COMUNICADO: Con respecto a los actos de violencia perpetrados por funcionarios y grupos de choque y de interés de la Alcaldía Milpa Alta en la Asamblea del Pueblo Originario de Villa Milpa Alta

La tarde del 11 de marzo del presente año se llevó a cabo la Asamblea del Pueblo Originario de Villa Milpa Alta en la explanada de la alcaldía, con el objetivo de conformar un Comité de Vigilancia y Seguimiento para el Presupuesto Participativo 2026 y 2027.

Es importante recordar que, derivado del juicio de amparo 1069/2025, radicado ante el Juzgado Tercero en Materia Administrativa, se ordenó a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) salvaguardar los derechos colectivos del pueblo originario de Villa Milpa Alta. Como resultado de este proceso jurídico, el 16 de diciembre de 2025 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el reconocimiento de Villa Milpa Alta como Pueblo Originario.

En este contexto y en ejercicio de nuestros derechos colectivos, la Asamblea del pasado 25 de febrero de 2026 acordó convocar a una nueva asamblea en la explanada principal del pueblo con la finalidad de conformar un Comité de Seguimiento y Vigilancia del Presupuesto Participativo 2026 y 2027 emanado desde la asamblea, mecanismo que busca garantizar la transparencia, el correcto uso de los recursos públicos y la participación directa de la comunidad en las decisiones que afectan a nuestro territorio.

Una vez instalada la asamblea del 11 de marzo del presente año, se incorporaron al lugar personal de la Alcaldía Milpa Alta, así como integrantes de la COPACO. Con el ánimo de privilegiar el diálogo y la participación colectiva, a los integrantes de la COPACO se les extendió la invitación a formar parte de la mesa del presídium, con la intención de integrarlos al proceso que la comunidad se encontraba desarrollando.

Sin embargo, durante el desarrollo de la asamblea se suscitaron actos de violencia, agresiones y desorden, que atentaron contra el carácter pacífico y comunitario de este espacio de participación.

Por ello, denunciamos ante la comunidad que señalamos de manera directa a Oscar Cadena López (servidor público y COPACO), María Luisa Sánchez Cruz (servidora pública y COPACO), Jezabel Rentería (servidora pública y COPACO), Francisca Azalia Granados Rojas (COPACO), Blanca Margarita Salgado Romero (COPACO) e Iván Arrieta, así como a otras personas vinculadas a la Alcaldía Milpa Alta y a grupos de choque que cargaban armas de fuego y armas blancas identificados y señalados por los asistentes de la asamblea, estos grupos de choque propiciaron actos de violencia física, verbal y psicológica, insultando, amedrentando e incluso amenazando de muerte a integrantes del consejo, en contra de la asamblea, y la comunidad.

Asimismo, denunciamos que durante estos hechos se ejerció violencia de género, agresiones físicas contra personas adultas mayores originarias del pueblo de Villa Milpa Alta, así como el robo de parte del equipo electrónico que se encontraba en operación para el desarrollo de la asamblea, atentando contra el derecho de la comunidad a organizarse y participar libremente en sus procesos colectivos. Por lo anterior, hacemos responsable al alcalde José Octavio Rivero Villaseñor, a su estructura de gobierno y a sus grupos de choque identificados, por los actos de violencia perpetrados el 11 de marzo de 2026 y ante cualquier atentado o represalia que se realice contra cualquier integrante del consejo o miembro de la comunidad.

Reiteramos que LA ASAMBLEA ES LA MÁXIMA AUTORIDAD de decisión comunitaria, y que los procesos que emanan de ella buscan fortalecer la organización social, la transparencia en el uso de los recursos públicos y el bienestar colectivo de nuestra comunidad.

Hacemos un llamado a todas y todos los habitantes de Villa Milpa Alta a informarse, participar y defender los procesos comunitarios, a no permitir que la Alcaldía Milpa Alta irrumpa en los procesos que son propios de la comunidad, recordando que la organización del pueblo es fundamental para garantizar el respeto a nuestros derechos colectivos, nuestra historia y nuestro territorio.

Villa Milpa Alta es Pueblo Originario, y su voz se expresa a través de la asamblea.

La autonomía y la libre determinación es un derecho que no debe violentar la Alcaldía.

Consejo Comunal Indígena Nahua de Villa Milpa Alta

Malacachtepec Momoxco, Pueblo originario de Villa Milpa Alta a 12 de marzo de 2026

Comunicado del CIPOG-EZ, pueblos, autoridades comunitarias, ejidales y comunales de Guerrero por el asesinato del Ing. Tomás Augusto Lozano Analco y de Francisco Bonilla, ciudadanos de la Casa de los Pueblos del municipio de Ayutla de Los Libres, Guerrero

AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA
AL CONSEJO INDIGENA DE GOBIERNO
A LAS REDES DE RESISTENCIA Y REBELDÍA
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LA EUROPA INSUMISA
A LA MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN – SEXTA
A LOS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES E INDEPENDIENTES

04 de marzo de 2026

Como pueblos y autoridades denunciamos la violencia que sigue creciendo en nuestro estado de Guerrero. Condenamos el asesinato del Ing. Tomás Augusto Lozano Analco, y de Francisco Bonilla, ciudadanos de la Casa de los Pueblos del municipio de Ayutla de Los Libres, Guerrero.

Los dos ciudadanos fueron atacados a balazos a las 19:00 horas el día 03 de marzo de 2026, cuando hombres armados del grupo criminal «Los Ardillos» rafaguearon la camioneta en la que viajaban, después del puente Omitlán, cerca de Tierra Colorada, en el municipio de Juan R. Escudero, sobre la vía que comunica con Tecoanapa y Ayutla de Los Libres.

Responsabilizamos directamente al grupo criminal «Los Ardillos» por estos asesinatos. Señalamos directamente a Daniel Rosas Martínez, quien se autonombra coordinador de comisarios de la zona rural de Acapulco, Tecoanapa y Tierra Colorada, pero quién actúa como operador de «Los Ardillos» en la región, obligando a comunidades a participar en narco-bloqueos en la Autopista del Sol y manteniendo el control en la región a través del terror.

Además, denunciamos la complicidad directa de autoridades locales con “Los Ardillos”, como el director de la policía de Juan R. Escudero, César Ramírez, al igual que el presidente municipal, Óscar Sánchez Luna.

La expansión territorial de «Los Ardillos», así como su control de municipios y carreteras, ocurre con el permiso y la complicidad del Estado. Frente a los ojos de la Guardia Nacional y el Ejercito Mexicano, los criminales se mueven libremente, instalan retenes, bloquean carreteras y asesinan y desaparecen personas a plena luz del día, con total impunidad. En lugar de desarticular a «Los Ardillos», funcionarios del gobierno federal y estatal se sientan con ellos públicamente para negociar y ceden a sus demandas de criminalizar a quienes defendemos la vida.

«Los Ardillos» son responsables del asesinato de 70 integrantes del CIPOG-EZ, la desaparición de 25 más, así como el asesinato de los 13 policías comunitarios de El Cortijo, todos crimenes que siguen impunes. Además, han asesinado, torturado y desaparecido menores de edad, campesinos, comerciantes, ganaderos, transportistas, políticos, personas de la tercera edad, hombres y mujeres. En los últimos días, también han lanzado ataques violentos con drones contra las comunidades de El Charco, Tlayolapa y Ochoapa, donde los pueblos se organizan para defender su territorio frente a la violencia narco-paramilitar. Esta ola de violencia no es nueva; forma parte de la guerra de exterminio que viven nuestros pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos de Guerrero, y que se ha intensificado en los últimos 25 años.

Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno por permitir la expansión de esta organización criminal. El Estado mexicano ha dado luz verde a asesinatos, desapariciones y bloqueos, mientras quienes defendemos la vida y la madre tierra somos perseguidos y asesinados. El Estado sigue haciendo caso omiso, desprecia y discrimina a nuestros pueblos indígenas, violando nuestra cultura, nuestra lengua y nuestra forma de vida comunitaria mientras protege a los criminales que nos matan.

Exigimos justicia para todas las víctimas y la desarticulación de las organizaciones criminales que operan con impunidad en nuestro estado, así como una investigación que sancione a los responsables de estos crimenes. Convocamos al pueblo en general a una movilización urgente para defender a la vida, nuestros pueblos y territorios y nuestro sistema de seguridad comunitaria.

Llamamos también a las redes nacionales e internacionales, pueblos organizados, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos a mantenerse al pendiente de la situación.

Hacemos responsable al Estado mexicano de la guerra de exterminio que viven nuestros pueblos y de cualquier agresión, atentado o persecución contra nuestras comunidades, asambleas y sistemas de seguridad comunitaria, así como contra los integrantes y promotores del CIPOG-EZ, quienes luchamos por la vida.

¡NO NOS RENDIMOS, NO NOS VENDEMOS Y NO CLAUDICAMOS!
¡VIVAN LOS PUEBLOS QUE LUCHAN Y RESISTEN!

Atte.
PUEBLOS Y AUTORIDADES COMUNITARIAS, EJIDALES Y COMUNALES
DE 85 COMUNIDADES DE AYUTLA 
PUEBLOS Y AUTORIDADES COMUNITARIAS, EJIDALES Y COMUNALES DE LA MONTAÑA ALTA, MONTAÑA BAJA Y COSTA CHICA DEL ESTADO DE GUERRERO
CONSEJO INDIGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA

A LAS MUJERES QUE LUCHAN
A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
AL PUEBLO DE MÉXICO Y MICHOACÁN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL ESTADO MEXICANO

Comunidades originarias y afromexicanas de Michoacán, a 2 de marzo de 2026.

El día de hoy se cumple un año del nacimiento del Consejo Supremo de Mujeres Indígenas de Michoacán (CSMIM), conformado por compañeras autoridades tradicionales, Consejeras de Gobierno, Jefas de Tenencia, Comisariadas Comunales y Ejidales y mujeres indígenas que luchan, es por ello que alzamos la voz en el marco del DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, jornada global de lucha, reflexión y movilización para visibilizar las desigualdades, la violencia de género, las injusticias en contra de las mujeres y en general, por un mundo más justo.

En este contexto, pedimos la LIBERTAD de nuestra hermana MARÍA CRUZ PAZ ZAMORA, quien desde el 5 de junio de 2024 fue privada de su libertad, DETENIDA INJUSTAMENTE, mujer indígena originaria de la comunidad de Ocumicho, defensora de los bosques, impulsora de los derechos de las mujeres, p’urhépecha enraizada en su comunidad, en la cual día tras día trabajaba por el bien común.

Exigimos al Poder Judicial de Michoacán que cese de criminalizar a las defensoras del medio ambiente, y que conceda la libertad a Maricruz, toda vez que proteger a la Madre Naturaleza y luchar por el Territorio y los derechos de las Mujeres NO ES UN DELITO.

NO A LA REPRESIÓN, NO ALA DISCRIMINACIÓN, las mujeres no debemos de ser blancos fáciles de un sistema de justicia racista, clasista y deficiente, que las autoridades judiciales no esperen años para que Mari obtenga su libertad. A la compañera Maricruz la esperan sus raíces, su comunidad, su familia, pero sobre todo, sus hijos, ella es padre y madre, mujer autónoma y trabajadora, debe de estar al lado de sus hijos forjando su educación y el devenir de su comunidad.

Maricruz merece como todas las mujeres, el derecho de vivir en paz y libre de violencia en todos los espacios que habitamos, el derecho de que nadie nos cause daños o sufrimientos psicológicos, físicos, patrimoniales, económicos o sexuales. Todas las autoridades deben de condenar la violencia en contra de las mujeres y aplicar las medidas apropiadas para erradicarla.

El caso de la compañera María Cruz Paz Zamora, ejemplifica como este sistema en que vivimos., reprime, encarcela y aísla a las mujeres por ser indígenas, por ser pobres y por luchar. Libertad para la defensora de los bloques Maricruz.

CONSEJO SUPREMO DE MUJERES INDÍGENAS DE MICHOACÁN #CSMIM

Foto de portada: CSIM

A quienes integran la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio
Al Congreso Nacional Indígena
A las redes y resistencias, quienes vemos al ejemplo zapatista un camino por donde caminar juntos

El día de hoy, 1 de marzo del 2026, alrededor de las 2:30 pm, arribaron al pueblo de Loma de Bácum de la tribu Yaqui tres patrullas de la MARINA persiguiendo a dos personas que se escondieron en la comunidad, con una total falta de respeto a las leyes propias del pueblo, los marinos se introdujeron de manera violenta ante lo cual la población comenzó a alertarse y a congregarse.

La Guardia Tradicional emplazaba a los elementos de la MARINA a que se estableciera un diálogo ante la situación, ya que de acuerdo a las leyes internas, los militares no pueden entrar al territorio sin autorización y acompañamiento de las autoridades tradicionales, sin embargo, los uniformados detonaron al menos en 20 ocasiones sus armas en contra de la población, si bien no hubo heridos, este ataque es súmamente grave.

Posteriormente llegaron al pueblo alrededor de 10 patrullas del municipio de Cajeme así como policía estatal.

Aproximadamente a las 4:00 pm y ante la presión de la comunidad, todos los elementos de la marina y policía se retiraron.

Estos hechos demuestran no solo el carácter violento del Estado, también son muestra de un claro desconocimiento y violación a las formas de gobierno propias del pueblo yaqui y de todos los pueblos originarios.

Es por ello que los pueblos, organizaciones, colectivos e individuos que integramos la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio denunciamos enérgicamente la detonación de armas de fuego en contra de la población así como la intromisión y violación de las leyes propias del pueblo de Loma de Bácum.

Sabemos que el territorio yaqui es objeto de la ambición capitalista y del mal gobierno, por ello nos mantenemos alertas y hacemos responsable a los tres niveles de gobierno por estos hechos y por posibles agresiones que, a través de sus fuerzas armadas puedan ejercer en contra de nuestros compañeros. En territorio yaqui se ha demostrado que el pueblo manda y el gobierno tiene que obedecer y desde nuestros distintos territorios nos mantendremos en alerta.

Exigimos
– Respeto a la libre determinación y leyes propias de la tribu yaqui.
– Alto a la violencia del Estado en contra del pueblo de Loma de Bácum.
– Alto a la violencia del Estado en contra de todos los pueblos.

ATENTAMENTE
TIERRA, AGUA Y LIBERTAD
HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE
EL AGUA ES EL COMÚN DE LOS PUEBLOS

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 

27 de febrero de 2026

Boletín No. 02

Desplazamiento forzado y criminalización contra integrantes del CNI en Jotolá

• Libertad inmediata a Francisco Moreno y María de Jesús integrantes del CNI y cancelación de las ocho ordenes de aprehensión.
• Condiciones precarias en el lugar de refugio de 8 familias, 30 personas, tseltales, entre los que se encuentran 17 menores de edad. 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó el desplazamiento forzado de 30 personas tseltales, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), ocurrido el 12 de febrero de 2026 en el ejido Jotolá, municipio de Chilón, Chiapas. Ocho familias campesinas fueron obligadas a abandonar sus hogares con violencia extrema. Entre ellas se cuentan 17 niñas y niños, una mujer embarazada, dos personas adultas mayores y dos menores de edad con discapacidad. 

A las ocho de la mañana fue la detención de Francisco Moreno Hernández (Francisco) por la Policía Municipal. En un segundo momento a las 11.00 hrs., aproximadamente cien personas irrumpieron en la tierra donde tenían sus casas y hacían la vida las ocho familias que están desplazadas. Entre los agresores se identificó la participación de la Guardia Estatal, la Policía Municipal de Chilón, funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y del Tribunal Unitario Agrario.

El desplazamiento forzado interno dejó cinco casas destruidas, pertenencias robadas y quemadas, animales domésticos asesinados y al menos tres personas sometidas a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, en ese momento fue detenida María de Jesús Sánchez (Maria de Jesús), durante el traslado fue torturada por un elemento de la Fiscalía Indígena y amenazada con ser desaparecida.

La violencia no terminó con el desplazamiento. Se profundizó en actos de criminalización y judicialización contra integrantes del CNI. Ese día Francisco y María de Jesús fueron puestos a disposición ante el Juzgado de Control de Yajalón, en el que se les señalo que estaban acusados del delito de despojo agravado.

El martes 17 de febrero continuó la audiencia, en la cual el Juez vinculó a proceso a las personas imputadas. A Francisco se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, pese a que la Fiscalía no argumentó la necesidad de dicha medida, siendo esta la más lesiva. Actualmente se encuentra privado de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados de Yajalón No. 12. Por su parte, a María de Jesús se le impuso la medida cautelar de firma periódica semanal.

Estas acciones forman parte de una estrategia de represión contra quienes defienden la tierra y se niegan a privatizarla. La participación de estas autoridades y actores locales en este evento constituye una grave violación a los derechos humanos.

A lo anterior se suman ocho órdenes de aprehensión que buscan legitimar la violencia y el desplazamiento, aumentando la vulnerabilidad de las familias que tuvieron que huir de sus hogares y que actualmente se encuentran en riesgo su libertad y seguridad.

Las consecuencias de este ataque afectan derechos fundamentales: la integridad y seguridad personal, el derecho a la vivienda y a la tierra, el acceso a la salud —incluyendo la salud sexual y reproductiva de las mujeres— y los derechos de niñas, niños y adolescentes a vivir en condiciones de bienestar y protección. En particular, se subraya el derecho a la no discriminación en el caso de María de Jesús, mujer desplazada y madre de dos hijos y dos hijas en situación de vulnerabilidad que se agrava por la violencia y el desplazamiento.

Los impactos psicosociales son múltiples: ansiedad, miedo, insomnio, estrés, dolores físicos y agravamiento de enfermedades crónicas en adultos y personas mayores. Las infancias presentan pesadillas, decaimiento y afectaciones emocionales; un bebé de dos meses sufre vómito y diarrea, mientras que una mujer embarazada de cuatro meses padece dolores en el vientre.

El Gobierno federal y estatal son responsables de este grave desplazamiento que vulnera los derechos humanos de las familias afectadas. Deben garantizar protección, investigar los actos de violencia y asegurar justicia para quienes habitaron el ejido por más de 30 años.

Exigimos al Estado mexicano la aplicación inmediata de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU y, en consecuencia, el cumplimiento de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en Chiapas. En este marco, es urgente garantizar atención integral a mujeres embarazadas, personas adultas mayores, niñas, niños y personas con discapacidad, quienes enfrentan condiciones de extrema vulnerabilidad tras el desplazamiento forzado. Asimismo, demandamos el cese de la criminalización y el retiro de las órdenes de aprehensión emitidas contra integrantes del CNI, así como la liberación inmediata de Francisco Moreno Hernández, actualmente privado de su libertad. Resulta indispensable que se realice una investigación exhaustiva y se sancione a los perpetradores identificados cuya participación directa e indirecta en los hechos constituye graves violaciones a los derechos humanos. 

Convocamos a la solidaridad nacional e internacional a manifestarse y expresar su apoyo frente a estos actos represivos que buscan desarticular la resistencia de las comunidades indígenas en defensa de la tierra y la vida. La violencia ejercida contra las familias tseltales del ejido Jotolá es parte de una estrategia sistemática de despojo y represión que vulnera derechos fundamentales y amenaza la dignidad de los pueblos originarios.  

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JALISCO ES MÉXICO

El Río Santiago de El Salto y Juanacatlán, Jalisco se encuentra gravemente enfermo por desechos industriales sumándose a megaproyectos termoeléctricos que intensifican el sacrificio de nuestros territorios.

“El sistema criminal capitalista aplasta y barre todo lo que considera no necesario, lo que consideran que es el lastre, y el lastre son millones de seres humanos a través de la guerra y el genocidio” #EZLN

“El genocidio capitalista del narcotráfico, narco gobierno o narco capitalismo salvaje, genera 800 mil millones de dólares anuales, los bancos son los que se quedan con la mayor parte del blanqueo del capital $$$ … la estrategia no es combatir el narcotráfico, pero si utilizarlo como un instrumento de dominación militar, imponer el miedo que paralice para sostener un sistema en crisis” (Libro de Gilberto López y Rivas)

30 AÑOS DEL NACIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA, 6 ASAMBLEAS NACIONALES POR EL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO.

SEGUIMOS EXISTIENDO PORQUE AÚN RESISTIMOS.

AL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA-CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LAS REDES DE RESISTENCIA Y REBELDÍA
A LA EUROPA INSUMISA
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES E INDEPENDIENTES.

Como Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio abrazamos a nuestras hermanas y hermanos del colectivo Un Salto de Vida, quienes viven todos los días la embestida capitalista, no es suficiente con la constante contaminación de su territorio y cuerpos por parte de la industria y el mal gobierno, tienen que enfrentar la cruenta violencia criminal que les arrebata sus herramientas de trabajo para defender la vida y les arrebata la tranquilidad.

Hoy hacemos nuestros sus dolores, su digna rabia y con énfasis hacemos nuestras sus exigencias.

A continuación, como asamblea abrimos espacio a su voz, para que, haciendo eco de ella, resuene en todos los rincones hasta construir la justicia verdadera:

HECHOS

Agradecemos la solidaridad para nombrar lo que ocurre en nuestros territorios, porque hablar de esto no es fácil, pero es urgente.

El Domingo 22 de febrero de 2026 derivado de las acciones capitalistas de #Narcobloqueos, nos encontrábamos en acciones de observación de territorio y monitoreo de descargas industriales junto con investigadores universitarios.

Fuimos retenidos cerca de la carretera a La Capilla, en el límite con Ixtlahuacán de los Membrillos. Se nos obligó a descender de nuestra camioneta, la cual fue incendiada junto con todos nuestros teléfonos celulares y todos los equipos para el muestreo para registrar los contaminantes que son vertidos impunemente por las empresas del corredor industrial de #ElSalto. Fue una pérdida total. Afortunadamente, no pasó a mayores en relación a la integridad física, pero sí en un impacto psicosocial.

Los equipos y el vehículo quemado siempre están a disposición para la investigación, la defensa del territorio y acciones relacionadas con el vivero, reforestaciones y crianza del “Bosque del Fin del Mundo”. No es la primera vez que ocurre. Es algo al que estamos expuestos los defensores y defensoras del territorio, pero también todos aquellos que habitamos este planeta en este tiempo en donde el crimen organizado es sirviente siempre de intereses financieros y políticos de las élites que ven a la sociedad como desecho tóxico.

NIEGAN LIBERTAD EN AUDIENCIA AL COMPAÑERO FRANCISCO MORENO HERNANDEZ, MIENTRAS SE AGRAVAN LA SALUD DE LAS 8 FAMILIAS DESPLAZADAS DE JOTOLA, MPO. CHILON, CHIAPAS 

A los pueblos de México y el mundo
A los organismo y colectivos defensores de derechos humanos
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Sexta Nacional e Internacional
A l@s frimantes de Una Declaración por la Vida, en los cinco continentes
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
A los medios libres e independientes
A quienes caminan la palabra de la vida

20 de febrero de 2026

El Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Yajalón Agustín López Pérez, en complicidad con el grupo paramilitar ORCAO y el Ministerio Público, negaron la libertad al compañero Francisco Moreno Hernández en audiencia de vinculación a proceso, al argumentar que dejarlo en libertad podría representar un riesgo para las supuestas víctimas que lo acusan.

Mientras, las 8 familias desplazadas por el grupo paramiliar ORCAO encabezado por Juan Cruz Mendez, en compañía y con la protección de la Guardia Estatal de Chiapas, INPI y Tribunal Agrario, comienzan a sufrir de enfermedas por las condiciones y grave situación que estan viviendo.

Por lo que hacemos responsable a los tres niveles de gobierno, el Tribunal Agrario, la Fiscalía General del Estado de Chiapas y el Poder Judicial del Estado de las graves violaciones continuadas que estan sufriendo nuestros hermanos indígenas tzeltales del Congreso Nacional Indígena en Chiapas.

Manteniendo preso a nuestro hermano Francisco Moreno Hernández por un supuesto despojo de dos ejidatarias del ejido de Jotalá y supuestamente del panteón del ejido, cuando dichas tierras nunca han sido ocupadas por nuestros hermanos y, en cambio, fueron desalojados de las tierras recuperadas en 1994 que mantenían en posesión y con trabajo común desde hace mas de 30 años. Presentando un corrupto peritaje topográfico e inspección judicial sobre tierras que no son las que poseen los compañeros del CNI y con ello justifican el despojo agravado del que los acusan, el cual nunca les fue notificado de la apertura de la carpeta de investigación con el pretexto de que, esta muy lejos la zona y en la región se encuentran organizaciones zapatistas que se ponen muy agresivas.

Hacemos un llamado a nuestras hermanas y hermanos de México y el mundo para que exijan la libertad inmediata de nuestro compañero del Congreso Nacional Indígena Francisco Moreno Hernández y el regreso de nuestros hermanos a las tierras que les pertenecen, debiendose garantizar las condiciones adecuadas para su regreso.

¡LIBERTAD PARA FRANCISCO MORENO HERNANDEZ!
¡REGRESO DE NUESTRAS HERMANAS Y HERMANOS DESPLAZADOS A SUS TIERRAS!
¡POR LA RECONSTITUICION INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS!
¡NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS!

CONGRESO NACIONAL INDIGENA

Ante el avance de las autonomías, vuelven a resurgir las difamaciones y las amenazas de muerte en contra del portavoz del CSIM

A los Organismos Defensores de los Derechos Humanos
A los Pueblos y Comunidades Originarias
Al Pueblo de México y de Michoacán
A los Medios de Comunicación
Al Estado Mexicano

Comunidades originarias y afromexicanas de Michoacán,
a 19 de febrero de 2026.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo libre y autónomo, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por autoridades tradicionales de 80 comunidades de los Pueblos P’urhépecha, Otomí o Hñahñú, Matlazinca o Pirinda, Nahuatl y Afromexicanos, manifestamos conjuntamente lo siguiente:

Desde el inicio del presente año, se ha difundido en redes sociales una campaña sistemática de calumnias, injurias y difamaciones en contra del Consejo Supremo Indígena, y en particular, de nuestro vocero, el historiador Pavel Ulíánov Guzmán, esta es una operación financiada que tiene como objetivo el quitar legitimidad a los pueblos que luchan por su libre autodeterminación, autogobierno y autonomía, de la cual categóricamente hacemos responsables a Ayuntamientos y sus operadores políticos quienes ven amenazados sus intereses particulares o de partido.

De igual forma, han vuelto las amenazas de muerte en contra de nuestro portavoz Pavel Ulíánov, quien desde el año 2016 fue amenazado con ser desaparecido si no cesaba de apoyar a los autogobiernos indígenas, posteriormente, en el 2023 reiteradamente fue amedrentado por apoyar los procesos de autonomía, por lo que fue integrado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno de la República y subsiguientemente en mayo del 2025 nuevamente fue intimidado por luchar al lado de los pueblos, hoy otra vez sufre de nuevos ataques en su contra, incluyendo amenazas de muerte y hostigamientos con el objetivo de hacerlo desistir de la defensa de los pueblos y comunidades originarias.

En este contexto, recordamos que entre los años de 1974 y 1976, la familia Guzmán Cruz, de la que forma parte nuestro vocero Pavel Guzmán, fue víctima de desaparición forzada de 5 de sus integrantes por agentes del Estado mexicano en la denominada “guerra sucia” en contra de opositores políticos y actualmente el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos #CIDH. Por lo anteriormente exigimos:

1.- Tomar de inmediato medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de Pavel Ulianov Guzmán, de su familia y de quienes conformamos el Consejo Supremo Indígena de Michoacán.

2.- Llevar a cabo una investigación completa, exhaustiva e imparcial sobre los ataques al honor e imagen, así como por las amenazas que ha recibido el compañero Pavel Uliánov con el fin de identificar a los responsables y llevarlos ante un tribunal competente.

Finalmente, manifestamos que Pavel Guzmán Macario, es un p’urhépecha, un guerrero, un defensor del territorio y un compañero de las resistencias indígenas que no se encuentra solo, nos declaramos listos para emprender las movilizaciones y luchas necesarias para su defensa así como de las comunidades que resisten con dignidad y esperanza.

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

Ciudad de México, 19 de febrero, 2026

Al Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN
A la Nueva Estructura de la Autonomía Zapatista
A la Comisión Sexta del EZLN
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
A quienes firmaron la Declaración por la Vida
A los medios libres, independientes, autónomos, alternativos o como se llamen…
Al Pueblo de México y del mundo.

Herman@s Tod@s.

EN EL MARCO DE LAS JORNADAS PERMANENTES RUMBO A LOS 30 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA (CNI), Y ATENDIENDO EL LLAMADO QUE HICIERA EL EZLN Y EL CNI PARA REALIZAR LAS…

JORNADAS NACIONALES E INTERNACIONALES
JUSTICIA PARA SAMIR Y AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS
Del 19 al 22 de febrero, 2026

Y porque a 7 años de del asesinato de nuestro hermano Samir no hay verdad y no hay justicia, de la mal llamada 4ª tranformación. Y porque sabemos pues, que “La Justicia desde abajo solo se construirá como Memoría, Rebeldía y Organización”, hoy damos nuestra palabra…

Con Dolor y Rabia, pero con mucha dignidad, quienes integramos el Congreso Nacional Indígena, CNI-CIG, Pueblos, Tribus, Naciones y Comunidades indigenas…

DENUNCIAMOS, que a 7 años del asesinato de nuestro hermano, Samir Flores Soberanes, la IMPUNIDAD, la COMPLICIDAD y el ENCUBRIMIENTO se han hecho GOBIERNO en esta mal llamada CUARTA TRANSFORMACIÓN. Son ellos, los dueños del poder y del dinero, los responsables de que hoy a siete años no haya VERDAD ni JUSTICIA para nuestro hermano Samir Flores Soberanes. Son ellos: Valentín Lavin, Angelina “N”, Hugo Erick Flores, Humberto Sandoval, Cuauhtémoc Blanco, Uriel Carmona, Andrés Manuel López Obrador y el crimen organizado (como su garante), quienes primero lo tacharon de opositor, “radical de izquierda y conservador” y, posteriormnente, terminaron arrancándole la vida, por su legítima oposición al Proyecto Integral Morelos, y en especial por oponerse a la Termoeléctrica de Huexca.

DENUNCIAMOS, que sin importar colores del gobierno en turno, pasados o presentes, los Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas, enfrentamos una guerra de despojo y exterminio, discriminación y desprecio, militarización y muerte. No basta para ellos, depojarnos de la Madre Tierra, el territorio y el agua, también nos despojan de la Vida, como es el caso de nuestro hermano Samir Flores y Marcos Agular.

La guerra contrainsurgente en nuestros territorios, tiene como objetivo, acabar con nuestras formas de organización, con nuestra autonomía, nuestra autodeterminación y con nuestro trabajo en Colectivo; es decir, con nuestro trabajo en Común. Prueba de ello, son las agresiones y ataques paramilitares que se han registrado en los meses recientes: las comunidades de Santa María Ostula, en Michoacán; San Lorenzo de Azqueltán, en Jalisco; contra nuestr@s herman@s del CIPOG-EZ, en Guerrero; contra el Concejo Supremo Indígena de Michoacán; la criminalización de la familias en Arriaga y Pijijiapan, en el Istmo de Tehuantepec y el Corredor Interoceánico, en Oaxaca; la digna lucha y resistencia de las Mujeres Indígenas de Eloxochitlán de Flores Magón, que luchan por la Libertad de sus Pres@s Polític@s y contra el despojo de su territorio; la defensa del territorio, el agua y la Casa del Pueblo, la Tlamachtilollan, en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, CDMX; la Imposición del Cablebús y el despojo del territorio en Milpa Alta, CDMX; la digna lucha y resistencia de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca, en defensa del agua, el territorio y contra los basureros de muerte, y que en contrapropuesta, siembran vida en el “Parque Palestina”, en Puebla; las amenazas y agresiones en contra del compañero Carlos Beas y la UCIZONI, en Oaxaca; la resistencia en defensa del agua y el territorio que enfrentan nuetr@s herman@s del Consejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán, Amealco, Querétaro; la lucha y resistencía por el derecho a una vivienda digna, en contra de la gentrificación y por la No criminalización de la lucha social, que sostiene la Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX, desde la Toma INPI y, muy recientemente, los ataque, la represión y el despojo en el Ejido Jotalá, Municipio de Chilón, Chiapas, donde no sólo destruyeron sus casas y los despojaron de su propiedad, sino que detuvieron y encarcelaron al compañero Francisco Moreno Hernández, base de apoyo zapatista. Sumado a todo esto, denunciamos los ataques paramilitares, la militarización del territorio, la contrainsurgencia y el crimen organizado, que opera en territorio zapatista para acabar con la autonomía y organización de nuestros pueblos.

EXIGIMOS, UN ALTO TOTAL A LA GUERRA CAPITALISTA Y PATRIARCAL QUE SE IMPONE EN CONTRA DE LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS, LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL PAÍS.

EXIGIMOS, Presentación con vida de nuestros 43 Normalistas de Ayotzinapa desaparecid@s forzadamente por el Estado, el Ejército Méxicano y el Crimen Organizado. No están sol@s, seguiremos caminando con Ustedes hasta encontrarlos.

EXIGIMOS, la no criminalización de la digna lucha de las Madres Buscadoras, que desde nuestro modesto esfuerzo compañero, acompañamos su digna rabia y su ejemplar lucha por la vida.

EXIGIMOS, investigar la responsabilidad de Valentín Lavin, Angelina “N”, Hugo Erick Flores, Humberto Sandoval, Cuauhtémoc Blanco, Uriel Carmona y Andrés Manuel López Obrador, como los responsables del asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes.

NOS SOLIDARIZAMOS, con quienes luchan y resisten en todo el mundo contra el Genocidio al Pueblo Palestino; contra la invación al Pueblo Venezolano; contra la militarización y la guerra al Pueblos Iraní y toda nuestra solidaridad con el Pueblo Cubano y las lucha del mundo que resisten y se oponen al sistema Capitalista y Patriarcal.

CONVOCAMOS, a fortalecer el trabajo colectivo, como la semilla fértil, para construir El Común, pues…

“LA JUSTICIA QUE NECESITAMOS VENDRÁ DE ABAJO, A LA IZQUIERDA Y EN COMÚN”

ATENTAMENTE
¡Por la Reconstitución Integral de nuestros Pueblos!
¡Alto a la Guerra en contra de los Pueblos Zapatistas!
¡Defender “El Común”, es defender la Vida!
¡Agua, Tierra y Libertad!
¡Zapata Vive, la Lucha Sigue!
¡Samir Vive, la Lucha Sigue!
¡Galeano Vive, la Lucha Sigue!
¡Viva nuestra Comandanta Ramona!
¡Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos!
¿Por qué los Buscamos?, ¡Porque los Amamos!
¡Viva el CNI, Viva el CIG, Viva el EZLN!
¡Viva la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio!
¡No al Tren Maya!
¡No al Proyecto Integral Morelos!
¡No al Corredor Interoceánico!
¡Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá!
¡Hasta que la Dignidad y la Justicia se hagan costumbre!

Congreso Nacional Indígena, CNI-CIG

Esta mañana, el Congreso Nacional Indígena denunció la detención arbitraria de Leobardo Hernández Bernal, miembro de la comunidad Otomí residente en la Ciudad de México, por parte de policías y granaderos de esa ciudad.

La detención se dio el sábado 14 de febrero a las 2:00 pm. Hasta el momento de la denuncia, se desconocía su paradero. Una comisión de la comunidad Otomí se trasladó a las diversas oficinas del Ministerio Público en la Delegación Cuauhtémoc, sin obtener información sobre el compañero detenido. Tanto en la Coordinación Territorial CUAH-1 y CUAH-3 les dijeron que no se encontraba allí.

“En los Ministerios Públicos no dan informaicón. Llevamos 4 horas buscando, hemos llamado al 911 para denunciar su desaparición y tampoco contestan, en la página de registro de detenciones tampoco aparece como detenido”, denunciaron.