News:

represión

image/svg+xml image/svg+xml
radio
Radio Kurruf

(Español) Presos Políticos Mapuche de Lebu, Angol y Temuco solidarizan con Temucuicui y Pilmaiken frente a escalada represiva del gobierno

Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Los presos políticos Mapuche de las cárceles de Lebu, Angol y Temuco han manifestado a través de comunicados su solidaridad y preocupación frente a hechos que representan una escalada represiva en contra de las comunidades en resistencia por parte del actual gobierno.

También hacen mención a los tres presos políticos Mapuche de la cárcel de Angol Pedro Palacios Cañuta, Simón Huenchullan Millanao y Jorge Palacios Cañuta, quienes se encuentran en huelga de hambre desde el 27 de febrero por el cumplimiento de traslado a CET (Centro de Estudio y Trabajo) de Victoria. Desde Lebu dicen encontrarse alerta por esta situación y no descartan movilizaciones.

A su vez hacen un llamado a fortalecerse frente a lo que es una clara persecución a las comunidades en resistencia y al movimiento mapuche autonomista, por parte del actual gobierno socialdemócrata y en concomitancia con sectores de ultraderecha e históricamente antimapuche. Profundizando las políticas represivas y asegurando las inversiones capitalistas extractivas en Wallmapu (El gran territorio Mapuche).


DECLARACIÓN PÚBLICA PRESOS POLITICOS MAPUCHE DE LA CÁRCEL DE LEBU

A nuestro Pueblo Nación Mapuche, a los Lov y comunidades en resistencia, a las distintas redes de apoyo en las ciudades, al pueblo chileno, los presos políticos mapuche de la cárcel de Lebu venimos a decir lo siguiente:

Como presos políticos mapuche vemos con indignación como un gobierno que se jacta de ser distinto y progresista, profundiza la política represiva hacia nuestro pueblo.

Hoy los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol exigen con una huelga de hambre que se cumpla el acuerdo firmado entre el entonces director regional de Gendarmería en La Araucanía y la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos para que se respete lo dictado por el Convenio 169 de la OIT. Cómo presos políticos mapuche de la cárcel de Lebu venimos a solidarizar con los 3 hermanos que están en huelga de hambre en Angol y exigimos que de una vez se respete el Convenio 169.

Frente a esta situación como PPM lavkenche nos declaramos en estado de alerta y no descartamos una posible movilización en respaldo a las demandas antes descritas. De igual forma enviamos un saludo fraterno y todo nuestro respaldo a los peñi/lamuen de Pilmaiken y Temucuicui tras la últimos hechos de robo y represión por parte de la policía militar que copa todo el Wallmapu.

Primero robaron nuestro territorio y ahora saquean nuestra alimentación dejando en claro con estos hechos que el gobierno de Boric no tiene interés real en intentar resolver el conflicto territorial sino más bien se empecina en agudidar las políticas coloniales y represivas en contra del movimiento mapuche autonomista creando condiciones para que las empresas extractivistas continúen saqueando nuestro territorio.

Por último hacemos un llamado a todas las comunidades que están en la lucha diaria contra el estado a fortalecer el weichan y preparase para defender lo recuperado dado que todo indica que el gobierno de Boric ha dado su respaldo político total a los usurpadores y sus perros guardianes, policías y militares, que acechan nuestro territorio.

Abajo el latifundio!

Fuera las forestales, milicos y yanakonas de Wallmapu!

Fuera hidroeléctricas noruegas de Pilmaiken!

Respeto del Convenio 169 y libertad a todos los PPM.

Territorio y autonomía.

Presos políticos mapuche de la cárcel de Lebu:

José Llanquileo

Alexis Manríquez Maril

Matías Leviqueo

Esteban Carrera

Cesar Millanao

Eliseo Raiman

Esteban Huichacura

Manuel Huichacura

Carlos Huichacura

Francisco Medina Huichacura

Robinson Parra Sáez

Yerko Maril Mariñan

Héctor Parra Sáez

Guillermo Camus

Bernardo Camus

5 de marzo de 2023.


COMUNICADO PÚBLICO PRISIONEROS POLÍTICOS MAPUCHE CÁRCEL DE ANGOL

Desde la prisión política, rechazamos los graves hechos de violencia y despojo que continua el gobierno de Gabriel Boric Font en contra de los lof en resistencia de Malleco.

Kiñe: repudiamos enérgicamente la represión realizada por parte de carabineros de Pailahueque en contra de la comunidad Temucuicui y el proceso de recuperación territorial que lleva adelante desde hace muchos años y que legítimamente pertenecen al territorio de wallmapu.

Epu: respaldamos la acción de resistencia de pu weichafe de Temucuicui, wechekeche, domoche weichafe, pichikeche, ka pu fütakeche que realizan y defienden el proceso productivo de siembras para mantener la autonomía alimentaria, que con dignidad y valentía se enfrentan a las fuerzas represivas del Estado que protege los intereses del empresariado y latifundio.

Küla: desde la supuesta democracia que existe en Chile, jamás hemos visto que el estado ataque el proceso productivo o el robo de cereales a las comunidades, sin embargo, hoy es de público conocimiento que carabineros robe e incaute trigo y avena que con mucho sacrificio fueron sembrados por peñi y lamgen del lof de temucuicui y que actualmente se ven afectados directamente, en pocas palabras, se está robando y secuestrando el pan a nuestro pu peñi, pu lamgen, pu pichikeche.

Meli: hacemos responsables al gobierno y a los políticos de ultraderecha que manipulan, estigmatizan y ensucian nuestra justa lucha, quienes día a día a través de los medios de comunicación a sus servicios se dedican a hablar en contra de nuestro pueblo Mapuche. Pero le dejamos en claro una cosa: jamás doblegaran nuestra lucha…a fuego y sangre derramada se apropiaron de nuestro territorio, si es necesario, recuperaremos nuestro wallmapu de la misma forma.

Estamos consientes de los peñis que se encuentran hospitalizados y con diagnóstico de carácter grave, así también de más pu peñi, pu lamgen con lesiones de perdigones, todo ocasionado por la violencia de carabineros al efectuar la supuesta frustración de hurto de trigo y avena.

De igual manera saludamos a los tres peñis que se mantienen en huelga de hambre, exigiendo su salida al C.E.T de Victoria.

A estar atentos y a respaldar la lucha de la comunidad Temucuicui como a los diferentes lof en resistencia así como tambien a nuestros peñis huelguistas.

¡¡¡Newen pu peñi pu lamgen!!! ¡¡¡Wewain!!


Prisioneros Políticos Mapuche, Matías Ancalaf Prado – Moroni Ancalaf Prado, Lof Choin Lafkenche, Collipulli.
Mediante la presente declaración venimos a exponer lo siguiente.

1. Frente a los últimos acontecimientos sucedidos en la comunidad de Temucuicui autónoma, donde fue saqueado el alimento y heridos por la represión de las policías. Con estos hechos queda de manifiesto que el gobierno de Boric no tiene interés real en resolver el conflicto territorial de pueblo nación mapuche, sino que más bien busca empecinarse en agudizar y agotar cada una de las políticas capitalistas- represivas. Para defender los grandes consorcios económico depredadores del territorio como son los grandes latifundista. Que buscan la protección del Estado escudándose en ser ellos los únicos productores y sostenedores de la demanda alimentaria de la población de este país. En consecuencia que dentro de las comunidades hoy día y pese a la adversidad monetaria el mapuche si ha logrado auto sustentar y abastecer comercios, ferias alimentarias y de ganado, molinos locales con diversos productos; como trigo y avena, hortaliza en la histórica feria pinto de Temuco, que con sus productos abastece a más de una región por solo nombrar algunas actividades.

2. Sin embargo, el Estado se esmera en desprestigiar e ir en contra del movimiento mapuche autonomista. creando condiciones para que las empresas extractivitas continúen saqueando nuestro territorio. Es por ello que responsabilizamos directamente al gobierno de Boric y su política represiva capitalista que va en directo beneficio de los grandes saqueadores de nuestro territorio como lo han sido a lo largo de la historia los latifundistas.

3. Responsabilizamos a las policías y militares que actúan como verdaderos sicarios de gran poder capital, por cada una de las violaciones sistemáticas genocidas e inhumana hacia las comunidades operando como verdaderos sicarios y en total impunidad. Frente a cada asesinato de nuestros weichafe, por cada peñi herido, por esos peñi que han perdido la vista o por esa lamien o papay que ha sido ultrajada con las armas de los carabineros. Por esos niños que dejan con sus lagrimas marcada su infancia de injusticia.
Por último respaldamos y solidarizamos con la comunidad de Temuicui y el lonko Victor Queipul.
Pero también hacemos un llamado a todas las comunidades que están en la resistencia diaria contra el Estado a fortalecer la lucha y defensa del territorio ya recuperado.

Territorio y autonomía.
Fey muten!!!

-Fuerza a los peñi que hacen del weichan una herramienta digna de resistencia y futuro.
-Libertad a todos los presos políticos mapuches secuestrados en las distintas cárceles.

Comunica: Prisioneros Políticos Mapuche, Matías Ancalaf Prado – Moroni Ancalaf Prado, Lof Choin Lafkenche.

Wallmapu: Cárcel de Temuco, Martes 07 de marzo 2023.

radio
Avispa Midia

(Español) Dejar que el río fluya: las luchas indígenas contra las represas en América Latina

Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Fuente: Avispa Midia

Por Daiana Melón para la agencia de noticias BiodiversidadLA

América Latina es una de las regiones del mundo que cuenta con mayor cantidad de represas, ligadas en su mayoría a la producción de energía. Estas obras de infraestructura avanzan, en muchos casos, sin contar con licencia social, y son múltiples los impactos que generan en términos ambientales y de relocalización de habitantes, gran parte de los cuales pertenecen a pueblos indígenas. En este artículo, la autora aborda los casos de la represa de El Zapotillo (México), y las hidroeléctricas La Elena (Argentina) y Belo Monte (Brasil).

En la actualidad, existen en el mundo 38.660 represas y otras 3.700 se encuentran en proceso de construcción o en fase avanzada de planificación, lo que implica que el 60% de las grandes cuencas se encuentran hoy represadas, según un informe realizado por el Observatorio Mundial de Presas (GDW, por su sigla en inglés). A su vez, entre 40 y 80 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares; la imprecisión de este número está ligada a que muchas no fueron reconocidas o registradas, por lo que no fueron indemnizadas o reasentadas. En la mayoría de los casos, las indemnizaciones resultaron insuficientes y los reasentamientos no implicaron una restitución de los medios de subsistencia.  Por otro lado, este informe de la GDW plantea que comunidades indígenas y minorías étnicas han sufrido desplazamientos de un modo desproporcionado, y son quienes han sufrido mayores impactos negativos en relación a la reproducción de sus vidas y su cultura.

Una represa es una obra de infraestructura construida sobre un río, cuyo objetivo es desviar o retener el agua. La estructura se compone de un dique que se construye de forma perpendicular al cauce del río y el agua puede ser utilizada para la generación de energía eléctrica, el riego, la piscicultura, el consumo industrial o humano, o para evitar anegamientos en las zonas aledañas a la fuente de agua.

Además de los impactos en las comunidades, este tipo de obras de infraestructura tienen grandes consecuencias negativas en el plano ambiental. Por un lado, han sido el tipo de infraestructura que más gases de efecto invernadero ha generado en el mundo, a causa de la descomposición de miles de hectáreas de materia orgánica que han sido inundadas. A ello se suma la destrucción de bosques nativos y de poblaciones de especies; la degradación de las cuencas debido a la inundación de los embalses; la pérdida de biodiversidad acuática y de los servicios brindados por humedales; el deterioro de la calidad de agua; y las sequías en algunos territorios aledaños.

América Latina, junto con el sudeste asiático y África, es una de las regiones con mayores conflictos vinculados a la construcción de represas, en su mayoría destinadas a producir energía. Esto ha implicado el creciente aumento, en las últimas décadas, de la lucha contra estos megaproyectos hídricos y, por consiguiente, el aumento de la criminalización y la represión. Algunos casos, por su magnitud y nivel de resistencia, se han convertido en emblemáticos.

Proyecto La Elena

El Carrenleufú o Corcovado es un río que nace en el Lago General Vintter -en territorio controlado por el Estado argentino- y, tras recorrer alrededor de 130 kilómetros, atraviesa la cordillera de los Andes hasta llegar a Chile. Desde los años setenta, el Estado argentino comenzó a estudiar la posibilidad de impulsar la construcción de represas hidroeléctricas sobre esta fuente de agua, aprovechando el desnivel natural que posee para el desarrollo de energía hidroeléctrica. Así, en 1982, la empresa estatal Agua y Energía Eléctrica realizó una planificación integral con un proyecto de siete embalses y seis usinas: Jaramillo, Caridad, La Elena, Carrenleufú, Río Hielo y Frontera. Años más tarde, se realizó un balance de cada una de estas represas, donde se detectó que la más rentable era La Elena.

Tras décadas de estancamiento de este proyecto, en el año 2004 el gobierno de la provincia de Chubut, que en ese momento se encontraba en manos del peronista Mario Das Neves, decidió reiniciar los estudios de factibilidad de La Elena y le solicitó al gobierno nacional iniciar la licitación correspondiente. Detrás del proyecto estaba la corporación de capitales españoles Santander. Esta compañía es la principal accionista de la planta de producción de aluminio Aluar, la cual posee una división en Puerto Madryn, por lo que el interés estaba centrado en obtener un mayor potencial energético para esta empresa. Sin embargo, la movilización que se desató ante la activación de este proyecto implicó un freno al avance de La Elena, ya que las poblaciones de la región se informaron sobre los impactos que la construcción de esta represa generaría. Por un lado, se inundarían alrededor de 11 mil hectáreas de bosque nativo. Por otro lado, afectaría por completo el territorio que habita la comunidad mapuche Pillán Mahuiza.

“En ese momento se articuló con vecinos de la zona, con grupos ambientalistas, con comunidades mapuche, se inició una campaña anti represa contando el impacto que esta tendría sobre el río. Esto derivó en movilizaciones, en acciones ahí mismo en el río, acciones que tuvieron contundencia”, recuerda Mauro Millán, lonko de Pillán Mahuiza, en relación a los orígenes de la resistencia contra La Elena. Y agrega: “Las acciones que se llevaron adelante estaban vinculadas a denunciar y explicar mediáticamente lo que significa una represa en un lugar tan frágil, con biodiversidad, a diferencia de otros sectores de la Patagonia. También las consecuencias que traería acarreadas, porque cambiaría el clima, la flora, la fauna y también la vida de las personas”.

Tras este primer freno en el 2004, hubo nuevos intentos de reactivación de La Elena. En 2010 fue el secretario de Infraestructura provincial, Alejandro Pagani, el encargado de anunciarlo, planteando además que el anteproyecto estaba avanzado y que sólo faltaban los estudios de impacto ambiental. Sin embargo, se pospuso nuevamente hasta un nuevo intento en 2021, cuando el gobernador Mariano Arcioni, en medio de una crisis económica y social, insistió en avanzar con este proyecto bajo el argumento de “llevar energía a las poblaciones alejadas”. Así lo explica Millán: “Ellos hacen como una especie de prueba del impacto que tiene, por ejemplo, empezar a subir información promocionando la instalación de esta represa. Creo que estaban midiendo la intensidad y probando en qué clima se desarrollaría cualquier intención de apertura del proyecto”.

Más allá de que el proyecto La Elena se encuentra frenado al día de hoy, a lo largo de los años la Lof Pillán Mahuiza sufrió las consecuencias de la lucha que vienen llevando adelante desde hace más de una década. En 2015 se descubrió que estaban realizando espionaje ilegal contra algunos de sus integrantes, a partir del hallazgo de un expediente clasificado de la ex SIDE. Por otro lado, han recibido amenazas de muerte y, durante algunas ceremonias realizadas por la comunidad, advirtieron la presencia de miembros de las fuerzas de seguridad.

A pesar de ello, no han frenado la resistencia contra el proyecto hidroeléctrico, así como también ante el avance de otras actividades extractivistas. “Hay algo que es fundamental tener en cuenta que es que, en el momento en que dejaste clavar una pala para que el proyecto comience, ya es prácticamente imparable. O sea, hay que prevenir inclusive que se acerquen a orillas del río con prospecciones, porque después no lo podés detener, es muy difícil una vez que se instala. No sólo se instala la estructura de trabajadores, sino también las fuerzas de seguridad, es muy difícil revertir eso”, finaliza Millán.

Represa El Zapotillo

El río Verde atraviesa el territorio de tres estados mexicanos emplazados en el centro del país: nace en Zacatecas y recorre Aguascalientes y Jalisco, donde confluye con el río Santiago. Posee una longitud de 200 kilómetros y su cuenca una superficie de 20.705 kilómetros cuadrados. En 1997, el gobierno nacional, a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y de los gobiernos estatales de Guanajuato y Jalisco, firmó un acuerdo para el aprovechamiento de esta fuente de agua.

Tras este acuerdo se anunció la construcción de una represa que se ubicaría en el poblado de San Nicolás, en el estado de Jalisco. Sin embargo, dada la movilización de los pobladores que se verían afectados, el proyecto logró frenarse. Tras esta victoria, en 2005, fue lanzada una obra alternativa: la represa El Zapotillo, la cual se ubicaría en los Altos de Jalisco, a 100 kilómetros de Guadalajara.

El argumento que se planteó desde el gobierno era la necesidad de abastecer de agua a la ciudad de León, la región de los Altos de Jalisco y la zona metropolitana de Guadalajara. En el primer proyecto se detallaba la construcción de una cortina (barrera construida para detener o desviar el agua) de 80 metros de altura. En 2007, el gobierno anunció que esta cortina sería de 105 metros, con el objetivo de aumentar la capacidad de almacenamiento de agua. Sin embargo, este cambio implicaba que algunas localidades del estado de Jalisco sufrirían anegamientos, así como también pobladores de algunas regiones deberían ser relocalizados.

Te puede interesar – Comunidades de la costa de Chiapas exigen freno a proyectos hidroeléctricos y mineros

Desde el Estado anunciaron que tendrían que relocalizarse habitantes de las localidades Acasico y Palmarejo, regiones habitadas por integrantes del pueblo indígena Nahua. A pesar de que existe legislación internacional que protege y obliga a la consulta previa a los pueblos originarios, en el caso de El Zapotillo esta normativa no fue tenida en cuenta.

Por otro lado, se construirían dos diques para evitar el anegamiento de Temacapulín. “Pensando que tendríamos un riesgo muy grande con los diques, nos empezamos a organizar para que no se llevara a cabo el proyecto”, relata Abigail Agredano, presidenta del comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, sobre los comienzos de la resistencia contra El Zapotillo. Y agrega: “La resistencia fue larga, luchamos durante 16 años, con plantones, marchas, protestas, visitas al Congreso, a los gobernadores, cartas. En 2011 tomamos la represa, aun sabiendo que había muchos riesgos. Acudimos a organismos de derechos humanos, hicimos cuántas acciones se nos ocurrieron”.

Además de los impactos en términos sociales, en el plano ambiental las transformaciones territoriales que la represa generaría tendrían amplios efectos negativos. “Las consecuencias ambientales son muchas, inundaría 4.800 hectáreas de tierras fértiles y acabaría con la flora y fauna. Además, las represas emiten dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, los principales componentes de los gases de efecto invernadero. Cuando desazolvan una represa, contaminan las tierras donde avientan los desechos”, explica Abigail.

A pesar de las movilizaciones que la represa suscitó, el gobierno nacional continuó adelante con el proyecto. En septiembre de 2009, la CONAGUA anunció que la licitación para la construcción de la obra había sido ganada por un consorcio conformado por la firma mexicana La Peninsular, la española FCC Construcción y el Grupo Hermes. Por otro lado, el acueducto quedaría en manos de Abengoa México, Abeinsa Infraestructuras Medio Ambiente, Sociedad Unipersonal y Abeinsa Ingeniería y Construcción Industrial.

La construcción de la represa se fue dilatando producto de acciones judiciales interpuestas por el comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que obtuvieron tres medidas cautelares que determinaron el freno del proyecto durante algún tiempo. Sin embargo, dada la clara intención del gobierno de finalizar la represa para que comience a funcionar en 2023, los pobladores de las regiones afectadas se vieron obligados a negociar con el gobierno mexicano para obtener algún tipo de protección. Así lo detalla Abigail: “La represa no se logró echar abajo, el Presidente de la República nos dio la opción de llenarla a 40 metros de altura, ya que la cortina estaba casi terminada. A esa altura no inunda ninguna comunidad. Aceptamos porque no teníamos otra opción, se están haciendo unas ventanas vertedoras para que no haya riesgo de inundación. Actualmente, estamos revisando que se cumpla lo que se prometió, junto con el plan de justicia”.

Brasil inundado de represas

Brasil es uno de los países latinoamericanos que más ha invertido en el desarrollo de represas hidroeléctricas. De hecho, el 60% de la energía que se consume en el país proviene de esta fuente. En la actualidad, Brasil posee 120 proyectos hidroeléctricos emplazados sobre diferentes ríos del país.

Uno de los casos más emblemáticos ha sido el de la represa Belo Monte, dado que, al finalizarse, será la segunda mayor hidroeléctrica brasileña (luego de la de Itaipú, que este país posee en conjunto con Paraguay) y la tercera del mundo, detrás de Tres Gargantas, en China. A su vez, representará el 11% de la potencia instalada brasileña.

Belo Monte comenzó su construcción en 2011, en uno de los ecosistemas más importantes del mundo en términos de diversidad biológica: el Amazonas. Se encuentra ubicada sobre el río Xingú, que, con una longitud de 1.815 kilómetros, se extiende por el estado de Pará y es uno de los mayores afluentes de la vertiente meridional del río Amazonas.

Te puede interesar – Hidroeléctricas en la Amazonia, peligrosa fuente de emisiones contaminantes

El complejo de Belo Monte cuenta con una represa principal, llamada Pimentel, la cual creó un embalse de 359 kilómetros cuadrados y desvió el flujo del río Xingú hacia el noroeste, a través de un canal de 17 kilómetros. Este canal deriva en un embalse secundario y en una estación hidroeléctrica.

Norte Energía es el consorcio (compuesto por Eletronorte, Neonergia, Cemig, Light, JMalucelli Energía, Vale y Sinobras) que posee la concesión para operar Belo Monte por un período de 35 años. En abril de 2016, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) impuso una multa de 6,6 millones de dólares por la muerte de más de 16 toneladas de peces durante el proceso de llenado del embalse.

Además, al día de hoy, la construcción de la represa de Belo Monte ha implicado la reubicación de 20 mil personas.

Por otro lado, Belo Monte implica el anegamiento de una extensa área de tierra, el desecamiento de partes del río Xingú, y la reducción de reservas de peces que son imprescindibles para la reproducción de la vida de distintos pueblos indígenas que habitan la zona: los kayapó, arara, juruna, araweté, xikrin, asurini y parakanã. En 2011, integrantes del pueblo kayapó, en una carta dirigida al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmaron: “No queremos que esta presa destruya los ecosistemas y la biodiversidad que nosotros hemos cuidado durante milenios, y que aún podemos preservar”.

En memoria de Berta y Macarena

La problemática de las represas se extiende en distintos territorios de pueblos originarios y cada vez son más las redes de movimientos de afectados que se organizan para rechazar estas mega obras. Existen dos casos paradigmáticos de luchadoras indígenas que han sido asesinadas por enfrentar el represamiento de los ríos donde se asientan sus comunidades.

Por un lado, el caso de Berta Cáceres, lideresa del pueblo lenca y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), quien luchó contra el avance del Proyecto Hidroeléctrico Aguas Zarca de la empresa de capital hondureño Desarrollos Energéticos S. A de C.V (DESA). Esta represa iba a ser construida sobre el río Gualcarque, afectando los departamentos de Santa Bárbara e Intibucá y la Reserva de Vida Silvestre Montaña Verde. El 2 de marzo de 2016, Berta fue asesinada y, en junio de 2022, un ex directivo de DESA fue condenado como autor intelectual de su homicidio.

Te puede interesar – Inversionista de hidroeléctrica Agua Zarca testifica por esquema de corrupción

Por otro lado, el caso de Macarena Valdés, perteneciente al pueblo mapuche e integrante de la comunidad Newen de Tranguil, ubicada en el territorio que controla el Estado chileno. Macarena era parte fundamental de la lucha de su comunidad contra la minicentral hidroeléctrica que la compañía austríaca RP Global buscaba construir sobre el río Tranquil. El 22 de agosto de 2016, Macarena fue encontraba ahorcada en su casa y, rápidamente, Carabineros y el Servicio Médico Legal catalogaron su muerte como suicidio. Sin embargo, su familia y comunidad lograron que el Poder Judicial reabra el caso de Macarena e investigue la causa de su muerte, frente a las graves amenazas que habían sufrido previo a su deceso.

radio
Avispa Midia

(Español) Días después de lograr reconocimiento legal de sus tierras desaparecen a indígena Wixárika

Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Foto de archivo por Santiago Navarro F

El pasado viernes (3) alrededor de las 8 de la mañana, Santos de la Cruz Carrillo, representante agrario del pueblo wixárika de Uweeni Muyewe- Bancos de San Hipólito, municipio de El Mezquital, Durango, salío a realizar diversas actividades y no se volvío a saber de su paradero. Este suceso se da a tan solo 15 días de haber iniciado diligencias para cumplir la sentencia del juicio agrario 037/2011, dictada por el Tribunal Unitario Agrario del distrito 7 en la ciudad de Durango, mediante la cual se reintegraron a la comunidad legalmente casi 11 mil hectáreas, producto de una lucha de décadas.

Este sábado (4), en plena sesión del Congreso Nacional Indígena (CNI), del cual forma parte esta comunidad, han encendido la alerta y han hecho un llamado urgente a los colectivos solidarios pertenecientes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y a organizaciones de derechos humanos para exigir la presentación con vida del indígena.

A Santos de la Cruz, su esposa Carlota y su hijo pequeño Paulo se les vio por última vez cuando se dirigian con rumbo al municipio de Jesús María, Nayarit, atravesando las comunidades de Calítique, pueblo perteneciente a San Lucas de Jalpa. Con este núcleo agrario se sostuvo un conflicto que derivó en el triunfo legal de Bancos de San Hipólito, ha denunciado el CNI en un comunicado.

Como antecedente, los integrantes del CNI alertan que en toda la región, incluida la comunidad wixárika, “ha sido fuertemente golpeada por la violencia generada por bandas de la delincuencia organizada y advertimos que la lucha agraria de Bancos es por la defensa de la madre tierra, por la defensa de la vida, de sus sitios sagrados y por las generaciones venideras”.

Por ello, desde Tehuacán, Puebla, desde donde secionan los integrantes del CNI este fin de semana, exigen “a los gobiernos y poderes locales la inmediata presentación con vida del compañero Santos de la Cruz Carrillo”.

Previo a este antecendente, el indígena que está en calidad de desaparecido sostuvo que esta sentencia es un precedente para la comunidad, por la legalidad de las tierras, lo cual permitirá que haya armonía y paz. Además, agregó, “vamos a avanzar, porque no solamente vamos a obtener esos documentos primordiales, sino que también tenemos que avanzar en la regulación de nuestro reglamento interno. Vamos a elaborar los estatutos comunales y entonces va a ser muy importante que la comunidad poco a poco se pueda ir regulando y fortaleciendo de manera organizativa en diferentes ámbitos.”

Fueron 54 años de litigios y fue hasta febrero de 2019 que el pleno del Tribunal Unitario Agrario resolvió por unanimidad el reconocimiento y la titulación del territorio en beneficio de Bancos de Calítique. En días pasados inició la ejecución de la sentencia definitiva de julio de 2020 bajo el recurso de revisión 582/2019-7, para reconocimiento legal de 11 mil hectareas de la comunidad.

radio
La Zarzamora

(Español) Diversas convocatorias se preparan para un nuevo 8 M ¿Pero cuál sería la rebeldía de esta fecha si convocan con el Estado?

Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Por: La Zarzamora

Tras la masificación del feminismo, la infiltración partidista y la posterior inclusión dentro del poder patriarcal, diversas organizaciones participes del estado llaman a marchar por un nuevo 8 de marzo.

Sin duda, la pérdida del contenido político y rebelde, en el feminismo se está haciendo cada vez más explícita, se continúa en el camino de demandarle al papi estado una igualdad capitalizada e insípida. Las frases clichés de las feministas institucionales: igualdad de género, empoderamiento, sororidad, están más expandidas que la comprensión misma de qué significa ser parte del estado opresor para el feminismo, las mujeres y las disidencias.

Comprender que la relación de opresión original es el patriarcado y que en base a este se han generado las estructuras de poder políticas, económicas y sociales de esta civilización, es algo que se oculta e invisibiliza constantemente. ¿Las mujeres y disidencias queremos dejar de ser oprimides para ser opresorxs? ¿Cuál es el sentido del feminismo si queremos convertirnos en el empresario devastador de territorios, porque consideramos que tenemos el mismo derecho que él para hacer dinero a costa de lo que sea? ¿No íbamos a destruir la sociedad patriarcal?.

Ante este contexto reformista, los femicidas siguen asesinando mujeres con la complicidad de los pacos, los transódicos siguen cometiendo ataques de odio hacia la comunidad trans, las disidencias y mujeres que se autodefienden siguen en el cautiverio carcelario y los violadores pasean libres en sus casas y en las calles de tu barrio. La justicia dirigida por los vinagres de la Corte Suprema, machos hegemónicos burgueses que ganan dinero a costa de decidir sobre las libertades, siguen monopolizando el poder judicial, y ya ven las abogadas feministas lo poco que pueden hacer porque el origen de su justicia está basado en la dominación patriarcal y la coerción.

Hace poco tiempo en las calles gritaban Wall Mapu libre, ahora que el gobierno progre confirmó nuestras sospechas y continuó la senda de la colonización militarizada, ya no se grita más.

Por otra parte las coordinaciones antiinstitucionales, anarcofemínistas, feministas autónomas e individualidades ajenas a la institucionalidad, se mantienen en conflicto ante este femicidio del feminismo.

Ese insípido feminismo oportunista, partidista e inconsecuente, no hace más que reproducir las estructuras que nos oprimen, ya lo han dicho cientas de compañeras en la historia: “El problema de una clase no puede ser solucionado satisfactoriamente sino por la acción directa, somos enemigas del parlamentarismo y de las leyes que resultan, pues ellas son únicamente el anestésico que adormece” decía Flora Sanhueza en la segunda mitad del sigo xx, “No significa a caso una de las más brutales imposiciones, esto de que un grupo de personas conciban y confeccionen leyes para obligar con la fuerza y la violencia a que otras las acaten y obedezcan? Y todavía la mujer clama por esa única oportunidad que trajo tanta miseria al mundo” decía Emma Goldman en 1910, pero el engañoso discurso del poder sigue su avance histórico, absorbiendo conceptos políticos, disfrazándolos y vaciándolos para que tomemos esa basura sin sentido y creamos que somos más libres por tenerles en la mano.-

radio
Congreso Nacional Indígena

(Español) Congreso Nacional Indígena EXIGE la inmediata presentación con vida de Santos de la Cruz Carrillo de la comunidad autónoma Wixárika de Uweni-Muyewe, Bancos de San Hipólito

Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

A los pueblos y gobiernos de México
A las organizaciones de derechos humanos
A los colectivos solidarios
A los medios de comunicación

Desde Tehuacán, Puebla, donde sesiona la asamblea nacional del Congreso Nacional Indígena, denunciamos la desaparición el día de ayer de Santos de la Cruz Carrillo, representante agrario de wixárika de Uweeni Muyewe-Bancos de San Hipólito, municipio de El Mezquital, Durango; comunidad que es miembro del Congreso Nacional Indígena.

Esto luego de que los pasado días 20 al 23 de febrero se realizaran los trabajos de ejecución de la sentencia del juicio agrario 037/2011, dictada por el Tribunal Unitario Agrario del distrito 7 en la ciudad de Durango, mediante la cual se entregaron legalmente casi 11 mil hectáreas producto de una lucha de décadas de la comunidad autónoma de Uweni Muyewe.

El día de ayer a las 8 de la mañana, Santos de la Cruz, junto a su esposa Carlota y su hijo pequeño Paulo se dirigieron al municipio de Jesús María, Nayarit, atravesando las comunidades de Calítique, pueblo perteneciente a San Lucas de Jalpa, que es el núcleo agrario con el que sostuvo un conflicto que derivó en el triunfo legal de Bancos de San Hipólito, así como el poblado de San Juán Peyotán y el denominado crucero del pastor.

Toda la región, incluida la comunidad wixárika de Bancos ha sido fuertemente golpeada por la violencia generada por bandas de la delincuencia organizada y advertimos que la lucha agraria de Bancos es por la defensa de la madre tierra, por la defensa de la vida, de sus sitios sagrados y por las generaciones venideras.

Por lo anterior exigimos a los gobiernos y poderes locales la inmediata presentación con vida del compañero Santos de la Cruz Carrillo.

Llamamos a los colectivos solidarios y organizaciones de derechos humanos a estar atentos y levantar la voz para exigir la presentación con vida del compañero Santos.

Atentamente

4 de marzo de 2023
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Mas un México Sin Nosotros
Congreso Nacional Indígena

radio
Autoridades tracidionales, civiles y agrarias de la comunidad de Bancos de Calitique

(Español) Comunidad Wixárica de Bancos de Calitique, Mezquital, Durango denuncia desaparición forzada

Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

A 4 de marzo del 2023.

COMUNICADO

Los que sucribimos, las autoridades tradicionales, civiles y agrarias de la comunidad Wixárica de Bancos de Calitique y todos los comuneros, hacemos el siguiente comunicado, dirigido al gobierno de México, a la Guardia Nacional, a la SEDENA, al Ejército Mexicano, a la Fiscalía General y a la policia estatal.

1. En donde EXIGIMOS que aparezca con vida el compañero comunero y líder de la comunidad Lic. Santos de la Cruz Carrillo, su esposa la Sra. Carlota Aguilar Parra, y sus dos hijos de nombre Henry de la Cruz Aguilar de tres años de edad y Paulo de la Cruz Aguilar de un año de edad.

Que fueron privados de su libertad el dia de ayer 3 de marzo del 2023, en el trayecto de la carretera de Jesús María el Nayar, Nayarit a el Pastor el Nayar, aproximadamente a las 12:00 a 13:00 horas en donde viajaban en una camioneta Tundra color gris con placas de Durango, donde se dirigían a su lugar de origen Bancos de Calitique.

2. Para EXIGIR al Estado Mexicano, la conunidad ha decidido hacer una acción cerrando la carretera de Ruiz, Zacatecas, a partir del 4 de marzo de 2023 en el punto de El Pastor el Nayar, hasta que aparezca con vida el compañero y su familia.

3. SOLICITAMOS al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, comisionada para el Diálogo de los Pueblos Indígenas, que nos ayuden a presionar la búsqueda de nuestro compañero.

4. Cerramos todas las instituciones educativas que están en nuestra comunidad de Bancos de Calitique hasta que aparezca el compañero y su familia con vida.

5. Convocamos a las comunidades hermanas, Santa María Ocotan del estado de Durango, Santa Catarina Cuexcomatitlán, San Sebastián Teponahuaxtlan, San Andrés Cohamiata, del estado de Jalisco, al Congreso Naciona Indígena, organizaciones no Gubernamentales y las demás comunidades indígenas de México a que se sumen a nuestra exigencia.

6. A los pocos dias de haber logrado el reconocimiento de nuestro territorio, el pasado 20 de febero de 2023, que por 55 años hemos luchado, le a sucedido esto a nuestro compañero, que es una persona que siempre ha apoyado por la lucha de Tatei Yurienaka en nuestra comunidad.

7. EXIGIMOS su libertad para quien lo tenga, es una persona trabajadora, profesionista y padre de 7 hijos que lo necesitan con vida, hermanos y familiares.

8. CANCELAMOS la fiesta de aniversario de nuestra comunidad, previamente convocada para los dias 8 al 11 de marzo 2023.


ATENTAMENTE
LAS AUTORIDADES TRADICIONALES, CIVILES Y AGRARIAS DE LA COMUNIDAD DE BANCOS DE CALITIQUE

radio
Radio Zapatista

(Español) Presentación inmediata y con vida del compañero Wixárica Santos de la Cruz, su esposa Carlota Aguilar y sus hijos Henry y Paulo

Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

El dia tres de marzo alrededor de las 8 de la mañana, el compañero Wixárica Santos de la Cruz, junto con su esposa Carlota Aguilar y sus dos hijos Henry (tres años de edad) y Paulo ( tres meses de edad), salieron de Bancos de Calitique, Durango hacia Jesús María, Nayarit sin que hasta el momento se tenga información de sus paraderos.

Los compañeros fueron desaparecidos en una región donde hay un fuerte control de grupos criminales que se oponen a la lucha del pueblo Wixárica por sus tierras.

Santos de la Cruz  se ha distinguido por la defensa del territorio y del medio ambiente, como parte de la comunidad ha defendido las tierras de Wirikuta de la explotación minera.

Los pasados 20, 21 y 22 de febrero la comunidad de Bancos de Calitique fue restituida con 10, 720 hectáreas de su territorio después de 50 años de lucha.

Exigimos la presentación inmediata y con vida del compañero Wixárica Santos de la Cruz, su esposa Carlota Aguilar y sus hijos.

radio
CDH Fray Bartolomé de las Casas

Exigimos se garantice la verdad y se esclarezcan las causas del asesinato de Simón Pedro

Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
01 de marzo de 2023
Boletín No. 04

Exigimos se garantice la verdad y se esclarezcan las causas del asesinato de Simón Pedro, defensor de derechos humanos

•    El Estado mexicano es responsable de evitar la vulnerabilidad y el riesgo que enfrentan las personas defensoras, comunidades y pueblos que luchan a favor de la paz.

A un año y ocho meses del lamentable asesinato de Simón Pedro Pérez López (Simón Pedro), defensor de derechos humanos maya tsotsil, ex presidente de la Mesa Directiva de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal), desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) manifestamos a las autoridades de justicia la importancia de que tomen en cuenta las líneas de investigación que orienten las causas de su asesinato.

Reiteramos que el móvil que llevó a arrebatarle la vida a Simón Pedro está vinculado con su labor de persona defensora de los derechos humanos y de la vida, a favor de la construcción de la paz y de la denuncia de la existencia de un grupo criminal que controló, desde la esfera local, política, social y económicamente el territorio a base de amenazas, asesinatos y desapariciones en la región.

Desde su ejecución el pasado 5 de julio del 2021, señalamos que los hechos ocurrieron días después de que Simón Pedro, junto con autoridades comunitarias, entregara un documento de denuncia ante la Secretaría de Gobierno del Estado de Chiapas de la grave situación de violencia y violaciones a derechos humanos cometidas en el municipio de Pantelhó, Chiapas, en la región de los Altos.

El 3 y 4 de marzo, se tiene previsto que se lleve a cabo el juicio oral en el Juzgado de Control de Pichucalco. Solicitamos que el Estado mexicano garantice la presencia del autor material del asesinato de Simón Pedro, quien se encuentra recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 14 “El Amate” de Cintalapa. Como sabemos, el respeto, garantía y protección de los derechos humanos son deberes que el Estado está obligado a cumplir mediante sus distintos órganos de gobierno, y así evitar dilación, continuidad de las violaciones a los derechos humanos y posible discriminación por la condición étnica de las víctimas frente al acceso a la justicia.

Desde el Frayba, instamos tanto al Juzgado de Control de Pichucalco como a la Fiscalía General del Estado tomen en cuenta todas las líneas de investigación que lleven al esclarecimiento del asesinato de Simón Pedro y dar con los responsables intelectuales. Exigimos al sistema de impartición de justicia de Chiapas garantizar a prontitud la verdad, ofreciendo la adecuada atención a las pruebas sobre el móvil de su homicidio, y que quede constancia de ello en el fallo final.

El Estado mexicano tiene la responsabilidad de evitar la constante vulnerabilidad y situación de riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, comunidades y pueblos que luchan a favor de la paz; por ello, exigimos que se observe y se cumpla a cabalidad el artículo 10 de la Ley General de Víctimas que establece el derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante las autoridades independientes, imparciales y competentes, que garantice además, el derecho a conocer la verdad integral para las víctimas, sus familiares y la sociedad en general.

radio
Avispa Midia

(Español) Comunidad maya rechaza “mesa de diálogo” convocada por mega granja porcícola

Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: El pueblo maya de Sitilpech se manifiesta contra la reanudación de operaciones de la mega granja de cerdos Kancabchén II, propiedad de la empresa Kekén. Por ello, el 22 de febrero se declararon como ‘Pueblo libre de Megagranjas Porcícolas’. Foto: Lilia Balam

Este miércoles (1), el pueblo maya de Sitilpech rechazó la invitación, por parte de la empresa Productos Pecuarios para Consumo, para realizar una mesa de diálogo donde planteaba “establecer acuerdos que permitan la cordial relación entre las empresas, los pobladores de Sitilpech y las autoridades”.

En comunicado, habitantes del pueblo maya argumentan su rechazo debido a que la empresa no ha cumplido el acuerdo previo de retirar a los cerdos que actualmente se encuentran dentro de sus instalaciones.

Te puede interesar – Pueblo maya protesta contra reapertura de megagranja de cerdos

Aunado a ello, las y los pobladores de Sitilpech refieren que la convocatoria al diálogo no respeta las normas del pueblo, quien el pasado 22 de febrero se declaró como ‘Pueblo libre de Megagranjas Porcícolas’.

Fue en aquel día, mediante conferencia de prensa donde la comunidad maya, en pleno uso de sus derechos a la autonomía y libre determinación, difundió la declaratoria “frente al despojo, la violencia y desprestigio encabezado por el Gobierno de Yucatán y el empresariado Porcicultor”.

En la declaratoria, las y los habitantes de Sitilpech se posicionan contra toda empresa, proyecto o autoridad que quiera entrar a su territorio a costa de su salud y de sus propias reglas. Además, enunciaron las formas con las que, en caso de existir condiciones, pueden recurrir al diálogo, las cuales denuncian que no ha cumplido la empresa porcícola.

Continúan las agresiones

La comunidad maya enfatiza que las agresiones contra su movimiento pacífico no han cesado. Señalan que, incluso durante la declaratoria del 22 de febrero, fueron intimidados por elementos de la policía del estado de Yucatán, quienes arribaron a bordo de 20 camionetas y mantuvieron comunicación telefónica con representantes de la granja.

Pese al hostigamiento, detalla la organización “La esperanza de Sitilpech”, habitantes de la comunidad maya acordaron el ingreso de transportes con alimentos y combustible para la fábrica, con el acuerdo de que, a más tardar el 1 de marzo, serían desalojados los cerdos de las instalaciones, situación que denuncian, aún no se ha cumplido.

Te puede interesar – Bloqueo contra granja de cerdos en Sitilpech es legítimo; juez ordena alto a violencia contra manifestantes

“Antes de pedirnos un diálogo, cumplan su palabra inicial de sacar a los cerdos del pueblo (…) Si quieren que el diálogo llegue, primero se tiene que ir los cerdos y después será el pueblo el que ponga la fecha, la hora y los términos para entablar un diálogo”, sostienen los habitantes de Sitilpech.

De acuerdo con la empresa, la convocatoria a la mesa de diálogo cuenta con el aval de distintas autoridades, aunque en su invitación no menciona detalles de los funcionarios que participarían en ella.

Las y los habitantes de Sitilpech son enfáticos al denunciar que esta invitación al diálogo, ocurre aún cuando la represión ha seguido. “La violencia no se ha detenido, queremos que nos dejen en paz. Dejen de cooptar medios de comunicación y periodistas para desinformar sobre nuestra legitima lucha. Dejen de mandar policías en las madrugadas y volar drones sobre nuestras casas”, reclaman en su comunicado.

Mediante la declaratoria del pasado 22 de febrero, y por medio de acuerdo interno, la comunidad maya estableció los lineamientos para que las autoridades y empresas consulten y en su caso, soliciten el consentimiento para la instalación de cualquier proyecto en su territorio.

Entre los puntos, exigen el respeto a reglas tales como realizar la convocatoria con un mes de anticipación, iniciar sesiones informativas en maya y español, así como una política de cero tolerancia ante actos de asistencialismos a cambio del voto favorable a empresas o estado. “En el momento que se conozca sobre algo parecido, la consulta se cancela inmediatamente y se rechaza el proyecto”, sostienen.

“El pueblo ya despertó y no nos vamos a dejar intimidar ni dominar nunca más. No volverán a tener la comodidad de nuestro silencio”, sentencia la comunidad maya ante la insistencia de la empresa y de los diferentes niveles de gobierno para la reanudación de las operaciones de la mega granja porcícola.

radio
Avispa Midia

(Español) Juez de Guatemala ordena investigar a periodistas independientes

Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En portada: Encuentro continental “Mujeres, territorios y libertad de expresión”, realizado entre los días 25 al 29 de abri 2022, en Guatemala. Participaron periodistas indígenas y urbanos que han compartido su palabra con colegas de diferentes partes de América Latina. Foto: Santiago Navarro F

El pasado martes (28), un juzgado de Guatemala ordenó investigar a nueve periodistas, así como el financiamiento de medios independientes en Guatemala. Esto se da en un contexto de la primera declaración del periodista José Rubén Zamora Marroquín, quién ha cumplido siete meses en prisión por presuntas investigaciones sobre actos de corrupción.

Zamora Marroquín también es ingeniero industrial y empresario. Es fundador de tres periódicos guatemaltecos: Siglo Veintiuno en 1990, El Periódico en 1996, y Nuestro Diario en 1998. Fue detenido en julio del 2022 por supuesto lavado de dinero.

Normalmente ejerce el periodismo de investigación y publica en el medio El Periódico. “Tengo la convicción de que estoy en prisión y aislado por el éxito de El Periódico publicando 228 investigaciones documentadas de la corrupción de este Gobierno”, señaló el presidente de dicho medio.

Te puede interesar – Guatemala: Periodismo comunitario comprueba corrupción y crímenes de minera

El Ministerio Público de Guatemala afirma que el empresario oculta el origen de 25 mil 600 dólares y también es acusado por conspiración por “obstruir la justicia”. Las autoridades guatemaltecas tienen tres meses para fundamentar estas acusaciones.

No bastando con ello, en la audiencia, el juez décimo penal Jimi Bremer, también ordenó que se investigue por “obstrucción de justicia” a nueve periodistas vinculados a El Periódico.

La voz de los medios independientes

De forma urgente, diversos medios y periodistas independientes lanzaron una misiva, destinada a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para informar de lo acontecido el pasado martes en esta audiencia.

En la carta hacia la CIDH se señala que, “los hechos constituyen una amenaza a la libertad de expresión, transgreden los estándares internacionales en materia de libre emisión del pensamiento”.

Además, en el documento se destaca que estos actos contravienen el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que estipula que “no constituyen delito las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”, refiriéndose al trabajo periodístico realizado por Zamora Marroquín.

En entrevista para Avispa Midia, el periodista Simón Antonio Ramón expresa que en “Guatemala estamos en un contexto de criminalización contra periodistas sin precedentes, desde los años de la paz, a partir de 1996 cuando termina la guerra”.

Esta espiral de violencia que vive el país centroamericano tiene que ver con la participación de diversos medios, periodistas, organizaciones y hasta juristas que se involucraron en las pesquisas de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, entre los años 2007 y 2019. Estas pesquisas destaparon un sinnúmero de crímenes de guerra.

Te puede interesar – Guatemala niega reparación a mujeres Achí violentadas en conflicto interno

“Entonces ese proceso ha sido detenido, porque la mayoría de los jueces que atendían este tema y temas de corrupción, se han ido al exilio. El Periódico participó en estas pesquisas”, argumenta Antonio Ramón, periodista quien forma parte del medio Prensa Comunitaria.

El corresponsal de Prensa Comunitaria puntualiza que, a la violencia contra periodistas, se suma la restricción a las fuentes de información y se enfrentan a la violencia física, “sólo en el año pasado (2022), en el monitoreo que realizamos, registramos 161 casos, de ellos 88 casos penales, entre intimidación y restricción”.

En el documento enviado a la CIDH, el cual también subscribe Prensa Comunitaria, se argumenta que, “no existen indicios para ordenar investigar a los periodistas, porque los recortes de prensa que la fiscal presentó en audiencia como sustento a sus peticiones, no pueden constituir prueba, no fueron obtenidos ni incorporados legalmente al proceso, en consecuencia, la fiscal está implantando prueba”.

Por su parte, la Relatoría de la CIDH externó en ocasiones anteriores su intención de visitar de manera oficial el país por el aumento de denuncias de ataques en contra de la prensa en Guatemala.