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COMUNICADO PÚBLICO

A la opinión pública nacional e internacional
A nuestras autoridades tradicionales y espirituales
A todo nuestro pueblo nación mapuche
Al pueblo no mapuche que resiste y lucha. Comunicamos lo siguiente:

El reciente eclipse que vivenciamos en territorio mapuche hizo difundir la visión que nuestro pueblo nación tiene acerca de estos fenómenos naturales y como lo abordamos desde nuestra creencia espiritual mapuche. Con respeto y un profundo recogimiento espiritual, más aún este sentir si se trata de una autoridad espiritual.
Nuestro Machi Celestino Córdova solicitó autorización para realizar una ceremonia de carácter espiritual en su rewe, dada la importancia y trascendencia de este acontecimiento natural para el futuro de la humanidad y así poder realizar rogativa por todos nosotros en su espacio de consagración como Machi. Sin embargo, pese a la importancia para nuestro pueblo en relación al eclipse, Gendarmería de Chile negó el permiso a nuestra autoridad ancestral espiritual de salida esporádica a su rewe, pese a cumplir con lo requisitos para ello.
El miércoles 16 de diciembre se realizó una ceremonia de carácter espiritual en el Centro de Esclavitud y Tortura CET de Vilcún, donde se procedió a la instalación de un ngillatuwe. Donde se espera que permanezca a resguardo y que no le ocurra ningún tipo de atentado al sitio ceremonial mapuche.
A pesar de la tremenda importancia de esta ceremonia, no fue autorizado el ingreso de 44 personas miembros de la comunidad del Machi Celestino Córdova para acompañar, asistir y participar de esta ceremonia. Dejando el ingreso de solo 4 personas en un lugar amplio, abierto donde se puede perfectamente cumplir con la norma sanitaria. Luego de aquella ceremonia donde participaron una cantidad reducida de “colonos”. La autoridad a cargo del lugar, la Mayor Jessica Rivas Hernández. Actualmente teniendo en su contra una querella criminal por tortura, una investigación sumaria administrativa y una denuncia en fiscalía. Inexplicablemente continúa trabajando y encabezando dicha unidad especial. Claramente debido a lo anterior no está facultada, ni capacitada ni a la altura de estar al frente de una unidad especial como un CET, teniendo presente de que se trata de un lugar de reinserción social donde los que están a cargo deben dar ejemplo de conducta intachable y honorabilidad. Cuestión que no es el caso, ya que debemos recordar que se trata de una funcionaria que ha utilizado practicas maliciosas que se vienen arrastrando desde hace años, incentivando a algunos internos para atentar contra la vida y generar un montaje en contra de nuestro machi Celestino Córdova y de todo aquel privado de libertad que luche por sus derechos. Dicha autoridad ha procedido en un acto irracional, a revocar distintos beneficios, persiguiendo y amedrentando a todos los que participaron de la instalación del Ngillatuwe.
Para nosotros todo lo anterior se enmarca en la persecución política religiosa en contra de nuestra autoridad ancestral y con ello a todo nuestro pueblo nación mapuche, que busca finalmente su aislamiento tanto de su comunidad y familia como además de los otros privados de libertad que se encuentran en el CET. Al amedrentar justamente a todos aquellos que socializan con nuestro Machi Celestino Córdova.
Con todo ello debemos denunciar del mismo modo, todas las represalias y el constante hostigamiento que han estado viviendo todos los privados de libertad que apoyaron las distintas denuncias que se han realizado y que a consecuencia de ello, fueron trasladados sin justificación a otras cárceles. Y a través de ellos, usarlos con el fin de acallar cualquier injusticia e irregularidad y que no deben luchar por sus derechos.
Por lo tanto, hacemos un amplio llamado a todo nuestro pueblo nación mapuche, principalmente a nuestras autoridades tradicionales y espirituales. A estar atentos ante esta situación, a pronunciarse, prepararse y organizarse en la defensa de este ngillatuwe en el CET de Vilcun ya que así ha sido mandatado. A hacerle frente y combatir todo acto de injusticia social. Igualmente, esperamos que sigan reaccionando los organismos externos que han estado observantes de estas situaciones, así como también, hacemos responsables al gobierno de turno y sus instituciones como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y los llamamos a pronunciarse frente a estos hechos de abuso de poder, discriminación, negación del libre ejercicio espiritual y vulneración del Convenio 169.

La recuperación del territorio espiritual es fundamental para la recuperación del territorio ancestral!!

Justicia y dignidad para todos los Privados de libertad!!

Libertad a todos los presos políticos Mapuche!!

Machi Celestino Córdova
Ermiser Garrido Benítez
Alexis Solar Solar
Robinson Ramírez Garcés
Rodrigo Ruiz Godoy
Miguel Trangol Vivanco
Jonathan Carcamo Díaz
Familiares y amigos Comunidades en respaldo al Machi Celestino
Red de Apoyo.

23 de diciembre 2020

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Por Figueroa Sarti

Querido Bernardo:

Fue a principios de este año, 2020, cuando conversé con Isabel, tu valiente compañera de vida, sobre la posibilidad de ir a verte a la cárcel en donde te tienen recluido los carceleros de la oligarquía. La visita se demoró, llegó la covid, el 2020 se está terminando, y no fui a expresarte personalmente mi solidaridad. Se abrió este espacio de “Cartas a Bernardo” y aprovecho para contarte algunas cosas.

Lo primero que quiero comentarte es que me emociono mucho cada vez que veo algún video de Ni’kte’, tu hija mayor, denunciando la injusta prisión de su padre. Recuerdo cuando hace ya unos años nos encontramos en la Filgua y me presentaste a tu esposa y a tus hijas. Me impresionó mucho que hubieras viajado desde Alta Verapaz con la familia para visitar la feria. Conocí mejor tu faceta de maestro de escuela. ¿Te acordás de que en más de una ocasión conversamos de la posibilidad de llevar niños de Alta Verapaz a la Filgua, además de los que desde hace unos años llegan de Baja Verapaz? Pues te cuento que desde hace un tiempo la Feria tiene un patrocinio de Banrural dirigido expresamente a cubrir el gasto de transporte de niños de los departamentos a la Filgua. De esa cuenta la feria ya la conocieron, además de los fabulosos lectores de Purulhá, también niños y adolescentes de Petén, Chimaltenango, San Lucas Tolimán, Quiché, y muchos otros lugares de Guatemala. Ah, también ha tenido la visita de niños de Telemán, para quienes el viaje a la capital ha sido la gran experiencia de su vida.

No nos hemos visto en tres ferias, espero que pronto volvamos a hacerlo; y que entonces hagamos el lanzamiento del libro que si no lo has escrito ya deberías empezar a escribir: el testimonio de un maestro q’eqchi’ que además de enseñar en la escuela se convirtió en un defensor del territorio que históricamente ha ocupado su pueblo, víctima del despojo de sus tierras, en medio de una violencia brutal, por parte de la oligarquía terrateniente.

Y, mirá cómo son las cosas en este nuestro bello país y sufrido pueblo, ¿qué te parece que los representantes de esos mismos bandidos que te metieron en la cárcel también se quieren apropiar de la Filgua? ¡Increíble!, ¿verdad? En breve, porque esto es una carta y no un ensayo: resulta que como los editores que fundaron y organizaron la feria durante muchos años no tenían personería jurídica propia se cobijaron en la Cámara de Industria. De tal suerte que los recursos que los organizadores de la feria gestionaban iban a parar a una cuenta de banco que en su nombre decía “Cámara de Industria”. Por eso ahora se quieren robar la Filgua, porque dicen que ellos pusieron el dinero y por lo tanto la feria es de ellos. Sí, esa Cámara de Industria es la misma en la que están organizados los delincuentes que se están robando los ríos (ahora el agua ya la cotizan en bolsa) de las Verapaces. Vos que sabés que esos pillos son de lo más ignorantes te estarás preguntando para qué pueden querer la feria del libro. La quieren para hacer lo mismo que han hecho desde siempre: censurarla y evitar que el pueblo lea libros que les puedan abrir los ojos frente al despojo y el robo de sus tierras y los trabajadores no se atrevan a reclamar derechos.

Cierro esta parte con lo ya dicho: cuando salgás de la cárcel publicaremos tu libro y realizaremos presentaciones de él no sólo en las Verapaces sino también en otros territorios del país que hoy viven la agresión narco oligárquica para despojarlos de sus tierras y recursos naturales. Haremos algo similar a lo que hicimos hace ya diez años, cuando gracias a tu maravillosa iniciativa hicimos algo que, creo yo, no se había hecho antes: organizar en Panzós la presentación de un libro. Lo hicimos con “La masacre de Panzós: etnicidad, tierra y violencia en Guatemala” En la editorial no hemos tenido otra presentación de libro con tal cantidad de gente, alrededor de 600, ni vendido tantos ejemplares como en esa ocasión.  Aún tenemos pendiente la traducción al q’eqchi’. Fue a partir de esa actividad que tuve el gusto de conocerte y empezar a saber más de tu trabajo como maestro, líder comunitario y también tu lucha en contra de la corrupción sindical en el magisterio.

Hoy hay muchas personas, querido Bernardo, que están luchando por tu liberación, y esa lucha se realiza tanto nacional como internacionalmente. Pero no sos el único prisionero político que hoy sufre las cárceles de la dictadura narco oligárquica. Viendo las cosas en perspectiva tal vez podamos afirmar, mirá que cosas, que uno de los mayores logros de los 36 años de lucha armada de muchos guatemaltecos en contra de la dictadura sea el “derecho a tener prisioneros políticos”. Si tu lucha se hubiera dado hace 40 o 45 años no estarías preso, los dueños de la hidroeléctrica hubieran mandado a sus escuadrones de la muerte a asesinarte como sus padres y abuelos lo hicieron con Mamá Maquín, Mario Mujía Córdoba, Pedro Quevedo y Quevedo (asesinado en diciembre de 1978), Oliverio Castañeda de León y muchos dirigentes obreros, campesinos y estudiantiles más. Aunque hay que decir que el recurso del asesinato sigue vivo, de ello dan fe los asesinatos de dirigentes campesinos de Codeca. Como también sigue viva la práctica de tierra arrasada, tal y como hemos visto en el gobierno del nuevo representante de la oligarquía: desalojos de campesinos en Alta Verapaz y Petén, con el fuego contrainsurgente incluido para terminar con la vida de los desalojados. Si no es con las balas que sea por el hambre, es la divisa de los bandidos oligarcas.

Aunque no tan rápido como quisiéramos, las conciencias de los guatemaltecos están cambiando. No es poca cosa que en las últimas elecciones doña Thelma Cabrera fuera de los candidatos presidenciales con más votos, muy por delante de varios candidatos representantes de la élite económica tradicional y algunos de la nueva narcoelite, aliada a la anterior. Poco a poco nos damos cuenta de que el origen de nuestros males está en la cúpula del Cacif y ya no es raro que encontrés en las calles la consigna “#UnFuturoSinCacif”. En redes sociales cada día son más los guatemaltecos y guatemaltecas quienes la usamos.

Ojalá pronto estés fuera de la cárcel y podamos reunirnos para conversar, tomarnos una cerveza y seguir luchando por #UnFuturoSinCacif; por un país para todos sus pueblos, mujeres y hombres, sin exclusiones de ningún tipo.

Un fuerte abrazo, querido amigo

Raúl

Pd1. Espero estés disfrutando de los libros que te envié. Está en prensa un libro sobre la criminalización de Abelino Chub y el despojo de tierras en las Verapaces. En cuanto salga del horno prometo enviarte un ejemplar.

Pd2. Disculpá los errores que pueda tener esta carta, dejé al tiempo escribirla y me acabo de enterar que es el último día para enviarla.

19 de diciembre de 2020

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Por Sare Fabres

Comunidades y asociaciones del pueblo Munduruku denunciaron la imposición del proyecto ferrocarril EF-170, mejor conocido como Ferrogrão, el cual afectaría las cuencas de los ríos Xingu y Tapajós, así como a 19 tierras indígenas, poblaciones ribereñas y quilombolas.

El repudio de las comunidades Munduruku responde a la realización, sin su aprobación ni participación, de una reunión para tramitar los permisos ambientales requeridos en la construcción del ferrocarril.

El suroeste de Pará se ha consolidado en los últimos años como una ruta estratégica para la agroindustria. Desde ahí transporta granos como el maíz y la soya producidos en el estado de Mato Grosso con destino a China y otros países consumidores de Europa.

El Ferrogrão planea cubrir 932 kilómetros de extensión, desde la ciudad de Sinop en Mato Grosso hasta la ciudad portuaria de Miritituba en el estado de Pará.

La reunión denunciada por los pueblos Munduruku fue agendada por la Fundación Nacional del Indio (FUNAI, órgano del gobierno federal responsable por la implementación de la política indigenista) y la Secretaría del Programa de Asociación de Inversiones (SPPI).

El evento fue calendarizado para la primera semana de diciembre, sin informar ni a los dirigentes ni a representantes de todas las asociaciones del pueblo Munduruku, según lo determinado por su protocolo de consulta y en medio del aislamiento social provocado por la pandemia del Covid-19.

Ver también: Indígenas bloquean carretera por Covid-19, deforestación y contra construcción de vía férrea

Las organizaciones Munduruku de las regiones alta, baja y media del Tapajós, reafirmaron que “No aceptamos ninguna reunión decidida sólo por los organismos de Brasilia, sin diálogo con los líderes, jefes, guerreros, chamanes, maestros y representantes de todas las Asociaciones Munduruku”.

Antecedentes

Ya en 2017, cerca de 90 indígenas Munduruku bloquearon la entrada al Colegio de Itaituba en Pará para impedir una audiencia pública propuesta por la Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) en la que se discutiría la implementación del Ferrogrão.

“La audiencia pública no es previa, libre e informada, no intente engañarnos que esto es cumplimiento del Convenio 169, ¡Sabemos nuestros derechos!”, denunciaron lxs Munduruku en aquella reunión que se realizó pese a que el Ministerio Público Federal (MPF) recomendó lo contrario.

En aquella ocasión, el MPF también demandó que se consultara previamente y de manera libre, a todas las comunidades indígenas de los pueblos Munduruku, Kayapó y Kayabi, además de las comunidades ribereñas que serán impactadas.

Para octubre del 2020, el Ministerio Público Federal y cinco organizaciones de la Red Xingu+ enviaron una representación al Tribunal de Cuentas de la Unión sobre el incumplimiento del derecho de consulta a los pueblos indígenas durante la etapa de planificación.

Según el organismo, el ferrocarril tiene un impacto potencial en 48 territorios de pueblos indígenas y afirma que el gobierno brasileño se negó a consultar a los pueblos afectados, a pesar de haber recibido ocho solicitudes de asociaciones indígenas y dos adicionales emitidas por el mismo MPF.

En su comunicado más reciente, los pueblos Munduruku también exigen el cumplimiento del derecho a la consulta libre, previa e informada de las comunidades de Montanha e Mangabal, Pimental y São Francisco, además de los demás pueblos indígenas amenazados por el proyecto.

“Los bancos que van a financiar ese proyecto de la Ferrogrão están pasando por encima de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales”, señalan las comunidades Munduruku en carta difundida el pasado 2 de diciembre.

Agronegocio, el promotor

Los megaproyectos de infraestructura que afectan a los pueblos de la cuenca del Tapajós, se presentan como una alternativa a la ruta que va de Mato Grosso a los puertos de Paranaguá y Santos, más alejados y con mayores tiempos de espera para las exportaciones del agro negocio.

Planeado en los últimos años por las principales corporaciones de esta industria, la ANTT espera que el Ferrogrão sea capaz de transportar entre 25 y 42 millones de toneladas anuales para el año 2050.

En 2016, el entonces presidente Michel Temer emitió la Medida Provisional 758 que redujo los límites del parque y la Zona de Protección Ambiental de Tapajós. Sin embargo, en 2018, una decisión del Tribunal Supremo Federal declaró inconstitucional la reducción de zonas de conservación del medio ambiente.

En una región en la que los conflictos agrarios se han intensificado por la construcción de la carretera BR-163, la unidad de conservación de Jamanxim, creada en 2006 para mitigar los impactos de la carretera, ha perdido una parte considerable para dar paso a los ferrocarriles.

En septiembre del 2019, el Ferrogrão se reanudó con dos audiencias públicas en las dos ciudades donde debe llegar el tramo final del ferrocarril: Itaituba y Novo Progresso ambas situadas en el oeste de Pará.

Dichas actividades, también promovidas por la ANTT, buscaron publicar el borrador de los estudios técnicos, así como el anuncio público de la concesión para la explotación del ferrocarril. En Itaituba, unas 80 personas participaron en el evento, al que asistieron representantes del Ministerio de Infraestructura y de la Superintendencia de Infraestructura y Servicios de Transporte de Carga por Ferrocarril de la ANTT. Para asegurar las actividades en 2019 e inhibir las protestas, dos vehículos de la policía resguardaron en el lugar.

“Este proyecto afecta a miles de personas y aquí no tiene el 1% de ellas. Y no lo hace porque su presencia tiene un costo”, criticó Ivaneide Rodrigues, de la comunidad de Mirituba, quien denunció lo excluyente del modelo propuesto por la ANTT y la falsa promesa de mejoras que la obra aportará al estado de Pará y a su población.

Trenes para la Amazonía

Iniciado en 2012 con el Programa de Inversiones Logísticas (PIL), el proyecto de Ferrogrão completa el conjunto de obras de infraestructura para el flujo de granos que forman parte del llamado Plan Arco Norte.

Además del ferrocarril, está prevista la construcción de vías navegables, puertos y el final de la pavimentación de la autopista BR 163, cuyo trazado guiará la dirección del Ferrogrão.

Para ello, los trabajos se llevarán a cabo utilizando el modelo de inversión Greenfield – una inversión en un proyecto que todavía está en el papel y que necesita recursos de inversión para iniciar los trabajos- con un costo estimado de 12,700 millones de reales, con una concesión para la exploración durante 65 años.

Por ahora corporaciones como Shanghai Pengxin Group, quien controla la brasileña Fiagril dedicada a exportar granos, ha mostrado su interés en invertir en el proyecto de infraestructura. Actualmente, China representa casi el 75% de las exportaciones de soja del Brasil.

Para el abogado de la organización Terra de Direitos, Pedro Martins, Ferrogrão es el proyecto ferroviario con “más tensión en este momento en el bioama amazónico. Esto se debe a que los grupos políticos a favor de las medidas ‘antiambientales’ pretenden utilizarlas para forzar la reducción de las Unidades de Conservación y legitimar el despojo de tierras alrededor del ferrocarril antes de su construcción”, explica.

Según Martins, las empresas tienen prisa por llevar a cabo este proyecto y las audiencias públicas están mostrando señales de ello. “La celebración de audiencias públicas significa dar un paso más en las etapas de concesión de Ferrogrão y, por consiguiente, de su licencia ambiental, sin considerar el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas y tradicionales de la región”.

La construcción del Ferrogrão también parece ser una de las prioridades del gobierno de Jair Bolsonaro, como declaró el actual Ministro de Infraestructura, el ingeniero militar Tarcísio Freitas, durante su toma de posesión.

Ver también—>EEUU aprovecha escenario de Covid19 para acelerar presencia en la Amazonía brasileña

“Tenemos nuestro gran desafío y lo afrontaremos con todo nuestro valor, con toda nuestra determinación, que es la apuesta de Ferrogrão. Tal vez el proyecto ferroviario más desafiante de todos y el más importante”.

Los impactos socioambientales, no serán pocos. Se estima que, si se implementan al menos 48 áreas protegidas, entre Unidades de Conservación y Tierras Indígenas, se verán afectadas. El Parque Nacional de Jamanxim, por ejemplo, ya siente los efectos de esto.

Por lo mientras, los pueblos Munduruku reafirman su rechazo al Ferrogrão y refuerzan sus exigencias para la defensa de su territorio.

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“Aún tenemos dos tierras que aguardan la conclusión de los procesos de demarcación en la parte media del río Tapajós y nuestro territorio cada día está más afectado por invasiones, puertos, hidroeléctricas, minería y el gobierno además insiste en seguir con un proyecto de muerte más en la cuenca del río Tapajós”, señala la carta firmada por asociaciones de las tres regiones con comunidades Munduruku.

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ROMPIENDO FRONTERAS
—-EUA  Estados Jodidos. INCENDIOS por Yisus Güero- Capsula informativa de la realidad de abajo acaban los incendios en California, pero siguen otros incendios, la lucha antifascista y la crisis de la vivienda en tiempos de COVID.
—-MUNDO: El agua como mercancía escasa  y Cotizar el agua en Wall Street viola los derechos básicos. Por Radio Temblor
—-ARGENTINA:  La lucha de las mujeres por el derecho a decidir sobre sus cuerpos y vidas. El 11 de diciembre nuestras compañeras Argentinas tuvieron un importantisimo logro legal: la despenalización del aborto y por consiguiente la posibilidad de practicarlo de forma segura. El argentinazo. La izquierda diario,
—–GUATEMALA: La solidaridad no está en cuarentena. #EntreTormentas: cuatro comunidades siguen incomunicadas por colapso del único puente de ingreso en Izabal
—-KURDISTAN: Presos del PKK -PAJK en huelga de hambre: ‘Tiempo de resistencia’. Poema de las combatientes kurdas. Kurdistan America Latina. AFN.

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
—–MEGAPROYECTOS TREN MAYA: Uno de los principales beneficiados con el #TrenMaya es #BlackRock, la administradora de fondos más grande del mundo. #ElNegocioDelTrenMaya
—–MEXICO  Lucha feminista. Ley Olimpia y la manifestación a 10 años del feminicidio de la mujer, madre, hija, amiga y compañera de lucha de Marisela Escobedo mientras ella exigìa justicia por el feminicidio de su hija Rubí Marisol y la impunidad en el narcomexico :  #Entrevista  Olimpia Coral Melo , principal impulsora de la lucha contra la violencia digital de género, conversa con Itzel Ximena Torres de ZonaDocs sobre el camino para hacer realidad la #LeyOlimpia en todo México. Y video de actividades en Ciudad Juárez en contra de la impunidad feminicida. ZonaDocs, Hijas de su maquilera madres.
CHIAPAS PRESOS POLITICOS: Cristóbal Sántiz Jiménez, detenido por defender las comunidades desplazadas de Aldama.
CDMX Detención ilícita de compañeros de la comunidad Otomí residente en la toma INPI por parte de la policía de la ciudad de México y Video de la muñeca Lele rebelde en la #TomaINPI. Regeneracion Radio, Coordinación metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal
GUERRERO: Asesinan a cuatro indigenas Nahua del CIPOG-EZ en Chilapa, mientras los asesinos gozan de la impunidad de los tres niveles de gobierno. Radio Zapote, CNI.

MÚSICA: 1. Border Ctrl. ft. Shadia Mansour x Fedzilla 2. El Colectivo Reggae Rastrillos, Antidoping, Ganja, La Comuna, VibraMuchá, REALIDUB, Sangre Maíz, Reggae Nation, lengualerta, Olinka y 3. Abajo los muros – Actitud

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por Pozol colectivo

Con una concurrida participación de indígenas choles, el ejido Tila celebró su quinto aniversario de auto gobierno con una marcha y mitin, luego de que hace cinco años decidieran expulsar al ayuntamiento indebidamente ubicado en sus tierras, como ya lo han demostrado ante la suprema corte de justicia.

El 16 de diciembre de 2015, con motivo del séptimo aniversario de la concesión del amparo en favor del ejido Tila, que ordena la restitución de una parte de su territorio, y tras la persistente negativa de las autoridades municipales a devolver las 130 hectáreas usurpadas, se llevó a cabo una manifestación que culminó frente a las oficinas de la Presidencia Municipal, donde se declaró la autonomía ejidal.

“Como hijos, nietos y bisnietos seguimos defendiendo la madre tierra a pesar de la pandemia del covid 19 mundial, la otra pandemia que tanto daño nos ha causado es la corrupción; por aclarar y sacar a la luz pública somos calumniados”, expresan los indígenas en resistencia en un comunicado este 15 de diciembre, en alusión a los grupos oficialistas que exigen el regreso de la alcaldía y partidos políticos al ejido.

«Este día es de alegría, de festejo, porque en nuestra tierra no manda el mal gobierno, mandamos nosotros», han indicado en diversos escritos los indígenas también integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI).

«Tenemos que cuidar el patrimonio que nos dejaron nuestros ancestros, salir con la cara al frente, no agacharse, es por eso que gobernamos por medio de la asamblea ejidal», han compartido los ejidatarios del norte de Chiapas.

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“Nos preguntamos cuantas veces nos quieren despojar si los abuelos sufrieron las injusticias históricas”, cuestionan los indígenas cho´les. De igual forma los ejidatarios han denunciado que “los caciques son un puñito de pobladores de Tila que están presionando en la Procuraduría y al gobierno para que mande ya sus fuerzas represoras para que ejecuten las órdenes de aprensión contra las autoridades ejidales y exautoridades y sus familias, todos quienes han luchado por defender la tierra”.

“Estos representantes de la maldad van pagando periodistas para que les sigan en sus engaños y escriban en periódicos de Yajalón, Palenque o Tuxtla y presenten que Tila está secuestrado y que no tienen libertad, cuando no lo dicen claro que quieren la libertad para dominar y establecer su mal gobierno el Ayuntamiento y para seguir robando, saqueando, a costa del sufrimiento del pueblo. Por eso su libertad es muy torcida, porque es libertad para maltratar, reprimir, despojar hacia nuestras miles de familias quienes somos los dueños y estamos autogobernando”, han evidenciado los ejidatarios del CNI.

“Escúchenlo bien, nuestro pueblo se mantiene atento y está dispuesto porque vamos a defender nuestro autonomía y autogobierno ejidal porque aunque le pese al grupito de caciques y a los intereses de sus aliados, ahora es el pueblo el que se autogobierna autodefine, autocuida, autoconstruye justicia, la vamos caminando y aprendiendo pero la más importante es que estamos viviendo, y la libertad ha traído dificultades pero mucha alegría para nuestros corazones, así estamos decididos a seguir viviendo”, han afirmado los indígenas chiapanecos en diversos medios durante estos cinco años.

Las tierras del ejido fueron reconocidas a los ch’oles por resolución presidencial en 1934. En 1966 se intentó modificar el plano para entregar 130 hectáreas a la presidencia municipal, pero los ch’oles obtuvieron el amparo 890/77, que ganaron en definitiva en 1994.

En 1982, el congreso estatal decretó la expropiación de las 130 hectáreas que ambicionaba el ayuntamiento. Un nuevo amparo de los ejidatarios, el 259/1982, comenzó a tramitarse. Dicho amparo, ganado en 2008 por el ejido, ordenó la restitución de las 130 hectáreas de tierras ancestrales; sin embargo, bajo el falso argumento de imposibilidad para la ejecución de la sentencia, el ayuntamiento municipal la incumplió, motivo por el cual las y los ejidatarios de Tila promovieron el incidente de inejecución de sentencia 1302/2010 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los indígenas choles han asegurado que la ley los asiste ante los intentos de despojo de su territorio, por parte de los tres niveles de gobierno y grupos paramilitares. “Tenemos la razón. La suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), nos dio la razón”, afirman.

Pese a ello, como indican conocedores sobre el tema: el actual gobierno de Rutilio Escandón no ha dado las garantías judiciales a los ejidatarios, al no dar cumplimiento a la ejecución de sentencia ordenada por la SCJN, que condena la restitución de las tierras malamente expropiadas al ejido para un denominado fundo legal. Esta condena es de fecha 12 de septiembre del 2018, sigue sin ejecutarse, lo que ha provocado el incremento de la violencia en la región contra los ejidatarios, asegura el académico y comunicador José Adriano Anaya.

“Aquí estamos y vamos a seguir autogobernando. Exigimos justicia y castigo para el Ayuntamieto de Limberg Gutiérrez y sus paramilitares Francisco Arturo Sánchez, Adelaida Martínez y Rodrigo Martínez. Son ellos los mismos mentirosos y engañadores que provocan la violencia”, han denunciado los ejidatarios al referirse al titular del ayuntamiento expulsado, el cual ha ocupado la presidencia municipal personalmente o por medio de su familia desde el 2008.

Como lo indica el periodista Luis Hernández, “La controversia agraria en Tila no es sólo asunto de tierras; es, también, una disputa para enfrentar el poder del cacicazgo, frenar la privatización de la tierra, reconstituir el pueblo chol, construir la autonomía y resistir la política de contrainsurgencia”.

Lee el comunicado completo aquí

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Fotos de las movilizaciones recientes en distintas ciudades de Francia / Acta Zone

Por Eugenia López

El 24 de noviembre pasado, la Asamblea Nacional de Francia aprobó la llamada “Ley de Seguridad Global”, la cual pretende otorgar más herramientas a las fuerzas policiacas para el “mantenimiento del orden público”, así como asegurar la protección de los funcionarios de policía y militares.

“Se trata de proteger a los que nos protegen”, argumentan sus defensores mientras el texto, apoyado por el gobierno y los principales sindicatos policiales, ha provocado la preocupación y el descontento de grandes sectores de la sociedad, así como de periodistas, organismos públicos nacionales e internacionales y asociaciones de defensa de los derechos humanos.

Para Patrice Spinosi, abogado del Consejo de Estado y del Tribunal de Casación de Francia, la iniciativa de ley representa una acumulación sin precedentes de medidas de seguridad que amenaza el equilibrio democrático del país europeo. Según él, con esa ley “un Trump a la francesa” elegido en 2022, año de las próximas elecciones presidenciales, tendría a su disposición, sin necesidad de cambiar la ley, “todas las herramientas legales que le permitirían monitorear a la población y controlar a sus oponentes políticos”.

¿Qué dice la Ley de Seguridad Global?

La propuesta está dividida en una diversidad de artículos que implican toda una serie de cambios al sistema de seguridad del país.

El texto planea así la extensión de los poderes de las policías municipales, las cuales trabajan bajo órdenes de los alcaldes, para otorgarles poderes hasta ahora limitados a la policía nacional.

La extensión de poderes también beneficiaría a los agentes de seguridad privada, orquestando así la privatización de la policía. Agentes de seguridad privada podrían entonces dar multas, o proceder a verificaciones de identidad que podrían llevar a la detención de las personas controladas.

“Yendo aún más lejos en la escalada de seguridad”, como lo denuncia la Liga de los Derechos Humanos, el proyecto de ley prevé el establecimiento de una vigilancia generalizada del espacio público, autorizando al Estado a utilizar drones con cámaras, explícitamente dirigidos a monitorear a manifestantes en contextos de movimientos sociales.

En su artículo 21, la ley especifica que las imágenes podrían ser analizadas automáticamente mediante tecnologías de reconocimiento facial y utilizadas de manera inmediata por las fuerzas de policía, las cuales podrían llevar a cabo operaciones de detención preventiva, violando así la libertad de manifestación de las y los ciudadanos.

El artículo que creó más polémica es el 24, que pretende prohibir la difusión de imágenes de policías o gendarmes (cuerpo de policía militarizada) durante su servicio, cuando la difusión se haga “para socavar su integridad física o psíquica”.

Tal medida, de adoptarse, castigaría con penas muy severas (un año de prisión y multas de 45,000 euros) la difusión de imágenes de los funcionarios, lo cual impediría cualquier control ciudadano sobre la policía, e incluso el trabajo de los periodistas. A la vez, promovería la impunidad de los autores de la violencia policial.

De hecho, el miércoles 9 de diciembre, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó el gobierno francés a retirar dicho artículo.

“La ley merece ser debatida por el pueblo francés”, dijo Bachelet en una conferencia de prensa en Ginebra. “Pero es la sección 24 lo que nos preocupa especialmente. Y es por eso que decimos que debería ser revisado y, me imagino, hasta ser retirado”.

En una carta publicada a principios de noviembre, tres relatores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ya habían denunciado que el artículo 24 y varias otras disposiciones del proyecto de ley ponen a Francia en contradicción con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Finalmente, la nueva ley haría imposible la reducción de condena para personas encarceladas por haber sido declaradas culpables de violencias sobre agentes de seguridad.

Brutalidad policíaca

La propuesta de ley llega en un contexto ardiente: en los últimos años, la brutalidad ejercida por la policía contra la población ha sido muy mediatizada y denunciada, en particular a partir de las movilizaciones de los llamados “Chalecos Amarillos”.

Durante las movilizaciones, que se extendieron del 2018 al 2019, la represión sistemática dejó al menos 2,495 heridos según las cifras oficiales. De estas personas, 25 perdieron un ojo, cinco una mano, un hombre fue amputado de un testículo y otro perdió el olfato, según el periodista independiente David Dufresne, quien lleva años cubriendo la violencia policiaca en el país.

Pero los “Chalecos Amarillos” no hicieron más que visibilizar una realidad denunciada desde hacía ya décadas en los barrios populares de Francia, donde la población, que en su mayoría proviene de varias olas de migración desde las antiguas colonias francesas, en particular de África, sufre los abusos de la policía en su vida cotidiana.

De hecho, en un informe de 2017, la Defensoría de los Derechos, un órgano constitucional independiente del estado francés ya había señalado que “los hombres jóvenes identificados como negros o árabes tienen una probabilidad 20 veces más elevada de ser controlados por la policía que los demás”.

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Junto con las denuncias acerca de la violencia ejercida por la policía, colectivos y organizaciones autónomas han surgido y se han fortalecido durante los últimos años para denunciar el racismo sistémico en el país, construyendo un movimiento antirracista fuerte que cuestiona y amenaza el status quo.

Autoritarismo

La propuesta de ley actual también se inscribe en un contexto en el que las leyes sobre seguridad así como las declaraciones del “Estado de emergencia” se han hecho cada vez más frecuentes, en particular en el contexto de las llamadas “amenazas terroristas”.

En el 2017, Amnistía Internacional ya alertaba sobre la multiplicación de leyes de seguridad que amenazan las libertades, no sólo en Francia sino en todo Europa.

Según Dominique Curis, de Amnestía Internacional Francia, el argumento de la lucha contra el terrorismo está siendo instrumentalizado por los gobiernos del continente, y las medidas tomadas rebazan por mucho el tema del terrorismo.

“El término terrorismo está muy mal definido, y está siendo introducido en las leyes con fórmulas muy vagas, sujetas a interpretación, lo cual permite la implementación de medidas sin garantías, que toman como blanco a personas por sus compromisos sociales y políticos o por su religión”, explica Curis.

En Francia, la lucha contra el terrorismo ha sido instrumentalizada de manera constante para controlar a activistas, así como para vigilar y estigmatizar a la población musulmana, con discursos y leyes islamofóbicas que confunden Islam con terrorismo.

Actualmente, la propuesta de Ley de Seguridad Global se ve acompañada de otra propuesta de ley llamada “contra el separatismo”, la cual pretende luchar contra el “islam radical”, pero que en realidad no es más que otra medida discriminatoria hacia la población musulmana en general.

El 19 de noviembre, el gobierno francés también anunció la disolución oficial del Colectivo contra la Islamofobia en Francia (Collectif contre l’islamophobie en France, CCIF), creado en 2003 para luchar contra la discriminación y las violencias dirigidas hacia la población musulmana.

Ahora, el gobierno francés está siendo acusado de utilizar el contexto de la emergencia sanitaria para  para acelerar su escalada autoritaria y discriminatoria hacia estos sectores de su población.

Protestas en aumento

La aprobación de la Ley de Seguridad Global por el Parlamento provocó una ola de protestas en el país, a pesar del confinamiento impuesto para frenar la epidemia de Covid-19.

El descontento inmediato fue aumentado por dos episodios de extrema violencia.

El día 21 de noviembre, un productor de música negro, Michel Zecler, fue brutalmente golpeado e insultado por policías de París en la entrada de su estudio de grabación. Afortunadamente, la golpiza fue grabada por cámaras de seguridad, las cuales fueron difundidas por el sitio Loopsider y alcanzaron los 13 millones de vistas en unos cuantos días. Como lo recuerda el sitio de información independiente Mediapart, sin estas imágenes, “Michel Zecler estaría muy probablemente encarcelado por ultraje y rebelión contra un agente de la ley”.

En la noche del 23 al 24 de noviembre, centenas de personas migrantes, muchas de ellas originarias de Afganistán, Eritrea y Sudán, tomaron la Plaza de la República, en la capital, con el apoyo de voluntarios y abogados.

Levantaron un campamento con tiendas de campaña, para exigir su derecho a descansar: estas personas no sólo sufren el hecho de no tener hogar sino que luchan cada noche para dormir, ya que viven el hostigamiento continuo de la policía capitalina quien, cada media hora a veces, los despierta con violencia, impidiéndoles el descanso.

El campamento apenas sobrevivió una hora antes de ser brutalmente desalojado por la policía. Las personas presentes fueron golpeadas y atacadas con gases, algunas hasta fueron arrastradas mientras seguían dentro de su tienda de campaña. Dos periodistas también fueron agredidos.

Para el sábado 28 de noviembre, amplias protestas surgieron en 70 ciudades del país. Según las y los organizadores, fueron 500,000 personas las que tomaron las calles, mientras el gobierno habló de 133,000 participantes.

Periodistas, sindicalistas, “chalecos amarillos”, estudiantes. jóvenes, activistas, algunos políticos de izquierda así como colectivos organizados contra la violencia policiaca y el racismo se mezclaron para marchar y denunciar un gobierno que ataca los derechos fundamentales de la población en plena cuarentena.

Durante los días sábado 5 y 12 de diciembre, manifestaciones fueron organizadas nuevamente en todo el país. Según un comunicado firmado por varias organizaciones sociales, “al menos 60,000 personas marcharon este sábado 12 de diciembre, y más de 150 ciudades, de las metrópolis hasta las ciudades más modestas, han vivido al menos una movilización desde el 28 de noviembre”.

Hasta ahora, la respuesta del Estado ha sido la represión.

Este último fin de semana, las organizaciones denunciaron una larga lista de abusos cometidos por las fuerzas de policía en ciudades como París, Lyon y Caen, como las detenciones masivas, a veces sin motivo legal y con duraciones que rebasan el plazo legal o el rechazo de contactar a un abogado para las personas detenidas. En París, cerca de 150 personas fueron detenidas, incluyendo a 19 menores de edad.

También, denunciaron el uso de una estrategia de control de las y los manifestaciones, llamada de “saltos ofensivos”: ofensivas repentinas y brutales de policías dentro de la marcha, utilizadas para romper la organización y unión entre la gente y detener a personas de manera arbitraria.

Con esta reacción, la violencia del Estado no parece calmar las tensiones sino aumentarlas, reforzando las críticas y el descontento.

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Ante la promoción turística que han hecho institucionalidades públicas y empresas turísticas sobre el eclipse, comunidades, organizaciones y autoridades tradicionales Mapuche, a través de una declaración pública, calificaron dichos actos como irresponsables, denunciando que han mercantilizado y distorsionado saberes ancestrales por medio de prácticas colonialistas.

A su vez, dieron cuenta de las contradicciones con respecto a las medidas sanitarias en el manejo de la pandemia , anunciando controles territoriales en algunas zonas para resguardar espacios e integridad.

A continuación, la declaración pública.

DECLARACIÓN PÚBLICA

Como Territorio Mapunche de Panguipulli, los diferentes lof en procesos reivindicativos, resistencias, y organizaciones territoriales, abajo firmantes, frente a la promoción irresponsable del fenómeno natural conocido como eclipse, de parte de la institucionalidad pública de los gobiernos regionales y local, así como instancias privadas como cámaras de comercio y empresas ligadas al turismo, nos sentimos en la obligación de manifestar nuestra preocupación y advertir las consecuencias de ello, por tanto declaramos lo siguiente:

Kiñeke / Primero les hacemos saber que, para nosotros los mapunche el eclipse no tiene relación con un evento turístico, económico o de festejo, sino muy por el contrario es un momento en el que las personas necesitan permanecer tranquilas y protegidas de las energías que se desprenden durante ese momento, resguardarse para prepararse a los tiempos que traerá dicho anuncio. Con la promoción del eclipse, tanto el gobierno local como regional y los empresarios turísticos, en lugar de respeto al conocimiento propio mapunche, han promocionado la mercantilización de nuestro conocimiento, utilizando lenguajes inadecuado, creando nuevos conceptos afines a sus intereses económicos, ignorando la visión propia mapunche. Lo que trae consecuencias distorsionadas, perpetuando así las prácticas colonialistas y negacionistas, no solo con el ser humano mapunche, también con naturaleza y atropellando lo más trascendental de nuestras vidas, como es la espiritualidad. Lamentamos que en 500 años de convivencia o permanente irrupción, aún no se considere ni respete nuestra visión sobre todo en tiempo de crisis mundial y calentamiento global.

Epuke/ segundo Desde el punto de vista sanitario: constatamos la contradicción en las medidas de manejo de la pandemia que por un lado restringe la movilización social y comunitaria pero no limita las aglomeración que genera la promoción irresponsable de este fenómeno, ya que miles de personas llegaran desde fuera de la región, con el propósito de ver por unos minutos el fenómeno natural. Claramente al día de hoy, fase II, no están dadas las condiciones que protejan a la población que habita y convive en el territorio y es claro darse cuenta, la “utilización de la pandemia” para obedecer a los poderes que tienen intereses económicos en el territorio mapuche, dejando en segundo plano el bienestar y la salud de los habitantes de este territorio. Conjuntamente con esta omisión de deberes que implica la flexibilizacion de las medidas sanitarias, tampoco se ha considerado el colapso de la infraestructura básica, ni los efectos colaterales al medioambiente, también se desconocen las medidas de mitigación y reparación posterior que sin duda, nos afectara a todos. Frente a esto responsabilizamos tanto al gobierno regional como local de los efectos en la salud de las personas y del daño ambiental.

Külake/tercero Desde nuestra preexistencia mapunche en territorio Wallmapu, tenemos el deber, como lo han hecho siempre nuestros antepasados, de defender nuestros territorios de las invasiones, a nuestros lugares de relevancia espiritual, histórica, social y cultural, ejerciendo nuestro derecho ancestral y actual a vivir en paz y armonía, considerando además los convenios y leyes que el propio estado de Chile ha firmado, como es la Reserva de Biosfera, la ley indígena 19.253, Convenio 169 de la OIT. Que establece que; “a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente”. Donde además se define que “La utilización del término «tierras» deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.”. Así como otros instrumentos de derechos que resguardan nuestros derechos sociales, políticos y culturales.

En ese contexto, dejamos claro que seguiremos defendiendo nuestro peweñentu, (parque nacional Villarrica) pu lafken, y otros espacios sagrados ante la invasión de quienes solo los moviliza el interés para la explotación económica empresarial, y atropello a la existencia y formas de vida mapunche como es kümefelen y küme mogen.

Melike/ Cuarto; ante el actual estado de desprotección, los diferentes lof hemos acordado de manera autónoma hacer controles territoriales en algunas zonas para no permitir la entrada a algunos territorios y sitios sagrados dentro la comuna; por otra parte, ante la necesidad económicas de nuestros hermanos mapunche, con y sin emprendimientos que ven en este evento como oportunidad comercial, recordarles que los mapuche hemos sido empobrecidos por el propio sistema neocolonial, a través del despojo de nuestras tierras, las cuales nos ha dado desde siempre el sustento para el buen vivir. Es por ello que, hoy más que nunca debemos cuidar lo que tenemos y recuperar lo que nos han quitado, ejerciendo nuestro derecho como pueblo mapunche.

Finalmente hacemos un llamado a la convivencia en armonía de todos los habitantes dentro un mismo territorio a participar y actuar frente a los problemas que nos amenazan a todos tales como la perdida de agua, la invasión inmobiliaria, la desprotección de ríos y humedales y el acaparamiento de tierras de algunos privilegiados y la falta de un desarrollo construido por los pueblos mapuche y chileno que habita esta comuna.

Firman

• Lof Pilinhue mapu,
• Lof/comunidad Dionisio Manquel Chepo.
• Lof Malchehue mapu.
• Lof Kona rupu Futa mapu
• Lof Trafun
• Lonko Pucura
• Lonko Traitraico
• Lof tralkapulli mapu
• Representante Cultural pu lof Hueitra, Ragintuleufu, Llashkawe.
• Koyagtun Koz koz mapu.

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Foto de portada: Familias desplazadas de Aldama por Índice político.

Por Sare Frabes

“Es indignante la situación de violencia estructural que se permite e, incluso, se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades”, denuncia un comunicado difundido por una misión civil de observación en Chiapas.

Realizada durante cuatro días, dicha misión estuvo integrada por 14 organizaciones de derechos humanos pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).

La misión visitó comunidades en las regiones norte, altos y costa de Chiapas en donde recabaron testimonios de personas que han vivido desplazamiento forzado, el despojo de sus tierras y un contexto generalizado de violencia que va de las amenazas hasta la tortura.

Las comunidades visitadas por la misión de observación fueron Chalchihuitán, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá. En todas documentaron situaciones de conflicto y violencia contra defensores y poblaciones.

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Por ello, destacaron “las amenazas de muerte, agresiones directas y actos de criminalización en contra de personas defensoras de derechos humanos y de ayuda humanitaria, quienes realizan su labor en un ambiente de violencia generalizada”.

Sin acceso a la justicia

Mediante conferencia de prensa, lxs integrantes de la misión también resaltaron los impactos psicosociales en las comunidades en Zona Altos, Norte y Costa de Chiapas,, así como el efecto diferenciado en las mujeres y las infancias de poblaciones en desplazamiento forzado, quienes viven en situaciones con terror, miedo y preocupación, lo cual les coloca en una situación de mayor vulnerabilidad.

“Alarmantes de la situación de insuficiencia alimentaria, inexistentes servicios de salud y medicamentos que se suman a la situación de desplazamiento forzado que amenazan y ponen en riesgo la vida de cientos de personas”, los cuales “agravan la falta de condiciones de seguridad y de acceso a la justicia, ante la existencia de grupos paramilitares y de choque que agreden a las comunidades, implica un riesgo latente para ellas y para quienes ejercen su derecho a defender derechos humanos”, expusieron como resultado de la documentación en las distintas regiones de Chiapas.

En su denuncia, las organizaciones enfatizaron también “la falta de acceso a la justicia que también se relaciona con la inoperancia de las fuerzas de seguridad pública para frenar la violencia y la falta de actuación de la Fiscalía del Estado aun cuando tienen claro conocimiento de los responsables de los ataques armados”.

A la exigencia de justicia, la misión de observación también se sumó al llamado “para que Cristóbal Santis Jiménez, preso político por su labor de denuncia a las agresiones sistemáticas de las comunidades de Aldama sea puesto en libertad de manera inmediata”.

Hostigamiento a defensores

Nathaniel Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, destacó que en las tres zonas visitadas por la misión se confirmó la existencia de grupos armados quienes están actuando con facilidades en los territorios para obtener control, poder despojar, invadir y continuar realizando hechos criminales.

“Vemos una fuerte resistencia de defensa del territorio por las comunidades que han procurado tener un espacio de cultivo para proveer alimentos, tranquilidad y armonía, generando una tensión mayor de las comunidades. Por otro lado, todo este contexto propicio agresiones, amenazas, desplazamiento, asesinatos, hasta la fecha el estado se mantiene omiso”, enfatizó el director de la CDH.

Hernández compartió también que en la costa de Chiapas donde realiza su labor, el CDH Digna Ochoa acompaña un proceso de colonia urbana “donde existe una deficiencia de garantía de derechos por parte de las autoridades, donde no hay garantía de los servicios básicos como agua, drenaje, alumbrado, seguridad y vivienda”.

A dicha situación se suma la violencia ejercida por “un grupo que actúa bajo la primicia del gobierno en la región, por lo que, evidenciaron que existe una falta de voluntad para poder atender las situaciones de violaciones a derechos humanos que pone en riesgo a las comunidades y también a quienes acompañan los procesos de defensa de los derechos humanos”, compartió Hernández quien durante las últimas semanas denunció el haber recibido amenazas de muerte debido a su labor.

Agresiones contra tierras recuperadas

Por su parte, Diana Itzu Gutiérrez del Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas informó que, en la zona norte del estado del Caracol de Resistencia Hacia un Nuevo Amanecer, desde 2019 ocurren agresiones violentas contra 155 hectáreas de tierras recuperadas por comunidades base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) quienes están sufriendo una invasión de 40 personas que se articulan con la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), quienes han cercado el territorio.

“Invasión, cercamiento de la madre tierra y ambiente de balazos”, video de difusión caravana solidaria por Red Ajmaq.

“Estamos viendo que estos grupos fuertemente armados no solo en el Municipio Oficial de Huitiupán en San Gregorio y en el Municipio Oficial de Ocosingo y Chilón donde el despojo y desplazamiento es parte de esta guerra integral de desgaste”, mencionó Gutiérrez sobre las agresiones contra familias base de apoyo del EZLN quienes por la violencia actual se ven impedidos de cultivar sus alimentos.

Paramilitares

En la región de los Altos, la misión de observación constató una crisis de desplazamiento forzado, situación que viven las y los 1,236 desplazados de Chalchihuitán, así como las comunidades del municipio de Aldama en específico San Pedro Cotsilnam, donde representantes de los 115 comuneros, víctimas, heridos y viudas dieron sus testimonios, constataron de nuevo el abandono del estado ante estas graves violaciones a derechos humanos.

El director del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Pedro Faro, mencionó que tienen el conocimiento de 3,499 personas en situación de desplazamiento debido a las agresiones armadas por parte de grupos de corte paramilitar que mantienen en asedio a la población de las 13 comunidades de Aldama.

El director del Frayba sostuvo que el grupo de corte paramilitar tiene vínculos con funcionarios del municipio de Chenalhó, así como complicidad con los tres niveles del gobierno pues los ataques no cesan a pesar de todos los acuerdos del gobierno y pactos hechos desde las cúpulas del poder.

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“Ayer recibimos un reporte más de estos ataques en Aldama y eso nos preocupa mucho, lo que tenemos registrado es que hay 21 heridos y seis muertos, evidenciamos que no hay una atención integral a la situación de los desplazamientos, hombres, mujeres, niños y niñas están viviendo en una alta vulnerabilidad”, denunció Faro durante la conferencia de prensa el pasado 10 de diciembre. El director del Frayba añadió que “lo mismo encontraron con Las Abejas de Acteal, en específico los desplazados de la comunidad de Los Chorros, los hechos fueron perpetrados por autoridades de la colonia Miguel Utrilla de Barrio Río Jordán ubicado en el municipio de Chenalhó”, donde aún hoy dichos grupos armados actúan de manera deliberante y agresiva hacia la sociedad civil Las Abejas de Acteal no permitiéndoles su proceso de construcción de autonomía.

Until March 14, 2020, Cristóbal Sántiz Jiménez worked as a guard at a vocational training centre in San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. That day, he was heading back home when he was arrested by members of the Chiapas Prosecutor’s Office Specialised Police on charges of “aggravated homicide”. Since then, he has been kept under preventive detention for a crime he did not commit.

As the spokesperson of the Permanent Commission of the 115 community members and displaced persons of Aldama, where he comes from, Cristóbal has been publicly denouncing the armed attacks, robbery, destruction of crops, and house arson perpetrated against the Aldama population by a paramilitary group from the municipality of Chenalhó. The root cause of this violence: a conflict between the Aldama and Chenalhó municipalities over 60 hectares of land that dates back to the 1970s and that Mexican and Chiapas authorities have been incapable to adequately address.

Two years before his detention, Cristóbal had already been accused of and subsequently absolved for the crime of “aggravated homicide”. This is not a coincidence. It is rather a prolongation of the harassment perpetrated against him by both State actors and the Chenalhó paramilitary group in retaliation for his work defending the rights of the displaced communities of the municipality of Aldama.

In August 2020, Cristóbal wrote a letter from the detention centre CERSS “El Amate”, in which he analysed the nature of the dreams of his own displaced Tsotsil Mayan communities from Aldama. According to Cristóbal, all their nightmares were echoing the violence they have been subjected to for more than four years.

Today in the Chiapas Highlands this violence continues. None of the three non-aggression pacts signed by the municipalities of Aldama and Chenalhó since June 2019 have resulted in the end of the armed attacks and violence against the Maya Tsotsil communities in this region.

There are currently more than 3,000 people forcibly displaced in the municipality of Aldama, who are mired in a food crisis due to the impossibility to cultivate their lands. They are permanently under attack. In the meanwhile, Cristóbal remains unjustly detained because he has never been scared to defend their rights.

Join our call to release Cristóbal Sántiz Jiménez!