Fotos por Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú
La Ley de Deslinde y Titulación de Comunidades Campesinas fue modificada en abril, mediante la norma 32293, para permitir que se legalicen las posesiones informales de tierras comunales ocupadas entre 2004 y 2015 con fines de vivienda, cuando no estén reconocidas como territorios indígenas u originarios, o en procesos legales de reivindicación.
El riesgo se encuentra en la historia de invisibilización y criminalización contra las poblaciones campesinas; en décadas de desprotección y usurpación de sus territorios. Así, la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura solo incluye a un número mínimo del total de 7,267 comunidades registradas por el Sistema de Información sobre Comunidades Campesinas del Perú (SICCAM).
Hasta el 2016, treinta años después de la aprobación de la ley, que declara de necesidad nacional e interés social la formalización de las comunidades campesinas, aún estaba pendiente regularizar la propiedad de 2,130 comunidades.
En muchos casos, para disponer de terrenos irregularmente, se han manipulado registros de comuneros e instalado en las directivas personas ajenas a la comunidad. También se han creado comunidades de fachada, con fines de lucro. La pérdida de áreas comunales es un grave problema para las sociedades agrícolas.
En la práctica, lo que formaliza el Parlamento es el despojo de territorios comunitarios. Las comunidades campesinas tienen una legislación especial, con el objetivo de garantizar la tenencia de sus tierras. La posesión, decidida por asamblea, es posible solo para los comuneros calificados.
Según la Ley General de Comunidades Campesinas, estas son reconocidas por el Estado como instituciones democráticas autónomas en su organización, uso de la tierra, economía y administración.
Maquinaria de despojo
Las irregularidades de la normativa son múltiples. En primer término, desconoce el derecho de las comunidades a decidir sobre sus territorios. La modificatoria es contraria al artículo 89 de la Constitución peruana, garante de la imprescriptibilidad sobre territorios ancestrales.
Asimismo, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado no debe permitir que terceros los ocupen sin culminar la titulación. Y toda medida que afecte derechos de pueblos originarios debe ser sometida a consulta previa. Por la falta de este procedimiento, en 2022 el Ejecutivo del destituido presidente Pedro Castillo observó la propuesta.
Aunque carezcan de título por omisión de las autoridades, el derecho de pueblos ancestrales a la propiedad de territorios antes de la existencia del Estado es protegido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) considera que la nueva ley “da carta abierta a la expropiación de los territorios de las comunidades campesinasy permite su fragmentación”. Advierte, además, que abre la posibilidad de la expropiación de los territorios ancestrales de las comunidades nativas en la Amazonía.
“Señalamos que esta no es una medida aislada, sino que es parte de la maquinaria de despojo y violencia generalizada que es promovida por el Congreso, el Ejecutivo y todo el sistema contra los pueblos indígenas andinos y amazónicos”, recalca la organización.
Concesiones, tráfico de tierras y elecciones
De acuerdo al censo agropecuario de 2012, más de 200 comunidades campesinas de la costa del Perú se encontraban en conflictos por tráfico de tierras y superposición de concesiones mineras y agroindustriales.
Inicialmente, cuando se promulgó la legislación de las comunidades en 1987, las tierras comunales ocupadas por centros poblados no se consideraron parte del área comunal, como medida excepcional. Desde entonces, se aprobaron varias ampliaciones a la disposición.
Los especialistas señalan que lo que fue concebido como una excepción se ha convertido en una práctica que debilita la protección de los territorios comunales.
El Congreso disfraza el intento de despojo de interés en formalizar la titulación de comunidades campesinas y dar uso a las áreas improductivas. Según la web de la institución, “se beneficiará a todas las familias que residen en las tierras de las comunidades campesinas de la costa que fueron poseídas por estar improductivas o abandonadas”.
Entre las observaciones a la legislación, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) recomendó al Parlamento que esta conlleve procedimientos claros y garantías para procesos regulares.
Sin embargo, no se estableció un reglamento, por lo que la aplicación sería inmediata. Las comunidades estiman que, durante el período de campaña política para las elecciones de autoridades regionales y nacionales en 2026, la entrega de títulos de propiedad de viviendas se usará para captar votos.
Las rondas campesinas -las organizaciones a cargo de la seguridad en zonas rurales- manifestaron su rechazo a la medida. Los pueblos temen que se originen más conflictos territoriales debido a esta nueva amenaza a la débil seguridad jurídica de territorios ancestrales.
Entre los Andes del sur de Ecuador se encuentra Nabón, un cantón de la provincia del Azuay. Aquí avanza el extractivismo amenazando con devorar los páramos, contaminar aguas y despojar a comunidades ancestrales. El Valle de Shincata y los páramos del Cerro El Mozo, son parte de la región que irriga con su vital líquido a comunidades enteras y hoy se han convertido en el epicentro de un conflicto socioambiental, donde una reciente alerta emitida por el Frente Nacional Antiminero (FNA) cataloga la situación como de “máxima amenaza”.
Los orígenes de este conflicto se desprenden de la presencia de empresas mineras transnacionales como la canadiense Lucky Minerals que, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), de la provincia de Azuay, esta empresa “conforman un bloque de 12 concesiones contiguas” en la región.
Aunque en el boletín de prensa del FNA se menciona que Lucky Minerals fue expulsada en 2022 por la acción comunitaria, también advierte sobre su anunciado retorno. Esta empresa canadiense de exploración minera, con su “Proyecto Fortuna”, representa la punta de lanza del interés extractivo a gran escala en la zona, buscando principalmente oro y otros minerales, tal y como rezan sus propios informes de la transnacional.
El FNA sostiene que esta empresa concentra más de 55 mil hectáreas en las zonas de los páramos de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Azuay. Según esta organización de comunidades en resistencia, las tierras han sido apropiadas a través de testaferros y, además, a ello se suman “al menos tres hidroeléctricas”, denuncian en un comunicado difundido este miércoles (30).
En la provincia de Azuay existen al menos tres hidroeléctricas que suministran energía a diversos centros urbanos, ellas son: Mazar, Paute-Molino y Sopladora, que forman parte del Complejo Hidroeléctrico del Río Paute. Junto a la central Minas San Francisco, suministran el 40% de energía que consume el país según informes el Ministerio de Energía y Minas de Ecuador.
Como se reconoce incluso en documentos oficiales como el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de la parroquia Cochapata (2020), esta zona forma parte del Corredor de Conectividad Sangay-Podocarpus, un área de importancia estratégica para la conservación de la biodiversidad andino-amazónica.
Los páramos configuran una zona considerada única por su diversidad biológica, ya que alberga especies endémicas y también por su adaptación a las condiciones extremas de altitud, son cruciales para el ciclo hidrológico. Legalmente, esta región está catalogada como Bosque y Vegetación Protectora, que la propia legislación ecuatoriana considera que “son áreas vitales para la conservación de la biodiversidad, la regulación del clima y la protección de recursos hídricos”.
Las comunidades inconformes alertan que la presencia de concesiones mineras, la deforestación para monocultivos, ganadería intensiva y la proliferación de la minería ilegal muestran todo lo contrario y, más bien, las autoridades han iniciado una persecución judicial contra las comunidades que resisten. “Ahora al menos 20 comuneros de Azuay y Zamora Chinchipe se encuentran en una situación judicial de emergencia perseguidos por las élites nacionales, quienes amparados en un gobierno que defiende sus intereses y los intereses transnacionales de Lucky Minerals”, sostienen en su comunicado.
Esta estrategia de criminalización no es nueva, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) documentó en 2011 al menos siete casos de comuneros que enfrentaron un juicio por sabotaje y terrorismo tras protestar contra la minera Explorsur S.A. (Grupo El Juri) en el páramo de Shincate.
Tras el acoso judicial que sufren diversos integrantes de estas comunidades en resistencia, también señalan que hay “varios hacendados del Azuay y otras provincias” que, mediante guardias privados, se están posesionando de tierras históricamente comunitarias, presentándose como dueños de los páramos.
Además, el FNA es explícito al denunciar un incidente ocurrido el 16 de diciembre de 2024 donde intervino la guardia privada de un hacendado, tras incumplir acuerdos sobre extracción de pinos y realizar deforestación masiva, “disparó armas de grueso calibre contra pobladores de Nabón” que exigían pacíficamente el retiro de maquinaria.
Los comuneros denuncian que en la región reina la impunidad y la facilidad con la que se obtienen títulos de propiedad bajo el protectorado del sistema judicial y una constante persecución de los defensores ambientales.
Frente a este escenario, las comunidades sostienen una férrea resistencia en defensa de sus territorios, sus fuentes de agua y sus formas de vida. La expulsión de Lucky Minerals en 2022, mencionada en el boletín, es un hito significativo de esta lucha colectiva, por tanto, están alertas a su posible retorno.
La exigencia puntual de las comunidades y del FNA es clara: el cese inmediato de las actividades destructivas (minería legal e ilegal, agroindustria expansiva), la salida de los actores privados que han invadido los páramos, el retiro de las acusaciones contra los defensores y la garantía de protección integral para el Bosque Protector del Valle de Shincata y del Cerro El Mozo.
A partir de este martes (1) y hasta el 20 de abril, la Red Internacional de Apoyo a los Presos Políticos Mapuche de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) mantendrá una Campaña de Solidaridad Internacional con el objetivo de visibilizar la creciente criminalización, persecución y represión contra el movimiento autonomista del pueblo originario por parte del Estado de Chile.
La Red denuncia que el actual gobierno chileno, bajo la administración de Gabriel Boric, ha intensificado la militarización en favor de grandes empresas forestales y energéticas, por lo cual busca busca exponer las agresiones contra el Wallmapu (territorio ancestral mapuche) y la vulneración sistémica de los derechos del pueblo mapuche.
Acorde a un comunicado difundido el martes (1), esta situación está siendo agravada por una campaña de desinformación mediática que estigmatiza la resistencia mapuche y la presenta como una amenaza terrorista, deslegitimando sus demandas históricas por la autonomía y territorio. A la vez, el aumento de la represión estatal intensifica la detención arbitraria de autoridades ancestrales, como los machi, lonko y werken del pueblo mapuche.
Esto ocurre en medio de la promulgación, en febrero pasado, de la Ley Antiterrorista 21.732, la cual sustituye la normativa impuesta durante la dictadura de Augusto Pinochet, y que, argumenta la Red, transgrede los principios básicos de respeto a los derechos humanos y buscar sembrar miedo y zozobra en las comunidades mapuche.
“Todo parece indicar que es un nuevo instrumento persecutorio ya que no sólo no define qué es una conducta terrorista -más allá de los insuficientes criterios que quedarán al arbitrio de jueces, fiscales, policías y autoridades políticas, sino que tampoco establece con claridad quién la determina y bajo qué contextos, evidenciando que no es más que otra ley al servicio de los poderosos que mantienen invadido el Wallmapu criminalizando así el legítimo derecho a la resistencia en contra de la opresión.
Ante ello, la Red convoca a las expresiones en resistencia, comunidades en lucha, organizaciones locales, nacionales e internacionales para sumarse a la Campaña de Denuncia Internacional con el objetivo de señalar la profundización de la persecución política que ha aumentado la cifra de presos políticos mapuche, a más de 100 en la actualidad, y frente a la amenaza de su incremento con la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, como ha sucedido con el caso de Héctor Llaitul.
“La lucha por la reconstrucción de la Nación Mapuche, particularmente la de comunidades y expresiones autonomistas como la CAM, entienden que el problema principal es la presencia e invasión del capital empresarial en el Wallmapu”, sostiene el comunicado al argumentar que el Estado chileno trabaja para desacreditar la resistencia Mapuche al presentarla como actividad terrorista.
La Red Internacional sostiene que la lucha mapuche por su terriotorio ancestral, el Wallmapu, “es uno solo, de océano a océano”, al convocar a unir esfuerzos para la reconstrucción del tejido social y político ancestral mapuche.
En la región Agreste del estado de Pernambuco, nordeste de Brasil, más específicamente en la región del Planalto da Barborema, formado por un conjunto de tierras altas, el viento sopla fuerte y constante. En estas tierras se asentó hace nueve años el mayor complejo eólico del Estado, el Vientos de São Clemente, perteneciente a la empresa Casa dos Ventos, que integra a Echoenergia, una subsidiaria del grupo Equatorial, formado por grandes fondos de inversión, como es el Black Rock, con sede en Nova York.
Cuando la empresa llegó provocó conmoción en la región con promesas de progreso. “Hubo una festividad. Se decía que la región iba a ayudar en el desarrollo de la nación, y en la transición energética”, se acuerda João do Vale, agente de la Comisión Pastoral de la Tierra en Brasil.
No tardó mucho, alrededor de un año tras la instalación de los 120 aerogeneradores en tierras campesinas de los municipios de Pedra, Capoeiras, Caetés y Venturosa, para que la gente se diera cuenta de que las promesas no se cumplirían y de los impactos que estaban causando.
Los aerogeneradores, en parte, fueron instalados muy cerca de las casas, en muchos casos a tan solamente 100 o 150 metros, lo que condicionó a los campesinos a vivir con un ruido constante, arriba del permitido por ley, en las 24 horas del día. Además de un polvo blanco lanzado por las aspas que, según relato de los campesinos, causa problemas respiratorios y en la piel.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una sentencia inédita, declaró la responsabilidad internacional del Estado de Ecuador por la violación a los derechos a la propiedad colectiva, a la libre determinación, a la identidad cultural y a un ambiente sano de los pueblos Tagaeri y Taromenane en aislamiento voluntario en la Amazonía occidental ecuatoriana. La decisión abarca también otros pueblos en aislamiento en la misma región.
La CIDH ordenó la adopción de medidas dirigidas a reparar las violaciones a los derechos humanos de estos pueblos. Este es el primer caso en el cual la CIDH examinó las particularidades de la protección a los derechos de pueblos en aislamiento.
En su decisión, reafirmó que el principio de no contacto y el respeto a su elección de permanecer en aislamiento deben ser las premisas fundamentales para guiar las acciones estatales. De manera que, el Estado debe tomar medidas para evitar el contacto con estos pueblos y para evitar que terceros vulneren su decisión de vivir en aislamiento.
En 1999, el gobierno ecuatoriano creó la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT) como una zona de conservación vedada a todo tipo de actividad extractiva. La delimitación de esta área no se concretizó sino hasta 2007 por medio de un decreto que estableció, además, una zona de amortiguamiento de 10 km de ancho circundante a toda la ZITT en donde se limitan las actividades económicas.
La zona en donde se encuentra la ZITT es conocida por su riqueza petrolera y existen numerosos pozos petroleros alrededor de ella. Las violaciones a los derechos de los pueblos aislados se centran específicamente en dos zonas de explotación: los Bloques 31 y 43, por una parte, y el Campo Armadillo, por otra parte.
La mañana de este miércoles (12), cientos de campesinos del Bajo Aguán, hombres y mujeres sin tierra del departamento del Yoro e indígenas lencas realizaron una manifestación en la ciudad de San Pedro Sula, en el marco del “Foro de Derechos Humanos y Empresas”, realizado con el apoyo de la Unión Europea en la Cámara de Comercio e Industrias del departamento de Cortés, en la costa atlántica hondureña.
La protesta fue convocada por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), la Plataforma Agraria del Aguán y el Movimiento de hombres y mujeres sin tierra de Yoro para rechazar lo que consideran el “lavado de imagen” de gremiales empresariales como la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER), el Consejo Hondureño de Empersa Privada (COHEP) y la Asociación Nacional de Industriales (ANDI).
Acorde a los manifestantes, estas gremiales cobijan a empresas que, “durante décadas se han dedicado a atacar a personas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos, y al sistema de justicia de nuestro país, promoviendo golpes a la institucionalidad del Estado, corrupción y violencia para convertir el sistema de justicia y seguridad de Honduras en un sistema de impunidad y persecución”.
Durante la movilización, los participantes rechazaron la utilización de lenguaje de Derechos Humanos para lavar la imagen de las gremiales empresariales, a quienes señalan por estar “manchados con la sangre de defensoras y defensores de derechos humanos y del pueblo hondureño”.
Mediante comunicado, las organizaciones convocantes señalan que las empresas participantes del foro “dependen de la impunidad para despojar a las comunidades indígenas y campesinas de sus territorios, su agua y tierra, con fraudes de ley y con violencia”.
Texto: Radio Zapatista | Fotos: Teia dos Povos | Vídeos: Teia dos Povos e Radio Zapatista
Enquanto no planeta o ódio, a intolerância e a imposição do mundo único se propagam como vírus, no Brasil milhares de pessoas se reúnem na VIII Jornada de Agroecologia da Bahia, organizada pela Teia dos Povos, uma grande aliança negra, indígena e popular do campo e da cidade, para refletir sobre o estado do nosso mundo, continuar construindo autonomias e celebrar a grande pluralidade de formas de ser, viver, resistir e criar vida fora da lógica do capital e do Estado.
A Teia dos Povos nasceu em 2012 perante a compreensão de que nem os povos indígenas, nem os povos afrodescendentes, nem os povos camponeses, nem os sem-terra, nem as luchas populares urbanas poderão enfrentar sozinhos a espoliação e a violência de um sistema cada vez mais voraz. Foi assim que começou a construção dessa grande articulação de movimentos sociais autonomistas de baixo e à esquerda no campo e na cidade, que hoje inclui um grande número de núcleos em dez estados do país.
A Teia dos Povos se organiza em núcleos de base — territórios onde se constrói e defende a autonomia — vinculados em rede por meio de elos da teia — organizações, coletivos e indivíduos sem um território próprio, que servem de apoio e vinculação entre os diferentes núcleos. Cada dois anos, a Jornada de Agroecologia reúne milhares de membros dos povos indígenas, afros e populares do campo e da cidade para continuar construindo essa grande articulação de autonomias.
Esta VIII Jornada aconteceu pela primeira vez na cidade de Salvador, Bahia: a cidade mais negra do Brasil, com uma população em torno a 80% afrodescendente, com uma rica cultura derivada de séculos de resistência em um contexto de racismo sistêmico e de repressão por parte das forças policiais, que na Bahia são as mais mortais do país, como denunciou Thiago Torres durante a Jornada. Com o tema “Aliança do campo e da cidade para o combate à fome e à pobreza”, a VIII Jornada reuniu vários milhares de pessoas de diversos estados do Brasil, do 29 de janeiro ao 2 de fevereiro de 205.
Ancestralidade viva
Os povos resistem e constroem outras realidades a partir da sua própria visão de mundo, diferente e oposta à imposta pelo capitalismo, e da sua conexão com uma ancestralidade que é o fundamento dessa visão. Assim, entre as reflexões e denúncias das diversas violências sofridas pelos diferentes povos reunidos, a celebração da ancestralidade está sempre presente. É por isso que a inauguração da Jornada no 29 de janeiro começou com um ritual de apertura dos povos indígenas e outro dos povos pretos:
Trata-se de uma espiritualidade nunca desvinculada do político, uma espiritualidade que dá sentido à luta pela vida e pelo cuidado dos territórios, em sua dimensão sagrada tão diferente do pensamento utilitário capitalista. Uma espiritualidade que celebra a vida com alegria, com os orixás, inquices e voduns africanos e os encantados indígenas e outras entidades dançando, celebrando, lutando, resistindo e reexistindo entre os vivos.
Pensar com o coração
Reflexão para a luta, o pensamento crítico coraçonado é fundamental para a construção de alternativas de base no contexto da “tormenta”, da crise civilizatória atual. Entender a conjuntura atual no Brasil e no mundo, que põe em risco a própria vida no planeta, é tarefa imprescindível dos povos em luta. Assim, a Jornada começou com uma análise da conjuntura na plenária, seguido de grupos de discussão denominados malocas de saberes, com os temas: terra e território, saúde, educação e agroecologia populares, entre outros. Ali se discutiram não apenas as problemáticas, mas também as iniciativas para recuperar e defender a terra e construir a autonomia nos diversos territórios, que vão de aldeias indígenas a quilombos afrodescendentes, assentamentos do MST, periferias urbanas e outros.
Além disso, acadêmicos e pesquisadores de todo o Brasil se reuniram em mesas temáticas para compartilhar seus trabalhos, lançando um olhar outro sobre a realidade dos territórios a partir da valorização dos conhecimentos e saberes das próprias comunidades. Os eixos temáticos incluíram: educação do e no campo, educação contextualizada e educação popular; agroecologia, câmbios climáticos e sistemas agroflorestais; ancestralidade, cultura e arte; conflitos territoriais, meio ambiente, Estado e sociedade; soberanias populares.
Mulheres, juventudes, infâncias e outros amores
Para a Teia dos Povos, como para o zapatismo, as mulheres são fundamentais na construção de outras realidades. Em plenária, a terceira noite do encontro, as mulheres realizaram uma grande roda onde, depois do canto coletivo, dialogaram sobre diversos aspectos da sua vida nos territórios, suas organizações e suas iniciativas comunitárias, assim como as estratégias coletivas para enfrentar o patriarcado e o papel da mulher na luta por terra e território.
Nessa roda de mulheres apresentou-se também uma nova iniciativa: a criação do Coletivo TransTeia, no qual se organizam as pessoas trans em sua luta contra a LGBTfobia e a violência de gênero. Discutiu-se a presença “transcestral” e de outras corpas dissidentes na Teia dos Povos. Denunciou-se a violência que sofrem as dissidências sexuais no Brasil, país que nos últimos 16 anos consecutivos ocupa o primeiro lugar em assassinatos de pessoas trans e travestis. Com poesia, dignidade e alegria apesar de tudo, foi declarado inaugurado o Coletivo TransTeia.
Para a Teia dos Povos, a juventude é também fundamental. Nesta VIII Jornada de Agroecologia, a juventude foi responsável por honrar as companheiras e companheiros ausentes, aquelas e aqueles que se encantaram nos últimos anos. Centenas de jovens realizaram um cortejo com cantos, estandartes e ferramentas de trabalho para celebrar a vida das e dos ausentes, terminando com uma grande roda onde os jovens fizeram demandas coletivas e compartilharam experiências e criações artísticas.
As crianças não podem faltar, nunca. Na Jornada criou-se um Terreiro Lúdico onde, além dos muitos jogos e brincadeiras, houve contação de histórias, leitura de livros educativos, uma visita a uma biblioteca móvel, distribuição de livros, uma exposição da Rede de Zoologia Interativa e teatro de fantoches.
Rede de Capoeiristas da Teia dos Povos
A capoeira é uma arte marcial anticolonial criada pelos escravizados no Brasil em sua luta pela liberdade, a partir de tradições ancestrais africanas. À diferença de outras artes marciais concebidas como meios de combate frontal em situações de guerra, a capoeira é uma arte dos subalternos, uma arte de combate furtiva, clandestina: uma guerra de guerrilhas. É por isso que a manha, o engano, o jogo que esconde o ataque supressivo, o mistério, a magia, o poder do encantamento são a própria essência da capoeira: a mandinga. Jogo, dança, música, acrobacia, luta e ancestralidade se misturam numa arte que vai muito além de uma simples técnica de combate, com um forte vínculo com as práticas espirituais de matriz africana.
Durante a Jornada, inaugurou-se a Rede de Capoeiristas da Teia dos Povos, considerada fundamental na autodefesa dos povos, que por sua vez é uma das dimensões essenciais da construção da autonomia. Para celebrar a criação da Rede de Capoeiristas, realizou-se uma grande roda de capoeira na qual participaram diversos mestres e mestras, mulheres, homens e crianças.
Sem dança não há revolução
Sem dança não há revolução, dizem que dizem. Nada mais verdadeiro nesta VIII Jornada, em que a dança, a música e a celebração da vida foram onipresentes. Perante a espoliação, a dignidade; perante a violência, o respeito e a alegria; perante a competição e o lucro, a solidariedade e o comum; perante a morte, a vida; perante a dor, a dança. Em todo lugar, em todo momento, grandes ou pequenas rodas de música e dança, celebração e vida, surgiam, planejadas ou espontâneas.
Um dos momentos mais alegres foi o samba de roda Quixabeira da Matinha, composto por agricultoras e agricultores da comunidade quilombola Matinha dos Pretos, com 35 de luta e resistência, com músicos autodidatas que receberam o conhecimento dos mais velhos e por sua vez o transmitem aos mais jovens.
Também esteve presente Bule-Bule, músico, repentista, escritor e poeta, referência das tradições musicais nordestinas e companheiro da Teia dos Povos. Com a gente também esteve o compositor, cantor e músico Mateus Aleluia, originário de Cachoeira, guardião de saberes ancestrais do povo negro e um dos mais importantes compositores da música popular brasileira.
Soberania alimentária e a arte de compartilhar
Um dos principais eixos da Teia dos Povos é a soberania alimentar, assim como a cultura da compartição, da coletividade e da solidariedade. As muitas caravanas organizadas de uma grande diversidade de geografias do Brasil montaram refeitórios comunitários autônomos com alimentos cultivados nos territórios, oferecendo café da manhã, almoço e janta para os milhares de pessoas presentes na Jornada. Comer em coletivo, compartilhar histórias, agradecer as muitas mãos e corações que possibilitaram essa abundância generosa e solidária virou, assim, um ato político de construção de outra forma de viver e de nos relacionarmos, em um mundo regido pela lógica do lucro a qualquer custo.
Ao longo de todo o evento, houve também uma Feira Agroecológica dos Povos, com membros de diversas comunidades, assentamentos, quilombos e aldeias da Teia dos Povos vendendo artesanato, alimentos e todo tipo de produtos produzidos pelos povos organizados.
Literatura e poesia
Evidentemente, não poderia faltar uma feira literária, onde se lançaram livros publicados pela Editora da Teia dos Povos e outras editoras companheiras e independentes, como a Glac Edições, além de debates, leituras e um sarau poético no qual, entre muitas e muitos outros poetas, se apresentou o companheiro Nelson Maca (leia/escute a entrevista com Rádio Zapatista em agosto de 2016).
A proposta política da Teia dos Povos é, em muitos sentidos, semelhante à construção zapatista e, sobretudo, à proposta da Sexta Declaração da Selva Lacandona: a criação, fortalecimento e multiplicação de autonomias locais, cada uma de acordo às suas formas, e sua vinculação em rede, com o fim de criar um sujeito político global capaz de enfrentar o sistema de morte que vivemos. As ressonâncias, portanto, entre a construção da Teia dos Povos e o zapatismo são mais que evidentes. Em 2021, a editora da Teia dos Povos publicou o magnífico livro Por Terra e Território, de Joelson Ferreira e Erahsto Felício, que examina as diferentes áreas da autonomia concebidas pela Teia dos Povos e os desafios por construí-las nos seus territórios.
Agora, no livro Sonhando a Terra do Bem Virá, com prefácio de Joelson Ferreira, um dos idealizadores e impulsores da Teia dos Povos, Alejandro Reyes discute as diferentes áreas da autonomia zapatista, suas origens, seu processo de construção, seu funcionamento e os muitos desafios que ainda enfrentam, além de um breve percorrido histórico desde a fundação do EZLN em 1983 até as mais recentes mudanças nas estruturas do governo autônomo e a iniciativa do comum.
En portada: Campesinos de la cooperativa El Chile dentro de la recuperación de tierras que mantienen desde enero del 2023. Foto: Santiago Navarro F
Región norte de Honduras, en las entrañas del Valle de Aguán, hombres fuertemente armados y vinculados al crimen organizado emplean una serie de estrategias de hostigamiento hacia campesinos que han recuperado las tierras de sus ancestros y que estaban en manos de empresas de la industria de la palma aceitera.
Mientras las fuerzas del orden fungen como meros espectadores, la violencia arrecia, dejando como saldo el asesinato de tres activistas, más de 160 familias desplazadas y cientos de personas viviendo en refugios temporales. Diversas organizaciones alzan la voz desde Europa y responsabilizan a varias empresas.
El escenario de violencia se desencadenó desde finales de 2024, donde figura la Corporación Dinant, productora de aceite de palma, como la principal demandante de las tierras que, arguye, son de “su propiedad”.
Las acusaciones contra Dinant no son nuevas. La empresa ha estado en el centro de controversias durante más de una década. Ha sido acusada de tener una vinculación con actos de violencia, asesinatos y amenazas hacia líderes campesinos y defensores de los derechos humanos. Organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han denunciado estos abusos, pero las medidas concretas por parte del gobierno de Honduras, bajo la administración de Xiomara Castro, siguen siendo insuficientes.
En portada: Para las tareas de vigilancia en comunidades, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampíscuenta con el grupo de control socioambiental Charip.
El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) denuncia el intento, por parte de la empresa estatal Petroperú y el Gobierno Regional de Loreto, de imponer la explotación de un lote petrolero en su territorio.
En las últimas semanas, el gobierno regional y la Petroperú organizaron reuniones en comunidades amazónicas, con el fin de convencerles de participar en una consulta previa para la ejecución del lote 64 del oleoducto, comprendido en el proyecto Situche.
El GTANW, que reúne a 85 comunidades y representa a 16.000 personas, ya posee un historial de lucha contra las operaciones del oleoducto norperuano, una muestra del desastre ambiental, social y cultural causado por la actividad petrolera en la Amazonía.
Esta infraestructura cruza los territorios de siete pueblos indígenas, afectando en su trayecto a 95 comunidades nativas, desde la Amazonía hasta la costa norte peruana.
Entre 1997 y 2023, el oleoducto norperuano registró 139 derrames, de las 1.462 emergencias reportadas por instituciones públicas en este período, según un informe del Grupo de Trabajo de Impactos de Hidrocarburos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
PUELMAPU ARGENTINA: Cobertura Especial sobre los incendios y la represión al pueblo Mapuche en El Bolsón. Detenciones, allanamientos, y criminalización de los pueblos que luchan por la vida, el territorio y la esperanza. Fuente: FM Quimunche, FM Alas en Bolsón y la Red enfoques.
OAXACA Y GUERRERO: Platicando con el Observatorio Memoria y Libertad sobre las y los presos políticos en la región mexicana. La injusta prisión de dos profesores indígenas de San José Independencia en Oaxaca y el caso de Kenia Hernández, mujer indígena presa de la 4T por protestar junto a su comunidad en el Estado de Guerrero. Fuentes: Observatorio Memoria y Libertad | Presos políticos de San Jose Independencia | Libertad para Kenia
