represión
Minera aprovecha contexto electoral para extraer minerales en la Sierra Norte de Oaxaca
Fuente: Avispa Midia
Por Santiago Navarro F
En portada: Autoridades comunitarias durante conferencia de prensara denunciar la explotación minera. Foto: Santiago Navarro F.
El pasado sábado (1), un día antes de la contienda electoral en México, los comuneros de Capulálpam de Méndez, en la Sierra Norte de Oaxaca, se declararon en alerta máxima tras identificar dos camiones de carga que transportaban minerales extraídos de las entrañas de estas bellas montañas. Inmediatamente bloquearon las rutas de salida del pueblo zapoteca y retuvieron uno de los vehículos, mientras que el otro se dio a la fuga.
La unidad retenida contenía la cantidad de 22 toneladas de roca molida. Liberaron el camión y retuvieron el mineral explotado. “Este material ya estaba procesado. Se han mandado hacer los estudios y tienen un alto contenido de oro y plata”, señala en entrevista para Avispa Mídia Francisco García López, presidente del comisariado de bienes comunales de este municipio.
Acorde a la decisión de la asamblea comunitaria, bloquearon las vías de comunicación entre Capulálpam e Ixtlán, así como la carretera federal que conecta la ciudad de Oaxaca y Tuxtepec. También impidieron que se instalaran las casillas para votar en esta comunidad. “Sí no te hace caso el gobierno, de algo legítimo y justo, que caso tiene que se instalaran la casilla. Entonces como decisión de la comunidad se impidió que se instalara”, señaló el comisariado.
Las denuncias de explotación de materiales mineros por parte de la Compañía Minera de Natividad y Anexas, S.A. de C.V., sin el permiso de la comunidad, no es de ahora. “En dos ocasiones el gobernador del estado [Salomón Jara] vino a la comunidad y le hicimos saber que necesitábamos que se suspendieran los trabajos de minería. Pero, nos decían que la empresa no estaba trabajando”.
Por ello, las autoridades agrarias de esta comunidad decidieron tomar cartas en el asunto. Fue entonces que decidieron entregar una evidencia. “Fue por eso que la asamblea retuvo el camión con los minerales. Es evidente que trabajan en la madrugada y en la noche. El gobierno no dice nada. Entonces les presentamos las pruebas y no nos hicieron caso, por ello bloqueamos las vías de comunicación”.
Tras las medidas tomadas por Capulálpam, con respaldo de otras comunidades, quienes también comenzaron a bloquear sus accesos, el gobierno estatal prometió recibir una comisión de autoridades locales el lunes (3). Fueron atendidas por el titular de la Secretaría de Gobierno, Jesús Romero López, la Comisión de Paz y autoridades federales. “Decidimos levantar el boqueo carretero y asistir a la reunión”, agrega García. No obstante, decidieron cancelar el diálogo ya que, “desafortunadamente se vuelven a burlar de nuestras comunidades, trayendo funcionarios de 2º y de 3 º niveles para solucionar este problema. Ante tal situación decidimos ya no tener el diálogo y solicitar que sea con autoridades de dependencias del gobierno federal”.
Las comunidades activaron nuevamente los bloqueos carreteros. En la noche del lunes les comunicaron que el miércoles (5) serán recibidas por autoridades federales como la Secretaría de Economía, Secretaria de Medio Ambiente y Comisión Nacional del Agua, las mismas en quienes han recaído un sinnúmero de denuncias.
El contexto legal
En el mes de febrero de este año la comunidad de Capulálpam ganó un amparo sobre tres concesiones mineras pertenecientes a Compañía Minera de Natividad y Anexas, S.A. de C.V., aunque no especificaron cuales son porque, según las autoridades, aún están en litigio. Detallan que el juez ordenó dejar inconsistentes las concesiones mineras en Capulálpam.
Así mismo, este martes (4), las autoridades de Capulálpam, Lachatao y otras comunidades declararon en conferencia de prensa que desde año 2003 se ha interpuesto diversas denuncias contra esta empresa, sin tener consecuencias por partes de las instancias federales y estatales. “No han actuado en el sentido de supervisar y aplicar las leyes en materia de protección al medio ambiente y de protección a los derechos de nuestra comunidad y de las comunidades de la Sierra Juárez, que han sido directamente impactadas por la operación minera Natividad”, puntualizaron.
Entre los impactos mencionados se encuentran el abatimiento de trece acuíferos, la contaminación de suelos y fuentes de agua con desechos de la minera, tres depósitos de jales de desechos tóxicos colapsados en el año 2010, que hasta el momento se encuentran sin reparar.
Las comunidades advirtieron también que esta empresa minera es responsable de la emisión de diversos contaminantes, como los bifenilos policlorados de los transformadores eléctricos que están abandonados, que son una mezcla de compuestos químicos que, según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR por sus siglas en inglés), provoca alteraciones neurológicas e inmunológicas en niños y cáncer en animales. Figuran también contaminantes como arsénico, plomo, cadmio en el suelo y cuerpos de agua, denuncian.
Por ello, la comunidad exige al gobierno federal el cierre de la mina y que la empresa sea responsable por la reparación de los “daños causados por la contaminación”.
Más concesiones
Las autoridades de la comunidad mencionan que existen en su territorio solamente las tres concesiones que fueron suspendidas a través del amparo. El equipo de Avispa Mídia se ha dado a la tarea de revisar la base de datos cartográficos solicitados a la Secretaría de Economía, proporcionada por la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas en febrero de 2024. Se pudo identificar que solo en el municipio de Capulálpam, hasta este año 2024, existen 13 concesiones vigentes: 7 concesiones cuentan con títulos de explotación; 6 con permisos de exploración.
Del total de las concesiones, al menos nueve pertenecen a la Compañía Minera de Natividad y Anexas, S.A. de C.V. Las demás, de acuerdo a los documentos oficiales, poseen como concesionarios originales a Fausto Calvo Sumano y Judith Patricia Underwood, quienes también tienen la sociedad Underwood y Calvo Compañía, S.N.C.
En total, estas 13 concesiones – con yacimientos de oro, plata, cobre y plomo – superan las 5 mil hectáreas. Incluso, uno de los lotes mineros llamado “Providencia 1” abarca parte del casco urbano de esta comunidad.
Así mismo, el lote minero “Providencia 2” abarca tres municipios. Además de Capulálpam, se expande por los municipios de Natividad y Santiago Xiacuí.
Las comunidades carecen de información clara en relación a la ubicación, extensión y el estatus de estas concesiones, las cuales tienen vigencia hasta los años 2050 y 2060.
Termina sexenio de Obrador sin esclarecimiento del caso Ayotzinapa
Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes
Una vez concluida la jornada electoral, funcionarios del gobierno federal, encabezados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se reunieron la tarde de este lunes (3) con familiares de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos hace casi una década.
Acorde al Centro de Derehos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, durante la reunión el presidente no presentó avance alguno en términos de búsqueda y de investigación. La organización, que acompaña el movimiento por la aparición de los jóvenes normalistas, relata que las madres y padres salieron de la reunión con pocas esperanzas ante lo que califican como un gobierno indolente.
Mediante el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales Sierra, detallaron sobre la información que compartió la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), que destaca cientos de acciones de búsquedas en terreno.
“Se reconoce la labor que hace el gobierno, pero resultados sustantivos no tenemos. También se informó de los procesos, que ya sabemos cómo están avanzando, y que a juicio de nosotros en lugar de tener victorias se han tenido derrotas, porque a los militares se les ha modificado la medida cautelar y hoy en día están en libertad”, sostiene el abogado.
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Nueve meses transcurrieron desde la última reunión entre los familiares de los normalistas y el Estado mexicano, y la exigencia principal, la entrega de 886 folios en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aún no ha sido cumplida.
Simulación
La insistencia de los familiares se debe a que, con la coadyuvancia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), desde 2022 ubicaron un conjunto de documentos relevantes entre los archivos militares. Estos contienen datos, obtenidos por medio de una intervención telefónica realizada por el ejército durante la noche del 26 de septiembre del 2014, sobre el traslado de 17 estudiantes del centro de detención municipal de Iguala a la colonia Loma de Coyotes.
Ante ello, las madres y padres de los normalistas denuncian una simulación en el manejo de los documentos compartidos por el Estado. Mientras la presidencia asegura que compartieron, este lunes (3), 15 nuevos folios de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia (CRFI) y 70 documentos relacionados con dichas comunicaciones, los familiares aseveran que esa información ya estaba en manos de la Covaj.
A esto, se suma la demora en la extradición, desde EEUU e Israel, de dos funcionarios implicados en los hechos criminales. En el caso de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de México, Obrador argumentó que no se puede avanzar porque México no tiene tratado en la materia con Israel.
La solicitud formal de extradición ante el Estado de Israel fue presentada por la cancillería mexicana en diciembre de 2021. Para el 14 de diciembre del 2023, el Ministerio de Justicia de Israel informaba que la solicitud está en la etapa final de análisis.
No obstante, para abril de 2024 la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo público un reclamo hacia el gobierno de Benjamín Netanyahu. En este considera que “la falta de progreso en la resolución de este caso se interpreta como un amparo de facto por parte del Gobierno israelí a Tomás Zerón”. El argumento de las autoridades es que la acción legal solicitada involucra a una persona que ejerció actos de violencia, tortura y se mantiene prófugo de la justicia mexicana.
En tanto, la extradición de José Ulises Bernabé, director de barandilla (centro de detención) de Iguala, es de suma importancia para los familiares en búsqueda de justicia. Él es considerado uno de los primeros testigos de la presencia militar durante las horas en que ocurrió la desaparición de los normalistas. Incluso, es señalado por un policía municipal como la persona que entregó un grupo de jóvenes al grupo criminal Guerreros Unidos.
Bernabé huyó a Estados Unidos donde obtuvo asilo político en abril del año 2015. Acorde al abogado Rosales, EEUU actuó de manera sesgada al otorgar el asilo al ex funcionario de Iguala sin considerar las acusaciones que pesan sobre él en los tribunales mexicanos.
Informes, insuficientes
En contraste a la postura de presidencia, para los familiares de los normalistas desaparecidos es claro que la administración de Obrador falló en su trabajo. En un mensaje a la prensa, mientras esperaban en las inmediaciones de Palacio Nacional, antes de la reunión, Melitón Ortega, vocero de las madres y padres, compartió que los familiares saben que Obrador concluye su mandato sin resolver el caso.
El abogado Rosales resalta que durante la reunión con funcionarios del gabinete de seguridad, el presidente Obrador se limitó a criticar los trabajos del GIEI, trasladando al organismo la responsabilidad del estancamiento en las investigaciones. Aún mas lamentable, relata el defensor de derechos humanos, es que el presidente se retiró tras esa breve participación. “Hoy las madres y padres se van sin avances en las búsquedas y en las investigaciones. Lo peor es que a casi 10 años no saben nada de sus hijos”, reclama.
Obrador ofreció nuevo encuentro, con fecha tentativa para próximo julio. Los familiares exigieron que en dicha reunión asista la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, pues expresaron su preocupación debido a que el temano figuró entre los compromisos que promovió en su plataforma de campaña.
“Están desilusionados de este gobierno. A pesar de la postura tajante del presidente de seguir defendiendo al ejército y de responsabilizar a los expertos y a los abogados esperan que, en la próxima reunión, el gobierno sí tenga resultados consistentes”, aseveró el abogado Rosales.