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Nos duelen 56: En vísperas de que empiece el juicio, organizaciones de América Latina y del Mundo piden justicia y la rendición de cuentas de altos cargos en caso Hogar Seguro

22 de octubre de 2019

Hoy, 22 de octubre de 2019, inician audiencias preparatorias del juicio para determinar la responsabilidad penal de tres altos funcionarios en el caso “Hogar Seguro”. Organizaciones de todo el continente y mundo entero, incluyendo las que integran el Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina*, piden unánimemente justicia para uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos cometidas contra niñas, niños y adolescentes en América Latina.

El 8 de marzo de 2017, 41 niñas y adolescentes perdieron la vida calcinadas y 15 sobrevivieron con graves lesiones, incluyendo amputaciones y cicatrices permanentes, en el Hogar Virgen de la Asunción, ubicado en municipio de San José Pinula, a las afueras de Ciudad de Guatemala, como consecuencia de un incendio en el aula donde habían sido encerradas bajo custodia de la Policía Nacional Civil (PNC) y las autoridades del hogar. El fuego se propagó rápidamente, sin embargo, la subinspectora de la PNC, que cargaba la llave y estaba al mando del grupo de policías, se negó a abrir la puerta durante un lapso de nueve minutos, es decir, liberándolas demasiado tarde para evitar daños irreparables.

Las niñas y adolescentes habían pasado toda la madrugada en dicha aula, con menos de un metro de espacio por persona, sin poder cambiarse ni bañarse, sin agua potable ni sábanas, como forma de castigo tras haber intentado escapar del hogar a causa de los malos tratos, abusos sexuales y otras violaciones a los derechos humanos documentadas, a los cuales eran sometidas de forma rutinaria. En el marco del intento de fuga, que culminó en la captura y detención de las niñas, los niños y adolescentes en las afueras del Hogar Seguro por parte de agentes de la PNC, varias de ellas, junto con los niños y adolescentes varones que residían en el hogar, recibieron golpes con batón, escudo policial y aparatos de descargas eléctricas, fueron rociadas con gas pimienta y fueron puestas en el suelo boca abajo, con grilletes.

Según las informaciones recibidas a través de las organizaciones guatemaltecas que forman parte del Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina, el proceso penal para enjuiciar a los responsables ha estado plagado de retrasos y obstáculos. Entre los principales, destaca que se haya fragmentado la investigación y el enjuiciamiento en tres procesos, en el marco de los cuales se investigan delitos y personas distintas, todas ellas relacionadas con los mismos hechos. Asimismo, se han pospuesto diligencias y etapas del proceso en múltiples ocasiones, retrasando el proceso de forma indebida con el impacto consiguiente en las víctimas sobrevivientes y sus familias.

Un punto que genera especial preocupación es que las figuras delictivas de las que se está acusando a las personas que se someterán a juicio en los próximos meses (Carlos Antonio Rodas Mejia, el entonces Secretario de Bienestar Social (SBS) de la Presidencia de la República de Guatemala, Anahy Keller Zabala, la entonces Subsecretaria de Protección, Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la SBS de la Presidencia de la República y Santos Torres Ramirez, el entonces Director del Hogar Virgen de la Asunción) son delitos menores, que no reflejan la gravedad e intencionalidad de las acciones y omisiones que resultaron en los hechos mencionados. En este sentido, el Comité contra la Tortura (CAT) en diciembre de 2018 expresó preocupación “acerca de la calificación de los hechos como delitos menores, sin tener en cuenta la intimidación como posible finalidad, la falta de investigación acerca de las alegaciones de malos tratos, abuso sexual y trata en dicho centro” (CAT/C/GTM/7, párr. 24).

El CAT urgió a Guatemala a “investigar con prontitud, exhaustividad e imparcialidad todas las alegaciones de homicidios, torturas, malos tratos, abusos sexuales y trata de niños, niñas y adolescentes institucionalizados en el Hogar Virgen de la Asunción”, que incluyeran tanto antes como después de los hechos ocurridos el 8 de marzo de 2017 (CAT/C/GTM/7, párr. 25 (a)).

En este contexto, es altamente preocupante que las víctimas sobrevivientes y sus familias no han sido atendidas ni reparadas debidamente. Por el contrario, ha habido múltiples hechos que indican la estigmatización y criminalización de las víctimas por parte de las autoridades. Tal es el caso de una de las sobrevivientes, quien recientemente ha sido denunciada y se ha iniciado una investigación en el Ministerio Público de Guatemala por ser la supuesta responsable de los hechos del 7 y 8 de marzo de 2017, así como los argumentos constantes de los abogados defensores acusando a las niñas, adolescentes y sus familias de culpables. De la misma forma, el hecho que las víctimas sobrevivientes sean sometidas a las mismas preguntas una y otra vez por parte de jueces, fiscales y abogados que actúan en los tres procesos distintos relacionados con los mismos hechos es sumamente revictimizante y las expone, junto con sus familiares, testigos, abogados y peritos involucrados en el caso, a un mayor riesgo de sufrir amenazas, coacciones e incluso atentados contra su vida e integridad.

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Siguen las manifestaciones sin precedente en Chile contra el régimen político – económico que encabeza el empresario y presidente de Chile, Sebastián Piñera Echeñique, acusado de violar derechos humanos y de acciones gubernamentales de facto, quien además es anfitrión de dos cumbres internacionales en noviembre y diciembre (Apec y COP25).

Este domingo nuevamente se realizaron masivas manifestaciones en todo el País, continuando este lunes activamente. Más de 100.000 personas se movilizaron en Viña del Mar y Valparaíso, considerada histórica, quienes se dirigieron al Congreso de la República y fue reprimida para impedir el paso al edificio legislativo.

El presidente firmó este domingo los decretos que suponen el levantamiento del estado de excepción en todo Chile a partir de las 0.00 horas de este lunes, 28 de octubre, con ello logrando las masivas manifestaciones la retirada de los militares de las calles, terminando así el toque de queda que afectaba a numerosas localidades en el País, luego de una serie de asesinatos, torturas, violaciones, abusos y miles de heridos.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), órgano autónomo del Estado, mantiene un formulario en sitio web para recibir denuncias relacionadas a violaciones de los derechos humanos por parte de agentes del estado. Amnistía Internacional anunció comisión investigadora para documentar las violaciones a los derechos humanos. A su vez, impulsó una campaña denominada: “Presidente Piñera, detenga ya la represión contra manifestantes en Chile”. Por su parte, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que decidió convocar por oficio la audiencia pública “Situación de derechos humanos en el contexto de la proteste social en Chile”. La audiencia tendrá lugar el 11 de noviembre de 2019, de 17:00 a 18:00 (hora local en Quito), en el marco del 174 Periodo de Sesiones, a realizarse del 8 al 14 de noviembre de 2019, en Quito, Ecuador.

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Hoy por la mañana, el juez del Centro de Reinserción Social (Cereso) Eduardo Ruiz de Uruapan, Michoacán, dictó sentencia por el delito de sabotaje a José Antonio Arreola, José Luis Jiménez y José Gerardo Talavera. Dicha sentencia es injusta ya que durante el juicio no se probó dicho delito por lo que los compañeros son víctimas de criminalización por la defensa de su Autonomía y territorio.

Para la defensa legal esta claro que emitieron la sentencia con pruebas inconsistentes “es claro y notorio que los hechos se contradicen en las declaraciones de los testigos, quedo muy claro que declararon con falsedad y de manera contradictoria” dice Alejandro Chavez Rojas abogado defensor.

La defensa apelará la sentencia, una vez que el juez la dicte y se las envíe por escrito, lo cual tiene que ocurrir en los siguientes 5 días. “Apelaremos para los magistrados del Estado revisen la resolución con los agravios que harán valer con las inconsistencias y argumentos para que sea revocada por los magistrados” dice Jesús Casares Ramirez, abogado defensor.

Según el Código Penal del Estado de Michoacán, el delito de sabotaje es cuando se dañe o destruya recursos esenciales que el Gobierno del Estado tenga destinados para el mantenimiento del orden público. El  abogado Jesús Casares explica que “el delito no pudo proceder porque los bienes los tenían y los siguen teniendo el Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, por lo tanto, al tener los bienes,  en ningún momento puede interferir en las funciones de ningún ayuntamiento, porque ellos son autoridad. Al contrario, el Ayuntamiento de Nahuatzen interfiere en las funciones del Consejo Indígena por el retiro arbitrario de los recursos económicos como meterse de manera arbitraria en las instalaciones.   Esta claro que las instalaciones del DIF son parte del patrimonio de la cabecera municipal, que son administradas por el gobierno autónomo de Nahuatzen. La sentencia no se apegó a derecho y haremos valer los recursos que dictan la ley para el resultado sea favorable una vez  que otras autoridades de superior jerárquico revisen las pruebas”.

El delito de sabotaje es el más común usado por los Estados para criminalizar la labor de las personas defensoras de derechos humanos, así lo documenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe “Criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos”. Para el Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN) estas sentencia es una amenaza a su Autonomía, a la defensa del territorio y pone en evidencia el uso indebido del sistema de justicia penal para desarticular la defensa de los derechos humanos que se ejerce desde del CCIN.

El CCIN, están realizando movilizaciones para exigir la liberación de José Luis Jiménez y José Gerardo Talavera. Mañana estarán realizando un acto para medios de comunicación a las 10 am en la Representación del estado de Michoacán en la CDMX, ubicado en Calle Kansas 48, Colonia Nápoles.

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Las y los abajo firmantes trabajadoras(es) de las ciencias sociales, las humanidades, las artes y la comunicación desde diferentes latitudes del planeta Tierra acompañamos y apoyamos a las mujeres autoconvocadas de diversas naciones indígenas de Argentina provenientes de territorios en conflicto, en su ocupación realizada desde el 9 de octubre, de manera pacífica, del ministerio del interior en Buenos Aires. Exigimos al Estado argentino, al gobierno y a sus funcionarios que se abran todas los vías necesarias y exigidas por ellas para que de manera expedita y urgente se den respuestas a sus demandas históricas y actuales porque como ellas afirman en su pronunciamiento intitulado “La Rebelión de las Flores Nativas”:

El actual “sistema capitalista, racista y patriarcal […] está poniendo en riesgo la vida del planeta” […] “Los gobiernos y las empresas están llevando a cabo un terricidio” […] “Están asesinando nuestros territorios” […] destruyen pueblos enteros que son los guardianes de un modo de entender el arte de habitar, que es necesario para poder emplazar una nueva matriz civilizatoria”. Destruyen -agregan- a “todas las fuerzas  que regulan  la vida en la tierra”.

Con base en la encuesta realizada por el 2do Parlamento de Mujeres Indígenas afirman: “ocho de cada diez mujeres indígenas sufren violaciones, abusos y violencia  física. Siete de cada diez lo sufren por parte de policías y fuerzas de seguridad del Estado. De cada ocho mujeres, siete no pueden acceder a la justicia. Cinco de cada ocho mujeres violadas y asesinadas son ancianas, en la mayoría de los casos autoridades espirituales”. Concluyen: “Nosotras  las mujeres indígenas somos los cuerpos que mas padecemos estas atrocidades” [ya que] “nos toca a nosotras históricamente sostener y guardar la vida y la de nuestras familias”.

Al tiempo denuncian la militarización en sus territorios: “cotidianamente [sufrimos] detenciones y allanamientos arbitrarios; desapariciones y torturas; desalojos a nuestras comunidades que son una violación a nuestros derechos y leyes vigentes que nos resguardan”. Una evidencia más de lo que llaman “la imposición de un sistema de muerte, que ha desnaturalizado a la humanidad”.

Las mujeres indígenas autoconvocadas parten de la denuncia del terricidio, del feminicidio y del terrorismo de Estado para exigir el reconocimiento de un Estado plurinacional y el “buen vivir” como derecho, al tiempo que afirman tener propuestas para contribuir a la lucha contra el cambio climático, para recuperar las prácticas de sociedades recíprocas con la naturaleza que sostienen la vida como principal valor y así restablecer la equidad y reciprocidad entre los pueblos y con las mujeres.

En estos tiempos de muerte, horror y guerras, demandas, análisis y propuestas como éstas tienen que ser escuchadas por el Estado/gobierno argentino y por la sociedad civil nacional e internacional. Son voces rebeldes y disidentes que nos llegan desde el confín del mundo para todo el planeta Tierra.

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Las mujeres indígenas en Argentina decimos BASTA al terricidio.

Nosotras las mujeres indígenas de diferentes territorios en conflicto, pertenecientes a diversas naciones indígenas de Argentina, venimos a traer el pensamiento, la palabra, la propuesta, que ha surgido desde el corazón de la tierra que late bajo nuestros pies. Este corazón está constituido por todo el mundo espiritual que sostiene la vida de la tierra, a las que nombramos de diferentes maneras, según las voces de nuestros pueblos, reafirmando la plurinacionalidad  territorial que conformamos desde siempre. Nos autoconvocamos para venir porque  los funcionarios tienen la obligación de escucharnos.

Nosotras  somos dadoras y guardianas de la vida y como cuando una madre le dice a su hijx: basta, que pare, venimos a decirle basta a este sistema capitalista, racista y patriarcal que está poniendo en riesgo la vida del planeta.

A través nuestro, hablan miles de años de cultura que han construido una forma de habitar el mundo en relación de reciprocidad y amorosidad con la tierra. A través nuestros hablan nuestras ancestras y ancestros, que fueron guardianes  de esa sabiduría y que con mucho dolor y sacrificio pudieron legarnos su saber. A través nuestro habla la tierra, esa tierra con la que nos vinculamos en nuestra espiritualidad, en nuestra forma de entender la vida. Honrando el suelo que pisamos, honrando el fruto de la tierra que nos alimenta. Honrando las distintas formas de vida,  venimos con decisión, con coraje y dignidad a decir: Basta.

Acusamos de terricidio a los gobiernos, y a las empresas que están asesinando nuestros territorios. Llamamos terricidio al asesinato no sólo de los ecosistemas tangibles y de los pueblos que lo habitan, sino también al asesinato de todas las fuerzas  que regulan  la vida en la tierra, a lo que llamamos ecosistema perceptible. Esos espíritus,  son los responsables de que la vida continúe sobre la faz de la tierra y ellxs están siendo destruidos conjuntamente con su hábitat. No habrá posibilidad de reparar y restablecer estos ecosistemas, por más que se pueda reforestar o crear espacios verdes, la fuerza que habitó esas aéreas habrá desaparecido para siempre, estamos a tiempo de evitarlo.

El emergente Social hoy es la tierra, y nosotras voceras de su dolor.

El terricidio además destruye pueblos enteros que son los guardianes de un modo de entender el arte de habitar, que es necesario para poder emplazar una nueva matriz civilizatoria. Cuando se eliminan, cuando se asesinan a los pueblos indígenas se esta asesinando  también la oportunidad de construir un nuevo modelo de sociedad. Cada unx de nosotrxs, los pueblos indígenas no solamente tenemos las teorías, tenemos las prácticas de sociedades recíprocas con la naturaleza que sostienen la vida como principal valor.

En este momento en el mundo van surgiendo voces clamando contra el cambio climático, exigiendo a los gobiernos que pongan freno, voces que salen de Europa y que cuentan con todos los reflectores y amplificadores en los medios de comunicación. Sin embargo la política global racista, logra que las voces de los pueblos indígenas sean inaudibles e invisibilizadas, y nuestras muertes resulten socialmente indiferentes.

Nosotras  las mujeres indígenas somos los cuerpos que mas padecemos estas atrocidades.

A nuestros hombres le decimos: Despierten! Nuestra lucha antipatriarcal es una lucha anticolonial.  Revisen sus conductas que están permeadas por esta mentalidad  colonizadora,  esclavista, occidental, que nos ha puesto en un lugar  de sumisión, de humillación y de maltrato. Cuando antiguamente siempre fuimos dualidad complementaria  unidos desde la reciprocidad y amorosidad entre los seres. Queremos volver a recuperar esta sabiduría que nos habita. En muchas de nuestras comunidades no hay agua, para lavar la ropa tenemos que caminar 3 o 4 kilómetros, cocinar el alimento para nuestra familia se ha convertido en una misión casi imposible, ríos represados, contaminados, bosques devastados, selvas asesinadas.

Denunciamos terrorismo de Estado ya que sufrimos cotidianamente detenciones y allanamientos arbitrarios;  desapariciones y torturas;   desalojos a nuestras  comunidades que son una violación a nuestros derechos y leyes vigentes que nos resguardan. Así como no se respeta la consulta previa informada. También denunciamos  la militarización de los territorios.

Nos toca a nosotras históricamente sostener y guardar la vida  y de nuestras familias, es por ello que el ensañamiento contra las mujeres indígenas es mayor.

En el 2do Parlamento de mujeres indígenas por el Buen vivir se realizó una encuesta que  da cuenta del feminicidio que  exponemos.  En la  Argentina de hoy, ocho de cada diez mujeres indígenas sufren violaciones, abusos y violencia  física. Siete de cada diez lo sufren por parte de policías y fuerzas de seguridad del Estado. De cada ocho mujeres, siete no pueden acceder a la justicia. Cinco de cada ocho mujeres violadas y asesinadas son ancianas, en la mayoría de los casos autoridades espirituales.

Hemos recorrido un largo camino para llegar a Buenos Aires, venimos con propuestas que creemos contribuirán a ayudar a la lucha contra el cambio climático, y a restablecer la equidad y reciprocidad entre los pueblos.

Tenemos la responsabilidad de ser portadoras de este mensaje, no podemos volver a nuestros territorios sin haber hablado y sin tener la certeza de que no solamente los máximos funcionarios que administran este país  nos hayan escuchado, sino también seamos audibles ante todos los pueblos del mundo y consensuemos el buen vivir como derecho.

Salvaguardar la  vida de los territorios, frenar el cambio climático, es nuestra obligación. Parte de las  propuestas que traemos son fundamentales para que esta introduzcan en la agenda política pase lo que pase en las próximas elecciones. No seamos obsecuentes con los políticos de turno.

No hay para nosotras individuos líderes sino pueblos liderando su futuro. La vida no se negocia.

Hemos permitido la imposición de un sistema de muerte, que ha desnaturalizando a la humanidad, queremos recordarle que nada traemos al mundo al llegar y nada nos llevamos al partir, sólo dejamos nuestras huellas en el fugaz andar de nuestras vidas.

Les pedimos  estar alertas! Sean ahora ustedes les guardianes de nuestras voces en esta ciudad.

Decretamos la rebelión de las flores Nativas.

Sembraron terricidio cosecharán Rebelión!!!

Fuente: Comunicado publicado el 9 de octubre de 2019 en línea: https://www.pressenza.com/wp-content/uploads/2019/10/LA-REBELION-DE-LAS-FLORES-NATIVAS.pdf y más info en FB Movimiento de Mujeres Indigenas por el buen vivir.