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Prensa Comunitaria

(Español) Crónica de un desalojo contra pobladores indígenas en Santa Cruz Barillas

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“Nosotros somos herederos de estas tierras que pertenecían a nuestros abuelos, pero por el conflicto armado tuvimos que abandonarlas”, dijo en su idioma Q’anjob’al una señora.

Por Joel Pérez, Lencho Pez y Simón Antonio

Este miércoles 19 de julio, más de 2 mil 500 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), entre agentes antimotines y antinarcóticos fueron movilizados al municipio de Santa Cruz Barillas por el gobernador de Huehuetenango, para cumplir con una orden de desalojo contra pobladores indígenas que habitan la comunidad de Kumatz.

La orden fue emitida por el juez “B”, Oswaldo Romeo Martínez Palacios del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, del Centro de Administración de Justicia (CAJ) con sede en el municipio de Santa Eulalia.

Según el Ministerio Público (MP), en la diligencia también participó la Fiscalía contra Delitos de Usurpación con la finalidad de recuperar y entregar el inmueble (la finca Sargento y Nubila) al propietario.

Elmer Ariel de León López, juez de paz de Santa Cruz Barillas, fue quien ejecutó esta orden de desalojo contra la población de Kumatz, ubicada sobre la Franja Transversal del Norte (FTN), en la aldea Río Espíritu, a 570 kilómetros de la ciudad capital.

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Comisión de Coordinación y Seguimiento del CNI | CIG | RvsR | Familiares, compañeras y compañeros de lucha

(Español) Pronunciamiento ¡Verdad y justicia para Álvaro Sebastián Ramírez!

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A nuestrxs compañerxs del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
A nuestrxs compañerxs adherentes a la Sexta en México y el Mundo.
A los Pueblos del Mundo que resisten contra el Sistema Capitalista y Patriarcal.
A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen.

Se cumple un año de la ausencia del compañero Álvaro Sebastián Ramírez, indígena zapoteco, originario de la comunidad de Llano Maguey, municipio de San Agustín Loxicha, Pochutla, Oaxaca, ex preso político y de conciencia, asesinado por motivos políticos. Hoy, su familia, compañeras y compañeros que lo acompañamos en diferentes momentos de su lucha, lo nombramos y queremos decir que su recuerdo está presente en nuestra memoria y seguiremos gritando ¡VERDAD Y JUSTICIA PARA ÁLVARO SEBASTIÁN RAMÍREZ!

Para Álvaro, la vida fue su lucha y su lucha era parte de su vida, fue consecuente con su pensamiento y creía firmemente que otro mundo es posible. Por eso, se hace necesario recordar el trabajo organizativo que hizo antes, durante y después de estar privado de su libertad. En los años setenta y ochenta fue maestro bilingüe, también ocupó el cargo de regidor de educación en el Honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de San Agustín Loxicha. Vivió en carne propia la miseria y la pobreza extrema, sintió las injusticias que se cometían en contra de sus iguales. Ante ese contexto, Álvaro decía que “era necesario organizarse”, por eso, caminó durante años junto a su pueblo, desde abajo, para construir libertad, justicia y democracia.

Él, como otros disidentes políticos, fue desaparecido y torturado durante 11 días en una cárcel clandestina, fue encarcelado en diferentes penales de máxima seguridad del país y asesinado por sus ideas políticas contrarias al régimen y por haberse organizado con su pueblo para luchar y resistir frente al despojo, la explotación, al desprecio y la represión.

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Comisión de Coordinación y Seguimiento del CNI-CIG

¡49 AÑOS EN BÚSQUEDA DE LA VERDAD Y LA JUSTICIA!

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A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
AL PUEBLO DE MÉXICO

Comunidades indígenas a 19 de julio de 2023

Han transcurrido 49 años de impunidad e injusticia, casi medio siglo en el que comunidades indígenas incansablemente siguen buscando memoria, verdad y justicia para los desaparecidos del pueblo p’urhépecha:  José de Jesús Guzmán Jiménez; y sus hijos Amafer, Solón Adenauer, Armando y Venustiano Guzmán Cruz, los cinco originarios de la comunidad indígena de Tarejero en Zacapu, Michoacán, México.

Ellos fueron detenidos, torturados y desaparecidos en el mes de julio de 1974 por el Ejército Mexicano y la entonces policía política, la Dirección Federal de Seguridad (DFS), siendo trasladados a la XXI Zona Militar en Morelia y posteriormente al Campo Militar No.1 en CDMX, por ser luchadores sociales, opositores políticos y soñadores de un mundo mejor.

Por casi cinco décadas, sus familiares, organizaciones no gubernamentales de los derechos humanos y comunidades originarias han exigido justicia para la familia Guzmán Cruz, pero el Gobierno Federal ha respondido con negación, indiferencia y represión.

Hoy, el gobierno de la llamada 4T, continúa sin resolver las desapariciones forzadas por motivos políticos ocurridas durante la segunda mitad del Siglo XX, las desapariciones de los defensores de los bosques y del territorio de las comunidades indígenas y mucho menos, las miles de desapariciones acontecidas en los últimos sexenios. La impunidad e injusticia imperan en nuestro país y día a día la grave crisis de los derechos humanos aumenta. Si no hay justicia para los desaparecidos del pasado, mucho menos lo habrá para los del presente.

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Frente Nacional Antiminero

(Español) Ecuador | No es consulta, es violencia minera

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NO ES CONSULTA, ES VIOLENCIA MINERA

Mientras la Corte Constitucional del Ecuador decida revisar la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la CONAIE, el gobierno de Lasso ha desplegado centenares de policías y militares que intimiden y sometan a los pueblos del subtrópico ecuatoriano cantones de Las Naves y Sigchos y con ello dar luz verde para la explotación de los proyectos Curipamba – El Domo y La Plata.

Proyectos ilegales e ilegítimos que han desencadenado un grave conflicto social y una amenaza para la provisión de agua de las comunidades y ciudades, la soberanía alimentaria y las economías locales. Desde inicios de junio, con la ejecución del #Decreto754 el Estado ecuatoriano ha cometido actos violentos que atentan contra los derechos humanos de las poblaciones campesinas, organizadas para defender el territorio frente al embate minero.

Para imponerlo por medio de la fuerza y sin la existencia de una “Ley” que viabilice una “Consulta Ambiental” con todas las garantías y parámetros ordenados por la ley, la Corte  Constitucional y los tratados internacionales. El gobierno servil a los intereses de las transnacionales mineras, pretende convertir nuestro derecho a ser consultados de manera previa, libre e informada; en un trámite “express” y de esa manera explotar territorios en RESISTENCIA y oposición a la declaratoria de zonas de sacrificio minero.

Una vez más, ante los ojos del Ecuador y el mundo, se evidencia que la violencia es una condición necesaria de la minería y que no es sino a sangre y fuego la manera en la que se abre paso. Por tal motivo continuamos denunciando y haciendo público nuestro rechazo a las medidas de carácter
dictatorial ejercidas por Lasso, el despliegue de los cuerpos de policías y militares y el uso de la fuerza para sostener una proceso ilegal e inconstitucional, la persecución y criminalización de comuneras y comuneros que defienden los derechos, el agua, el territorio, la soberanía alimentaria y la vida misma.

Por ello responsabilizamos al gobierno de Lasso por la integridad, la seguridad y las vidas de las y los comuneros del cantón Sigchos donde se prevé esta semana imponer por la fuerza el decreto 754. Exhortamos a la Corte Constitucional del Ecuador SUSPENDER DE MANERA INMEDIATA los efectos del decreto 754, porque atenta contra la vida y la paz de miles de poblaciones indígenas y campesinas amenazadas por la ilegalidad y violencia minera.

Frente Nacional Antiminero
18 de julio de 2023

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Volcánicas

(Español) Protesta contra reforma constitucional en Jujuy: 500 años resistiendo al extractivismo minero

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Hace más de un mes, una provincia del noroeste argentino resiste con manifestaciones intersectoriales en contra de una Reforma Constitucional inconsulta, que prohíbe la protesta social y otorga privilegios al Estado, disponiendo del territorio indígena para megaproyectos. Las mujeres, campesinas y docentes, se encuentran al frente de los cortes de ruta que claman ¡Abajo la Reforma, arriba les que luchan!

Por Avelén Correa Ruau

Hace más de un mes, una provincia del noroeste argentino resiste con manifestaciones intersectoriales en contra de una Reforma Constitucional inconsulta, que prohíbe la protesta social y otorga privilegios al Estado, disponiendo del territorio indígena para megaproyectos. Las mujeres, campesinas y docentes, se encuentran al frente de los cortes de ruta que claman ¡Abajo la Reforma, arriba les que luchan!

La evidencia arqueológica confirma que en el territorio que hoy se conoce como Argentina, habitaban pueblos mucho tiempo antes de la Colonización europea y la conformación del Estado – Nación. Les primeres pobladores de Jujuy datan de hace más de 10 mil años, distribuidos en las zonas de la Puna, la Quebrada y los llamados Valles Centrales, con una importante diversidad cultural y lingüística. En la actualidad, son más de 400 las comunidades indígenas que atraviesan diferentes conflictos socioambientales, vinculados a territorio, biodiversidad y bienes comunes.

“Somos calladas, pero cuando tenemos que gritar, gritamos”

Un celular que aún tiene batería marca las 8:30 AM en el corte de la ruta nacional 9 a la altura de Abra Pampa. Con timidez amanece en la Puna jujeña, donde el sol tiene más trabajo que en otras partes del país, ascendiendo hasta los 3 mil metros. La noche enfría las piedras y el sol calienta los corazones de las comunidades que llevan varias semanas reclamando.

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Armando Medios Libres

(Español) Cadenazo radiofónico contra la guerra a los pueblos originarios #AltoALaGuerra

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Cadenazo radiofónico contra la guerra a los pueblos originarios. #AltoALaGuerra

Invitamos a las radios libres y comunitarias, a las y los comunicadorxs honestxs y solidarixs a participar en un cadenazo radiofónico el próximo 15 de julio del 2023 a partir de las 12 hrs-mx, con el objetivo de visibilizar y denunciar la guerra del capitalismo y los Estados contra los pueblos originarios y campesinos. Las comunidades están siendo amenazadas por una guerra de despojo y destrucción para arrebatarles sus territorios y sus recursos.
Tomando en cuenta la campaña global de solidaridad con las comunidades zapatistas atacadas por paramilitares promovidos por el mal gobierno en contra de las comunidades autónomas, convocamos a participar en este cadenazo radiofónico. Del lado de los zapatistas la vida, la organización y la dignidad, del lado de los tiranxs la muerte, la militarización, los megaproyectos y la esclavitud moderna. Solidaridad con la comunidad de Moises y Gandhi, por la libertad de Manuel Gómez Base de apoyo zapatista.

Súmate con una cápsula, o una programa de radio, en vivo o pregrabado. También si estás en CdMx nos reuniremos en la el plantón en el Zócalo por el Alto a la Guerra a las comunidades zapatistas para hacer cabina presencial.

Escúchalo por las radios y colectives participantes y por:
(Descarga aquí)  
(Descarga aquí)  

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Coordinadora Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal

Invitación AL PLANTÓN: ALTO A LA GUERRA CONTRA LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS, CDMX

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15 de Julio, 12 Hrs.
Zócalo, CDMX

En el marco de la Acción Global “Del HORROR de la GUERRA a la RESISTENCIA por la VIDA”.

INVITAMOS a los colectivos, redes, pueblos, comunidades e individu@s, a sumar su Arte, Resistencia y Rebeldía” en contra de la Guerra que desde arriba imponen los dueños del poder y del dinero, a nuestr@s herman@s zapatistas. Te esperamos este 15 de julio, a partir de la 12:00 Hrs. y hasta que el cuerpo aguante, en el Zócalo de la CDMX, frente a Palacio Nacional, donde realizaremos diversas actividades y si quieres participar apúntate y comunícate por este medio.

No olvidemos, que contra las Guerras Capitalistas: “Arte, Resistencia y Rebeldía”

Viva el #CNI, Viva el #CIG, Viva el #EZLN Alto a la GUERRA contra los Pueblos Zapatistas

#ORCAOesPARAMILITAR

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Radio Zapote | Ke Huelga Radio

(Español) Defensores de la vida y el agua del FPMPT buscan justicia para Samir Flores

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(Descarga aquí)  

Entrevista con el compañero abogado JUAN CARLOS FLORES SOLIS y la compañera ambientalista LILIANA VELÁSQUEZ, defensores de la vida y el agua del Frente De Pueblos Morelos, Puebla y Tlaxcala, quienes buscan justicia para Samir Flores.

Actualización
A 4 años y 4 meses del cobarde asesinato de Samir, aún no hay justicia ni parece haber avances en este sentido, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua pide que la Fiscalía Federal atraiga el caso de Samir y concretamente la Fiscalía de Delitos contra la libertad de expresión.

Además
Platicaremos sobre la labor que tuvo Samir como parte de la Radio Comunitaria Amilzinko y el impacto que ha tenido el Proyecto Integral Morelos, con la termoeléctrica de Huexca, el gasoducto y el acueducto en las comunidades aledañas.

¡Justicia para Samir!
¡Agua Sí Termo No!
¡Viva la autodeterminación de los pueblos!
¡JUSTICIA
JUSTICIA
JUSTICIA!

Desde La Tormenta es un programa en colaboración de Radio Zapote y la Ke Huelga Radio

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Avispa Midia

(Español) La megaminería ha demostrado el fracaso en toda la Argentina

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Fuente: Avispa Midia

por Darío Aranda

Andalgalá es el caso testigo de la megaminería en Argentina. Allí se instaló, en pleno menemismo, Minera Alumbrera. Fueron más de 25 años de explotación sin cumplir las promesas de trabajo, desarrollo local, ni cuidado del ambiente. Andalgalá también es un epicentro de la resistencia: desde hace más de veinte años se movilizan en rechazo al extractivismo. Llevan 696 caminatas (cada sábado) en defensa del agua y la vida. Y están en alerta por la llegada de la multinacional Pan American Silver (PAS), que intenta explotar el cuestionado proyecto MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera), a sólo 17 kilómetros de la ciudad y donde nacen los ríos que brindan agua a la región.

El cartel es enorme, blanco con letras negras y ubicado en un lugar estratégico, en la esquina de la plaza 9 de Julio, pleno centro de Andalgalá: “En defensa del agua y de la vida. Andalgalá libre de megaminería”. Y debajo de una bandera de Argentina, aporta otro concepto: “Más letal que el Covid-19 es la corrupción de los gobiernos y de las mineras”. Resume el clima que se palpa en esta ciudad, la segunda en cantidad de población (luego de la capital provincial). El mensaje refleja buena parte del sentir de la población, que -desde la llegada de la actividad- sufrió una decena de represiones, judicialización y la modificación radical de su forma tradicional de vida.

En ese contexto, se conoció que la multinacional canadiense Pan American Silver (la mayor empresa de plata del mundo) adquirió a la minera Yamana Gold, principal accionista del proyecto MARA. El comunicado corporativo informa: “Se completó la adquisición de Yamana Gold. Se espera un aumento significativo en la producción de plata y oro y mejores márgenes operativos”. El proyecto MARA (antes llamado solo Agua Rica) estaba en manos del consorcio de Yamana Gold, Glencore y Newmon. La incorporación de PAS intentaría darle impulso.

Sergio Martínez, de la Asamblea El Algarrobo -histórico espacio en lucha por la defensa del agua- recuerda que el proyecto minero MARA es “ilegal” porque está en zona protegida por la Ley Nacional de Glaciares (26.639) y precisa la vigencia de la ordenanza 029 que protege los ríos de Andalgalá. “Siempre les decimos a estas empresas, sea PAS o sea Yamana, que no permitiremos la explotación de estos proyectos, porque violan derechos humanos, porque está en juego nuestra el agua y la vida del pueblo”, afirma.

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La organización canadiense Mining Watch sigue de cerca el accionar de la empresa y emitió un comunicado en el marco de la reunión anual de accionistas de la empresa: “Pan American Silver adquiere más activos tóxicos con la fusión con Yamana. La empresa ha declarado un compromiso con los derechos humanos, pero este discurso es contrario a su patrón de adquisición de activos con historial de violaciones de derechos indígenas, violencia y fuerte oposición local”.

El malestar contra la megaminería en Andalgalá tuvo un punto alto en abril de 2021, cuando ardió la sede de Yamana Gold. Sobrevino más represión: una decena de vecinos y vecinas (la mayor parte integrantes de la Asamblea El Algarrobo) fueron apresados durante dos semanas, sin ninguna prueba de haber sido culpables del incendio. En mayo de 2022 también hubo dos represiones en la vecina localidad de Choya, donde cerraban el paso a la minera. El Poder Judicial volvió a criminalizar a los vecinos: hubo decenas de judicializados. No es casual que en Andalgalá se afirma, por el incumplimiento de derechos, de la vigencia de una “dictadura minera”.

Rosa Farías, abuela y parte de Asamblea El Algarrobo, remarca que seguirá la lucha contra la megaminería porque saben que el proyecto MARA pone en riesgo a toda la población de Andalgalá. “No es agradable enterarse de la llegada de PAS, sabemos que es una empresa poderosa y que tiene el aval del Gobierno, ambos hacen como que no existimos, no nos escuchan, pero haremos respetar nuestros derechos, de nuestros hijos y nietos”, advierte.

“Fuera, fuera, fuera las mineras”, es el grito que resuena cada sábado al atardecer en Andalgalá. Desde hace más de 10 años es un rito el caminar alrededor de la Plaza 9 de Julio con decenas de pancartas y banderas que grafican el rechazo al extractivismo. Sergio Martínez resume el pasado y presente: “La megaminería ha demostrado el fracaso en toda la Argentina, no solo con Alumbrera en Andalgalá. No pueden demostrar que no destruyen, que no contaminan y que no nos saquean. Es un sistema de destrucción, contaminación y saqueo que no es viable como modelo de desarrollo para Andalgalá ni para ningún lugar del país”.

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El mismo Martínez aporta un dato más de “las mentiras” de empresas y gobiernos, en base al propio presupuesto oficial: las regalías por la megaminería representan solo el 1,68 del presupuesto provincial. Recuerda que el 1 de julio se cumplieron 700 caminatas en Andalgalá, donde volvieron a flamear dos banderas históricas: “El agua vale más que el oro” y “Andalgalá no se vende. El Aconquija no se toca”.

Pan American Silver es una compañía ya conocida en Argentina y América Latina. Desde hace 15 años intenta la explotación en Chubut el proyecto de plata y plomo llamado Navidad. Contó con el apoyo de todos los gobiernos (provinciales y nacionales), pero no pudo avanzar por el amplio rechazo de la población. Un hecho histórico se dio en diciembre de 2021, con una movilización popular conocida como “el chubutazo”, cuando tras siete días de movilización en las calles (e incluso incendio parcial de la Casa de Gobierno), el gobernador Mariano Arcioni tuvo que dar marcha atrás y restituir las restricciones a la megaminería.

Una versión de ese texto se publicó en Página 12

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Avispa Midia

Radio Tosepan se opone a transmitir propaganda de partidos políticos

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

Habitantes de la sierra nororiental de Puebla, mujeres, niños y los mayores que integran Radio Tosepan y la Unión de Cooperativas Tosepan, se oponen a la imposición del Instituto Nacional Electoral (INE) que, entre otras normas, exige a las radios comunitarias concesionadas, transmitir propaganda de partidos políticos y temas electorales.

Este 5 de julio, los integrantes de la radio pertenecientes al pueblo indígena Masewal, se presentaron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la Ciudad de México, para presenciar la sentencia respecto a la exigencia de emitir propaganda de partidos políticos en su radio comunitaria.

Esta delegación fue acompañada por una representatividad de personalidades reconocidas del país, quienes presentaron un recurso llamado Amicus Curiae, un escrito u opinión que permite a terceros ajenos al caso brindar otros elementos al órgano judicial para tomar una mejor determinación en cuanto a la sentencia.

En primera instancia, a través de este recurso se apela a razones jurídicas que consideran que son suficientes para que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, revoque la determinación que le fue dada el pasado 27 de febrero a la Radio Tosepan Limakxtum, la cual dice “que esta radio indígena está obligada a incluir en su programación los spots de partidos políticos”.

Tomando en consideración que el Pueblo Masewal se ha regido bajo sus valores, sistema normativo y decisiones colectivas, la emisión de mensajes electorales o de partidos políticos son totalmente contrarias a este modo de vida, aseveran quienes firman el Amicus Curiae. Por ello, se precisa en el documento, es importante recordar que el Pueblo Masewal únicamente objeta “la transmisión [en Radio Tosepan Limakxtum] de mensajes de partidos políticos y/o mensajes electorales no contextualizados a las cosmovisiones, sistemas normativos y usos y costumbres de estos pueblos y comunidades”.

Al final, con dos votos a favor de la radio y cuatro en contra, el Tribunal Electoral resolvió denegar la solicitud de este pueblo, ya que no se vulneran los “usos y costumbres del sistema normativo interno”, defendió la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, quien además agregó que, “no se vulnera ningún derecho al transmitir la propaganda de partidos políticos, por el contrario es un derecho a la información para los pueblos”.

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Erick Huerta, abogado de REDES A.C., quien acompaña a la comunidad Masewal, considera que la declaración de la ministra “esta plagada de racismo” y asegura que, “ni si quiera leyeron la demanda ni las pruebas que se presentaron, porque el pueblo Masewal no se gobierna por partidos políticos”.

Lo que sigue

Huerta asegura que el pueblo Masewal no va a dar marcha atrás en la negativa de transmitir la propaganda partidista y que por el contrario se preparan legalmente ante posibles multas. “Las comunidades no van a renunciar a la autonomía, porque no necesitaron al Estado para tener sus radios, ya que fueron un reconocimiento posterior a su existencia. Entonces prefieren renunciar a la concesión antes de aceptar renunciar a la autonomía”, sostiene Huerta en entrevista para Avispa Mídia.

El pueblo Masewal se ha apegado a los llamados Acuerdos de San Andrés, originados a raíz del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, mediante el cual la llamada Comisión de Concordia y Pacificación presentó, en el año 2000, una iniciativa de reforma constitucional al artículo 2 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001. Con esta reforma se incorporó, por primera vez, el reconocimiento constitucional del derecho de los pueblos indígenas a adquirir, operar y administrar medios de comunicación propios.

Por su parte, los integrantes de Radio Tosepan Limakxtum emitieron un comunicado con ocho puntos donde remarcan que “la autonomía no es algo que te puedan dar: es algo que se construye. Nosotros llegamos aquí porque nuestra comunidad es autónoma y nuestra radio también. Porque, a pesar de lo que diga el Tribunal, somos y seguiremos bajo nuestros sistemas normativos construyendo el yeknemilis (la vida buena)”.

Además, los indígenas señalan que con esta sentencia se “pone en riesgo la credibilidad de la concesión como mecanismo para garantizar el ejercicio del derecho a la comunicación de los pueblos indígenas y desalienta a muchas radios indígenas, que miran con desconfianza esta vía y que, por ello, continúan haciendo comunicación sin optar por este trámite, que lejos de proteger su ejercicio, como en este caso, lo está condicionando”.

Al final, han puntualizado que su lucha legal aún continúa por otras instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que se apegan al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en materia de derechos y cultura indígena.

“Como decía una compañera: al Estado le gusta la autonomía cuando es de papel, cuando es folclórica y capitalizable; cuando se ve en nuestras danzas, pero no en nuestro sistema político; en nuestra variedad gastronómica, pero no en nuestra diversidad normativa. Lo primero es un orgullo, lo segundo es una afrenta contra su forma de entender la democracia”, arremeten los indígenas del pueblo Masewal.