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Autonomía y ciudadanía de los pueblos indios

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Publicado en Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM, México

 Por Luis Villoro

Desde el siglo XVI los pueblos indios de América han sido, para criollos y mestizos lo otro, lo otro juzgado y manipulado para su explotación o, por lo contrario, para su redención. Somos nosotros, los no-indios, los que decidimos por ellos. Somos nosotros quienes los utilizamos, pero también quienes pretendemos salvarlos. La opresión de los pueblos indígenas es obra de los no-indios, pero también lo es el indigenismo, que pretende ayudar a su liberación. Mientras seamos nosotros quienes decidamos por ellos, seguirán siendo objeto de la historia que otros hacen. La verdadera liberación del indio es reconocerlo como sujeto, en cuyas manos está su propia suerte; sujeto capaz de juzgamos a nosotros según sus propios valores, como nosotros lo hemos juzgado siempre, sujeto capaz de ejercer su libertad sin restricciones, como nosotros exigimos ejercerla. Ser sujeto pleno es ser autónomo. El «problema» indígena sólo tiene una solución definitiva: el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indios.

El convenio político

 El Estado nacional es un producto del pensamiento moderno. Se funda en la idea de un poder soberano único sobre una sociedad supuestamente homogénea, que se compondría de individuos iguales en derechos, sometidos al mismo orden jurí’dico. Su ideal profesado es el de una asociación de ciudadanos que se ligan voluntariamente por un convenio político. El Estado-nación es visto como el resultado de la voluntad concertada de individuos autónomos. Supone, por lo tanto, la uniformización de una sociedad múltiple y heterogénea y la subordinación de las diversas comunidades, poseedoras antes de diferentes derechos, al mismo poder central y al mismo orden jurídico.
 En América Latina, los Estados independientes siguieron la traza de las divisiones administrativas coloniales, sin atender a diferencias entre los pueblos aborígenes. Las distintas repúblicas se constituyeron por un grupo criollo y mestizo, que impuso su concepción del Estado moderno a las comunidades indígenas. En ese pacto constitutivo no entraron para nada los pueblos indios.

Nadie les consultó si querían formar parte del convenio. Sin embargo, acabaron aceptándolo. Unos de buena gana, otros con las armas en la mano. Quienes se rebelaron fueron vencidos, los demás acabaron percatándose de que les convenía más aceptar la nueva asociación política. Asúmanlo de buena o de mala gana, con mayores o menores reticencias, el convenio político no fue el resultado de una libre decisión de los pueblos indios.

Pero toda asociación política libremente consentida supone ciertos elementos de consenso entre las partes que se asocian. Se funda, por lo tanto, en la aceptación común de un núcleo de valores. Ese núcleo consensual constituiría lo que Ernesto Garzón Valdés ha llamado un «coto vedado».’

 Fuera de él todo puede ponerse en cuestión, cualquier opción es objeto de negociación y de acuerdo eventual entre sujetos con intereses diferentes, pero ese núcleo está «vedado» a toda discusión que pudiera recusarlo, es inviolable. Es lo que presta unidad a la multiplicidad de sujetos que se asocian libremente. De no aceptarlo, la asociación se rompería.
 ¿Qué es lo que comprendería ese núcleo de consenso previo en toda asociación política? Yo diría que lo que no puede ser objeto de discusión en ninguna asociación libre son precisamente las condiciones que hacen posible cualquier convenio voluntario. Ninguna asociación voluntaria puede darse sin que todos admitan las condiciones mínimas para que se dé. No hacerlo sería una contradicción en la acción, lo que los filósofos llaman un «contradicción performativa». Cualquier sujeto que entre en asociación libre con otros sujetos está aceptando, por ese mismo hecho, ciertas condiciones. Ellas preceden a toda forma peculiar de asociación, no derivan del convenio al que eventualmente se llegue, porque cualquier convenio supone su admisión.
 Cualquier forma de asociación, si es libremente consensuada, supone el reconocimiento de los otros como sujetos, lo cual incluye: 1) el respeto a la vida del otro; 2) la aceptación de su autonomía, en el doble sentido de capacidad de elección conforme a sus propios valores y facultad de ejercer esa elección; 3) la aceptación de una igualdad de condiciones en el diálogo que conduzca al convenio, lo cual incluye el reconocimiento por cada cual de que los demás puedan guiar sus decisiones por sus propios fines y valores y no por los impuestos por otros; 4) por último, para que se den esas condiciones, es necesaria la ausencia de toda coacción entre las partes.
 El respeto a la vida, la autonomía, la igualdad de condiciones y la posibilidad de perseguir sin coacción los propios fines y valores no son resultado sino condición de todo convenio político voluntario. Corresponden a una situación ideal que nunca se da en pureza. Pero, en la medida en que no se cumplan esas condiciones, el resultado no será una asociación voluntaria sino una imposición, al menos parcial, de una de las partes sobre las otras. En el caso de que todos los sujetos de una asociación pertenezcan a una misma comunidad de cultura, el convenio se plantea entre individuos que comparten ciertas creencias básicas sobre fines y valores propios de esa cultura. En cambio, en situaciones en que los sujetos de la asociación política no pertenezcan a la misma comunidad cultural y, por lo tanto, no compartan las mismas creencias básicas sobre fines y valores, la igualdad de condiciones y la posibilidad de elección de cada sujeto implican el respeto a esa diversidad cultural, pues sólo en el contexto de una cultura puede ejercerse la facultad de elegir conforme a los propios fines y valores. Es el caso de los países indoamericanos. Si el convenio político que da origen a la nación ha de pasar de un convenio impuesto a uno decidido libremente por las partes, tendría que incluir, en el «coto vedado» a toda discusión, el reconocimiento de la autonomía de los sujetos del convenio.

El fundamento del derecho de los pueblos a su autodeterminación es, pues, anterior a la constitución del Estado-nación. El orden jurídico no puede fundarlo sino sólo reconocerlo. La diferencia entre derechos otorgados y derechos reconocidos en la constitución de un Estado es importante. Por desgracia, la mayoría de las reformas constitucionales de América Latina que han pretendido incorporar los derechos indígenas parten de un error de principio: la promulgación constitucional se interpreta como una fundación de derechos, cuando no puede ser más que el reconocimiento legal de la libertad de decisión de los pueblos indios, condición de toda promulgación de sus derechos. Sólo si se reconoce el derecho originario de un pueblo de asociarse con otros en un Estado multicultural, la asociación política estará fundada en libertad.

  En el caso de la América india, no hay un solo pueblo indígena que ejerza su capacidad de autodeterminación en el sentido de separarse del Estado nacional. Pese a la opresión sufrida durante más de cinco siglos, el mestizaje y la integración en las instituciones de las nuevas naciones crearon una realidad social y cultural de la que la mayoría de los indígenas se sienten una parte. Tienen conciencia además de que tanto desde un punto de vista económico como político no podrían subsistir como entidades segregadas del Estado-nación. Lo que piensan y quieren es que su pertenencia no les sea impuesta, que sea su propia obra, de tal modo que no tengan que negar sus formas de vida colectiva para ser parte de una sociedad más amplia.

Autonomías

 

La libre determinación de un pueblo puede ejercerse de distintas maneras. Puede reservar para sí la decisión última sobre su destino, sin estar supeditado a leyes más altas que las que él mismo se otorgue. Entonces, el ejercicio de su libertad conduce a un estatuto de soberanía. Es el caso de todos los Estados nacionales y de algunas nacionalidades que aspiran a convertirse en Estados. Pero hay otra manera de ejercer la libre determinación: aceptar formar parte de un Estado soberano, determinando las competencias, facultades y ámbitos en que se ejercenan los derechos propios. Eso es autonomía.

 «Autonomía» es un término que proviene de la teoría ética y se aplica al sujeto moral. Pero en el campo de las relaciones políticas, ha adquirido, de hecho, otro sentido. Se refiere a un grupo social o a una institución que tiene el derecho de dictar sus propias normas, en un ámbito limitado de competencia. Así se habla, por ejemplo, de una «universidad autónoma», de la «autonomía municipal» o de la «autonomía» de determinadas regiones dentro de un Estado.
 Cuando los pueblos indios plantean su autonomía reivindican ese sentido del término; «autonomía» no es pues, para ellos, equivalente a «soberanía». Lo que demandan es su derecho a convenir con el Estado las condiciones que permitan su sobrevivencia y desarrollo como pueblos, dentro de un Estado multicultural.
 La autonomía de un pueblo no puede plantearse de la misma manera cuando ocupa un territorio geográfico delimitado o cuando, por el contrario, se encuentra disperso en distintas regiones y sus miembros están mezclados con individuos de otros pueblos. Las dos situaciones se dan en el caso de los países indoamericanos. Por ello se comprende la existencia de dos corrientes que conciben la autonomía de distinta manera, aunque coincidan en puntos esenciales.
 Una corriente considera aplicables las autonomías a ámbitos territoriales delimitados, marcados en la Constitución. Es la tesis que ha sostenido en México, con convincente rigor, Héctor Díaz Polanco y que han hecho suya algunas organizaciones indígenas congregadas en la Asociación Nacional Indígena para la Autonomía (ANIPA). Plantea el establecimiento de regiones semejantes, por ejemplo, a los territorios indígenas autónomos de la Costa Atlántica de Nicaragua o a la región de los inuit en Canadá. Según ese proyecto, en un Estado federal habna cuatro niveles de entidades de gobierno: el municipio, el estado, la región autónoma y la federación nacional. La región autónoma sería, en consecuencia, una entidad política distintiva, con un gobierno propio.
 Opino que ese proyecto presenta tantas ventajas como inconvenientes. Sen’a aplicable a los pueblos indígenas que conservan una unidad cultural efectiva y están establecidos en una comarca geográfica delimitada, en la cual constituyen una mayon’a. No importa que estén, de hecho, conformados por varias etnias si tienen un origen histórico común y comparten muchos rasgos culturales. Por ejemplo, en la región maya, varias etnias distintas tienen un marco cultural común, descendiente de la antigua civilización maya. En los territorios en que cuentan con mayon’a, podnan formar una región pluriétnica autónoma. En México podrían señalarse otros casos, como el de los huicholes, que han conservado una rica cultura común aunque los municipios en que tienen mayoría formen parte de varios estados de la república; o el de los yaquis, que ya gozan de cierta autonomía en un territorio delimitado. En ésas y otras situaciones similares, cuando el habitat de un pueblo corresponde aproximadamente a un territorio geográfico sería, en principio, posible, establecer regiones autónomas. Tendrían entonces la ventaja de poder planear sus propias políticas de desarrollo para un ámbito amplio, sin la imposición de otros poderes. Al mantener la unidad en un territorio, tendrían una mayor defensa contra la disgregación de sus propios miembros y el vasallaje a que están sometidos por la cultura mestiza dominante.
 Por desgracia, esos casos son reducidos. En la mayoría de los lugares, tanto en México como en otros países de la América india, las etnias indígenas están mezcladas entre sí y con los mestizos y criollos; o bien ocupan poblados aislados, sin una conexión sólida entre ellos. Establecer una región autónoma plantearía allí problemas muy difíciles. En primer lugar, la relación entre miembros de las distintas etnias, incluyendo los mestizos, que son también una etnia en algunos lugares mayoritaria. ¿Cómo formar una región pluriétnica con una población que pertenece a culturas diferentes? ¿Cómo determinar en ella las facultades de los miembros de las distintas etnias?
 Por otra parte, la traducción legal de los derechos de regiones autónomas en poblaciones tan mezcladas sena muy difícil en la práctica. La dificultad es mayor en el caso de un Estado federal. Al problema de marcar sus límites territoriales dentro de un estado de la federación se añadiría el de lograr el acuerdo entre varios estados que comparten población de las mismas etnias. Pueden preverse las discordias políticas y conflictos de intereses que suscitaría un proyecto semejante. Por último, establecer un nivel suplementario de gobierno exige una reforma constitucional radical y modificaciones en las leyes fundamentales de los estados con población indígena. Para ello se requieren circunstancias políticas precisas que son difíciles de prever al menos a corto plazo. No digo que no pueda realizarse propuesta tan amplia, pero es razonable calcular que sólo habría que esperaría para largo plazo y, sobre todo, restringirla a ciertos pueblos del país cuyo territorio pueda delimitarse.
 La verdad es que la situación de los pueblos indígenas es tan variada, presenta tantos casos diferentes que quizás la mejor solución a sus demandas sea proceder por etapas y de abajo hacia arriba. Por esta solución se inclina la segunda corriente de pensamiento. Es la que quedó parcialmente plasmada en los acuerdos de San Andrés Larráinzar firmados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de Chiapas y el gobierno federal, aunque éste no las ha cumplido aún. La misma propuesta obtuvo el apoyo del Congreso Nacional Indígena, asociación que reúne representantes legítimos de la mayoría de los pueblos indios de México. Esta corriente propone reconocer la autonomía indígena a partir de su organización política básica: la comunidad.
 De hecho muchas comunidades de mayoría indígena ejercen ya cierta autonomía; obedecen a sus propias autoridades, elegidas por consenso, mantienen sus sistemas de cargos, se rigen por sus usos y costumbres y participan en una vida comunitaria diferente a la de los municipios y comunidades no-indígenas. Muchos indígenas me dicen a mí, que no soy indígena: «Ustedes nos hablan de nuestro derecho a la autonomía. Pero la autonomía la hemos tenido desde siempre. Nosotros nos regimos por nuestra cultura, por nuestras costumbres. Lo que queremos es que se reconozca en la ley lo que estamos haciendo». Así, la comunidad, unidad fundamental de todos los pueblos indígenas debería tener el rango de entidad jurídica.

Las comunidades podrían congregarse entre ellas, formando nuevos municipios de mayoría indígena, que podríamos llamar «municipios indios». Los municipios, a su vez, podrían coordinar sus acciones y proyectos, llegaríamos a la región autónoma, pero sería el resultado de las acciones concertadas y voluntaria de las propias comunidades que, desde abajo, se irían congregando en entidades cada vez más amplias, gozando de facultades de autogobierno. Habría así una vía para llegar a regiones autónomas sin necesidad de reformas legales radicales, planificadas desde arriba. Pero las leyes nacionales deben reconocer el derecho a seguirla; ése es todo el punto.

 Esta segunda vía a la autonomía es flexible. Unos pueblos podrían seguirla, otros rechazaría. Se trata de que los pueblos tengan la posibilidad de decidir cómo quieren gobernarse. No se trata de que nosotros una vez más, como lo hemos hecho desde hace siglos, les impongamos nuestros esquemas. Creo que sería una manera de resolver el «problema» indígena, lenta pero segura. No se trata de una reforma repentina, diseñada en el papel, sino de un proceso paulatino, cuya progresión estaría marcada por las mismas comunidades indígenas .

Ciudadanía

El término «ciudadanía» está ligado a la concepción del Estado-nación moderno. «Ciudadano» es un individuo igual a otro en derechos y obligaciones frente al Estado. El uso de ese concepto tuvo una función: eliminar del orden político la legitimidad de todas las reivindicaciones de diferencias basadas en la sangre, el rango o la pertenencia a cuerpos o comunidades distintivas. En las revoluciones norteamericana y francesa se utilizó para suprimir las prerrogativas de la realeza, la aristocracia y el clero, en la América hispánica tuvo además otra consecuencia: la desaparición de las denominaciones de castas y de los derechos comunales de las distintas etnias. Desde la independencia, no puede hablarse ya de «indios» frente a «mestizos» o «criollos», todos son solamente «ciudadanos» iguales; la «cuestión indígena» ha desaparecido.

 El ciudadano es creación del nuevo orden político, como lo es el Estadonación homogéneo. La definición de quién es ciudadano es producto de un acto voluntario; es la ley la que otorga derechos e impone obligaciones a los ciudadanos, a la par que constituye el Estado nacional. Los derechos del ciudadano son pues posteriores a la constitución de la asociación política y en ella fundan su legitimidad. Por ello la ley puede restringir, según las necesidades del Estado, la ciudadanía, puede incluso establecer jerarquías entre ciudadanos con derechos distintos, ciudadanos «activos» y «pasivos», por ejemplo, o llegar hasta negar muchos derechos de la ciudadanía a la mitad de los individuos de la sociedad, como sucedió durante muchos años respecto de las mujeres. A diferencia de la pertenencia a una nacionalidad o a una etnia, producto de la historia, sobre la ciudadanía decide el soberano. Ser ciudadano depende de la ley positiva, ser hombre o mujer, indio o español no es obra de ninguna decisión política.
 Desde la Revolución francesa se planteó el problema de la relación entre dos géneros de derechos: los que eran previos a la constitución de la asociación política y los que eran su producto. La ley sólo podía reconocer los primeros, otorgaba, en cambio, los segundos. Esta diferencia dio lugar a la tensión permanente, en todos los textos de la época, entre «derechos del hombre» y «derechos del ciudadano», presente desde el título mismo de la Declaración de 1789. La relación entre ambos nunca fue claramente resuelta; en general, se siguió una vía fácil para intentar eliminar la tensión: los derechos del hombre se basaban en la «naturaleza», los del ciudadano, en el reconocimiento de aquellos derechos naturales por la sociedad política. Algunos legisladores precisaron mejor la diferencia entre ambos órdenes. Un ejemplo notable es la distinción entre derechos «absolutos» y derechos «condicionales», propuesta por el diputado Thoret. «Los derechos absolutos —declaraba ante la Asamblea— son aquellos de tal manera inherentes a la naturaleza del hombre que son inseparables de él y le siguen en todas las circunstancias y posiciones en que se encuentre. Los derechos condicionales son los que suponen cierto estado o cierta institución que depende o ha dependido de la voluntad. Tales son los que se originan en la propiedad o en las convenciones, o los que tienen por fundamento las constituciones o reglamentos de la asociación».
 El fundamento de legitimidad de los derechos «absolutos» no es la voluntad soberana del Estado; que sea la «naturaleza» es una manera de indicar, con un concepto metafísico propio de la época, su anterioridad a la constitución del Estado. Sin retener aquel concepto, podemos aceptar derechos propios de todo agente libre, que condicionan la constitución del Estado, diferentes de los derechos civiles promulgados por éste. Los representantes de la República francesa partían de la idea de un Estado unitario homogéneo. Era claro, para ello, que los derechos civiles serían los mismos para todo ciudadano, puesto que no tomaban en cuenta su pertenencia previa a culturas y nacionalidades distintas. Pero ¿qué pasa si aceptamos un Estado multicultural, es decir, un marco político común para distintas nacionalidades o etnias? Los derechos de etnias y nacionalidades —hemos visto— son condiciones de la constitución de un Estado homogéneo; la ciudadanía, en cambio, es su resultado. Parecería pues, que habría una contradicción entre el concepto de «ciudadanía» y el de «autonomía» para un pueblo dentro de un Estado homogéneo. En efecto, el ciudadano es, por definición, sujeto de derechos iguales para todo individuo, cualesquiera sean sus diferencias culturales o sociales; la autonomía, por el contrario, establece sujetos que pertenecen a comunidades con derechos diferenciados. Se plantearía así un aparente dilema: mantener derechos autónomos distintos a costa de diferenciar el concepto de «ciudadanía» o bien conservar el concepto tradicional de «ciudadanía» a riesgo de socavar las pretensiones de autonomía de los pueblos. Las dos soluciones teóricas han sido, de hecho, defendidas.
 La «ciudadanía diferenciada» es una propuesta de Will Kymlicka. Parte de la comprobación de la insuficiencia de los derechos individuales, comunes a todo ciudadano, para garantizar la libertad de elección de los miembros de comunidades culturales diferentes. Se requiere para ello de una diferenciación de derechos por grupos sociales. En una sociedad «poliétnica», los individuos pertenecientes a etnias distintas tendrán derechos diferenciales, que les permitirían dar satisfacción a ciertas demandas específicas, sin constituir por ello una asociación separada de la sociedad global. En ciertos Estados puede haber también lo que Kymlicka llama «culturas societales» (societal cultures), es decir, culturas «cuyas prácticas e instituciones cubren todo el rango de las actividades, abarcando tanto la vida pública como la privada»;^ corresponderían a los pueblos que comparten la adhesión al mismo Estado. Esas culturas tendrían derecho al «auto-gobierno»; debería concedérseles, concluye Kymlicka, una «ciudadanía diferenciada». En México, Guillermo de la Peña ha avanzado también la idea de una «ciudadanía étnica», que se otorgaría a los miembros de una etnia, además de la ciudadanía nacional. Ambos autores aceptan así la posibilidad de una doble ciudadanía: la común a todos los ciudadanos de un Estado y la propia de un grupo específico.
 Esta propuesta intenta dar solución a las demandas legítimas de autonomía de los pueblos. Sin embargo, no deja de suscitar objeciones serias; las resumiré en los siguientes rubros:
1) La diferenciación de la ciudadanía por grupos de población podría verse como un regreso, bajo otra traza, a las distinciones políticas y sociales del Antiguo Régimen, que las revoluciones democráticas acertaron a desterrar. En nuestros días podría hermanarse a una concepción organicista y estamentaria del Estado. La ciudadanía igualitaria ha sido la única manera de abolir los privilegios de ciertas categorías sociales en detrimento de otras. La ciudadanía diferenciada podría dar lugar a nuevos privilegios y ventajas de ciertos grupos.
 

2) El concepto de ciudadanía, en el Estado moderno, tiene la función de garantizar la igualdad de trato de todo individuo por parte de la ley. Cualquier diferenciación de derechos conduciría a un trato inequitativo. Invitaría a la discriminación (aunque sea «positiva») de un grupo por otros.

 3) Una división de ciudadanos por grupos favorece la disgregación del todo social. Una ciudadanía común está ligada a la unidad del Estado. Los individuos que la comparten pueden vincularse por un sentimiento compartido de identidad nacional. Una doble ciudadanía tendería a disolver o, al menos, a debilitar ese vínculo.
 4) Las dificultades de consignar en la ley ciudadanías diferenciadas son considerables. ¿Mediante qué criterios se adscribiría un individuo a una variante ciudadana? ¿Sería una auto-adscripción? Entonces se prestaría a ser utilizada para intereses particulares. ¿En base a un criterio cultural, como la lengua o ciertas prácticas sociales? Pero en una sociedad donde las etnias se encuentran mezcladas, es casi imposible aplicar con precisión criterios semejantes.
Estas objeciones suelen dar pábulo a la posición contraria: para satisfacer las exigencias de autonomía cultural bastaría con realizar plenamente la igualdad de derechos proclamada por la noción de una ciudadanía común. La idea de ciudadanía iguala ante la ley a todos los miembros de un Estado, es opuesta, por principio, a la existencia de derechos diferenciados; sin embargo, puesto que a todos concede la misma libertad, tiene que respetar las diferencias que derivan de su ejercicio por cada cual. Así, nada se opone en el orden legal a que cualquiera mantenga y desarrolle su cultura y sus formas particulares de vida, por diferentes que fueren, con tal de no interferir en la libertad de los demás. El derecho a la igualdad implica también el derecho a la diferencia. En esta concepción las distintas formas de vida de culturas diferentes se asimilan, en realidad, a los derechos privados, como el de profesar una religión, sostener y expresar ciertas creencias o asociarse para fines legítimos. Esta sería la postura que se correspondería, en líneas generales, con un enfoque liberal tradicional coherente. Los derechos civiles comunes a una ciudadanía única bastarían, según ella, para satisfacer las demandas de autonomía.
 Esta segunda posición teórica ofrece una garantía a la unidad del Estado; suministra además un marco global para mantener la equidad de trato entre sus miembros. Sin embargo, tampoco ella es del todo convincente. Sería válida sobre el supuesto de un Estado-nación homogéneo, donde todos los grupos que lo componen gozaran de las mismas oportunidades para ejercer sus derechos. Pero la realidad es otra. Los Estados nacionales fueron resultado de la imposición de un pueblo sobre otros y guardan aún ese sello. Piénsese en lo más obvio: la lengua oficial, las concepciones jurídicas, las instituciones nacionales, los procedimientos de elección y gobierno, la educación pública, los ritos y símbolos de convivencia son los de la nacionalidad dominante. Pero el ejercicio de la libertad de cada ciudadano tiene como condición la posibilidad de elegir en el abanico de posibilidades de la cultura a que pertenece la cual, en los países multiculturales, puede diferir de la hegemónica. Para garantizar ese derecho es menester, por lo tanto, además de la vigencia de los derechos comunes a todo hombre en sociedad, el reconocimiento, en pie de igualdad, de las culturas diferenciadas que permiten la realización de cada cual. Ese reconocimiento se basa en el derecho de los pueblos; no son otorgados por el Estado sino previos a su constitución y sólo pueden ser convalidados por él.

Los pueblos indígenas, en Indoamérica, plantean una doble exigencia: autonomía para decidir sus formas de vida y continuidad en la unidad del Estado. La solución deberá hacer justicia a ambas pretensiones. No consistirá, por lo tanto, en la diferenciación de la ciudadanía sino en la separación entre ciudadanía y nacionalidad dominante. Una ciudadanía común a todos los miembros de un Estado multicultural garantiza su unidad y no tiene por qué ser incompatible con el establecimiento de autonomía, con tal de no incluir en la ciudadanía ninguna característica inaceptable para cualquiera de los pueblos que deciden convivir en el mismo Estado.

 Un Estado multicultural es el resultado de un convenio tácito entre pueblos distintos. Lo único entre ellos común con necesidad son las condiciones que hacen posible el convenio, es decir, ese «coto vedado» a toda discusión del que hablamos antes. Su reconocimiento permite contar, entre los derechos comunes a todo ciudadano, el derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad y a la igualdad de trato. Pero libertad e igualdad incluyen el derecho a la pertenencia. Un agente moral no está libre para elegir su plan de vida sin las posibilidades de elección que le presenta la cultura a que pertenece. La igualdad, por su parte, no equivale a la identidad en la elección de fines y valores, sino a la atribución de las mismas oportunidades para elegir valores diferentes; implica, por lo tanto, el derecho a la diferencia. Si la autonomía de un pueblo se caracteriza por la libertad de sus miembros para elegir sus planes de vida y llevarlos a cabo, los derechos comunes de ciudadanía, promulgados por el Estado, deben incluir la autonomía de las culturas que lo componen.
 La ciudadanía común, en un Estado multicultural, no puede incluir, en cambio, ningún derecho que pudiera no ser reconocido por alguna de sus culturas. Es el caso, por ejemplo, de los derechos de propiedad individual. Muchos indígenas consideran indispensable para el mantenimiento de la comunidad, la propiedad colectiva y el carácter inapropiable de la tierra. Otro ejemplo significativo: los procedimientos de elección y de gobierno. Muchas comunidades indias siguen el ideal de una democracia directa, moderada a la vez por un «consejo de ancianos». Su manera de designar funcionarios es distinta de la democracia partidista occidental, pero puede cumplir con el derecho común de todo ciudadano a elegir y ser elegido. Por último, es claro que ningún valor cultural específico, como los referentes a religión, lengua, educación o relaciones interpersonales, debena formar parte de los derechos de ciudadanía. No se requiere pues de la relativización del concepto de ciudadanía a grupos distintos, sino de su restricción a términos compatibles con todos los grupos.
 Una ciudadanía restringida constituye un marco común para la unión de pueblos diferentes. La unión se lleva a cabo al nivel del Estado, no de la nación, que tiene su propia identidad histórica. Pero la común pertenencia a un Estado permite la trascendencia de las diferencias entre pueblos diversos en una realidad social y política más amplia, en donde se establece un espacio de comunicación entre ellos. De esa comunicación puede surgir un lazo común aún más fuerte.
 La unidad tiene distinto fundamento en un Estado-nación homogéneo y en un Estado plural. En el primero, la solidaridad puede apelar a una ascendencia histórica común, en un Estado multicultural es el resultado de un acto voluntario. Puede dar lugar entonces a la idea de una nueva nación, de un nivel superior a las nacionalidades y etnias que la componen, basada en la solidaridad entre todas ellas. Pero la identidad de esa nación de segundo nivel no podra dimanar de la posesión de una misma tradición, ni de los mitos históricos de una nacionalidad dominante, sino de un proyecto libremente asumido por todos los pueblos que la componen. Sería un fin proyectado y no una herencia recibida lo que dara unidad a las distintas culturas.

Facultades de las autonomías

El fin de las autonomías es garantizar el mantenimiento de la identidad y el desarrollo de los pueblos en el marco del Estado plural. Las facultades autónomas serán, por lo tanto, las que contribuyan a ese fin.

 Ante todo, derechos culturales. La cultura nacional ha solido ser instrumento de dominio de un grupo social que dicta un patrón al cual deben integrarse los demás grupos. Un Estado plural propiciaría una cultura de distintas raíces, nacida del encuentro y la diversidad. Los países latinoamericanos están en una situación privilegiada para lograr ese objetivo, pues nacieron del encuentro entre las culturas más diversas; en su propia historia pueden encontrar las fuentes de un proyecto nuevo de diálogo intercultural.
 La cultura se mantiene y transmite por la educación. A menudo el control de la educación pública ha servido de instrumento de integración a la cultura dominante. Un Estado plural pondría la educación en manos de las entidades autónomas, sin renunciar a su coordinación estatal. Ninguna cultura estaría ausente. Los programas, textos y objetivos de enseñanza expresarían entonces los puntos de vista de una pluralidad en la unidad de un proyecto común.

El instrumento privilegiado del predominio de una nación en el Estado es la lengua. En un Estado plural podría admitirse una lengua predominante para uso administrativo, pero todas las lenguas deberían tener validez en los territorios en que se hablen.

 En los pueblos antes colonizados, la religión de los vencidos debe ser respetada, con los mismos derechos que la religión del antiguo colonizador; por su parte, los pueblos minoritarios habrán de garantizar la libertad de creencias y prácticas religiosas en los territorios autónomos.
 Un punto importante, en el caso de los pueblos indios, se refiere al territorio. Para ellos es esencial ese concepto, que no equivale al de «tierra». Tierra es lo que se puede comprar y vender, territorio abarca mucho más: no es solamente la tierra que se posee y es objeto de pastoreo o de labranza, también incluye otros espacios naturales, los bosques, los montes, algunos de ellos sagrados, los nos, los desiertos. Los pueblos indios no pueden vivir sin una relación estrecha con su territorio, él forma parte de su cultura y está ligado a sus creencias colectivas y a sus ritos.
 Los derechos culturales no podrían cumplirse en la práctica sin un derecho de decisión sobre aspectos correspondientes del orden jurídico, político y económico.
 Existe un derecho indígena. En México, por ejemplo, no hay de hecho un solo orden jurídico. Muchas comunidades indígenas se rigen por sus propias normas. Son ellas las aceptadas, las consensuadas por la comunidad. Un derecho no tiene vigencia si no es consensuado por la comunidad a la cual se aplica. Lo que llamamos «usos y costumbres», pero que podemos llamar también «derecho indígena», no por no estar consignado en códigos deja de ser derecho.
 Naturalmente que el respeto al derecho indígena plantea problemas. Es contrario a la idea de la unidad del orden jurídico en un Estado. Habría que establecer, por lo tanto, jurisdicciones delimitadas, para los derechos indígenas, a las comunidades, municipios o regiones reconocidas como autónomas. Este es un problema, pero existen ya, en México al menos, estudios serios de juristas y antropólogos que han desbrozado el camino.
 Ahora bien, por más delimitadas que pudieran estar las distintas jurisdicciones, siempre podrán presentarse casos de conflicto. Tiene que haber, entonces, un derecho conflictual, con autoridades judiciales que establezcan cuándo existen conflictos y los diriman.
 El régimen de autonomía reconocería también derechos políticos a los pueblos, limitados al territorio comunitario o regional de la autonomía correspondiente. En la mayoría de las comunidades indígenas las decisiones se toman por consenso. Se considera que la intromisión de los partidos políticos rompe la unidad del grupo e impide el acuerdo. Aunque estas prácticas estén a menudo corrompidas por intereses particulares y den lugar a cacicazgos, se mantiene el ideal de una democracia comunitaria directa. Un régimen de autonomía tendría que aceptar esos procedimientos de toma de decisiones, conforme a las reglas establecidas por cada pueblo. ¿Se rompería así la soberanía del Estado? Claro que no, puesto que los estatutos de autonomía determinarían en cada caso las facultades de las autoridades elegidas según procedimientos distintos. De cualquier modo, se evitaría el caso, frecuente ahora, de la duplicidad y conflicto de autoridades entre las designadas fuera de las comunidades y las tradicionales.
 Por último, ninguna de esas facultades podría ejercerse sin incluir derechos económicos. Las comunidades y regiones indígenas tendrían que participar, a través de sus representantes auténticos, en los programas económicos de desarrollo que les afectan y que muchas veces van en detrimento de sus propias necesidades y proyectos. Que no se haga una presa sin consultar con las comunidades que van a padecer o a beneficiarse de sus efectos, que no se diseñe una carretera sin su acuerdo, que sean los mismos pueblos los que tracen sus planes de desarrollo conforme a sus necesidades.
 

Las autonomías no serían viables sin una justa participación en los beneficios obtenidos por la explotación de los recursos naturales existentes en sus territorios, exceptuando aquellos que la Constitución declare propiedad exclusiva del Estado. Todo ello implica un nuevo diseño de la política impositiva, que permita transferencias de recursos de las entidades federales a las autónomas.

 

Las competencias de las entidades autónomas deberán ser negociadas y consignadas en estatutos de autonomía variables según la situación de cada pueblo. En los Estados federales, para no contradecir el pacto federal, los estatutos de autonomía tendrían que ser otorgados por las legislaturas de los correspondientes Estados. Nada de esto viola la ciudadanía común. Ciudadanía y autonomía no son términos contradictorios.

 

NOTAS

1. Ernesto Garzón Valdés, «Representación y democracia», Doxct (Madrid), n,° 6 (1989), pp. 160-162,

2. Una excepción podna ser la Constitución de Paraguay, que habla de los pueblos «anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo». Podna añadirse también la nueva versión del artículo IV de la Constitución mexicana, que atlrma la «constitución pluricultural» del Estado, «sustentada originariamente en sus pueblos indígenas». El adverbio «originariamente» es susceptible de ser interpretado como anterioridad en el tiempo, condición inicial por lo tanto de la constitución misma del Estado.

3. En la Constitución mexicana no se menciona la «comunidad», sólo aparece en la Ifey agraria. Por ello los acuerdos de San Andrés Larráinzar demandan el reconocimiento de las comunidades como entidades de derecho, en el artículo 115 de la Constitución.

4. Les Déclalions de Draits de rHomine, ed. L. Jaume, Flamarion, París, 1989, p. 146.

5. Will Kymlicka, Multicultural Citizensiiip, Clarendon Press, Oxford, 1995.

6. /tó/„p. 75.

 

* Incluyo en este artículo algunos párrafos de un escrito anterior: «Los pueblos indios y el derecho a la autonomía», Nexos (México), n.° 197 (mayo 1994).

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Red de Resistencias y Rebeldías AJMAQ

(Español) Festejo y honra al 39 aniversario del EZLN

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A los pueblos zapatistas y sus Juntas de Buen Gobierno.
A las zapatistas niñas, niños, jóvenas, jóvenes.
A las mujeres, hombres y otroas zapatistas.
A los y las milicianos/as e insurgentes.
A los y las promotores de educación, salud y alimentación.
Al CCRI-EZLN.

Desde la Red de Resistencias y Rebeldías AJMAQ queremos felicitarles en estos 39 años de vida.

Honramos aquella firmeza, convicción y horizonte común de aquel 17 de noviembre de 1983.

Honramos la energía y esperanza colectiva que posibilitó lanzar la flecha con confianza hacia el tejido de mundos de vida en autonomía.

Honramos el paso, latir, respiro y raíz de los pueblos mayas para hacerse ver ante la ceguera de una sociedad, un Estado y un mundo sin rumbo, con maldad y desprecio hacia nuestros pueblos originarios.

Hoy agradecemos sencillamente su estar siendo, lo que son y están floreciendo, desde esos otros mundos posibles aún en medio de la Guerra.

Celebramos los existentes 12 Caracoles y honramos con respeto y cariño el hacer de tantas mujeres, hombres, jóvenes, jóvenas en los trabajos de las Juntas de Buen Gobierno y en los 31 Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas.

Honramos la integridad, rectitud y amor a la vida, a la humanidad, a la Madre Tierra. Honramos los retoños de aquellas 13 demandas que hoy son semillas y ejemplo de las autonomías en la sanación, educación, alimentación, comunicación, terruños, trabajo colectivo y digno, tierra para la vida y la libertad, para la justicia y democracia de raíz.

Aunque sabemos que la paz no llega porque la maldad del mal gobierno (hoy desgobierno) sigue su tarea criminal, nosotras seguiremos honrando la insurrección de la vida sobre aquella muerte impuesta históricamente.

Ofrendamos a su siembra, a su fuego interno como organización EZLN nuestro latir-existir de respeto como parte de nuestra responsabilidad y conciencia desde la Sexta y en Red.

Siete veces Gracias, Gracias, Gracias, Gracias, Gracias, Gracias, Gracias por ser camino y huellas hacia otros mundos de vida digna. Bailen mucho compas, se merecen la alegría, la vida que abrigan con tejidos de autonomía.

Red de Resistencias y Rebeldías AJMAQ

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Avispa Midia

(Español) Abejas de Acteal: A 25 años de la masacre continúa violencia contra tzotziles

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

El pasado jueves (10), a días de que se cumplan 25 años de la Masacre de Acteal, miembros de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal se manifestaron pacíficamente para denunciar las violencias que actualmente viven distintas comunidades en el municipio de Chenalhó, en los Altos de Chiapas.

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Fue frente a las oficinas del ayuntamiento de Chenalhó donde los indígenas tzotziles protestaron contra la criminalización y agresiones en contra de sus miembros. Es el caso de familias de poblaciones como Campo Los Toros y Bach’en, a quienes, por el simple hecho de pertenecer a su organización, en diferentes momentos de este 2022, les han sido cortados los servicios de agua y energía eléctrica.

La organización tzotzil señaló que las agresiones proceden de personas partidistas de distintas comunidades del municipio de Chenalhó quienes violan los derechos de las familias miembros de Las Abejas debido a su labor de denuncia frente al crimen de Estado por la Masacre de Acteal.

“Venimos aquí en la cabecera municipal de Chenalhó, para advertirle al presidente municipal Abraham Cruz Gómez y a todo su ayuntamiento, que no sigan el ejemplo y camino que tomó su antecesor del año de 1997”, reclamaron durante la protesta.

Las Abejas contextualizaron que en el mes de octubre de 1997 una comisión le advirtió al entonces presidente municipal priísta de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz, sobre las agresiones de paramilitares contra su organización, quien ignoró las denuncias y acusó a los indígenas de “provocadores y de ser zapatistas”.

“Este alcalde de Chenalhó en lugar de abonar para la paz y enfriar la violencia, paralela a esta fecha, sus paramilitares estaban quemando casas y disparando sus armas de grueso calibre en contra de Las Abejas a quiénes posteriormente el 22 de diciembre los masacró”, señalaron sobre la actuación del alcalde quien fue detenido tras la masacre y liberado en 2013.

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Las Abejas de Acteal enfatizaron que, como en el pasado, los hechos actuales son casos de emergencia y gravedad, “que pueden constituir situaciones de desplazamientos forzados como han ocurrido en el barrio Río Jordán de la colonia Miguel Utrilla Los Chorros y en la colonia Puebla”.

A su vez responsabilizaron por estas acciones a “paramilitares priistas y cardenistas que ahora se han cambiado al partido Verde Ecologista, siguen impunes; además les molesta nuestra resistencia y rechazo a los programas asistencialistas del mal gobierno y entre otros”.

Por ello exigieron al presidente municipal de Chenalhó y autoridades del ayuntamiento que restablezcan los servicios a las familias que desde hace meses sufren de la privación de sus derechos básicos. “Los motivos de los cortes de agua y de luz eléctrica que hacen los partidistas, no solo han sucedido en estas comunidades ya mencionadas, sino, que se ha vuelto una práctica recurrente para ejercer presión y agresión a nuestra lucha pacífica y resistencia”, denunció la organización mediante comunicado leído en la manifestación.

Denuncias

Una de las agresiones señaladas es el encarcelamiento, el pasado 14 de octubre en la colonia Puebla, de Francisco Arias Cruz, integrante de Las Abejas quien estuvo ocho horas privado de su libertad y quien fue liberado tras la imposición de una multa de 10 mil pesos.

Otro caso denunciado es el de la comunidad Nuevo Yibeljoj. Dicha población fue fundada en el año 2000 tras la reubicación de familias de Las Abejas que se encontraban desplazadas en el Campamento X-oyep, debido a la guerra de contrainsurgencia en Chiapas.

Acorde a Las Abejas, en 2008, un grupo de personas de la comunidad fue cooptado por funcionarios de gobierno para causar la división entre las familias. Derivado de esta situación, el grupo disidente recurrió a tramites para modificar el nombre de la comunidad y actualmente “niega el reconocimiento y respeto de derechos de nuestros compañeros a hacer uso del espacio para construir su casa de reuniones y escuelita autónoma exclusivamente de Las Abejas”, señaló la organización tzotzil.

Los indígenas tzotziles señalaron que tanto el presidente municipal como sus agentes usan estrategias para el desgaste. “Por ejemplo, programan una fecha y a la mera hora nos dejan plantados, y así han sucedido una tras otra. Y la última vez que el presidente municipal canceló una cita por el caso de Nuevo Yibeljoj, argumentó que había un problema en Santa Martha, pero en realidad es que no tiene voluntad de traer la paz a Chenalhó”, sostuvieron.

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Las Abejas de Acteal detallaron que, desde la masacre de 1997, el pueblo de Chenalhó se dividió producto de la guerra de contrainsurgencia del Plan de Campaña Chiapas 94 en el contexto del levantamiento zapatista.

Las y los indígenas tzotziles señalaron que, a partir de entonces, el ayuntamiento de Chenalhó, “que antes fungía como autoridades que velaban por la vida y tenían la responsabilidad de mantener el respeto y el equilibrio de todos sus habitantes, ahora se han convertido en simples servidores de los malos gobiernos y entregan a su pueblo en manos de la muerte”.

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Radio Zapote

(Español) Mumia Abu-Jamal: Votar con Rabia

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Por Mumia Abu-Jamal

 

Actualmente, las elecciones nacionales de medio mandato en Estados Unidos no han terminado, pero esto queda claro. Un partido político importante (¿Lo llamaremos el partido de Trump?) hizo un masivo cálculo erróneo.  Durante meses, prácticamente amenazó al público con una gran ola roja*, tal vez un tsunami.

La inundación que ocurrió no era de color rojo, tampoco de azul, sino de rosa,  dado que las elecciones han mostrado una presencia generalmente silenciosa en la política estadounidense – la presencia de  las mujeres. Ninguna de las encuestas había captado su masivo descontento, pero la inundación se desató por el caso Dobbs v Jackson Women’s Health Organization en el verano de 2022, un dictamen de la Suprema Corte de Estados Unidos que desestimó el precedente Roe v Wade.

Esa inundación rosa llegó a las cabinas de votación de Estados Unidos debido a que la Suprema Corte hizo algo que casi nunca había hecho antes: quitar del público un derecho constitucional que había existido durante más de medio siglo.

Las mujeres tranquilamente y efectivamente castigaron a los Trumpistas que defendían el dictamen Dobbs y los mandaron a volar. Comprendieron intuitivamente que los políticos, especialmente los políticos masculinos, eran malos jueces en cuanto a si las mujeres pueden elegir tener hijos y/o cuándo.

Los estadounidenses son un grupo curioso. Aceptan muchas tonterías de sus líderes políticos, pero cuando se violan sus derechos, surge otro lado suyo.

Las mujeres marcharon directamente a las urnas y sacaron el conejo de la chistera. Hicieron algo totalmente impensable. Refutaron la historia al hacer una nueva historia.

Con amor, sin miedo soy Mumia Abu-Jamal.

 

14 de noviembre de 2022

—(c)’22 maj

Audio grabado por Prison Radio

Circulación por Fatirah Litestar01@aol.com

Traducción Amig@s de Mumia en México.

 

*N de la t. En Estados Unidos los estados “rojos” generalmente se refieren a los donde predominan el Partido Republicano y la política más derechista mientras los estados “azules” son del Partido Demócrata, un poco más liberales.

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Avispa Midia

(Español) Derogación de Ciudades Modelo en Honduras provoca amenaza de Estados Unidos

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Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

El pasado octubre, los senadores Ben Cardin y Bill Hagerty enviaron una carta al Departamento de Estado y al secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, para solicitar un reclamo al gobierno hondureño por la derogación, en abril de 2022, de la Ley Orgánica que permitía la operación de las Zonas de Desarrollo Económico y Empleo (ZEDE) en el país centroamericano.

Dicha ley permitió la creación de zonas especiales con la facultad de operar de manera autónoma al gobierno hondureño. A través de ellas, los inversionistas podían implementar en los territorios sus propios sistemas de administración, gobierno y leyes con el argumento de crear las condiciones para atraer inversiones a nivel internacional.

La misiva de los senadores argumenta que las inversiones norteamericanas en Centroamérica “ayudarán a aliviar la pobreza que fomenta la migración ilegal a los Estados Unidos” e instan al gobierno hondureño a respetar la “garantía de estabilidad jurídica de 50 años que protege las inversiones estadounidenses”, establecidas en el marco del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y América Central (CAFTA-DR).

En contraste, desde la aprobación de la ley, en 2013, amplios sectores de la sociedad hondureña se organizaron contra su operación. De acuerdo a la organización Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), a partir de procesos en más de 70 cabildos abiertos, se declararon municipios libres de ZEDES en diversos departamentos donde la movilización por la defensa del territorio motivó el rechazo a su instalación.

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Mediante una carta de respuesta a los senadores norteamericanos, ARCAH sostuvo que las ZEDES “son un proyecto de agresión a la soberanía” del país centroamericano, por lo cual la petición de los congresistas constituye “una grave propuesta de injerencia e irrespeto de los asuntos internos del Estado de Honduras, y solo invita a la perpetuidad de los crimines cometidos por las ZEDES, que incluyen, en el caso de sus secretarios técnicos, por ejemplo, el delito de Traición a la Patria”.

La organización hondureña afirma que, por mas de una década, “el pueblo de Honduras, aun en un periodo de narco-dictadura, enfrentó a las ZEDES de manera organizada, coherente, pertinente, digna, legitima y en pleno uso de sus derechos”, ante el intento de que las trasnacionales sobrepasaran al gobierno hondureño “para instalar laboratorios de gobernanza, de manera inconsulta, y es que, no podría ser de otra manera, ¿qué pueblo daría conscientemente un ‘sí’ a la entrega total o parcial de su país?”.

Presión

La iniciativa de los senadores no es la primera acción de funcionarios norteamericanos para reclamar por la derogación de las ZEDES. En julio de este año, el Departamento de Estado difundió el Informe sobre el clima para inversiones en Honduras, mediante el cual condenó la derogación de la ley.

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“El gobierno se ha expuesto a una responsabilidad potencialmente significativa y ha alimentado las preocupaciones sobre el compromiso del gobierno con el estado de derecho comercial”, afirma el informe en el que cuestiona la actitud del gobierno de Xiomara Castro pues no intentó implementar reformas o buscar un diálogo con los inversionistas de las ZEDE.

Según el departamento responsable de la política exterior norteamericana, la medida contribuyó a la incertidumbre sobre el compromiso del gobierno hondureño con las protecciones para la inversión requeridas por acuerdos como el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre Estados Unidos y Honduras y el CAFTA.

En respuesta, ARCAH asegura que ninguna de estas garantías aplica si se coloca en riesgo la soberanía de Honduras, pues los senadores “ignoran que la Ley Orgánica de las ZEDES facultaba a las ZEDES a expropiar territorios hondureños”. También agregan que “ningún Tratado de Libre Comercio aplica para las ZEDES, por ser incompatibles con las Constitución de la Republica de Honduras, y los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos”.

Al contrario, la organización, que cofundó el Movimiento Nacional contra las ZEDES en junio de 2021, afirma que estos proyectos no han invertido en Honduras, “pero sí han vertido violencias y ataques, incluso contra ARCAH”.

Agresiones

Christopher Castillo, coordinador general de ARCAH, ha denunciado amenazas en su contra realizadas por policías, así como por miembros directivos y ejecutivos de distintos proyectos ZEDES.

Acorde a un comunicado del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, las agresiones ocurren en el contexto de la lucha contra las ZEDES, particularmente las conocidas como Ciudad Morazán y Próspera, las cuales “desconocen la decisión popular de derogación de la ley, misma que fue lograda por la lucha popular de comunidades y organizaciones. Por lo que las ZEDES no quieren reconocerlo, en cambio amenazan con acciones violentas buscando así instalarse en los territorios”.

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Una de las recientes agresiones ocurrió a finales de octubre cuando miembros de la ARCAH protestaban pacíficamente contra Ciudad Morazán, puesto que es uno de los proyectos ZEDES que se han mantenido en funciones pese a la derogación de la ley que las sustentaba. A esto se añaden las amenazas contra el coordinador de ARCAH por parte del fundador de Ciudad Morazán, Massimo Mazzone, y otros de sus integrantes Jorge Colindres y Carlos Fortín.

Ante estos hechos, Christopher Castillo exigió a las autoridades hondureñas la derogación efectiva de las ZEDES y ante medios locales sostuvo que “no podemos permitir que estos empresarios solamente vengan a imponer proyectos que no son de desarrollo, que son ajenos a la voluntad popular y que además vengan a amenazar a la gente”.

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Avispa Midia

(Español) Justicia Agraria declara nulos contratos de eólica Demex en comunidad zapoteca

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Fuente: Avispa Midia

La empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos S.A de C.V. (Demex), filial de la española Renovalia Energy, deberá desocupar y regresar parte de los terrenos que ocupó para construir el parque eólico ‘Piedra Larga’, en Unión Hidalgo, pueblo zapoteca del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

La justicia agraria declaró, por segunda ocasión, la nulidad definitiva de los contratos de arrendamiento de tierras de comuneros de Unión Hidalgo.

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Con el fallo, dado a conocer este mes, se reconoce el carácter comunal y agrario de las tierras donde Demex construyó el parque eólico, tierras éstas que fueron indebidamente rentadas como propiedad privada.

De acuerdo con Juan Antonio López, coordinador de justicia transnacional del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), organización que hace el acompañamiento jurídico de los comuneros, esta sentencia no solo beneficia a los comuneros de Unión Hidalgo o del Istmo de Tehuantepec, sino tiene repercusiones en todo el país.

“Lanza el precedente para que cualquier comunero del país pueda, en el futuro, declarar la nulidad de los contratos en caso de que hayan sido autorizados de manera individual y no mediante acuerdo de una Asamblea General de Comuneros”, dijo López.

La sentencia, añade López, “demuestra que se puede avanzar en la defensa del territorio de las comunidades agrarias ante el despojo por parte de grandes empresas transnacionales, coludidas con funcionarios públicos”.

Largo proceso

La sentencia se da luego de un largo periodo de nueve años en los que la comunidad zapoteca, acompañada de ProDESC, comenzó la defensa del territorio ante los despojos concretados por Demex.

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La nueva sentencia se da luego de que, en septiembre de 2022, el tribunal agrario otorgó a 11 comuneros de Unión Hidalgo la nulidad de los contratos de arrendamiento de tierras.

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CNI

(Español) Declaración del genocidio quintanarroense: La destrucción parcial del pueblo maya rebelde y las memorias de la autonomía

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El estado mexicano de Quintana Roo esconde un genocidio: su estatus anterior como Territorio Federal (1902-1974) fue diseñado y fundado a través de la destrucción parcial del pueblo maya rebelde –los masewales– y su identidad y autonomía. Los genocidas son el gobierno federal y sus militares; su intención fue planeada: destruir la identidad de los rebeldes, a través de cálculos y ejecuciones racionales y sistemáticas, para después construir una nueva identidad que se adapte a los intereses del Estado, del capitalismo y de la empresa colonial, con la imposición de las ideas de “progreso” y “civilización”. Esta injusticia silenciada ha intentado borrar durante más de un siglo no solo sus cuerpos, sino su memoria y su cultura de manera definitiva.

Los inicios de esta práctica genocida se remontan a los primeros intentos de conquista y sus consecuencias han llegado hasta nuestros días y se proyectan hacia el futuro. Las condiciones de su posibilidad se formaron durante el sistema de dominación colonial, con la producción del racismo, la ocupación de los territorios y el expolio de los pueblos originarios, pero desarrollaron su potencialidad en la formación del Estado-nación mexicano, con las políticas de despojo y la marcación del “otro” indígena, construido por las élites como negativo, inferior y atrasado. Los rebeldes fueron marcados porque su condición de ser mayas implica razones políticas, a saber, el potencial subversivo de su autonomía y su oposición decisiva a la asimilación de la identidad y las prácticas hegemónicas y a las lógicas capitalistas y coloniales.

En la década de 1880 el gobierno federal del porfiriato comenzó el hostigamiento decisivo contra los rebeldes, para la ocupación militar y la integración a la economía peninsular y nacional. El intento de la colonización de su territorio se hizo con decretos legales y el uso de concesiones a empresas forestales, por cientos de miles de hectáreas, con el objetivo de imponer la vida de la “civilización” y acarrear el “progreso” con inversiones de infraestructura, al mismo tiempo que reducir a los rebeldes y obtener el control de la región. Fracasaron, pero no por falta de voluntad. En 1895 el gobierno federal determinó preparar una campaña militar para la “pacificación” de los entonces llamados “salvajes” y “bárbaros”, máxima prioridad nacional para Porfirio Diaz, con la guardia nacional de Yucatán como auxiliar. Ese mismo año el ejecutivo presentó un decreto para sustentar el reordenamiento territorial y las acciones violencia extrema y masiva contra los rebeldes, a quienes les dieron dos opciones: someterse y aceptar el reparto de tierras (perdiendo su autonomía, con la imposición de un gobierno externo) o sufrir la represión militar.

Entre 1896 y 1899 empresarios y el gobierno federal intentaron desarrollar el proyecto insignia del “progreso” de la época: un ferrocarril que pasaría por la capital rebelde y que conectaría Peto con la costa oriental de la península. Se otorgó una concesión para construcción y explotación por 99 años, atrayendo la cooperación de capitalistas regionales y nacionales, en vista de una posible integración de la economía peninsular. La estrategia era en principio militar y después económica: la campaña militar avanzaría simultáneamente con la construcción de las vías ferroviarias: el desmonte en la espesura de la selva significaba abrir paso a los militares. El proyecto, sin embargo, fue nuevamente un fracaso. Pero la ofensiva no se detuvo.
Fueron asimismo tiempos de planeación intelectual para la campaña militar, con recopilación de datos y estudios rigurosos de las condiciones de los rebeldes, así como reclutamiento y formación física y mental de un ejército genocida, a través de la Secretaría de Guerra, y hasta el diseño de una “solución final”. Esto tiene lógica con la elección de Lorenzo García, quien tenía experiencia en el combate contra pueblos indígenas, pues fue condecorado por haber colaborado en la década anterior en los genocidios contra los apaches en Chihuahua y los yaquis en Sonora. Ese historial fue compartido por otros jefes militares que llegaron a la península.

En 1898, la campaña militar consolidó su avance definitivo con la ocupación militar: apoyados por tierra con construcción de caminos, vías telegráficas y telefónicas, y por mar con la instalación de aduanas con el pontón “Chetumal” y buques de guerra.

Se delimitó el territorio rebelde, fragmentando sus relaciones con el exterior y construyendo un cerco de aislamiento casi completo. Los rebeldes, con el drenaje de sus fuentes de suministros para la guerra y de uso cotidiano, se vieron debilitados, sin olvidar que las epidemias, la falta de atención sanitaria y los enfrentamientos políticos internos causados por el hostigamiento acabaron con parte importante de su población.

En octubre de 1899, Ignacio A. Bravo tomó el control de la campaña militar y se emprendió el máximo adelanto, aniquilando a los rebeldes que salieron a la defensiva. La asimetría en la guerra no era solo numérica, sino sobre todo de poder tecnológico y armamentístico. Uno de los primeros enfrentamientos en diciembre de 1899 lo demuestra: fueron asesinados cerca de un centenar de rebeldes, a pesar de haber huido, cargando a sus compañeros, muertos y heridos. Los federales contaban con las armas más avanzadas y el uso de una ametralladora; los rebeldes, por el contrario, tenían fusiles antiguos, de una sola bala por carga. A pesar de que condiciones de la selva ayudaban a los rebeldes, para marzo de 1900 habían fallecido quinientos mayas y cinco federales, sin contar a los heridos de paradero desconocido.

El pueblo maya rebelde se vio forzado a abandonar su pueblo sagrado y capital, Noj Kaaj Santa Cruz Xbáalam Naj K’ampokolche’, para refugiarse en las profundidades de la selva. Bravo profanó el lugar, entrando el 3 de mayo de 1901, día de la Santa Cruz. Al año siguiente, el 24 de noviembre de 1902, se creó el Territorio Federal de Quintana Roo. Bravo y los jefes militares recibieron medallas por matar mayas rebeldes. Pero los rebeldes no tuvieron paz. Los federales destruyeron sus bases esenciales para la vida, con persecución incesante y devastación de sus poblados,
milpas, maizales y suministros. Años después, todavía se practicaban escalofriantes cacerías ocasionales y capturas de mayas rebeldes para destinarlos al puerto de Veracruz como esclavos. Este terror producido por los federales, en especial por Bravo, se extendió por el territorio, los cuerpos y la memoria de los rebeldes. Pero el genocidio no pudo someterlos por completo. Con el final oficialista de la campaña militar, construyeron una autonomía, pero más limitada, obligados a ciertas negociaciones con el gobierno.

El debilitamiento sistemático nunca se detuvo, solo cambió de forma. El objetivo de integración a la nación mexicana se dio entonces a través del disciplinamiento de las misiones educativas y de nuevos proyectos de comunicación, transporte e infraestructura. Aun con este disimulo, un grupo de rebeldes se opuso a los intentos del gobierno federal de acabar con toda forma de autogobierno. En 1933 ocurrió un enfrentamiento entre los militares mexicanos y los mayas en el pueblo de Dzulá, que fue saqueado, incendiado y sitiado, no dejando más alternativa que un exilio por seis años en el último bastión de la autonomía, el pueblo de Xcacal. A esto sobrevino la imposición de la «identidad mexicana” a los pueblos mayas.

El reordenamiento territorial estaba en marcha. En 1969 el pueblo maya de Chumpón se opuso a la construcción de una carretera pavimentada dentro de su territorio, pero la falta de armas les impidió atacar a los constructores, quienes estaban protegidos por un destacamento de tropas federales.

Aquella carretera se convirtió en la Federal 307, que pasando por Felipe Carrillo Puerto, antigua capital rebelde, conecta con 366 km Chetumal y Cancún, cuya creación como Centro Integralmente Planeado fue justamente un año después, en 1970, y se ha convertido en la capital de la criminalidad y el ejemplo del desastre ambiental, social y cultural, ocasionado por un modelo desarrolista y de hiperturistificación impuesto a nuestros pueblos.

El genocidio quintanarroense como destrucción parcial del pueblo maya rebelde no ha cesado de producir muertes. No necesitan ser asesinatos masivos o directos. La práctica genocida en realidad produce las condiciones para la muerte de un pueblo: el empobrecimiento general de la calidad de vida, la contaminación de alimentos y agua, la falta de atención sanitaria, las secuelas de la explotación, la agitación del reordenamiento territorial, los accidentes y el incremento de la violencia por el crimen.

Con todo, para la lógica genocida la muerte física no es suficiente. Su objetivo es el diseño de una nueva identidad sobre el propio grupo aniquilado y la construcción de nuevas prácticas sociales. Es así como se desvanece una cultura para reconfigurar otra, con la imposición de tradiciones inventadas por el poder, como la “mexicanidad” y ahora la “identidad quintanarroense”, al servicio de las lógicas del mercado.

Ahora, más de un siglo después de aquel ferrocarril porfirista, se está construyendo un tren al que han llamado “maya”. Existen continuidades históricas y sistémicas de las prácticas genocidas con las lógicas del despojo y la explotación actuales. Similar al de aquella época, este tren está diseñado para el avance militar y el reordenamiento territorial, ligado a las lógicas genocidas del exterminio, la muerte antes de tiempo y la destrucción cada vez más intensa de los pueblos mayas. Los efectos previstos son catastróficos y amenazan con clausurar por completo la práctica genocida: no solo la extinción de un pueblo, sino la realización de que el pueblo nunca existió; no solo el olvido definitivo, sino el falseamiento de la memoria y la cultura.

Los genocidios son más frecuentes de lo que pensamos. Al mismo tiempo que aniquilan pueblos, no solo conciernen a sus integrantes, sino que tienen efectos en toda la sociedad. Opuestos a la autodeterminación de los cuerpos y los pueblos, son atentados contra la vida. ¿Cuántos genocidios habrá en la historia de las injusticias que han sido borrados de la memoria? ¿Cuáles son los efectos que tienen los genocidios en la configuración actual de nuestros pueblos, del estado, del país y del mundo? ¿Qué relación tienen los genocidios con la expansión del capitalismo y el desarrollismo? ¿Quiénes se benefician por los genocidios?

Ante este panorama desesperanzador, ¿qué podemos hacer? La primera respuesta está en la memoria: conocer las injusticias del pasado y pensar el presente y el futuro a la luz de las experiencias terroríficas de nuestros pueblos. No hay otra manera de cultivar la justicia que conociendo las injusticias.

Eso es la memoria: el grito de no repetición, el ¡nunca más! Tenemos responsabilidad con nuestras abuelas y abuelos, con el pasado, con la memoria.

Es por eso que una manera de comenzar a luchar contra las injusticias es no olvidar. Solo manteniendo viva las memorias de la autonomía podemos pensar en lograr nuevas autonomías para nuestros futuros.

En el tiempo en que el gobierno de Quintana Roo celebra el 120 aniversario de la creación del Territorio Federal con un discurso que profundiza el despojo de la memoria, los nietos y las nietas de los mayas rebeldes declaramos que el genocidio quintanarroense sucedió, que nos atraviesa el corazón y lo más sagrado de lo que somos como pueblo. Que las prácticas genocidas están vigentes, como vigentes están también la resistencia y la rebeldía.

¡Por la memoria!
¡Por la justicia!
¡Por la autonomía!
Noj Kaaj Santa Cruz Xbáalam Naj K’ampokolche’. En el día 3 ben, 6 keej, del año 172.
Campaña U jeets’e le ki’ki kuxtal.
¡Por una vida digna, vamos por la autonomía!

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Radio Zapote

(Español) Pronunciamiento por el asesinato de tres compañeros del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata

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Al Concejo Indígena y Popular de Guerrero (CIPOG-EZ)
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta nacional e internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Misión Civil de Observación Sexta
A los medios de comunicación
A todos y todas que defienden la vida contra el capitalismo

Hoy nuestra rabia y dolor se unen a nuestras hermanas y hermanos del Concejo Indígena y Popular de Guerrero (CIPOG-EZ) cuyas comunidades se visten de luto ante al asesinato de tres más de sus compañeros. La tarde del 5 de noviembre de 2022, Adán Linares, Moisés Cuapipistenco y Guillermo Hilario Morales bajaron de su población a Chilapa y ya no regresaron. Sus cuerpos acribillados fueron encontrados a la orilla de la carretera. Fueron asesinados por el grupo narco-paramilitar los Ardillos.

Exigimos justicia para ellos y para los cerca de 50 asesinados y 20 desaparecidos miembros del CIPOG-EZ en los últimos siete años.

Denunciamos a los tres niveles de gobierno por su complicidad por acción u omisión en estos crímenes, verdaderos crímenes de estado. El presidente municipal de Chilapa, Aldy Esteban Román (PRI), la gobernadora del Estado de Guerrero Evelyn Salgado (MORENA) y el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador conocen y encubren al diputado Bernardo Ortega Jiménez (PRD), acusado por el CIPOG-EZ de ser el protector y operador político de Los Ardillos y junto a sus hermanos Celso e Iván liderar la banda criminal fundada por su padre, Celso Ortega Rosas hace más de 30 años.

Apenas dos semanas antes (el 21 de octubre) se lo dijeron al presidente López Obrador en su gira por el estado: “muchos de nuestros compañeros bajan al municipio a vender sus productos y ya no vuelven. Los matan y los desaparecen”.

Escoltado y sin salir de su vehículo detenido por el bloqueo en la carretera que comunidades del CIPOG-EZ tuvieron que hacer para poder ser escuchados, López Obrador les recomendó que ante “provocaciones” practicaran la política de no violencia de Gandhi, Mandela y Martin Luther King.

¡Qué insensibilidad del señor presidente! ¡Los están matando! ¿Cómo les pide actuar por vía pacífica ante ese grupo narco-paramilitar que les acecha, persigue, desaparece y asesina? ¿Cómo cuando los criminales controlan la policía y cuando el Ejército y la Guardia Nacional se oponen a enfrentarlos?

A diferencia de la historia que predica Andrés Manuel, la historia de los pueblos de México es de dolor y muerte, baste decir que Guillermo Hilario Morales ya había sobrevivido a la violencia de los Ardillos, fue herido de bala en su brazo y en su cuerpo, pero aún más grave, su hermano Pablo Hilario Morales se encuentra desaparecido desde el pasado 25 de enero de 2022 y otro de sus hermanos fue descuartizado en 2019.

Bien le respondieron nuestros hermanos al presidente de México: “Seguir llamando a la no violencia en un escenario de guerra, sin detener a quienes la generan, sin atacar las causas de la violencia, económicas, políticas, sociales, culturales, es un absurdo.”

De hecho, CIPOG EZ detuvo la caravana de López Obrador cuando éste andaba de gira promocionando sus programas llamados de Bienestar.

Pero, ¿qué han hecho los programas de Bienestar en el estado de Guerrero? Para el CIPOG-EZ, los cuatro años de programas poco o nada han logrado disminuir la miseria y desigualdad ancestral que en Guerrero impera. En cambio, esos programas han servido mucho para dividir comunidades organizadas, por tanto como políticas de contrainsurgencia.

Por otro lado, dos días antes del asesinato de Adán, Moisés y Guillermo, el Secretario de Gobernación y amigo cercano del presidente, Adán Augusto estuvo también de gira por el estado de Guerrero promocionando la reforma a la ley para que las fuerzas armadas permanezcan en las calles en tareas de “seguridad pública” hasta 2028.

Pero como antes se dijo, para el CIPOG-EZ, la presencia de las fuerzas armadas no ha servido para disminuir los ataques de los grupos criminales. Bien se lo dijeron a López Obrador: “El ejército muchas veces ahí está, pero los grupos criminales siguen operando, en el municipio se mueven como en su casa”. Han habido balaceras por parte de Los Ardillos a comunidades a unos metros de un puesto del ejército sin que este haga nada.

El crimen organizado no se detiene aunque la militarización del país siga avanzando, pues los criminales están dentro de las estructuras del poder.

El CIPOG-EZ sin embargo resiste con todo en contra. Resiste el historial de ataques a sus comunidades. Resiste desde 2015 la invasión de la banda criminal “Los Rojos” y ahora “Los Ardillos”. Resiste al gobierno municipal de Chilapa de Álvarez controlado por esta banda. Ha resistido y sigue resistiendo a pesar de tantas muertes, desapariciones y desplazamiento forzado de comunidades enteras. Resiste tenazmente toda clase de violaciones y agresiones cotidianas contra niñxs, mujeres, hombres y ancianxs. Resiste como muchos pueblos originarios más de 500 años de desprecio por sus vidas y por la vida de sus tierras y aguas contra explotadores de ayer y hoy que sólo buscan mercancías que pueden saquear.

Les decimos a las compañeras y compañeros del CIPOG-EZ de los pueblos Nahua, Me’phaa, Amuzgo, Naa Savi y afrodescendientes que desde nuestras geografías abrazamos su digna rabia y su lucha y que acompañamos sus pasos. Nos comprometemos a combatir el cerco informativo que los invisibiliza y que sólo muestra las demagogia del gobierno que maquilla realidades.

Refrendamos a las compañeras y compañeros del CIPOG-EZ que no están solxs, que no olvidamos ni perdonamos el desprecio de los malos gobiernos y que estamos construyendo otro mundo donde su desprecio, su despojo, su explotación y represión no caben.

Para adherirse al pronunciamiento, envía tu nombre o el nombre de tu organización o colectivo a: pronunciamientocipogeznov2022@gmail.com.

¡ALTO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS!

¡ALTO A LA MILITARIZACIÓN DEL PAÍS!

¡QUEREMOS JUSTICIA Y VERDAD PARA NUESTROS HERMANOS ASESINADOS!

¡NI UN ASESINADO MÁS!

¡VIVA ADÁN LINARES!

¡VIVA MOISÉS CUAPIPISTENCO!

¡VIVA GUILLERMO HILARIO MORALES!

¡VIVA EL CIPOG-EZ!

¡VIVA EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA!

COLECTIVOS, REDES Y ORGANIZACIONES QUE SUSCRIBEN EL PRONUNCIAMIENTO:

Raíces en Resistencia
Red de Apoyo Iztapalapa Sexta (RAIS)
Grietas en el Muro, Espacio de Coordinación
Mujeres y la Sexta
Red MyC Zapatista
Espoir Chiapas Francia
Colectiva Red de mujeres del Oriente del Edo de Méx
Organización Popular Francisco Villa De Izquierda Independiente
Red de Resistencia y Rebeldía en apoyo al CNI-CIG del Puerto de Veracruz
Grupo de Trabajo No Estamos Todxs
Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y los Volcanes
Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco
Colectivo CNI-Totonacapan
Red de Rebeldía y Resistencia Puebla
Vendaval – Cooperativa panadera y algo más
Colectiva de Mujeres Tejiendo Resistencias
Groupe CafeZ (Bélgica)
Coordinación Metropolitana, Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG
Colectivo Zapatista Neza
Café Zapata Vive
Regeneración Radio
UPREZ Benito Juárez
Colectivo Aequus.- Promoción y defensa de Derechos Humanos, Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia
Comunidad Indígena Otomí residentes en la CDMX
Resonancias Radio
Laboratorio Popular de Medios Libres
Noticias de Abajo
Zapateando Medios Libres
Plantón por los 43
Colectivo La Ceiba
Brigada de Salud Zapatista Pantitlán
Mujeres que Luchan, Resisten y se Organizan
Bazar Rebelde
Escuelita Autónoma Otomí
SUTIEMS
Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”
Red Mexicana de Trabajo Sexual
Radio Zapote
Brigada Josué Moreno Rendón
Mujeres y disidencias de la Sexta en la Otra Europa y Abya Yala – RRR
Universidad de la Tierra en Puebla
Frente por la Autodeterminación Ernesto Guevara.
Maderas del Pueblo del Sureste, AC. y Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas
Colectivo Jóvenes Comuneras y Comuneros de Milpa Alta
Colectiva Corazón del tiempo Puelmapu Norpatagonia Argentina

Individu@s:
Sara Alicia Andrade Narváez
Blanca Ibarra
Roxana Bolio
Leonel López
María de Lourdes Mejía, Madre de Carlos Sinuhé Cuevas
Roberto Rodríguez Contreras “Gato”
33
Heriberto Rodríguez, Fotoperiodista
David Villarreal Zavala
Blanca Estrella Ruiz
Martine Gerardy
Elvira Madrid Romero
Luisa Riley
Manuela Martínez de Santa Cruz Acalpixca, Xochimilco
SIlvia Resendiz
Donaji Meza de la comunidad de Milpa Alta CDMX
Lesly Yobany Mendoza Mendoza, Cooperativa Just Seeds, Cd Monstruo
Sonia Tuset

radio
Avispa Midia

Institucionalización de la militarización sigue marcha acelerada en México

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Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

Estudiosos y defensores de derechos humanos coinciden que en los últimos años se ha acelerado la militarización en México y su proceso de institucionalización por medio de reformas constitucionales, leyes y decretos presidenciales.

La medida más reciente se dio el miércoles (9) con el Senado de México emitiendo la declaratoria de aprobación de la reforma que extiende hasta 2028 las labores de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. La reforma modifica el decreto de reforma constitucional de 2019 que creó la Guarda Nacional, y que determinaba la militarización hasta 2024.

En una de las conferencias de prensa que realiza todas las mañanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se refirió a los críticos de la medida, “no quieran los autoritarios pasar como defensores de Derechos Humanos. Utilizaban al Ejército para tareas de seguridad nacional sin fundamento constitucional. Son unos reverendos hipócritas”.

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Por ser una reforma constitucional, el proyecto necesitó, además de la aprobación del Congreso de la Unión, ser avalado, mínimamente, por la mitad de los 32 congresos estatales; 20 lo aprobaron. Ahora solo resta su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Anteriormente, en septiembre de 2022, el Congreso había aprobado la propuesta del presidente de transferir a la Guardia Nacional, que por la Constitución debería tener un carácter civil, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En su campaña electoral AMLO hizo la promesa de cambiar la estrategia de seguridad llevada a cabo por sus antecesores, justamente porque desplegaron a las fuerzas armadas en tareas policiales. Ahora niega que las acciones de su gobierno están militarizando el país.

“Una de las narrativas que hemos escuchado es que las fuerzas armadas han cambiado y que, por eso, seria excesiva nuestra preocupación [de los organismos de Derechos Humanos]”, sostuvo Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), durante conversatorio sobre militarización en México promovido por el Diálogo Interamericano y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Aguirre enmarcó algunos cambios y también continuidades en relación a gobiernos pasados. Un primer dato es que el número de efectivos desplegados en el territorio nacional es mucho mayor en el presente. “En la administración de Felipe Calderón eran alrededor de 50 mil efectivos militares desplegados y hoy son alrededor de 90 mil”, sostiene.

Miembros de la Guardia Nacional de México marchan en el desfile militar del Día de la Independencia, en el Zócalo de Ciudad de México, el 16 de septiembre de 2019.

Además, el actual gobierno ha otorgado a las Fuerzas Armadas funciones del Ejecutivo, como responsabilidades en obras públicas y en proyectos de políticas públicas.

La continuidad destacada como más relevante por Aguirre es la ausencia de controles civiles externos que aseguren la rendición de cuentas de los militares. De hecho, “eso se ha profundizado”, dijo.

Cuando hay una violación de derechos humanos cometida por el Ejército, la Marina y, ahora, por la Guardia Nacional, deben entrar en escena varios controles para investigar estos hechos, de manera que los responsables rindan cuentas.

Por un lado, están los controles internos de las propias instituciones castrenses. “Estos nunca han funcionado en México, porque hay un espíritu de cuerpo que propende a la impunidad”, sostuvo.

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La Guardia Nacional, por ejemplo, creada en el sexenio de López Obrador, como menciona Aguirre, incluyó un área de asuntos internos “muy fuerte en el diseño legal, incluso la Ley de la Guardia Nacional dice que el nombramiento de la cabeza de esta área le corresponde al presidente”. Sin embargo, cuenta, se puso en la mano de un ex general con antecedentes de haber participado de casos de tortura. “Desde luego nada bueno iba a ocurrir con esta unidad”.

Por otro lado, están los controles externos civiles. “Estos son débiles”, califica. Uno de ellos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), registró entre 2019 y agosto 2022, 1,560 quejas contra la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena); 308 contra la Secretaría de Marina (Semar) y 1,613 contra la Guardia Nacional. “Pero solo ha emitido 15 recomendaciones en estos años sobre las fuerzas federales”.

En relación a otros controles, como la Fiscalía General de la República o el poder judicial, “todos se auto inhiben cuando se trata de las Fuerzas Armadas”. Al día de hoy hay alrededor de “28 sentencias condenatorias federales por eventos de violación de derechos humanos contra las Fuerzas Armadas, cuando hay mas de 10,700 quejas en los últimos años”, sostiene.

Lo que Aguirre llama de auto inhibición también “la podemos ver con respecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene diez asuntos muy importantes sobre estos cambios legales recientes relacionados con la militarización, sin resolverse”.

Los controles parlamentarios tampoco están funcionando, según su evaluación. Para citar un episodio reciente, tenían que comparecer ante el poder legislativo el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina para explicar la reciente vulneración de la seguridad digital del Ejército y no lo hicieron. “Se negaron a comparecer ante el poder legislativo y llamaron a los diputados a comparecer en privado en las instalaciones de la secretaria de la defensa”.

Más violencia

La investigadora del Programa de Política de Drogas, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sara Velázquez, sostiene, con base en investigaciones desarrolladas por su programa, que cuando el Ejército ejerce funciones de seguridad pública, el número de homicidios a nivel municipal aumenta en hasta 9%. “Hay una correlación entre despliegue militar y aumento de homicidios”, explicó la investigadora durante el conversatorio.

También identificaron la correlación entre militarización y letalidad. Las Fuerzas Armadas tienden a recurrir de manera más común al uso ilegítimo de la violencia letal. El Ejército suele matar mas personas que hieren o detiene, relata.

“En 2021, el Ejército reportó matar a 5 civiles por cada uno que detenía. Es un índice de letalidad muy preocupante. Los militares actúan con la lógica de guerra, cuando en labores de seguridad pública se espera que las instituciones detengan o inhabiliten sin matar a las personas, de manera que sea el poder judicial quien determine si son o no ‘criminales’”, señala Velázquez.

Para Aguirre, el opuesto a la militarización es el fortalecimiento de la perspectiva civil en seguridad, pero sobre todo el opuesto a la militarización es la justicia. “Tener fiscalías y, sobre todo, una fiscalía federal capaz de desestructurar redes criminales”.

radio
CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) Masacre de Viejo Velasco. Lejos de la justicia ante la Masacre, desapariciones y desplazamiento forzado, continúa la impunidad

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Selva Lacandona, Chiapas, México, 13 de noviembre de 2022

Pronunciamiento Conjunto
16 años de impunidad de la masacre de Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, Selva Lacandona, Chiapas

•    A 16 años de la masacre de Viejo Velasco, el gobierno de México mantiene en total impunidad, el desplazamiento forzado de 36 personas, la mayoría mujeres y niñas-os; la ejecución extrajudicial de seis de ellas (incluyendo una mujer embarazada); la privación ilegal de la libertad y tortura de una discapacitada, y dos desapariciones forzadas de adultos mayores. 

•    Lejos de la justicia, éste es otro de los casos de grave violación a los derechos humanos individuales y colectivos más elementales, alimentado por la falta de respuesta institucional. 

La masacre ocurrió en la pequeña comunidad indígena tseltal y ch´ol de Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, Chiapas, Selva Lacandona, cuando, en un operativo de corte paramilitar, alrededor de 40 personas provenientes de la comunidad Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab (todos de la llamada “Comunidad Lacandona”) armadas con machetes, palos, escopetas y rifles., algunas con uniformes tipo militar y de seguridad pública, entraron de manera violenta a la comunidad.

De acuerdo a investigaciones realizadas por CDLI-XI’NICH’, apoyada por el colectivo de organizaciones de la sociedad civil que integraron entonces la MISION CIVIL DE OBSERVACIÖN, los agresores iban acompañados y protegidos por 300 elementos de la entonces Policía Sectorial de Chiapas, portando armas de alto poder conocidas como cuerno de chivo: Ar-15 y AK-47. Así también, se documentó la presencia de cinco Fiscales del Ministerio Público, dos peritos, el Comandante Regional Zona Selva de la entonces Agencia Estatal de Investigación con siete elementos a su mando y un representante de la anterior Secretaría de Desarrollo Social.

Estos actos violentos provocaron el desplazamiento forzado de 36 personas, la mayoría mujeres y niñas-os; la ejecución extrajudicial de seis de ellas (incluyendo una mujer embarazada, María Núñez González); la privación ilegal de la libertad y tortura de una joven discapacitada, Petrona Núñez González, quien falleció en 2010 a causa de la tortura física y emocional a la que fue sometida, y cuatro desapariciones forzadas, de las cuales, un año después, a instancias de familiares e  integrantes de la Misión Civil, se encontraron enterradas en un paraje cercano a Viejo Velasco, los restos de dos personas, identificados como dos de los ancianos desaparecidos, Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez, mismos que fueron entregados a sus familiares, cuatro años después.

A 16 años ya de esta masacre de nuestros hermanos indígenas tseltales y ch´oles, no se ha encontrado justicia. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas continúan sin garantías para el retorno y sin reparación del daño.

Durante todo este tiempo, la Fiscalía General del estado de Chiapas (FGE) sigue sin realizar una investigación completa y efectiva de estos hechos; mientras el gobierno federal y la CNDH han guardado total silencio al respecto, por lo que los responsables intelectuales, los operadores políticos y los autores materiales siguen en la impunidad.

La FGE nunca contó  con un plan de investigación y desde hace años ha cesado las acciones de búsqueda de Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán, ancianos que desaparecieron en estos hechos y, luego de lograrse la excarcelación del compañero indígena Diego Arcos, promotor indígena de salud , continúa la criminalización en contra de otros cinco compañeros indígenas que, en su momento, dieron auxilio a las víctimas de la masacre y que hasta el momento -luego de 16 años-  continúan con órdenes de aprehensión, acusados de asesinar a sus propios compañeros.

Cabe señalar que esta sangrienta masacre se dio en un contexto de una intensa lucha y resistencia, reivindicativas del derecho al territorio, y al resguardo y manejo de los bienes naturales, de más de 45 comunidades indígenas, asentadas en el corazón de la Selva Lacandona; resistencia sobre la cual, la Asamblea y pobladores-as de Viejo Velasco, fueron un digno ejemplo, enfrentada a una agresiva política de despeje territorial, despojo social y privatización de la naturaleza, de parte del Estado mexicano, ejercida sobre dichos poblados, ubicados dentro y en los límites de la Reserva de Biosfera Montes Azules, una de las zonas más ricas en biodiversidad, agua, cubierta forestal y con un fuerte atractivo escénico y turístico, de nuestro país.

En este 16° aniversario de la impune masacre de Viejo Velasco, la organización XINICH, recuerda y conmemora a las compañeras y compañeros que fueron asesinados en esta masacre, reiterando que están vivos en nuestra memoria y en la memoria colectiva de los pueblos que resisten y luchan; son ellos-as quienes nos empujan día a día a seguir luchando por la autonomía, por la defensa del territorio, por nuestra Madre Tierra y por la Otra Justicia.

No al despojo de nuestro territorio ni de la Madre Tierra

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

¡Viejo Velasco no se olvida!

Suscriben en apoyo y solidaridad (por orden alfabético):

Casa de Apoyo a la Mujer Ixim Antsetic A.C.
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C.
Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas
Comunidades de los Pueblos Indígenas de la Santísima Trinidad
Maderas del Pueblo del Sureste, AC
Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Red Todos los Derechos para Todos y Todas
Salud y Desarrollo Comunitario A. C.

Ver:

 

y

 

38 indígenas –mayoría mujeres y niñas- desplazados refugiándose en la montaña y muestras de la violencia y saña del ataque de corte paramilitar

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