Review, (Online) (24.07.2020), https://www.bostonreview.net/articles/caio-kaufman-two-poems/, [consultado por última vez el 07.06.2024], [traducción propia].}

^{(²) Rettet den Regenwald e.V. (Selva la Selva A.C.): „Brasilien: Schienen- und Hafenbau mit deutscher Beteiligung bedroht Mensch und Natur“ [Hintergrundrecherche], (Online), (04.03.2024), https://www.regenwald.org/news/11250/brasilien-schienen-und-hafenbau-mit-deutscher-beteiligung-bedroht-mensch-und-natur, [consultado por última vez el 07.06.2024], [traducción propia].}

^{(3) Basado libremente en: Linver Nazareno: „A poem for the women of the mangroves“}

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Comunidades maya Q’eqchi’ denuncian escasez de agua derivado por la actividad de Industrias Chiquibul y la expansión de sus monocultivos de palma aceitera. Foto: Joel Pérez / Prensa Comunitaria}

La noche del pasado 17 de octubre, Francisco Pop Ico, defensor 40 años y originario de la comunidad maya Q’eqchi’ de Santa Elena, departamento del Petén, fue asesinado con arma de fuego mientras conducía su motocicleta en la frontera entre México y Guatemala.

Resalta que el homicidio ocurrió un día antes de que el defensor se presentara a una audiencia judicial, relacionada a la acusación presentada por la empresa Industrias Chiquibul, quien le señalaba, junto a otros cuatro ex trabajadores de la palmera, por delitos de usurpación y amenazas en el contexto de su organización para defender derechos laborales.

En contexto – Guatemala: Chiquibul busca certificar su cultivo de palma, mientras usa violencia contra indígenas

Para el 9 de octubre, comunitarios de Santa Elena presentaron una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), por las múltiples y continuas violaciones a los derechos humanos ocasionadas por Industria Chiquibul. Destaca que, ese mismo día, se preveía una reunión de diálogo entre una delegación de la Secretaria Privada de la Presidencia junto con el gerente de relaciones comunitarias de Industria Chiquibul.

Fue en 2012 cuando Industrias Chiquibul compró terrenos en la comunidad Q’eqchi’ de Santa Elena, acorralando a la población paulatinamente con monocultivos de palma aceitera, que fueron acompañados por la instalación de instalaciones militares y presencia de policía y seguridad privada. 

Tras un paro de labores organizado por trabajadores de Chiquibul en 2019, para noviembre del 2020 fueron criminalizados cuatro indígenas maya acusados de plagio, extorsión, usurpación agravada y detención ilegal. Hasta la actualidad, el proceso penal continúa, mientras a la par, habitantes de Santa Elena denuncian persecución y vigilancia de las fuerzas de seguridad quienes incluso emplean vuelos nocturnos con drones.

Condena

En este contexto, el Movimiento de Comunidades en Defensa del Agua, Qana’ Ch’och, organización social que aglutina más de 20 comunidades indígenas y rurales sobre todo de las tierras bajas del norte de Guatemala, condenaron el asesinato de Pop Ico y exigieron justicia a través de un comunicado.

La organización, cuyo significado es “Madre Tierra” en maya Q’eqchi’ articula las luchas para detener la expansión de los monocultivos, conservar sus recursos hídricos y garantizar la justicia para las comunidades afectadas por la contaminación y la explotación de sus tierras.

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Desde febrero de este año, la articulación indígena, junto a organizaciones internacionales exigieron a las autoridades guatemaltecas que tomaran medidas urgentes ante el incremento de los acosos y violaciones de los derechos humanos contra la comunidad de Santa Elena por parte de Industrias Chiquibul.

Esto, debido a que durante la última década la empresa de palma aceitera mantiene un patrón de violencia que acumula violaciones como la apropiación ilegal de tierras comunitarias en Aldea Carolina (en Chisec, Alta Verapaz); la contaminación del río San Román (también en Alta Verapaz), así como la criminalización por medio de órdenes de captura y detenciones orquestadas por la empresa, violaciones laborales y deforestación en comunidades del Petén.

Organizaciones nacionales, como la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (Redsag) e internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) condenaron el asesinato de Pop Ico y se sumaron a las exigencias por justicia. 

“Este caso ilustra la peligrosa realidad que enfrentan las y los defensores del territorio en Guatemala, quienes son frecuentemente criminalizados y perseguidos judicialmente por proteger sus tierras y derechos”, enfatizó la Oacnudh mediante sus redes sociales.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Campesinos de los estados de Sergipe y Bahía, localizados en el noreste de Brasil, denuncian contaminación genética de semillas criollas de maíz, frijol y cacahuate por transgénicos en distintos territorios de los dos estados. 

El Movimiento Campesino Popular (MCP), en cooperación con instituciones científicas del país, como el Instituto Federal de Sergipe (IFS), ha trabajado en la región hace una década para promover sistemas sustentables de producción de alimentos, basado en la agrobiodiversidad. 

Las familias producen semillas criollas, principalmente de maíz, frijol y cacahuate, para consumo propio, pero también las comercializan. De acuerdo con el MCP, en total, ya fueron comercializadas 110 toneladas de semillas criollas. Además de semillas, han comercializado harina de maíz y frijoles criollos, sobretodo en el periodo de la pandemia.

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El movimiento denuncia que todo este trabajo de recuperación y reproducción de las semillas criollas está amenazado por el avance de los transgénicos y la uniformización de variedades cultivadas alrededor de sus territorios. “Se ha provocado contaminación genética de las semillas criollas, colocando en riesgo nuestro patrimonio genético, responsable por toda la diversidad de variedades agrícolas, fundamentales para afrontar los cambios climáticos y garantizar la producción diversificada de alimentos”, sostiene el MCP en un informe.

Desde 2018, los campesinos, junto con el Instituto Federal de Sergipe, han realizado pruebas para verificar si sus cultivos están siendo contaminados por especies transgénicas. “Esta rutina permitió verificar que las contaminaciones han alcanzado índices cada vez mayores. En la cosecha de 2023, llegamos a un porcentaje alarmante. El 68% de las 40 muestras (9 variedades de maíz) están contaminadas por transgénicos. Nos provoca mucha preocupación en relación al futuro de la producción de las variedades criollas”, señalan los campesinos. 

Las muestras analizadas fueron colectadas directamente en las plantaciones, en los stocks individuales y también en los bancos de semillas comunitarios. Las pruebas también incluyeron la producción en comunidades indígenas y quilombolas de la región.

La contaminación ha ocurrido a pesar de que las familias han implementado técnicas que buscan proteger las semillas. “Se ha implementado estrategias de prevención a la contaminación, como la utilización de instrumentos para detener el viento, la siembra en periodos distintos, realización de limpieza de los equipos de siembra, cosecha y procesamiento de las semillas, entre otras”, afirman. 

Las estrategias no “han sido suficientes para contener los procesos de contaminación genética que avanzan cada día sobre nuestros territorios; por eso sostenemos que las contaminaciones imponen a los campesinos prejuicios productivos, económicos, culturales, ambientales y alimentarios”. 

Protección

En el estado de Sergipe se aprobó en 2016 una ley que instituye el concepto de semillas criollas y el incentivo a la conservación de la diversidad de cultivos en el estado. La ley define: “Considerase área de protección de la agrobiodiversidad las áreas/terrenos/regiones/territorios donde hay producción de semillas locales, tradicionales o criollas, quedando prohibido el cultivo de cualquier material genético (semillas transgénicas e híbridas) que amenace las características fenotípicas y genotípicas de las semillas locales, tradicionales o criollas”.

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Sin embargo, todavía no existe una reglamentación para que la ley pueda ser realmente implementada.El MCP hace una serie de exigencias al gobierno brasileño. Entre ellas que revise y aplique los protocolos normativos de distanciamiento entre la siembra del maíz transgénico y del maíz criollo y que imponga a los sembradores de transgénicos la obligación de implementar medidas de seguridad. Además, que establezca medidas de protección como áreas de uso de conservación de la agrobiodiversidad, áreas libres de transgénicos y áreas libres de agrotóxicos.

Texto: Radio Pozol

Chiapas: el padre Marcelo camina nuevamente con el pueblo pobre, con el pueblo que denuncia, con el pueblo que sufre. Miles peregrinan para exigir justicia. Foto: Radio Pozol

San Cristóbal de las Casas. 3 de noviembre. Miles exigen justicia en Chiapas. Comunidades integrantes del Pueblo Creyente, de los Altos de Chiapas, peregrinaron este domingo para exigir justicia por el asesinato del padre Marcelo Pérez, defensor de derechos humanos, así como de la tierra y el territorio, quien sufriera un atentado el pasado 20 de octubre, lo que ha tenido repercusiones a nivel nacional como internacional, sin que hasta ahora las autoridades de los tres niveles den informes del proceso de investigación, denunciaron sus familiares.

Evidentemente indignados, los pueblos originarios que caminaron este día arribaron a la catedral de San Cristóbal gritando consignas de manera firme: “Alto a los desplazamientos forzados. Alto al crimen organizado. Alto a la narcopolítica”.

“El padre Marcelo, nos enseñó a caminar con el pueblo pobre, con el pueblo que denuncia, con el pueblo que sufre”, aseguró a medios nacionales Dora Roblero, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

“En el fondo hay una actitud racista. El padre Marcelo empezó a ser una persona muy brillante, no sólo en México, también fuera de México, lo que no aceptaban los que rechazaban al padre por ser un indígena que hablaba de justicia, que hablaba de defensa de derechos humanos, y que en todos los lados donde lo ponían adquiría una autoridad tal que suscitaba odio. Él tenía una autoridad moral muy grande, tenía un eco ahí en su diócesis y en el extranjero. ¿Cómo lo iban a soportar que un indígena llegara a este grado de reconocimiento?”, denunció el obispo Raúl Vera a medios de comunicación en México.

Por su parte, la diócesis de San Cristóbal, reiteró en un comunicado (ver abajo) que la violencia en Chiapas no es nueva, y que desde hace varios años se ha denunciado la situación de “injusticias y violencia” que viven en la zona Frontera, Sierra, Soconusco, Costa, Cuxtepeques, Fraylesca, Valles, Selva y Altos. En el estado se viven “asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, secuestros, desapariciones de niñas y niños, adolescentes y jóvenes, así como reclutamiento forzado”, puntualizaron al final de la peregrinación, denuncias que hasta ahora pocos se atreven a realizar ante la indiferencia de los tres niveles de gobierno.

“Seguimos aprendiendo como Pueblo a caminar en medio de la violencia y no vamos a renunciar a hacerlo”, afirmaron de manera decidida los cientos de comunidades de los Altos de Chiapas. “Que se haga justicia hasta llegar a los verdaderos autores intelectuales y materiales, evitando acusaciones ligeras para evadir la presión social”, exigió la diócesis de San Cristóbal. Esto debido a antecedentes de fabricación de culpables por parte del poder judicial y ejecutivo en el estado.

De igual forma, la Organización de las abajas de Acteal, se pronunció para que la población civil ya no siga siendo “carne de cañón”. “No somos animales, somos seres humanos”, afirmaron al tiempo que convocaron a la Organización de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que realicen una observación permanente por “la violencia desbordada e incontrolable por el gobierno de Chiapas y de México”.

Comunicado del Pueblo Creyente leído al terminar la peregrinación:

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