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Noticias de Abajo

(Español) Noticias de abajo 15 de noviembre 2023

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Noticias de abajo 15 de noviembre 2023

(Descarga aquí)  
  • PANAMÁ: Panamá en crisis por el extractivismo minero. 4 semanas de paro contra las mineras y las leyes que el mal gobierno ha impuesto para defenderlas. Represión y muerte ha sido la respuesta a las demandas populares. ¿Qué es el discurso del odio? Con información de Radio Temblor.
    https://www.radiotemblor.org/que-es-el-discurso-de-odio/
    https://www.radiotemblor.org/panama-en-crisis-por-el-extractivismo-minero/
  • BOLIVIA: En la línea de FUEGO. Voces de San Buenaventura Y Rurenabaque.
    El portal de fuga radial desde Bolivia nos comparte un audio reportaje muy impactante de la situación desesperante que viven con los incendios en la Amazonia boliviana y la nula respuesta del Estado y autoridades. https://fugaradial.org/
  • PALESTINA: Informe de la situación en Gaza en reporte del embajador de Palestina en Argentina.
    https://palestina.int.ar/
    .
  • GUERRERO: Entrevistas a damnificados del Huracán Otis en la costa de Guerrero. Por Mar.
  • CDMX: Comunidad de San Gregorio Atlapulco exige que la Biblioteca Comunitaria sea entregada al Pueblo.
  • CHIAPAS: Libertad para Manuel Gómez, preso por ser zapatista
    Episodio de #Notifrayba sobre la detención de nuestro amigo Manuel Gómez Vázquez, rehén del gobierno de Chiapas, recluido injustamente por ser zapatista, desde hace dos años y once meses.
    https://archive.org/details/notifrayba_manuel_alta
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Avispa Midia

(Español) Comunidad El Roto Viejo se inunda tras la crecida de río Salinas en Sayaxché

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Fuente: Avispa Midia

Por Elmer Ponce

Siete comunidades de Sayaxché, Petén, ha perdido sus cosechas por las lluvias de los últimos días. Las familias han tenido que dejar sus casas y buscar refugio, porque el nivel del agua creció tanto que es imposible mantenerse en ellas. Las autoridades reconocieron no tener la capacidad para atender la emergencia.

Las intensas lluvias de un segundo frente frío en Guatemala y la creciente del río Salinas dejaron inundadas varias viviendas en la comunidad de El Roto Viejo, en la microrregión de Tierra Blanca, en Sayaxché, Petén.

Esta pequeña comunidad de 800 personas, integrada por unas 144 familias, ha tenido que dejar sus casas por que el agua las inundó a tal grado que ya no pueden permanecer en ellas, por lo que han buscado refugio en los albergues habilitados en la zona, en escuelas o iglesias.

Otros tienen sus viviendas en alto y se resguardan ahí de la lluvia que no cesa.

Pese a la emergencia, hay quienes prefieren permanecer en sus casas, para cuidar sus pertenencias, pues lo poco o mucho que posean es el fruto de los esfuerzos logrados por su trabajo. Colocando sus pertenencias en las vigas o en el tabanco como los locales les denominan.

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La Vía Campesina

[Podcast] PEASANT VOICES | Episode 3 – At the heart of Food Sovereignty

Listen to Episode 1 and Episode 2.

Discover the Urgency of Food Sovereignty in our New Podcast!

Join Morgan Ody from France and Beatrice Katzigazi from Uganda as they explore the concept of Food Sovereignty from their unique perspective rooted in their daily lives as peasant farmers. This concept, introduced into international policy-making spaces by social movements like La Via Campesina in the late ’90s, has evolved into a critical response to the crises that impact our planet and humanity today.

(Descarga aquí)  

At its core, Food Sovereignty defends the right to healthy and culturally appropriate food, produced sustainably and ecologically. It empowers people to define their own food and agriculture systems, ensuring small-scale food producers’ control over essential resources such as land, water, seeds and biodiversity.

Morgan and Beatrice discuss how Food Sovereignty offers a pathway to overcome the crises of climate change, biodiversity loss, and environmental threats. It’s not just about agriculture; it’s about shaping a society that addresses the major crises of our time. It opposes the “solutions” of the global elite, which place greater emphasis on food security and often lead to land grabbing, thus threatening small-scale farmers.

If you’re curious about how a return to localized food production, traditional knowledge, and community empowerment can help address the world’s most pressing issues, this podcast is a must-listen.

For other episodes from the series, click here

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Noticias de Abajo ML

No

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Rompiendo Fronteras

  • PALESTINA: Un mes de genocidio en Palestina por el Estado de Israel y más de 70 años de ocupación militar. Más de 10 mil víctimas mortales, de las cuales más de 4 mil son infancias.
  • PANAMÁ: Tercera de semana de movilizaciones masivas en el contexto del paro contra la minería. Exigen cancelación de contrato minero.

Desde el ombligo del monstruo::.

  • CDMX: Otomies en resistencia y rebeldía resisten ante intento de desalojo en su lucha por la vivienda digna y contra el olvido. Bloquean avenida por más de 20 días y doblegan al gobierno. Tercer aniversario de la TomaINPI, ahora la Casa de los Pueblos.
  • GUERRERO: Costa de Guerrero es destruida por huracán Otis categoría 5. Ante ineficiencia del gobierno y militarización, el pueblo se organiza. Más de 800 cientos mil personas.
  • CHIAPAS: Comunicados zapatistas anuncian cambios en la estructura de sus autonomías y llaman a actividad en zona rebelde por los 30 años del levantamiento.
  • OAXACA: Convocan a Faena por los presos de Eloxochitlan de Flores Magón el 18, 19 y 20 de noviembre.
  • JALISCO: ¿A dónde van los desaparecidos? Ante una grave crisis de desapariciones forzadas en el país. Madres buscadoras de Jalisco encuentran un crematorio clandestino, el tercero en el estado.

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Avispa Midia

(Español) Sectores de derecha en Perú quieren desconocer a indígenas que viven aislados en la Amazonía

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Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

Fotos: Indígenas que viven en aislamiento en Perú. Fuente: Ministerio de Cultura de Perú

Los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI) que habitan en territorios del Perú son amenazados por la expansión de proyectos extractivistas. Desde el Estado y gremios empresariales, se intenta desconocer su existencia para sumar concesiones de infraestructura y explotación de hidrocarburos, minerales y madera.

Se estima que 7,500 indígenas (5,200 sin contacto y 2,250 en contacto inicial), distribuidos en unos 20 pueblos originarios, viven aislados en áreas remotas de la Amazonía peruana.
Para su protección, en 2006 se promulgó la Ley 28736 (Ley PIACI), que dispone la creación de reservas en zonas de asentamiento temporal y tránsito de las comunidades nómadas.

Se trata de la única norma que los resguarda en las ocho naciones suramericanas que comparten la selva amazónica, donde se tiene referencias de 114 pueblos aislados, de las cuales 60 han sido confirmadas, según el Observatorio Regional Amazónico.

Desde entonces se crearon dos reservas para pueblos en aislamiento. De otras cinco planificadas con este objetivo, solo dos son adecuadas para las comunidades indígenas. Otras seis se encuentran en la etapa de solicitud.

En comparación con la experiencia reciente en Ecuador del “Sí” al Parque Nacional Yasuní, una histórica consulta popular que rechazó la actividad petrolera que afecta a la reserva, habitada por pueblos transfronterizos, “existe una gran diferencia en cuanto a la batería de acciones legales y campañas políticas activadas en el lado peruano”, observan Guisela Loayza y Eduardo Pichilingue, de la alianza Cuencas Sagradas.

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Marcos Arana, Observatorio del Derecho a la Salud

Latin America and the Palestinian Genocide

By: Marcos Arana, Observatorio del Derecho a la Salud

Condemning Israel for its crimes is not an act of anti-Semitism. With its unconscionable cruelty and insensitivity to the lives of children and other civilian population, Israel betrays the fundamentals of Judaism in which there is one commandment above all others, and which speaks of the importance and power of empathy: “You shall not oppress a stranger, for you know the heart of a stranger: you were strangers in the land of Egypt” (Shemot 22:20).

With its disregard for the lives of the Palestinians, the State of Israel is severely undermining the moral authority and symbolic value that the world conferred on the Jews at the end of World War II for their sacrifice and resilience; and whose testimony should have been for all humanity, a perennial reminder that the atrocities they suffered was a crime that should never be repeated. However, instead of honoring the history of the millions of European Jews who were exterminated, the Israeli government distorts the narrative to justify the dispossession and slaughter of Palestinians, as well as to manipulate the blame that persists among the leaders of countries that were passive, silent or collaborators in the face of Nazi barbarism. Israel blackmails to ensure support and impunity for its criminal excesses and violations of
international law, as well as to neutralize the ability of the United Nations to stop them.

The United States and the European Union guarantee Israel’s impunity to perpetrate the same kind of excesses that these very same countries committed during the darkest moments of their colonial histories. Their complicity prevents the ceasefire and endorses the genocide in Gaza and the West Bank. The position of these governments will fill them with shame and blame in the future for having been collaborators in one of the greatest mass crimes of recent history. One day they will have to be held accountable for repressing and ignoring the clamor of their citizens demanding a halt to Israel’s aggression. In this way, the governments of these countries have not only allowed, but helped the State of Israel to misuse the name and history of a victimized people to become the executioner.

The military escalation carried out by Israel against Gaza is much more than an act of excessive punishment; it constitutes a premeditated and long-planned action to take advantage of the Hamas attack as a pretext to implement a final solution to the Palestinian problem; similar to the “Endlösung der Judenfrage” or final solution that the genocidal Nazis executed against Jews and Gypsies. At this moment, the Israeli government is implementing a final solution against the Palestinians; the scenario has changed, it is no longer the Warsaw Ghetto or the Ukrainian Galizia; now it is Gaza. It is no longer the swastika, but the blue star on the Israeli flag. The solution is to annihilate the Palestinians from the cradle and the womb of their mothers and throw the survivors into the Egyptian desert. This is the plan, meticulously carried out by Israel. Biden, Macron, Sunak, Scholz and other European leaders endorse it, and form the circle that protects the lynching.

To carry out the “Final Solution,” the Germans coordinated and perpetrated the murder of the Jews of Europe. They murdered the Jews by implementing policies that led to starvation, disease, random acts of terrorism, mass shootings and death by gassing. The difference is that in the Palestinian Holocaust, the sacrificial fire comes from American weapons.

Fortunately, Israel does not represent all Jews. Tens of thousands of Jews are opposing the ethnocide, marching and raising their voices to demand that Israel stop the massacre and to say “Not in our name!”. Jews for Peace, who demand Israel to stop the massacre of Palestinians, remind us of the dignified difference between the Germans who joined in breaking windows and denouncing Jews and those who hid and protected the persecuted at the beginning of World War II.

It is not acceptable that the millions of people around the world who oppose the genocide and dispossession of the Palestinian people are powerless to stop the genocide. We can demand that Latin American governments withdraw their ambassadors to Israel and break diplomatic relations. The Colombian president Petro already warned about this possibility. While finishin writing this text, the Bolivian government announced its decision to cut diplomatic ties with Israel in an energic statement denouncing Israel genocidal military operation against palestinians. Hopefully other countries in the region will make the same desion.

We need to claim diplomatic isolation and economic boycott against Israel. We urge that Netanyahu and Yoav Galant, the defense minister of Israel to be formally charged as war criminals and arrest warrants against them are issued. They should not be allowed to travel, that they be isolated, singled out, charged, that they not go unpunished.

And along with the other war-mongers, who have launched a war of extermination against the Palestinian people, they are also guilty of distracting the whole world from the urgent task of fighting a global climate cataclysm. Their war machines are accelerating their intensity at breakneck speed. Their war machines are  also murdering all of us.

Octubre 29,2023.
observatoriosalud@gmail.com

Cover photo: EPA

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Avispa Midia

(Español) Perú: Crisis hídrica, extractivismos e inseguridad alimentaria

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Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

Foto de portada: Red de Comunicación Regional

En riesgo de acceso a alimentos se encuentra la mitad de la población peruana, situación profundizada por la crisis hídrica a causa del fenómeno El Niño. La sequía ha ocasionado pérdidas de miles de hectáreas de cultivos este año y afectado las reservas del líquido, por lo que en septiembre el gobierno declaró en estado de emergencia 544 distritos, pertenecientes a 14 regiones.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), el 50% de habitantes del Perú vive en condiciones de inseguridad alimentaria, uno de los índices más altos de América Latina. En 2022, el país registró la mayor cifra de Suramérica, con 16,6 millones de personas que carecían de alimentos nutritivos.

En este contexto, en los últimos meses el precio de algunos productos de primera necesidad se incrementó en niveles no registrados en las últimas dos décadas, debido a fuertes precipitaciones e inundaciones en zonas costeras. El valor del limón llegó a subir hasta en 500%. La variabilidad del clima se percibe en escenarios laborales: hay 8,5 millones de personas en peligro elevado de no poder cumplir sus actividades económicas por el déficit hídrico, advierte la Sociedad de Comercio Exterior del Perú.

El retraso de las lluvias en los Andes y el Altiplano, que se esperaban en septiembre, causó estragos. En Puno, la región más golpeada por la sequía, se perdieron cerca de 17 mil hectáreas de cultivos. Según la Encuesta Nacional de Siembras, no se cosecharon 9 mil hectáreas de quinua, lo que representa la cuarta parte de la producción esperada. De papa, un alimento básico en gran parte del país, se estropearon 5 mil de las 60 mil hectáreas trabajadas. La crianza de alpaca para textiles y la ganadería son otros de los sectores perjudicados por la sequía en el sur andino.

Sequía en el Perú. Foto: Agencia Andina

“El período 2022-2023 fue crítico, no hubo lluvias a tiempo, la producción agrícola fue afectada, se había anunciado esta situación, son cíclicas. Ahora ya llegaron las lluvias, serán de corto tiempo, de acuerdo a nuestras observaciones, y la tercera siembra, a finales de noviembre, será mejor. En las comunidades hay técnicas de acumulación de agua que al Estado no le importan como políticas públicas, creen que la tecnología occidental lo resuelve todo. El Ministerio Agricultura debería considerar nuestras observaciones y técnicas. Hay cuencas para almacenamiento para tiempos de sequías”, declaró para Avispa Mídia el vocero del Consejo de Autoridades Originarias, Mallkus, Jilacatas y Mama Tallas de Puno, Rubén Apaza Añamuro.

Un efecto notorio del cambio climático en el Altiplano es la disminución del nivel de agua del emblemático lago Titicaca, que este año descenderá hasta 80 centímetros como consecuencia de temperaturas altas durante el día, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Entre las implicancias sociales, especialistas observan un posible éxodo migratorio de la población puneña.

Agua para extractivismos y contaminación de cabeceras

El uso del agua en el Perú lo acapara la agroindustria. La Autoridad Nacional del Agua precisa que este sector emplea el 87,7% del líquido, mientras que a la población se destina el 9,9%. La minería utiliza el 1,5%, sin embargo su impacto se amplifica al dañar las cabeceras de las cuencas. El 38% de proyectos extractivistas en el Perú se localiza en territorios indígenas y campesinos, y el 56% en áreas sobre los 3 mil metros de altura, donde nacen los ríos.

“La agroindustria se centra en la costa norte, en los Andes principalmente son las mineras las que concentran el agua. Atentan contra las cuencas. Al Estado no le interesa si contaminan el pasto para producción ganadera. Los ríos se ven amarillentos, por los residuos de óxidos, y esto se transmite a los pastos, luego a los lácteos, por lo tanto afecta a todo el país. Hay que evitar especialmente la contaminación en las cabeceras de cuencas, nosotros como comunidades ponemos énfasis en esto”, añadió Apaza, autoridad originaria de la provincia puneña Huancané.

Al respecto, en septiembre, el relator especial de la ONU para los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, Pedro Arrojo, subrayó que la destrucción de acuíferos, humedales y bosques húmedos se debe principalmente a la minería. El informe alerta que las consecuencias son devastadoras: el 31% de la población del Perú (más de 10 millones de personas, de las cuales el 84% son menores de edad), enfrentan riesgos cotidianos de contaminación por metales pesados y otros tóxicos.

Como alternativa de conservación, la Sociedad Peruana de Alpacas Registradas propone la creación de un organismo autónomo de protección de los bofedales andinos y altiplánicos. “Queremos resaltar de que de estos bofedales nacen los pequeños ríos que al final originan los grandes ríos que desembocan en el lago Titicaca”, señala un representante de la organización. Puno, Cusco y Arequipa albergan más del 50% de bofedales del Perú, de acuerdo al Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña.

Entre la ausencia de lluvias y las perforaciones de pozos para minería, se vienen secando estos tipos de humedales altoandinos, lo que se suma a la sequía en períodos cada vez más frecuentes y al descenso de las reservas.

Foto: Red de Comunicación Regional

“Hay experiencias para evitar que se produzcan ecocidios, hay países que han sido arrasados, al sistema de producción no les interesa las personas, los seres vivos, nosotros actuamos desde la madre naturaleza para asegurar nuestras actividades. Confrontamos abiertamente el modelo extractivista neoliberal que considera los recursos naturales como instrumentos de uso para enriquecerse, nosotros consideramos que la naturaleza, la madre Tierra tiene vida. Las élites promueven semillas transgénicas, no piensan en la convivencia, como autoridades originarias, nosotros, los pueblos indígenas y campesinos, estamos haciendo que las formas de vida y producción estén en armonía”, acotó Apaza.

En semanas recientes la situación ha obligado a racionar la distribución del agua a la población, en más de la mitad de las 25 regiones, entre ellas Lima. El 10% de peruanos carece de agua potable y se ve obligado a pagar un mayor precio. La cuarta parte de los 25 departamentos recibe el servicio menos de doce horas al día.

En este panorama de escasez hídrica y crisis climática, hay voces desde el Ejecutivo y el Congreso que sugieren la privatización del agua en Lima. Para la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, hay que “analizar si lo mejor es la reestructuración o la privatización”.

Cuando la gestión privada del recurso fracasó en la única región donde se aplicó, Tumbes, que presenta el indicador más bajo de acceso, con apenas siete horas diarias, el abastecimiento de agua en la capital, Lima, la segunda ciudad más grande del mundo asentada en un desierto, así como en el resto del Perú, entra a un debate abierto por representantes de grupos de poder aliados al régimen de Dina Boluarte.

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CONGRESO NACIONAL INDÍGENA-CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

Alto a la guerra contra los pueblos de MéxicoCO Y EL MUNDO, HACIA LOS PUEBLOS ZAPATISTAS Y HACIA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

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A los pueblos de México y del mundo,
A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,
A los medios de comunicación.

Hoy 12 de octubre se cumplen 531 años del inicio de la invasión europea a nuestras tierras y territorios, fecha que marcaría el inicio de uno de los mayores genocidios en la historia de la humanidad y de la salvaje globalización capitalista que ha sido impuesta a todos los pueblos del mundo; pero también se cumplen 531 años del inicio de la resistencia y la rebeldía de nuestros pueblos en contra de esta interminable guerra de invasión y conquista capitalista patriarcal; y 27 años de haberse fundado el Congreso Nacional Indígena como el espacio de lucha y unidad de los pueblos originarios de México,

Actualmente el mundo vive en medio de grandes guerras como lo acreditan la masacre y el exterminio que en estos momentos lleva a cabo el ejército de ocupación israelí en contra del pueblo palestino en la franja de Gaza y en Cisjordania. De guerra en guerra y por medio de ellas el capitalismo global se reproduce cotidianamente.

México, a pesar de los disfraces y mentiras que brotan del gobierno de la Cuarta Transformación, no es la excepción y los cifras que describen la violencia y la guerra son elocuentes: más de 156 mil homicidios dolosos, más de 43 mil personas desaparecidas y no localizadas, más de 4 mil feminicidios, 75 periodistas y 104 personas defensoras de tierra y territorio, pueblos indígenas, derechos humanos y medio ambiente asesinadas en este sexenio, casi la mitad de estos últimos participantes en el espacio que es el CNI.

México entero es un campo de guerra que se expresa en la militarización, el militarismo y el paramilitarismo exacerbados, la presencia de los cárteles criminales por doquier y la persecución, nunca antes vista, de migrantes mediante el uso de la guardia nacional y las fuerzas castrenses.

Particularmente la frontera de México con Guatemala en Chiapas, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa disputan sangrientamente el territorio, o regiones enteras de estados como Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Guanajuato, Sonora, Chihuahua, Zacatecas y Tamaulipas, viven un clima de aguda violencia bajo el control casi total de los cárteles criminales, mismo que se complementa con la ausencia de gobierno y la simbiosis entre instituciones públicas, funcionarios, mandos militares y grupos de la delincuencia organizada. Adicionalmente, en Chiapas existe un claro cerco de guerra en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y los pueblos zapatistas, escenario en el que los grupos paramilitares operan con total impunidad desde hace tres décadas y últimamente han aumentado sus agresiones contra las comunidades zapatistas, destacando  los más de 100 ataques, entre 2019 y 2023, que la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) ha llevado a cabo en contra de poblados zapatistas pertenecientes al Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde.

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Avispa Midia

(Español) Emergencia humanitaria en México es resultado de la política migratoria de Estados Unidos

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Foto de archivo. Migrantes esperan autobús en la terminal camionera. Por Santiago Navarro F

Los albergues y organizaciones de la sociedad civil que atienden y acompañan a personas migrantes y con necesidades de protección internacional denunciaron que la Ciudad de México vive una emergencia humanitaria, “producto de las políticas migratorias restrictivas que actualmente se implementan, que son insostenibles”, manifestaron en un comunicado.

Desde hace dos años las organizaciones y albergues han venido señalando las consecuencias de los cambios en la política migratoria estadounidense y la colaboración del gobierno mexicano en dicha política. “México se ha consolidado como la frontera externalizada de Estados Unidos: firmando acuerdos en la total opacidad, que han tenido graves consecuencias en los derechos humanos de las personas migrantes en territorio mexicano. A raíz de estos acuerdos, miles de personas se quedan atrapadas, irregularizadas e inmovilizadas en cada vez más ciudades de todo el país”, dicen.

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La Ciudad de México se ha convertido en un punto estratégico para el tránsito y destino de miles de personas migrantes. Lo que ha derivado en la sobresaturación de los albergues y espacios de acogida de la sociedad civil, que desde hace un año han estado atendiendo hasta en un 900% de su capacidad instalada. “Insistimos: la crisis humanitaria que actualmente se vive en la Ciudad de México es responsabilidad de las autoridades y no de las personas migrantes y solicitantes de protección”.

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Señalan que cada vez más las personas que llegan a la Ciudad de México permanecen por estancias largas e incluso indefinidas, lo que convierte a la capital en un lugar de destino y “amerita políticas públicas integrales de atención e integración”.

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Avispa Midia

(Español) Muerte y delitos contra migrantes, mientras el INM despresuriza la frontera sur de México

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Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

En portada: Familias migrantes en los alrededores de una estación de autobuses en Tuxtla Gutiérrez

Fueron 12 las personas en movilidad humana que perdieron la vida la semana pasada en diferentes momentos, pero no fortuitos. A decir de los defensores de los derechos humanos, la situación responde a una política violenta e inhumana que implementa el Estado mexicano.

El jueves 28 de septiembre, un camión tipo volteo se volcó a la altura del kilómetro 125 de la vía terrestre Malpaso-La Herradura, en Chiapas. En el vehículo viajaban hacinadas 52 personas, de las cuales dos fallecieron y 27 fueron llevadas a atención médica a Tuxtla Gutiérrez, entre ellas seis menores de edad.

Un total de 24 son originarias de Guatemala, una de Ecuador, una de Venezuela y de una persona no se logró determinar su nacionalidad.

La madrugada del 1 de octubre, una segunda volcadura terminó con la vida de 10 mujeres, de 27 personas de origen cubano que trasladaba la unidad tipo tortón. El accidente ocurrió en el kilómetro 134 del tramo carretero Pijijiapan-Tonalá, Chiapas, donde estos sucesos se han vuelto recurrentes.

Las 17 personas restantes, resultaron con heridas de gravedad: 16 fueron trasladadas al Hospital de Pijijiapan y una más fue canalizada al Hospital de Huixtla, pero la dependencia de salud permanece hermética sobre la condición de los hospitalizados.

“El Estado debe realizar una investigación pronta, exhaustiva e imparcial sobre las causas y responsabilidades de este accidente y brindar atención a las víctimas y sus familiares”, se pronunció el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur.

Integrado por diversas organizaciones con presencia en Chiapas, el Colectivo reiteró que los hechos no son aislados, sino consecuencia directa de la política que restringe, contiene y detiene los flujos migratorios.

“Es preocupante que estas políticas generen un contexto de violencia, precariedad y riesgo para miles de personas que por diversas razones han tenido que salir de sus países”, señaló el Colectivo, pues les obligan a recurrir a vías inseguras, clandestinas y expuestas al abuso, la extorsión y la muerte.

Pidió respeto al derecho a la identidad y dignidad de las personas fallecidas, facilitar la identificación y entrega a familiares, así como el traslado y la sepultura, “que se repare el daño integral a las víctimas y sus familias”.

Los defensores que integran el Colectivo exigieron justicia, pues recordaron que hace dos años en el accidente del tramo Chiapa de Corzo-Tuxtla en el que fallecieron 55 personas y 114 resultaron heridas, las familias nunca encontraron reparación del daño.

Se expande la contención en Chiapas

El pasado 26 de septiembre, el Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer que el comisionado Francisco Garduño Yáñez “despresurizó” a 8,152 personas que esperaban turno en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en Tapachula, Chiapas.

Es decir, trasladaron a las personas en movilidad humana usando 189 autobuses y 73 camionetas tipo Van a Tuxtla Gutiérrez, Huixtla, San Cristóbal y Palenque, Chiapas; además de Villa Hermosa, Tabasco y Acayucan, Veracruz.

Pero estos traslados no son nuevos, comenzaron poco después del incendio de la estancia migratoria del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua. “Los traslados se hacen desde el puente de ingreso en Suchiate hasta Tuxtla y recientemente a otros estados de la república”, explicó a Avispa Mídia Karen Martínez, del Servicio Jesuita a Refugiados.

“Oaxaca es otro de los estados que se ha estado saturando porque los autobuses también las llevan para allá, pero el INM no brinda información clara y no indica a cuántas personas ha traslado en total, tampoco hay un control”, dijo Martínez.

Las organizaciones del Colectivo de Monitoreo Frontera Sur han documentado la salida de al menos 10 autobuses a diario desde Suchiate y Tapachula, que viajan con alrededor de 40 personas a bordo.

En testimonios recabados de personas migrantes y solicitantes de asilo que llegaron a Tuxtla Gutiérrez por esta vía, el traslado se les otorga a cambio de firmar documentos en los que pierden sus derechos para regularizar su estatus o acceder a la protección internacional.

Familias migrantes en los alrededores de una estación de autobuses en Tuxtla Gutiérrez

Pero si las personas intentan irse de Tuxtla Gutiérrez a la Ciudad de México son interceptadas en alguno de los cinco retenes del tramo Chiapas-Veracruz, en los que incluso participa la Fiscalía General de la República (FGR), y son retornadas a la capital chiapaneca.

Yannet Gil Ardon fundadora del albergue “Una ayuda para ti mujer migrante” dio cuenta que las personas en movilidad que son detenidas en el norte de México también son trasladadas a Tuxtla Gutiérrez, “el INM las viene prácticamente a tirar a las terminales de autobuses y les quitan o destruyen sus documentos oficiales”.

“La nacionalidad más acentuada es de Venezuela y regularmente son familias”, dijo la defensora a Avispa Mídia. Además, mencionó que están incrementando los casos de personas desaparecidas, “llegan sujetos a las terminales a ofrecerles ayuda, se las llevan y no sabe más de ellas”.

Paran los números

Tras el incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que 40 personas perdieron la vida, la dinámica del INM cambió de forma superficial. Se anunció el cierre de poco más de 30 estancias provisionales migratorias a razón de un diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre las condiciones de las mismas.

El estudio se realiza sin tomar en cuenta a las principales víctimas de las violaciones a los derechos humanos en esos espacios y que, por años, han sido documentadas por periodistas y defensores de los derechos humanos.

Desde julio las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) no se han actualizado, pero hasta ese mes reportó la “entrada irregular” de 317,334 personas: 93,732 mujeres y 223,602 hombres.

Familias migrantes en los alrededores de una estación de autobuses en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Un total de 140,671 son procedentes de América del Sur y que supera por mucho a Centroamérica con 102,106 entradas. Con 87,063 registros, Venezuela es la nacionalidad con mayor reporte de migración irregular, seguido por Honduras con 50,655, Guatemala con 35,426 y Ecuador con 30,252, por mencionar algunos países.

Este reporte también menciona que 117,076 personas fueron detenidas en Chiapas en la primera mitad del año, con mayor número en Tapachula (58,447), Suchiate (11,541), Huixtla (11,223), Arriaga (8,859), Huehuetán (7,151) y Palenque (4,718).

Mientras que, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados publicó que hasta agosto registró 99,881 solicitantes, 33,127 más que en el mismo periodo pero de 2022. En la actualidad, Haití, Honduras, Cuba, El Salvador, Venezuela, Guatemala, Brasil y Chile, encabezan la lista.

Sin embargo, los números no muestran la realidad de la cantidad de personas esperando ser atendidas en los diferentes municipios de Chiapas. Algunos testimonios refieren que incluso no pueden hacer la cita por la plataforma digital, pues la geolocalización les pide estar en el norte del país, a donde, por más intentos que hagan, no pueden avanzar.