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Avispa Midia

(Español) Organizaciones denuncian militarización de política migratoria ante Suprema Corte

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Hace tres años fue creada la Guardia Nacional (GN) en México. Desde entonces se ha desplegado esta fuerza militar hacia a las fronteras norte y sur de México con fines de control migratorio.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en julio de 2019, una acción de inconstitucionalidad respecto a la Ley de la Guardia Nacional. La Comisión señala diversas disposiciones de la referida ley que son contrarias a los derechos humanos. Sin embargo, a tres años, la SCJN continúa sin resolverla.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el órgano judicial debe resolver a la brevedad la acción de inconstitucionalidad.

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En este contexto, el Centro Prodh, en conjunto con el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano y los Programas de Seguridad Ciudadana y Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, presentó el 14 de junio a la SCJN un amicus curiae sobre los riesgos de militarizar la política migratoria.

Amicus curiae es una expresión latina que significa “amigos de la corte”. Son presentaciones de terceros ajenos a una disputa jurídica; el objetivo es que aporten a la Corte argumentos u opiniones que pueden servir como elementos de juicio de manera a colaborar con el Tribunal en la resolución del litigio.

El amicus aborda específicamente las facultades de control y verificación migratoria otorgadas a este cuerpo de seguridad militarizado. De acuerdo con las organizaciones, la SCJN debe considerar que la GN ha generado violaciones a los derechos humanos de personas migrantes y sujetas de protección internacional.

El documento comparte con la Corte información documentada sobre abusos y violaciones a los derechos humanos de personas cometidas por esta institución, que posee más del 80% de sus elementos proveniente del sector castrense, así como en estructura, capacitación y mandos.

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En particular, se han documentado recurrentes violaciones a derechos humanos de las personas migrantes en la frontera sur, incluyendo agresiones, abuso de la fuerza, encapsulamiento y dispersión de las personas migrantes en tránsito; uso de armas de fuego que causaron la ejecución extrajudicial de un migrante, así como casos de tortura en estaciones migratorias.

Control migratorio

Desde su creación, la GN fue vinculada en gran medida al control migratorio, bajo una lógica de contención en las fronteras. En febrero de 2022, de 99,946 elementos desplegados en México, 15,822 fueron ubicados en los estados fronterizos con Estados Unidos y 9,298 elementos en estados de la frontera sur, de acuerdo con un comunicado del Centro Prodh.

A lo anterior se suma el despliegue de la GN para tareas de control y verificación migratoria en puntos de revisión al interior del país, como lo son retenes, estaciones de autobuses y aeropuertos. Además de haberle sido asignado el resguardo de las Estaciones Migratorias del país, en las que las personas migrantes y sujetas de protección internacional se encuentran privadas de la libertad por motivos migratorios.

“En el contexto de profundización de la militarización que vivimos y que ha sido señalada con preocupación por diversos organismos internacionales, y ante la documentación de múltiples violaciones a derechos humanos cometidas por la Guardia Nacional en el ámbito migratorio, es esencial el escrutinio judicial del marco legal que faculta a dicha institución en materia de control y revisión migratoria, lo que debería implicar la declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones referidas”, señalan las organizaciones.

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Avispa Midia

(Español) Oaxaca: Zapotecas de El Rebollero llaman a la solidaridad urgente

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

Foto de portada Archivo Avispa Midia

Con una mano va cargando un morral donde lleva comida; con la otra, un machete. María* parece tener miedo y coraje. Camina con precaución, su objetivo es llevar comida a su familia que está resguardada en lo que queda de su comunidad. De pronto, una ráfaga de disparos al aire la obliga a tirarse al suelo. “Son ellos comenta”, refiriéndose a un grupo paramilitar que los ha atacado constantemente.

María es campesina de la comunidad de El Rebollero y, junto a los habitantes de El Paraje Los Arquitos y Río Minas, de San Pablo Cuatro Venados, Oaxaca, fue víctima de un ataque armado el pasado 28 de mayo que destruyó toda la comunidad.

El último ataque ocurrió el miércoles, 15 de junio, alrededor de las 19hrs. Al menos tres vehículos con personas armadas se internaron a la comunidad, en el paraje denominado La Mesa y desde ahí empezaron a disparar por casi una hora.

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El 28 de mayo, más de 100 personas con armas exclusivas del Ejército ingresaron a esta pequeña comunidad y derribaron las viviendas, quemaron los cultivos. Lo único que dejaron intacto fue la capilla que sería inaugurada el día siguiente del ataque.

Este grupo armado destruyó las viviendas y las cosechas. Desde entonces hay mujeres, niños y ancianos que se resguardan con lo poco que quedó en la comunidad. No hay condiciones de seguridad para labrar la tierra y cuidar los animales.

La gente se da ánimos entre ellos mismos, pero el lugar está totalmente devastado. Bien podrían irse a otra parte, pero se resisten a dejar esta zona de su territorio. “Si lo permitimos, los políticos que están detrás de estos ataques tomarán el control de nuestro territorio y comenzarán a vender las tierras. La explotación minera comenzará sin obstáculos”, dice María.

Oaxaca: El Rebollero cumple seis días bajo ataque de paramilitares

Roberto, otro campesino, comparte con toda seguridad, “ya hemos denunciado quiénes están atrás de estos ataques, pero los respalda el gobierno, porque ellos han firmado disque acuerdos y a nosotros nos llaman paracaidistas. Que me digan en mi cara que soy paracaidista, seguro que ellos no conocen cada camino y cada planta como la conozco yo”.

A estas personas les han destruido sus viviendas al menos en dos ocasiones. La anterior se remite al mes de mayo del año 2019. También dejaron devastada a la comunidad y les costó dos años su reconstrucción, lo que hoy son solo ruinas. “No vamos a desistir. Tenemos compañeros que nos apoyan. Comunidades hermanas que también luchan por la defensa de la madre tierra”, dice María.

En un comunicado emitido por esta comunidad y publicada en la plataforma del Congreso Nacional Indígena (CNI), llaman, entre otros, a los adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y a la Sociedad Civil para que los apoyen con víveres y con donaciones que servirán para la reconstrucción.

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La campaña que han decidido impulsar estos campesinos se llama Por la reconstrucción y el cuidado de la dignidad en resistencia, que consta en el acopio de víveres, ropa, cobijas, colchonetas, lonas, toallas femeninas, papel higiénico, alcohol, láminas, clavos, alambre, celdas solares, herramientas de trabajo, entre otros.

En el comunicado figuran dos localidades y un número de cuenta para recibir los apoyos para su reconstrucción. Una de ellas se ubica en la Ciudad de México, en la llamada Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, anteriormente mal llamado INPI. La casa de los pueblos está ubicada en la Av. México-Coyoacán 343, Col. Xoco. Delegación Benito Juárez.

También en la ciudad de Oaxaca se estará recibiendo estos apoyos en la librería La Jícara, con dirección en Porfirio Díaz 1105, colonia Centro. En este mismo lugar proyectarán un documental el día miércoles 22 a las 18:30hrs. Este material audiovisual se presentará junto con integrantes del Concejo Indígena de Gobierno y el CNI Oaxaca.

María tiene muchas expectativas al no saberse sola. “Nuestras hermanas de otras comunidades, otras colectividades, las mujeres y los compas que luchan nos entienden y sabemos que no nos dejarán solos. Porque aquí vamos a seguir resistiendo”, señala la campesina.

En el comunicado también hacen un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derecho Humanos para estar atentos a estos acontecimientos. “Porque ya les entregamos un documento con detalles y pruebas de estas agresiones en días pasados. Les entregamos a cada uno un paquete de documentos”, agrega María.

*Los nombres de los testimonios fueron reemplazados por cuestiones de seguridad.

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Avispa MIdia

(Español) México: Con pandemia, mineras se posicionan con más fuerza en los territorios

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Mientras comunidades impactadas por la actividad minera se vieron obligadas a restringir su lucha en defensa del territorio durante los dos años de pandemia de Covid-19, para atender urgencias económicas y de cuidados de la salud, la industria minera ha podido beneficiarse de las restricciones sociales y posicionarse con más fuerza en los territorios.

Esta es una de las conclusiones del informe La Lucha por Lo Esencial: la Pandemia Minera en México en Tiempos de COVID-19, de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), que reflexiona las vivencias de comunidades mexicanas en los últimos dos años de pandemia y cómo los grandes capitales mineros se han aprovechado de la situación.

Durante el periodo de pandemia se profundizó la asimetría entre “los actores que promueven lo que llamamos Modelo Extractivo Minero y las comunidades que se oponen a éste”, sostiene el informe.

¿Cómo es que la minería se benefició con la pandemia?

Una de las respuestas dadas por sus autores – Libertad Díaz, Jen Moore y Miguel Mijangos – es que el sector minero logró una posición privilegiada al ser incluido en las actividades ‘esenciales’, “echando mano de su poder político y jurídico ya instalado y reforzado con la entrada en vigor, en julio del 2020, del renegociado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora llamado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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En un primer momento las industrias automotriz, minera y de construcción fueron designadas como “no esenciales”, aunque se exceptuó de esto a los proyectos insignia del presidente, presentes en el paquete económico 2020 y 2021, tales como el Tren Maya, el Corredor Transístmico y la Refinería de Dos Bocas.

Sin embargo, para estos tres sectores la suspensión duró solamente entre seis y nueve semanas, y el camino a su apertura coincidió con una carta enviada por 11 senadores estadounidenses al entonces secretario de estado Michael Pompeo, en donde se presionó para un cambio en la clasificación que había decidido el gobierno mexicano.

Peces muertos en la presa comunitaria Borde del Vallito debido a la contaminación de la minera Cuzcatlán

A esta acción de presión del gobierno estadounidense se sumó la de la Asociación Nacional de Fabricantes (National Association of Manufacturers), también de los EEUU.

También, añade el informe, la Cámara Minera Mexicana (Camimex), cuyos miembros incluyen grandes empresas mineras mexicanas, estadounidenses y canadienses, realizaron diversas gestiones para lograr la inmunidad frente a las medidas sanitarias, entre ellas, escribir al entonces embajador de los Estados Unidos en México Christopher Landau, para solicitar que la minería fuera considerada “esencial”.

Dos semanas después de la entrada en vigencia del T-MEC, en el Diario Oficial de la Federación del 14 de mayo del 2020, en su artículo cuarto, “esta triada se incorporó dentro del grupo de las actividades esenciales, bajo las premisas de su relevante rol en la reactivación económica y, para el caso de la minería, en su supuesta importancia en la cadena de suministros de metales para diversas industrias” y, desde entonces, “no hubo tregua” para las comunidades.

Permisos

Durante el poco tiempo que la industria minera quedó fuera de la lista de las actividades esenciales, las empresas mineras no pudieron contar con el trámite de nuevos permisos. Sin embargo, una vez que lograron esta categorización privilegiada, “las ventanillas administrativas les fueron abriendo nuevamente”.

De acuerdo con el informe, desde junio 2020 a diciembre 2021, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart) ha autorizado docenas de permisos ambientales para actividades mineras en, por lo menos, 14 estados, incluyendo Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, y Zacatecas.

Avance de las empresas en los territorios

El informe trae diversos ejemplos del avance de las mineras sobre los territorios durante la pandemia. Las experiencias de comunidades donde ya hay minas impuestas en operación como Zimapán en Hidalgo y el Valle de Ocotlán en Oaxaca narran cómo estas empresas siguieron operando con impunidad y generando daños a la salud y a los territorios.

En donde aún no han logrado establecerse, como Epazoyucan en Hidalgo, la Cuenca de la Independencia en Guanajuato y Acacoyagua en Chiapas, se documenta cómo las empresas buscaron permisos u otras oportunidades para ganar más apoyo o avanzar sus proyectos.

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En muchas partes del país, como el Ejido El Bajío, en Sonora, el “aumento de violencia tuvo graves repercusiones y actores armados fortalecieron su control del territorio”.

Protesta en Londres por las actividades ilegales de la Minera Penmont en el ejido El Bajío en Sonora

En este contexto, el gobierno federal justificó la creación de la Policía Minera y, a la vez, aumentó la militarización del país con un enorme despliegue de la Guardia Nacional, “mientras el crimen organizado se fortaleció en muchos lugares, trastocando la vida y la resistencia de las comunidades”.

Grupos de defensa ambiental de los diversos estados consultados para el informe, “observaron una profundización en el control territorial por el crimen organizado a nivel local desde el inicio de la pandemia, con serias implicaciones para su trabajo”.

Policía Minera

El grupo especial denominado Policía Minera, una policía destinada especialmente a la protección de las instalaciones mineras, fue creada en 2020. El reclutamiento de efectivos fue publicado por primera vez en julio de ese año durante un evento virtual titulado “La reactivación de la minería ante la nueva normalidad”.

Para fines de septiembre de 2020, se graduaron los primeros 118 efectivos federales con entrenamiento militar bajo la dirección del Servicio de Protección Federal (SPF) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la cual supone tener responsabilidad de resguardar instalaciones públicas, no privadas.

“Este esfuerzo fue justificado por el gobierno argumentando que ‘la minería representa una de las industrias clave para el desarrollo del país y para su economía, pues México está entre los primeros lugares en la producción y exportación de diversos materiales’, y

que tal medida ayudaría a disminuir el hurto de minerales desde las instalaciones mineras”, dice el informe.

Mayor lucro

La Camimex reportó, en su Informe Anual 2021, que el valor de producción minero-metalúrgico en México creció en 2020 a su punto más alto desde 2010, subiendo 42.5% comparado con el crecimiento del 2019, para un total de 13,095 millones de dólares estadounidenses.

Protesta contra minera Cuzcatlán. Foto: Santiago Navarro F.

El sector minero “fue uno de los pocos sectores económicos en el país que experimentó crecimiento en 2020, además del sector agropecuario, con aún mejores pronósticos para 2021”.

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Además, el sector minero “confirma su capacidad mediática y se posiciona como actor estratégico dentro de la llamada ‘transición energética’ y el supuesto viraje hacia el uso de energías ‘verdes’, ‘renovables’ o ‘amigables con el ambiente’”.

Pandemia minera

El informe de la REMA se enmarca en el contexto de una investigación colaborativa regional y global por la Coalición contra la Pandemia Minera, la cual lanzó el informe Sin Tregua: Resistencias por la Vida y el Territorio Frente al COVID-19 y la Pandemia Minera, que abarca 16 casos de estudios de nueve países de América Latina que demuestran la profundización de las asimetrías de poder económicas y políticas, junto con el aumento de militarización, represión, criminalización y violencia en contra de las comunidades organizadas.

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Avispa Midia

Chiapas: Derechos humanos denuncian nuevos ataques contra zapatistas

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Fuente: Avispa Midia

Por Avispa

Las Brigadas Civiles de Observación (BriCO) instaladas en el poblado zapatista Nuevo San Gregorio, municipio Autónomo Rebelde Zapatista Lucio Cabañas en Chiapas, México, y la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia por la Vida y la Humanidad”, Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde”, han documentado nuevos ataques que ponen en riesgo la vida, seguridad e integridad personal de seis familias Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN).

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El día 9 de junio, a las 7:23hrs entraron 19 personas del grupo agresor en el poblado y tumbaron árboles para “reforzar el alambrado que ilegítimamente instalaron hace 2 años y medio en el poblado”, de acuerdo a un comunicado divulgado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

A las 13:27hrs se reunieron frente del centro del poblado, donde es punto de trabajo y encuentro de las BAEZLN, insultando agresivamente a la población y en especial a las BriCO, realizando amenazas de muerte en contra de ellos y de integrantes del Frayba, antes de retirarse a las 14:38hrs.

“Estas nuevas amenazas constituyen un riesgo a la integridad física y psicológica de las personas y una clara obstaculización a la observación internacional con base en la Constitución mexicana y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, que ha sido firmada y ratificada por el Estado mexicano”, señala el comunicado.

Frente a estas circunstancias existe el “riesgo inminente a los derechos a la vida, seguridad e integridad personal debido a que el grupo agresor ha lanzado la amenaza de desplazar de manera forzada y entrar a cerrar las casas donde viven las BAEZLN, lo que ocasionaría daños de imposible reparación y a las observadoras y observadores de derechos humanos que se encuentran en el lugar”.

La organización denuncia que las BAEZLN realizan la defensa de su tierra y territorio en un contexto de constante violencia, amenazas y asesinatos por la acción de grupos armados sobre sus tierras y bienes naturales.

En el pueblo Autónomo de Nuevo San Gregorio, quienes permanecen en resistencia y defensa del territorio recuperado desde 1994, se ha dificultado la siembra de cultivos provocado por el despojo territorial, ocasionando la falta de alimentos básicos para las personas. Estos hechos siguen sucediendo bajo la observación del gobierno federal y estatal, a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Rutilio Escandón Cadenas.

Frayba sostiene que el Estado mexicano es indiferente y omiso en implementar una acción efectiva para desactivar la violencia contra las BAEZLN, “quienes son defensores, cuidadores y guardianes de su territorio, la administración de estos hechos, puede generar una situación de mayor alcance en violaciones graves a los derechos humanos”.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Pronunciamiento conjunto: Imparable el aumento de violencia en Chiapas

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
15 de junio de 2022

Pronunciamiento conjunto

En México la defensa de los derechos humanos se enfrenta a una permanente injusticia legalizada

 

  • La investigación de los delitos contra personas defensoras es fundamental para garantizar el pleno y libre ejercicio del derecho a defender derechos humanos.
  • En Chiapas hay un patrón de criminalización hacia defensores comunitarios de derechos humanos.
  • Imparable el aumento de violencia en Chiapas.

Quienes suscribimos el presente pronunciamiento manifestamos nuestra preocupación por las constantes agresiones, persecuciones y vigilancias a las personas defensoras de derechos humanos en nuestro país y en Chiapas, principalmente a quienes defienden la tierra y el territorio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que América Latina es una de las regiones más peligrosa para el ejercicio de las personas defensoras, apuntando que en México ha registrado el asesinato de tres personas defensoras de derechos humanos [1]. En lo que va del sexenio del actual gobierno de México, presidido por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), suman 33 periodistas y 97 defensores de derechos humanos asesinados [2] hechos vinculados a autoridades gubernamentales y a particulares, estos últimos actúan con la aquiescencia y permisibilidad del Estado mexicano, lo que demuestra que durante el gobierno de AMLO hay una continuidad criminal en medio de debilidades institucionales, como la falta de independencia judicial.

Señalamos que toda persona tiene derecho a manifestarse pacíficamente contra las violaciones de los derechos humanos, la cual no debe ser obstaculizada, intimidada y criminalizada. A pesar de las recomendaciones internacionales México sigue sin detener las situaciones de crisis de violaciones a derechos humanos expresadas en desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, tortura.

De acuerdo a la documentación del Frayba en Chiapas, la Fiscalía de Justicia Indígena (Fiscalía Indígena) dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE) es el ente perpetrador de criminalizar la defensa y promoción de los derechos humanos de personas de pueblos originarios. El sistema penal está siendo utilizado de manera facciosa para reprimir y castigar las voces que defienden la tierra y el territorio, reclaman justicia o promueven los derechos de todas y todos. La Guardia Nacional continúa consolidándose como un órgano conformado por personal y estructura militar que propicia violaciones graves a derechos humanos y amenaza los territorios de los pueblos y comunidades.

Dentro del historial de injusticias de la Fiscalía Indígena se encuentra la detención el 14 de marzo de 2020 de Cristóbal Sántiz Jiménez del pueblo maya tsotsil, defensor comunitario y representante de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama, acusado de homicidio calificado [3]. Las detenciones ilegales y tortura de los indígenas mayas tseltales defensores del territorio Cesar Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández el 15 de octubre de 2020, mientras ejercían su derecho a la libre manifestación y protesta contra la instalación de una base de la Guardia Nacional en su territorio, quienes actualmente se encuentran acusados de motín [4].

La más reciente privación arbitraria de la libertad fue el 29 de mayo de 2022 de Manuel Santiz Cruz indígena tseltal, presidente del Comité de Derechos Humanos de la Parroquia de San Juan Evangelista, municipio de San Juan Cancuc, junto con otras cuatro personas más de nombres: Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, todas privadas arbitrariamente de la libertad. Actualmente los cinco indígenas tseltales se encuentran detenidos y acusados de homicidio calificado [5] privados de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 5 de esta ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

A estas injustas detenciones, agregamos el asesinado del defensor de derechos humanos Simón Pedro Pérez López el 5 de julio de 2021, en Simojovel Chiapas, catequista e integrante de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Urgimos al Estado mexicano la protección de la vida, seguridad e integridad personal de las personas defensoras de derechos humanos garantizando un ambiente propicio y seguro para esta labor.

Exigimos el reconocimiento de la importancia que la defensa de los derechos humanos representa frente a la grave crisis de derechos humanos en México.

Exigimos se adopten las medidas necesarias para remediar la situación de las personas defensoras privadas arbitrariamente de la libertad, otorgándola de manera inmediata evitando se siga violentando sus derechos humanos.

Exigimos la inmediata liberación de Manuel Santíz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, del Pueblo Creyente del Pueblo Maya Tseltal de San Juan Cancuc, catequistas defensores de la Tierra y del Territorio.

Nos sumamos a la digna lucha de los Pueblos Mayas de Chiapas que defienden su tierra y territorio y que construyen nuevos mecanismos para una vida digna donde se disfrute la paz, libres de las amenazas generadas por la violencia.

Por ultimo queremos señalar nuestra alta preocupación por la presencia de grupos fuertemente armados en el territorio de Chiapas, específicamente de las acciones criminales y de impunidad que se vivió el día de ayer en San Cristóbal de Las Casas, bajo la clara tolerancia e inacción de las autoridades de los tres niveles de gobierno, por lo que exigimos garanticen la seguridad e integridad personal de todas y todos los habitantes de Chiapas.

Solicitamos a la comunidad nacional e internacional a estar atentos a las acciones políticas y jurídicas a favor de los defensores de derechos humanos en México y en Chiapas.

Diócesis de San Cristóbal de Las Casas
Parroquia de San Juan Evangelista de San Juan Cancuc
Familias Unidas contra la tortura y en defensa de los derechos humanos
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos Para Todas y Todos” (Red TDT)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

[1] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2022, “CIDH: elevada violencia contra personas defensoras en el primer cuatrimestre de 2022 urge a los Estados protejan  la vida y labor”, documentos disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/114.asp
[2] Mecanismo de Protección a Periodistas, Radio formula,https://www.radioformula.com.mx/nacional/2022/6/13/Mecanismo -de-proteccion-periodistas-que-le-falta-para-no-dejarles-indefensos-718456.html
[3] Frayba, notifrayba, diciembre, 2020. Disponible en: https://frayba.org.mx/nueve-meses-de-detencion-arbitraria-de-cristobal-santiz-jimenez
[4] Frayba, Acción Urgente no.15, 17 de octubre de 2020.  Disponible en: https://frayba.org.mx/la-protesta-no-es-sinonimo-de-motin
[5] Frayba boletín no.19, 4 de junio de 2022. Disponible en: https://frayba.org.mx/sistema-justicia-chiapas-criminaliza-defensa-ddhh

 

 Descarga el Pronunciamiento Conjunto en PDF

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Camino al Andar

(Español) Rojava: Brotes de la revolución

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Por Mauricio Centurion

Una mirada desde Ameríca Latina a la revolución de Rojava, que hoy está amenazada por Turquía y es defendida en la calle por jóvenes que crecieron en el corazón de ella.

Después de cinco días de viaje, cruzo desde Sulaymaniyah (Kurdistán iraquí) hacia Rojava (Kurdistán sirio) para registrar una manifestación de jóvenes que apoyan esta revolución con 10 años de existencia.
 

Un precario puente divide la frontera: allí está el Tigris, uno de los pocos y más grandes ríos en la zona. Luego de horas de burocracia presentando papeles y credenciales, e intentando vencer las barreras idiomáticas, logro pasar a la siguiente frontera que está a 500 metros

-Bi xêr hatî Rojava- me dice un policía.

 

Esta es, quizás, la primera vez que tengo confianza al ver a los ojos a un uniformado. Con ayuda de un traductor le pregunto cómo llegar a la ciudad donde me tengo que encontrar con periodistas de la zona para cubrir la manifestación. Después de preguntarme de dónde soy se ofrece llevarme y digo que sí. Es la segunda vez que cómo periodista subo a la camioneta de la policía. La primera vez es mejor olvidarla.

 
En el camino me mira y sonríe. “Argentina, Argentina”, dice y suelta palabras en kurmanji, su lengua que todavía no puedo entender.
Un niño camina de la mano con su abuelo y mira unas letras prendidas en fuego. Levanta su pequeña mano y con los dedos hace una V. Las letras son las iniciales del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK). Ese partido, creado hace más de cuarenta años por Abdullah Öcalan, fue la principal influencia para que, en 2012, en el marco de la Primavera Árabe que conmocionó a todo Medio Oriente y el Magreb, el pueblo de Rojava liberara los territorios del norte del país. Ese levantamiento que desbordó al gobierno de Damasco tuvo sus principales causas en la lucha por las libertades básicas, libertades que hasta ese momento estaban vedadas para los y las kurdas: el derecho a habitar y cultivar sus tierras, hablar su propio idioma, ejercer sus derechos políticos y culturales.

Décadas de luchas tuvieron que pasar los pueblos kurdos, árabes, armenios, asirios, musulmanes, cristianos y yezidíes frente a los estados-nación y las fronteras que dividen a sus habitantes. A finales de mayo de este año, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, volvió a amenazar a los pueblos de Rojava: anunció una nueva etapa en la invasión militar contra el norte y el este de Siria. Como ya lo hizo en 2018 y 2019, Erdogan destina todo el poderío del Estado turco para destruir el proyecto social y político en Rojava, compartido por cinco millones de personas, ya sean kurdos, árabes, armenios, asirios, musulmanes, cristianos o yezidíes.

 
 
Mientras Erdogan invade y destruye, ninguna potencia internacional hace absolutamente nada.

En respuesta a esta amenaza, miles de jóvenes del Movimiento Juvenil Revolucionario y de la Unión de Mujeres Jóvenes organizaron una marcha de tres días, desde la ciudad de Qamishlo hasta Derik, otra localidad ubicada a 150 kilómetros de distancia. Durante la larga marcha se levantó una sola consigna: “Únete a la guerra de liberación contra ocupantes y traidores”.

Con los pies entre los pasos de quienes marchan, el sol pega y la tierra se siente en la garganta. Un joven se me acerca y pregunta: “tu ji ku dere ki?” (¿de dónde sos?). Cuando digo “ez ji Argentina me”, me mira y comienza a nombrar al Che Guevara, a Maradona, a Messi. Después me abraza, me da dos besos y me dice “serkeftin” (¡hasta la victoria!).

En la marcha veo cómo hombres y mujeres bailan. Hasta hace pocos años, esa costumbre milenaria, como también lo es el canto y la música, estaba prohibida para el pueblo kurdo de Rojava. Las horas caminando por el desierto no desalientan a nadie. Bailes, voces, cantos se funden, otra vez, como resistencia.

 
Un joven “cuadro” -como llaman aquí a las personas que forman parte del movimiento kurdo y han estado por varios años formándose políticamente-, se acerca, se sienta en cuclillas y nos sirve agua a los que estamos ahí. Cuando termina, no le queda para él. Se ríe, le queremos dar la nuestra y no acepta. Por suerte hay un internacionalista alemán que habla tanto kurdo como español y me cuenta lo que dice: “Empieza por lo simple, hoy dejas sin agua a alguien, mañana te hacen falta cosas materiales para estar bien, pasado sos tu propio enemigo. Al mundo se lo cambia desde simples gestos, es muy importante que actuemos de esta manera, porque alguien que no actúa de esta manera y habla de revolución resulta incoherente. ¿Quién le va a creer a un burgués que predica lo que no hace?”
 

Su sonrisa es atrapante, en sus ojos hay seguridad. Pienso que, cuando la revolución se desató, apenas tendría nueve años.

 En el camino me ofrecen más agua y comida, halagan mis tatuajes y me preguntan, con cara de confusión, por qué tengo un aro en la nariz. Los vecinos que no participan de la marcha sacan mangueras para que los jóvenes tomen agua y se mojen la cabeza. El pañuelo en el Medio Oriente, tiene muchos significados: uno de ellos es cubrirte del sol; mi cabeza lo comprende enseguida. Al otro día, conseguí un pañuelo, al que no voy a soltar hasta mis últimas horas en Rojava.
La revolución en el norte y el este de Siria es amenazada por diferentes intereses. Además, es literalmente bombardeada por Turquía. En las últimas semanas, tanto el ejército de Ankara como los grupos mercenarios, que son sus aliados en la región, redoblaron los ataques contra aldeas y ciudades de Rojava.
En la marcha, rodeando a los jóvenes, las unidades de mujeres milicianas custodian nuestros pasos. Ese icono de mujeres con armas luchando contra ISIS, que llegó a Occidente de forma espectacular, se transfigura cuando un par de niñas se acercan a saludarlas con dos besos y un abrazo.
 

No veía tantos jóvenes agrupados luchando por una causa desde el movimiento de mujeres en Argentina. ¿Será esa la causa por la que es tan difícil para los enemigos acabar con esta revolución? Con estos diez años de avances, resistencias y miles de desafíos por delante, el movimiento político que liberó Rojava continúa plantando las semillas para reforestar la tierra donde crece la esperanza. Esperanza y vida que desde hace décadas intentan aniquilar, pero no lo lograrán.

 
 

Rebentos da revolução

Um olhar desde a América Latina sobre a revolução em Rojava, hoje ameaçada pela Turquia e defendida nas ruas por jovens que cresceram no seu seio/no seu coração. Por Mauricio Centurión*, para diferentes meios independentes de ambos os lados do oceano.

 

Após cinco dias de viagem, atravesso de Sulaymaniyah (no Curdistão Iraquiano) para Rojava (o Curdistão Sírio) para registar uma manifestação de jovens que apoiam esta revolução de 10 anos.

Uma ponte precária divide a fronteira: ali está o Tigre, um dos poucos e maiores rios da região. Após horas de burocracia, apresentando documentos e cartões de identificação, e tentando ultrapassar as barreiras linguísticas, consigo atravessar para a próxima fronteira, a 500 metros de distância.

“Bi xêr hatî Rojava”, diz-me um polícia.

Esta é talvez a primeira vez que tenho a confiança de olhar um homem fardado nos olhos. Com a ajuda de um tradutor, pergunto-lhe como chegar à cidade onde tenho de me encontrar com jornalistas locais para cobrir a manifestação. Depois de me perguntar de onde eu era, ofereceu-me uma boleia e eu disse-lhe que sim. É a segunda vez que, como jornalista, entro na carrinha da polícia. A primeira, é melhor esquecê-la.

No caminho, ele olha para mim e sorri.

“Argentina, Argentina”, diz ele, soltando palavras em Kurmanji, a sua língua que eu ainda não consigo compreender.

Um rapazinho anda de mãos dadas com o seu avô e olha para algumas letras incendiadas. Levanta a sua pequena mão e faz um V com os dedos. As letras são as iniciais do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK). Este partido, criado há mais de quarenta anos por Abdullah Öcalan, foi a principal influência para o povo de Rojava na libertação dos territórios do norte do país em 2012, no contexto da Primavera Árabe que abalou todo o Médio Oriente e o Magrebe. Esta revolta, que saiu do controlo do governo em Damasco, teve as suas principais causas na luta pelas liberdades básicas, liberdades que até então tinham sido negadas aos Curdos: o direito de habitar e cultivar as suas terras, de falar a sua própria língua, de exercer os seus direitos políticos e culturais.

Décadas de lutas foram travadas pelos povos curdos, árabes, arménios, assírios, muçulmanos, cristãos e yazidis, face aos Estados-nação e às fronteiras que dividem os seus povos. No final de Maio deste ano, o Presidente da Turquia Recep Tayyip Erdogan voltou a ameaçar os povos de Rojava: anunciou uma nova etapa na invasão militar contra o norte e o leste da Síria. Como já fez em 2018 e 2019, Erdogan está a utilizar todo o poder do Estado turco para destruir o projecto social e político em Rojava, partilhado por cinco milhões de pessoas, sejam elas curdas, árabes, arménias, assírias, muçulmanas, cristãs ou yazidis.

Enquanto Erdogan invade e destrói, nenhuma potência internacional faz o que quer que seja.

Em resposta a esta ameaça, milhares de jovens do Movimento Revolucionário da Juventude e da União das Mulheres Jovens organizaram uma marcha de três dias desde a cidade de Qamishlo até Derik, outra cidade a 150 quilómetros de distância. Durante a longa marcha foi levantado um único slogan: “Junta-te à guerra de libertação contra ocupantes e traidores”.

Com os meus pés entre os passos dos caminhantes, o sol bate e a terra sente-se na garganta. Um jovem aproxima-se de mim e pergunta: “tu ji ku dere ki?” (de onde és?).

Quando lhe digo “ez ji Argentina me”, ele olha para mim e começa a nomear Che Guevara, Maradona, Messi. Depois abraça-me, beija-me duas vezes e diz “serkeftin” (até à vitória!).

Na marcha, vejo como homens e mulheres dançam. Até há alguns anos atrás, este costume antigo, como o canto e a música, era proibido ao povo curdo de Rojava. As horas de caminhada pelo deserto não desencorajam ninguém. Danças, vozes, canções fundem-se, mais uma vez, como resistência.

Um jovem “quadro” – como aqui chamam às pessoas que fazem parte do movimento curdo e que estiveram vários anos a formar-se politicamente – aproxima-se, agacha-se e serve água aos que estamos ali. Quando termina, não sobra água para si. Ele ri-se, nós queremos dar-lhe a nossa e ele não aceita. Felizmente, há um internacionalista alemão que fala curdo e espanhol e me conta o que ele diz: “Começa pelas coisas simples, hoje deixas alguém sem água, amanhã precisas de coisas materiais para estar bem, no dia seguinte és o teu próprio inimigo. O mundo muda-se com gestos simples, é muito importante que actuemos desta forma, porque alguém que não actua desta forma e fala de revolução é incoerente. Quem vai acreditar num burguês que prega o que não faz?”

O seu sorriso é cativante, nos seus olhos há segurança. Penso que quando a revolução eclodiu, ele tinha apenas nove anos de idade.

No caminho, oferecem-me mais água e comida, elogiam as minhas tatuagens e perguntam-me, com um olhar confuso nos seus rostos, porque tenho um anel no nariz. Os vizinhos que não participam na marcha trazem mangueiras para os jovens beberem água e molharem as cabeças. O véu, no Médio Oriente, tem muitos significados: um deles é cobrir-te do sol; a minha cabeça compreende isto imediatamente. No dia seguinte, consegui um lenço, e não o vou largar até às minhas últimas horas em Rojava.

A revolução no norte e leste da Síria está ameaçada por diferentes interesses. Além disso, este território é literalmente bombardeado pela Turquia. Nas últimas semanas, tanto o exército de Ancara como os grupos mercenários, que são seus aliados na região, redobraram os seus ataques a aldeias e cidades em Rojava.
Na manifestação, rodeando os jovens, as unidades de mulheres milicianas guardam os nossos passos. Esse ícone de mulheres com armas a lutar contra o ISIS, que chegou ao Ocidente de forma espectacular, é transfigurado quando um par de raparigas se aproxima para as cumprimentar com dois beijos e um abraço.

Desde o movimento de mulheres na Argentina que não via tantos jovens juntos para lutar por uma causa. Será essa a razão pela qual é tão difícil para os inimigos acabar com esta revolução? Com estes dez anos de progressos, resistência e milhares de desafios pela frente, o movimento político que libertou Rojava continua a plantar as sementes para reflorestar a terra onde cresce a esperança. Esperança e vida que há decadas tentam aniquilar, mas não conseguirão/serão bem sucedidos.

 
 
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Avispa Midia

“La justicia solo funciona ante el poder”: Abejas de Acteal a un año del asesinato de Simón Pedro

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Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

El 5 de julio próximo se cumplirá un año del asesinato del ex presidente de la Mesa Directiva de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez, fecha que será conmemorada con un informe sobre su vida como defensor de los derechos humanos en Chiapas.

Las Abejas de Acteal lamentaron que la investigación de Simón Pedro no avance, “la justicia solo funciona ante el dinero y el poder”, pues señalan que enfrentan a la falta de voluntad política para investigar el contexto y las verdaderas causas del homicidio para dar con las personas que ordenaron la ejecución.

Simón Pedro fue asesinado en la cabecera municipal de Simojovel, después de denunciar la omisión del Estado mexicano ante la actuación impune de grupos de la delincuencia organizada.

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Las actividades en su memoria, por la verdad y la justicia serán convocadas en la comunidad Nuevo Israelita de Simojovel donde vivió y creció Simón Pedro; y donde actualmente reside su familia.

Tanto la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) acompañarán la peregrinación, la celebración eucarística y la presentación del informe para el que convocan la presencia de organizaciones aliadas.

Tras el asesinato del defensor, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas recomendaron a la Fiscalía de Chiapas investigar a fondo estos hechos, no solo a los autores materiales si no intelectuales del asesinato.

Días más tarde detuvieron a una persona acusada como autor material del crimen, “nuestra percepción de la Fiscalía General del Estado de Chiapas es que con que haya un detenido ya se hizo justicia; no hay voluntad”, dijo el abogado del Frayba, Jorge Gómez Hernández.

Pero esta presión política desde la fecha del crimen, impulsó el proceso y los asesores jurídicos no han agotado las líneas de investigación. El 30 de junio se realizará la audiencia intermedia en el Centro de Reinserción para Sentenciados número 14 ‘El Amate’ y “después se procederá a juicio oral donde se definirá la inocencia o la culpabilidad del detenido, estamos en los preparativos de la audiencia y del aniversario en memoria de Simón”, explicó Gómez.

La familia 

Entre las cosas que no ha hecho la autoridad es brindar seguridad a la familia del defensor, pese a que la Fiscalía tiene conocimiento de las intimidaciones y amenazas que continuaron después del asesinato de Simón Pedro.

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“Nosotros como Frayba también estamos protegiéndonos porque sabemos del riesgo y los motivos del asesinato. Seguimos pronunciándonos porque haya justicia verdadera”.

Para el Centro de Derechos Humanos el nulo acceso a la justicia es general, pues acompañan otros casos de tortura, de indígenas detenidos injustamente, violaciones, feminicidios que no se investigan, entre otros.

En la actualidad los defensores de los derechos humanos están siendo asesinados y tampoco hay justicia completa, “no hay justicia para nadie; la fiscalía decide quién accede a la justicia según sus intereses”.

Pero éste no es un tema reciente, pues en las tres décadas de documentación del Frayba señalan que no existe independencia judicial aún con los cambios de partidos políticos en los gobiernos.

En Chiapas la práctica de la tortura en las detenciones ilegales sigue siendo muy comunes, pero ningún servidor público ha sido castigado por torturar, encarcelar o por actos de corrupción.

“No queremos que tengan que pasar otros 25 años para que se haga justicia en el caso de Simón Pedro, por eso le pedimos a todos nuestros hermanos y hermanas solidarias que nos ayuden difundiendo su caso y participando en una celebración cuya convocatoria lanzaremos muy pronto con ocasión de su primer aniversario”, compartieron las Abejas de Acteal.

 

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Avispa Midia

(Español) En México, las mineras deciden cómo cerrar una mina

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Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

En portada: 400 años de minería no alteraron la apariencia del Cerro de San Pedrio. En cinco años se abrió un abismo de 400 metros de profundidad por 800 de ancho

En 1996, los órganos ambientales de México dieron autorización a la minera San Xavier, de la canadiense New Gold, para explotar plata y oro en el Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí. Los habitantes solicitaron ante tribunal un juicio de nulidad de la concesión. Pero la minera presentó amparo y logró continuar sus actividades.

En 2016, luego de haber devastado al cerro, la minera cerró las actividades sin un plan de restauración. “¿Cómo van a volver a construir un cerro?”, pregunta don Mario Martínez, ingeniero geólogo y miembro del movimiento ciudadano de defensa del pueblo de Cerro de San Pedro.

La minera canadiense dejó, según Martínez, 200 millones de toneladas de materiales sulfurosos, además de 100 millones de toneladas de material con cianuro que, con las lluvias, filtran hacia al acuífero.

Son motivos de preocupación y resistencia la prospección, exploración, explotación, además de los conflictos que generan la actividad minera. Sin embargo, existe un “completo vacío” en lo que respecta al cierre y abandono de los sitios mineros, alerta la investigadora y experta en el tema, Letizia Silva, quien coordinó el informe ¿Y después de la mina qué? Hacia una política de cierre de minas, de la fundación Heinrich Böll.

“¿Qué sucede cuando deja de tener actividades a corto, mediano y largo plazo una mina?, ¿qué sucede con los lugares que quedan en total abandono? Quedan residuos tóxicos que no permite que viva nada. No se puede producir, no se puede tener una vida social, una vida en común. Y nadie se hace responsable de ello”, señala la investigadora.

En México, no existe una definición normada y regulada que establece lo que significa ‘cierre de mina’, tampoco existen normas para regular cómo debe ser la finalización de una actividad minera, o cómo se va a vigilar que la restauración del sitio ocurra.

Lo que existe, según la investigadora, son las definiciones en las Manifestaciones de Impacto Ambienta (MIA), estudio realizado por una consultoría ambiental pagado por las mineras. “Son las empresas que determinan, bajo sus criterios, que se considera cierre de mina”, explica.

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Justamente por no haber una normativa clara, no hay un número oficial de minas cerradas, tampoco existe un registro oficial de los pueblos fantasmas que han generado las actividades mineras en todo el país.

El dato oficial a partir del cual se puede generar una idea de la contaminación es el inventario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que ubica 585 registros de presas de jales, desechos tóxicos generados por la actividad minera.

Cierre en las distintas fases

La actividad minera posee cinco fases. La prospección, exploración, explotación, beneficio o limpieza del mineral y el cierre. “Pareciera un ciclo continuo y normal, pero hemos visto que, por ejemplo, una concesión puede estar en explotación y, al mismo tiempo, desarrollar prospección. Pueden estar en la fase de beneficio y volver a la fase de prospección. No es una actividad continua. Así como se puede regresar las fases, el cierre también puede coincidir con cualquier otra fase”, explica Silva.

Es decir, puede ser que la empresa esté haciendo la prospección y considere que no es viable la explotación y determina retirarse. “¿Dónde está la planeación de cierre cuando no hubo explotación?, por ejemplo. La actividad de prospección no es solamente hacer medición, es hacer perforación, retirar vegetación, modificar suelo. Entonces desde las primeras fases habría que existir un plan de cierre”, sostiene.

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Otra situación que no está prevista en las normas mexicanas es la suspensión de la actividad minera. “Puede ser que la empresa se haya ido momentáneamente. Todavía es un cierre y abría que estar normado”, señala la investigadora.

La postergación de las actividades mineras ha sido cada vez más frecuente en los últimos años. En 2017, 17% de los proyectos mineros estaban suspendidos. En 2021, alzó a 62%. “No sabemos lo que sucede en este período que es indeterminado”.

Distintas organizaciones y colectivos demandan una política de monitoreo y manejo de desechos tóxicos, además exigen que las empresas restauren los lugares luego de la extracción de los materiales. ¿Sería eso posible?, considerando los daños irreversibles que traen dichas actividades. Como señaló Martínez, ¿cómo van a volver a construir un cerro?”.

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Brigadas Civiles de Observación

Brigadas Civiles de Observación en el municipio de Salto de Agua, Chiapas

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México,
9 de junio de 2022
Nota informativa

Brigadas Civiles de Observación en el municipio de Salto de Agua, Chiapas

    • Documentarán violaciones a derechos humanos contra personas defensoras de derechos humanos en el contexto migratorio.

Las Brigadas Civiles de Observación (BriCO) iniciaron trabajos de documentación de derechos humanos en el albergue Casa Betania Santa Martha, refugio de tránsito que proporciona desde hace más de 10 años alojamiento, comida y servicios básicos de salud a las personas en tránsito en Salto de Agua Chiapas, cuya administración esta a cargo de las Misioneras Siervas del Espíritu Santo y Sacerdotes del Verbo Divino, con el apoyo de voluntarias y voluntarios para el trabajo por los derechos humanos de las personas en movilidad y tránsito.

La presencia de la observación internacional tiene como objetivo monitorear posibles violaciones a derechos humanos contra las personas integrantes del albergue. El municipio de Salto de Agua es estación para muchas personas migrantes que pasan por nuestro país en la digna búsqueda de una vida mejor.

Las BriCO es un programa implementado desde hace 27 años en diferentes comunidades de pueblos originarios en Chiapas. La observación de derechos humanos se encuentra  estipulado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, que ha sido firmada y ratificada por el Estado mexicano.

Antecedentes: el 12 de octubre del 2021, el albergue Casa Betania Santa Martha realizó un llamamiento a la solidaridad internacional debido al allanamiento realizado por un grupo de personas armadas que se presentaron como “fiscalía” bajo el pretexto de la búsqueda de una menor de edad. Durante ese hecho el personal fue obligado a entregar información digital de los servidores electrónicos. Esta fue la tercera ocasión, otros dos intentos se dio entre junio y julio 2019, cuando individuos desconocidos intentaron entrar al albergue bajo el mismo argumento. Estos hechos se dan mientras otras organizaciones defensoras de personas migrantes en la frontera sur de México, en particular en Chiapas y Tabasco, también han sido amenazadas de muerte, hostigadas y agredidas por su labor ante el incremento de los flujos migratorios en la región.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) Familias unidas contra la tortura: seguimos en lucha por lograr la justicia, libertad y reparación de daños

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Villaflores, Chiapas a 7 de junio de 2022

“Día de la libertad de expresión”

A la Opinión Pública
A Organismos Internacionales de Derechos Humanos
A Organizaciones Civiles y Defensores de los Derechos Humanos
A Organismos Nacionales, Estatal e Independientes de Derechos Humanos
A los Medios de Comunicaciones Local, Estatal, Nacional,
Internacional e Independientes

PRESENTE.

Somos la Organización “Familias Unidas contra la tortura y en defensa de los derechos humanos”. Bajo el reconocimiento mediante la protección y el respeto a nuestro derecho fundamental a la libertad de expresión, la prensa, medios de comunicación y todo aquel que quiera alzar su voz y opinión tendrá espacio en esta sociedad.

En el marco del “día de la libertad de expresión”, como familiares, víctimas y sobrevivientes de tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, y fabrica de culpables expresamos que seguimos en nuestra lucha y esperanza de lograr la justicia, libertad incondicional y la reparación integral de todos los daños que el Estado mexicano nos ha causado.

NO nos cansamos de denunciar públicamente las malas practicas realizada por las Fiscalías del estado de Chiapas, en la que se preserva la fabricación de culpables y criminalización de personas inocentes, pobres, marginados y defensores de derechos humanos, así como de la complicidad por parte del Poder Judicial del Estado, esta relación Fiscalía y Poder Judicial ha generado una desacreditación en el supuesto “Chiapas seguro”, marcado por el Gobernador del Estado Rutilio Escandón Cadenas.

Manifestamos que las investigaciones realizadas por las Fiscalías en los delitos de homicidio calificado, secuestro, motín, perpetradas a personas inocentes, contienen deficiencias de fondo y de forma. Las y los jueces son cómplices de subsanar (corregir) las deficiencias en las investigaciones, vinculando a proceso, llevando a prisión preventiva hasta por 2 años y sentenciando a personas completamente inocentes. Todo lo contrario a lo que marcan legislaciones mexicanas, marcadas por los principios del Sistema Penal Acusatorio.

Estas practicas siguen vigentes hoy en día realizadas por los Fiscales del Ministerio Público en el Estado, una de las Fiscalías que hemos denunciado continuamente ha sido la Fiscalía de Distrito Fraylesca, ubicada en el municipio de Villaflores, Chiapas anteriormente dirigida por el Fiscal Daniel Arellano Camacho, en la que dicho Fiscal los jueces le han permitido sanar sus deficiencias en investigaciones por los delitos de homicidio y se han sentenciado injustamente a personal inocentes, como es el caso de Yonny Ronay Chacón Gonzalez.

Cabe reiterar que en dicha fiscalía de distrito Fraylesca, se fabrican testimonios de personas que no tienen conocimiento de que han usado indebidamente sus identificaciones, inventan declaraciones de personas que perdieron la vida y aparecen como supuestos testigos en delitos señalando a víctimas de inculpación del delito, con la finalidad de que sus testimonios tengan validez y puedan sentenciar de manera injusta. Es importante remarcar las irreglaridades que realiza la Oficina de Registro Civil de Villaflores al expedir actas de defunción sin cumplir los requisitos establecidos para su expedición, como es el caso de Luis Carlos Dominguez Martinez, quien actualmente lleva un proceso penal, basado en irregularidades garrafales en la investigación con testimonios fabricados.

Como hemos mencionado, la criminalización por delitos fabricados esta muy presente en el estado de Chiapas, tal es el caso de José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano defensores comunitarios del municipio de Chilón, quienes fueron procesados en octubre de 2015 por el delito de motín y actualmente enfrentan un proceso penal en libertad.

Ahora 5 personas indígenas tseltales Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, así como la existencia de ordenes de aprehensión en contra de tres personas más integrantes de la parroquia de San Juan Cancuc, defensores de derechos humanos, de sus tierra y territorio, quienes el día de ayer 6 de junio del 2022, fueron injustamente vinculados a proceso y sometidos a la medida cautelar de prisión preventiva, solicitada por la Fiscalía indígena de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

  • Solicitamos la solidaridad Nacional e Internacional de Organismos de Derechos Humanos, Sociedad Civil y familiares víctimas de estas malas practicas para visibilizar la grave situación de injusticia en el Estado de Chiapas y pronunciarse en contra de este sistema de criminalización a intereses del Estado mexicano.
  • Exigimos a los Jueces de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, la exclusión de pruebas que en su valoración humana y precisa sean violatorios a derechos humanos y hayan sido obtenidos con vicios formales por parte de las Fiscalias, con el objetivo de procesar a nuestros familiares injustamente presos. Así como de su inmediata libertad.
  • Demandamos a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, al cese absoluto de la reiterada situación de terror judicial, manifestada en investigaciones con fines de criminalizar a personas inocentes y nuestros familiares.
  • Reclamamos investigaciones profundas y efectivas a perpetradores de violaciones a derechos humanos inmiscuidos dentro de las instituciones de procuración de justicia, fiscales y jueces, quienes han dañado irremediablemente nuestro núcleo familiar y roto sueños.

Atentamente,
Organización “Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos”
Chilón,
Cintalapa,
Jiquipilas,
La Concordia,
Palenque,
Pichucalco,
Playas de Catazajá,
San Cristóbal de Las Casas,
Teopisca,
Venustiano Carranza.
Villaflores.

       
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