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Hoy por la mañana, el juez del Centro de Reinserción Social (Cereso) Eduardo Ruiz de Uruapan, Michoacán, dictó sentencia por el delito de sabotaje a José Antonio Arreola, José Luis Jiménez y José Gerardo Talavera. Dicha sentencia es injusta ya que durante el juicio no se probó dicho delito por lo que los compañeros son víctimas de criminalización por la defensa de su Autonomía y territorio.

Para la defensa legal esta claro que emitieron la sentencia con pruebas inconsistentes “es claro y notorio que los hechos se contradicen en las declaraciones de los testigos, quedo muy claro que declararon con falsedad y de manera contradictoria” dice Alejandro Chavez Rojas abogado defensor.

La defensa apelará la sentencia, una vez que el juez la dicte y se las envíe por escrito, lo cual tiene que ocurrir en los siguientes 5 días. “Apelaremos para los magistrados del Estado revisen la resolución con los agravios que harán valer con las inconsistencias y argumentos para que sea revocada por los magistrados” dice Jesús Casares Ramirez, abogado defensor.

Según el Código Penal del Estado de Michoacán, el delito de sabotaje es cuando se dañe o destruya recursos esenciales que el Gobierno del Estado tenga destinados para el mantenimiento del orden público. El  abogado Jesús Casares explica que “el delito no pudo proceder porque los bienes los tenían y los siguen teniendo el Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, por lo tanto, al tener los bienes,  en ningún momento puede interferir en las funciones de ningún ayuntamiento, porque ellos son autoridad. Al contrario, el Ayuntamiento de Nahuatzen interfiere en las funciones del Consejo Indígena por el retiro arbitrario de los recursos económicos como meterse de manera arbitraria en las instalaciones.   Esta claro que las instalaciones del DIF son parte del patrimonio de la cabecera municipal, que son administradas por el gobierno autónomo de Nahuatzen. La sentencia no se apegó a derecho y haremos valer los recursos que dictan la ley para el resultado sea favorable una vez  que otras autoridades de superior jerárquico revisen las pruebas”.

El delito de sabotaje es el más común usado por los Estados para criminalizar la labor de las personas defensoras de derechos humanos, así lo documenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe “Criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos”. Para el Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN) estas sentencia es una amenaza a su Autonomía, a la defensa del territorio y pone en evidencia el uso indebido del sistema de justicia penal para desarticular la defensa de los derechos humanos que se ejerce desde del CCIN.

El CCIN, están realizando movilizaciones para exigir la liberación de José Luis Jiménez y José Gerardo Talavera. Mañana estarán realizando un acto para medios de comunicación a las 10 am en la Representación del estado de Michoacán en la CDMX, ubicado en Calle Kansas 48, Colonia Nápoles.

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Cereso 5
San Cristóbal de las casas. Chiapas. México
A día 10 de octubre del año 2019

Presos en lucha. Organización LA VOZ VERDADERA DEL AMATE: Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.

Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras de la RED DE RESISTENCIA Y REBELDÍA, desde nuestro lugar de trinchera les mandamos un cordial saludo, combatientes. Esperamos que se encuentren muy bien de salud, al lado de sus familiares y compañeros.
A través de este medio nos dirigimos ante ustedes y, como bien sabemos, no podemos estar en paz, ya que hemos visto a los malos gobiernos que nos han causado mucho dolor; y las injusticias que rigen en todo el mundo, donde somos humillados, marginados, ignorados. Nos tratan como a un animal, por ser gente indígena y humildes de corazón. Por eso, los malos gobiernos nos vienen destruyendo de diferentes maneras y, lo peor, aun cuando alzamos nuestra voz, ya sea por defender nuestros derechos, bosques, cultura, tierra, agua o nuestros idiomas. El mal gobierno nos lanza sus ataques, nos prefabrican delitos, nos manda matar, a desaparecer. Con tal de callarnos, un ejemplo claro es el caso de los compañeros de Acteal, en el año 1997, donde fueron asesinadas violentamente a las personas, así como a mujeres, nombres, niños. Otro caso también, fue la desaparición forzada de los 43 estudiantes rurales de Ayotzinapa, Guerrero. Y que decir también, del compañero Samir Flores. Estos son los ataques que el mal gobierno ha lanzado contra los pueblos mexicanos y, como organización LA VOZ DE INDÍGENAS EN RESISTENCIA, nos solidarizamos en exigencia de justicia por los compañeros caídos, que han sido asesinados injustamente. Porque no es justo que, hasta el día de hoy, no hayan dado ninguna solución, específicamente.
De igual manera, aunque estamos presos, pero nuestras palabras no están presas; por lo cual, compañeros, estamos con ustedes. Sabemos que la unidad del Pueblo es más fuerte y jamás seremos vencidos por los malos gobiernos; porque sus luchas son nuestras luchas, caminamos juntos en ello. Para darles un mejor futuro a nuestros hijos y nietos.
Y, por último, NO al tren Maya y, sólo la construcción de un consejo de gobierno indígena, ya sea campesino, obrero-pescador. Para que México pueda acabar por siempre la masacre, que haya paz, justicia, libertad, educación, democracia.
Bueno compañeros, esas fueron todas nuestras palabras, nos despedimos en esta manera. Al mismo tiempo, les mandamos mucha fuerza para seguir adelante y a seguir luchando y resistiendo.
Reciban un fuerte abrazo cada uno de ustedes.
Hasta pronto.

Respetuosamente,

Integrantes:

Juan de la Cruz Ruíz.

Adrián Gómez Jiménez.

Organización LA VOZ DE INDÍGENAS EN RESISTENCIA. Adherentes a la Sexta declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

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Noticias de abajo ML: Noticiero informativo de los medios libres.

ROMPIENDO FRONTERAS

PALESTINA: Manifiesto contra la criminalización de la solidaridad con el pueblo palestina conninesporpalestina
YEMEN: Más tormentas en el golfo Pérsico #Internacional elturbion
AMERICA LATINA: MEGAMINERIA TOXICA: Grupo México y sus subsidiarias son una de las empresas mineras más agresivas, violentas, contaminadoras y cínicas del mundo. En solidaridad con Perú y en contra del Grupo México Otros mundos
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El 23 de agosto de 2019, se realizará la Audiencia Inicial de Formulación de Imputación y Vinculación a proceso en contra de los policías Orday Rodríguez Vilchis y Edgar Zavala Gutierrez y los que resulten responsables, por el delito de Tortura, cometido en agravio del Sr. Francisco de Jesús Espinosa Hidalgo. (Francisco) El acto tendrá lugar en la sala B del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región Uno, para la atención de delitos no graves, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas, México.

Los policías perpetradores de la Tortura a Francisco, que exhortamos sean vinculados a proceso, se encuentran adscritos a la Comandancia Regional Zona Centro, de la Dirección General de la Policía Especializada, dependiente de la entonces Procuraduría General de Justicia de Chiapas. Sus nombres constan en el expediente penal 50/2015 como los agentes aprehensores que presentaron a Francisco ante el Ministerio Público, de la Fiscalía de Distrito Centro, en Chiapas de Corzo. (Fiscalía)

La mañana del 29 de mayo de 2015, Francisco salió de su casa en el barrio La Alberca, municipio de Venustiano Carranza, a trabajar su milpa. A unos metros de su vivienda, personas vestidas de civil que él identificó como policías, lo privaron de su libertad y desaparecieron. De acuerdo a su testimonio, durante la detención y traslado fue torturado física y psicológicamente: «Pensé que me iban a matar porque me golpeaban mucho en la cabeza». Posteriormente lo llevaron a la Fiscalía en Chiapa de Corzo donde se intensificó la Tortura: golpes en diversas partes del cuerpo, especialmente en la cabeza, el cuello y las costillas, además de recibir descargas eléctricas. En este lugar el Ministerio Público ignoró las señales de Tortura.

Francisco permaneció durante tres años, cuatro meses, en el Centro Estatal para la Reinserción Social para Sentenciados Núm. 14 «El Amate», en Cintalapa de Figueroa. Según el auto de formal prisión del Juez Primero del Ramo Penal de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla Gutierrez, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, fue acusado de robo con violencia agravada y daños, por Domingo Sebastián de la Torre Gómez, ex comisariado ejidal, por hechos ocurridos el 21 de abril de 2015. (1)

Las secuelas de la Tortura se intensificaron por las condiciones carcelarias, que a su vez agravaron el estado de salud de Francisco. Peritos independientes que aplicaron el Protocolo de Estambul, el 13 de noviembre de 2015, corroboraron los daños físicos y psicológicos, los cuales persisten a la fecha y le obstaculizan trabajar la tierra y desarrollar su ser como campesino. Entre las consecuencias de la Tortura se encuentran también los impactos al proyecto de vida familiar y las rupturas comunitarias en Francisco como integrante del Pueblo Maya Tsotsil. Además, él refiere que su encierro le afectó espiritualmente en la relación con su territorio.

El 21 de septiembre de 2018, Francisco de Jesús Espinosa Hidalgo logró su libertad por reconocimiento de inocencia, con el apoyo de una amplia red nacional e internacional de organizaciones defensoras de derechos humanos. Más de 5 mil cartas que se enviaron desde Francia, presionaron a la Fiscalía Contra la Tortura para avanzar la investigación que hoy posibilita el vincular a proceso a policías perpetradores. (2)

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                             Exhortamos a investigar 13 casos que se encuentran ante la Fiscalía Contra la Tortura, en Chiapas, desde el 1 de abril de 2019.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y/o Degradantes, además de otras violaciones a derechos humanos, en cinco casos de presos integrantes del Pueblo Tsostil, en reclusión en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 05, en San Cristóbal de Las Casas y No. 10, en Comitán de Domínguez, Chiapas, México.

Adrián Gómez Jiménez, Juan de La Cruz Ruiz, Abraham López Montejo y Germán López Montejo, en el CERSS No. 05; y Marcelino Ruiz Gómez, en el CERSS No. 10 se encuentran en ayuno como parte de las acciones civiles y pacíficas de protesta que iniciaron el 15 de marzo de 2019, en demanda de su libertad inmediata. Durante más de 4 meses han denunciado públicamente la Tortura durante su detención, violaciones al debido proceso en la investigación, tratos crueles en sus condiciones carcelarias, violaciones a su derecho a la protesta, así como riesgo a su salud y vida.

Estas cinco historias forman parte de 20 denuncias públicas de Tortura, de las cuales 13 casos (1) se encuentran en registro de atención, en la Fiscalía Contra la Tortura, (Fiscalía) perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, desde el 1 de abril de 2019.

De acuerdo a la documentación, que incluyó revisión de los expedientes penales de Adrian, Juan, Abraham, Germán y Marcelino, el Frayba registró la Tortura como método de investigación con el objetivo de autoinculpación que viola derechos humanos a integrantes de Pueblos Originarios, en un sistema penitenciario discriminatorio. Algunas de las pratrones de tortura que este Centro de Derechos Humanos encontró son: privación sensorial, desnudez, golpes en diferentes partes del cuerpo, asfixia, toques eléctricos y amenazas de muerte hacia ellos y sus familiares.

Los 5 presos expresaron en diferentes momentos de su proceso jurídico que fueron torturados, en uno de los casos desde hace 15 años, sin que se iniciara una investigación inmediata de los hechos. Los responsables de estas violaciones a derechos humanos son los agentes aprehensores, en su mayoría elementos policiacos de diversas corporaciones estatales, así como Fiscales del Ministerio Público, peritos especializados y jueces que fueron omisos ante la denuncia.

La ineficacia en la procuración de justicia mantiene en la impunidad el delito de Tortura en los casos de Adrian, Juan, Abraham, Germán y Marcelino, quienes además viven en entornos torturantes en encierro. Lo cual contraviene la Ley general para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, donde se establece que: «Serán excluidas o declaradas nulas, por carecer de valor probatorio, todas las pruebas obtenidas directamente a través de actos de tortura y de cualquier otra violación a derechos humanos o fundamentales, así como las pruebas obtenidas por medios legales pero derivadas de dichos actos».(2)

Por lo anterior el Frayba exhorta al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas:

Dictaminar la libertad de Adrián Gómez Jiménez, Abraham López Montejo y German López Montejo, víctimas de Tortura y otras violaciones a derechos humanos entre ellas la Privación Arbitraria de la Libertad, a las garantías judiciales y a la protección judicial; además de faltas al debido proceso legal como: a la debida diligencia, a la presunción de inocencia, a la fundamentación y motivación.

A la Secretaría General de Gobierno de Chiapas:

Liberar a Juan de La Cruz Ruiz y Marcelino Ruiz Gómez, por las violaciones a derechos humanos que se encontraron en la revisión de sus expedientes, especialmente la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y/o Degradantes.

A la Fiscalía Contra la Tortura solicitamos:

Investigar eficazmente los 13 casos que se encuentran en registro de atención desde el 1 de abril de 2019.

Recordamos al Estado mexicano que urge garantizar las medidas necesarias para cesar la Tortura como una práctica sistemática cotidiana que en Chiapas vulnera especialmente a integrantes de Pueblos Originarios.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
1 de agosto de 2019
Boletín No. 17

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Por: KéHuelga

El pasado viernes 12 de julio nuestro compañero Luis Fernando Sotelo, preso político del gobierno de Mancera, obtuvo su libertad. Fueron más de 4 años que estuvo injustamente preso por apoyar la demanda de aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Su detención fue irregular, el proceso judicial nunca logró comprobar su participación en la acción que se perseguía judicialmente, a pesar de ello, la procuraduría de injusticia capitalina lo mantuvo recluido.

Fue gracias a su resistencia, coraje y sabedor de su inociencia que se mantuvo firme en su lucha, muchas compañeras y compañeros se sumaron a su lucha por la libertad, entre ellas las compañeras que conformaron el Comité Luis Fernado libre! quienes acudieron todas las semanas a visitarlo al Reclusorio Sur de la Ciudad Monstruo.

Organizaciones como la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, Tejiendo Organización Revolucionaria, las compañeras de la cooperativa Vendaval, organizaciones y colectivos que luchan junto con el Consejo Indígena de Gobierno, compañeras y compañeros que lucha en el moviento anticarcelario, la CGT del Estado Español, el café Zapata Vive, entre muchas otras, participaron en los mitines realizados en los juzgados y en la SCJN y en la marchas convocadas para exigir su liberación.

Finalmente este 12 de julio, el compañero Luis Fernando abandonó el Reclusorio Sur en compañía de su familia, compañeras y compañeros quienes cantaron, lanzaron consignas y lo abrazaron para darle la bienvenida. Luego de abrazar a su familia, el compañero quemó el uniforme que tuvo que usar en estos años y dio un mensaje de agradecimiento a la organizaciones y compañerxs presentes y recordó que aún quedan muchos presos políticos en el país, invitando a mantener la lucha por su liberación.

¡Abajo los muros de las prisiones!

¡Presxs políticxs LIBERTAD!

Fuente: KéHuelga.net