Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México,

a 19 de marzo de 2026.

Boletín de prensa No. 3

Las FGE y las FRIP en el círculo directo de la cruel tortura contra Oscar Trinidad Carbajal

• Denuncia internacional ante la CIDH y la ONU: exigimos protección y justicia para Oscar Trinidad Carbajal y familia.

Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó que el 4 de noviembre de 2025, fue detenido y torturado el Joven Oscar Trinidad Carbajal, originario de Tapachula, comerciante, mientras transitaba por las calles de su ciudad, fue detenido sin orden judicial por elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP). Lo llevaron a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa conocida como Akishino, donde le exigieron dinero: dos millones de pesos. Al negarse, comenzó el tormento. Lo esposaron, lo tiraron al suelo, lo asfixiaron con bolsas de plástico hasta perder el conocimiento, lo golpearon en el cuerpo y lo humillaron con palabras que buscaban quebrar su voluntad. Un agente lo pateó en el estómago hasta hacerlo convulsionar. Le obligaron a beber líquidos amargos, lo dejaron inconsciente y tuvieron que reanimarlo con RCP porque había dejado de respirar.

Trasladado al Hospital General del IMSS en Tapachula, ingresó con diagnósticos graves: síndrome post-parada cardíaca, lesión renal aguda, rabdomiólisis. Allí, los mismos agentes que lo habían torturado lo custodiaban y decían a los médicos que estaba drogado, intentando encubrir la violencia ejercida. Oscar exigió una prueba de sangre, buscando defender su verdad en medio de la manipulación institucional.

Mientras tanto, su familia lo buscaba desesperada. El 5 de noviembre recorrieron hospitales y la Fiscalía, donde les negaban información. Solo al reconocer el coche de Oscar en el estacionamiento supieron que había estado allí y que lo habían llevado de emergencia al hospital. La incomunicación, las amenazas y el ocultamiento fueron parte del mismo patrón.

El 6 de noviembre de 2025, Oscar Trinidad permanecía incomunicado y bajo amenazas constantes. Los agentes de la FRIP le mostraban fotos de su casa y le decían: “¡ahora sí vas a cooperar, sabemos qué haces y a qué te dedicas!”. En el hospital solo recibía suero y medicamentos que lo adormecían. Ese mismo día, entre las 18:00 y 19:00 horas, fue trasladado nuevamente de manera violenta de la clínica a la Fiscalía. Durante el trayecto, los agentes lo agredieron físicamente y condujeron a gran velocidad, provocando un accidente en el que murió un policía. Aunque una ambulancia llegó para auxiliar, la tortura continuó dentro de ella: golpes en el estómago, costillas y cabeza, amenazas de muerte y hasta intentos de estrangulamiento, interrumpidos solo cuando la presencia de personas alrededor obligó a detener la agresión.

Por la noche, la FRIP ordenó su salida del hospital hacia la Fiscalía, donde las torturas persistieron hasta que una actuaria federal notificó el amparo promovido por su familia. La Fiscalía intentó justificar la detención alegando flagrancia ese mismo día, iniciando la Carpeta de Investigación C.I.1229 por delitos de resistencia y posesión de drogas. Sin embargo, la versión resulta inverosímil: Oscar se encontraba hospitalizado en el momento de la supuesta detención.

El 7 de noviembre, el Ministerio Público decretó su libertad bajo reservas de ley, pero inmediatamente se ejecutó otro mandamiento judicial imputándole narcomenudeo (C.I.1227). Fue trasladado al Juzgado de Control adjunto al CERSS No. 03, donde nuevamente sufrió tortura. La investigación se sostiene en un testimonio dudoso: una persona que habría entregado drogas a la Fiscalía y señalado a Oscar como responsable de amenazas días antes.

El caso de Oscar Trinidad revela cómo el sistema penal acusatorio puede ser manipulado para fabricar culpables y legitimar la violencia estatal. El 7 de noviembre de 2025, pese a su grave estado de salud, el Juez de Control de Tapachula le impuso prisión preventiva dentro de la causa penal 517/2025. Durante los traslados entre juzgado y hospital, Oscar fue nuevamente torturado. El 9 de noviembre recibió la notificación de un segundo amparo para garantizar atención médica urgente, pero las negligencias persistieron. El 11 de noviembre fue llevado a otra clínica bajo custodia de la FRIP, sufriendo nuevas agresiones.

Los registros médicos muestran inconsistencias graves: múltiples expedientes abiertos para la misma persona, omisión de protocolos adecuados, falta de seguimiento clínico y diagnósticos contradictorios. Se documentan lesiones como trauma ocular, fracturas faciales y complicaciones derivadas de la tortura (rabdomiólisis, falla renal, síndrome post-parada cardíaca). Además, se utilizó lenguaje discriminatorio al atribuir patologías al supuesto consumo de drogas sin pruebas de laboratorio.

Los antecedentes muestran que, semanas antes de su detención, Oscar había sido hostigado y extorsionado por la FRIP, quienes le exigían dinero a cambio de dejarlo trabajar. El 1 de noviembre fue detenido y presionado para pagar dos millones de pesos como “cobro de piso”.

Este patrón evidencia cómo la corrupción se inserta en el sistema penal acusatorio: primero la extorsión, luego la detención arbitraria, la tortura y finalmente la fabricación de pruebas. La Fiscalía construyó una versión inverosímil, articulando autoridades para inculparlo mediante montajes. Desde nuestra documentación hemos corroborado un comportamiento sistemático de funcionarios vinculados a operativos de la Fiscalía General del Estado, con al menos 20 casos similares registrados entre 2010 y 2025; cuatro de ellos directamente relacionados con la FRIP en distintos municipios de Chiapas.[1]

A pesar de los recursos legales interpuestos, la impunidad prevalece. Oscar Trinidad permanece privado arbitrariamente de su libertad, mientras él y su familia enfrentan un riesgo directo a su vida e integridad por el hostigamiento sistemático de las FRIP.

Hacemos un llamamiento especial, al Instituto Mexicano del Seguro Social, garantice el acceso a los servicios de salud y cuando se encuentren frente a situaciones como la de Oscar Trinidad, velar por el interés superior que es la vida y no ceder a presiones externas.

La historia de Oscar Trinidad Carbajal es el reflejo de un patrón sistemático de tortura, fabricación de culpables y pactos de impunidad que ponen en riesgo la vida y la dignidad de las personas. Por ello, la familia y el Frayba hemos presentado una Solicitud de Medidas Cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y remitido información urgente parar el Relator Especial sobre la Tortura de Naciones Unidas, así como la petición de caso ante el Comité Contra la Tortura de la ONU.

Exigimos que se garantice de manera inmediata a Oscar Trinidad atención médica y psicológica adecuada, que se evalúe la sustitución de la prisión preventiva por una medida alternativa que no agrave su estado de salud, y que se adopten medidas de protección para él y su familia frente a posibles represalias por haber denunciado. Finalmente, pedimos una investigación pronta, independiente y expedita contra los elementos de la FRIP, que rompa con los pactos de silencio y de impunidad que han permitido la repetición de estas violencias.

Exigimos que el gobierno mexicano garantice la vida de Oscar Trinidad y la seguridad de su familia dependen de que las instituciones actúen con firmeza y asuman su responsabilidad de garantizar la verdad, justicia y reparación. Es indispensable que el eslogan, ampliamente difundido en los medios, de “Cero Impunidad” deje de ser una consigna vacía y se convierta en una realidad efectiva, capaz de proteger a las víctimas y sobrevivientes de graves violaciones a los derechos humanos y poner fin a la violencia y a los pactos de silencio que sostienen la tortura y la corrupción.

Hacemos un llamado urgente a la solidaridad nacional e internacional para que, desde todos los espacios posibles, se exija al Estado mexicano detener este acto de injusticia social de gran envergadura, que se equipara a prácticas de terror de Estado. La situación de Oscar Trinidad no es un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático de tortura, fabricación de culpables y persecución contra quienes se atreven a resistir. Por ello, convocamos a organizaciones, colectivos, comunidades y personas solidarias a alzar la voz y exigir medidas inmediatas de protección, atención médica y justicia, así como el fin de los pactos de impunidad que sostienen la violencia institucional. La defensa de Oscar Trinidad es también la defensa de la dignidad humana frente a la maquinaria del terror y la corrupción.

[1]    Frayba. Boletín de Prensa No. 1. 1 de febrero de 2026. Disponible en: https://frayba.org.mx/260201_tortura_chiapas

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 

27 de febrero de 2026

Boletín No. 02

Desplazamiento forzado y criminalización contra integrantes del CNI en Jotolá

• Libertad inmediata a Francisco Moreno y María de Jesús integrantes del CNI y cancelación de las ocho ordenes de aprehensión.
• Condiciones precarias en el lugar de refugio de 8 familias, 30 personas, tseltales, entre los que se encuentran 17 menores de edad. 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó el desplazamiento forzado de 30 personas tseltales, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), ocurrido el 12 de febrero de 2026 en el ejido Jotolá, municipio de Chilón, Chiapas. Ocho familias campesinas fueron obligadas a abandonar sus hogares con violencia extrema. Entre ellas se cuentan 17 niñas y niños, una mujer embarazada, dos personas adultas mayores y dos menores de edad con discapacidad. 

A las ocho de la mañana fue la detención de Francisco Moreno Hernández (Francisco) por la Policía Municipal. En un segundo momento a las 11.00 hrs., aproximadamente cien personas irrumpieron en la tierra donde tenían sus casas y hacían la vida las ocho familias que están desplazadas. Entre los agresores se identificó la participación de la Guardia Estatal, la Policía Municipal de Chilón, funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y del Tribunal Unitario Agrario.

El desplazamiento forzado interno dejó cinco casas destruidas, pertenencias robadas y quemadas, animales domésticos asesinados y al menos tres personas sometidas a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, en ese momento fue detenida María de Jesús Sánchez (Maria de Jesús), durante el traslado fue torturada por un elemento de la Fiscalía Indígena y amenazada con ser desaparecida.

La violencia no terminó con el desplazamiento. Se profundizó en actos de criminalización y judicialización contra integrantes del CNI. Ese día Francisco y María de Jesús fueron puestos a disposición ante el Juzgado de Control de Yajalón, en el que se les señalo que estaban acusados del delito de despojo agravado.

El martes 17 de febrero continuó la audiencia, en la cual el Juez vinculó a proceso a las personas imputadas. A Francisco se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, pese a que la Fiscalía no argumentó la necesidad de dicha medida, siendo esta la más lesiva. Actualmente se encuentra privado de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados de Yajalón No. 12. Por su parte, a María de Jesús se le impuso la medida cautelar de firma periódica semanal.

Estas acciones forman parte de una estrategia de represión contra quienes defienden la tierra y se niegan a privatizarla. La participación de estas autoridades y actores locales en este evento constituye una grave violación a los derechos humanos.

A lo anterior se suman ocho órdenes de aprehensión que buscan legitimar la violencia y el desplazamiento, aumentando la vulnerabilidad de las familias que tuvieron que huir de sus hogares y que actualmente se encuentran en riesgo su libertad y seguridad.

Las consecuencias de este ataque afectan derechos fundamentales: la integridad y seguridad personal, el derecho a la vivienda y a la tierra, el acceso a la salud —incluyendo la salud sexual y reproductiva de las mujeres— y los derechos de niñas, niños y adolescentes a vivir en condiciones de bienestar y protección. En particular, se subraya el derecho a la no discriminación en el caso de María de Jesús, mujer desplazada y madre de dos hijos y dos hijas en situación de vulnerabilidad que se agrava por la violencia y el desplazamiento.

Los impactos psicosociales son múltiples: ansiedad, miedo, insomnio, estrés, dolores físicos y agravamiento de enfermedades crónicas en adultos y personas mayores. Las infancias presentan pesadillas, decaimiento y afectaciones emocionales; un bebé de dos meses sufre vómito y diarrea, mientras que una mujer embarazada de cuatro meses padece dolores en el vientre.

El Gobierno federal y estatal son responsables de este grave desplazamiento que vulnera los derechos humanos de las familias afectadas. Deben garantizar protección, investigar los actos de violencia y asegurar justicia para quienes habitaron el ejido por más de 30 años.

Exigimos al Estado mexicano la aplicación inmediata de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU y, en consecuencia, el cumplimiento de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en Chiapas. En este marco, es urgente garantizar atención integral a mujeres embarazadas, personas adultas mayores, niñas, niños y personas con discapacidad, quienes enfrentan condiciones de extrema vulnerabilidad tras el desplazamiento forzado. Asimismo, demandamos el cese de la criminalización y el retiro de las órdenes de aprehensión emitidas contra integrantes del CNI, así como la liberación inmediata de Francisco Moreno Hernández, actualmente privado de su libertad. Resulta indispensable que se realice una investigación exhaustiva y se sancione a los perpetradores identificados cuya participación directa e indirecta en los hechos constituye graves violaciones a los derechos humanos. 

Convocamos a la solidaridad nacional e internacional a manifestarse y expresar su apoyo frente a estos actos represivos que buscan desarticular la resistencia de las comunidades indígenas en defensa de la tierra y la vida. La violencia ejercida contra las familias tseltales del ejido Jotolá es parte de una estrategia sistemática de despojo y represión que vulnera derechos fundamentales y amenaza la dignidad de los pueblos originarios.  

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𝐂𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 “¡𝐒𝐢́ 𝐚 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐝𝐚, 𝐍𝐨 𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐨𝐣𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨!”
El caso de la supercarretera SCLC – Palenque, Chiapas

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas invita al

𝐂𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 “¡𝐒𝐢́ 𝐚 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐝𝐚, 𝐍𝐨 𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐨𝐣𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨!”
El caso de la supercarretera SCLC – Palenque, Chiapas.
𝟐𝟖 𝐝𝐞 𝐟𝐞𝐛𝐫𝐞𝐫𝐨 de 2026, 𝟏𝟐:𝟎𝟎 𝐡𝐫𝐬.
𝐓𝐞𝐦𝐩𝐥𝐨 𝐞𝐱𝐩𝐢𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐒𝐚𝐧 𝐍𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚́𝐬
(Gral. M. Utrilla, Centro, 29200, San Cristóbal de Las Casas)

Participan:

• Modevite Chiapas
• Centro de Derechos Indígenas A.C.
• CEMCA-Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos
• Frayba Derechos Humanos
• DESMI A.C.

🔴 𝐒𝐢𝐠𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐧 𝐯𝐢𝐯𝐨 𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞́𝐬 𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬

Jobel, Chiapas, México, a 19 de febrero de 2026.

A los Pueblos Zapatistas

A las Asambleas de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ)

Al Congreso Nacional Indígena

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes.

A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos.

A las personas que luchan y resisten en todo el Mundo.

Pronunciamiento conjunto

A treinta años de los Acuerdos de San Andrés, la memoria viva de los pueblos originarios nos recuerda que la palabra empeñada por el Estado mexicano sigue incumplida, traicionada y silenciada. Hoy, en el marco de las manifestaciones por el asesinato de nuestro compañero Samir Flores, reafirmamos la lucha por la vida, la tierra y la dignidad.

Samir fue asesinado por defender a su comunidad frente al despojo y la imposición de megaproyectos de muerte. Su voz se une a la de miles que han caído en el camino de la resistencia, y su ausencia nos convoca a multiplicar la fuerza colectiva contra un sistema que privilegia el capital sobre la vida y que convierte la Madre Tierra en mercancía.

Treinta años después, los Acuerdos de San Andrés son la traición continuada. El EZLN denunció desde 2001 que la reforma constitucional negaba lo pactado: autonomía, libre determinación, reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho público, acceso a tierras y territorios, y los Bienes Comunes.

Con ello se mantienen suspendidas las puertas del diálogo y la paz, y se abrió paso a la construcción de autonomías de hecho, que el zapatismo ha levantado durante tres décadas pese a la contrainsurgencia permanente.

Ni las reformas de 2019 ni la de 2024 responden al mandato de San Andrés. Se mantienen las exclusiones fundamentales: el derecho al territorio, el respeto a los Bienes Comunes y la autonomía plena de los pueblos. Es clara la negativa del Estado mexicano a reconocer derechos completos y efectivos que asuman la deuda histórica, ya que persiste un modelo extractivista que niega la vida de los pueblos. Frente a ello, honramos y celebramos las tres décadas del Congreso Nacional Indígena. Y el caminar de la resistencia que se ha traducido en la construcción de autonomías reales, en la organización comunitaria y en la defensa de la memoria como herramienta de lucha.

Denunciamos que el modelo neoliberal y capitalista es incompatible con la vida digna de los pueblos. Frente a la imposición de proyectos de muerte, hoy día es vital la defensa del territorio y la construcción de horizontes colectivos donde la justicia, la memoria y El Común sean el fundamento. La Madre Tierra no es propiedad ni recurso: es raíz, es vida, es futuro.

Hoy decimos:

Samir vive en la lucha de los pueblos.

La dignidad de los pueblos originarios es semilla de futuro.

La Madre Tierra y El Común no se venden, se defienden.

Vida al Congreso Nacional Indigena y Concejo Indigena de Gobierno.

Frente al sistema de muerte, afirmamos la vida, la comunidad y la rebeldía como caminos de emancipación.

Firman

Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq

Centro de Derechos Fray Bartolomé de Las Casas

Espacio de Lucha contra el olvido y la represión. Elcor.

Lumaltik-Herriak

Comité de mujeres Chiapas-Kurdistán

Antsetik Ts’unun (colectiva autónoma de mujeres defensoras)

Las Artemisas. Colectiva

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

17 de diciembre del 2025

Boletín No. 12

4 años de impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos hacia familias de la comunidad Nueva Palestina

• Sin la reparación integral del daño causado por el desplazamiento forzado y la continua criminalización de las personas defensoras, no hay justicia ni paz.

Entre los días 15 y 16 de diciembre de 2021, la familia extensa Velasco García sufrió una serie de agresiones tumultuarias en la comunidad Nueva Palestina, del municipio de Ocosingo, Chiapas. Derivado de estos hechos se encuentran desplazadas 34 personas (22 de ellas niñas, niños y adolescentes), además de haberse cometido graves violaciones a derechos humanos como privaciones arbitrarias de la libertad, tortura sexual y tratos crueles inhumanos o degradantes, y la desaparición forzada de Fredy Gómez Sántiz (Fredy).

A cuatro años de haberse cumplido estas múltiples violaciones a derechos humanos el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) señala el abandono y la falta de atención de los gobiernos federal, estatal y local para resarcir los derechos de las familias Mayas Tseltales y Tsotsiles.

El atentado hacia las familias ocurrió debido a que Versaín Velasco García (Versaín) había acudido a la Fiscalía de Justicia Indígena y a la Delegación de Gobierno Estatal, del municipio de Ocosingo, Chiapas para denunciar la detención ilegal comunitaria de cinco jóvenes a quienes se amenazaba de ser linchados por ser acusados del delito de robo.

Su movilización generó el descontento entre las autoridades de la comunidad, policías comunitarios y civiles armados quienes incentivaron abiertamente el linchamiento de Versaín y su familia, bajo el argumento de que “se dedica a defender delincuentes”.

Las agresiones tumultuarias fueron cometidas la noche del 15 de diciembre y durante el día del 16 de diciembre, las cuáles dejaron una secuela de graves violaciones a derechos humanos que se continúan perpetuado a 4 años de los hechos.

A lo anterior se suma la persecución y criminalización que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE) al defensor de derechos humanos Versaín, quien fue detenido arbitrariamente el 10 de enero del 2022. La FGE lo acusó de los delitos de homicidio en grado de tentativa y homicidio calificado, y bajo un proceso judicial lleno de irregularidades y de notables violaciones procesales en su juicio, finalmente fue sentenciado el 12 de enero del 2024 por el Juez de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ocosingo quien lo condenó a 58 años y 4 meses de prisión, decisión que fue apelada y en junio del 2024, el Tribunal de Alzada de San Cristóbal de Las Casas, confirmó la sentencia.

A la fecha continúa desaparecido el joven Fredy y sobreviven en desplazamiento forzado interno 34 personas, sin atención humanitaria emergente y sin acceso a la justicia. Paradójicamente la FGE lejos de garantizar verdad y justicia para las familias, las persigue e incentiva la impunidad para las personas responsables de las violaciones sistemáticas.

Lo anterior es así, ya que, en el caso de la desaparición de Fredy, después de 3 años y medio, se pudo judicializar la investigación y consecuentemente la emisión de órdenes de aprehensión, sin embargo, a la fecha no se han ejecutado, lo que evidencia la impunidad institucionalizada.

Desde el Frayba hacemos un llamado urgente a las autoridades federales y estatales para que en el ámbito de sus responsabilidades de manera efectiva brinden un plan de atención integral que incluya:

• Atención humanitaria a las familias mientras el desplazamiento forzado interno continúe y no exista una solución definitiva;
• Se garantice investigaciones imparciales y exhaustivas por las denuncias señaladas en la Unidad de Investigación del Delito de Tortura dependiente de la Fiscalía de Derechos Humanos, y la en la Fiscalía de Justicia Indígena.
• Garantizar la búsqueda, dando con la suerte y paradero del joven Fredy Gómez Sántiz.
• Castigo a las personas responsables de los delitos y de las graves violaciones a derechos humanos.
• Libertad inmediata del Defensor de Derechos Humanos Versaín Velasco García.

Mientras las familias continúen desplazadas y se criminalice a los defensores de derechos humanos, no exista verdad y justicia para las familias que buscan a sus desaparecidos, en Chiapas no habrá transformación ni paz para los pueblos y comunidades.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico
December 12, 2025

Press Release No. 11

Antonio González Méndez Case before the IACHR: One Year After the Historic Ruling
Neither the investigations nor the search efforts have been diligent or effective

The enforcement of the ruling has not been properly prioritized by the Mexican State.

On December 12, 2024, the Inter-American Court of Human Rights (IACHR) notified its ruling condemning the Mexican State for the forced disappearance of Antonio González Méndez, an EZLN Support Base, who was disappeared on January 18, 1999, in the municipality of Sabanilla, Chiapas, by members of the paramilitary group “Organization for Development, Peace, and Justice” in the context of the counterinsurgency violence triggered by the implementation of the Chiapas Campaign Plan 94.

The ruling reaffirmed that forced disappearances committed within the context of the Internal Armed Conflict, which began on January 1, 1994, are not subject to statute of limitations and obliges the Mexican State to be held accountable. This represents a historic precedent for other victims of severe human rights violations.

As the 27th anniversary of his disappearance approaches, the Mexican State continues with mere administrative procedures, superficial efforts aimed at conducting an unfruitful investigation. Both the search and the investigations have not been diligent or effective in locating Antonio González Méndez. What the State Prosecutor’s Office considers the hypothesis of his disappearance at the hands of a paramilitary group reveals a case that remains unresolved. The IACHR ruling, which takes this hypothesis as a fact and holds the Mexican State responsible for supporting paramilitary groups in the region, continues to be disregarded, raising doubts about the seriousness of the State’s commitment. It is essential to fully clarify what happened and to identify, prosecute, and, if applicable, sanction all intellectual and material authors of this crime against humanity.

The obligation of the Mexican government must not be reduced to symbolic actions or mere paperwork; the investigation should include clear lines of action to identify those responsible, both material and intellectual, and prosecute them in accordance with human rights standards.

The persistent impunity and partial non-compliance with the IACHR ruling highlight the enormous challenges in translating an international ruling into real and tangible changes. The central issue remains the location of Antonio González Méndez and the carrying out of a professional, scientific, and independent investigation that guarantees justice and truth. This case not only reflects the pending debt to his family but also starkly exposes the structural crisis of human rights, justice, and impunity that Mexico is facing.

The Mexican State is obligated to implement the structural reforms ordered by the IACHR: a national and up-to-date registry of missing persons, effective prevention programs, specialized training to investigate state crimes, and public policies that recognize the collective rights of indigenous peoples through a comprehensive human rights approach. It is not just about complying with a ruling, but about transforming institutions so that these violations are never repeated.

At Frayba, alongside the family of Antonio González Méndez, we will continue to insist that justice be fully served. We will persist in the search for the truth and the demand for justice, because only in this way can we honor Antonio’s memory and pave the way for a Mexico where impunity is the exception, not the rule. This struggle is also the struggle for all the disappeared persons and for the dignity of the peoples who demand truth, justice, and non-repetition.

On December 8, 2024, a new government for Chiapas took office and announced the implementation of a “new” security strategy in response to the violence stemming from territorial and social disputes among organized crime groups. With a major communication campaign and under the narrative of a “recovered peace,” it has promoted in 2025 a partial decrease in some crime indicators and has deployed various security operations. From the Border Region Working Group, we ask ourselves whether the security strategy implemented by the government of the state of Chiapas seeks peace or pacification. Rather than achieving peace, pacification seeks to impose social control through the use of force. In the Sierra–Border Region of Chiapas, along the border with Guatemala, this strategy has not succeeded in curbing the violence crisis. On the contrary, throughout this year the situation is different: an increase in cases of families in forced displacement — both internal and toward the neighboring country — and in forced disappearances. These acts of violence, along with ongoing territorial disputes and the active presence of armed groups, reveal a far more complex panorama than that portrayed in official statements.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico
December 3, 2025

Bulletin No. 10

Osmán Iván: victim of torture, arbitrary detention, and institutional racism

• 15 years of injustice—freedom cannot wait.

Osmán Iván Rubio Bonilla, a Honduran citizen unjustly accused in three case files by the Chiapas State Attorney General’s Office (FGE) and a survivor of torture, was acquitted of homicide on November 4, 2025, after 14 years and 6 months of tireless resistance. However, he remains deprived of his liberty at the State Center for Social Reintegration No. 7 (CERSS) in Tapachula. The Fray Bartolomé de Las Casas Human Rights Center (Frayba) and the World Organisation Against Torture (OMCT) call on the Judicial Branch of Chiapas to reverse the systematic violations of his human rights and order his immediate release.

Osmán Iván was detained on May 2, 2011, in Huixtla, Chiapas, during an operation carried out by the Municipal Police, the State Preventive Police (PEP), and the State Border Police (PEF), without an arrest warrant and under circumstances that constitute arbitrary detention and torture.

According to his testimony, during the arrest he was blindfolded, bound, beaten, asphyxiated with water, subjected to electric shocks, sensory deprivation, and physical and psychological abuse, until he was forced to incriminate himself in various crimes. These assaults were documented by the State Human Rights Commission (CEDH), which recorded injuries consistent with torture and issued Recommendation 013/2020-R in 2020, rejected by the FGE and the Secretariat of Security and Citizen Protection (SSyPC).

The three criminal proceedings against him stem from statements obtained under coercion:

1. Attempted Illegal Deprivation of Liberty and Organized Crime (criminal case 177/2023): has remained in the evidentiary stage for over 13 years, without the Criminal Court of the Tapachula Judicial District issuing a ruling.
2. Aggravated Homicide (criminal case 423/2023): a sentence was issued in 2023 based on ministerial confessions and testimonies that did not identify him; overturned in 2024 to investigate the reported torture. On November 4, 2025, he was finally acquitted.
3. Carrying a firearm without a license: a federal case in which he was acquitted in 2014.

Frayba’s documentation reveals systematic irregularities: fabrication of evidence, contradictions in police reports, manipulated expert examinations, and prosecutorial actions that ignored early reports of torture. The CEDH confirmed that the arrest did not occur at the location of the alleged kidnapping and that there was no direct identification by the complainant, ruling out the flagrancy invoked by authorities.

After nearly 15 years in prison, Osmán Iván faces a process marked by violations of due process, racism, lack of consular assistance, absence of effective investigation, and unjustified delays that keep him in prolonged pretrial detention, contrary to international standards. In the face of impunity sustained by the Mexican State, Frayba and OMCT filed a complaint in August 2024 before the UN Human Rights Committee, registered in April 2025 under number 4740/2025, still pending resolution.

Frayba and OMCT urgently call on state and federal authorities to ensure a thorough and impartial investigation into the reported torture. In addition, we demand guarantees for access to justice and reparation for the violations committed against Osmán Iván Rubio Bonilla, beginning with his unconditional release.

The case of Osmán Iván Rubio Bonilla is a symbol of institutional violence and racism that permeates the justice system in Mexico. His freedom is not a concession—it is a right taken from him through torture and arbitrariness. Every day he remains imprisoned prolongs injustice and impunity.

We demand his immediate and unconditional release. The dignity of Osmán Iván, and of all survivors of torture and arbitrary detention, cannot be kept waiting any longer.

Comunicado del MODEVITE
12 años caminando con un solo corazón por la defensa de la vida y el territorio

San Juan Cancuc, Chiapas, 25 de noviembre de 2025

A los medios de comunicación nacionales e internacionales
A los Pueblos Indígenas en resistencia por la vida y la Madre Tierra
A las organizaciones y centros de derechos humanos
A las autoridades municipales, estatales y federales
Al pueblo de México y del mundo:
 
Nosotras y nosotros, hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas, pueblos y comunidades tseltales, tsotsiles y mestizos que caminamos juntos en el Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio (MODEVITE), nos hemos reunido hoy en San Juan Cancuc, tierra de memoria y dignidad, para celebrar 12 años de lucha, organización y resistencia frente a los proyectos de despojo y muerte que amenazan nuestra existencia como pueblos originarios.

Este aniversario lo celebramos con el corazón puesto en nuestra historia larga: somos herederos de la rebeldía de Juan López, quien hace más de tres siglos se levantó contra la colonización. Al orar en la cueva de este defensor tseltal, afirmamos que su lucha sigue viva. La invasión no ha terminado: continúa bajo nuevas formas de colonialismo extractivista, militarización y megaproyectos que buscan arrebatarnos el territorio, romper el tejido comunitario e imponer un modelo de “desarrollo” que destruye la vida.

Desde 2013 hemos levantado la voz contra la mal llamada “Carretera de las Culturas”, un proyecto que no respeta nuestros territorios, ni nuestra espiritualidad, ni nuestras formas de vida. Esta autopista, anunciada por los gobiernos como progreso, se inscribe en la misma lógica del Plan Puebla Panamá, después llamado Plan Mesoamericano, cuyo verdadero objetivo ha sido abrir paso a la acumulación económica del gran capital en detrimento del lekil kuxlejal —el buen vivir— de nuestros pueblos.

Reafirmamos nuestro rechazo total a este megaproyecto, que pretende dividir nuestras comunidades, destruir montañas ríos y manantiales, facilitar el avance del crimen organizado y profundizar la venta de la tierra, el alcoholismo, la drogadicción y la migración forzada de nuestras juventudes.

Al mismo tiempo denunciamos:

• Las amenazas, hostigamientos y divisiones promovidas por autoridades municipales, estatales y federales para debilitar nuestra organización comunitaria.
• La criminalización y violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos y del territorio.
• El uso de programas oficiales y consultas manipuladas para legitimar el despojo.
• La concesión de pozos petroleros en Benemérito, que destruye ecosistemas y pone en riesgo la salud y la vida de las comunidades ribereñas.
• El avance del narcopoder y los grupos armados, que generan miedo, desplazamiento y control territorial.
• Las desigualdades y violencias que viven las mujeres indígenas, que hoy recordamos especialmente en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Por otra parte: celebramos con alegría la liberación de los compañeros de San Juan Cancuc, encarcelados injustamente. Pero afirmamos con claridad: la justicia no se agota con su libertad; exigimos reparación, garantías y el fin de la criminalización a los pueblos originarios.

Exigimos también:

• Que sean liberados Pedro Cortez López y Diego Mendoza Cruz, compañeros tzeltales, sentenciados injustamente a 110 años de prisión.
• Que el Estado mexicano respete nuestro derecho a la libre determinación, la autonomía y nuestros sistemas normativos propios.
• Que se cancele definitivamente el proyecto de la autopista San Cristóbal–Palenque.
• Que se detengan los megaproyectos extractivistas en todo el territorio maya, zoque y chol.
• Que en los espacios internacionales como la COP 30, se escuchen las voces de los pueblos originarios y se reconozca nuestro papel fundamental en la defensa de la Madre Tierra.

En estos doce años hemos aprendido que la fuerza de los pueblos está en el arraigo a la tierra, en la memoria, en la espiritualidad y en la organización comunitaria. Somos pueblos que caminan con un solo corazón, que cuidan el agua, el maíz, las montañas y la vida que sostiene a todas y todos.

Hoy honramos la memoria del Jtatic Marcelo Pérez, su espíritu sigue acompañando y fortaleciendo nuestra lucha. Él nos enseñó que no hay que tener miedo cuando se camina con dignidad, con la palabra verdadera y con el compromiso por la paz y la justicia.

Llamamos a los pueblos de Chiapas, de México y del mundo a seguir tejiendo resistencias, a caminar juntos por la vida y a defender la casa común frente al modelo que descarta la vida de los pueblos por los intereses de los poderosos.

A 12 años de levantar nuestra voz, afirmamos con claridad
¡La tierra no se vende, se ama y se defiende!
¡No a los proyectos de muerte!
¡Sí a la vida, sí al territorio, sí a la autonomía!
¡Viva la resistencia de los pueblos originarios!
¡Viva la memoria de Juan López!
¡Viva el Jtatic Marcelo!
¡Viva el MODEVITE!

Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio
San Juan Cancuc, Chiapas 25 de noviembre de 2025

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Ayer, 21 de noviembre, el Tribunal Colegiado resolvió los amparos de los 5 compañeros defensores de San Juan Cancuc. Al fin hizo Justicia.

Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar, fueron detenidos el 29 de mayo de 2022, y han pasado 3 años, 5 meses, y 20 días, 1272 días. Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco fueron detenidos el 01 de junio de 2022, y han pasado 3 años, 5 meses, y 20 días, 1269 días.

𝐃𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐞𝐥 𝐅𝐫𝐚𝐲𝐛𝐚 𝐚𝐠𝐫𝐚𝐝𝐞𝐜𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐥𝐚𝐬 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐬, 𝐜𝐨𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐲 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐱𝐢𝐠𝐢𝐞𝐫𝐨𝐧 𝐣𝐮𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐥𝐚 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚𝐝, 𝐡𝐨𝐲 𝐞𝐬 𝐮𝐧 𝐡𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧̃𝐞𝐫𝐨𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐚́𝐧 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚𝐝 𝐲 𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐛𝐫𝐚𝐳𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢́𝐚 𝐜𝐨𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐫𝐨𝐦𝐩𝐞𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐜𝐚𝐝𝐞𝐧𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐨𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐨́𝐧.