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Prensa Comunitaria

Hace 25 años se firmó la paz, las víctimas del conflicto señalan regresión y violencia

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Por Juan Calles

“Denunciamos que el Estado de Guatemala y estos gobiernos enterraron los Acuerdos de Paz y estamos en las vísperas de una nueva confrontación social”, expresó Miguel Itzep coordinador del movimiento de víctimas del Conflicto Armado Interno CAI

Con ofrendas de flores, comida, granos y cereales se realizó una ceremonia maya en la plaza central esta mañana; en idioma maya un guía espiritual pedía al corazón del cielo, al corazón de la tierra que las víctimas del Conflicto Armado Interno, CAI, encuentren justicia, encuentren respeto. El fuego sagrado crepitaba como acompañando las manifestaciones que a 25 años de la firma de la paz dejaban escuchar el reclamo de regresión, injusticia y violencia.

Durante los 36 años que duró el CAI en Guatemala se registraron más de 200,000 víctimas y más de 45,000 desaparecidos. Entre ellos, alrededor de 5,000 niños. Según el Informe de Esclarecimiento Histórico, el 93% de las violaciones documentadas se le atribuye al ejército de Guatemala y sus grupos paramilitares y el 3% a la guerrilla.

Las víctimas y familiares de víctimas del CAI se reunieron esta mañana en la plaza central de la ciudad de Guatemala; allí se dio lectura a un comunicado en el que se acusa al actual gobernante Alejandro Giammattei de desmantelar la institucionalidad de la paz, y de mantener una agenda de regresión violenta y de cierre de espacios democráticos.

“Después de 25 años esas esperanzas de cambio se han convertido en decepción porque las cosas siguen igual. Los empresarios depredadores se siguen enriqueciendo pagando, salarios miserables mientras las comunidades indígenas viven en extrema pobreza, cada día se profundiza más la desigualdad, La discriminación y a la corrupción”. Se leyó en el comunicado de la Plataforma Nacional de Organizaciones de víctimas del conflicto armado interno.

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Prensa Comunitaria

(Español) Chiquimula: la unidad de los pueblos para detener la minería y la corrupción

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Por Amilcar Morales y Nelton Rivera

El 28 de diciembre, autoridades del Consejo del Pueblo Ancestral Maya Ch’orti’, de los municipios de Olopa y Quezaltepeque de Chiquimula, se reunieron con autoridades de la Coordinadora Tajurán El Gigante, de la Comunidad de El Pato. Establecieron alianzas para luchar contra los megaproyectos que amenazan a las comunidades.

“Buscamos fortalecer nuestras luchas, ya que el gobierno con toda la fuerza represora quiere imponer en nuestras comunidades la minería y que ya ha dejado destrucción del ambiente, daños en la salud, pobreza y conflictos en las comunidades” indicó Nery Díaz representante legal de la Coordinadora Tajuran El Gigante.

La actividad se desarrolló en el salón de la parroquia San Francisco de Asís de la ciudad de Chiquimula, a unos 170 kilómetros de la ciudad de Guatemala.  El próximo 6 de enero del 2022, la comunidad Indígena de Quezaltepeque, tiene programada su asamblea para la elección del nuevo Consejo Indígena Ch’ortí’.

“Se contará con la participación de los demás representantes de las autoridades ancestrales de Olopa, se abordará como temas principales el problema minero que ya está fuerte en el municipio” puntualizó Díaz.

El problema provocado en los últimos quince años en Guatemala con la instalación de una serie de proyectos mineros industriales a cielo abierto, sigue profundizando la crisis medioambiental y de derechos colectivos de los pueblos indígenas, xinka, garífuna y mestizos.

A las empresas en complicidad de los distintos gobiernos de turno se les facilita el acceso a los territorios y supuestos derechos o licencias mineras sin mayores controles, en la mayoría de los casos sin contar con licencias mineras para operar. Chiquimula es uno de estos casos.

En Chiquimula actualmente están vigentes catorce proyectos mineros, empresas como Minerales Sierra Pacífico, subsidiaria de Radios Gold y Volcanic Gold Mine tienen presencia en 18 municipios del oriente del país, incluido Chiquimula, según la alerta publicada por  Nuevo Día y cuatro organizaciones más.

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Misión de Observación Civil Sexta

(Español) Crímenes de lesa humanidad contra las comunidades indìgenas del CIPOG-EZ CNI-CIG*

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Prólogo del informe realizado por la Misión de Observación Civil Sexta

El racismo, el clasismo, la violación de los derechos humanos y sobre todo, la profunda discriminación económica, han sido una constante en las relaciones de dominación aplicadas en Mesoamérica, desde la llegada del invasor europeo, hasta las primeras décadas del siglo XXI. Las crueles expresiones de la “modernidad” que se aplicaron en contra de los habitantes despojados de sus tierras, y sometidos a un repartimiento forzoso que los obligaba a laborar en la agricultura, la minería, los transportes, el comercio, en la construcción de iglesias, conventos, catedrales, palacios gubernamentales, se convirtió en una de las más oscuras páginas de la historia mundial.

Esta inhumana expoliación obligó a incontables pueblos originarios a refugiarse en las montañas con tal de escapar a la brutalidad del grupo dominante que se enseñoreaba en las tierras avasalladas. A tal grado se exacerbaron las condiciones de violación sistemática de sus más elementales derechos, que llevó a comunidades enteras a decir a los esforzados catequistas: “que no deseaban irse al cielo, que preferían irse al infierno, puesto que en el cielo se iban a encontrar con los españoles”.

Las condiciones de vida de los pueblos nativos no cambiaron al separarse México del poder hispano. Los nuevos grupos dominantes partidarios de la “modernidad” (conservadores y liberales), mantuvieron las condiciones de sobreexplotación, miseria, insalubridad e incultura, sobre los indígenas mexicanos. Tal ha sido la historia de este país en los doscientos años de vida independiente, que recién se cumplirán en septiembre. Los contextos no han cambiado sustantivamente, si acaso han existido matices diferentes con ciertos gobiernos, sobre todo en el siglo XX (Cardenismo), pero pronto fueron abandonados y la corrupción se enseñoreó en todos los rubros del quehacer estatal.
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Radio Kurruf

(Español) [Comunicado] Hermanos Ancalaf inician huelga de hambre en cárcel de Valdivia

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Ante la negativa de acatar orden judicial por por parte de gendarmería que ordenó traslado de hermanos Ancalaf a cárcel de Temuco, estos han iniciado una huelga de hambre por traslado a cárcel de Angol.

Comunicado Público

A la opinión pública nacional e internacional, a las comunidades en resistencia, les comunicamos que:

El martes 21 de diciembre se inició la huelga de hambre por parte de los presos políticos mapuche Matías Ancalaf y Moroni Ancalaf, quienes están en prisión preventiva desde el 9 de octubre del presente año, en el Complejo Penitenciario Llancahue de Valdivia.

Kiñe: Hace más de dos meses que la familia de lo PPM solicitaron el traslado de los lamgen a la cárcel de Angol, quienes aún se encuentran en prisión preventiva, Morini y Matias Ancalaf.

Epu: El día 15 de diciembre en la Audiencia de traslado en el Juzgado de Letras y Garantía de Collipulli, dónde se determinó el cambio a la cárcel de Temuco; el día 16 de diciembre se les notificó el traslado a los lamgen Matías y Moroni Ancalaf, situación que se ha dilatado hasta la fecha.

Kvla: El mismo día 16 de diciembre es dejado en libertad con arresto domiciliario nocturno al lamgen Víctor Ancalaf, cuyo tramite dejo en espera a la familia más de 4 horas a las afueras de la cárcel, justificando que la notificación oficial aún no llegaba desde el Juzgado de Letras y Garantía de Collipulli, trámites que son vía online de rápida notificación y donde se le informó al lamgen, desde antes del mediodía que sería dejado en libertad, la cual recién cercana a las 20:00 p.m. se le dejo salir de la penitenciaría, extendiendo lo mayor posible su liberación.

Meli: Repudiamos rotundamente las condiciones carcelarias, el trato inhumano y racista de parte del Director Regional de Gendarmería en la región de Los Ríos: PEDRO FERRADA QUINTANA, denunciamos su actuar racista en contra de los presos políticos mapuche en la cárcel Llancahue de Valdivia, donde no existe las condiciones adecuadas, que demuestran una violación a sus derechos carcelarios, en línea con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se contempla crear unidades dentro de los penales para personas indígenas.

Kechü: Estas peticiones son mínimas y alcanzables, sólo por decisión política del gobierno no se ha llevado a cabo el traslado a la cárcel de Temuco, con la clara muestra de debilitar emocionalmente a pu lamgen y mantenerlos alejados de sus familias y su mapu.

Kayu: Exigimos la libertad de todos los presos políticos mapuche que se encuentran en las cárceles del Wallmapu y han sido injustamente condenados por el estado chileno con sus medidas arbitrarias y racistas.

Regle: Se hace un llamado a llamado a pu lamgen ka pu peñi de Ainileufu (Valdivia) a reunirnos mañana 24 de diciembre, a partir de las 10 am. A realizar un ayekan en las afueras de la cárcel Llancahue, en apoyo a la lucha que llevan al interior del recinto pu lamgen Moroni Ancalaf y Matías Ancalaf.

Esperamos que por medio de la presión y solidaridad de quienes apoyan nuestra justa lucha, podamos alcanzar debidamente estos objetivos.

¡Libertad a todos los presos políticos Mapuche!¡¡AMULEPE TAIÑ WEICHAN!! ¡¡MARRICHIWEW!!¡¡FUERA LAS FORESTALES DEL WALMAPU!!

Hogar estudiantil y Centro Cultural Weliwen, Ainileufu (Valdivia).

23 diciembre 2021.-

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La Zarzamora

(Español) Werken Carolina Marileo termina Huelga de Hambre tras 31 días de movilización

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Por: La Zarzamora

En horas de esta tarde terminó su huelga de hambre la Werken del lof Boyen Mapu, Carolina Marileo, quien se encuentra encarcelada en el CDP de Angol tras ser detenida el 9 de Septiembre de este año.

La Werken quien llevaba 31 días de huelga de hambre líquida, finalizó su protesta tras lograr el compromiso de Gendarmería de cumplir su petitorio, el cual responde a garantías mínimas establecidas en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile el 15 de septiembre del 2008.

A continuación compartimos el comunicado de la vocería de la lamngen Carolina Marileo, publicado en la página de la comunidad Boyen Mapu.

Hoy después de 31 días de huelga líquida de CAROLINA MARILEO

Sostuvimos una reunión con el alcaide Rafael Rojas y mayor Luis Povea Pavéz en el CDP de Angol, junto a voceros e INDH para poder llegar a un acuerdo que ponga a fin a la larga huelga de nuestra lamgen.

Gendarmería acepto las peticiones nuestra Werken CAROLINA MARILEO

  • Módulo femenino diferenciado para mujeres mapuche.
  • Realización de rogativa o ceremonia mapuche dentro del módulo.
  • Ingreso de alimento de acuerdo a las costumbres y tradiciones mapuche, así también su preparación.
  • Visitas extendidas de 10 a 16 hrs 2 veces por mes, entendiendo que actualmente existe la pandemia de covid 19 y que al estabilizarse la pandemia, serían visitas normales, dentro del módulo o del sector umi de la misma unidad penal.
  • Ingreso de machi una vez por semana, para ver estado de Carolina.
  • Gendarmería se compromete a construir módulo ante una futura condena donde existan condiciones dignas para la lamgen.

Agracemos a las personas concientes que apoyaron la movilización de nuestra werken, lamgen de lof y warria y wenuy que han acompañado en este proceso, a los medios de comunicación que nos han ayudado a difundir la movilización de la werken Carolina. Chaltumay.

Marrichiweew!

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Avispa MIdia

(Español) Pueblos llaman a la defensa organizativa y legal contra acuerdo que blinda proyectos de AMLO

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Por Sare Frabes

El Congreso Nacional Indígena (CNI) se declara en estado de alerta por el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), firmado el 22 de noviembre, el cual obliga a las instancias federales a emitir autorizaciones a megaproyectos en un plazo no mayor de cinco días. Por ello, anunció que iniciaron la interposición de amparos en contra del acuerdo desde diversos pueblos indígenas.

Dos de estos amparos fueron interpuestos por pueblos del Istmo de Tehuantepec, en donde está el proyecto del Corredor Transístmico. Uno por mujeres zapotecas de diferentes comunidades de la región, y otro por la comunidad Puente Madera, donde se pretende construir uno de los 10 polos de desarrollo.

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De acuerdo con Juan Carlos Flores, abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua – Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), organización integrante del CNI, el acuerdo viola por lo menos diez artículos constitucionales, cuatro convenios internacionales y 120 artículos de leyes federales. “Estamos demandando a todo el gabinete presidencial, que son 20 autoridades federales, incluyendo el presidente de la República y la Fuerza Nacional”, explica el abogado.

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La exigencia de los pueblos es que los jueces otorguen la total suspensión del acuerdo. “Es el arma, la pistola, el rifle, el cañón dirigido hacia a los pueblos indígenas, donde primero van a disparar y después van a preguntar”, sostiene el abogado.

Inconstitucionalidad

En la reforma constitucional de 2001, les negaron a los pueblos indígenas el derecho de ser reconocidos como sujetos de derecho público. “Se estableció el derecho de los pueblos indígenas como de interés público. Aun con esta migaja, los megaproyectos, también declarados de interés público [por el acuerdo], no pueden estar por encima de los pueblos”, explica Flores.

Además, argumenta el abogado, los derechos de los pueblos indígenas son también equiparables a los derechos de los sujetos agrarios de México. “Los ejidos y los bienes comunales tienen esta garantía constitucional de que no se puede pasar ningún acto de gobierno por encima de sus tierras, montes o aguas. Son también de interés publico los ejidos así como los pueblos indígenas. Eso lo marca la constitución, lo marca la ley agraria”. Por eso “estamos demandando la suspensión de este acuerdo”, reafirma el abogado.

Condiciones desiguales

El abogado del FPDTA-MPT relata la dificultad de llevar a cabo la defensa de los territorios en México. “Los amparos son complejos y desgastantes para los pueblos. En los procesos hay que enfrentar estudios de más de 800, 1000 páginas, que ni siquiera están en sus lenguas”.

Otra dificultad, por ejemplo, es lograr el peritaje que demandan los procesos. “En el caso del Proyecto Integral Morelos, que está en zona de riesgo volcánico, llevamos por lo menos siete años buscando un perito en vulcanología que es necesario para demostrar la inviabilidad de este proyecto y no existe en todo el sistema mexicano de justicia un perito en vulcanología”, relata Flores.

En comunicado, el CNI sostiene que las sucesivas reformas constitucionales, las leyes vigentes y los órganos judiciales están “fundamentalmente a favor de los intereses empresariales, pues, son parte sustancial de este sistema”.

Por lo mismo, “nos dejan caminos difíciles para defendernos en el ámbito legal y aun así resistimos con nuestra organización utilizando los resquicios que las leyes nos dejan e interponiendo toda clase de juicios y recursos en contra de las arbitrarias determinaciones políticas, administrativas y judiciales que nos atacan, que buscan cercarnos y arrinconarnos”, detalla el comunicado.

Frente a todo ello, “a estas condiciones desproporcionadas de defensa del territorio, ahora nos dicen que en cinco días van a autorizar a los megaproyectos. Estamos viviendo un acrecentamiento de la guerra de exterminio hacia a nuestros pueblos indígenas”, resume el abogado.

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Intervención en las comunicaciones

Otro punto que ha sido poco comentado sobre el acuerdo firmado por Obrador es que, por establecer los megaproyectos de seguridad nacional, puede vulnerar la privacidad de los defensores de derechos humanos.  Puede “implicar intervención de las comunicaciones de las personas defensoras de territorio y de derechos humanos”, aclara Flores.

Llamado

El CNI extiende la alerta a todos los pueblos de México. “Vayamos organizándonos en nuestros territorios, interponiendo recursos legales contra esta acción regresiva de los derechos indígenas, porque significa el exterminio de nuestros territorios”, dice el abogado.

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Prensa Comunitaria

(Español) El Estado Guatemalteco es hallado culpable por masacre en Aldea Los Josefinos en 1982 bajo el régimen de Ríos Montt

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Por Juan Calles

Era de madrugada, en la aldea Los Josefinos, en la Libertad Petén, pocas personas se habían levantado de su cama para iniciar la jornada del día, de pronto, la aldea estuvo rodeada por elementos del Ejército de Guatemala; para antes de llegar el medio día la aldea había sido arrasada, ancianos, niños, niñas, hombres y mujeres fueron masacrados, era 29 de abril de 1982.

Después de asesinar a familias enteras, los efectivos militares quemaron las viviendas y al siguiente día enterraron los cuerpos en una fosa común.

Al menos 38 personas murieron durante la masacre, algunos sobrevivientes huyeron a las montañas cercanas y otros salieron del país como refugiados políticos.

Este 21 de diciembre de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CorteIDH – encontró al Estado de Guatemala responsable internacionalmente por las violaciones de derechos humanos relacionadas con la masacre de la Aldea Los Josefinos. Al mismo tiempo, el caso se encuentra bajo investigación por parte de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público en Guatemala.

En la sentencia de la CorteIDH se señala al Estado de Guatemala como responsable de la desaparición forzada de 14 personas, el desplazamiento forzado de 7 personas y sus núcleos familiares, la violación al derecho a la familia de 6 personas, la violación del derecho a la niñez de 6 niños y niñas, así como la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a conocer la verdad en perjuicio de 1.439 personas; el tribunal internacional también determinó que el Estado violó el derecho a la integridad personal de los familiares de las personas que fueron desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente, así como de las víctimas sobrevivientes de la masacre.

La sentencia también ordena medidas de reparación

Entre otras, la CorteIDH ordena al Estado guatemalteco:

  • Remover todos los obstáculos legales y no legales que mantienen la impunidad en este caso
  • Continuar o reabrir las investigaciones que sean necesarias para sancionar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos
  • Elaborar un plan detallado con definición de objetivos y metas concretas para la búsqueda de los miembros de la Aldea los Josefinos desaparecidos forzadamente
  • Implementar una medida de fortalecimiento del centro de salud ubicado en la Aldea Los Josefinos mediante la dotación de recursos humanos permanentes y calificados en materia de atención a la salud física, psicológica y odontológica
  • Continuar con la construcción del monumento en la zona donde se encontró la fosa clandestina, así con la instalación de una placa conmemorativa de los hechos ocurridos
  • Realizar un documental audiovisual sobre la masacre ocurrida los días 28 y 29 de abril de 1982 en la Aldea Los Josefinos.

La comisión del esclarecimiento histórico documentó 669 masacres durante la guerra civil de 36 años, de las cuales 626 fueron atribuidas al ejército de Guatemala; el conflicto dejó unos 200.000 muertos y desaparecidos, según el informe presentado en 1999.

Proceso de exhumación de la fosa común en la aldea Josefinos en Petén:

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Noticias de Abajo

Noticias de abajo 21 de diciembre 2021

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ROMPIENDO FRONTERAS
–ARGENTINA: Protestas en Chubut echan atras la traición gubernamental y la explotación minera.
SALUD: La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria 2021, destaca que la mortalidad infantil podría haber aumentado hasta un 42% al día. Hay cinco millones de muertos en el mundo por covid y 10 millones por hambre.Desinformemonos.
–GUATEMALA: Autoridades maya Ch’orti ‘buscan la cancelación de las licencias mineras en su territorio | PRENSA COMUNITARIA.
–MUNDA: ELLAS ALIMENTAN AL MUNDO, Tierra para las que las trabajan. Siete de cada diez mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes en Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras y El Salvador acceden a tierras para producir alimentos, pero sólo tres tienen el título de propiedad de los campos y terrenos que trabajan. | LATFEM
–WALLMAPU: Nación Mapuche: Sentencián desalojo contra Lof Quemquemtrew, la recuperación territorial continua.

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO

–CdMx: Fallece Gerardo Camacho ejidatario de Totolapan y miembro del CNI
–CDMX: Entrevista a activista animalista sobre las protestas contra las corridas de toros.
–MEXICO SOS México cumple otro año de ser el número uno en el.asesinato de periodistas. Desinformemonos
–GUERRERO: En Guerrero “no hay seguridad para nadie”|tlachinollan|. Tlachinollan
–CDMX: Si AMLO no va a las fosas, las fosas vienen a AMLO, fosas de desparecidos tocan la puerta de palacio nacional. piedepagina
–MIGRACIÓN MEXICO: APARTHEID MEXICANO  hostigamiento y represión a comunidades migrantes en CIudad de México.
–CDMX: Las paredes hablan, las paredes luchan. hostigamiento a grafikeras y grafikeros en lucha.

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Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno

(Español) Alerta ante la violenta ofensiva neoliberal del mal gobierno federal mexicano (Tercera de tres partes)

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A los pueblos de México y del mundo,
A los medios de comunicación.

Estado de excepción

Nos declaramos en alerta porque el mal gobierno decidió hacer más violenta su ofensiva neoliberal, pretendiendo suprimir por decreto los derechos humanos que tenemos todas y todos como sociedad, con el fin de imponer sus megaproyectos y obras de infraestructura que privatizan, contaminan, despojan y entregan el sureste mexicano, la Península de Yucatán, el Istmo de Tehuantepec, el centro, todo el país, al despojo transnacional, arrasando nuestros territorios y destruyendo a la Madre Tierra.

Mediante un acuerdo del presidente de México publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de noviembre, que clasifica las obras de infraestructura y proyectos del gobierno de la República como de seguridad nacional e instruye a las dependencias de la administración pública federal a otorgar autorizaciones provisionales hasta por un año para dichas obras y proyectos por encima del marco constitucional y legal vigente, el régimen neoliberal pretende imponer un estado de excepción, en el que no podamos inconformarnos y protestar contra las acciones del gobierno que propician el despojo y la destrucción de nuestros territorios.

De esta suerte el acuerdo da paso para que puedan ser intervenidas nuestras comunicaciones, negarnos información que solicitemos y desalojar con el uso de la fuerza pública cualquier manifestación o movilización que hagamos en defensa de lo que es nuestro y cuestionen sus megaproyectos y las obras que se están realizando o se realicen en múltiples áreas y sectores como hidrocarburos, ferrocarriles, aeropuertos, comunicaciones, telecomunicaciones, aduanas y fronteras, infraestructura hidráulica, medio ambiente, turismo, salud, producción y distribución de energía, puertos, etcétera.

Para nuestros pueblos esas obras de infraestructura representan la muerte; en el Istmo de Tehuantepec, por ejemplo, la corrupción, el despojo y la violencia se imponen del Océano Pacífico al Golfo de México; la modernización de las vías del ferrocarril y de las carreteras es en favor de quienes usarán los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz para trasladar sus mercancías de lado a lado del mundo; el beneficio es para quienes puedan extraer minerales, agua, bosques, hidrocarburos, biodiversidad y todo elemento natural que les genere ganancia; asimismo, el establecimiento de diez corredores urbano industriales tiene como propósitos establecer una cortina a la migración desde Centroamérica hacia los Estados Unidos y explotar nuestra fuerza de trabajo sin consideración de la vida humana y de la naturaleza.

Para ejecutar las obras y proyectos que invaden, despojan y destruyen nuestros territorios sin nuestro consentimiento, más bien nos amenazan, nos persiguen y nos asesinan para sacarlos adelante. Simulan consultar, dividen las asambleas comunitarias y dejan claro que lo harán de una u otra forma; y aun así llaman a la guerra con palabras como progreso, desarrollo nacional o cuarta transformación.

En la península de Yucatán, con contratos fraudulentos, el Tren Maya se va apropiando de tierras indígenas, y los ricos llegan a valerse de la profunda corrupción agraria para adueñarse terrenos ejidales en la selva maya y aumentar sus ganancias a costa del despojo de nuestros pueblos y la destrucción de la naturaleza, mientras que las empresas porcícolas, eólicas o turísticas se posicionan en torno al proyecto del tren. O sea que con las obras de infraestructura que el mal gobierno quiere proteger de nosotros, esas regiones enteras se transforman, en favor de quienes nos están robando como pueblos y como país.

Los territorios que ocupamos, en donde buscan instalar los megaproyectos que impulsa el gobierno neoliberal mexicano, están siendo destruidos y contaminados para instalar vías de tren, carreteras, tendidos eléctricos, gasoductos, oleoductos, etcétera; al mismo tiempo que las mineras van ganando territorio en el Istmo, las empresas extranjeras con parques eólicos se benefician de la red eléctrica nacional a costa del robo de nuestros territorios y la represión a nuestros pueblos. Mientras las empresas petroleras están apostadas sobre los territorios indígenas en el Totonacapan, la empresa Constelation Brands en el Sur de Veracruz y la empresa Bonafont en Puebla ya están sobre importantes acuíferos; y en el centro del País, con violencia están imponiendo el Proyecto Integral Morelos en los pueblos de aledaños al Popocatépetl.

Es eso lo que el mal gobierno neoliberal mexicano quiere proteger y blindar en contra de los pueblos de abajo, los que hemos cuidado durante miles de años la tierra, los que no podemos dejar de defendernos porque están en juego nuestra vida, nuestro patrimonio, la paz y nuestra Madre Tierra.

Las sucesivas reformas constitucionales, las leyes vigentes y los órganos judiciales están fundamentalmente a favor de los intereses empresariales, pues, son parte sustancial de este sistema; por lo mismo nos dejan caminos difíciles para defendernos en el ámbito legal y aun así resistimos con nuestra organización utilizando los resquicios que las leyes nos dejan e interponiendo toda clase de juicios y recursos en contra de las arbitarias determinaciones políticas, administrativas y judicales que nos atacan, que buscan cercarnos y arrinconarnos.

Con el acuerdo neoliberal del presidente pretenden cerrar el cerco aún más ya que éste, en forma autoritaria y atropellando la constitución federal, ordena a las dependencias del gobierno federal otorgar autorizaciones provisionales exprés para las obras de infraestructura y proyectos gubernamentales, pretendiendo no dejar tiempo ni espacio para que podamos decir o hacer algo, es decir, imponiendo un estado de excepción propio de la guerra.

Los derechos y garantías que como sociedad entera tenemos quedan sin valor alguno, sin oportunidad de defenderlos ante la urgencia de entregar el país a los capitalistas que lo están matando. Sin hacer respetar siquiera la constitución mexicana, ni los derechos que tenemos sobre nuestros territorios, sin cubrir los requisitos ni cumplir con los procedimientos que marcan las leyes y mucho menos con el de por sí endeble derecho a la “consulta” indígena.

A todo este siniestro escenario nosotros le llamamos literalmente una guerra de conquista, porque cuando no estamos de acuerdo nos reprimen con grupos de choque, paramilitares, militares y policías; invaden y ocupan nuestros territorios destruyendo todo lo que es nuestra vida, tejiendo un sistema mundial que no se puede sostener sin la explotación, el despojo y la cruenta represión.

Para nosotros y nosotras, tanto el acuerdo presidencial, como las obras de infraestructura y proyectos que pretende cobijar, no tienen otro fin que favorecer intereses económicos de gran alcance, inmorales y desmedidos; se trata, pues, de una descarada y oscura corrupción, continuación de la que hemos vivido en décadas.

Es por eso que estamos en alerta y denunciamos el carácter ilegal, autoritario, corrupto y neoliberal del acuerdo capitalista del mal gobierno mexicano, al que no tengan duda, resistiremos y sabremos derrotar.

Atentamente
Diciembre de 2021
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Más Un México Sin Nosotros
Comisión de Coordinación y Seguimiento del
Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno

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Radio Kurruf

(Español) Se realiza un Trafkintu en la comunidad Manuel Demuleo 2 en su proceso de recuperación de tierras en Wallmapu

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El sábado 13 de noviembre de 2021 se realizó un Trafkintu en la comunidad Manuel Demuleo 2 en la comuna de Lautaro, donde han iniciado hace unos meses un proceso de recuperación de tierras. En el transcurso han tenido represión, intentos de desalojo, pero se han mantenido controlando territorialmente, desarrollando una huerta, ruka, recuperando ceremonias y prácticas que van desapareciendo como el Trafkintu y Awkantun juegos mapuche.
Se realizó una radio abierta producida por Hue Nehuen y Radio Kvrruf. Pudimos conversar con asistentes a la actividad como el peñi José Santander Pichún del Lof triftrifko comunidad autónoma de la comuna de Galvarino, el peñi Patricio Peña Railaf, con el Lonko Javier Huentenao que nos compartió un pichi pentukun, con los pichikeche que tuvieron actividades con la organización de salud invitada Cruz Negra donde manifestaron su rechazo a la militarización y por último con la ñaña Rosario Railaf quien apoyó en la organización de esta actividad.

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