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Nos duelen 56: En vísperas de que empiece el juicio, organizaciones de América Latina y del Mundo piden justicia y la rendición de cuentas de altos cargos en caso Hogar Seguro

22 de octubre de 2019

Hoy, 22 de octubre de 2019, inician audiencias preparatorias del juicio para determinar la responsabilidad penal de tres altos funcionarios en el caso “Hogar Seguro”. Organizaciones de todo el continente y mundo entero, incluyendo las que integran el Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina*, piden unánimemente justicia para uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos cometidas contra niñas, niños y adolescentes en América Latina.

El 8 de marzo de 2017, 41 niñas y adolescentes perdieron la vida calcinadas y 15 sobrevivieron con graves lesiones, incluyendo amputaciones y cicatrices permanentes, en el Hogar Virgen de la Asunción, ubicado en municipio de San José Pinula, a las afueras de Ciudad de Guatemala, como consecuencia de un incendio en el aula donde habían sido encerradas bajo custodia de la Policía Nacional Civil (PNC) y las autoridades del hogar. El fuego se propagó rápidamente, sin embargo, la subinspectora de la PNC, que cargaba la llave y estaba al mando del grupo de policías, se negó a abrir la puerta durante un lapso de nueve minutos, es decir, liberándolas demasiado tarde para evitar daños irreparables.

Las niñas y adolescentes habían pasado toda la madrugada en dicha aula, con menos de un metro de espacio por persona, sin poder cambiarse ni bañarse, sin agua potable ni sábanas, como forma de castigo tras haber intentado escapar del hogar a causa de los malos tratos, abusos sexuales y otras violaciones a los derechos humanos documentadas, a los cuales eran sometidas de forma rutinaria. En el marco del intento de fuga, que culminó en la captura y detención de las niñas, los niños y adolescentes en las afueras del Hogar Seguro por parte de agentes de la PNC, varias de ellas, junto con los niños y adolescentes varones que residían en el hogar, recibieron golpes con batón, escudo policial y aparatos de descargas eléctricas, fueron rociadas con gas pimienta y fueron puestas en el suelo boca abajo, con grilletes.

Según las informaciones recibidas a través de las organizaciones guatemaltecas que forman parte del Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina, el proceso penal para enjuiciar a los responsables ha estado plagado de retrasos y obstáculos. Entre los principales, destaca que se haya fragmentado la investigación y el enjuiciamiento en tres procesos, en el marco de los cuales se investigan delitos y personas distintas, todas ellas relacionadas con los mismos hechos. Asimismo, se han pospuesto diligencias y etapas del proceso en múltiples ocasiones, retrasando el proceso de forma indebida con el impacto consiguiente en las víctimas sobrevivientes y sus familias.

Un punto que genera especial preocupación es que las figuras delictivas de las que se está acusando a las personas que se someterán a juicio en los próximos meses (Carlos Antonio Rodas Mejia, el entonces Secretario de Bienestar Social (SBS) de la Presidencia de la República de Guatemala, Anahy Keller Zabala, la entonces Subsecretaria de Protección, Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la SBS de la Presidencia de la República y Santos Torres Ramirez, el entonces Director del Hogar Virgen de la Asunción) son delitos menores, que no reflejan la gravedad e intencionalidad de las acciones y omisiones que resultaron en los hechos mencionados. En este sentido, el Comité contra la Tortura (CAT) en diciembre de 2018 expresó preocupación “acerca de la calificación de los hechos como delitos menores, sin tener en cuenta la intimidación como posible finalidad, la falta de investigación acerca de las alegaciones de malos tratos, abuso sexual y trata en dicho centro” (CAT/C/GTM/7, párr. 24).

El CAT urgió a Guatemala a “investigar con prontitud, exhaustividad e imparcialidad todas las alegaciones de homicidios, torturas, malos tratos, abusos sexuales y trata de niños, niñas y adolescentes institucionalizados en el Hogar Virgen de la Asunción”, que incluyeran tanto antes como después de los hechos ocurridos el 8 de marzo de 2017 (CAT/C/GTM/7, párr. 25 (a)).

En este contexto, es altamente preocupante que las víctimas sobrevivientes y sus familias no han sido atendidas ni reparadas debidamente. Por el contrario, ha habido múltiples hechos que indican la estigmatización y criminalización de las víctimas por parte de las autoridades. Tal es el caso de una de las sobrevivientes, quien recientemente ha sido denunciada y se ha iniciado una investigación en el Ministerio Público de Guatemala por ser la supuesta responsable de los hechos del 7 y 8 de marzo de 2017, así como los argumentos constantes de los abogados defensores acusando a las niñas, adolescentes y sus familias de culpables. De la misma forma, el hecho que las víctimas sobrevivientes sean sometidas a las mismas preguntas una y otra vez por parte de jueces, fiscales y abogados que actúan en los tres procesos distintos relacionados con los mismos hechos es sumamente revictimizante y las expone, junto con sus familiares, testigos, abogados y peritos involucrados en el caso, a un mayor riesgo de sufrir amenazas, coacciones e incluso atentados contra su vida e integridad.

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Siguen las manifestaciones sin precedente en Chile contra el régimen político – económico que encabeza el empresario y presidente de Chile, Sebastián Piñera Echeñique, acusado de violar derechos humanos y de acciones gubernamentales de facto, quien además es anfitrión de dos cumbres internacionales en noviembre y diciembre (Apec y COP25).

Este domingo nuevamente se realizaron masivas manifestaciones en todo el País, continuando este lunes activamente. Más de 100.000 personas se movilizaron en Viña del Mar y Valparaíso, considerada histórica, quienes se dirigieron al Congreso de la República y fue reprimida para impedir el paso al edificio legislativo.

El presidente firmó este domingo los decretos que suponen el levantamiento del estado de excepción en todo Chile a partir de las 0.00 horas de este lunes, 28 de octubre, con ello logrando las masivas manifestaciones la retirada de los militares de las calles, terminando así el toque de queda que afectaba a numerosas localidades en el País, luego de una serie de asesinatos, torturas, violaciones, abusos y miles de heridos.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), órgano autónomo del Estado, mantiene un formulario en sitio web para recibir denuncias relacionadas a violaciones de los derechos humanos por parte de agentes del estado. Amnistía Internacional anunció comisión investigadora para documentar las violaciones a los derechos humanos. A su vez, impulsó una campaña denominada: “Presidente Piñera, detenga ya la represión contra manifestantes en Chile”. Por su parte, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que decidió convocar por oficio la audiencia pública “Situación de derechos humanos en el contexto de la proteste social en Chile”. La audiencia tendrá lugar el 11 de noviembre de 2019, de 17:00 a 18:00 (hora local en Quito), en el marco del 174 Periodo de Sesiones, a realizarse del 8 al 14 de noviembre de 2019, en Quito, Ecuador.

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Del 16 al 20 de octubre se reunieron más de 2 mil personas en la cabecera del río Utinga, interior del estado Bahía, Brasil, en territorio sagrado del pueblo Payayá, para una jornada agroecológica organizada por la Teia dos Povos. Teia dos Povos (Red de los Pueblos) es una organización que impulsa la articulación de luchas antisistémicas y anticapitalistas de los pueblos indígenas, negros y populares, enfocándose sobre todo en la soberanía alimentaria y en la educación, con una visión autonomista fundamentada en la tierra y el territorio.

El encuentro fue histórico por el contexto en el que se desarrolla y por las respuestas de los pueblos a dicho contexto. Por un lado, la guerra de exterminio contra los pueblos originarios, no muy diferente de la que se lleva a cabo en el resto del continente: destrucción y despojo de tierras y territorios por medio de los proyectos de muerte del capital; cooptación o asesinato de líderes y luchadores que se oponen a dichos proyectos. Por otro lado, la guerra de exterminio contra el pueblo negro por medio de la criminalización y la violencia policiaca, en un país con un promedio de 60 mil asesinados y 70 mil desaparecidos por año, la gran mayoría negros y pobres de las periferias y favelas del país, la gran mayoría a manos de la policía. Y finalmente, la guerra de exterminio contra los de abajo en general por medio de la precarización laboral, la criminalización de la pobreza y la violencia generalizada. Todo esto, ahora, con la venia abierta y descarada de un gobierno de ultraderecha y sus seguidores.

Ante este panorama, se reunieron en Utinga autoridades de muchos pueblos indígenas: Pataxó, Pataxó Hã-Hã-Hãe, Tupinambá, Payayá, Pankaruru, Fulni-ô, Kiriri-Xocó, entre otros; la mayoría de los movimientos de base de Bahía y de otros estados, como el MST (Movimiento de los trabajadores rurales sin tierra), MSTB (Movimiento de los sin techo de Bahía), MPA (Movimiento de pequeños agricultores), MPP (Movimiento de pescadoras), CETA (Movimiento de trabajadores asentados, acampados y quilombolas), URC (Unión de resistencia campesina), Reaja ou Será Morta, Reaja ou Será Morto (organización de base del movimiento negro), así como miembros de diversos quilombos (comunidades cimarronas en resistencia desde los tiempos de la esclavitud).

A lo largo de esos días se realizaron mesas de debate donde se analizaron diversos aspectos de la coyuntura actual con el propósito de impulsar los objetivos de esa articulación de luchas: caminar en la construcción de la unidad indígena, negra y popular; promover las luchas locales; entender los contextos particulares; unir las luchas, cada una según su modo; organizar la lucha en defensa de los bosques, la biodiversidad y las aguas; articularse con movimientos existentes que luchan contra las empresas extractivas; desarrollar mecanismos efectivos de comunicación; fundamentar la articulación de las luchas en la defensa de la tierra y el territorio; promover la celebración, la cultura, la ciencia, las tradiciones y la ancestralidad rumbo al buen vivir.

La historia de lucha y construcción de la autonomía zapatista estuvo también presente por medio del colectivo Urucum Artes Colaborativas, quien llevó una exposición de mantas y carteles creados por el Gran OM, generosamente donados por el Café Zapata de la Ciudad de México, y una plática sobre el caminar zapatista, la construcción de la autonomía radical y el camino del Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno. La Jornada Global en defensa de la tierra y el territorio Samir Flores Vive “en el marco del Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular” resonó en las porpuestas por la unión de las luchas y la autonomía que confluyeron esos cinco días, como expresó Joelson Ferreira del MST, quien propuso seguir el ejemplo zapatista y abandonar la ilusión de que la democracia burguesa será capaz de transformar el escenario de muerte que se vive en el país.

Carta de la VI Jornada de Agroecología de Bahía 2019 en español.

Carta da VI Jornada de Agroecologia da Bahia 2019 em português.

Statement from the 6th Bahian Agroecology Meeting 2019 in English.

Statement from the 6th Bahian Agroecology Meeting – year 2019
Teia dos Povos (The Web of the People)

Empowered and guided by our African and Native Brazilian people, acknowledging and cherishing our beautiful diversity.

We are great and we will be even greater.

With the permission of the elders,
To the organizational basic core,
To every link of our web,
To all women,
To all young people,
To all support groups,

We, the Afro-Brazilian and Native Brazilian people, are squaring off in a great and popular engagement purpose. We happen to be in the heart of Payaya native people lands, next to the headwaters of Utinga river, in this year of 2019. Inspired by the brave spirit of the cacique Sacambuassu, our aim is to consolidate an important alliance. Even though we can’t accurately name such an aliance against oppression yet, we are strongly convinced that this is the biggest popular unity of all times.

What we have so far named The Web of The People congregates social movements and organizations such as peasants, artisanal fishermen and fisherwomen, riverside people, borderland livestock farming’s people, landless people, homeless people, afrobrazilian religions’ people, small farmers, several nations of native brazilian communities, quilombolas (communities of enslaved people direct descendants), black people, people engaged in extraction activities, and many other parts of our web, building itself through solidarity.

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Hoy por la mañana, el juez del Centro de Reinserción Social (Cereso) Eduardo Ruiz de Uruapan, Michoacán, dictó sentencia por el delito de sabotaje a José Antonio Arreola, José Luis Jiménez y José Gerardo Talavera. Dicha sentencia es injusta ya que durante el juicio no se probó dicho delito por lo que los compañeros son víctimas de criminalización por la defensa de su Autonomía y territorio.

Para la defensa legal esta claro que emitieron la sentencia con pruebas inconsistentes “es claro y notorio que los hechos se contradicen en las declaraciones de los testigos, quedo muy claro que declararon con falsedad y de manera contradictoria” dice Alejandro Chavez Rojas abogado defensor.

La defensa apelará la sentencia, una vez que el juez la dicte y se las envíe por escrito, lo cual tiene que ocurrir en los siguientes 5 días. “Apelaremos para los magistrados del Estado revisen la resolución con los agravios que harán valer con las inconsistencias y argumentos para que sea revocada por los magistrados” dice Jesús Casares Ramirez, abogado defensor.

Según el Código Penal del Estado de Michoacán, el delito de sabotaje es cuando se dañe o destruya recursos esenciales que el Gobierno del Estado tenga destinados para el mantenimiento del orden público. El  abogado Jesús Casares explica que “el delito no pudo proceder porque los bienes los tenían y los siguen teniendo el Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, por lo tanto, al tener los bienes,  en ningún momento puede interferir en las funciones de ningún ayuntamiento, porque ellos son autoridad. Al contrario, el Ayuntamiento de Nahuatzen interfiere en las funciones del Consejo Indígena por el retiro arbitrario de los recursos económicos como meterse de manera arbitraria en las instalaciones.   Esta claro que las instalaciones del DIF son parte del patrimonio de la cabecera municipal, que son administradas por el gobierno autónomo de Nahuatzen. La sentencia no se apegó a derecho y haremos valer los recursos que dictan la ley para el resultado sea favorable una vez  que otras autoridades de superior jerárquico revisen las pruebas”.

El delito de sabotaje es el más común usado por los Estados para criminalizar la labor de las personas defensoras de derechos humanos, así lo documenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe “Criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos”. Para el Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN) estas sentencia es una amenaza a su Autonomía, a la defensa del territorio y pone en evidencia el uso indebido del sistema de justicia penal para desarticular la defensa de los derechos humanos que se ejerce desde del CCIN.

El CCIN, están realizando movilizaciones para exigir la liberación de José Luis Jiménez y José Gerardo Talavera. Mañana estarán realizando un acto para medios de comunicación a las 10 am en la Representación del estado de Michoacán en la CDMX, ubicado en Calle Kansas 48, Colonia Nápoles.

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Las y los abajo firmantes trabajadoras(es) de las ciencias sociales, las humanidades, las artes y la comunicación desde diferentes latitudes del planeta Tierra acompañamos y apoyamos a las mujeres autoconvocadas de diversas naciones indígenas de Argentina provenientes de territorios en conflicto, en su ocupación realizada desde el 9 de octubre, de manera pacífica, del ministerio del interior en Buenos Aires. Exigimos al Estado argentino, al gobierno y a sus funcionarios que se abran todas los vías necesarias y exigidas por ellas para que de manera expedita y urgente se den respuestas a sus demandas históricas y actuales porque como ellas afirman en su pronunciamiento intitulado “La Rebelión de las Flores Nativas”:

El actual “sistema capitalista, racista y patriarcal […] está poniendo en riesgo la vida del planeta” […] “Los gobiernos y las empresas están llevando a cabo un terricidio” […] “Están asesinando nuestros territorios” […] destruyen pueblos enteros que son los guardianes de un modo de entender el arte de habitar, que es necesario para poder emplazar una nueva matriz civilizatoria”. Destruyen -agregan- a “todas las fuerzas  que regulan  la vida en la tierra”.

Con base en la encuesta realizada por el 2do Parlamento de Mujeres Indígenas afirman: “ocho de cada diez mujeres indígenas sufren violaciones, abusos y violencia  física. Siete de cada diez lo sufren por parte de policías y fuerzas de seguridad del Estado. De cada ocho mujeres, siete no pueden acceder a la justicia. Cinco de cada ocho mujeres violadas y asesinadas son ancianas, en la mayoría de los casos autoridades espirituales”. Concluyen: “Nosotras  las mujeres indígenas somos los cuerpos que mas padecemos estas atrocidades” [ya que] “nos toca a nosotras históricamente sostener y guardar la vida y la de nuestras familias”.

Al tiempo denuncian la militarización en sus territorios: “cotidianamente [sufrimos] detenciones y allanamientos arbitrarios; desapariciones y torturas; desalojos a nuestras comunidades que son una violación a nuestros derechos y leyes vigentes que nos resguardan”. Una evidencia más de lo que llaman “la imposición de un sistema de muerte, que ha desnaturalizado a la humanidad”.

Las mujeres indígenas autoconvocadas parten de la denuncia del terricidio, del feminicidio y del terrorismo de Estado para exigir el reconocimiento de un Estado plurinacional y el “buen vivir” como derecho, al tiempo que afirman tener propuestas para contribuir a la lucha contra el cambio climático, para recuperar las prácticas de sociedades recíprocas con la naturaleza que sostienen la vida como principal valor y así restablecer la equidad y reciprocidad entre los pueblos y con las mujeres.

En estos tiempos de muerte, horror y guerras, demandas, análisis y propuestas como éstas tienen que ser escuchadas por el Estado/gobierno argentino y por la sociedad civil nacional e internacional. Son voces rebeldes y disidentes que nos llegan desde el confín del mundo para todo el planeta Tierra.

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