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Tras 12 años de impunidad, el juzgado de Sentencia Penal de Puerto Barrios, Izabal, condenó este miércoles 6 de enero a 2 años de prisión conmutables al teniente coronel Mynor Ronaldo Padilla Gonzáles, exjefe de seguridad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), por el asesinato del profesor y líder comunitario maya q’eqchi’, Adolfo Ich Chamán, ocurrido en septiembre del 2009, en el marco de desalojos violentos en la comunidad Las Nubes, por las operaciones de la empresa canadiense Hudbay Minerales, propietaria de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).
Padilla también fue condenado a 8 meses de prisión por lesiones causadas a German Chub, quien asistió a la audiencia de hoy en silla de ruedas debido a que quedó paralítico por el ataque armado sufrido junto a los otros comunitarios.
Foto: Sandra Cuffe
Angélica Choc, defensora de derechos humanos y esposa de Ich Chamán, señaló tras el fallo que se encuentra tranquila. “Sabemos que se ha hecho un fallo a nuestro favor, pero también nos conmueve porque nos han marcado la vida”, indicó Choc, quien fue querellante en este caso y quien desde 2009 buscó justicia por el asesinato de su esposo.
Choc, como defensora maya q’eqchi’y víctima de este crimen, envió un mensaje a las mujeres que están en una situación similar y enfatizó que “busquemos la justicia en Guatemala, porque si no se demanda, todas las violaciones que se cometen en nuestra contra, nunca se va a saber cuánto hemos sufrido”, manifestó.
Según dijo, la búsqueda de justicia es un proceso doloroso y agotador, pero hay que buscar fuerzas para lograrlo.
Foto: Sandra Cuffe
Impunidad en el caso
En abril de 2017, Padilla Gonzáles fue dejado en libertad por la jueza Ana Leticia Peña Ayala, del juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Medio Ambiente de Izabal.
El Ministerio Público y los querellantes en el caso interpusieron una solicitud de antejuicio en contra de la jueza por el fallo.
En este caso también fue querellante la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que junto al Ministerio Público presentaron pruebas de la participación de CGN en la planificación de los ataques en contra de personas mayas q’eqchi’ quienes fueron afectados por las operaciones de la mina en Izabal.
Los hechos
En septiembre de 2009, el profesor Adolfo Ich, quien era parte de la comunidad Lote 8 y quien junto a otras comunidades defendían sus tierras ante las operaciones de la empresa canadiense Hudbay Minerales, propietaria de CGN, fue asesinado por la seguridad privada de esa compañía, a inmediaciones de la mina.
Otros campesinos también sufrieron heridas por arma de fuego por personal de seguridad de la minera, entre ellos German Chub, quién sobrevivió al ataque pero quedó paralítico.
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Pronunciamiento del Pueblo Creyente MODEVITE y promotor de derechos humanos de San Juan Cancuc, Chiapas, México 02 de diciembre del 2020
A la opinión pública
A las organizaciones sociales
A las autoridades federales, estatales y municipales
A los centros de derechos humanos
A los medios de comunicación
Hoy, dos de diciembre del año 2020, desde el corazón del pueblo defenderemos la madre tierra. Es nuestro regalo milenario, que de generación en generación nuestros abuelos y abuelas han cuidado y defendido. Ellos la protegieron, ahora nos toca a nosotros cuidarla y defenderla. Estamos en contra del megaproyecto denominado autopista que afecta la vida y el territorio, ya que son intereses de los empresarios y egoísta, que afectan directamente a la población, mismos que se imponen bajo el lema del desarrollo y progreso para el pueblo.
Como pueblo creyente modevite y derechos humanos de san juan cancuc, rechazamos totalmente el megaproyecto “eje carretero transversal” que igual o antes se llamaba: supercarretera, autopista, proyecto carretero y carretera de las culturas, ya que solamente beneficia para los empresarios transnacionales.
Como pueblo originario no nos beneficia, al contrario, atenta nuestra vida y además traerá consecuencias como son las siguientes:
Destrucción y despojo de la madre tierra
Apertura de camino de megaproyectos por ejemplo: represa, centros turísticos, etc.
Desalojo del pueblo
Contaminación
Militarización
División del pueblo
https://www.canva.com
Exigimos el reconocimiento y el cumplimiento de art 2 de la carta magna constitucional.
Y también en la oit y en la declaración de las naciones unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en el artículo 10. Señala que los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo, informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.
Y el artículo 27 fracción vii párrafo sexto de la constitución política de los estados unidos mexicanos, señala que “la asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comonal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comonales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación de núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea.”
Por su parte, el segundo párrafo del artículo 109 de la ley agraria, señala que “el órgano supremo será la asamblea general que se integrará con dos representantes de cada una de las asambleas de los ejidos o de las comunidades miembros de la unión y dos representantes designados de entre los miembros del comisariado y el consejo de vigilancia de los mismos.”
En este orden de ideas exigimos que se cumplan conforme a las leyes y reglamentos respectivos, es decir, con la autorización de la asamblea general, tratándose de población ejidal ocomonal.
La madre tierra no se vende, la tierra no se vende y no tiene precio.
Como dice Zapata “la tierra es de quien la trabaja”.
NOTA: Este es un espacio abierto para pueblos y organizaciones que buscan compartir su palabra. La postura difundida, no necesariamente constituye la valoración del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C quien presta este servicio de comunicación.
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Cada primero de enero varias autoridades comunitarias de diferentes municipios del país asumen un cargo para servir a su comunidad, pero ¿por qué lo asumen en esa fecha?
Por Gilberto Escobar
Según José Santos Sapón, quien en el 2013 fue presidente de la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, recibir el cargo de la alcaldía comunitaria el primero de enero de cada año tiene su origen en la época colonial.
En ese sentido también coincide el académico Carlos Fredy Ochoa, quien añadió que la palabra que mejor se ajusta al sentido de esa representación comunitaria “es selección y no elección” debido a las actividades y procesos que previamente se llevan a cabo en cada comunidad para designar los cargos.
“Que se realice el primero de enero es herencia de la colonia porque el calendario lo impuso el colonialismo, eso ha sido así en los últimos 400 años, pero la ceremonia de selección de las autoridades comunitarias se realiza después de la cosecha del maíz, luego viene un período de transición y representa un evento de gran importancia para las comunidades”, indicó Ochoa.
Ochoa comentó que el proceso de selección no es uniforme en todas las comunidades del país, porque “existen formas diversas de seleccionar a las autoridades, por ejemplo, es diferente el proceso que se sigue en Huehuetenango al de Alta Verapaz, pero esa es la riqueza de los pueblos, no hay una tradición uniforme”, enfatizó.
Participación de la juventud
Entretanto, Sapón indicó que las edades para poder optar a diferentes cargos dentro de la comunidad “oscilan entre los 18 a los 26 años, cuando tendrán que presentar sus primeros servicios e iniciar desde abajo; a partir de los 26 años van en otros puestos y de los 35 años en adelante puede tener un cargo con más peso, de los 52 años en adelante ya en un puesto como alcalde”, indicó.
Sobre el tema de la edad, Ochoa agregó que “la edad es una noción cultural, en el primer momento que las y los jóvenes se casan inmediatamente inician a participar en algún cargo en la comunidad que puede ser en un comité de agua o en una vocalía”, indicó.
Foto: Gilberto Escobar.
Las comunidades se están quedando sin liderazgos
Para la investigadora social Sandra Chuc Norato, originaria de Totonicapán, la participación de la juventud es importante en las comunidades y otorga equilibrio al relevo generacional a los diferentes cargos que van asumiendo.
“Lo ideal sería un relevo generacional, pero hay distintos escenarios y se ven condicionados por los contextos sociales, políticos y económicos” mencionó Chuc Norato.
La investigadora mencionó que “es preocupante que en pocos años las comunidades se queden sin liderazgos, ya que muchos jóvenes están migrando a los Estados Unidos y también a las ciudades, y aunque la juventud quiera participar y tomar liderazgos, no pueden porque necesita migrar”.
Chuc Norato señaló además que en algunos casos “las mujeres siguen relegadas, por ejemplo, en algún cargo menor como vocales, como secretarias y esto se debe a prácticas machistas”.
Nuevas autoridades comunitarias a nivel nacional
El 1 de enero asumieron sus cargos las nuevas autoridades comunitarias en distintas regiones del país, con diversas actividades tradicionales para cada localidad, desde Huehuetenango hasta Santiago Atitlán, Sololá, las personas que asumieron los cargos enfatizaron su compromiso por velar por el bienestar de la comunidad, la población, sus recursos naturales, entre otros.
Prensa Comunitaria dio seguimiento a varios de esos actos solemnes de transición, entre ellos los siguientes:
En Huehuetenango, en Santa Rosa, del municipio de Santa Cruz Barillas, asumieron nuevas autoridades comunitarias
Sololá realizó cambio de cargos de Autoridades Indígenas para el año 2021
Asumen las nuevas autoridades comunales de los 48 Cantones de Totonicapán;
Cambio de varas en San Sebastián, Huehuetenango;
En San Juan Ixcoy, Huehuetenango: 64 alcaldes auxiliares tomaron posesión en una solemne actividad;
En Santa Eulalia se realizó la transición de mando de las autoridades comunitarias, varias mujeres asumen el cargo;
En El Pilar 2, San Juan Sacatepéquez asumió nuevas autoridades;
Asumen nuevas autoridades comunitarias en Cerro de Oro, Santiago Atitlán;
Cambian autoridades ancestrales Q’anjob’al en Santa Eulalia;
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Por Nelton Rivera
En el municipio de Barillas, al norte de Huehuetenango, las comunidades que en su mayoría son habitadas por q’anjob’ales y mestizos se organizan y participan en el Movimiento de la Sociedad Civil, que el pasado 19 de diciembre realizaron una actividad para conmemorar el primer aniversario del desistimiento de prisión y persecución política contra Palas Luín, coordinador del movimiento y fundador de Prensa Comunitaria.
Esa actividad se realizó en Poza Verde, uno de los lugares importantes y ceremoniales para el pueblo q’anjob’al y lugar donde la resistencia pacífica integrada por la población, se estableció contra las hidroeléctricas en la región. Si bien el 19 de diciembre se cumplió un año de la detención de Palas Luín sobre la carretera entre Santa Eulalia y San Mateo Ixtatán, varios representantes del movimiento y los líderes comunitarios también conmemoraron el cuarto año del cierre de las operaciones de la empresa española Ecoener Hidralia Energía, que en 2016 cerraron sus oficinas, pararon la construcción de las hidroeléctricas y se retiraron del lugar. Barillas: después de un sinfín de violaciones a derechos humanos Hidro Santa Cruz anuncia posible retiro del país
Foto Nelton Rivera. Prensa Comunitaria Km.169 Año 2020
Fotos Nelton Rivera. Prensa Comunitaria Km.169 Año 2020
Durante la actividad de conmemoración del 19 de diciembre, a las 7 de la mañana se realizó una ceremonia espiritual maya, a pocos metros de la finca en dónde se ubicaron las instalaciones de la empresa Hidro Santa Cruz SA, en ese lugar aún se pueden ver una construcción de dos niveles completamente abandonada y en su interior los restos de maquinaria pesada que nadie retiró desde el 2011.
Poza Verde también es el lugar del asesinato de Andrés Francisco Miguel, un comunitario que se opuso a la construcción de varias centrales hidroeléctricas de la empresa española, este crimen ocurrió el 1 de mayo de 2012 durante la feria del municipio y hasta la fecha continúa en la impunidad. Dinámicas del despojo en Guatemala. Comunidades, Estado y empresas.
Durante la conmemoración, la explosión de los morteros de fiesta, sirvieron de llamado para el inicio de las actividades, mientras una de las autoridades ancestrales maya q’anjob’al realizaba la ceremonia, también se instalaba todo el equipo de sonido de la Marimba Maya Santa Cruz, que por primera vez hizo su aparición pública junto a la resistencia pacífica.
Palas Luin condujo parte del evento, precisamente por su papel como coordinador del Movimiento de la Sociedad Civil de Barillas, además como uno de los fundadores de Prensa Comunitaria junto a Daniel Pedro Mateo (QDP). Palas Luin junto a unas trescientas personas que llegaron de distintas comunidades del municipio, recordaron la memoria de sus mártires y también reafirmaron que la defensa por el agua y por los ríos continuará.
Proceso de detención
Palas Luín fue detenido en diciembre de 2019 y encarcelado por su oposición en contra de la empresa española Ecoener Hidralia Energía, cuya empresa en Guatemala, Hidro Santa Cruz SA, pretendía desde el 2011 la construcción de una serie de hidroeléctricas en cascada, utilizando el caudal del río q’anbalam en el norte de Huehuetenango.
Palas Luin permaneció varios meses encarcelado en el Centro Preventivo para Hombres en la zona 18, en la ciudad de Guatemala, la presión social y la defensa de sus abogados lograron en enero de 2020 que uno de los jueces en la capital resolviera cerrar el caso y dejarlo en libertad.
La actividad duro toda la mañana, quienes asistieron compartieron un tamal, tortillas y una limonada, otras personas bailaron al ritmo de los sones y ritmos q’anjob’ales de la marimba. Los accesos a Poza Verde se dañaron por las dos tormentas tropicales, al mismo tiempo de la conmemoración, otro grupo de comunitarios trabaja junto a una retroexcavadora en uno de los deslaves de la carretera comunitaria, misma que permanece cerrada para el paso de cualquier maquinaria relacionada con actividades extractivas.
Se cumplieron doce años de la llegada de la empresa española a Barillas en el 2008 y el 19 de diciembre pasado se conmemoró el primer año de la detención y posterior liberación de Palas Luin.
Foto Nelton Rivera.
Fotos Nelton Rivera. Prensa Comunitaria Km.169 Año 2020Foto Nelton Rivera. Prensa Comunitaria Km.169 Año 2020Foto Nelton Rivera. Prensa Comunitaria Km.169 Año 2020
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“Persecución de un lofmapu que realiza actos políticos para apoyar la recuperación de los derechos de la Nación Mapuche en el contexto de la ocupación militar y dictadura plutocrática que gobierna Chile”, señala su vocero.
Wallmapu, territorio mapuche ocupado, 30 diciembre 2020.
Luego de varias semanas desde la acusación y secuestro en prisión de parte de la familia Queipul Pallaleo de Temucuicui, se observan graves consecuencias para su derecho a la salud, ya que la cárcel ha generado incluso que una de sus integrantes haya sido contagiada en el recinto estatal con el virus COVID19, además de sufrir crisis de angustia y otras afecciones psicológicas, a partir de su paso por las traumáticas condiciones carcelarias, las cuales eran totalmente desconocidas para la afectada Luz Marisel Pallaleo Catrío, esposa y madre respectivamente de Sebastián Queipul Marillán (Chacha) y Daniel Queipul Pallaleo. Todos ellos enfrentan acusaciones judiciales que, de acuerdo a lo señalado por voceros mapuche, tienen como objetivo acallar las reivindicaciones mapuche, más aún considerando que Sebastián Queipul es un reconocido dirigente, quien lideró parte de las movilizaciones para la recuperación del territorio mapuche desde la dictadura militar, siendo uno de los frutos de esta ardua tarea la recuperación del ex fundo Alaska, terreno que forma parte del territorio ancestral de Temucuicui.
Al mismo tiempo ha sido objeto de grave afección a su derecho a la salud Quelentaro Aníbal Figueroa Queipul, quien, mientras se encontraba siendo atendido en un hospital de Talcahuano, fue detenido y acusado de homicidio frustrado contra Carabineros, porte ilegal de arma y disparo, a pesar de encontrarse a más de 220 kms de donde supuestamente ocurrieron estos hechos. De acuerdo al vocero de los afectados, Mijael Carbone Queipul, “es condenable la acusación referida a un supuesto ataque armado, siendo que el único herido es el detenido Quelentaro Aníbal Figueroa Queipul”, enfatizando que “esto solo puede entenderse en un contexto de persecución de un lofmapu que realiza actos políticos para apoyar la recuperación de los derechos de la Nación Mapuche en el contexto de la ocupación militar y dictadura plutocrática que gobierna Chile y los territorios anexados por la fuerza en WallMapu”. La gente de Temucuicui destaca también que la mano ejecutora de todo este proceso represivo es el fiscal Enrique Vásquez de la Fiscalía de Collipulli, quien se dedica a criminalizar toda expresión de legítima lucha social en la zona, además del encargado de la seguridad del gobierno, subsecretario del Interior Juan Francisco Galli, quien ha declarado culpables “con pruebas” a los detenidos antes de que se haya iniciado la investigación judicial y se haya activado el derecho a la defensa.
Por todo ello se hace un llamado a difundir estos hechos y que la acción movilizada por los derechos, colabore con la exigencia de fin de la persecución y reparación a estas familias y jóvenes del territorio mapuche de Temucuicui. Al mismo tiempo se convoca a todas las instancias internacionales de derechos humanos, aún a las que pretenden que la violación a los DDHH en Chile no es sistemática, a acercarse y dar cuenta de esta realidad.
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Txaitxaiko Mapu, Cancura Laja, comuna de Nueva Imperial, 31 de diciembre 2020.
En razón de la memoria colectiva del lof, historia de despojo e injusticias. En razón del kume mongen, del ad mapu, el derecho al territorio y libre determinación. En razón a los que nos antecedieron y a las futuras generaciones. El lof Levillan Bayotoro, el 30 de diciembre de 2020 se levanta en dignidad y justicia iniciando el proceso legítimo de recuperación territorial, sobre 200 hectáreas aproximadamente, espacio que hoy se encuentra en manos de latifundistas.
El compromiso que asumimos es grande, sin embargo, como Wünelfe en el cielo, los procesos de recuperación territorial ya iniciados por múltiples lof, nos inspiran y fortalecen. Por ello solicitamos newen para que se manifieste y materialice nuestro anhelo de disfrutar y disponer del territorio ancestral. El compromiso de reivindicar el territorio, implica mirar el kuifimongen y replantear nuestro actual modelo de vida, en especial nuestra economía y desarrollo. Tenemos la convicción que el dinero es un instrumento de empobrecimiento, desde temprana edad producimos todo tipo de bienes, productos y servicios, esa riqueza productiva la transformamos en dinero, este dinero se gasta en mercados fuera del lof, en locales comerciales y megasupermercados cuyos propietarios jamás gastan su dinero en nuestras comunidades, fugándose del territorio esa riqueza local. Por ello creemos que debemos replantear la utilización del “dinero” como medio de cambio, el consumo, la articulación de la producción y distribución de bienes, productos, servicios y saberes, de forma de hacer circular la riqueza creada por nuestro trabajo dentro del territorio.
POR LA PERMANENCIA, CONTINUIDAD DE LA VIDA Y LA NACION MAPUCHE, MARICHIWEU!!!
Sector Cancura Laja ubicado entre Traitraico y Forrowe mapu.
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La intención del presente texto es rectificar información expuesta por Armando Bartra en su editorial de La Jornada del Campo, el 19 de diciembre de 2020. Entre las afirmaciones que hace Bartra hay varias que son falsas; en la lista que sigue se indica la falsedad afirmada primero y a continuación se proporciona lo que ocurre/ocurrió en realidad desde nuestro punto de vista.
1. El problema de riego está resuelto y hay un convenio con la mayoría de los ejidatarios.
La mayoría de los ejidatarios votaron en contra del arreglo entre la dirección corrupta de ASURCO y la CFE, incluso en las poblaciones de donde son nativos los ‘dirigentes’ que tranzaron un acuerdo a espaldas de los ejidatarios. El agua que secuestra el acueducto es parte del caudal para riego de los cultivos aguas abajo. ¿Por qué nunca se ha presentado personal de La Jornada del Campo a la zona en conflicto? ¿O el problema se solucionó reprimiendo a los campesinos con la Guardia Nacional, la madrugada de 23 de noviembre del presente año?
2. El problema del ruido, que finalmente no es tanto.
La sensibilidad al ruido depende en gran medida del nivel a que se ha acostumbrado la gente y no es lo mismo vivir en la CdMx, con un ruido de fondo muy elevado durante alrededor de 19 horas diarias, que vivir en Huexca, donde el nivel de ruido a lo largo del día es incomparablemente menor (se escucha el canto de las aves en los árboles a distancias considerables del centro de Huexca); por ello, los organismos de los niños en la escuela preescolar/secundaria, a escasos cien metros de la termoeléctrica, respondieron por primera vez en sus cortas vidas, con crisis nerviosas, vómito, dolor de cabeza, etc. La revista médica European Heart Journal publicó recientemente un estudio longitudinal sobre el impacto cardíaco de los niveles de ruido que producen los aviones en zonas cercanas a los aeropuertos. El ruido nocturno de los aviones puede incidir de manera directa en lesiones cardiovasculares que van desde arritmias y cambios en la presión sanguínea, hasta infartos fulminantes (ver)(1). ¿Por qué el ruido de la termoeléctrica no, si estas infraestructuras pueden generar ruidos ambientales más altos que los límites seguros planteados por la OMS? Además, no sólo es un problema de ruido, el funcionamiento de la termoeléctrica contamina la atmósfera, el agua y los suelos a su alrededor en distancias que van aumentando con el tiempo de funcionamiento. ¿Por qué no intenta vivir un mes en Huexca el director de la CFE con la planta ya funcionando, consumiendo los cultivos que serán regados con el agua contaminada por la planta y bebiendo ese mismo líquido?
3. El gasoducto entrará en operación
El gasoducto ya ha estado operando, cuando menos en los meses en que se hicieron las pruebas de funcionamiento para que la CFE aceptase hacerse cargo de la termoeléctrica (de nuevo, el cambio de oro y plata por espejitos del conquistador cuyas órdenes pasan por encima de la Constitución mexicana). Con ello, la CFE puede utilizar al ejército para resguardar al gasoducto, a las instalaciones de la termoeléctrica y al acueducto; y así disponer ilícitamente del volumen de agua que se le antoje arrebatarles a los campesinos. Por cierto, ¿Armando Bartra sabe por qué no se dieron a conocer ampliamente los reportes sobre la termoeléctrica realizados por los ‘expertos’ de la UNESCO, que pomposamente trajo la CONAGUA con el fin de justificar el despojo hídrico? ¿Cómo puede ser posible que se afirme que algo ocurrirá cuando todavía hay amparos interpuestos y suspensiones vigentes dictadas por jueces federales? ¿Se afirma que en los hechos se desestimará al Poder Judicial?
4. El (robo del) agua del Río Cuautla es un asunto relativamente menor y técnicamente soluble
Si lo fuese, ¿por qué entonces no se resolvió el problema de esa manera y se obtuvo el agua para la termoeléctrica sin despojar a los campesinos del vital líquido? ¿Considera entonces que la violación de un decreto que crea un área sujeta a conservación ecológica (ver punto B más abajo), en complicidad con las autoridades ambientales, es un asunto menor y merece sea apoyada por alguien que se presenta como experto en los problemas del campo y los campesinos en México y Latinoamérica?
5.Se dejó de lado el impacto del gasoducto y sus futuros ramales en regiones con riesgo volcánico del entorno del Popocatépetl hoy agrícolas y poco pobladas
El impacto del gasoducto fue la primera razón con la que se impugnó el Proyecto Integral Morelos (PIM) y con el que un juez dictaminó la suspensión de su tendido al convencerse que el mapa de riesgos sísmicos de la UNAM en la zona había sido alterado para que el gasoducto pasara por zonas de riesgo elevado y muy elevado. La condena del juez se ha ignorado, como en muchos otros lugares, siguiendo la máxima del neoliberalismo que se implantó en el Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, hasta desaparecerlo y dejando de paso sin referente al escudo de ese estado: “Condenen la invasión extractivista extranjera, pero déjenlos trabajar a gusto”. ¿No se suponía que el neoliberalismo ya no existía en el país? Este hecho ha sido ignorado por el director del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (CUPreDeR) de la Universidad Autónoma de Puebla; Centro que carece del conocimiento necesario para evaluar los riesgos del trazado de un gasoducto en una zona sísmica (pues no cuenta con un profesionista en geología) y al parecer, desprecia las vidas de quienes viven actualmente en esas zonas. ¿El impacto del gasoducto sólo será relevante para la institución cuando la zona esté densamente poblada y el número de muertes en caso de una explosión sea muy elevado? Además, el gasoducto no termina en la termoeléctrica, continua hasta la actual Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVaC), pasando por zonas densamente pobladas ¿Por qué el CUPreDeR menosprecia a estos otros mexicanos en riesgo? ¿Por qué el personal del CUPreDeR dejó de participar en las reuniones informativas que se realizaron en las comunidades ejidales de la zona afectada por el ilícito acueducto?
6. Si entendemos que el costo (económico, social y ambiental) de revertir algo que estuvo mal, puede ser mayor que el de asumirlo y compensar en lo posible los daños, comprenderemos la postura de López Obrador.
¿Cómo se puede afirmar algo con base en que el costo de actuar en defensa del ambiente, del tejido social y de la economía de una región eminentemente agrícola, pueda llegar a ser mayor que el cruzarse de brazos y contemplar el irremediable e inevitable daño que ya ha ocurrido y seguirá ocurriendo por no actuar?
¿Por qué no se considera la postura de los agricultores y demás habitantes de Morelos que se verán afectados? ¿Será porque se piensa que no es políticamente correcto arriesgarse en la defensa de los mexicanos que no ocupan cargos?
Habrá que recordarle a Bartra que la opinión de los pueblos, colectivos y personas que se oponen al PIM, el acueducto y la termoeléctrica fue silenciada con la represión y las balas. Algunos han sido torturados y encarcelados, y el asesinato de uno de ellos, Samir Flores Soberanes, pesa profundamente en el alma de los pueblos campesinos e indígenas del territorio morelense. Pocos días después de este asesinato, el gobierno siguió adelante con una consulta fuera de la normatividad que impone la propia Constitución, y por lo tanto inválida para la implementación de un megaproyecto en territorio indígena. ¿Cuál es el tipo de gobierno que ejecuta su voluntad pasando sobre el dolor de su pueblo? Violencia de estado innecesaria y reprobable, más bien. Como la violencia en las amenazas, insultos y provocaciones que la Guardia Nacional sigue realizando en contra de las mujeres que defienden su territorio en el plantón de Huexca, en las inmediaciones de la Termoeléctrica.
Y volvemos una vez más a la afirmación de Bartra: ¿contribuir al calentamiento global y propiciar la sobrepoblación dentro de territorios que ofrecen servicios ambientales clave (como se dice en la misma editorial ) para las millones de personas que habitan Morelos, Tlaxcala, Puebla, el estado de México y la Ciudad de México es mejor que no hacerlo? Que afirmación tan sorprendente del experto en el campo.
7. Es posible recuperar la cuantiosa inversión y avanzar en nuestra soberanía energética
Esta afirmación, en boca de un sociólogo, profesor de economía, suena incomprensible. ¿Cómo se puede avanzar en la soberanía energética de México reforzando el consumo de energía que depende del precio del metano vendido en Texas? ¿Se desconocerá acaso el hecho de que la quema de metano como puente para alcanzar el uso de las energías de fuentes renovables resultó ser sólo una mentira más del capitalismo?
8. 15 municipios de Puebla, 10 de Tlaxcala y ocho de Morelos que hoy son básicamente agrícolas y con una muy baja densidad poblacional, pero que además proveen de servicios ambientales, pues conforman la zona de recarga de los acuíferos de los que depende el abastecimiento de agua a unas (sic) 15 millones de personas de la región.
La recarga de los acuíferos depende principalmente de los glaciares en los volcanes y estos están desapareciendo por el calentamiento global causado por ese desarrollo capitalista desenfrenado cuyo costo económico le preocupa a Bartra, es decir, considera que la carencia ya palpable de agua en la zona no debe impedir el avance económico de la región. Pero, además, no es ese el único servicio ambiental que proporciona esa zona y si, como asegura ha leído los estudios realizados entre 2001 y 2007, con base en la Ley General de Equilibrio Ecológico, el Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región Volcán Popocatépetl y su Zona de Influencia, cabe preguntarse por qué no los menciona. ¿Por qué se falsea el nombre de una de las corporaciones españolas que realizaron la obra del gasoducto? ¿Se le quiere esconder con algún propósito no confesado? Debería también cuestionarse por qué el personal del CUPreDeR separa al agua y al suelo del ambiente, siendo estos dos elementos parte fundamental del mismo. ¿Será que el editor de La Jornada del Campo carece del conocimiento necesario en cuanto a lo que el concepto de ambiente significa? ¿Por qué se refiere a Huesca (España) en lugar de a Huexca (Morelos, México)?
9. Los integrantes del Cupreder, que tienen décadas de trabajar sobre el problema, …
Razón de más para cuestionar el trabajo de dicho Centro desde que se fundó: ¿cuáles han sido sus logros en materia ambiental? ¿En dónde han sido publicados y qué tipo de reconocimiento a ese trabajo han recibido? En el ejemplo que usan y que ocurrió después de que se fundara el Centro, ¿lograron frenar siquiera un poco la expansión de grandes zonas habitacionales en Atlixco, Puebla? Y lo más relevante, ¿hicieron algo para evitar la construcción del gasoducto cuando aún era posible impedirla? ¿Sirvieron de algo los programas regulatorios de uso de suelo que realizó el CUPreDeR en diecinueve municipios de Puebla, trece del estado de México y cinco de Morelos en los que se prohibía la actividad industrial riesgosa en esas zonas por el riesgo eruptivo? ¿O solo se cobró por entregarlos, sin importar que se tomaran en cuenta las observaciones ahí contenidas? Estas preguntas son de interés público pues se sabe que el gobierno estatal de Morelos en el 2009 retrasó la publicación del Ordenamiento Ecológico Territorial del estado mientras se alteraban convenientemente dichas observaciones y se modificaban las unidades de gestión ambiental mediante la inclusión de un criterio que abrió las puertas a la actividad industrial.
10. Fuera de las falsedades y muestras de ignorancia de la editorial en cuestión, es necesario mencionar otros problemas que han sido desconocidos por quienes cuestionan la posición de los campesinos y de quienes hemos tomado parte en la oposición al negocio neoliberal del PIM.
A) El metano (CH4) se importa desde Texas sin averiguar su origen; es decir, bien puede ser producto de la fractura hidráulica que destruye el ambiente por completo en donde se aplica. El transporte del metano para el PIM se realiza por un gasoducto bajo las aguas del Golfo de México que llega a Altamira en Tamaulipas, y a Tuxpan, en Veracruz, y de ahí se lleva a una estación de reparto en Tlaxcala, de donde se desvía hacia Huexca pasando por una inadmisible cercanía al volcán. El gasoducto se llenó de metano para poder hacer las pruebas de funcionamiento de la termoeléctrica y así ha estado desde entonces. Hasta ahora, han habido al menos dos temblores de consideración, y no se ha verificado que las uniones y las válvulas de seguridad de los múltiples tramos del gasoducto estén en buenas condiciones. Quizá se ignora que el metano que se fuga a la atmósfera actúa como un potente gas de efecto invernadero y acelera el calentamiento global antropogénico; estas fugas, por cierto, no sólo son inevitables a todo lo largo del ciclo del metano como combustible, desde su extracción hasta su quema, sino que además son las que más han aumentado durante la pandemia por, precisamente, la falta de vigilancia en todos los procesos relacionados con dicho ciclo.
B) Existe un decreto declarando al área núcleo y al área de amortiguamiento del Río Cuautla como área natural protegida y con el propósito explícito y necesario de prohibir cualquier actividad que interfiera con la preservación de los recursos hidrológicos y las especies de flora y fauna[2] o con los procesos naturales del área considerada (Área Natural Protegida Los Sabinos – Santa Rosa – San Cristóbal. Periódico Oficial Tierra y Libertad, 6ta época, No. 3633, del 31 de Marzo de 1993; mapa anexo).
Consejo editorial del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire de Morelos (Larisa de Orbe/Antonio Sarmiento/Héctor Zetina)
[1] Saucy, A., Schäffer, B., Tangermann, L. y otros (2020). “Does night-time aircraft noise trigger mortality? A case-crossover study on 24 886 cardiovascular deaths”. European Heart Journal. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa957. Recuperado [30/12/20]
[2] Nota para los defensores del neoliberalismo en México: entre las especies de fauna protegidas, está la humana.
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Foto de portada por David Toro / Prensa Comunitaria
Por Ñaní Pinto
Los desalojos ilegales en Guatemala, así como los ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos aumentaron en el contexto de la pandemia por la Covid-19, según testimonios y registros elaborados por la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua).
En el país centroamericano, y bajo el pretexto de frenar los contagios del virus, fueron implementadas medidas de contención como los toques de queda. Desde el 16 de marzo, este contexto fue aprovechado tanto por el gobierno, como el sector privado, para realizar desalojos ilegales, principalmente en la región norte de Guatemala, en los departamentos de Alta Verapaz y Petén.
Aunado a ello, de enero a septiembre del presente año, se han registrado 844 agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos. “Es la cifra más alta que hemos registrado, entre ellas hay 14 asesinatos”, detalló Jorge Santos director de Udefegua durante el evento “Desalojos Extrajudiciales y Violaciones a Derechos Humanos en Guatemala”.
Santos detalló algunos casos violentos sucedidos en plena pandemia.
Por ejemplo, lo sucedido con las comunidades Washington y Dos Fuentes, de Purulhá, Baja Verapaz, las cuales fueron desalojadas violentamente por un grupo de personas armadas. “Tenemos registrado que durante estos desalojos se intentó asesinar a dos jóvenes de 15 y 17 años”, subrayó el integrante de Udefegua.
La comunidad de Dos Fuentes, en la Sierra de las Minas, Guatemala.
En diversas ocasiones, la comunidad indígena poqomchi’ de Dos Fuentes ha denunciado ataques armados. A su vez, otras organizaciones como el Comité Campesino de Desarrollo del Altiplano (CCDA) han señalado el incremento de la violencia a partir de la crisis sanitaria declarada en marzo en Guatemala.
“Este contexto es aprovechado por grupos que quieren generar violencia y asesinatos, el Estado de Guatemala no está brindando seguridad ni apoyo, está solapando y contribuyendo a la impunidad de grupos criminales”, destacó Leocadio Juracán, dirigente del CCDA.
En el caso de la comunidad de Washington, ésta fue desalojada el 31 de marzo por un grupo armado a quienes se ha identificado como miembros de un equipo de seguridad de la familia Thomae. De origen alemán y dedicada a la siembra de café, los Thomae también son propietarios de la hidroeléctrica Juminá S.A., la cual opera en otro sector de la finca donde se ubica Dos Fuentes.
Palma de aceite, un factor más para los desalojos
Otro caso sucedido en el contexto de la pandemia es el del intento de desalojo de 200 familias en Tierra Blanca, municipio de Sayaxché, Petén.
El 13 de abril, a las 7:30am, 45 miembros de un comando de seguridad privada vinculada con Industria Chiquibul, S.A., empresa dedicada a la cosecha y extracción de aceite de palma, se presentaron en la comunidad sin previo aviso y sin una orden judicial que autorizara el desalojo.
Tras ingresar a la comunidad, el comando disparó armas de fuego para intimidar a las familias y echarles de sus hogares. Aunque en esta ocasión la comunidad logró defenderse y resistir ante las fuerzas de seguridad privada, Izáis Tiul Pop, un miembro de la comunidad de 30 años, resultó gravemente herido durante el intento de desalojo fallido.
Ocho miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron testigos de lo ocurrido y no hicieron nada para evitarlo. “La falta de acción protectora por parte la Policía Nacional Civil es aún más preocupante a la luz de la pandemia de Covid-19 (…) Desde hace varios años, las empresas de aceite de palma que operan en la región se han apropiado de tierras de comunidades indígenas en situación de vulnerabilidad utilizando medidas turbias, coactivas y, a veces, hasta ilegales” señala Lara Domínguez, integrante de Minority Rights Group.
Desalojos “en apego a la ley”
Entre los días 9 y 10 de diciembre, miembros de la PNC quemaron las viviendas de 200 familias q’eqchi de la comunidad Tres Lagunas, cuenta el abogado Juan Carlos Peláez para Prensa Comunitaria.
De acuerdo a los testimonios de los campesinos, durante el desalojo la policía quemó las viviendas, robó animales, ropa, instrumentos de labranza, arrancaron las siembras y detuvieron a tres personas, miembros de las comunidades indígenas de Oxlajuj Qej y de Tres Lagunas, acusados de usurpación a la propiedad privada.
Cabe destacar que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de la Libertad, Petén, a través del funcionario Diego Gonzáles, aseguró que el desalojo se realizó apegado a los protocolos, pese a que varias de las personas afectadas con el desalojo aseguraran todo lo contrario.
De acuerdo a la nota del abogado Peláez, en la notificación del Organismo Judicial (OJ) para la PDH, la finca el Zapotal, donde se realizó el desalojo, es propiedad de la empresa inversiones SOLUNIN sociedad anónima. Según el portal de Guatecompras, la empresa tiene como actividad económica el asesoramiento empresarial en materia de gestión y su represente legal es Luís Arturo Ramírez Melgar.
Ramírez Melgar también es el representante legal de la Hidroeléctrica El Brote, S.A. que tiene operaciones activas en el municipio de Chicacao, Suchitepéquez.
Para el abogado Peláez, “no se respetó el debido proceso, la comunidad nunca se enteró del desalojo ni quien emitió la orden, el papel presentado no tiene sello ni firma. Las órdenes tienen que ir suscritas para tener un medio de defensa posterior, la inmediación de una juez que ha sido delegada para un acto judicial no es suficiente”.
La “notificación” para realizar el desalojo de las comunidades en Sayaxché, Petén.
El abogado también enfatizó que el desalojo violento se realizó a pesar de la situación de crisis tanto sanitaria por la Covid-19 y las inundaciones de las tormentas tropicales Eta y Iota, las cuales afectaron a más de un centenar de familias en la misma región de Tierra Blanca.
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Por medio del presente comunicado público, como ELCI, educadores de la lengua y cultura indígena, de la región de la Araucanía, necesitamos dar a conocer la siguiente situación que esta ocurriendo en la institución JUNJI Araucanía, en donde nos desempeñamos:
Kiñe: por motivos del desalojo de pu lagmen de la municipalidad de Curacautín, el señor Cristian Roberto Jiménez Gajardo, que se desempeña como nutricionista en JUNJI Araucanía emite el siguiente comentario en red social, de manera pública: “se acabó el webeo, orgulloso de mi pueblo, saquenle las rechuchas a esas escorias…” dirigiéndose de esta forma a nuestro pueblo mapuche.
Epu: como educadores de la lengua y cultura indígena, rechazamos toda forma de discriminación y racismo en toda forma de comunicación y por todos los medios utilizables, siendo un funcionario de una institución pública, que además trabaja en jardines infantiles interculturales, donde asisten niños, niñas y sus familias de origen mapuche.
Kula: se ha solicitado en reiteradas ocasiones el pronunciamiento del director regional de la JUNJI Araucanía, don Juan Pablo Orlandini, buscando la reparación de este hecho sucedido en el mes de agosto y al no tener satisfacción respecto de nuestra solicitud de disculpas públicas, hemos solicitado la desvinculación del señor Cristian Roberto Jiménez Gajardo de JUNJI Araucanía. Por haber dado a conocer ésta situación, se nos a presionando desde la institución indicando que habrán descuentos o no pagos de sueldo, consideramos esto un menosprecio a nuestra función de educadores.
Meli: Nos reuniremos pu ELCI de la Araucanía el día 21 del presente mes a las 9:00 horas en las afueras de JUNJI Araucanía, manifestando nuestra molestias por no haber sido escuchado a tiempo nuestras peticiones.
Se despide de usted los 38 funcionarios ELCI de la Araucanía, correspondiente a las comunas de Lonquimay, Ercilla, Puren, Lautaro, Victoria, Melipeuco, Puerto Saavedra, Nueva Imperial, Carahue, Padre las Casas, Freire, Loncoche, Pitrufquén, Vilcun, Chol Chol, Angol, Lumaco y Collipulli.
Registro de este pasado lunes 21 de diciembre manifestación en Temuco, vía Cristian Huaiquifil / Foto portada Ingrid Conejeros.
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COMUNICADO PÚBLICO
A la opinión pública nacional e internacional
A nuestras autoridades tradicionales y espirituales
A todo nuestro pueblo nación mapuche
Al pueblo no mapuche que resiste y lucha. Comunicamos lo siguiente:
El reciente eclipse que vivenciamos en territorio mapuche hizo difundir la visión que nuestro pueblo nación tiene acerca de estos fenómenos naturales y como lo abordamos desde nuestra creencia espiritual mapuche. Con respeto y un profundo recogimiento espiritual, más aún este sentir si se trata de una autoridad espiritual.
Nuestro Machi Celestino Córdova solicitó autorización para realizar una ceremonia de carácter espiritual en su rewe, dada la importancia y trascendencia de este acontecimiento natural para el futuro de la humanidad y así poder realizar rogativa por todos nosotros en su espacio de consagración como Machi. Sin embargo, pese a la importancia para nuestro pueblo en relación al eclipse, Gendarmería de Chile negó el permiso a nuestra autoridad ancestral espiritual de salida esporádica a su rewe, pese a cumplir con lo requisitos para ello.
El miércoles 16 de diciembre se realizó una ceremonia de carácter espiritual en el Centro de Esclavitud y Tortura CET de Vilcún, donde se procedió a la instalación de un ngillatuwe. Donde se espera que permanezca a resguardo y que no le ocurra ningún tipo de atentado al sitio ceremonial mapuche.
A pesar de la tremenda importancia de esta ceremonia, no fue autorizado el ingreso de 44 personas miembros de la comunidad del Machi Celestino Córdova para acompañar, asistir y participar de esta ceremonia. Dejando el ingreso de solo 4 personas en un lugar amplio, abierto donde se puede perfectamente cumplir con la norma sanitaria. Luego de aquella ceremonia donde participaron una cantidad reducida de “colonos”. La autoridad a cargo del lugar, la Mayor Jessica Rivas Hernández. Actualmente teniendo en su contra una querella criminal por tortura, una investigación sumaria administrativa y una denuncia en fiscalía. Inexplicablemente continúa trabajando y encabezando dicha unidad especial. Claramente debido a lo anterior no está facultada, ni capacitada ni a la altura de estar al frente de una unidad especial como un CET, teniendo presente de que se trata de un lugar de reinserción social donde los que están a cargo deben dar ejemplo de conducta intachable y honorabilidad. Cuestión que no es el caso, ya que debemos recordar que se trata de una funcionaria que ha utilizado practicas maliciosas que se vienen arrastrando desde hace años, incentivando a algunos internos para atentar contra la vida y generar un montaje en contra de nuestro machi Celestino Córdova y de todo aquel privado de libertad que luche por sus derechos. Dicha autoridad ha procedido en un acto irracional, a revocar distintos beneficios, persiguiendo y amedrentando a todos los que participaron de la instalación del Ngillatuwe.
Para nosotros todo lo anterior se enmarca en la persecución política religiosa en contra de nuestra autoridad ancestral y con ello a todo nuestro pueblo nación mapuche, que busca finalmente su aislamiento tanto de su comunidad y familia como además de los otros privados de libertad que se encuentran en el CET. Al amedrentar justamente a todos aquellos que socializan con nuestro Machi Celestino Córdova.
Con todo ello debemos denunciar del mismo modo, todas las represalias y el constante hostigamiento que han estado viviendo todos los privados de libertad que apoyaron las distintas denuncias que se han realizado y que a consecuencia de ello, fueron trasladados sin justificación a otras cárceles. Y a través de ellos, usarlos con el fin de acallar cualquier injusticia e irregularidad y que no deben luchar por sus derechos.
Por lo tanto, hacemos un amplio llamado a todo nuestro pueblo nación mapuche, principalmente a nuestras autoridades tradicionales y espirituales. A estar atentos ante esta situación, a pronunciarse, prepararse y organizarse en la defensa de este ngillatuwe en el CET de Vilcun ya que así ha sido mandatado. A hacerle frente y combatir todo acto de injusticia social. Igualmente, esperamos que sigan reaccionando los organismos externos que han estado observantes de estas situaciones, así como también, hacemos responsables al gobierno de turno y sus instituciones como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y los llamamos a pronunciarse frente a estos hechos de abuso de poder, discriminación, negación del libre ejercicio espiritual y vulneración del Convenio 169.
La recuperación del territorio espiritual es fundamental para la recuperación del territorio ancestral!!
Justicia y dignidad para todos los Privados de libertad!!
Libertad a todos los presos políticos Mapuche!!
Machi Celestino Córdova
Ermiser Garrido Benítez
Alexis Solar Solar
Robinson Ramírez Garcés
Rodrigo Ruiz Godoy
Miguel Trangol Vivanco
Jonathan Carcamo Díaz
Familiares y amigos Comunidades en respaldo al Machi Celestino
Red de Apoyo.
