San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

24 de abril de 2024

Boletín No. 12

El Estado debe dimensionar y atender la violencia en Chiapas

• Para detener la violencia en el estado es necesario conocer y reconocer las dinámicas actuales de control social y territorial, así como sus profundos impactos en la vida de las personas y comunidades afectadas.

Durante 35 años el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha documentado y denunciado las diferentes violaciones a derechos humanos en Chiapas, así como las responsabilidades de cada gobierno en turno, acompañando a víctimas, familiares y procesos colectivos organizados. Nuestra lucha es por el respeto de los derechos humanos y la construcción de la paz en un territorio profundamente lacerado. Somos una organización independiente y ajena a cualquier movimiento político-electoral. Durante estas tres décadas y media conservamos el principio de caminar con y para los pueblos que luchan por su liberación, nuestro corazón está en el Chiapas de abajo.

Con preocupación, hemos constatado y visibilizado que, al menos desde junio de 2021, la situación de violencia se ha profundizado como un cáncer en nuestro estado, en el marco de la disputa criminal por el dominio del territorio. Esta situación se caracteriza no sólo por la confrontación armada entre grupos delincuenciales, sino también por el intento de controlar, en un alto grado mediante estrategias de terror, la vida social, económica y política de las comunidades. En consecuencia la población chiapaneca y en movilidad vive graves impactos, con énfasis en las regiones Frontera y Sierra, con una tendencia de expansión hacia otras regiones del estado.

Hemos fundamentado, a la par y en conjunto con otras voces, que la violencia en contra de la población civil en Chiapas no es un daño colateral, tiene como propósito el control social como uno de los principales pilares de la estrategia de guerra de los grupos de la Delincuencia Organizada, sin que el Estado intervenga para dar solución y proteger a las comunidades. Pobladores son objeto de violaciones graves a derechos humanos como desplazamientos, desapariciones y reclutamientos forzados; además de asesinatos; torturas; entre otros.[1]

Asambleas y autoridades comunitarias son controladas por bandos de la delincuencia que aseguran así el sometimiento poblacional a sus intereses y su hegemonía en cada espacio territorial. Comerciantes, transportistas y otros gremios son obligados a alinearse a “organizaciones” que se configuran como su brazo civil, así como a pagar “derecho de piso”. La resistencia a este dominio es castigada con asesinatos, desaparición o castigos físicos públicos.

Hay situaciones críticas en que la estrategia de guerra aísla a comunidades al cortarles el suministro de agua potable y la energía eléctrica; alimentos escasean; escuelas, hospitales y otros servicios públicos  no pueden operar de manera permanente porque no existen condiciones de seguridad para el personal; pobladores suelen quedar en medio de confrontaciones armadas, lo que causa terror y riesgo de muertes por fuego cruzado y desplazamientos masivos. El escenario es tan cruento como el de cualquier otra guerra.

Este control territorial restringe la libre circulación. Los grupos delincuenciales instalan retenes a los que se obliga a asistir a la población. Las personas se enfrentan diariamente al terror de estos sistemas de vigilancia donde se les exige mostrar sus credenciales para identificar su lugar de procedencia. Se trata de focos rojos donde suelen ocurrir privaciones de la libertad, tortura y en el peor de los casos desapariciones y asesinatos. Las experiencias que vivieron reporteros, así como la candidata presidencial Claudia Sheimbaun, el pasado 22 de abril en Motozintla, son ejemplos claros de este tipo de controles carreteros.

Desafortunadamente, existen cifras negras incalculables. Solamente un mínimo porcentaje de casos es denunciado por el riesgo que ello implica y la desconfianza hacia las instituciones. Es necesario asumir que tanto el subregistro de los delitos y violaciones graves a derechos humanos, así como las diversas formas de control y múltiples violencias cotidianas que sufre la población, constituyen una problemática que no puede ser disminuida en su magnitud e importancia. Es deber del Estado garantizar mecanismos seguros y accesibles para la denuncia, registro y atención de las víctimas.

Frente a ello, el gobierno tiene la responsabilidad de reconocer la grave dimensión de la violencia en Chiapas y romper los mecanismos de impunidad que la perpetúan. Al minimizar la situación se profundizan los impactos y afectaciones, además se obstaculiza el ejercicio pleno de derechos. Invitamos al gobierno actual y el venidero a aproximarse a los pueblos que sufren esta realidad, así como a los actores de la sociedad civil que la palpamos al estar inmersos en ella, no para debatir sobre la existencia o niveles de la problemática, sino para construir rutas para una paz verdadera y sostenible.

[1]      Para más información consultar el informe Asedio a la vida cotidiana terror para el control del territorio y graves violaciones a derechos humanos. Disponible en: https://grupotrabajofronterachiapas.org.mx/

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

23 de abril de 2024

Boletín No. 11

Se promueven Medidas Cautelares ante la CIDH para Base de Apoyo del EZLN

• Riesgo a la salud y vida de José Díaz por hacinamiento carcelario, y precaria atención médica.

En el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) recurrimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la finalidad de que valore la adopción de Medidas Cautelares para evitar daños irreparables en la salud y vida de José Díaz, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), además de atender la situación carcelaria y de condiciones dignas de internamiento, bajo los estándares interamericanos protectores del derecho a la salud en interdependencia con los derechos a la vida, la seguridad e integridad personal.

José Díaz se encuentra en grave riesgo a su salud y por consecuencia a su vida, debido a la situación de propagación de una enfermedad que se está incubando como consecuencia del hacinamiento y la precaria o nula prevención y atención médica del sistema carcelario. Se le suman también los impactos psicosociales; además que, como persona perteneciente al pueblo Ch’ol no ha tenido las mínimas atenciones respecto a la adopción de medidas culturalmente adecuadas.

Este Centro de Derechos Humanos documentó e intervino a finales de marzo de este año en la situación de sobrepoblación carcelaria en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 17 (CERSS 17) de Catazajá[1], Chiapas. Ahí advertimos de la presencia de múltiples enfermedades reflejada en ronchas en la piel, síntomas de fiebre, mareos, vómitos, protuberancias de diferentes tamaños, entre otros efectos secundarios a Personas Privadas de la Libertad (PPL), incluyendo a José Díaz

En este sentido, el Frayba solicitó a autoridades que de manera pronta y urgente la intervención para brindar atención médica y hospitalaria en favor de José Díaz, siendo extensiva a la población interna del CERSS 17 de Catazajá, por la situación en la que se encuentran y en aras de prevenir una probable propagación de la enfermedad ya sea por contagio o por el propio hacinamiento.

El 22 de marzo de 2024 recibimos una contestación sobre la salud del BAEZLN por parte de autoridades penitenciarias del Estado mexicano, refiriendo haberle realizado en un absceso de su rodilla derecha una incisión, sin ahondar en su informe respecto al origen, y diagnóstico de la enfermedad.

Posteriormente realizamos una visita a José Díaz en la que documentamos su situación de salud y carcelaria, en donde le encontramos con miedo después de la incisión que le realizaron en la pierna derecha, ya que él no es el único que tiene las protuberancias en el cuerpo. Según su testimonio, es una situación generalizada entre las PPL a quienes les han aparecido abscesos similares en el rostro, la nariz, oídos, brazos y piernas y no han sido atendidas.

Sobre el hacinamiento es de resaltar que el BAEZLN comparte la celda con otras 18 personas en un espacio de aproximadamente 3 metros de largo por 3 metros de ancho; presenta dificultar para dormir -solo logra conciliar el sueño 2 o 3 horas al día-; resalta también que hay población durmiendo en los pasillos; lo que da cuenta de la existencia de condiciones inhumanas de reclusión.

Es importante señalar que José Díaz es una persona de 45 años, su condición de salud ha disminuido recientemente, sigue sin conocer el diagnóstico médico, así como el origen de la enfermedad. Dado que está privado de la libertad, no puede recibir atención médica por profesionales diferentes a los que dispone la administración carcelaria.

Su estado de ánimo ha tenido altibajos debido a la prolongación de la resolución de su proceso, las barreras del lenguaje en el sistema judicial y penitenciario, así como por su actual estado de salud.

Por lo anterior, llamamos a la CIDH dé seguimiento a la Medida Cautelar tomando en cuenta la urgencia a la salud y vida de José Díaz, además de atender las duras condiciones carcelarias en las que se encuentra; a los Gobierno Federal y del Estado de Chiapas exigimos la liberación incondicional y la brevedad del Base de apoyo Zapatista.

[1] Existe en cada nivel del lugar la presencia de al menos 150 personas, con un total aproximado de 500 internos, a pesar de que su capacidad máxima es de 300 personas

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Entrelazando La Esperanza
Posicionamiento del Frayba a 35 años de su fundación

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
a 19 de marzo de 2024

Vivimos en Chiapas un gran pesar y preocupación, por la multiplicación de atentados contra la vida, por el atropello de los más elementales derechos humanos y por la represión de los procesos populares. […] nos empeñamos a ser fieles en nuestra vocación […] aportando valores para la humanización de la tierra y sirviendo preferentemente a los más pobres. No podemos mantenernos al margen de lo que está sucediendo entre nosotros.

jTatik Samuel Ruiz García.
Carta Pastoral En Esta Hora de Gracia, 1993

Hoy conmemoramos el 35 aniversario de nuestro caminar desde y con los pueblos, organizaciones y colectividades organizadas por la construcción de un mundo más digno donde los derechos humanos sean una realidad y no discursos huecos utilizados por quienes detentan el poder político, económico e ideológico.

En este andar, que es un parpadeo en la historia de la resistencia de los pueblos, aprendemos permanentemente de sus formas de organización, de su mirada de lucha, nos acercamos a sus sueños, que muchos de ellos son también nuestros, aprehendemos la esperanza, a construirla a pesar de una mala jornada y referenciarla en los logros de los hombres y mujeres de los pueblos que han tejido la defensa y vivencia de sus derechos.

Por esto y mucho más, desde el Frayba consideramos que es un privilegio y una responsabilidad el camino andado. Por lo que reiteramos que seguiremos buscando y construyendo con los procesos organizativos que acompañamos en la construcción de justicia y verdad, desde y con quienes siguen siendo victimizadas por el sistema de muerte que busca destruir las dignas causas de los pueblos.

El Estado mexicano, está en una etapa de fortalecimiento acorde a los intereses del Capital y en contra de la Vida. México, se ha convertido en un territorio de graves violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía y de población migrante que es expulsada por el terror de la violencia y la miseria en sus países de origen. En este contexto de violencia generalizada y crisis institucional, incumple su responsabilidad de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos.

En este periodo electoral todo se agudiza y la impunidad se fortalece. El actual gobierno se sostiene empecinado en mantener su imagen de una autoproclamada Cuarta Transformación, que al igual que los gobiernos anteriores solo consolidan los pactos de impunidad y profundiza la crisis de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Los escenarios para los pueblos, para la clases marginadas y explotadas, no se vislumbran cambios estructurales. Las perversiones de los gobiernos anteriores se colocan como agenda pendiente de este gobierno, detonando una espiral de violencia, en que la mayoría de la población queda en el abandono y que impacta en: desapariciones de personas, desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, torturas y privaciones arbitrarias de la libertad en un marco de represión y fábrica de culpables instalado como una práctica cotidiana, violaciones a los derechos a la tierra-territorio, agresiones, amenazas y hostigamientos a personas defensoras.

Con base a la documentación de graves violaciones y con el sustento de fuentes directas, sostenemos que en Chiapas existe un dolor e indignación profunda por los mecanismos de la violencia que se dan cotidianamente en el territorio de Chiapas: 1) En la zona Altos con una circunstancia prolongada de desplazamiento forzado, no atendido en sus causas, por la actuación de grupos sucesores del paramilitarismo[1]. 2) En la zona Centro; la desaparición de personas, secuestros y asesinatos. 3) En la zona Costa; la corrupción, la vulnerabilidad de las personas migrantes asediadas por la delincuencia organizada y la represión estatal patente en un mayor control migratorio por las Fuerzas Armadas. 4) la zona Fronteriza; con despojos del territorio, desaparición de personas, reclutamientos forzados, cobros de piso, territorios controlados y zonas silenciadas por la violencia generalizada y 5) la zona Selva; con agresiones, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, desplazamientos forzados y amenazas al territorio del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, así como de otras organizaciones y comunidades.

En esta jornada electoral las vías están comprometidas a una elección de continuidad de Estado. Donde las reglas de la gobernanza criminal perfilan que varios de los candidatos estarán vinculados a la delincuencia organizada y en el que otros están en riesgo por no responder a intereses fácticos.

Cabe señalar que la violencia generalizada en el país no es de hoy, ni del actual régimen de gobierno, sino que viene de por lo menos el año 2006, con el exPresidente Felipe Calderón y se mantienen a la fecha. Tres sexenios han pasado, es decir 18 años en que los pactos de impunidad se sostienen y tienen sumergido a Chiapas y todo el territorio mexicano en una crisis de violencia y muerte.

La permisividad y complicidad de los poderes político, económico e ideológico propician un territorio idóneo para que operen los poderes fácticos criminales, configurando de esta manera un escenario de macro-criminalidad, lo cual desarma la narrativa que viene de las altas esferas de los gobiernos estatal y federal con la pretensión de construir una realidad manipulada y distorsionada donde no pasa nada.

En estos tiempos de desasosiego, en este Encuentro Entrelazando La Esperanza, los procesos organizativos y comunidades con las que caminamos nos interpelan, animan y convocan a no desfallecer en la lucha, a seguir construyendo desde los espacios inmediatos, a fortalecer nuestras alianzas y apuestas por la vida, con respeto total a la Madre Tierra.

Estando consientes que no será fácil, que la lucha es de larga duración y requiere la unidad de todas y todos, mujeres, hombres, jóvenes, manteniendo los principios fundamentales de la buena vida, en donde se expresen las diversidades de formas de espiritualidad, cultura e identidad, basados en la memoria colectiva, la verdad y la justicia, que es parte del devenir de las manifestaciones más humanas que los pueblos originarios nos han dejado, como parte de la construcción de la paz en un sentido de integralidad.

Desde el Frayba en sus 35 años, reconocemos la impronta profética de jTatik Samuel y su apuesta de caminar junto a las comunidades. Nosotras y nosotros refrendamos el compromiso con la lucha y defensa de los derechos de los pueblos, agradecemos la confianza y el amor que nos ha abrazado durante estos años, les decimos que estamos aquí enraizados junto a ustedes con su digna lucha que nos alienta e infunde esperanza en el caminar hacia la libertad, para derrumbar los sistemas de opresión.

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[1] Estrategia contrainsurgencia implementada por el Estado mexicano derivado de la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

28 de febrero de 2024

Boletín No. 06

Hemos visto muchos caminos de autonomía…

También hemos visto cómo se conecta la memoria y el dolor.

Brigadista Civil de Observación

29 años las Brigadas Civiles de Observación en Chiapas.

Un movimiento de construcción de la Paz

• Llamamos a la solidaridad nacional e internacional a seguir poniendo sus ojos y oídos en la grave crisis de derechos humanos que se vive en Chiapas.

Tras el ¡Ya Basta! del 1 de enero de 1994, la reacción del Estado fue la violencia militar y paramilitar. Desde 1995, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) puso en marcha el Plan de Campaña Chiapas 94[1], cuyo objetivo fue acabar con la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), creando paramilitares. Las consecuencias de este plan, dirigidas principalmente en contra de poblaciones civiles fueron desastrosas, originando acciones de violencia y terror que derivaron en violaciones graves a los derechos humanos.

El 28 de febrero de 1995, el Obispo Samuel Ruiz García, hizo un llamado urgente a la solidaridad nacional e internacional para detener la guerra contra las comunidades zapatistas. Su llamado dio origen a los Campamentos Civiles por la Paz y más tarde, en junio de 1998, se crearon las Brigadas Civiles de Observación (BriCO), que a 29 años se mantienen como una muestra de solidaridad del mundo hacia Chiapas. Siguen siendo un mecanismo que desde abajo ha logrado un contrapeso a la violencia ejercida contra los pueblos que resisten en Chiapas; rompen el cerco de la desinformación, documentan de primera mano y disuaden agresiones.

Desde su creación han participado más de 11.000 personas de 73 nacionalidades; el Frayba ha sido apoyado por 760 colectivos solidarios que promovieron el proyecto y prepararon a las personas observadoras; 146 campamentos fueron instalados en comunidades de Chiapas con una duración desde un año, hasta más de 2 décadas, como es el caso del que está actualmente en la comunidad de Acteal.

En el último año y medio, han participado 128 brigadistas muy diversas, como en años anteriores hay más participación de mujeres y cada año se suman más personas trans o no binarias: las edades van desde los 20 hasta los 69 años.

Actualmente la espiral de violencia nacida con el paramilitarismo se ha profundizado y complejizado. Los grupos armados se diversificaron y su categorización se vuelve cada vez más difícil de definir por la opacidad en la que se desarrolla su actuar. Frente a ello el Estado sigue siendo omiso, cuando no promotor o parte de dicha violencia.

En este contexto, se mantienen 3 campamentos: se mantiene el de Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, sede de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, ubicado en el municipio de Chenalhó -región Altos de Chiapas-, un segundo en Casa Betania Santa Martha, municipio de Salto de Agua, y el campamento 4 de agosto instalado en la Comunidad de Agua Clara, Palenque -ambos en la región Norte del estado-. En ellos las BriCO mantienen la observación y documentación de la situación de los derechos humanos en la región.

El trabajo realizado desde el proyecto BriCO forma parte inherente de la acción de defensa y promoción integral de los derechos humanos y de los pueblos originarios, por ello hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional a seguir poniendo sus ojos y oídos en la grave crisis de violencia y derechos humanos que se vive en Chiapas, y seguir fortaleciendo la lucha de los pueblos por la vida con el mismo respeto que a lo largo de 29 años se ha conservado. Hoy mas que nunca su solidaridad nos sostiene.

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[1]    Disponible en: https://www.frayba.org.mx/conoce-el-plan-de-campana-chiapas-94-0

 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
25 de enero de 2024
Boletín No. 03

El Pueblo Creyente artesano de la paz

• 13 Aniversario de la Pascua de jTatic Samuel

El Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas cumple 33 años, frente a un contexto de violencia provocado por diversos grupos armados que actúan con la aquiescencia del Estado mexicano. Desde la fe, los pueblos mayas de Chiapas siguen denunciando el abuso de poder, la falta de acceso a la justicia, represión y agresión que se sufren en sus territorios.

La memoria y aprendizajes nos abrazan; el Caminante en el Corazón de los Pueblos con Memoria y Horizontes,  jTatic Samuel sigue iluminando el camino de los constructores de la paz con justicia y dignidad en el 13 Aniversario de su Pascua. El Pueblo Creyente no ha dejado de organizarse, continúa con su trabajo en las comunidades para la defensa de la vida. Su fortaleza parte del análisis de la realidad de sus comunidades en donde se construye su historia.

Desde el 16 de enero de 2023, más de 2300 personas de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia, Chiapas, se encuentran desplazadas por la agudización de la violencia que se vive en sus comunidades; el desplazamiento forzado provocado por la violencia generada por la disputa entre grupos de la delincuencia organizada por el control del territorio les ha dejado fuera de sus hogares, las personas más afectadas son las mujeres, hombres, jóvenes, niñas, niños y ancianos, mientras que el Estado mexicano incumple su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte.

Frente a este contexto es urgente que el Estado mexicano implemente medidas para garantizar la protección integral de la población civil entre quienes se encuentran servidoras de la iglesia y defensoras del territorio.

Reafirmamos nuestro compromiso de seguir caminando junto al Pueblo Creyente con el mismo espíritu de solidaridad, esperanza y humanismo que aprendimos de jTatik Samuel. Hacemos un llamado a todos los pueblos de Chiapas para seguir construyendo la paz, a la sociedad civil nacional e internacional para que con sus acciones exijan el cese a las desapariciones, asesinatos y desplazamientos forzados de la población, así como la reconstrucción del tejido social.

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