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(Español) “La autonomía es todo”: una entrevista con el preso político indígena José Antonio Arreola de Nahuatzen

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La siguiente es una entrevista con el preso político indígena José Antonio Arreola Jiménez, uno de los tres presos políticos de la comunidad p’urhépecha de Nahuatzen, Michoacán, que actualmente están cumpliendo sentencias de siete años basadas en delitos inventados. La entrevista fue realizada a finales de noviembre por Scott Campbell, un colaborador de IGD.

¿Puedes presentarte y hablarnos un poco sobre ti?

Sí, mi nombre es José Antonio Arreola Jiménez. Soy originario de la comunidad indígena de Nahuatzen, Michoacán. Nahuatzen es una comunidad indígena que está enclavada en el corazón de la Meseta Purépecha. Tengo a mi esposa y tengo cinco hijos.

¿Puedes compartir con nosotros algunos detalles sobre Nahuatzen, su lucha, y tu papel en esa lucha?

La lucha de Nahuatzen comenzó en el 2015, cuando el último presidente municipal se nos fue impuesto por el gobierno del estado, por Silvano Aureoles Conejo. Entonces, este Miguel Prado Morales, que es su nombre, él llegó con más de veinte o treinta gentes armadas fuera de la comunidad, manifestando que era su policía particular, que era su escolta. De lo cual, a nosotros, como comuneros, nos pareció mal porque dentro del pueblo no hay necesidad traer armas, no somos gente de pelea, de armas. Somos gente de trabajo, gente pacífica. Eso fue, más que nada, lo primordial.

Entonces, un día se les pidió audiencia al presidente este, la cual se nos dio y le pedimos que queríamos que la seguridad fuera de la comunidad de Nahuatzen, resulta que dijo que sí, pero posteriormente ya no quiso. Cuando al día siguiente nos citó para presentar a los elementos de seguridad, se nos hecho encima toda su familia, todo el ayuntamiento. Entonces, hubo una revuelta, hubo un conflicto y hubo descalabrados y golpeados. Pero en ese momento, la comunidad decide hacer una reunión, una asamblea general, y desconocer al ayuntamiento. Entonces, nosotros ante un auditorio público en la plaza principal, hicimos esta asamblea.

Yo soy un representante de nosotros. La comunidad de Nahuatzen se rige por cuatro barrios: primero, segundo, tercero, y cuarto. Su servidor, represento el barrio primero. Entonces, el día que se hizo la asamblea, se llevó a cabo la propuesta para los compañeros. Déjame decirte que yo era suplente, yo no era concejal mayor, yo era suplente. El concejal mayor de mi barrio en ese entonces éramos nada más cuatro, éramos un concejal por barrio y un suplente. Entonces nos dimos cuenta que él que estaba propuesto como encargado de mi barrio, el representante de mi barrio, pues tenía vínculos con el crimen organizado. Se decidió hacer una reunión y retirarlo y yo subí al representante del barrio. Yo soy el representante del barrio primero y me encargo de la seguridad de la comunidad. Cada concejal tenemos una tarea, entonces mi cargo, que yo tengo, o que yo tenía, era la seguridad del pueblo de Nahuatzen.

José Antonio Arreola

¿A qué condena te enfrentas y cuál es la situación de tu caso?

La condena que se nos dio es de siete años por sabotaje. Explico que el sabotaje no existe, es una condena que se le da a personas como yo, que peleamos por un movimiento social en común, por los derechos humanos de la comunidad indígena en particular. Porque si tuviéramos que haber defendido una ciudad o algún otro pueblo, posiblemente no accedió al sabotaje, pero como es una comunidad indígena, como es también de saber que, en el 2017 la Suprema Corte nos da el fallo a favor de que fuéramos una comunidad indígena y nos da la libre determinación, la autonomía, y el autogobierno, entre otras cosas, representatividad en el gobierno del estado y en el gobierno federal. Entonces, prácticamente fue una lucha que, con esa resolución de la Suprema Corte de la Nación de México, ganamos. Ganamos todo lo que estábamos luchando. Fue una situación muy difícil, que el gobierno del estado con su nuevo gobernador nos echó más encima todavía, incluyendo policías estatales, municipales y políticos allí de la comunidad porque hay unos que están con políticos todavía.

La Suprema Corte nos dio una resolución en el 2017, cuando nos reconoce como comunidad indígena y autónoma. Somos autónomos. Simplemente que el gobierno del estado ha estado imponiéndonos el ayuntamiento. Existe el Concejo en Nahuatzen, el ayuntamiento no debería de existir en Nahuatzen, pero ese es el pleito político que tenemos. Entonces el ayuntamiento no debe de existir en nuestra comunidad de Nahuatzen. Más bien, está impuesto por el gobierno del estado.

Te comento que el sabotaje realmente no existe. Nos dieron siete años con beneficio de tres y medio. Entonces se nos inventa un delito el gobierno del estado, junto con el ayuntamiento y los partidos políticos de nuestro pueblo, nos inventaron un delito en donde nosotros robamos un camión de volteo y dos Tsurus, despensas, de lo cual no pudieron comprobar nada, el de dos Tsurus y el camión de volteo. El camión de volteo, comentarles que es con lo que recolectamos la basura, y los dos Tsurus es donde se movía la ronda comunal, que es la seguridad que nosotros tenemos registrada en nuestra comunidad. No es policía municipal ni estatal, se llama ronda comunal porque son puros comuneros del pueblo de Nahuatzen. Entonces, nos inventan un delito, el cual que no ha sido comprobado.

En coordinación también con los jueces, incluso de un ministro de Morelia, del estado, de la capital, dicen que somos culpables, entonces nos tienen encerrados desde el 14 de noviembre de 2018, y pues esa es la situación de lo que se nos acusa.

¿Cómo pueden ayudar los de fuera a apoyar tu lucha por la libertad?

Las personas, como ustedes, como organizaciones, como la comunidad de mi pueblo, en lo que nos pueden ayudar, nos pueden ayudar en presionar la Suprema Corte para que ya resuelva, pues el caso de nosotros se fue hasta la Suprema Corte. Lo tiene allí un ministro del apellido Pardo, entonces legalmente ya está fuera de tiempo, ya debería de haber resuelto en este mes, pero yo no sé por qué no ha pronunciado todavía. Entonces, esa es la ayuda que podemos recibir de ustedes de afuera, que se le mandan cartas al ministro que se le presione, y más que nada ayudarnos a tener una manifestación fuera de la Suprema Corte.

[Ver la alerta de acción de la Federación de la Cruz Negra Anarquista para obtener información sobre cómo ponerte en contacto con la Suprema Corte y hacer donaciones para apoyar la lucha en Nahuatzen].

¿Puedes compartir con nosotros un poco de cómo es la vida dentro de la cárcel?

Sí, decirles cómo está, es que la vida aquí es muy difícil. Cuando uno es en contra del sistema, del gobierno, tiene muchas carencias, muchas más de las que los compañeros pueden tener. No es muy fácil acceder a medicamento, a comida, a ropa. Entonces, de recién de que llegamos los mismos custodios, golpes, abuso del gobierno, pero en el momento en que se dieron cuenta que es realmente el gobierno del estado en lo que nos estaba inventando el delito, pues como que comprendieron ellos también y a conocernos un poco más, miraron que no somos personas problemáticas, más que nada.

Sí, comentarles que aquí para acceder a un medicamento tiene uno que comprarlo. Y lo curioso, que los mismos doctores de aquí, todos tienen una farmacia, entonces ellos mismos te lo venden. Aquí ha habido accidentes muy grandes, donde se han muerto compañeros por falta de un medicamento, por falta de un doctor. Entonces, creo que es muy triste vivir una situación aquí. Y, como nosotros, hay muchos compañeros que no deben de estar aquí o no deberían de estar aquí, pero el gobierno del estado y el sistema así se maneja. No agarran a quien es, pero sí, al que no la debe.

Pues, es muy difícil la vida aquí dentro de la cárcel. Yo pienso que muchas veces se le hace muy fácil a la gente decir que le den muchos años de cárcel o que se pudren en la cárcel, por esto, por alguna acción que han cometido los compañeros. Pero no se dan cuenta que creo yo que con cinco o un año, cinco, seis, siete años, creo que es suficiente para pagar muchísima condena. Porque aquí es  la situación diferente, que no en veces te dejan pasar cobijas, estás con una o dos, tienes frio, o los cuartos están totalmente agujerados, no hay electricidad, no hay muchas cosas a las que tengas acceso.

¿Qué significa la autonomía para ti y para Nahuatzen?

La autonomía, ¿qué significa? Pues, es la separación de nuestra comunidad, de quitarnos el yugo, de quitarnos el pie de encima del gobierno del estado. De autonomía significa ser libre, significa poder decidir tú con la gente en que gastan tu recurso, cómo hacerlo, porque todo el ayuntamiento que ha pasado más de cien años por la comunidad de Nahuatzen ha robado a manos llenas. Decirles que en las alturas hay gente que literal se sigue durmiendo en el piso, gente que en verdad necesita un tejado o un piso donde poder poner una cama para dormir, una cocina donde puede cocinar bien, y no la hay. Se necesita empleo, se necesita economía, se necesita mucha educación, muchos doctores.

Entonces, es en la autonomía, el ganar la autonomía para Nahuatzen es todo, y para un servidor también es lucha de varios años de seis, siete años ya de lucha que no vamos a dejar de hacerlo hasta que logremos terminar el proyecto, porque este es un proyecto, no es algo que se termina en uno, dos, tres años, no. Quedó que vamos empezando nuestro proyecto. Desafortunadamente nos tomaron presos, pero no nos han dejado trabajar, nosotros estamos convencidos primeramente que la Suprema Corte va a dar el fallo a favor y vamos a regresar siendo autoridades en nuestra comunidad y vamos a seguir manejado el recurso, el cual significa mucho. Significa todo. Significa la ayuda a los necesitados. Eso es la autonomía, es lo que significa para nuestra comunidad, para la mayoría, y para un servidor.

Déjame decirte que a nosotros nos da mucho orgullo ser punta de lanza en la Meseta Purépecha. Somos los segundos, Cherán fue el primero, que es una comunidad hermana de nosotros, y que colindamos con ellos. Para nosotros ser la autonomía es ser punta de lanza en Nahuatzen en donde ya ahorita si tú te fijas o si te das cuenta, ya no somos dos, las comunidades indígenas autónomas, ya son varias, son Santa Fe de la Laguna, Pichataro, Comachuén, Sevina, Turícuaro, Arantepacua, y prácticamente del municipio de Nahuatzen son ya cinco o seis, fuera de ella están cinco o seis más. Significa que este es un movimiento muy bueno. Creo que, en su momento, Pichataro lo vivió y lo han vivido varias comunidades más, pero gracias al no bajar la mano, gracias al estar enfrentándose al gobierno, al sistema, creo que hay muchas comunidades hermanas que se están levantando también y creo que están en su derecho de ser autónomos.

¿Qué conexiones ves entre tu caso y la lucha en Nahuatzen con los de otros presos políticos indígenas, las luchas por la autonomía y la política estatal de represión?

La conexión es siempre la misma. Dar, echarle con todo, con todo el corazón, con todas las ganas del mundo, para que tus hijos y los hijos de tus hijos tengan un futuro mejor, tengan mejor estructura, mejor obra, mejor educación, mejores escuelas. Y que sus padres tengan un trabajo, un sueldo, una economía, que nuestro pueblo tiene una economía estable. Ahorita decirte que de los cien por ciento comuneros que hay en Nahuatzen, el veinte por ciento trae dinero, entonces ochenta por ciento no lo trae o no lo tiene. Nuestra idea, la ideología de su servidor es que dentro de a tardar a dos o tres años, dejándonos trabajar como se debe, el ochenta por ciento trajera dinero, tenga dinero, y el veinte por ciento nos falta por tenerlo.

Creo que mientras no bajen las manos, mientras tenga uno la respiración en el cuerpo y el corazón latiendo no debe uno dejar luchar porque es un orgullo ser un luchador por tu pueblo, por tu comunidad.

¿Hay algo que te gustaría añadir que no hayamos tocado?

Mira, solamente, esta cuestión de la autonomía es mucho sentir, pero sí me gustaría añadir que llegamos hacer la comunidad más segura del estado de Michoacán, ya que nosotros mismos nos cuidamos, nos autoprotegemos. Decirte que nosotros, en cuatro meses que nos lleva la oportunidad a trabajar y con el recurso que se nos dio en ese momento hicimos más obras públicas de lo que hizo en setenta años los partidos políticos en la comunidad. Bajamos el drenaje, el drenaje para nuestro pueblo, pusimos red eléctrica a nueve colonias, las más abandonadas, pusimos cuatro calles, dimos más de trescientos empleos. Entonces, creo yo que esto es un movimiento social y común bastante fuerte. El orgullo de todos nosotros debe de ser que somos indígenas y que debemos demostrar que no por ser indígenas no sabemos gobernar, no podemos gobernar. Creo que el gobierno se equivocó al enfrentarse con nosotros y no ayudarnos, al no darnos la oportunidad como nos dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando decidió darnos la autonomía. Ella en la federación confió en nosotros, y no la estamos defraudando.

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Radio Kurruf

(Español) [Comunicado] Weichan Auka Mapu reivindica dos sabotajes a faenas de monocultivo forestal en Toltén y Carahue

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Durante la presente jornada se conocieron dos hechos en la región de La Araucanía relacionados con ataques a plantaciones de monocultivo forestal en comunas de Toltén y Carahue, resultando maquinarias e instalaciones destruídas avaluadas en doscientos millones de pesos según la organización mapuche. A continuación compartimos comunicado enviado a la radio.

Wallmapu, 01 de diciembre.

«Con pérdidas económicas de más de 200 millones de pesos ,se vieron afectadas empresas contratistas forestales ,en ataques simultáneos durante la madrugada de este miércoles, perpetrados por la Organización mapuche armada WEICHAN AUKA MAPU.

El primer ataque tuvo lugar en la comuna de Toltén, específicamente en el fundo Lumahue, propiedad de forestal ARAUCO, donde un grupo de weichafes procedió a encender una torre de madereo, un procesador, un rodillo de tramas y un comedor para los trabajadores forestales.

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Avispa Midia

México: Mujeres chontales resisten al despojo anunciado de su territorio

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Por Santiago Navarro F

Silvia Ramírez Nolasco nació en la comunidad de Santa María Zapotitlán, en el estado de Oaxaca, al sur de México. Ella conoce cada vereda de su territorio, las flores y las plantas medicinales que convergen con la calma del bosque. Ella habita la parte alta del pueblo Chontal, dónde los primeros rayos del sol contrastan con el blanco de la neblina presurosa que va danzando al ritmo del viento. Saca de su morral un radio walkie talkie y se comunica de montaña a montaña con las autoridades agrarias de su comunidad y avisa, “todo está bien”.

Su mirada es atenta y profunda, siempre está alerta. Su radio es parte de su responsabilidad. Cuenta con el respaldo de sus hermanas chontales, mayores y menores que ella. Es concejala de la Asamblea del Pueblo Chontal e integrante del Comité Regional de Mujeres Chontales. “Tuve que aprender a reconocer mi territorio cuerpo como mujer. A cuidarlo y defenderlo. Porque antes, los hombres no nos tomaban en cuenta, la mujer solo servía para los hijos y las labores del hogar. Todas hemos tenido que aprender a luchar para hacer entender, a los hombres, que las mujeres somos parte de la comunidad y que sabemos asumir un cargo”, dice la concelaja.

En las comunidades chontales más mujeres se suman a las tomas de decisiones y van asumiendo cargos como autoridades tradicionales. Aunque la lucha de Silvia, y de las mujeres con las que ha caminado, no solo se reduce a procurar espacios en las asambleas comunitarias (máxima autoridad de los pueblos originarios), sino además se han organizado, “para defender el territorio tierra y el territorio cuerpo en conjunto, porque son uno mismo; es una necesidad porque está en riesgo”, cuenta al equipo de Avispa Midia.

El riego al que se refiere Silvia es porque, desde el año 2018, se enteraron que más de 5 mil hectáreas del pueblo chontal, específicamente cinco comunidades agrarias, están concesionadas a una empresa llamada Minera Zalamera S.A de C.V., filial de la canadiense Minaurum Gold Inc, cuyo objetivo es extraer oro, plata, cobre, zinc y plomo. “Desde entonces toda la comunidad se puso en alerta y las mujeres, pues, somos las que más hemos trabajado para informarnos. Hemos tomado conciencia de que es necesaria nuestra participación. Es necesario prepararnos para defender nuestra memoria, nuestra historia, nuestro territorio que nos heredaron nuestras ancestras y ancestros”, agrega.

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La Verdadera voz del Amate

(Español) Denuncia de nuestros compañeros presos en lucha German y Abraham Lopez Montejo de la organización La Verdadera Voz Del Amate

 

Arbelino Sanchez Perez

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Avispa Midia

(Español) Pueblos de los Valles de Oaxaca se oponen a consulta de la minera Cuzcatlán

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Por Avispa

Foto: Santiago Navarro F.

Comunidades zapotecas de San Pedro Martín y San Pedro Apóstol, en el Valle de Ocotlán, Oaxaca, se posicionaron en contra de la realización de una consulta indígena que pretende realizar la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart), como parte del procedimiento llevado a cabo por la minera canadiense Cuzcatlán, que busca autorización de dicho órgano ambiental para ampliar su área de explotación de oro y plata en la región, con el llamado proyecto minero San José II. Desde 2009 la minera explota los metales preciosos, cuya sede esta en la comunidad de San José del Progreso.

En un documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, a los titulares de la Semanart, María Luisa Albores, y de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier Carillo, las comunidades comunican a los representantes del gobierno que ya han decidido “no permitir en nuestros territorios ningún proyecto minero”.

La Semanart en un comunicado de prensa, el 11 de noviembre, anunció que ya trabaja en la organización del proceso de consulta indígena a comunidades zapotecas de la región de Valles Centrales de Oaxaca.

Sin embargo, las comunidades exigen que se respete la decisión ya tomada por sus asambleas. “Nuestros municipios, ejidos y comunidades ya nos hemos consultado, por lo que le solicitamos respete nuestra decisión y no intente imponer otra consulta, que en base de las experiencias dadas en torno a las consultas, atenta en contra de la auto-determinación de nuestros pueblos, y busca ser un mecanismo dizque democrático e inclusivo para legitimar el proyecto de ampliación San José II”.

La decisión de las comunidades se justifica por la contaminación que ha generado la minera en sus aguas, suelo y aire.

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Además, se ha instalado un conflicto social en la región que ha dejado muertos. Las comunidades conviven con el “crecimiento del crimen organizado, el consumo y la distribución de drogas así como una ola de asesinatos con violencia, unos de los últimos es el de un trabajador minero en las puertas de la empresa y otro en un pozo de exploración de la compañía”, argumentan.

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“Presión asfixiante”

El 6 de julio de este año la Semanart a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental negó la solicitud de manifiesto de impacto ambiental en su modalidad regional del proyecto denominado San José II que presentó la empresa. El objetivo es ampliar por 10 años más la operación del proyecto minero. La dirección tuvo desde 3 de septiembre de 2020 la tarea de revisar este proyecto y después de extender por varios meses la revisión decidió no autorizarlo.

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“Y cuando parecía que Cuzcatlán no tenía margen para revertir la resolución tomada por Semanart viene una campaña agresiva de la empresa que va desde la presión en las calles de los trabajadores que son sacados por medio de amenazas de despido si no participan en las movilizaciones a favor del proyecto”, sostienen en su comunicado, hasta una “presión asfixiante del poderoso lobby minero que se ha encargado de poner de rodillas a la Semanart y ante esta presión la secretaría decide abrir un proceso de consulta que ahora quiere vender como un ejercicio democrático y legítimo”, dicen.

La minera Cuzcatlán es “una empresa con un enorme poder de corrupción, con un poder económico aplastante y que tiene acuerdos con todos los partidos políticos, con todos los actores políticos de la región y que además tiene como operadores a un ejército de caciques regionales expertos en estrategias políticas legales y no legales para lograr la continuidad de este asqueroso proyecto”, sostienen las comunidades.

¿Contradicción?

En su comunicado, las comunidades apuntan contradicción en las acciones de la Semanart. El órgano ambiental pone a consulta de los pueblos la continuidad de un proyecto que él propio negó su continuidad, por reconocer “la violación de una serie de derechos además de una serie de irregularidades de parte de la empresa que generaran daños”, sostienen.

Los pueblos ya han decidido. “No permitiremos que se establezca ningún mecanismo de despojo como la consulta. Nuestros pueblos ya han decidido y hemos dicho no a la minería. Hemos decidido defender nuestra tierra y no le pondremos precio”.

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Prensa Comunitaria

(Español) Detrás del caso de Nanci Sinto podría haber una estrategia del MP para callar a voces opositoras

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Créditos: Nanci Sinto, activista maya kaqchikel fue detenida señalada del daño al patrimonio cultural. Foto Regina Pérez
Tiempo de lectura: 7 minutos
La activista Kaqchikel Nanci Sinto se suma a la larga lista de personas, entre políticos y defensores de derechos humanos criminalizados por Consuelo Porras, que podría tener como objetivo callar liderazgos y voces disidentes.
Por Regina Pérez

Un día antes de que las mujeres salieran a las calles para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a exigir el cese de la violencia en su contra, el Ministerio Público (MP), dirigido por Consuelo Porras, coordinó la detención de la activista maya Kaqchikel Nanci Paola Chiriz Sinto, señalándola de haber participado en las pintas al Congreso el 21 de noviembre de 2020, durante las manifestaciones en contra de la aprobación del Presupuesto 2021.

La captura de Sinto generó varias reacciones en las redes sociales, principalmente de solidaridad en las que varias personas criticaron el hecho de que se le detuviera cuando ella fue víctima del abuso policial que se vivió ese día y que hasta la fecha no se observan avances ni indicios de que el MP presente un caso contra los responsables de las violaciones a los derechos humanos en contra de los manifestantes.

El delito bajo el cual la Fiscalía de Delitos contra la Vida coordinó la detención de Sinto y del pintor Juan Francisco Monroy fue el de depredación contra los bienes culturales. La jueza Lluvia Velásquez Soto los ligó a proceso y les otorgó arresto domiciliario, con la condición de pagar una fianza de Q5 mil.

El pintor Juan Francisco Monroy y la activista Nanci Sinto fueron ligados a proceso. Foto Regina Pérez

La audiencia que empezó a las 2:30 de la tarde culminó casi tres horas después. Fue una larga jornada en la que Sinto recibió varias muestras de solidaridad, tanto en la Torre de Tribunales como en las redes sociales. Al final del día y tras recibir la resolución de la jueza, una guardia del Sistema Penitenciario le quitó las esposas y fue puesta en libertad.

Visiblemente emocionada, Sinto abrazó a su hermano, quien la acompañó desde que llegó a la Torre de Tribunales. Afuera la esperaban varias personas para mostrarle su apoyo.

No obstante, aunque salió libre tendrá que enfrentar un proceso penal, que sigue su curso con la audiencia de etapa intermedia fijada para el 9 de febrero, donde el MP presentará los medios de investigación en contra de ella y de Monroy.

De acuerdo con declaraciones de Sinto, el allanamiento en su casa empezó alrededor de las 6 de la mañana. Ni la Policía Nacional Civil (PNC) ni el MP quisieron confirmar si ella estaba entre las personas detenidas por los hechos ocurridos el 21 de noviembre de 2020, pues la única información que circulaba era la de un medio afín al gobierno.

Alrededor de las 11 de la mañana, la activista fue llevada a la Torre de Tribunales. En la carceleta dijo a los medios de comunicación que no era ninguna delincuente y que los que deberían ser detenidos son quienes violentaron los derechos de los manifestantes durante el 21 de noviembre de 2020. Ese día las fuerzas policiales arrojaron gases lacrimógenos contra las personas que protestaban en la Plaza de la Constitución, reprimieron y golpearon a periodistas, activistas y manifestantes frente al Congreso.

“Quiero decir que no soy ninguna delincuente, no le hice nada al Estado ni a nadie, más bien el que daña la vida digna de esta población es el mismo Estado y hoy quienes tendrían que estar presos están libres, y ojalá así como nos han ido a buscar a quienes manifestamos de forma legítima, así busquen a aquellos veteranos que defendieron el privilegio de las élites, que quemaron el Congreso, vehículos, a ellos también”, afirmó la defensora de derechos humanos de manera contundente.

Ella se refería a los disturbios provocados por militares retirados que el pasado 19 de octubre causaron destrozos dentro del Congreso y quemaron varios vehículos.

La detención de Sinto y Monroy se suma a otros casos similares ocurridos en 2021, como la captura del exsuperintendente de la SAT, Francisco Solórzano Foppa, el exanalista de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Aníbal Argüello, el integrante de Centinelas, Misael Méndez, el manifestante Rudy López, acusado de depredación de bienes culturales, así como el acoso judicial contra periodistas comunitarios en El Estor y otros.

Rudy López, un manifestante mam fue detenido tras una manifestación el 12 de octubre señalado de dañar el patrimonio cultural. Foto Regina Pérez

Estrategia de silencio y mensaje de represión

El exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa, quien fue detenido en mayo pasado bajo varios cargos que no pudieron ser probados por la Fiscalía de Delitos Electorales, opinó que el caso de Sinto muestra que hay un mensaje continuo de represión por parte del Ministerio Público.

También podría ser parte de una estrategia de persecución y uso del derecho penal desde el MP para perseguir voces críticas al gobierno. “Ya se había publicado anteriormente que la Fiscalía que llevaba el caso de Nanci no estaba investigando a los policías, a la cadena de mando dentro de dicha institución o dentro del Ministerio de Gobernación, sino que únicamente se estaba dedicando a investigar a los manifestantes”, señaló Foppa al preguntar si este se trataba de un caso donde se usa el derecho penal para callar a opositores.

Esta situación, a su criterio, es preocupante, porque hay dos personas que durante las manifestaciones de noviembre de 2020 perdieron un ojo y que se supone que la Fiscalía debería de estar investigando esos hechos. “Sin embargo, lo que estamos viendo es que se están usando todas esas pruebas para perseguir y montar casos como el de Nanci, sinceramente veo que son casos muy mal armados…solo de ver las imágenes no creo que haya delito, no se daña el patrimonio con pintarlo”, manifestó.

Sinto dijo a Prensa Comunitaria que vincula su captura a la estrategia de silencio que el Estado quiere implementar contra la ciudadanía y la población en general, “en el sentido de que no nos sigamos organizando y que no sigamos manifestando en relación a los actos de corrupción y de violencia contra los derechos humanos en El Estor y en otros territorios Q’eqchi’, la aprobación del Presupuesto y la persecución contra jueces y periodistas…”.

La activista señaló que la estrategia del Estado para reprimir es estructural e histórica, “lo que están generando es perseguir a todas y todos, no necesariamente tienen que ser activistas, creo que hay una forma de reprimir a quienes no coincidan con la forma del Estado de vulnerar nuestros derechos, también se criminaliza de distinta forma a los ciudadanos o líderes, no quiero minimizar lo que me está sucediendo, pero sí hay otras estrategias muy violentas como lo que vemos en El Estor con los desalojos, es otra forma de criminalizar”, dijo.

Por su parte Foppa destacó que ve una intención y un mensaje continuo, permanente y sistemático de parte del MP de represión hacia las distintas personas que deciden manifestarse contra el Estado “y esto viene orquestado desde el gobierno, en contubernio con las altas autoridades del Organismo Judicial”.

La activista maya Kaqchikel también cree que hay una estrategia más sutil “que no deja de ser criminalización y violenta, es el uso del derecho penal”, refirió.

Norma Sactic, directora la Asociación Política de Mujeres Mayas (MOLOJ), considera que detrás de la detención de la activista está que el gobierno actual ha iniciado una persecución en contra de liderazgos. “Sabemos que hay medidas de control a todos los que estamos denunciando o haciendo acciones en este caso a favor de las comunidades, de poder fortalecer sus procesos organizativos, es una de esas acciones de monitoreo”, indicó.

Sactic también resaltó la militancia política de Sinto, quien fue secretaria nacional de Juventud del partido político de oposición Winaq, aunque actualmente ya no forma parte de dicha agrupación.

Entérese más aquí:

Objetivo es callar a la ciudadanía

Solórzano Foppa concordó con que este caso puede ser utilizado para infundir miedo en la población que manifiesta por sus derechos. “Ese es el objetivo fundamental y creo que lo que tenemos que tener claro y que no puede haber es retroceder, sabemos que no les queda más que tratar de utilizar el derecho penal para infundir miedo y temor en la población que ejerce su derecho legítimo de manifestación pero no podemos quedarnos callados”, indicó.

Sinto recibió muchas muestras de solidaridad tras su detención, gesto que agradeció. “Eso evidencia mi recorrido político, laboral, académico, también como sujeta política y defensora de derechos humanos, no soy una persona indiferente y ajena”, dijo.

Por otro lado, expresó su preocupación porque a otra persona que esté detenida por el mismo caso en que se le vincula a ella no tenga la misma presión social y con mayor facilidad se le puede dejar en soledad. “Hay que considerar que la represión va parejo, por supuesto quieren desarticularnos por ser líderes o defensores de derechos humanos, pero también hay personas individuales que se han organizado desde su indignación, entonces quieren callarlos”, afirmó.

Para Sactic, el mensaje de la Fiscalía a personas y colectivos es “aténganse a las consecuencias que esto puede pasar ante las diferentes manifestaciones, acciones públicas que se han hecho contra este gobierno, se ve claro que van a ir contra todos para poder callar las diferentes protestas que se vienen haciendo en las calles”.

Durante la audiencia de primera declaración, el fiscal Jorge de León indicó que otras personas están siendo investigadas por los hechos ocurridos el 21 de noviembre de 2020. Además, dijo que están solicitando autorización judicial para acceder a perfiles en redes sociales de estas personas. “Existe una resolución judicial a través de la cual se faculta al MP a requerir información privada de las cuentas de redes sociales de dichas personas y de otras que están siendo objeto de investigación y que el MP vaya individualizando dentro de la presente investigación”, señaló.

Lo afirmado por el fiscal coincide con la línea que Consuelo Porras, jefa del MP, expresó de manera pública en septiembre pasado al indicar que pedir la renuncia de funcionarios o empleados públicos puede constituir un ilícito penal, esto en medio de masivas manifestaciones ciudadanas en su contra y del presidente Alejandro Giammattei, para solicitarle su renuncia.

En un comunicado de prensa, el procurador de Derechos Humanos (PDH) expresó su preocupación por estas detenciones. En el caso de Chiriz Sinto fue una de las personas agredidas en la manifestación del 21 de noviembre como quedó documentado en videos, redes y fotos. La Procuraduría señaló que ella fue vigilada e intimidada en su trabajo y vivienda por un año.

A la fecha, las investigaciones de esta y otras denuncias por violaciones a los derechos humanos de manifestantes y periodista no presentan ningún avance en el MP, puntualizó Rodas en el comunicado.

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Radio Kurruf

[Video-Entrevista] Héctor Llaitul «Un pueblo oprimido tiene derecho a la violencia política para lograr su liberación nacional»

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Recientemente Héctor LLaitul vocero de la Coordinadora Arauco Malleco ha entregado declaraciones respecto del pensamiento y accionar político de la CAM. De qué manera llegan a abrazar la lucha armada como mecanismo de autodefensa frente al extractivismo y la violencia policial. Legitimado por el genocidio y despojo histórico por parte del Estado de chile hacia el pueblo mapuche. Declara:

«Ciertamente nosotros como organización autonomista, que luchamos bajo una propuesta muy clara de la cual hemos dado cuenta en todos nuestros planteamientos, en nuestras declaraciones, en nuestros comunicados, asumimos el componente de la violencia política como absolutamente legítima toda vez que somos o nos sentimos un pueblo oprimido. En materias de territorialidad, en materia de autonomía, de soberanía. Por lo tanto, la violencia no la instalamos nosotros, está instalada desde el momento mismo que hay una ocupación a sangre y fuego, una ocupación político militar de parte de dos Estados en contra de nuestro pueblo.
Nosotros reivindicamos todo el contenido que nos han legado en sus aspectos valóricos, ideológicos, culturales para reconstruir. Y ahí está muy fuertemente esto de la plataforma que hablamos, del control territorial, para la recuperación de las comunidades, la reconstrucción de las Futalmapu y finalmente la reconstrucción del Wallmapu. Entonces cuando nosotros hacemos referencia a esta línea de resistencia, hablamos de sabotaje por la necesidad concreta, histórica y en el terreno, de hacer frente a las políticas destructivas y de acorralamiento de las comunidades que son llevadas adelante por el sistema de propiedad usurpado, principalmente de la industria forestal, entonces hacemos una reivindicación y una legitimización de las acciones de resistencia en ese plano, con el sabotaje.
Nosotros sustentamos por ejemplo el ámbito miliciano o militar de acción acotado a un plano netamente de reconstrucción de nuestro Pueblo, es decir bajo una propuesta eminentemente política, y esto se hace circunscrito a un radio de reivindicación territorial, de reivindicación ideológica y cultural de nuestro pueblo, y no tiene que transitar en otro ámbito que se supone que podría entenderse como la supremacía de lo militar por sobre lo político.»

Héctor Llaitul, vocero CAM, noviembre de 2021.

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Radio Kurruf

(Español) [Comunicado] Werken Carolina Marileo Saravia inicia huelga de hambre en cárcel de Angol

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A través de este comunicado público nos dirigimos a los diferentes lof en resistencia del wallmapu, a los weichafes que estan en lucha directa que estan en contra de las grandes empresas forestales, latifundistas y distintas empresas capitalistas pu peñi pu lamgen compuche las organizaciones sociales y personal individuales que apoyan y simpatizan nuestra causa mapuche:

Kiñe: Nuestra lamgen Carolina Marileo Saravia werken y dirigente del Lof Boyen mapu de ercilla, actualmente en prisión preventiva en la cárcel de angol hace aproximadamente 3 meses en la sección femenina y bien reconocida en el sector de ercilla por ser una lamgen de lucha y firmeza en la recuperación del territorio, así también enfrentando distintos hechos de persecución que le a tocado llevar en el camino de la lucha, persecuciones por parte del estado de chile y de empresas forestales y del ministerio público.

Epu: En el centro penitenciario de angol a formalizados, en muchas ocasiones se ha establecido un diálogo para pedir mejores condiciones carcelarias tanto de forma verbal a través de escritos dirigido al alcaide Rafael Rojas Cidy al director regional en su monto, al Director Leonardo Barrientos y actual nuevo director regional de la Araucanía Diter villaroel, obteniendo nula respuesta de las peticiones hasta el momento que se expone a continuación.- Alimentación propia de acuerdo a las costumbres mapuche asi tambien su preparacion.- Módulo diferente al resto de la población por no conicidir con el tipo de pensamiento y forma de actuar asi como de acuerdo a las costumbres y tradiciones mapuche, en un lugar donde se pueda realizar ceremonia de forma tranquila.- Visita extendida de un horario de 10 a 16 horas 2 veces por semana, entendido de anguna forma la supuesta pandemia en la que siempre se excusa gendarmería pero que todo puede ser conversable para llegar a un acuerdo.- Visita de familiares amigos dentro de la sección femenina en el espacio umi donde se encuentra actualmente mientras se llega algún tipo de conversación satisfactoria de gendarmería.

Kula: Por todo lo expuesto anteriormente y debido a la incapacidad y falta de diálogo por parte de la institución de gendarmería nuestra lamgen a decidido realizar huelga de hambre liquida desde el dia de hoy 22 de noviembre del 2021, solicitando que se le resuelvan sus demandas ya mencionadas y en apoyo a los 6 huelguista del módulo solicitando similares condiciones carcelarias y en la que se encuentra otra miembro de la comunidad Boyen mapu, JuanToro Manquel.Esta huega de hambre liquida y de carácter indefinida o hasta que se de soluciones a sus demandas y toda situación que le ocurra a nuestra lamgen Carolina Marileo Y Juan Toro será responsabilidad Directa de Gendarmeria y del estado debido a las diferentes persecuciones que se realiza a nuestra gente.

Meli: A quienes conocen nuestra lamgen y peñi le pedimos apoyar y manifestarse en favor a su petitorio y dejando en libertad de acción a los peñi y lamgen en apoyo la movilización, cuidándose en tiempo de militarización que existe en diferentes territorios.

Fuera Forestales del Wallmapu y yanaconas.

Libertad a los presos políticos mapuche y de la revuelta social.

Marrichiweu!!»

radio
Avispa Midia

(Español) Pueblos Unidos: Autoridad vinculada a empresas es responsable de detenciones violentas

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Por Samantha Demby

En portada: Pese a la presencia de autoridades locales, personas agredieron físicamente a participantes de asamblea comunitaria convocada por el presidente municipal.

Los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y las Guardianas del Río Metlapanapa, junto con decenas de organizaciones y colectivos, denunciaron la detención arbitraria y actos de violencia en contra de defensores comunitarios, en el contesto de la lucha por defender el agua de la extracción y contaminación por parte de empresas multinacionales en esta región volcánica del estado de Puebla.

En la mañana del domingo (21), la policía municipal de Juan C. Bonilla, Puebla, detuvo a Alejandro Torres Chocolatl y Michel Torres, miembros de la Radio Comunitaria Zacatepec y de Pueblos Unidos. De acuerdo con el comunicado publicado por los Pueblos Unidos, la detención ocurrió cuando se salió de control la asamblea comunitaria convocada por el presidente municipal, el perredista José Cinto Bernal, con el fin de discutir la reapertura del registro Civil de Santa María Zacatepec.

Cabe recordar que la población cerró la alcaldía en febrero de 2020, para protestar en contra de la decisión de las autoridades comunitarias de permitir que las empresas vertieran residuos industriales tóxicos en el río Metlapanapa.

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Pueblos Unidos denuncia que el edil acudió a la reunión con un grupo de choque, compuesto por “un gran número de personas que desde el principio no permitieron el diálogo respetuoso, interrumpiendo a los participantes que expresaban una opinión diferente, e intentado rebatar el micrófono de los participantes”.

Hubo un enfrentamiento físico durante la asamblea que tuvo como saldo varias personas golpeadas y heridas, de acuerdo con el comunicado. Pueblos Unidos señala que el presidente municipal, quien acaba de tomar posesión el 15 de octubre con la promesa de “estar del lado del pueblo”, no intentó controlar la violencia, sino que continuó la asamblea y reabrió la presidencia auxiliar “por la fuerza”.

La asamblea fue resultado de un acuerdo tomado entre Cinto Bernal y las Guardianas del Río Metlapanapa –organización que también participa en el frente de comunidades Pueblos Unidos, que lucha contra la empresa embotelladora Bonafont–, después de que el recién electo presidente municipal intentó abrir la Alcaldía Auxiliar sin consultar a la población.

El edil fue acompañado por personal del Ministerio Público, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (Ceas), aunque el asunto está fuera del ámbito de competencia de esta última, de acuerdo con la información recabada por Somos el Medio.

La Ceas, junto con las autoridades locales, apoyó a las empresas para que iniciaran la construcción de un sistema de drenaje que descargaría los desechos industriales en el río Metlapanapa, a pesar de que el proyecto carecía de permisos de la Conagua o la Semarnat, de acuerdo con funcionarios de las mismas dependencias. Las comunidades afectadas por el proyecto también denunciaron que el titular de la Comisión de Agua en ese momento, Alfredo Ávila Salazar, se desempeñó posteriormente como representante e ingeniero de la obra de drenaje.

Antes del mediodía, los defensores detenidos fueron liberados por las y los pobladores, quienes bloquearon el paso de la patrulla. Desde Altepelmecalli, la Casa de los Pueblos, el comunicador liberado, Alejandro Chocolatl, se pronunció: “Como Radio Comunitaria Zacatepec, estabamos dando transmisión…de todo este evento, y también no nos libramos de ser golpeados, de ser perseguidos, de ser humillados. Porque a mi me tiraron, me golpearon, me dieron de patadas en las costillas, que esto lo voy a denunciar en la Fiscalía”.

Pueblos Unidos agregó en su comunicado: “Sabemos, que las razones del presidente municipal José Cinto Bernal, para abrir la Presidencia Municipal son más profundas que la reapertura de un registro civil: es la venta de las tierras a las empresas, es la contaminación de todos los ríos, es extinguir la resistencia comunitaria”. Y continua: “Desde la Casa de los Pueblos les decimos a los gobiernos corruptos y vendidos: no nos vendemos, no claudicamos y no nos rendimos. Nuestra defensa por lo más sagrado, el agua y la vida, continuará”.

 

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AnRed

(Español) Crónica de una muerte anunciada: cómo se preparó el escenario para asesinar a un mapuche

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Foto: Germán Romeo Pena (ANRed).

Estigmatización y criminalización mediática, encuentros ultraderechistas impulsados por la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras y familias terratenientes, ataques e incendios anónimos en lugares emblemáticos, un cerco del Grupo Especial del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de la Policía de Río Negro, el envío de Gendarmería por parte del gobierno nacional y una política de desgaste por más de 50 días. Estos hechos fueron construyendo el escenario que terminó – poco después de que se levantara el acampe solidario en apoyo a la lof – con el ingreso a Cuesta del Ternero de dos individuos sin identificación que dispararon contra comuneros de la Lof Quemquemtrew, asesinando a Elías Garay y dejando a Gonzalo Cabrera con heridas de bala calibre 22 en su abdomen. Como broche, sectores de ultra derecha festejaron y echaron a las protestas que se realizaron ayer por la noche en El Bolsón. Soraya Maicoño, vocera de la lof, relató: «entraron a matar. Ingresaron dos personas de civil. No sabemos si eran policías, parapolicías o matones del empresario Rocco». Por su parte, Orlando Carriqueo, de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro sentenció: «que no nos vengan hablar de violencia porque los muertos los seguimos poniendo nosotros. La zona liberada es responsabilidad de la policía de Río Negro: o la liberaron o son ellos». Por ANRed.


Cómo se preparo el escenario previo

La Lof Quemquemtrew comenzó la recuperación territorial el sábado 18 de septiembre: «hacemos público y reivindicamos la recuperación territorial del cuadro conocido como ‘Tapera de los Alamos’ en el paraje de la Cuesta del Ternero, deshabitado hace mas de 50 años y a merced de intereses inmobiliarios, forestales e hidricos», anunciaba la comunidad mapuche, y agregaba: «esta porción territorial además de estar muy contaminada viene padeciendo sequías e incendios, situaciones que solo benefician al wingka capitalista, al Estado, y sus funcionarios de organismos como la Dirección de Tierras, de Bosques, del Servicio Forestal Andino, y Enforsa, quienes luego hacen posesión de la tierra y la entregan a empresarios, por lo general, de origen extranjero».

Más tarde, en declaraciones a ANRed, una abuela de la comunidad expresaba: «Nosotros somos preexistentes: no vinimos de afuera, nacimos en este lugar».

Luego de la recuperación territorial, el 24 de septiembre hubo un primer intento del gobierno de Arabela Carreras de desalojar la recuperación con al menos 50 efectivos del Grupo Especial del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de la Policía de Río Negro. Tras la represión, la policía llevó detenidos a varios integrantes a la Comisaría 12° de El Bolsón, a pesar de que había un acuerdo con el fiscal de la causa, de Francisco Arrien, para una audiencia de conciliación.

Ante los hechos represivos, se conformó una amplia red de organizaciones para acompañar a la Lof Quemquemtrew y repudiar la represión. Incluso, el premio Nóbel de la Paz y titular del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) Adolfo Pérez Esquivel se expresó al respecto sosteniendo que «la Lof Quemquemtrew se encuentra en emergencia humanitaria por el accionar violento del Estado». También, a fines de septiembre, hubo una caravana en apoyo a la Lof Quemquemtrew y conferencia de prensa en el acampe humanitario. En tanto, la CIDH pidió informe al Estado argentino por la Lof Quemquemtrew.

En este marco, el pedido de apoyo humanitario y la puesta en marcha de una mesa de diálogo para la comunidad que recuperó territorio ancestral en la Cuesta del Ternero fue rechazada por el juez de garantías Ricardo Calcagno, quien negó el ingreso de alimentos y abrigo a la Lof Quemquemtrew, y consideraba: «entiendo, al igual que el Ministerio Público Fiscal (la fiscal Betiana Cendón), que el ingreso de alimentos consolida la usurpación».

Así se fue instalando un clima de militarización, hostigamiento y racismo, sin garantías para los pueblos originarios con un cerco del Grupo Especial del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de la Policía de Río Negro que llegó a superar los 50 días.

Esto fue acompañado, desde los mediático, con una campaña estigmatizadora y criminalizadora contra los pueblos mapuches y las recuperaciones territoriales, de la que participaron casi todos los medios locales y a nivel nacional estuvo encabezada por un periodismo de comisaría que preparó la represión al pueblo mapuche, de la mano de Clarín (con los informes de Lanata anunciando que «los indios vienen por la patagonia» y que quienes integraban la Lof Quemquemtrew eran una «guerrilla terrorista»), Infobae y La Nación, principalmente, vinculando además los ataques e incendios anónimos en lugares emblemáticos de El Bolsón con las comunidades protagonistas de las recuperaciones.

En el caso del programa «PPT» de Jorge Lanata, el informe construyó y difundió una imagen del «indígena» como el enemigo interno, reforzando de esta manera el discurso del poder, sesgando información y avalando la violencia contra las comunidades. La transmisión del programa ocurrió, casualmente, cinco días después de la desaparición del militante social Santiago Maldonado durante la represión a la comunidad de Lof en Resistencia del departamento de Cushamen, Chubut, de la cual el gobierno actual ni el pasado aún no ha dado respuestas. Este informe cosechó un fuerte repudio de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), que consideró que se trataba de una «campaña de estigmatización hacia el pueblo mapuche, en la que reprodujeron discursos racistas y persecutorios de distintos sectores de la política».

Finalmente, a la campaña estigmatización y criminalización se fortaleció también de la mano de los encuentros ultraderechistas impulsados por la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras y familias terratenientes, en defensa de la propiedad privada y contra las recuperaciones territoriales mapuche. Asimismo, en la previa de las elecciones legislativas, denunció que en el gobierno nacional de Alberto Fernández y en el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI) había cómplices de la violencia mapuche. En aquella ocasión también acusó a otras dependencias, como el directorio de la Administración de Parque Nacionales (APN) que está bajo la órbita del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde el Estado argentino desistió de avanzar en la causa por la recuperación de tierras en Villa Mascardi, ubicada a unos 35 kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Finalmente, el ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández determinó el envío de efectivos de Gendarmería a la zona.

Crónica de una muerte anunciada

Todos estos hechos fueron construyendo en el tiempo el escenario que terminó este domingo 21 de noviembre por la tarde – alrededor de las 15, según los testimonios de los comuneros – con el ingreso al territorio recuperado de Cuesta del Ternero de dos individuos sin identificar – supuestos cazadores – que lograron pasar el fuerte cerco que el Grupo Especial del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de la Policía de Río Negro mantuvo por más de 50 días. Allí, según los testimonios de la Lof Quemquemtrew, estos hombres discutieron con comuneros y efectuaron disparos, asesinando a Elías Garay – cuyo cuerpo aún se encuentra dentro del predio – y dejando a Gonzalo Cabrera con heridas de bala calibre 22 en su abdomen, que luego tuvo que ser intervenido en el quirófano del Hospital de El Bolsón y ahora se encuentra internado y estable.

Como broche del día, sectores de ultra derecha del pueblo de El Bolsón festejaron en las calles el asesinato y echaron a las protestas que se realizaron ayer por la noche en la localidad en repudio al ataque.

El hecho en el cual ayer dos individuos asesinaron a un joven mapuche e hirieron a otro ocurrió inmediatamente después de que el sábado 20 por la tarde el acampe humanitario, que se había instalado en solidaridad con la Lof Quemquetrew, tras 52 días de aislamiento y amedrentamientos, anunciara que se levantaba. Los dos supuestos cazadores ingresaron al lugar a pesar de haber un reten policial que evitaba la circulación de personas. Como dijo un testimonio, al lugar «no ingresaban alimentos ni abrigos pero si las balas». Pero otro dato que agrava el escenario del asesinato es Gonzalo, el comunero mapuche herido por un disparo en el abdomen, se le extrajo una bala de calibre 22 milímetros, que no se corresponde a las armas reglamentarias de las fuerzas especiales COER y que, según testimonios de la lof, había personal de civil disparando. El dato alerta sobre el proceder de las fuerzas de seguridad cuando evitan la identificación para realizar actos ilegales, lo que trae al recuerdo episodios como fue el asesinato de hace unos días del joven Lucas González por parte de efectivos no identificados de la Policía de la Ciudad.

Foto: Germán Romeo Pena (ANRed)

Ante los señalamientos al gobierno provincial de que hubo una zona liberada, Arabela Carreras desmintió por la tarde que hubiera realizado cualquier tipo de operativo policial.

Este domingo por la tarde, desde la guardia del hospital Soraya Maicoño, vocera de la Lof Quemquemtrew, pudo dialogar con Gonzalo Cabrera, quien antes de ingresar a cirugía pudo dar testimonio de los hechos a la vocera, que comunicó: «me contó que entraron dos personas al territorio. Dijeron que estaban cazando, pero en realidad no sabemos si eran policías de civil o parapoliciales o matones de Rocco. Finalmente, se pusieron muy nerviosos y dispararon a matar. Se hicieron los que andaban perdidos en el territorio. Cuando se dieron vuelta y los vieron tenían armas calibre 22. Estos empezaron a ponerse nerviosos y decir ‘quédense tranquilos, si ustedes se quedan tranquilos, nosotros no vamos a hacer nada’. Los lamgen respondieron, ‘entonces, si no van a hacer nada, bajen las armas y váyanse ya mismo del territorio’. Cuando le plantearon eso, estos dos empezaron a disparar. Al lamgen Elías le dispararon de muerte y Gonzalo tiene dos entradas de bala en el estómago’, relató Maicoño.

«Nuestros lamien están resguardados en el monte todavía. Entonces nos preocupa esa situación. La abogada está tratando de convencer a la fiscal que dé una orden para frenar a la policía», agregó la vocera. Finalmente, informó que la policía y la gendarmería mantienen la ruta cortada, y agregó: «mañana (por hoy) se va a intentar entrar al territorio con el lamgen Néstor y luego recién se va a ver cómo continúa la cuestión legal. Hay que presionar en fiscalía para que la gente mapuche pueda llegar al territorio. Exigir que se desmilitarice«.

Silvia de los Santos, abogada de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh) fue contundente sobre el contexto legal en la cual ocurrió el crimen: «el viernes a la mañana intentamos presentar recurso extraordinario federal en el habeas corpus, ya que el superior tribunal de Río Negro rechazó el recurso de casación diciendo que acá está todo bajo el control del poder judicial ‘con las debidas garantías’. En ese recurso estamos denunciando tentativa de genocidio, hoy ya consumada, y tortura. Preguntamos en ese recurso si estaban esperando que aparezcan cuerpos o simplemente que desaparezcan. Denunciamos ya desaparición forzada. No son ‘dos cazadores’. Fue una ejecución parapolicial. Es el estado. Es genocidio. Es tortura. Es lisa y llanamente exterminio. Impotencia de observar cómo la Constitución Nacional no sirve para nada. Como, especialmente, la fiscal Betiana Cendón, y el juez Ricardo Calcagno, al frente de este operativo de exterminio, son quienes fueron junto a criminalística al territorio. La compañera de la persona asesinada denunció la semana pasada violencia de género (acoso) por parte de dos policías del retén. Nada es casual. Esta es una nueva crónica de una muerte anunciada«, destacó.

Con esta observación también coincide Susana Lara, periodista editora de Patagonia Extremo e integrante de la Multisectorial Contra la Represión de Bariloche, quien señaló: «la versión de los cazadores es inadmisible por el cerrojo policial, con efectivos y drones, mantenidos desde los dos intentos de desalojo fracasados. Además, el joven asesinado es el compañero de una mujer mapuche que el 16 de noviembre denunció a dos efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de la policía provincial, por acoso, en el marco de la ley 26585 de prevención y eliminación de la violencia de género, indicó el Colectivo Feminista Nómada. De ser así, la ejecución de la víctima no fue circunstancial ni tampoco la presencia de los cazadores, que contaron con información de inteligencia previa».

Foto: Germán Romeo Pena (ANRed).

En tanto, desde FM Alas, medio comunitario de El Bolsón, informaron: «había muchísima policía, muy enfierrados y con actitud jodida hacia quienes nos presentamos como parte de la prensa y los vecinos. Estuvimos hablando con el oficial que estaba a cargo del COER, Méndez, que no nos atendió, pero sí el subcomisario Zapata, que es el oficial a cargo de la Comisaría 12, que estaba en la delegación de Cuesta del Ternero y hablamos varias veces con él. Negaba todo y no estaba en conocimiento de lo que había ocurrido, incluso no sabía que había una persona muerta, ni de las personas heridas. Negó absolutamente todo. Alrededor de las 22 llegó una ambulancia con gente del Hospital de El Bolsón con gente de comunidades, que habían hecho un arreglo con el fiscal Francisco Arrien para poder acercarse a constatar la muerte del peñi. La policía estuvo largo rato dando vueltas hasta que les dejó acceder, previa llegada de otra ambulancia con la directora del Hospital y un oficial a cargo de la oficina de criminalística. Más allá de que ese no hubiera sido el acuerdo con el fiscal Arrien, siendo que era un solo oficial de criminalística y que se ponía en riesgo la posibilidad de acceder al territorio para conocer la situación dejaron que también subiera. El arreglo con la fiscalía es que hoy luego de las 7 am, después de que pueda llegar también la abogada de comunidad de Fiske Menuco se van a hacer presentes en el territorio el fiscal Arrien y el fiscal adjunto del Bolsón Francisco Torchia y la gente de criminalística, con bastante policía, suponemos. Para esto se harán presentes personas de la comunidad mapuche y organizaciones que acompañan para controlar el ingreso de toda ésta gente al territorio. Las personas que subieron pudieron verificar que había una persona fallecida, pudieron hablar con la gente en la comunidad. El cuerpo está en territorio y hasta que no se hagan las pericias no lo van a mover. Luego de eso, al bajar se decidió que no quedara nadie porque se había organizado un pequeño acampe en el retén policial, sino acompañar el procedimiento de la fiscalía y criminalística», detalló en su informe FM Alas.

Por su parte, Orlando Carriqueo, el werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro, manifestó: «que no nos vengan a hablar de violencia, porque los muertos los seguimos poniendo nosotros. La zona liberada es responsabilidad de la policía de Río Negro; o la liberaron o son ellos«, sentenció con respecto al ataque mortal que desató el grupo de individuos que ingresaron a Cuesta del Ternero. También expresó que hay «discurso de odio del gobierno provincial» a cargo de Arabela Carreras, y agregó: «que no le echen la culpa a la justicia, porque ellos la dominan; hace lo que la gobernadora dice. No quieren sentarse al diálogo y permiten estas cosas. La responsabilidad política es innegable, tanto del gobierno provincial, que se niega a dialogar, quiere resolver las cosas a los tiros y no reconoce una comunidad, como del nacional, por ser tan tibio en esta situación. La Secretaría de Derechos Humanos, con una denuncia en la Comisión Interamericana, no intervino. Esperó a que haya un muerto», remarcó, por lo que consideró que «hay una responsabilidad doble», del gobierno provincial y el nacional.

En este marco, la Lof Quemquemtrew convocó a una conferencia de prensa online urgente desde las 13.20 para dar a conocer la situación actual del conflicto, que será transmitida por la plataforma Zoom, de la que participarán Mauro Millán, longko de Pillañ Mawiza y Nelson Ávalos por la APDH Regional Noroeste de Chubut. El link para participar es https://us02web.zoom.us/j/87121135229 y la ID de reunión: 871 2113 5229.

Al cierre de esta nota, también se anunciaban convocatorias improvisadas en repudio al ataque a la Lof Quemquemtrew.

Hoy por la mañana organizaciones de pueblos originarios, sociales, políticas, sindicales, ambientalistas y de derechos humanos convocaban a concentrar desde las 10 en el acampe que llevan adelante las Organizaciones de Pueblos Indígenas del NOA (OPINOA) frente al Congreso, en la Ciudad de Buenos Aires, para repudiar el asesinato de Elías Garay: «comienzan los desalojos y muertes, a horas del vencimiento de la Ley 26.160», alertan sobre la ley que fue prorrogada por el gobierno nacional por otros cuatro años a través del decreto 805/2021, y que las organizaciones originarias reclaman que sea aprobada como ley por el Congreso.

Asimismo, se convocaba a una movilización para hoy a las 20 en la Plaza Rivadavia de la localidad bonaerense de Los Toldos, en repudio al ataque, convocada por la Lof Epu Lafken y la Comunidad Ñuke Mapu.

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