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Tierra y Territorio

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Avispa Midia

Diplomacia europea promueve agenda ‘verde’ en México

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Frans Timmermans en reunión con el secretario de relaciones exteriores de México.

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y responsable del Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, realizó una visita de tres días a México, del 28 al 30 de enero, después de haber visitado Colombia y Brasil. El objetivo fue discutir la “transición verde” de México y “oportunidades para impulsar la cooperación” entre México y la Unión Europea (UE), según informó Timmermans en sus redes sociales.

El bloque europeo es el segundo mayor inversionista en México. Las relaciones bilaterales se rigen por el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, conocido como Acuerdo Global, que entró en vigor en el año 2000. “El Acuerdo Global es una base sólida de nuestra relación económica”, manifestó el enviado de la UE, quien lidera las negociaciones climática internacionales de la UE.

Sin embargo, apuntó, “podemos expandir más para el desarrollo sostenible, la eletromovilidad, energías limpias, protección ambiental”. De acuerdo con Timmermans, las empresas de la UE ya son las principales inversoras en el sector mexicano de las energías renovables.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, quien mantuvo reuniones con el representante europeo, reveló que en las discusiones estuvo la posible “modernización del Acuerdo Comercial”.

En un artículo publicado en El Economista, anterior a la visita, Timmerman dijo que estaba ansioso para conocer los planes de México para instalar 40 gigavatios adicionales de capacidad eléctrica renovable, capturar las emisiones de metano, ampliar las áreas naturales protegidas y reforestar amplias zonas del país. “En todos estos ámbitos, la Unión Europea está dispuesta a colaborar con México”.

Según él, la inversión en energías renovables está creciendo de forma exponencial. “Rápidamente, se está desarrollando una economía global del hidrógeno y México, con su gran potencial solar y eólico, puede beneficiarse ampliamente de ello”.

Timmermans se reunió también con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, y con la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro.

Brasil

En su visita a Brasil, el representante europeo declaró que pretende que el acuerdo entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la UE sea ratificado a mediados de este año. El acuerdo ha sido criticado por diversas organizaciones de la sociedad civil y gremios de trabajadores porque consideran que es abusivo y reproduce las relaciones coloniales de siglos. Por ejemplo, la agricultura y la minería son los principales sectores en los cuales se prevén un gran crecimiento en los países suramericanos.

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Un estudio de la organización GRAIN indica que, con el acuerdo, habrá un crecimiento de por lo menos 540% en la exportación de etanol, 55% en la exportación de carne de aves, 60% en café y 50% en carne bovina. Todos estos productos llevarán tarifa cero de exportación. Minerales como el hierro también tendrán sus tarifas reducidas a cero en un plazo de diez años.

Pacto Verde

La Unión Europea anunció su Pacto Verde en diciembre de 2019. “Un paquete de iniciativas políticas cuyo objetivo es situar a la UE en el camino hacia una transición ecológica, con el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050”, como lo explica la propia UE en su página web, y así cumplir sus compromisos en el marco del Acuerdo de París.

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La aceleración de la “transición energética”, propuesta por el pacto, fue anunciada también como una estrategia para impulsar la economía en crisis, agravada con la pandemia. “Será necesaria una transformación de la sociedad y de la economía europeas, que tendrá que ser rentable, equitativa y socialmente equilibrada”, menciona la UE en sus documentos.

Mónica Bruckman, científica social y coordinadora del Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) sobre Geopolítica e Integración Regional, sostuvo que el acceso a los recursos naturales es definido, en los documentos del Pacto Verde, como una cuestión de “seguridad estratégica” para la misión de avanzar con dicho pacto.

Por tanto, uno de los requisitos para volver la transición una realidad es garantizar el suministro de materias primas, en particular, aquellas críticas necesarias para las tecnologías limpias, aplicaciones digitales, espaciales y de defensa.

Todos estos recursos críticos no están en el territorio europeo. Están principalmente en territorio africano y, sobretodo, en territorio sudamericano. Entonces acceder a estos recursos es un requisito indispensable para cumplir los objetivos del Pacto Verde Europeo y eso significa acceder a nuestros territorios”, analiza la investigadora.

El acuerdo entre la UE y el Mercosur abre las puertas de los países suramericanos para que Europa acceda a estos recursos.

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Mientras se piensa en descarbonizar la industria y el consumo de los países del norte, “este mismo proceso, va a ampliar de manera violenta y brutal la actividad extractiva en [nuestros] territorios”.

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Ofraneh denuncia asesinato de defensor en territorio recuperado garífuna

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Entrada de miembros de la comunidad garífuna al centro comunitario Truinfo de la Cruz antes del acto cultural y ceremonia espiritual para recibir a la Corte y Comisión Interamericanas de Derechos Humanos en 2015.

El pasado sábado (28) fue asesinado Ricardo Arnaúl Montero, joven integrante del Comité de Defensa de Tierra de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, en la costa atlántica de Honduras.

Arnaúl formaba parte del equipo de resguardo y seguridad del sector del Rio Gama, en las inmediaciones del territorio recuperado “Secundino Torres”, cuya propiedad comunal garífuna esta amenazada por la sobreposición de un área de conservación denominada Parque Nacional Punta Izopo.

Ya en el año 2015, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó la razón a la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz y responsabilizó al Estado de Honduras por violar el derecho ancestral y colectivo al territorio de sus habitantes.

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En la conclusión de dicha sentencia, la CIDH constató que no se respetó el derecho a la consulta de la comunidad afroindígena “en ninguna de las fases de planificación o ejecución de los proyectos turísticos ‘Marbella’ y ‘Playa Escondida’, [tampoco en] la adopción del Decreto que estableció el área protegido Punta Izopo y la aprobación del Plan de Manejo” del parque nacional.

Entrada de miembros de la comunidad garífuna al centro comunitario Truinfo de la Cruz antes del acto cultural y ceremonia espiritual para recibir a la Corte y Comisión Interamericanas de Derechos Humanos en 2015.

Con ello, la CIDH confirmó la titularidad de la comunidad de Triunfo de la Cruz, quien además cuenta con un título de propiedad otorgado por el Estado hondureño en 1993 y evidenció la amenaza que representan los proyectos turísticos y de conservación que se sobreponen a las tierras garífunas.

Amenazas

Mediante comunicado, la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) enfatizó que han denunciado reiteradamente, “con nombre y apellidos, las amenazas a muerte en contra de los miembros del comité de tierra y la comisión de cumplimiento de la sentencia de la comunidad; hasta la fecha no hemos visto reacción de la policía ni de las demás autoridades del país”.

Además, la organización informa que, el 3 de febrero del año 2022, presentaron a las autoridades policiales y al Mecanismo de Protección, las cinco zonas de mayor riesgo y de mayores amenazas contra los defensores del territorio de la comunidad, dentro de las cuales se incluye el sector del Rio Gama donde recientemente fue asesinado Arnaúl.

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Ofraneh también contextualiza que, en el mes de octubre del 2022, presentaron a la comunidad de Triunfo de la Cruz ante Natalie Roque, actual ministra de los Derechos Humanos. Denunciaron las amenazas a muerte en contra de varios líderes de dicha comunidad.

“En esta visita, la comunidad solicitó a la ministra no solo investigar estas amenazas, sino que además que (…) acelere el cumplimiento de la Sentencia [de la Corte IDH] a favor de la comunidad”, detalla el documento difundido tras el asesinato del joven defensor garífuna.

En este contexto, la comunidad de Triunfo de la Cruz denunció el permanente hostigamiento y amenazas de Playa Escondida, “un complejo turístico usurpador que se ha apoderado del territorio y ha prohibido el paso al cementerio ancestral de esta comunidad”. Cabe resaltar que la ubicación del proyecto turístico ‘Playa Escondida’ forma parte de uno de los lotes de tierra que la Corte IDH ha ordenado sea devuelto y restituido a la comunidad de Triunfo de la Cruz.

La Ofraneh señala que, hasta la más reciente agresión contra la comunidad garífuna, no se ha investigado las denuncias de amenazas de muerte contra líderes de la comunidad. “No tenemos información sobre el paradero de los desaparecidos desde el 18 de julio del 2020 y tampoco tenemos indicios sobre el cumplimiento de la sentencia a favor de la comunidad”.

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Ante la respuesta oficial, que señalan se limita a publicar indignación en redes sociales, “sin llevar a cabo los mandatos establecidos para liberar, titular y sacar nuestros territorios y mucho menos tocar las estructuras que mantienen en terror y zozobra nuestras comunidades”, la Ofraneh aseveró que no normalizará la violencia, muertes y desapariciones contra las comunidades garífunas.

Garífunas protestan por la violencia impune contra sus comunidades.

Por ello, la organización garífuna exigió una investigación exhaustiva “de este vil y cobarde asesinato y de los demás asesinatos ocurridos en nuestras comunidades que no solo han traído dolor y luto, sino que se han constituido en el principal disuasivo para entregar nuestro territorio a la mafia del capital que domina el país mismo que en muchas de las oportunidades se disfrazan de ´empresarios y de funcionarios´”.

Cabe recordar que en octubre del año pasado se registraron amenazas de muerte contra el fiscal del Comité de Defensa de Tierra de Triunfo de la Cruz, Alfredo López Álvarez, quien fue intimidado para abandonar la comunidad y la lucha por la restitución de sus tierras ancestrales.

Recientemente, organizaciones de derechos humanos, de Honduras y Centroamérica, condenaron el asesinato del joven defensor garífuna. Aunado a ello, este lunes (30) la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) solicitó al gobierno hondureño que efectue una investigación exhaustiva por el asesinato del defensor. Por su parte, Alice Shackelford, la representante de la ONU en Honduras, lamentó la violencia contra los defensores de derechos humanos. “Me solidarizo con su familia así como con Ofraneh. ¡Es necesaria la protección de personas defensoras de DDHH y justicia en este tipo de casos! ¡No más muertes!”, señaló la funcionaria.

 

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(Español) Panorama: el Comando Sur de Estados Unidos y el colonialismo del siglo XXI

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Fuente: Avispa Midia

por Darío Aranda / Foto de portada: Subcoop.

Estados Unidos explicitó su interés en el litio, los hidrocarburos y el agua de América Latina. La generala Laura Richardson reconoció la intervención de su país para incidir en el manejo de los “recursos naturales”. Equinor y Shell en el Mar Argentino, la israelí Mekorot para el manejo del agua, Barrick en San Juan y Syngenta en la Casa Rosada. Más extractivismo, la democracia desnaturalizada y un modelo que consolida la dependencia.

La titular del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, reconoció públicamente el interés de su país en el litio y el agua de América Latina. “Tiene mucho que ver con la seguridad nacional (de Estados Unidos) y tenemos que empezar nuestro juego”, advirtió. Una ratificación de la incidencia y decisión que tiene la potencia del norte sobre los “recursos naturales” y políticas de la región. La declaración, que décadas atrás hubiera escandalizado a países que se declaran independientes y soberanos, circuló de forma crítica entre asambleas socioambientales y activistas, pero pasó desapercibida por la clase dirigente de Argentina.

No es casual esa inacción. No hay grieta entre peronismo y la Unión Cívica Radical-Propuesta Republicana (UCR-PRO) referido al extractivismo, donde sobresalen actividades impulsadas por potencias (Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Rusia y Francia, entre otras) y sus corporaciones mineras, petroleras y transgénicas.

El litio, ubicado en las salinas, es el nuevo “espejo de color” de multinacionales y los gobiernos locales – Foto: Subcoop

En las últimas décadas, todos los gobiernos de Argentina actuaron en total alineamiento con los deseos y necesidades de esas potencias y empresas. Y no hay muestras de que vaya a cambiar con el próxima presidente/a. Al contrario, esos gobernantes (tanto nacionales como provinciales) replican esas lógicas coloniales en los territorios donde hay agua, minerales, hidrocarburos, bosques, naturaleza.

Textuales militares del Comando Sur

El Comando Sur de Estados Unidos es uno de diez espacios militares del Departamento de Defensa de ese país distribuidos alrededor del mundo. El Comando Sur tiene “jurisdicción” e influencia directa sobre todos los países del América Latina (a excepción de México, que figura bajo el Comando Norte).

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La autoridad militar Laura Richardson fue explícita:

-“¿Por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienes el triángulo de litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60 por ciento del litio del mundo está en el triángulo de litio: Argentina, Bolivia, Chile”.

-Señaló la existencia de “las reservas de petróleo más grandes” y la importancia del Amazonas como “pulmones del mundo”.

-Precisó también que los países bajo el monitoreo del Comando Sur tienen “el 31 por ciento del agua dulce del mundo”.

-“Estados Unidos tiene mucho por hacer (…) Tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que empezar nuestro juego”.

Gobiernos alineados

El alineamiento del gobierno de Mauricio Macri con Estados Unidos fue total. Basta recordar el primer encuentro con Donald Trump y las reuniones con empresas extractivas: desde las petroleras Halliburton, Exxon Mobil y Chevron hasta las del agronegocio Monsanto y Cargill.

El kirchnerismo también cuenta con variados antecedentes de solidas alianzas con corporaciones extractivas. Los encuentros de Cristina Fernández de Kirchner con Monsanto, Barrick Gold y Chevron son solo botones de muestra.

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Respecto al Comando Sur y Richardson, la Vicepresidenta recibió a la militar estadounidense en su despacho del Congreso Nacional el 26 de abril de 2022. Lo difundió la propia Cristina Fernández desde su cuenta de Twitter. “Hoy recibimos a la generala de cuatro estrellas Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, primera mujer en ocupar ese cargo en la historia. Nos acompañó el embajador de ese país en Argentina, Marc Stanley”, resumió la Vicepresidenta. E incluso difundió una foto, sonrientes, del encuentro.

La Embajada de Estados Unidos hizo lo propio, en la misma red social: “La general Laura Richardson, primera mujer jefa del Comando Sur de Estados Unidos, se reunió con la vicepresidenta @CFKArgentina, y conversaron sobre el importante rol de las mujeres en el mantenimiento de la paz y la seguridad en la región”.

En la misma semana de los dichos de Richardson, el peronismo gobernante dio claras señales de alineamiento con Estados Unidos. El presidente Alberto Fernández recibió al Asesor Especial del Presidente Joe Biden “para las Américas”. La Embajada de Estados Unidos difundió el encuentro: “Christopher Dodd se reunió con el presidente Alberto Fernández para conversar sobre el fortalecimiento de la cooperación bilateral y regional”. En otro twitt amplió la misión del enviado estadounidense en Argentina: “El Asesor Especial Dodd habló en la Celac con nuestros socios latinoamericanos y caribeños sobre la promoción de la democracia, los Derechos Humanos y el estado de derecho en la región, y sobre cómo podemos ayudar a alimentar y dar energía al mundo”.

En la cumbre de Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) realizada en Buenos Aires el presidente Fernández volvió mostró coincidencia con los planteos de Estados Unidos: “El mundo está necesitando hoy energía y alimentos y América Latina y el Caribe puede ser proveedora de ambas cosas”. Mencionó el gas y el litio y redobló la apuesta: “Debemos unir esfuerzos para lograr esa integración energética”.

Por su parte, el ministro de Economía, Sergio Massa, también se reunió con el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, y con Christopher Dodd. Massa afirmó: “Estados Unidos es un gran socio comercial de la Argentina y es clave que sigamos incentivando sus inversiones en sectores estratégicos como la minería de litio, hidrocarburos, economía del conocimiento, agroindustria y energías renovables”.

En todos los discursos sobresale el nuevo “espejo de color”: el litio, presente en los salares de Catamarca, Jujuy y Salta y publicitados engañosamente como parte de una “transición energética” mediante los autos eléctricos. Desde hace más de una décadas que los pueblos indígenas y asambleas socioambientales denuncian la contaminación y el saqueo que implica la minería de litio.

De colonialismo y gerentes

Que otro país explicite sus intereses (y sus intervenciones) en Argentina y la región no ameritó replicas de clase política local. Es un espejo de cómo actúan funcionarios, científicos, economistas y periodistas (entre otros): decidir y opinar sobre territorios donde no habitan ni (muchas veces) conocen, ignorando las decisiones y modos de vida de quienes sí viven en las tierras pretendidos por el extractivismo.

“Es insólito que hablen sobre los ‘recursos’ de lugares que no habitan, es la lógica que subyace a gobernantes, ministros y empresarios. Para las comunidades el extractivismo, el despojo y el desarraigo tiene múltiples caras. Imperialismo y colonialismo interno se alternan. Muchos de los territorios que anhelan los imperios ya fueron certificados como zonas de sacrificio por los gobiernos nacionales y provinciales”, resumió el periodista e investigador del grupo de Ecología Política del Sur, Leonardo Rossi.

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En tiempos de sequía y crisis climática, se naturaliza que el ministro del Interior, Wado de Pedro, reciba en Casa Rosada a una empresa israelí (Mekorot) que intenta administrar el agua de cinco provincias (Río Negro, Catamarca, Mendoza, San Juan y La Rioja), se aplaude que el gerente general de Syngenta sea Jefe de Asesores del Presidente, se silencia el accionar contaminante de Barrick Gold en San Juan y se celebra que el Poder Judicial habilite la exploración petrolera en el Mar de Argentina, en beneficio de las empresas YPF, Equinor (de Noruega) y Shell (de Países Bajos).

En un año de elección presidencial, el abuelo diaguita Marcos Pastrana lo resume con precisión quirúrgica: “La democracia está desnaturalizada en su esencia. Hay una crisis muy grande de representatividad. Los representantes supuestamente del pueblo son solo representantes corporativos de partidos políticos y de multinacionales. No son gobernantes ni son ni funcionarios: son gerentes ejecutores de las multinacionales y de los terratenientes”.

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Familiares y Comunidades de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes

(Español) Acciones planeadas por la liberación de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, Viernes 27 de enero 2023

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-> En Morelia (Michoacán), 9am: manifestación pacífica en el Centro de Convenciones de Michoacán, donde estará presente Andrés Manuel López Obrador

-> En Ciudad de México: Protesta y entrega de firmas demandando una búsqueda más intensa y efectiva en las Representaciones de Michoacán (10am, calle Kansas 48, col. Nápoles) y de Colima (11:30pm en Gutenberg 176, col. Anzures). Posteriormente, a la 1pm concentración pacífica ante las oficinas centrales de la Procuraduría Agraria (Motolinia 11, Centro Histórico).

-> En Mérida, 10:30am: Protesta ante el Tribunal Unitario Agrario (calle 60 #338H)

El sábado y el domingo habrá más acciones. Contacto: todxsconricardoyantonio@gmail.com

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Avispa Midia

(Español) Gobierno de México desconoce cantidad de agua utilizada por minería

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Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

En portada: El futuro ineludible de la minería. Extracción de ilmenita en Chiapas. Foto: Santiago Navarro F.

La mayor parte de la actividad minera en México se ubica en zonas áridas y semiáridas, en los estados de Sonora, Zacatecas, Durango, Colima y Guerrero, los mismos que tienen el mayor volumen de agua concesionado.

El dato fue divulgado durante la presentación del Sistema de Información Geográfica, denominada Agua y Minería, herramienta desarrollada por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Existen dos maneras de la industria minera para acceder al agua en territorio mexicano, explicó el director general del IMTA, Adrián Pedrozo Acuña. La primera es por la concesión de título de aguas nacionales, inscrito en la base de datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), administrado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), bajo la clasificación “uso industrial”.

Basado en este registro, en 2020, el volumen concesionado a la industria minera fue de 462.45 millones de m3 al año, donde más de 80% de las extracciones de agua se destina a la producción de cobre, oro y hierro.

El 66% de las concesiones de agua se ubican en acuíferos sin disponibilidad y el 18.96% de las concesiones para la minería metálica están en acuíferos sobreexplotados.

Sin embargo, existe una segunda manera de la industria minera para acceder al agua. Es el uso de agua asociado directamente al título de la concesión minera, también llamada de uso libre o agua de laboreo. “La industria minera, específicamente la industria minera a cielo abierto, tiene la posibilidad de usar el agua que está libre, que se alumbra en los grandes pozos que se genera en el mismo territorio” de actividad minera, explica Acuña.

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Resulta que no existe un control, por parte del gobierno mexicano, del uso del agua por la vía de la concesión minera. “El Estado mexicano no sabe cuánta agua de laboreo es utilizada por la industria minera”, admite el director del IMTA.

El Instituto hizo una estimación del volumen del agua utilizada en 2020 por medio de las concesiones mineras. La aproximación revela que el uso fue casi tres veces más que el agua utilizada por medio de las concesiones de títulos de aguas nacionales: 1,131.58 millones de m3   por año. “Eso nos indica el tamaño del problema”, dijo el Acuña.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, admitió que la minería a cielo abierto requiere de grandes volúmenes de agua, lo que genera impactos negativos irreparables para las comunidades aledañas y sus ecosistemas. “En las últimas décadas la sobreexplotación de los yacimientos mineros ha contaminado ríos y mantos freáticos y se ha utilizado irracional y irresponsablemente del agua superficial y subterránea”, dijo.

Más agua

Acuña explicó que, en la actualidad, se requiere cada vez de mayores cantidades de agua para separar los minerales del suelo.

“Es cada vez más complicado encontrar minerales en el suelo. Se requiere de muchísima agua, lo que genera muchos más residuos, de manera que las presas de jales (presas formadas por residuos tóxicos del proceso de extracción de minerales) son mas grandes”, explica.

Para tener una idea, en el año 1900, por una tonelada de suelo removido se lograban 20 gramos de oro, y se generaban 999 mil 980 gramos de jales. Hoy, de una tonelada de suelo removido es posible sacar cinco gramos de oro, y se generan 999 mil 995 gramos de jales.

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El aumento del volumen de agua y de residuos “genera diferentes crisis”. “Por un lado, la necesidad de tener más agua para los procesos de concentración de minerales y, por otro, (son necesarios) más procesos de tratamiento para que los lixiviados y toda aquella agua residual no contaminen los cuerpos de agua que tenemos”, dijo Acuña.

Para 2050, las dos autoridades ambientales, Albores y Acuña, admiten que los riesgos hídricos asociados a la minería serán inmensos y ocasionarán mayor escasez, contaminación y conflictividad.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Comunicado del Pueblos Creyente a 12 años de la Pascua de jTatik Samuel

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DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
COMUNICADO DEL PUEBLO CREYENTE

A la sociedad civil
A las diferentes creencias religiosas
A los tres niveles de gobierno
A los medios de comunicación
A los hombres y mujeres que construyen la paz.

“Dijo Dios: Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro, porque temía mirar Dios. El Señor siguió diciendo: ¡He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído el clamor que le arrancan sus opresores conozco sus angustias!
Voy a bajar para librarlo del poder de los Egipcios…” (Ex 3, 6-8)

Como Pueblo Creyente nos unimos en este día para recordar los 12 años de la pascua de jTatic Samuel que fue profeta y pastor, que acompañó al pueblo. Él sigue ÉI vivo en la memoria de este pueblo que peregrina y que nos fortalece en nuestro caminar. Nos unimos también para manifestar todos los atropellos e injusticias, violencia e inseguridad que estamos viviendo y para impulsar nuestra esperanza.

LA VIOLENCIA

La presencia del crimen organizado en las ciudades, en pueblos y comunidades se ha hecho cada vez más visible en un contexto de disputa y control del territorio Llevándonos a un clima de violencia generalizada, amenazas, enfrentamientos, desapariciones y asesinatos de personas de diferentes estratos sociales, así como también el reclutamiento de jóvenes. Provocando masacres, terror e inseguridad en comunidades y cabeceras municipales, no solo del territorio de nuestra diócesis sino en otras partes de las diócesis de Tuxtla y Tapachula.

El aumento de cantinas clandestinas en las cabeceras municipales y en algunas comunidades donde también se venden drogas y se da la prostitución, que generan adicción y destrucción de las familias.

Hemos visto que el actuar del crimen organizado ha la sido con la permisividad de los tres órdenes de gobierno generando impunidad e injusticia.

EI uso de las armas ha sido una herramienta de querer solucionar los conflictos en comunidades dejando en el olvido las formas comunitarias del diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas y de reconciliación que nos enseñaron nuestros abuelos y nuestras abuelas.

Chiapas ha sido uno de los estados en el que el fenómeno del desplazamiento forzado se ha visibilizado cada vez más y no ha y sido reconocido ni atendido por las autoridades de los tres niveles de gobierno. En muchos casos se iniciaron como disputas de tierras pero con la mala decisión de las instituciones de gobierno que provocaron el aumento de los conflictos por no tener en cuenta los antecedentes históricos entre comunidades ni sus acuerdos comunitarios anteriores.

En la actualidad los desplazamientos se han generado por la situación de extrema violencia provocada por los grupos armados, que tienen la permisividad del gobierno. También muchas veces esta situación de violencia ha provocado la migración a otros estados del país o a Estados Unidos y Canadá.

Todo lo anterior ha traido como consecuencia, la ruptura del tejido social y familiar.

Durante los desplazamientos mujeres y niñas-niños son los más expuestos al acoso, tortura sexual como forma de violencia directa, dejándoles en estado de vulnerabilidad, desprotección, discriminación, violación a sus derechos humanos y desamparo total.

PARTIDOS POLÍTICOS

Ya desde los últimos meses de 2022 se ha empezado por la carrera hacia las elecciones 2024, a nivel federal, estatal y municipal. Muchas veces con “pre-campañas” disfrazadas, de diversos actores y actoras políticas.

Así como empezar a repartir dádivas con despensas y demás mecanismos que siempre se utilizan para la compra de conciencias y por lo tanto de los votos. Además de causar la división en las comunidades.

También se ven las alianzas de ciertos políticos con grupos de poder, delincuencia organizada, algunas organizaciones sociales y caciques. Todo por la ambición del poder.

Por está colusión con la delincuencia se prevé nuevamente la violencia antes, durante y después de las elecciones, lo cual traerá sufrimiento y muerte en nuestros pueblos.

ECONOMÍA

Los campesinos y las campesinas seguimos resistiendo y produciendo alimentos a pesar de que los precios de nuestros productos se mantienen bajos: el maíz, el café, el cacao, el frijol, la caña de azúcar, el jitomate, el chayote, etc.

Existe un gran descontrol en los precios de la canasta básica y en los precios de los combustibles: la gasolina, el gas, la energía eléctrica; así como el transporte.

Los salarios en el campo siguen siendo bajos en relación a lo que ganan los obreros y los que se dedican a los servicios y los funcionarios.

Vivimos en un permanente despojo de nuestros bienes, de nuestras tierras, aguas bosques. Éstas son otras causas de la migración y de la destrucción de las familias en el campo y en la ciudad.

MIGRANTES

Hay mucha migración de nuestras comunidades que migran a los Estados Unidos y dentro del país, como ya expresamos antes. Así como muchos migrantes de Centro y Sudamérica. de otros países del mundo que atraviesan nuestro pais.

Los migrantes son violados en sus derechos. Sufren robos y secuestros, y muchos se han quedado pidiendo limosna en comunidades y ciudades. También hay migrantes que son arrestados por diversas instituciones del gobierno y los encarcelan durante un tiempo y después los devuelven a su país. Otros se mueren en el desierto por hambre y sed, o son asesinados o víctima de extorsión.

Hay mujeres migrantes que son contratadas por los centros de prostitución y son violentadas en sus derechos, asesinadas, secuestradas y forzadas a ejercer la prostitución. Hay familias completas que han migrado, dejan sus casas en busca de una vida mejor, otras por ambición de dinero o por otras causas.

LLAMADO A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Como Pueblo Originarios podemos seguir existiendo construyendo la paz y la justicia, si buscamos nuestras raíces y fortalecemos nuestra cultura, nuestras lenguas y el reconocimiento de nuestros derechos. Si mantenemos los significados de la vida que están presentes en la comunidad. Sì no caemos en las trampas y en los conflictos que nos dividen y nos enfrentan entre hermanos Y
hermanas.

EXIGENCIAS

Exigimos el alto a los conflictos en las comunidades: las injusticias, asesinatos, secuestros y desaparición de personas, la violencia y la inseguridad. Exigimos el alto a las cantinas clandestinas que promueven el consumo de alcohol, drogas y la prostitución.

Exigimos el alto a la destrucción de las familias con la violencia, el desplazamiento, el secuestro, el despojo del territorio y la inseguridad que se hace más grande con el aumento de las armas y la presencia del crimen organizado.

Exigimos el respeto a las mujeres en todos los espacios de la sociedad; que no se obstaculice su derecho a decidir libremente.

Exigimos que se deje de criminalizar la lucha por la defensa de la libre determinación de nuestros pueblos y la defensa del territorio en el que vivimos.

Exigimos justicia no impunidad ante la masacre de Acteal. Reconocemos la digna lucha de la organización civil “las Abejas”, que han luchado incansablemente por 30 años y tienen la memoria la viva de la masacre de 45 hermanas y hermanos, más 4 bebés no nacidos sacados del vientre de sus madres en Acteal el 22 de diciembre de 1997.

ALTERNATIVAS

Organizar trabajos colectivos como comunidades o como familias, como mujeres, jóvenes, niñas- niños, hermanos catequistas y Pastoral de la Tierra y otras áreas. Para lograr nuestra propia alimentación sana y nutritiva.

Conservar y valorar nuestra madre naturaleza que somos parte de ella cuidarla; hacer conciencia de ya no usar químicos y desechables que la contaminan.

Juntar las basuras asi como nos enseñaron nuestros abuelos y abuelas. Sembrar árboles frutales, plantas medicinales, hacer hortalizas en común.

“Entonces Dios tomó al ser humano y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara cuidara” (cf. Gen 2, 15)

Buscar la paz y la reconciliación en nuestras comunidades, para que haya armonía en nuestros trabajos y pueblos.

Desde la Palabra de Dios que nos ¡lumina y nos muestra el camino para seguir fortaleciendo nuestro caminar como Pueblo Creyente.

También es fundamental recordar lo que ya se decía en una carta pastoral: “Es importante seguir tejiendo en común, porque a realidad no la podemos transformar solos 0 una sola comunidad, una sola zona, una sola organización; es nuestra tarea tejer alianzas con aquellas personas, comunidades, zonas, organizaciones, que están en una verdadera lucha construyendo esa nueva vida, que están construyendo el “Buen vivir con gran respeto”… Por tanto, tenemos que animar los corazones para fortalecer la unidad en la acción entre quienes están luchando por esa nueva vida que deseamos tener para todos, haciendo nuestra la experiencia de las primeras comunidades cristianas que “tenian un solo corazón una sola alma” (Hechos 4, 32)”. (Carta Pastoral ¡Caminemos juntos a la luz del Señor!, número 49, año 2020).

Como Pueblo Creyente damos gracias a Dios por los 5 años de acompañamiento en esta diócesis de nuestro obispo Rodrigo Aguilar Martínez y que continuemos caminando juntas y juntos la luz del Señor.

 

“LA VERDAD NOS HARÁ LIBRES”
Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
A 25 de enero de 2023.

       
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Familiares y Comunidades de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes

(Español) Convocatoria de acciones descentralizadas del 27 al 29 enero 2023 por la búsqueda y rescate de los defensores de Derechos Humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz

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Por favor, ayúdanos a difundir este mensaje entre tus contactos:

El 15 de enero de 2023, el abogado defensor de Derechos Humanos Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el profesor Antonio Díaz Valencia, líder de la comunidad indígena de Aquila, Michoacán, fueron víctimas de secuestro y desaparición forzada. La familia y los comuneros de Aquila hemos realizado acciones que van desde lo legal hasta bloqueos en carreteras y el cierre de una mina de la empresa Ternium.
Familiares y amigxs de Ricardo y Antonio lanzamos esta convocatoria para invitar a organizaciones sociales, ejidos y bienes comunales, comunidades indígenas, sindicatos, estudiantes, colectivos y colectivas, para que, en solidaridad realicen actividades descentralizadas de protesta y presión durante el fin de semana del 27, 28 y 29 de enero.
La comunidad indígena San Miguel Aquila está asentada sobre importantes yacimientos mineros. La empresa Ternium ha explotado desde hace décadas la mina extrayendo enormes cantidades de hierro, oro, plata y cobre, generando serios impactos ambientales y ruptura del tejido social en la comunidad.

El prof. Antonio Díaz representa al grupo mayoritario de comuneros, quienes litigan desde hace años, con asesoría de Ricardo Lagunes, con el fin de que se lleve a cabo un proceso de elección democrática. Esto resultaría en la pérdida de poder de un grupo minoritario que apoya incondicionalmente a la empresa minera y que ha gestionado cuantiosos recursos durante años por ese motivo. La familia y los comuneros están convencidos de que este grupo cercano a la empresa minera está detrás de la desaparición de Antonio y Ricardo.
Tanto el Tribunal Unitario Agrario como la Procuraduría Agraria han sido sumamente negligentes, favoreciendo con su inacción y con ventajas procesales al grupo de poder minoritario cercano a la empresa minera. Comparten por tanto responsabilidad en la situación de injusticia social que ha culminado con estas desapariciones.

Incluimos algunos ejemplos de acciones que podrían llevar a cabo:

1. Firmar y circular la acción urgente que se encuentra en el siguiente enlace: https://change.org/BusquedaRicardoyAntonio

2. Protestas ante oficinas de la empresa minera Ternium en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Luxemburgo, México, Países Bajos, Nicaragua, España, Uruguay y EE.UU (ver lista en: https://us.ternium.com/en/contact-us/our-offices#our-offices

3. Acciones frente a embajadas y consulados mexicanos para exigir la búsqueda y rescate.

4. Protestas ante las sedes de los Tribunales Unitarios Agrarios o las Delegaciones de la Procuraduría Agraria o el Registro Agrario Nacional.

5. Marchas, bloqueos, u otras formas de protesta que hagan visible la exigencia de intensificar la búsqueda y presentación con vida de Antonio y Ricardo.

Sugerimos incluir las siguientes demandas a sus acciones y protestas, además de otras que sean relevantes para ustedes en el ámbito local/regional:

1. A las instituciones públicas, intensificar la búsqueda para la presentación con vida de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes.

2. A la empresa minera, que asuma su responsabilidad y ponga presión sobre el grupo minoritario que se presume está detrás de la desaparición, con el que la empresa tiene fuertes vínculos.

3. Al Estado mexicano, la reforma integral del sistema de justicia agraria y de su marco legal.

Agradecemos sus muestras de solidaridad y les pedimos nos informen de sus planes de acciones al correo hastaencontrarles@buscamos.org, para subirlas en la web https://buscamos.org/

Materiales:

1. Acción Urgente: https://change.org/BusquedaRicardoyAntonio (puede imprimirse y presentar, de manera simbólica, ante las distintas representaciones, las firmas recabadas.

2. Drive con fotografías y materiales para su reproducción (iremos agregando más en los próximos días): https://drive.google.com/drive/folders/17IBPUL3aHBkArtZbVk7WRqPkblw4vkop

3. Web: https://buscamos.org/ (aún en construcción, pronto tendrá más contenidos), Twitter: https://twitter.com/buscamos_org fb: www.facebook.com/groups/846734636395194/people

Change.org (https://change.org/BusquedaRicardoyAntonio)
Firma la petición:
Demandamos presentación con vida de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia

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Avispa Midia

Corte canadiense rechaza investigar a su embajada por el asesinato de ambientalista en Chiapas

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Mariano Abarca al micrófono durante las protestas en la embajada de Canadá ubicada en la Ciudad de México durante 2009.

La Corte Suprema de Canadá cerró la puerta a cualquier investigación sobre el papel de la embajada de dicho país en México en el asesinato de Mariano Abarca, defensor del medio ambiente en Chiapas.

Abarca, líder comunitario de Chicomuselo, fue asesinado en 2009 debido a su activismo contra los impactos sociales y ambientales de las operaciones mineras de la canadiense BlackFire Exploration, empresa que explotó concesiones de titanio en la región de la Sierra Madre.

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La reciente decisión de la Corte responde a una queja presentada por la familia de Abarca sobre el rol de la diplomacia canadiense. En el año 2018, y bajo la ley de denunciantes de Canadá, los familiares del activista chiapaneco argumentaron que el apoyo incondicional de la Embajada de Canadá a Blackfire Exploration puso a Mariano Abarca en mayor riesgo durante las semanas y meses previos a su asesinato.

“Ignorando más de 1,000 páginas de pruebas que documentaban las acciones de la Embajada en apoyo a la empresa, el Comisionado de Integridad para la Administración Pública de Canadá -cuya responsabilidad es examinar denuncias y garantizar la confianza en el sector público- se negó a abrir una investigación”, difundió este lunes (23) la organización Mining Watch.

La resolución de la Corte contradice la revisión del juez federal de Canadá, Keith Boswell, quien en 2019 admitió que Abarca “quizás no hubiera sido asesinado” si la embajada canadiense en México “[hubiese] actuado de otra manera”.

No obstante, pese a los recursos presentados ante el Comisionado no consiguieron la apertura de una investigación y el 12 de enero la Corte Suprema rechazó el recurso de apelación presentado por la familia Abarca.

“Hemos agotado todas las vías para llegar a la verdad en Canadá”, informó José Luis Abarca, hijo de Mariano, quien señaló que ahora acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigir justicia.

“Mi padre fue asesinado hace 13 años y, hasta el día de hoy, no estamos más cerca de comprender el papel que los funcionarios canadienses pudieron haber desempeñado en poner en peligro su vida. Mientras no se investiguen las acciones de estos funcionarios canadienses, las embajadas de Canadá en todo el mundo seguirán prestando un importante apoyo diplomático a empresas mineras canadienses, probablemente poniendo en peligro las vidas de otros defensores de derechos humanos y del medio ambiente. Es hora de que recurramos a organismos internacionales para que Canadá rinda cuentas”, sostuvo el hijo del defensor asesinado.

Diplomacia económica

La cronología elaborada por el Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP por sus siglas en inglés), sobre el asesinato de Mariano Abarca, enfatiza que el crimen ocurrió apenas siete semanas después de que diplomáticos canadienses se reunieron con funcionarios del gobierno chiapaneco para promover las actividades de la minera BlackFire Exploration.

Ahora,con la resolución de la Corte Suprema se ha puesto un fin a la posibilidad de investigación, administrativa y judicial, sobre las irregularidades en que incurrieron funcionarios canadienses en el asesinato del defensor del medioambiente, apunta el asesor jurídico de la familia, Nicholas Pope.

Peregrinación del Comité para la Defensa de la Vida Samuel Ruiz García en Chicomuselo. Las y los manifestantes se oponen a la reactivación de la mina de titanio de la región. 23 de julio 2022. Foto de Sipaz

“La integridad de los procedimientos de revisión ética de Canadá en sus actividades internacionales es un asunto que preocupa enormemente a los canadienses. Es lamentable que la Corte haya cerrado esta puerta”, compartió el abogado.

Por su parte, Shin Imai, también integrante de JCAP, sostuvo que este caso cobra relevancia debido a que habría puesto a prueba al sistema de denunciantes de Canadá, “con importantes implicaciones para la democracia, la transparencia y el problemático apoyo diplomático de Canadá a las empresas canadienses en el extranjero”.

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Según Mining Watch, en 2022, el valor de los activos mineros canadienses en el extranjero ascendía a 188,000 millones de dólares, “activos de propiedad de empresas que reciben un importante apoyo financiero y diplomático del gobierno canadiense”, recalca la organización.

Ante ello, otra integrante de JCAP, la profesora Charis Kamphuis, afirma que la diplomacia económica puede tener repercusiones negativas sobre los derechos humanos y estar en contradicción con las obligaciones internacionales de Canadá.

“Los funcionarios canadienses ofrecen un sólido apoyo político para promover los intereses mineros canadienses en el extranjero y a menudo no respetan las propias políticas canadienses de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos y del medio ambiente amenazados”. Una muestra de ello, acorde a la profesora, es el caso de Mariano Abarca, pues “los tribunales canadienses no quisieron tomarse en serio esta cuestión y exigir una investigación de las acciones de los funcionarios canadienses”.

Otros Mundos Chiapas y la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), quienes trabajaron con Abarca antes de su asesinato, afirman que la negativa de la Corte Suprema de Canadá a escuchar esta apelación es “decepcionante”.

Según Gustavo Castro, “reafirma nuestra percepción de hasta qué punto las autoridades canadienses están capturadas por los intereses de sus empresas mineras. Este caso trata del asesinato de Mariano Abarca en México, pero también de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente que protegen su tierra y su agua de los daños causados por las explotaciones mineras canadienses en América Latina y en todas partes”.

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ASAMBLEA COMUNITARIA DE PUENTE MADERA | Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio - APIIDTT

(Español) ¡CON LA SANGRE DE LOS PUEBLOS NO HAY TRANSFORMACION, NI PRIMAVERA! : ASAMBLEA COMUNITARIA DE PUENTE MADERA, APIIDTT

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Avispa Midia

(Español) El régimen dictatorial persigue la protesta indígena en Lima

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Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

En portada: Tras permanecer recluidos más de un día en condiciones denigrantes, el domingo fueron liberados los manifestantes detenidos en la Universidad de San Marcos. Crédito: Fotos de lucha

La dictadura cívico-militar de Dina Boluarte escaló la criminalización contra las poblaciones quechuas y aimaras en el Perú.

La mañana del sábado 21, la Policía irrumpió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para detener a más de 200 manifestantes que llegaron a Lima desde diversos puntos del país, principalmente del sur andino, la zona más golpeada por la represión estatal, para participar en las movilizaciones masivas en la capital.

La redada en la que participaron unos 400 policías antimontines se realizó sin garantías legales, no hubo presencia de fiscales ni abogados. Los escuadrones derribaron con un tanque una puerta y parte de un muro del campus universitario, donde estudiantes albergaban, de acuerdo al estatuto universitario y contra la voluntad del rectorado, a comitivas de las regiones más activas en la lucha contra el régimen militarizado impuesto por la ultraderecha. Dispararon sus armas de fuego y bombas lacrimógenas, aunque no hubo enfrentamientos.

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En un intento de tomar un segundo centro de estudios, la tarde del sábado (21), portatropas del Ejército rodearon la Universidad Nacional de Ingeniería, que aloja a las delegaciones hospedadas por autorización del rectorado. Los agentes se retiraron ante la respuesta del rector en defensa de la autonomía universitaria y las garantías de los huéspedes, pero se teme que en los próximos días la Dirección contra el terrorismo de la Policía Nacional del Perú (Dircote)ingrese al recinto, bajo la justificación de la lucha antiterrorista escenificada por el Gobierno de facto para infundir miedo a la población movilizada.

En un listado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, se registraron 208 personas que fueron retenidas durante más de 24 horas en la Dircote y la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Entre ellas hubo dos periodistas de la región Puno.

En un comunicado, la Universidad San Marcos indicó que solo solicitó a la Policía la liberación de las puertas tomadas”, por lo que calificó el allanamiento como abuso de autoridad.

Manifestantes detenidos permanecieron hacinados y sufrieron abuso físico y psicológico. Crédito: Fotos de lucha

El domingo 22 fueron liberados todos los manifestantes, a excepción de una persona con requisitoria, tras permanecer recluidos más de un día en condiciones denigrantes, de hacinamiento, como se ve en una fotografía difundida por organismos de derechos humanos. Entre las detenidas estuvo una niña que acompañaba a su madre. Tanto a mujeres y hombres les obligaron a desnudarse y les revisaron sus partes íntimas, relató una manifestante proveniente de Arequipa.

La cacería terrorista es racializada

Hay un trasfondo de racialización en los métodos de criminalización de la protesta cuando no se manifiesta en Lima, lo que reafirman las recientes masacres en las localidades de mayorías indígenas, o cuando se trata de personas de otras provincias, perseguidas durante su viaje, estigmatizadas como violentistas desde antes de ejercer su derecho a la protesta, casi prohibidas de ingresar a la ciudad. Ninguna de las 60 víctimas en menos de dos meses de Boluarte en el poder, 45 asesinadas por balas de militares y policías, se registró en la capital.

Varias de las detenidas denunciaron agresiones físicas y psicológicas, negación de asistencia médica a personas con enfermedades, insultos racistas y calificativos de terroristas por parte de uniformados. No les devolvieron sus documentos de identidad, les quitaron sus celulares, dinero e incautaron la alimentación reunida para su estadía.

“Nos han lanzado bombas lacrimógenas, como a terroristas nos trataron, nos apuntaron con sus armas, nos han arrastrado, enmarrocado en el suelo”, contó una mujer puneña. “Nos han golpeado, maltratado, no somos delincuentes, nos han tenido en calabozos, nos acusan de daños materiales que nunca hemos hecho a la universidad”, denunció una víctima de la redada masiva que llegó desde Huancavelica.

Toma de la Universidad de San Marcos, Lima.

Según el Ministerio del Interior, entre las personas detenidas en San Marcos había tres que tienen “vínculos con el terrorismo” y se encontraron “volantes subversivos que vienen de la época de la violencia”. Se pretende judicializar a los intervenidos acusándoles de daños y robos a bienes de la universidad.

El régimen multiplica su estrategia de estigmatización, acusando a los protestantes de ser financiados por la minería ilegal y el narcotráfico, cuando la organización es comunitaria y autogestionada; se les invisibiliza atribuyendo manipulaciones detrás de una movilización espontánea y sin adhesiones políticas partidarias; se les minimiza desconociendo el respaldo de sus reclamos, a pesar de las marchas multitudinarias, los conflictos cotidianos, con decenas de vías bloqueadas y un sospechoso incendio en el Centro de Lima que dio la vuelta al mundo; a pesar de los máximos niveles de desaprobación de Dina Boluarte y el Congreso.

Para lo cual cuenta con el apoyo de los medios masivos, de propiedad de la oligarquía que capturó el Poder Ejecutivo y al servicio de la cacería del fantasma de la subversión. La concentración mediática y la peligrosa hegemonía de un discurso político en el periodismo peruano han sido advertidas por la prensa internacional.

El objetivo de sus informaciones es deslegitimar y satanizar ante la opinión pública las demandas de las protestas, centradas en el adelanto de elecciones para este año, la instalación de una Asamblea Constituyente y el cierre del Congreso. Entre los manifestantes de los Andes se defiende ampliamente la reposición en la presidencia de Pedro Castillo, contra el que la prensa local orquestó la mayor campaña de desinformación presenciada desde la dictadura fujimorista.

En esa línea, en el imaginario de la prensa local, la Universidad San Marcos es un fábrica de adoctrinamiento; sus estudiantes, como los manifestantes provincianos, son terroristas formados o en potencia.

La participación de la Dircote en las operaciones contra la protesta social es una forma de intimidación que conlleva la posibilidad de procesos por terrorismo directo o indirecto, delitos configurados en el Plan de Lucha Multisectorial Contra el Terrorismo 2019-2023 para acciones que son derechos constitucionales y de libertad de expresión. Es el terror con el que la alianza entre los poderes Ejecutivo-Legislativo, las fuerzas militares-policiales y los poderes económicos pretenden disuadir, especialmente, las movilizaciones de los pueblos indígenas. Por la criminalización o la masacre.

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