resistencia
(Español) Comunicado sobre el actual debate de las energías renovables en México
Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México
25 de Mayo de 2020
Comunicado sobre el actual debate de las energías renovables en México
No lo queríamos decir, pero lo vamos a decir; “Se los dijimos”
Hace dos semanas, a partir del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretearía de Energía, se ha mantenido una constante discusión entorno a las energías renovables, básicamente lo que dice esté documento (que
requiere de un mayor análisis, y no, no es la solución a nada, ni detiene el avance de las renovables en México), es que ahora la SENER toma el control del sistema Eléctrico Nacional, en conjunto con la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad “tomarán las riendas de la transmisión y distribución” (¿Que no ya lo hacían?), implementando una nueva reglamentación, que es lo que puso a llorar a las grandese mpresas, porque este “nuevo ajustes implica pruebas a cumplir por parte de las renovables, sobre todo parques eólicos y fotovoltaicas”, así como el pago de impuestos.
Más rápido que Speedy Gónzales, los grandes consorcios renovables se ampararon contra este acuerdo, también hace unos días gobernadores de 7 estados se pusieron de acuerdo para frenar este mismo acuerdo, y todo el debate nacional e internacional se vuelve un circo político y mediático más, entre quien es mas fuerte, tiene mejores argumentos y se defiende mejor, dejando de lado el análisis critico y profundo de está situación, es por eso, que, no lo queríamos decir, pero de todos modos lo vamos a decir, ¡Se los dijimos!…
Como Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), desde nuestra prefundación en el 2006, motivada por cancelar contratos leoninos realizados con engaños y abusos de las empresas hacía campesinos, hemos denunciado sistemáticamente a la fecha las condiciones en que las empresas privadas de energía eólica han invadido el territorio de nuestros pueblos en la región, a través de la firma de contratos leoninos, coerción, corrupción y violencia. Gran parte de la energía renovable que se genera en nuestro país, sigue estos mismos patrones característicos de las industrias intensivas y extractivas. El despojo del territorio de las
comunidades indígenas del sur-sureste mexicano, ha sido clave para dibujar un panorama de responsabilidad ambiental para una larga lista de depredadoras empresas nacionales y transnacionales.
En el 2015, 20 de los 29 parques en el estado de Oaxaca, que contaban (en este año) conp ermisos de generación de energía otorgados por la Comisión Reguladora de Energía, erand e empresas del estado español (PRENEAL, Acciona, Gamesa, Gas Natural, RenovaliaE nergy, EYRA, Acciona, Iberdrola y Peñoles), 3 de Francia (EDF), 1 de Italia (ENEL) y 1 de E.U.A (City Express). Dos parques pertenecen a instituciones mexicanas, el másp equeño de 21.9 GWh/año y 3 aerogeneradores, es para fines de investigación del Institutod e Investigaciones Eléctricas; y un parque de 5 aerogeneradores (42.05 GWh/año) que abastece de energía a distintos campos y edificios militares de la SEDENA en el país. Del total de estos partes, todos se encuentran ubicados en tierras de propiedad social, 18 en los ejidos de La Venta, La Ventosa, Ingenio Santo Domingo y La Mata, y 10 en tierras de tipo comunal (Juchitán, Espinal y Unión Hidalgo) y un proyecto, perteneciente a la Secretaría de Defensa Nacional, corresponde a tierras expropiadas de origen comunal de la comunidad de Puente Madera, San Blas Atempa.
La inversión para estos proyectos fue de un total de 6,211’500,000 (seis mil doscientos once quinientos billones de dólares) mdd en menos de veinte años y la autorización de producción de 11,249.47 GWh/año, distribuidos en 1,915 aerogeneradores; esto sin contar al parque Eólica del Sur (el más grande del continente) que está en operación desde el año
pasado. En contraste, un estudio publicado en 2016 por Oxfam y Educa refleja que a pesar de la inversión (o debido a ella) la región del Istmo presenta un incremento en la brecha de distribución de la riqueza y en la cohesión de las comunidades, y que no refleja el bienestar que estás inversiones prometieron, aunado a la serie de irregularidades vinculadas a la
tenencia de la tierra, el control de privados sobre un bien público como lo es la energía, la ausencia de contribución fiscal por parte de las empresas a los municipios y las constantes violaciones a derechos colectivos e indígenas.
Como APIIDTT desde 2009 somos parte de la Red Nacional de Resistencia Civil (RNRC), proceso de articulación de comunidades y organizaciones integrada por 15 organizaciones de 8 estados de la república en la lucha por la Defensa del Territorio, el Reconocimiento Constitucional de la Energía Eléctrica como un Derecho Humano, contra las Altas Tarifas, por una Tarifa fija y justa y por la construcción participativa de una Transición Energética ecológica, social, comunitaria y popular, desde la autogeneración autónoma de energía eléctrica en manos del pueblo y para el pueblo, no para las grandes empresas. No es energía verde si es de las grandes empresas, y menos, si estás grandes empresas son las que más contaminan o destruyen otras geografías, como es el caso de los parque eólicos de Grupo México y Grupo Peñoles instalados en el Istmo Oaxaqueño, ambos conocidos consorcios
mineros.
Los combustibles fósiles no son más una opción, tampoco la energía renovable como mercancía en manos de las trasnacionales, si queremos mitigar está Crisis Climática,
insistimos, todxs tenemos que trabajar en la construcción participativa de una Transición
Energética ecológica, social, comunitaria y popular.
¡Nuestra lucha es por una vida digna en armonía con la naturaleza, defendamos lo nuestro
porque es de todxs y debe ser para las futuras generaciones!
Desde los vientos libres del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca:
Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio
(APIIDTT)
25/05/2020
(Español) FONATUR obligado a aclarar ambigüedades de Tren Maya, comunicado de Comunidades Ch´ol de Palenque, Ocosingo y Salto de Agua, Chiapas
FONATUR obligado a aclarar ambigüedades de Tren Maya
– Petición de información de parte de la Jueza Lucía Anaya Ruiz Esparza
– FONATUR cae en omisiones y ambigüedades en su argumentación
La revocación de la suspensión provisional de las labores de construcción del Tren Maya en el tramo Palenque – Escárcega que, como efecto del juicio de amparo presentado por las comunidades Ch’ol de Palenque, Ocosingo y Salto del Agua había sido otorgada por la Jueza Lucía Anaya Ruiz Esparza, Jueza Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, está lejos de ser el último capítulo de la batalla por el respeto al derecho a la salud que han emprendido las comunidades Ch’ol del estado de Chiapas.
Ante la argumentación que sostuvieron los magistrados del Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa con sede en Tuxtla Gutiérrez al revocar la suspensión, la Jueza Lucía Anaya
Ruiz Esparza ha reiterado los motivos por los cuales otorgó la suspensión ponderando el
derecho humano a la salud consagrado en el artículo 4 de la Constitución, y su inminente
puesta en peligro con el fenómeno sanitario COVID19, debido a la construcción de vías
férreas en el tramo que abarca los municipios de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, en el Estado de Chiapas, localidades éstas en las que radican los quejosos, integrantes de la
comunidad Maya Ch’ol.
En defensa de la suspensión que había sido otorgada, la Jueza subraya una ambigüedad en la posición del Presidente de la República y de FONATUR que sirvió de base al Tribunal Colegiado para levantar dicha suspensión. El Presidente Andrés Manuel López Obrador a través de su representante y FONATUR argumentaron no estar realizando ningún trabajo de construcción del proyecto denominado Tren Maya, en el tramo que va de Palenque Chiapas, a Valladolid Yucatán, —dentro del que se encuentran los municipios a los que pertenecen los quejosos— sino que sólo estaría realizando labores de mantenimiento y rehabilitación sobre vías férreas ya existentes y prestando los servicios públicos de transporte ferroviario de carga y de pasajeros.
La ambigüedad reside en que FONATUR, en la foja cinco de su informe previo sobre la vía
férrea ya existente en el tramo Palenque-Escárcega, sostiene que “celebró contratos (con
diversas personas morales) para la construcción de plataforma y vía del tren maya.” ¿Por qué habría contratado empresas para construir plataformas y vías si solamente realizaba
labores de mantenimiento?
La Jueza abunda después en la omisión por parte de FONATUR al no exponer con claridad en qué consisten esas acciones de conservación y mantenimiento y cómo se ejecutan, menos aún cómo es que con el actual fenómeno de salud COVID-19, se ha modificado la realización de esos trabajos, a fin de minimizar el riesgo de que los trabajadores y los pobladores de las comunidades.
No hay en la exposición de FONATUR información ni justificación acerca de las
circunstancias de modo, tiempo y forma, en la que se estarían ejecutando las medidas
sanitarias para evitar el contagio de ese virus, ni cómo se está revisa su implementación. Este descuido no es menor, puesto que atenta contra un derecho constitucional, el derecho a la salud consagrado en el artículo IV de la Constitución Mexicana.
Más aún, la jueza considera que FONATUR, con su argumentación de no construcción, sino de mantenimiento y conservación de las vías pre-existentes, ha variado los efectos y
consecuencias de los actos reclamados, involucrando —con ello— cuestiones de interés
nacional como lo es el correcto funcionamiento de vías de comunicación pre-existentes.
Con sus ambigüedades, FONATUR ha extendido la discusión hacia fuera del llamado “Tren
Maya para afectar todas las labores de mantenimiento de vías férreas. En la colisión del
derecho a la movilidad y el derecho a la salud, debe privar, según el criterio de la Jueza, el
derecho a la salud. Para decirlo con otras palabras: a FONATUR le salió el tiro por la culata.
La Jueza estima indispensable contar con mayor información, respecto a los trabajos de
reparación y conservación que la responsable FONATUR dice estar realizando bajo todos
los estándares sanitarios que este fenómeno de salud ameritan, a fin de analizar la procedencia o no de la suspensión impetrada, y en su caso, los alcances que tendría que dársele a una posible concesión de la medida cautelar.
Por eso, la Jueza ha requerido a FONATUR aclarar si en el tramo ferroviario que va de
Palenque Chiapas, a Valladolid Yucatán, del proyecto denominado “Tren Maya”, se está
realizando trabajos de construcción, o bien, sí únicamente se está haciendo trabajos de
conservación y mantenimiento de vías ferroviarias pre-existentes. En el supuesto que
FONATUR estuviese dispuesto a aclarar esta ambigüedad, deberá también informar con
transparencia sobre las condiciones en que se llevan a cabo las acciones de conservación y mantenimiento del proyecto denominado “Tren Maya”.
Deberá informar también cuáles son los procedimientos en caso de accidentes o casos
fortuitos durante la realización de obras de mantenimiento y reparación de vías ferroviarias; o bien señalar si dichos procedimientos no existen; y en este caso cómo solventará esas problemáticas. Finalmente deberá informar de manera detallada, sobre las medidas sanitarias que se estarían implementado en caso de ser necesario realizar trabajos de conservación y mantenimiento de vías férreas, con motivo del COVID-19 y la forma en la que se estaría verificando su cumplimiento.
La audiencia ha sido fijada para mañana viernes 29 de mayo de 2020. De nuevo exhortamos y solicitamos a la Jueza Lucía Anaya Ruiz Esparza, que otorgue la suspensión definitiva solicitada de los trabajos del denominado “Tren Maya”. El Poder Judicial tiene la
oportunidad de ponerse al servicio de las necesidades de los pueblos originarios y sus
comunidades.
28 de mayo de 2020
Comunidades Ch´ol de Palenque, Ocosingo y Salto de Agua
Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.
