A los pueblos de México y del mundo,
A los medios de comunicación.

Estado de excepción

Nos declaramos en alerta porque el mal gobierno decidió hacer más violenta su ofensiva neoliberal, pretendiendo suprimir por decreto los derechos humanos que tenemos todas y todos como sociedad, con el fin de imponer sus megaproyectos y obras de infraestructura que privatizan, contaminan, despojan y entregan el sureste mexicano, la Península de Yucatán, el Istmo de Tehuantepec, el centro, todo el país, al despojo transnacional, arrasando nuestros territorios y destruyendo a la Madre Tierra.

Mediante un acuerdo del presidente de México publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de noviembre, que clasifica las obras de infraestructura y proyectos del gobierno de la República como de seguridad nacional e instruye a las dependencias de la administración pública federal a otorgar autorizaciones provisionales hasta por un año para dichas obras y proyectos por encima del marco constitucional y legal vigente, el régimen neoliberal pretende imponer un estado de excepción, en el que no podamos inconformarnos y protestar contra las acciones del gobierno que propician el despojo y la destrucción de nuestros territorios.

De esta suerte el acuerdo da paso para que puedan ser intervenidas nuestras comunicaciones, negarnos información que solicitemos y desalojar con el uso de la fuerza pública cualquier manifestación o movilización que hagamos en defensa de lo que es nuestro y cuestionen sus megaproyectos y las obras que se están realizando o se realicen en múltiples áreas y sectores como hidrocarburos, ferrocarriles, aeropuertos, comunicaciones, telecomunicaciones, aduanas y fronteras, infraestructura hidráulica, medio ambiente, turismo, salud, producción y distribución de energía, puertos, etcétera.

Para nuestros pueblos esas obras de infraestructura representan la muerte; en el Istmo de Tehuantepec, por ejemplo, la corrupción, el despojo y la violencia se imponen del Océano Pacífico al Golfo de México; la modernización de las vías del ferrocarril y de las carreteras es en favor de quienes usarán los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz para trasladar sus mercancías de lado a lado del mundo; el beneficio es para quienes puedan extraer minerales, agua, bosques, hidrocarburos, biodiversidad y todo elemento natural que les genere ganancia; asimismo, el establecimiento de diez corredores urbano industriales tiene como propósitos establecer una cortina a la migración desde Centroamérica hacia los Estados Unidos y explotar nuestra fuerza de trabajo sin consideración de la vida humana y de la naturaleza.

Para ejecutar las obras y proyectos que invaden, despojan y destruyen nuestros territorios sin nuestro consentimiento, más bien nos amenazan, nos persiguen y nos asesinan para sacarlos adelante. Simulan consultar, dividen las asambleas comunitarias y dejan claro que lo harán de una u otra forma; y aun así llaman a la guerra con palabras como progreso, desarrollo nacional o cuarta transformación.

En la península de Yucatán, con contratos fraudulentos, el Tren Maya se va apropiando de tierras indígenas, y los ricos llegan a valerse de la profunda corrupción agraria para adueñarse terrenos ejidales en la selva maya y aumentar sus ganancias a costa del despojo de nuestros pueblos y la destrucción de la naturaleza, mientras que las empresas porcícolas, eólicas o turísticas se posicionan en torno al proyecto del tren. O sea que con las obras de infraestructura que el mal gobierno quiere proteger de nosotros, esas regiones enteras se transforman, en favor de quienes nos están robando como pueblos y como país.

Los territorios que ocupamos, en donde buscan instalar los megaproyectos que impulsa el gobierno neoliberal mexicano, están siendo destruidos y contaminados para instalar vías de tren, carreteras, tendidos eléctricos, gasoductos, oleoductos, etcétera; al mismo tiempo que las mineras van ganando territorio en el Istmo, las empresas extranjeras con parques eólicos se benefician de la red eléctrica nacional a costa del robo de nuestros territorios y la represión a nuestros pueblos. Mientras las empresas petroleras están apostadas sobre los territorios indígenas en el Totonacapan, la empresa Constelation Brands en el Sur de Veracruz y la empresa Bonafont en Puebla ya están sobre importantes acuíferos; y en el centro del País, con violencia están imponiendo el Proyecto Integral Morelos en los pueblos de aledaños al Popocatépetl.

Es eso lo que el mal gobierno neoliberal mexicano quiere proteger y blindar en contra de los pueblos de abajo, los que hemos cuidado durante miles de años la tierra, los que no podemos dejar de defendernos porque están en juego nuestra vida, nuestro patrimonio, la paz y nuestra Madre Tierra.

Las sucesivas reformas constitucionales, las leyes vigentes y los órganos judiciales están fundamentalmente a favor de los intereses empresariales, pues, son parte sustancial de este sistema; por lo mismo nos dejan caminos difíciles para defendernos en el ámbito legal y aun así resistimos con nuestra organización utilizando los resquicios que las leyes nos dejan e interponiendo toda clase de juicios y recursos en contra de las arbitarias determinaciones políticas, administrativas y judicales que nos atacan, que buscan cercarnos y arrinconarnos.

Con el acuerdo neoliberal del presidente pretenden cerrar el cerco aún más ya que éste, en forma autoritaria y atropellando la constitución federal, ordena a las dependencias del gobierno federal otorgar autorizaciones provisionales exprés para las obras de infraestructura y proyectos gubernamentales, pretendiendo no dejar tiempo ni espacio para que podamos decir o hacer algo, es decir, imponiendo un estado de excepción propio de la guerra.

Los derechos y garantías que como sociedad entera tenemos quedan sin valor alguno, sin oportunidad de defenderlos ante la urgencia de entregar el país a los capitalistas que lo están matando. Sin hacer respetar siquiera la constitución mexicana, ni los derechos que tenemos sobre nuestros territorios, sin cubrir los requisitos ni cumplir con los procedimientos que marcan las leyes y mucho menos con el de por sí endeble derecho a la “consulta” indígena.

A todo este siniestro escenario nosotros le llamamos literalmente una guerra de conquista, porque cuando no estamos de acuerdo nos reprimen con grupos de choque, paramilitares, militares y policías; invaden y ocupan nuestros territorios destruyendo todo lo que es nuestra vida, tejiendo un sistema mundial que no se puede sostener sin la explotación, el despojo y la cruenta represión.

Para nosotros y nosotras, tanto el acuerdo presidencial, como las obras de infraestructura y proyectos que pretende cobijar, no tienen otro fin que favorecer intereses económicos de gran alcance, inmorales y desmedidos; se trata, pues, de una descarada y oscura corrupción, continuación de la que hemos vivido en décadas.

Es por eso que estamos en alerta y denunciamos el carácter ilegal, autoritario, corrupto y neoliberal del acuerdo capitalista del mal gobierno mexicano, al que no tengan duda, resistiremos y sabremos derrotar.

Atentamente
Diciembre de 2021
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Más Un México Sin Nosotros
Comisión de Coordinación y Seguimiento del
Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno

A los pueblos de México y del mundo,

A los medios de comunicación:

1. Mega proyectos y represión a los pueblos de la región de Cholula, Puebla, y al pueblo Zoque de Chiapas.

La Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno, denunciamos que la disputa por el territorio indígena para la extracción neoliberal, despojo y privatización de la tierra, impulsada por el mal gobierno federal mexicano y los gobiernos de los estados, se está apoyando en la represión oficial y el terror profesional, perpetrado por policías, grupos delincuenciales y paramilitares que dejan a su paso un terreno fértil para la apropiación capitalista, sea con la represión selectiva, como en el municipio de Juan C. Bonilla, en la región nahua cholulteca de Puebla o con la complicidad con grupos armado, como en la región zoque al norte de Chiapas .

Alertamos de la implementación de la guerra paramilitar para llevar la violencia al norte del estado de Chiapas, en torno a tierras aledañas al volcán Chichón, en el municipio de Chapultenango, Chiapas, en medio de una creciente presión para la explotación minera, geotérmica y petrolera a la que las comunidades organizadas han hecho frente y logrado detener.

En ese contexto se dio el cobarde ataque paramilitar sufrido por hermanas y hermanos del pueblo zoque, en el municipio de Chapultenango, Chiapas, el pasado 21 de noviembre, a partir de las 10:00 horas; mediante una acción coordinada un grupo armado atacó la comunidad de Esquipulas Guayabal. Alrededor de 20 personas encapuchadas dispararon armas de grueso calibre a la comunidad, provocando el desalojo forzado y el desplazamiento de 35 familias a la cabecera municipal.

Denunciamos que el gobierno neoliberal mexicano, a través de sus instituciones agrarias, propicia graves conflictos por la propiedad y posesión de la tierra, tolera la formación de grupos paramilitares que asedian el territorio zoque del volcán Chichón, al mismo tiempo que propician la privatización de la tierra colectiva mediante el programa PROCEDE bajo nuevos nombres, que con mecanismos fraudulentos fomenta el despojo y el conflicto.

Exigimos el desarme y desmantelamiento de los grupos armados que operan en el municipio de Chapultenango, Chiapas y reiteramos nuestro rechazo a los megaproyectos de muerte que el gobierno federal pretende imponer a costa de lo que sea, incluso la vida nuestros pueblos.

Denunciamos también la represión y persecución en contra de las y los compañeros de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y del Izta- Popo, quienes en defensa del agua en el estado de Puebla, agua que está siendo fuertemente ambicionada y disputada por los intereses industriales y particularmente extractivos por parte de la empresa Bonafont, resisten y se organizan de una manera ejemplar.

Condenamos la cobarde detención de los comunicadores Alejandro Torres Chocolatl y Michel Torres, de Radio Comunitaria Zacatepec, por parte de policías municipales al servicio del presidente municipal José Cinto Bernal, quien ordenó su detención, después de que un grupo de choque irrumpió en una asamblea en la que se discutía la reapertura de las oficinas del Registro Civil.

Saludamos la digna resistencia de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y del Izta- Popo, que desde el 22 de marzo bloquearon el acceso a dicha planta de la empresa Bonafont, que sobre explotaba los acuíferos de la región y el 8 de agosto la tomaron para convertirla en “La Casa de los Pueblos”.

Exigimos que cese el hostigamiento, represión y persecución por parte del mal gobierno neoliberal de Puebla, que junto al gobierno federal, pretende imponer a toda costa los proyectos capitalistas que devastan el medio ambiente, privatizan y contaminan la vida, para convertirla, de una forma corrupta e inmoral, en la mercancía de unos cuantos.

Atentamente

Diciembre de 2021

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos

Nunca Mas un México Sin Nosotros

Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno