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Pronunciamiento Conjunto. Sobre la situación de violencia generalizada en Pantelhó y la crisis de desplazamiento forzado interno


 

 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

a 15 de julio de 2021

 

 

Organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil el 10 de julio de 2021 realizamos una misión de observación de derechos humanos en el municipio de Chenalhó, Chiapas, documentamos la situación de violaciones a los derechos humanos derivada de los impactos de la violencia suscitada durante los últimos días en los municipios de Pantelhó y los límites de Chenalhó.

Durante los últimos años, la presencia de grupos criminales que buscan el control del territorio ha impedido el mantenimiento de la paz dentro de las comunidades. Aunado a ello se encuentra la violencia estructural que se vive en el Estado de Chiapas, que ha llevado a los pueblos a generar procesos organizativos que tienen el objetivo de hacer frente al contexto de injusticia histórica.

Por lo menos de marzo de 2021 al 05 de julio se han registrado 12 personas asesinadas (entre ellas un niño y la ejecución de Simón Pedro Pérez López), una persona desaparecida y una mujer y un niño herido con arma de fuego, estos hechos han sido perpetrados por un grupo criminal de Pantelhó vinculado a funcionarios públicos municipales.

La ausencia del Estado y su falta de atención ante el aumento de la violencia hace que los pueblos vean a las autoridades más como partes del problema que de la solución, ello aunado a altos niveles de corrupción e impunidad en el Estado. Cabe destacar que es un hecho que para garantizar la construcción de la paz de manera sostenible es fundamental la voluntad y el compromiso real de todos los actores involucrados.

A partir de las visitas que realizamos en la misión de observación de derechos humanos escuchamos los testimonios de las familias y el sufrimiento por el que están pasando fuera de sus comunidades. Según los datos con los que contamos hasta el momento son aproximadamente 3205 personas desplazadas, en su mayoría mujeres, ancianas, ancianos, niñas y niños, en los municipios de Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y San Juan Cancuc.

Estas víctimas de desplazamiento forzado han enfatizado durante la misión: “Tenemos miedo y estamos preocupados por nuestras vidas y la de nuestros familiares”. Así, el hecho de haberse visto forzadas a salir de sus casas no elimina el riesgo al que se encuentran expuestas, pues temen ser perseguidas y atacadas por sus agresores que siguen presentes y operando en la región.

Se ha podido constatar que, ante la falta de actuación del Estado de instalar albergues y un mecanismo de atención integral a desplazados, la sociedad civil, el pueblo creyente y las iglesias, impulsaron campamentos para atender la grave crisis humanitaria. Preocupa el aislamiento en el que se encuentran estos campamentos ya que la falta de señal telefónica aumenta su situación de riesgo frente a una probable agresión.

Cabe destacar que dentro de las víctimas de desplazamiento se encuentran personas defensoras de derechos humanos como la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal quienes han sufrido amenazas constantes por su labor a favor de la paz y la no violencia.

Es necesario y urgente garantizar las necesidades básicas de alimentos, sobre todo: maíz, frijol, arroz, chayotes, papas, sal; así como de productos de higiene: jabón, toallas femeninas, pañales, etc., para sostener a las familias, así como el abastecimiento de leña para la cocción de alimentos en los campamentos de desplazados.

Identificamos un riesgo alto de inseguridad alimentaria pues las familias desplazadas dependen totalmente de la ayuda externa para su alimentación y se encuentran en un riesgo alto de perder su cosecha si no retornan pronto a sus comunidades. Existe preocupación por el abandono en el que se encuentran los cultivos de milpa, frijolar, traspatios y cafetales. Dichos cultivos están en desarrollo y, si no se atienden, se perderá la producción de granos básicos para la alimentación de al menos, un año. Lo mismo ocurrirá con los animales que no se están alimentando y morirán de hambre, vulnerando de esta manera la sustento de la vida comunitaria y salud de las familias. Esta situación llevará a agravar aún más la crisis alimentaria imperante desde el COVID-19.

Durante la visita, las principales enfermedades identificadas fueron casos de diarreas, deshidratación aguda, enfermedades respiratorias y fiebres. Estos padecimientos pueden complicarse en personas con un estado nutricional inadecuado y en menores de 5 años, poniendo en riesgo su vida por complicaciones como la neumonía y la insuficiencia respiratoria. Se identificaron afectaciones a la salud mental de la población: llanto, tristeza y ansiedad.

Las condiciones de hacinamiento, la infraestructura de saneamiento insuficiente y la escasez de agua representan un riesgo muy alto para el aumento de enfermedades infecciosas y diarreicas que, en niños y niñas menores de 5 años, puede ser mortal si no se asegura su adecuado estado de hidratación.

También documentamos que dos mujeres dieron a luz en la montaña, mientras huían de sus comunidades.  Es urgente asegurar que tanto ellas, como sus bebés, se encuentran fuera de peligro. Las familias han sido separadas y se reportan al menos dos menores desaparecidos en la montaña.

Adicionalmente, las condiciones actuales de hacinamiento y falta de privacidad representan un riesgo para la salud física y mental, para la violencia de género y para la aparición de casos de COVID-19.

Por tal situación, las organizaciones que emitimos este pronunciamiento exigimos a los gobiernos federal y estatal una atención integral ante la emergencia humanitaria de los desplazamientos forzados en acciones con pertinencia cultural; se propicie el retorno pronto y seguro a las comunidades con una acción planificada de reintegración comunitaria y, por último, se atienda a las causas estructurales de la violencia que posibilite el seguir construyendo condiciones para que la Paz y la Justicia sean una realidad en el territorio de Pantelhó, Chenalhó y de los Altos de Chiapas.

Todas estas peticiones se realicen de acuerdo al marco nacional e internacional de protección de derechos humanos conformado, entre otros, por: los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de Las Naciones Unidas, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobres los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley para la Atención de los Desplazamientos Internos en el Estado de Chiapas, así como las obligaciones internacionales del Estado mexicano.

 

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)

Médicos del Mundo Suiza

Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria A.C. (CORECO)

Desarrollo Económico y Social De Los Mexicanos Indígenas (DESMI)

Con el acompañamiento internacional del Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) y el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ)

PDF del Pronunciamiento conjunto aquí!!!

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Avispa Midia

Costa Rica: casi un centenar de agresiones contra recuperador@s de tierras en 2020

Por Sare Frabes

En portada: Acción para exigir justicia por el asesinato de Sergio Rojas ocurrido en 2019.

Integrantes de distintos pueblos originarios, partícipes de procesos de recuperación de tierras en la región sur del país, denunciaron que solo en el año 2020 registraron 86 agresiones en su contra.

Estos datos se desprenden del Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los Pueblos Originarios de la zona sur de Costa Rica; Enero – Diciembre 2020, presentado la semana pasada.

El documento señala el amedrentamiento y hostigamiento de finqueros, peones y otros actores, invasiones a recuperaciones, amenazas de muerte, incendios provocados y el ingreso de ganado a recuperaciones, todas acciones que forman parte de las agresiones y ataques que sufrieron los pobladores indígenas de la zona sur de Costa Rica.

Menores en frecuencia, pero no menos graves se encuentran el homicidio y el intento de homicidio. El 2020 atestiguó el asesinato de Jerhy Rivera Rivera, segundo líder indígena asesinado en menos de un año, después del homicidio de Sergio Ortíz.

El informe también denuncia el caso de Minor Ortiz Delgado, del Clan Tubolwak, quien sobrevivió a un intento de homicidio en su contra.

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El informe contextualiza el escenario en el cual se incrementaron las agresiones. Este responde al reinicio de procesos de de recuperación de tierras-territorios por parte de los pueblos originarios de la zona sur, acciones que además cuentan con sustento legal derivado de la Ley Indígena, incumplida desde 1977.

Por ello, hace 10 años el pueblo Bribri de Salitre realizó una serie de recuperaciones de tierras dentro de su territorio, las cuales habían sido usurpadas y explotadas por terratenientes no indígenas. Con el transcurso de los años, estas recuperaciones de tierras-territorios son realizadas por más pueblos, tales como el Bribri Iríria Sá Ká (conocido como Cabagra), Brörán de Térraba, Cabécar de China Kichá y Yimba Cajc (conocido como Curré).

Recuperador@s en la tierra Cabécar de China Kichá.

“Estos 10 años de resistencia directa han sido respondidos con violencia racista, patriarcal y colonial por parte de los terratenientes, cuyas fincas fueron recuperadas o por quienes se han visto amenazados con una recuperación de sus fincas. Así, los Territorios Indígenas han sido el escenario de un choque directo de visiones del mundo: la de los Pueblos Originarios y la de los terratenientes”, señala el informe.

Por su parte, días antes a la presentación del informe, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) señaló la campaña racista y de odio contra el Movimiento Autonomista y de Recuperación de Tierras Indígenas en Buenos Aires.

“En la medida que el proceso de Afirmación territorial se fortalece y aumenta, también ha crecido la violencia, en sus métodos y en sus autores intelectuales, físicos, directos e indirectos, así como sus cómplices y acompañantes”, denunció la organización indígena.

De acuerdo a la organización indígena, este señalamiento se da en un contexto de violencia racista, la cual señalan como responsable por la promoción de agresiones y el abierto llamado para atacar las comunidades y desalojarlas, así sea mediante el asesinato de l@s recuperadores.

Debido al riesgo para las comunidades indígenas, desde abril del 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar para obligar al estado de Costa Rica el “garantizar la vida y la integridad personal del pueblo indígena Teribe (o Térraba) y del Bribri de Salitre”.

No obstante, el promedio de agresiones contra las comunidades durante el año 2020 fue de mas de 7 ataques por mes.

Las agresiones

Para la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), el informe proviene de la necesidad de construcción de la memoria colectiva y popular y para enunciar los procesos de denuncia y exigencia de justicia para las comunidades originarias.

“El informe responde a un esfuerzo minucioso, veraz y serio de parte de todas las organizaciones que forman parte de la CLSS (…) y pretende ser un grito de justicia. A través de la sistematización y la construcción de datos duros se evidencia el alto riesgo en el que se encuentran los Pueblos Originarios”, compartió Nery Chaves García, autora del informe, durante la presentación del documento.

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Entre los datos que resaltaron durante la presentación del informe se encuentra que, en 24 casos de violencia contra l@s recuperadores, están involucrados agentes de la Fuerza Pública.

Un ejemplo es lo ocurrido el 4 de octubre del 2020, cuando “la Fuerza Pública presente en Yuwi Senaglö realizó un operativo en condiciones extrañas y que evidencia un ataque del ente policial contra las personas cabécares que se encuentran en el terreno recuperado desde el pasado 28 de septiembre”.

Entre las agresiones de los elementos policiacos se encuentran el arresto, así como el abuso de autoridad en contra de l@s recuperadores indígenas. También, el informe enfatiza que actualmente existen 14 personas de pueblos originarios amenazadas de muerte.

Incendio de casas en la recuperación de Kerpego, territorio China Kichá, uno de os ataques mas graves en la escalada de violencia contra recuperador@s ocurridos entre febrero y marzo del 2020.

Los datos consignados en el documento fueron recolectados mediante un monitoreo de agresiones que realiza la CLSS, la cual trabajó junto con el apoyo de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö y Asociación Voces Nuestras.

También se utilizó información brindada por diversos grupos y comunidades que son parte de procesos de recuperación de tierra– territorio en la zona sur de Costa Rica.

“A través de esta sistematización y clasificación, fue posible identificar los picos de violencia durante el 2020, las principales formas de agresión contra los Pueblos, la frecuencia en cada uno de los Territorios Indígenas y los actores más importantes en las agresiones. Estos datos pretenden aportar a la discusión política del conflicto existente en los Territorios Indígenas de la Zona Sur, pero sobre todo a demostrar evidencia popular y organizativa del profundo riesgo que acecha a los Pueblos Originarios”, resaltaron durante la presentación del documento.

Finalmente, Gustavo Oreamuno Vignet, de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, señaló que todos los crímenes realizados por particulares, así como las violaciones a los Derechos Humanos en los que incurrió el Estado de Costa Rica, hasta en la actualidad se encuentran impunes.

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Avispa Midia

Defensoras ambientales exigen cese del modelo extractivo en Chiapas

Por Aldo Santiago

“Las mujeres nos organizamos, somos el corazón de los movimientos de defensa ambiental en San Cristóbal de Las Casas y a lo largo de muchos territorios”, señalaron defensoras del agua y los humedales desde dicha ciudad en los Altos de Chiapas.

Mediante pronunciamiento, las defensoras expresaron que se reunieron para examinar los efectos económicos, sociales, ambientales y políticos de los proyectos extractivos y desarrollistas que se ejecutan en sus territorios.

Entre sus trabajos, analizaron la problemática y consecuencias de distintos proyectos extractivistas de la ciudad, tales como la extracción de grava y arena que destruyen los cerros y humedales; la tala de árboles; la invasión y el crecimiento inmobiliario en zonas de humedales; la contaminación generada por el exceso de basura; el avance de las empresas refresqueras y cerveceras, como la Coca-Cola FEMSA, así como de tiendas comerciales tales como Oxxo, Walt Mart, Chedraui, Soriana, Bodegas Aurrerá.

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En las sesiones participaron un total de 12 defensoras ambientales de diferentes barrios y colonias de San Cristobal de Las Casas, quienes también debatieron sobre la invasión de áreas naturales para la construcción de fraccionamientos; los programas asistencialistas que generan dependencia, el turismo depredador y la presencia de organizaciones del crimen organizado que, coludidas con ciertas instancias gubernamentales, intensifican todas estas problemáticas.

Según el informe “Defender los Derechos Humanos en México: el sexenio de la impunidad”, México ocupa el cuarto lugar más peligroso en América Latina para las defensoras ambientales, que día con día luchan para defender la tierra, el territorio y la biodiversidad frente a las embestidas del Estado y las empresas.

Cuerpo-Territorio

En el pronunciamiento, las mujeres defensoras ambientales de San Cristóbal de Las Casas enfatizan que “los efectos de estos proyectos impactan en el cuerpo, en la salud física, mental y emocional de mujeres niñas y niños que compartimos estos territorios, además de que generan más violencia y despojo, coartando nuestros derechos humanos fundamentales y afectando directamente la economía de a quienes se nos obliga a sostener este sistema”.

Las defensoras denunciaron también que estos proyectos son promocionados como desarrollo económico e impulsados por los tres niveles de gobierno, lo cual repercute en la generación de pobreza, violencia y sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidado para las mujeres.

“Además, intensifican la violencia machista y los feminicidios, que se han incrementado a pesar de los 5 años de la implementación de la Alerta  de Violencia de Género en San Cristóbal de Las Casas”, denuncian las defensoras.

Otro punto que destacan es la discriminación y criminalización de su “ejercicio político de participación ciudadana, no solo por el gobierno, sino también por los propios compañeros de lucha que minimizan e ignoran nuestras propuestas.

Finalmente, las defensoras ambientales exigen “el cese del modelo de extractivo que destruye todos nuestros bienes naturales y nuestras formas de vida y que nos niega la posibilidad de existir en nuestros propios territorios”.

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Avispa Midia

En Veracruz, desalojan con violencia tierras destinadas al Corredor Interoceánico

Por Ñaní Pinto

En el municipio de Tepixtepec, Veracruz, campesinos denunciaron agresiones por parte de elementos armados de la Marina, Fuerza Civil y Guardia Nacional para la implementación del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec.

Acorde a un comunicado difundido este martes (13), el pasado 8 de julio, los cuerpos de seguridad invadieron un predio de más de 140 hectáreas con la intención de desalojar las viviendas y a sus habitantes, pese a no contar con ninguna orden judicial.

“Machetean las casitas que estaban ahí de palos. Le prenden fuego a una que estaba hecha de lona, le prenden fuego a unas cosechas que estaban por ahí”, compartió Ramón García, abogado de los posesionarios legales del terreno, quienes acusan despojo por parte del gobierno federal.

L@s campesinos señalaron que los elementos armados entraron realizando disparos al aire con la intención de provocar terror entre los campesinos, quienes desde hace más de 30 años posesionaron estas tierras a la altura del kilómetro 18 de la autopista Minatitlán-Acayucan.

En el comunicado difundido, los afectados señalan que el plan del actual gobierno es generar la cultura del terrorismo de Estado “que ha sido una constante igualada con los anteriores representantes del gobierno”.

Días antes del ataque, estas mismas tierras fueron anunciadas por la administración federal como parte de uno de los 10 sitios que albergarán los denominados “polos de desarrollo del bienestar”, espacios que integran el “ecosistema de producción industrial” del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec.

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Mediante video proyectado durante la conferencia matutina de la presidencia el pasado 5 de julio, la administración federal anunció que el Programa Istmo ha formalizado la tenencia de la tierra en cuatro municipios, uno en Oaxaca y tres más en Veracruz.

“En coordinación con dependencias federales se elaboran los estudios y proyectos necesarios para su habilitación y la dotación de servicios básicos para la industria”, detalló el video presentado en la conferencia.

Uno de los polos anunciados se encuentra en Tepixtepec, en las tierras atacadas tres días después por los elementos policiacos y militares.

Sin embargo, para los campesinos, ese predio es el lugar donde desarrollan su vida campesina sembrando maíz, frijol, y otros alimentos de la tierra que sirven para el sustento de sus familias.

Además, enfatizan que cuentan con una sentencia de jurisdicción voluntaria emitido por un Juez mediante la cual se reconoce su propiedad sobre el predio. “Pero ahí en el registro público de propiedad de Acayucan, pues desapareció el folio”, lamenta el abogado García sobre las distintas irregularidades que han encontrado l@s campesinos para hacer valer su posesión legal.

¿Diálogo o represión?

“Nos daban 30 días para desalojar”, recuerda el abogado García cuando en mayo del año 2020 se les notificó la acción de compra-venta de sus tierras por parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

En aquel momento, García se encontraba en el proceso para legalizar la posesión del predio por parte de los campesinos, trámite interrumpido por las medidas sanitarias implementadas ante la pandemia por la Covid-19.

Además, l@s campesinos señalan que a partir del anuncio de compra-venta del predio, elementos de las Fuerzas Armadas comenzaron a rondar en las proximidades del terreno. También denunciaron a elementos civiles armados dentro de sus tierras.

Por ello, l@s campesinos contactaron a las oficinas del CIIT, con lo cual consiguieron agendar una reunión el pasado 2 de julio con Irma Ruth Lara Gallegos, representante legal del organismo responsable por la implementación del Programa Istmo.

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“En el enterado de esa reunión es que íbamos a estar tranquilos, en son de paz y que íbamos hacer trabajos técnicos para ver si estábamos en la posesión”, rememora García. No obstante, tres días después vino el anuncio de la conferencia presidencial y para el 8 de julio sucedió el ataque.

“(Lo) tomamos como una traición lo que nos hizo el Corredor Interoceánico”, señala el abogado de l@s campesinos afectados.

Según García, para l@s campesinos en ese momento fue claro que el gobierno federal responde a la presión de los empresarios, sobre todo trasnacionales, quienes desean certeza legal para sus inversiones en el Corredor Interoceánico.

“Entonces, tú tienes que sacar como gobierno de México: ‘Ya tengo mis cinco polos’, pero ¿Qué pasa? Unos días antes llegó un abogado a Palacio Nacional a decir, oye estamos en posesión y le compraste a un huachicolero. (Con el desalojo) lo que tienen que ir a decir es que ya está todo tranquilo”, afirma el abogado.

Negocios con delincuentes

Además de la agresión denunciada por l@s campesinos, también existe el señalamiento de que el CIIT realizó la compra de los terrenos con una persona dedicada a actividades ilícitas.

“Ricardo Cano Trueba nos ha violentado durante todo nuestro tiempo de posesionarios que llevamos en el predio. Así mismo denunciábamos que el C. Ricardo Cano Trueba junto con el alcalde de Texistepec han venido usando esos predios para el aprovechamiento del ‘Huachicol’ y que siempre han mantenido una vigilancia armada rondando por nuestra posesión”, enfatiza el comunicado.

Para l@s campesinos es evidente la actuación entre las fuerzas policiacas y militares con la delincuencia para amedrentarles.

“En los predios siempre ha habido gente civil armada, los que trabajan para el ‘huachicol’ están ahí. Cuando están trabajando andan en camionetas, en caballo, armados, pero justamente, obviamente, está todo preparado cuando llegan ellos, nada mas llegan los elementos oficiales”, relata el abogado García sobre la relación entre los distintos grupos para llevar a cabo el ataque.

Por último, l@s denunciantes responsabilizan de su seguridad, vida y cualquier otra afectación sobre sus posesiones al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, al gobernador de Veracruz y al presidente municipal de Texistepec.

A la denuncia también se adhirieron más de 30 organizaciones defensoras de derechos humanos.

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CIPOG-EZ

Denuncia de detención a integrante del CIPOG-EZ

Aproximadamente a las 10:00 horas del 13 de julio de 2021, el compañero Samuel Virgenio Germán de la comunidad de Rincon de Chiahutla, perteneciente al CIPOG-EZ, fue detenido por la policía ministerial del estado de Guerrero. Después de varias horas y gracias a la organización en nuestra región, para las 14 horas logramos su liberación.

Denunciamos que el hostigamiento de las autoridades estatales continúa hacia nuestras comunidades. Este tipo de detenciones son una consecuencia de las falsas denuncias hechas por el grupo para-militar «Los Ardillos» y respaldadas por autoridades del estado de Guerrero en contra de las comunidades que conformamos el CIPOG-EZ, aún sabiendo que quien mata, secuestra, tortura y desaparece a nuestras hermanos y hermanas, es el grupo delincuencial de «Los Ardillos».

¡Exigimos la cancelación de las órdenes de aprehensión en nuestra contra!
¡Alto a la guerra paramilitar contras las comunidades Zapatistas del EZLN!
¡Alto a la guerra narco-paramilitar contra las comunidades indígenas del CNI-CIG!
¡Alto a la guerra narco-paramilitar contra las comunidades del CIPOG-EZ!
¡Nunca más un México sin Nosotros!

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Avispa Midia

En México, 56 activistas asesinados en tres años

Por Ñaní Pinto

En portada: Simón Pedro Pérez López (centro) durante ceremonia en Acteal. Fue asesinado el 5 de julio pasado por su labor en defensa de los derechos de las comunidades indígenas. Foto de Luis Enrique Aguilar

Durante la primera mitad de la administración de Andrés Manuel López Obrador se han registrado 56 asesinatos de activistas en México. Entre las víctimas se encuentran defensor@s del medioambiente, el territorio, los derechos de la comunidad LGTBI+ y pueblos indígenas.

En contexto ⇒ México: 14 indígenas defensor@s de derechos asesinados en 2021

De acuerdo a registros de la organización Frontline Defenders, durante el año 2019 el saldo fue de 24 defensor@s de derechos humanos asesinad@s y durante el 2020 se suscitaron otros 20 homicidios.

Estos casos se suman al registro de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), institución que contabiliza 12 activistas asesinados durante los primeros seis meses del año en curso.

No obstante, los homicidios del 2021 podrían ser mayores. Registros de organizaciones no gubernamentales como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y la plataforma de Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional arrojan un saldo de 19 víctimas mortales en lo que va del año.

“Hoy en día México es uno de los países mas letales para la defensa de los derechos humanos”, señaló Sandra Patargo, representante en México de la organización Frontline Defenders, para entrevista a medios nacionales.

Por su parte, la misma organización, así como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos humanos (ONU-DH) señalaron que existen casos que no han sido denunciados ni a las autoridades, ni públicamente debido al riesgo que implica para otr@s defensor@s de los derechos humanos.

Los asesinatos de este 2021 ocurrieron en estados como Michoacán, Chiapas, Guerrero, Sonora, Oaxaca y Colima.

Otros organizaciones como la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) han documentado que las agresiones ocurridas en los años 2019-2020 fueron ejecutadas principalmente por agentes del Estado, empresas y crimen organizados, estos últimos en colusión con las autoridades de diferentes niveles.

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Avispa Midia

Chiapas | Pobladores enfrentan grupos criminales; miles desplazados por violencia

Por Sare Frabes

En portada: Familias del municipio de Pantelhó abandonan sus hogares ante el incremento de la violencia en la región. Foto por CDH Frayba

Desde el pasado miércoles (7) se han suscitado enfrentamientos armados entre grupos de autodefensas comunitarias y células del crimen organizado en la cabecera municipal de Pantelhó, informó la asociación civil Cáritas, perteneciente a la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

Así mismo, denunció que las balaceras se han extendido en la región de los Altos de Chiapas hacia comunidades del municipio vecino de Chenalhó, enmarcadas en la espiral de violencia que azota la región desde ya varios años.

En contexto ⇒ En Chiapas, denuncian asesinato de integrante de Las Abejas de Acteal

“Se habla de 26 muertos, 40 heridos, lo cierto es que la Cabecera de Pantelhó ha permanecido incomunicada, y un número indeterminado de desplazados de ambos municipios que podrían llegar hasta más de 2,000”, contextualiza Cáritas sobre el saldo de los enfrentamientos.

De acuerdo al comunicado de la asociación religiosa, las familias desplazadas se han trasladado a distintos puntos de la región, entre ellos la ciudad de San Cristóbal de las Casas, aunque la mayoría se ha refugiado en comunidades de los municipios vecinos y en la parroquia de Chenalhó, donde existen cinco centros de atención a desplazados.

Por su parte, mediante pronunciamiento conjunto, personas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional exigieron justicia para Simón Pedro Pérez López, expresidente de la Mesa Directiva de la Organización Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal e integrante del Congreso Nacional Indígena, quien fuera asesinado el pasado lunes (5).

En dicho pronunciamiento, las organizaciones denuncian que las incursiones del grupo criminal han sido acompañadas por elementos de la policía municipal y estatal. A su vez, reafirman que la operación del grupo criminal en Pantelhó forma parte de las estructuras del poder municipal y actualmente están vinculados al Partido de la Revolución Democrática (PRD) que gobierna el municipio.

“Por su parte la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) tiene conocimiento de la situación, ya que varios pobladores del municipio de Pantelhó han presentado denuncias por hechos de violencia perpetrados por grupos criminales y su vínculo con las autoridades del municipio. La Fiscalía ha sido omisa y poco diligente para realizar las investigaciones y acercar la justicia a las víctimas de esta violencia”.

Un ejemplo de la complicidad de las autoridades con la estructura criminal es la denuncia de que el pasado 6 de junio, durante la jornada electoral, testimonios denunciaron que los vehículos de la Guardia Nacional fueron conducidos por integrantes del grupo delictivo.

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La Diócesis de San Cristóbal de Las Casas también ha denunciado la reactivación de “las fuerzas que mutaron de paramilitares a crimen organizado aliados al narco gobierno que han invadido nuestro estado para controlar la resistencia de los pueblos organizados que defienden su autonomía”.

Actualmente son al menos 19 comunidades de los municipios de Pantelhó, Simojovel y Chenalhó las cuales se encuentran en un nivel máximo de riesgo ante la operación del grupo criminal.

“Hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores viven con miedo y terror debido a la amenaza que han recibido por parte de las personas vinculadas al crimen. La vida de quienes denuncian está en riesgo”, señala el pronunciamiento difundido la tarde de este jueves (8).

Familias del municipio de Pantelhó abandonan sus hogares ante el incremento de la violencia en la región. Foto por CDH Frayba

En el mismo documento explican que, debido a la nula actuación de los gobiernos federal y estatal para garantizar y proteger la vida, seguridad e integridad personal de la población, grupos de pobladores se organizaron para la defensa de la población atacada por la estructura criminal.

También enfatizaron la criminalización de dicho grupo, denominado Defensores del Pueblo, pues han sido señalados por la prensa local y nacional como otro grupo delincuencial renombrado como “los Ciriles”.

Según su documentación, el grupo criminal apoyado por la estructura municipal y policiaca “ha crecido en poder basado en los pactos de impunidad institucionales de los gobiernos, aunado a la complicidad y omisión, lo que configura aquiescencia del Estado perpetrando violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, denuncia el pronunciamiento.

Cabe resaltar que el día martes (6) se encontraron dos artefactos explosivos de manufactura casera en la comunidad Nuevo Israelita, población donde vivía Simón Pedro Pérez López.

Según testimonios de los pobladores, las casas donde encontraron los explosivos pertenecían al grupo criminal señalado como responsable por el asesinato del defensor e integrante de Las Abejas de Acteal. Acorde a la denuncia del pronunciamiento, hasta la tarde del jueves (8) dichos artefactos no habían sido desactivados, lo cual representa un riesgo para la población local.

En San Cristóbal de las Casas se convoca a una acción para exigir alto al fuego para la tarde de este viernes (9)

Por último, las organizaciones señalan que cuentan con información de actos de intimidación, vigilancia y amenazas del grupo criminal “a personas que no se han quedado calladas ante esta situación, como lo son las y los integrantes de la Organización de La Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal, así como las servidoras y servidores de la Parroquia de Santa Catarina Pantelhó, que abarca comunidades de Pantelhó, Simojovel y Chenalhó, por lo que tememos por su vida, integridad y seguridad personal. Hacemos responsable al Estado mexicano de cualquier agresión hacia ellas y ellos”.

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Avispa Midia

México: 14 indígenas defensor@s de derechos asesinados en 2021

Por Sare Frabes

Al cierre de esta edición, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas informó sobre la presencia del crimen organizado y el inminente riesgo de un ataque armado contra 120 personas desplazadas, integrantes de Las Abejas de Acteal, quienes se encuentran refugiadas en la sede de dicha organización.


En México, durante la primera mitad del 2021, 14 personas indígenas han sido asesinadas como represalia por su participación en procesos para la defensa de sus derechos, tierra y territorios.

De acuerdo a registros de la Iniciativa Global en México por los Derechos de los Pueblos Indígenas, estos crímenes han ocurrido en los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Sonora.

Mediante pronunciamiento público, las organizaciones que forman parte de la iniciativa recalcaron que las consecuencias de dicha violencia en comunidades indígenas tienen un fuerte impacto colectivo, no solo a las familias de las personas que han sido asesinadas, sino a las comunidades en su conjunto.

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“La defensa de sus derechos depende de su cohesión como pueblos, de sus asambleas e instancias de decisión comunitaria. La forma como la violencia ha irrumpido en sus territorios lastima fuertemente el tejido social y la vida que depende de ello”, enfatiza el pronunciamiento.

También señalaron la inacción de los diferentes niveles del Estado mexicano, lo cual impide la realización de investigaciones sobre los responsables de las agresiones, así como la falta de justicia y la implementación de medidas de no repetición hacia l@s sobrevivientes, las familias y comunidades.

Simón Pedro Pérez López (centro) durante ceremonia en Acteal. Foto de Luis Enrique Aguilar

El caso más reciente es el asesinato del ex presidente de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez López, ocurrido el pasado lunes (5) en el municipio de Simojovel.

Chiapas, violencia desbordada

Recientemente, debido a su trabajo como defensor de derechos humanos, Pérez López había participado como enlace para realizar denuncias sobre la operación de grupos vinculados al crimen organizado y al narcotráfico en el municipio de Pantelhó y en los Altos de Chiapas.

En contexto ⇒ En Chiapas, denuncian asesinato de integrante de Las Abejas de Acteal

En entrevista para medios locales, Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel y director de la Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, detalló que debido al activismo de Pérez López, los pobladores de Pantelhó le solicitaron su colaboración para realizar un llamado de auxilio a las autoridades estatales con la finalidad de detener el acoso y violencia de los grupos criminales.

Por ello, el 26 de junio se entregó un documento a la la Secretaria General de Gobierno del estado de Chiapas, Victoria Cecilia Flores Pérez, donde se detalla la denuncia de los pobladores de Pantelhó quienes señalan existen vínculos entre las autoridades municipales, tanto actuales como electas recientemente, con los grupos armados que participan en la distribución de drogas, venta de armas y otras actividades ilícitas.

En la carta, se denuncia a los responsables de los grupos armados y su relación con Raquel Trujillo Morales, recién electo para ocupar la presidencia municipal con el respaldo del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Además, el documento señala que durante los últimos tres años dichos grupos criminales son responsables por el asesinato de 11 personas, así como también por el desplazamiento de familias de mas de 10 comunidades del municipio.

Nueve días después, Simón Pedro Pérez López fue asesinado.

“La muerte de Simón Pedro es consecuencia de la injusticia, del narcoayuntamiento, del narcotráfico, del crimen organizado en Pantelhó”, sentenció el párroco Marcelo Pérez durante la ceremonia de velación de su cuerpo.

Imágenes de personas armadas movilizadas en los alrededores de Pantelhó. Fotograma de videos difundidos en redes sociales.

Desde la mañana de este miércoles (7) se han registrado hechos violentos en múltiples puntos de Pantelhó. Reportes en redes sociales mencionan el actuar de grupos con armas de grueso calibre y explosivos quienes tomaron caminos y catearon viviendas en la cabecera municipal y en distintas comunidades del municipio.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Chiapas informó sobre ocho efectivos policiacos y militares lesionados en una emboscada la mañana de este jueves (8).

Agresiones sistemáticas

La denuncia de los grupos integrantes de la Iniciativa Global en México por los Derechos de los Pueblos Indígenas contextualiza también casos de asesinatos registrados en otras geografías de México.

Es el caso de Oaxaca, donde el 23 de marzo fue asesinado Jaime Jiménez Ruiz, ex agente municipal de la comunidad Paso de la Reyna y quien fuera parte del Consejo de Pueblos Unidos del Río Verde (COPUDEVER), organización que defiende su territorio desde hace más de una década contra la construcción de la presa hidroeléctrica “Paso de la Reina” y el Proyecto Hidroeléctrico Río Verde.

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Debido a la organización contra dicho proyecto, en solo un periodo de tres meses fueron asesinados cinco defensores indígenas. Fidel Heras Cruz, Presidente del Comisariado Ejidal, así como Raymundo Robles Riaño, suplente del agente municipal, Noé Robles Cruz, y Gerardo Mendoza Reyes son las víctimas en una comunidad de apenas 500 habitantes.

Fidel Heras Cruz era un campesino y ambientalista que se opuso, junto con su pueblo, a la construcción de la presa “Paso de la Reina”.

Por otra parte, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán, han ocurrido cinco homicidios. Las personas asesinadas formaban parte de cinco comunidades que han decidido ejercer su derecho a la Autonomía ante la amenaza de la violencia por parte del crimen organizado en la región.

María Eufemia Reyes Esquivel fue asesinada el 4 de diciembre de 2020. El 17 de enero de 2021, Vicente Guzmán Reyes, Ambrosio Guzmán Reyes y José Luis Chávez Mondragón fueron asesinados mientras actuaban como parte de la ronda comunitaria.

Hasta la actualidad, ningún oficial gubernamental acudió al lugar de los hechos para documentar las agresiones.

“Para el gobierno del estado de Michoacán, estas muertes no han sido si quiera registradas, mucho menos investigadas. A ese escenario de ignominia, se suma el asesinato del joven Manuel Carmona Esquivel el 17 de febrero. Todas estas muertes vinculadas a la defensa del territorio que esas comunidades han emprendido en contra del control territorial que el crimen organizado quiere mantener en el territorio”, detalla la Iniciativa.

Por último, también se menciona el caso de desaparición del vocero de la tribu Yaqui, Tomás Rojo Valencia, ocurrido el pasado 27 de mayo, en el sur de Sonora.

“Días más tarde, el 21 de junio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora notificó en un comunicado público que habían encontrado su cuerpo sin vida. A este terrible hecho se suma el asesinato de Luis Urbano Domínguez el 12 de junio. Indigenous Peoples Rights International tiene información de diversas fuentes de la región, que reportan de más de 20 personas indígenas yaquis desaparecidas. El pueblo Yaqui ha sido uno de los grandes referentes de las luchas de los pueblos indígenas en México por la defensa de sus derechos colectivos como pueblos indígenas y desde hace varios años enfrenta una situación de violencia cada vez más delicada”, denuncian las organizaciones de derechos humanos.

radio
Congreso Nacional Indígena | Concejo Indígena de Gobierno

Pronunciamiento del CNI – CIG en solidaridad con Mexicali Resiste

Al Colectivo Mexicali Resiste

Al pueblo de Baja California

Al pueblo de México

A la Sexta Nacional e Internacional

A los medios de comunicación

 

Hoy, nos declaramos en alerta ante la amenaza a la libertad de las y los compañer@s del colectivo Mexicali Resiste, en el estado de Baja California, que luego librar varias batallas en contra del robo del agua, que los malos gobiernos en todos sus niveles, decidieron entregar a la empresa trasnacional Constelation Brands, en contra de todo el pueblo del estado de Baja California, enfrentan una nueva amenaza a su libertad.

 

El partido Morena, que domina el congreso estatal, impugnó la resolución en el Número Único de Caso (NUC) 02/2017/42577, del juzgado 4º.  del Sistema Penal en Baja California, en el cual la fiscalía estatal había determinado que no existen los elementos para ejercer acción penal alguna en contra de las y los compañeros, quienes no solo han ejercido sus derechos constitucionales de organización y manifestación, sino defendido el derecho al agua, o sea a la vida, de miles y miles de personas que resultarían afectadas por dicha acción neoliberal.

 

El día de hoy, 8 de julio de 2021, se celebra la audiencia constitucional como parte del amañado proceso en el que se pretende callar las voces de dignidad y esperanza, por lo que advertimos que no permaneceremos inmóviles ante cualquier acción de los malos gobiernos y responderemos en colectivo.

 

Las y los compas de Mexicali Resiste, se opusieron a la corrupción que el mal gobierno federal dice combatir, se opusieron al crimen que es despojar del agua a miles de familias, se opusieron al violento embate neoliberal, que es encabezado por el mal gobierno de la 4T, que pregona mentiras, mientras que con ambición y corrupción entrega el país a los ricos del mundo.

 

Estamos al tanto de la represión que han sufrido nuestr@s compañeros y compañeras, quienes han sido criminalizados por defender lo que es de todos, que al ser un recurso vital como es el agua, no puede ser tratado como una mercancía al servicio del gran capital.

 

Por lo que llamamos a la sociedad de Baja California y del país, a las organizaciones de derechos humanos, a los colectivos en lucha, a las redes de resistencia y rebeldía y a la Sexta Nacional e Internacional, a que estemos atentas y atentos a la integridad de las y los compas del colectivo Mexicali Resiste, que no se han rendido, no han claudicado ni se han vendido, pero también de las acciones que la 23 legislatura de Baja California, el gobierno estatal y el gobierno federal, pretendan tomar para privatizar y robar el agua, que en nombre del dinero y la corrupción, decidieron entregar de manera descarada a los dueños del poder.

 

Le decimos a los gobiernos, que sabemos que su intento de represión no es casual, ni tampoco inocente, por lo que responderemos en consecuencia ante cualquier intento despojo y represión.

Atentamente

A 8 de julio de 2021

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos

Nunca Mas un México sin Nosotros

Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno

radio
FrayBa

Acción Urgente: Riesgo inminente a la vida e integridad física y psicológica de La Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal y de la población tsotsil de la región

El día de hoy se recibió información por parte de pobladores del municipio de Pantelhó, en la cual nos informan del alto riesgo a la vida y amenazas que han recibido por parte del crimen organizado del municipio de Pantelhó, Chiapas, incluyendo a integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Desde el día de ayer se han presentado enfrentamientos armados entre los límites de Pantelhó y Chenalhó, Chiapas suscitados entre un grupo que se organizó para defender al pueblo del crimen organizado. Desde distintos medios de comunicación locales y nacionales se ha tergiversado la información ante los hechos registrados en las últimas horas, criminalizando al grupo defensor de los pueblos, denominado por la prensa “Los Ciriles”, mismo que ha reaccionado para defender y proteger la integridad de las familias. Clic aquí para más información.

Nueva información apunta a que el crimen organizado se encuentra aproximadamente a 2 kilómetros de la sede de Las Abejas de Acteal; en este momento hay 120 personas desplazadas integrantes de esta organización pacifica que se encuentran refugiadas en La Casa de la Memoria y La Esperanza ante el inminente riesgo de un ataque armado. 6 familias, un aproximado de 27 personas de Las Abejas han decidido quedarse en el municipio de Pantelhó.

El Estado mexicano ha hecho caso omiso, tolerando y permitiendo la acción de la delincuencia organizada, lo que ha producido una escalada de violencia poniendo en riesgo la vida y la integridad de las personas quedando impune el grupo criminal.

Exigimos acción inmediata de las autoridades responsables de salvaguardar la seguridad de las comunidades implicadas.

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Acción Urgente: Riesgo inminente a la vida e integridad física y psicológica de La Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal y de la población tsotsil de la región

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San Cristóbal de La Casas, Chiapas, México,
a 8 de julio de 2021.
Acción Urgente No. 8

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