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La Zarzamora

(Español) Norma Vergara a 28 años de su asesinato ejecutado por agentes del estado chileno

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“Llegaste a ser la enemiga pública número uno en el país. Hace rato que ya eras la nueva mujer metralleta, (no sabes el honor amiga de haber compartido contigo)”.

Cecilia Hayder, Carta a Norma Vergara

Por la Zarzamora

Norma llegó a Santiago siendo una niña, migró desde el campo a la ciudad con su familia de origen, cuando inmediatamente después del 11 de septiembre de 1973 detuvieron a su padre, que siendo miembro del MAPU Obrero Campesino ejercía como dirigente sindical de la zona del Monte -Melipilla.

Llegaron a vivir a la población, Santa Adriana donde vivió su infancia y juventud, de pequeña integró grupos folclóricos y luego en los ’80  comenzó a participar en los centros juveniles de Santiago Sur. Ingresó a participar al Movimiento Juvenil Lautaro donde desempeñó importantes labores de organización, planificación y concretización de la resistencia anticapitalista urbana, entre las cuales se cuenta la recuperación de un camión de reparto de empresas Soprole para ser compartido con los vecinos y vecinas de su misma población.

Norma Vergara fue asesinada en Santiago de Chile en 1993, habiendo cumplido 27 años de edad en el contexto de una operación de aniquilamiento en contra de una escuadra de las Fuerzas Rebeldes y Populares Lautaro (FRPL) ejecutada por La DIPOLCAR.

Como resultado de una intensa labor represiva contra toda actividad político-militar de resistencia anticapitalista, la tarde de aquel fatídico 26 de Marzo, les sorprendieron compartiendo en un restorán en las inmediaciones de San Diego con Victoria.

Cuenta la historia que mientras se subía a un auto junto a otros dos compañeros Norma Vergara Cáceres recibió un impacto de bala en su pecho disparado a distancia. “Pese a ello alcanzaste a sacar tu arma para repeler la muerte que llegaba, siempre dijiste que nunca se las darías fácil” recuerda Cecilia Heyder en su carta a Norma Vergara.

En los 90, al menos sólo durante el gobierno de Patricio Aylwin se estima que fueron asesinadas al menos 33 personas militantes de grupos de resistencia; 13 del Movimiento Juvenil Lautaro, 11 del Frente Patriótico Manuel Rodríguez – Autónomo, 2 de las Juventudes Comunistas, 1 del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y 1 del Partido Comunista.

“Pensaron que con tu muerte física iban a eliminar cualquier vestigio de tu presencia, pero una vez más se equivocaron, ya que no hicieron más que alimentar con tu sangre las semillas de insurrección que rebrotan ahora como rabia organizada, como muchas mujeres que se levantan nuevamente fuera de toda legalidad para levantar el puño y seguir luchando por la dignidad de este país aun en dictadura.

Cecilia Hayder

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Avispa Midia

(Español) Chile: indígenas huilliche defienden río Maullín ante extractivismo inmobiliario

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Por Avispa

Foto de Portada: Alex Vidal BrecasEn el lugar la comunidad leviñanco ta leufu levantó un rewe (sitio ceremonial) donde realizan ceremonias y rogativas.

Federico Valdés Bize

Si caminamos por la región de Los Lagos al sur de Chile, escucharemos hablar del Futawillimapu: el “gran territorio del sur” de los pueblos originarios huilliche-mapuche. Anterior a la colonización española e integración al Estado chileno, es un territorio que persiste y se reinventa. Si ponemos atención, observaremos una constelación de luchas indígenas reivindicando tierras ancestrales y defendiendo territorios de vida ante el avance de proyectos extractivistas.

En estos territorios se enfrentan diferentes maneras de ser, estar y comprender el mundo. Para los proyectos empresariales se trata de espacios con recursos naturales y humanos para la acumulación privada de capital. Para los colectivos indígenas son lugares de subsistencia económica y usufructo, habitación, crianza y reunión social, memoria, creación cultural y conexión con lo sagrado. Son lugares de vida y de reproducción de sus mundos, territorialidades que defienden ante su acelerada destrucción.

La destrucción del bosque en la comunidad autónoma huilliche Leviñanco Ta Leufu ha propiciado la muerte de una gran variedad de aves que habitaban el lugar y sus inmediaciones. Foto: Alex Vidal Brecas

Entre estas luchas de resistencia territorial veremos a la comunidad mapuche Weichan Mapu ante un proyecto eólico en las comunas de Frutillar y Puerto Octay. En la ciudad de Alerce encontraremos la defensa de los humedales urbanos frente a desarrollos inmobiliarios dada por la comunidad Pascual Huanel, el Lof Coñuecar, la Asociación Mapuche Lahuen, la Agrupación Ambiental y Cultural Futa Lawal Mapu y la Comunidad Mapuche Huilliche Pepiukelen. Esta última también ha dado lucha contra las salmoneras en Pargua, Calbuco. Cerca de Osorno presenciaremos la lucha de las comunidades Koyam Ke Che, Leufu Pilmaiquen Maihue, Nehuén Che y Mantilhue ante proyectos hidroeléctricos en el río Pilmaiquen. También podremos escuchar a la Agrupación Mapuche Ecológica Artístico Cultural Weñauca manifestándose en Puerto Varas contra la contaminación del lago Llanquihue y un proyecto hidroeléctrico en el río Maullín.

También percibiremos a la comunidad autónoma huilliche Leviñanco Ta Leufu, ubicada en las afueras de la ciudad de Llanquihue a orillas del río Maullín, defendiendo la tierra y el territorio ante la destrucción cometida por el proyecto inmobiliario de Alto Maullin Spa. Aunque violentada, invisibilizada y estigmatizada, esta comunidad resiste exponiendo sus cuerpos. Sobre su lucha por la vida trata este reportaje, que será publicado en dos partes.

El avance de las maquinarias de la inmobiliaria sobre la ladera del río Maullín arrasó con el
patrimonio cultural y la biodiversidad, destruyendo mas de 5mil metros cuadrados de
bosque nativo. Foto: Alex Vidal Brecas

ι PRIMERA PARTE ι

La comunidad huilliche “Águila Veloz del Río”

El werken (vocero) de la comunidad Leviñanco Ta Leufu (“Águila Veloz del Río”), Luis Navarro Navarro, está sentado en una esquina del amplio salón de la sede vecinal, ubicada en la ciudad de Llanquihue. Mientras su esposa e hijos entran y salen, saludan y escuchan en silencio, con rostros severos de tristeza y terror. Es 22 de diciembre de 2020 y hace unos días debieron abandonar su hogar ante el riesgo vital de gigantescas rocas que caían sobre su casa en la ribera del río, lanzadas por retroexcavadoras del proyecto inmobiliario Alto Maullín Spa. Desde entonces pernoctan en un barrio de esta sureña ciudad, localizada junto al lago del mismo nombre. Mientras nos enseña diversos documentos, que toma de una mesa repleta de carpetas, este hombre de 51 años dice “queremos contar esta historia, de cómo vivíamos y cómo queremos vivir”.

Aylin (10) es consolada por su madre al interior de su ruka, luego de ser testigo durante
semanas, de la sistemática destrucción del bosque donde habitan. Foto: Alex Vidal Brecas

Hace tres generaciones y provenientes de la isla Caguach en Chiloé, más de cien kilómetros al sur, la familia Leviñanco (Águila Veloz) migró para asentarse en la ribera del Maullín. Don Luis, a quien su madre no registró con el apellido Leviñanco por la discriminación, relata:

“Los huilliche somos gente sin punto fijo, nos movemos por el territorio, navegando por el río. Hace cerca de veinte años que hemos recorrido distintos lugares del río Maullín. Vivimos del río y del lago (Leufu Maullín y Kalafken Hueñauca), de la pesca desde el bote y del buceo por apnea. En el lecho del río recolectamos camarones y palos, que sacamos para hacer leña. No talamos los árboles del lugar, sino que los podamos. Además nos dedicamos a la recolección de frutos de avellano, que salen desde la segunda semana de febrero hasta marzo. Hace ocho años nos asentamos en un sector del río, donde ahora vivimos y tenemos este problema. Antes era inhabitable. Nosotros construimos una ruka y levantamos un rehue (vivienda tradicional y sitio ceremonial respectivamente), con orientación de los espíritus. Construimos una casa, una huerta y un invernadero”.

Este es un sitio de significancia cultural de la comunidad huilliche porque el uso consuetudinario del territorio comprende también una dimensión sagrada, según explica el werken:

“Al construir nuestro hogar excavamos con herramientas manuales y encontramos muchos metawes (cántaros de estilo mapuche). Incluso hallamos una cantera de greda. Pero no seguimos excavando, porque son propiedad de la ñuke mapu y los kuyfi (la madre tierra y la gente antigua, respectivamente). Sólo pueden sacarse mediante ceremonia. Aquí todo es templo, las aguas tienen ngen (espíritus), el rehue es nuestra conexión. Este lugar es el mundo del agua: el río Maullín es un mallin, es decir un hualve, humedal y pantano. En esta ladera hay dos trayenkos (cascadas). No vemos el leufu (río) como una cosa, lo vemos como un ser vivo”.

Luis Navarro, werken de la comunidad Leviñanco ta leufu, cuenta que su abuela materna
llegó hace tres generaciones, proveniente de la isla de Chiloé para asentarse en la ribera
del Rio Maullín. Foto: Alex Vidal Brecas

El lof (comunidad) Leviñanco, compuesto por alrededor de 20 personas, reivindica la propiedad del lugar que habita junto a la ribera del río, en sus años de posesión efectiva y también en un documento de “reconocimiento de herencia ancestral mapuche”. En este texto otorgado en 2015 por la autoridad regional huilliche del Cacique de Rahue, se señala que los “mapuches somos dueños legítimos de nuestras tierras por herencia ancestral, porque nuestros antepasados son dueños del territorio Butawillimapu, fundamentado en el parlamento de paz” de las Canoas o Rahue de 1793.

Los caciques huilliches son reconocidos en la Ley Indígena N.º 19.253. Señala este Cacique que “por su antepasado doña María Delfina Leviñanco Unquen, reconozco heredero ancestral y dueño legítimo de sus tierras al peñi Luis Enrique Navarro Navarro”, para luego añadir que “el heredero ocupa con posesión material y posesión histórica 57 hectáreas de tierras” junto al río. Un peritaje antropológico realizado en 2019 por Víctor Venegas, docente de la Universidad de Los Lagos, indica que el werken Navarro “tiene una presentación por estas tierras ancestrales en Conadi” (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena). El argumento de ancestralidad se sustenta en la historia del poblamiento huilliche en el Futawillimapu.

Calendarios y geografías del Futawillimapu

Junto a un estero afluente del río Maullín se encuentra Monte Verde, lugar donde se encontraron restos de un asentamiento humano de 14.800 años de antigüedad -de los más antiguos de América-, cuya evidencia sugiere que sus habitantes se movían por el río extrayendo e intercambiando recursos con otros pobladores del área. Antes de la conquista europea esta cuenca ya era hogar del pueblo junco, quienes junto a otros pueblos huilliches (gente del sur) ocupaban los valles y riberas de los ríos del Futawillimapu, conformando verdaderas “sociedades ribereñas”. El siglo XVI vería la conquista española y la posterior rebelión nativa, marcando por dos siglos al río Maullín como la frontera sur de los pueblos libres e insumisos del Futawillimapu y del Wallmapu mapuche. Desde sus fortificaciones los españoles realizaron malocas (sorpresivas internaciones militares) para tomar prisioneros y esclavizarlos, que causaron el despoblamiento parcial de esta zona fronteriza.

Para el huilliche la tierra tiene un sentido que va más allá de lo económico, diferente al
valor que el capitalismo extractivista le asigna. En la imagen, Cristóbal (22), miembro de la
comunidad descansa después de una jornada de pesca. Foto: Alex Vidal Brecas

A fines del siglo XVIII la victoriosa ofensiva militar española permitió disolver la frontera y recolonizar el Futawillimapu, logrando la apertura del camino entre Chiloé y Valdivia. La “pacificación” implicó el Parlamento y Tratado de las Canoas de 1793, donde los huilliches se subordinaron a la corona pero mantuvieron autonomía política. También cedieron territorios aunque conservaron la mayoría, incluyendo los territorios del río Maullín y del lago Llanquihue.

Los territorios y autonomía de los pueblos del Futawillimapu serán expoliados durante el siglo XIX, con su integración al naciente Estado chileno, desconociendo lo acordado en 1793. Los huilliches tuvieron problemas para obtener o registrar títulos de comisario, de merced o de juez y actas de posesión que certificasen su ocupación ancestral. El Estado declaró “tierra de nadie” grandes extensiones territoriales que los huilliches poseían mediante un patrón de ocupación semi nómade. Muchos territorios fueron incorporados como tierra fiscal, mucha de la cual se repartió desde mediados de siglo a colonos europeos, en un extenso “territorio de colonización” que incluía la cuenca del lago Llanquihue y el río Maullín.

Durante excavaciones miembros de la comunidad encontraron restos de alfarería, puntas
de flechas y artefactos líticos utilizados por antepasados que habitaron el lugar. Foto: Alex Vidal Brecas

La colonización implicó un paulatino despojo, compra-venta, apropiación, especulación y concentración de tierras, así como de certificación, radicación y reducción de territorios y comunidades huilliches. También implicó la quema de gigantescas extensiones de selva fría y el incremento en la explotación de milenarios bosques de alerce, cuyas tablas de fina madera se exportaban desde la Colonia.

En el siglo XX la pérdida territorial recluyó a los huilliches del Futawillimapu en pocas tierras reconocidas como indígenas, que defendieron ante el avance del latifundio y las forestales. Organizados en Juntas de Caciques y mediante Memoriales reclamaron territorio y autonomía. Recuperaron tierras y fueron desalojados, a veces con extrema violencia como en la matanza de Forrahue en 1912. Desterritorialización parcial, inquilinaje, migración urbana, proletarización y cambios identitarios son elementos de la incorporación subordinada de los pueblos huilliches a Chile. Es con el colonialismo interno cuando la estela de pueblos juncos y huilliches parece disolverse en las aguas del Maullín. Pero el Censo del 2017 indica que casi el 30% de la población de la comuna de Llanquihue señala pertenecer al pueblo mapuche, en Puerto Varas el 18%, en Los Muermos el 16%, en Puerto Montt el 21%, en Maullín el 21%. Todas son comunas (municipios) por donde pasa el río Maullín.

El río Maullín

El río Maullín (“cascada de lluvia” en lengua nativa) nace como desagüe natural del lago Llanquihue en la zona urbanizada de la comuna del mismo nombre. El lento y sinuoso fluir de sus aguas recorre con calma a través de las comunas de Puerto Varas, Puerto Montt y Los Muermos, para finalmente desembocar como un gigantesco estuario al Océano Pacífico en una zona rural de la comuna de Maullín. Son más de setenta kilómetros de variados paisajes de humedal, con bosques semi sumergidos, hualves, pantanos, turberas, totorales y marismas, con un salto de agua, pequeños rápidos y muchos remansos, que configuran ecosistemas de gran complejidad y biodiversidad. Viven aquí especies nativas, endémicas y migratorias: peces y anfibios, más de ciento cincuenta especies de aves silvestres, mamíferos como la nutria de río huillín, los felinos güiña y puma, el marsupial monito del monte y el ciervo pudú. Especies amenazadas o en peligro de extinción aquí encuentran un corredor biológico hídrico natural en el cual desarrollarse.

La pesca artesanal de subsistencia constituye una de las actividades económicas de esta
comunidad. Foto: Alex Vidal Brecas

En el siglo XX el río Maullín sirvió como medio de transporte, lugar de pesca y recolección, soporte agrícola, ganadero e industrial, y últimamente como atractivo turístico. El habitar junto al río ha generado una identidad ribereña local que, en el último lustro, se volvió regional cuando el río enfrentó la amenaza de una central hidroeléctrica proyectada en sus aguas. Desde el nacimiento hasta la desembocadura, comunidades y organizaciones se han movilizado para defender y proteger su río. Hoy los ribereños valoran la ecología y el patrimonio del río, también los usos sustentables del mismo, para crear estrategias de conservación del río y su cuenca.

En el año 2002 cerca de setenta y cinco mil hectáreas del impresionante paisaje fluvial fueron declaradas Sitio Prioritario de Conservación para la Estrategia Nacional de Biodiversidad. En el 2016 más de mil trescientas hectáreas de sus humedales fueron incorporadas a la Red Hemisférica de Aves Playeras, como sitio protegido a nivel mundial dada su relevancia para aves migratorias. Finalmente en el 2019 el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad declaró la creación del Santuario de la Naturaleza del Río Maullín, que comprende más de ocho mil hectáreas de sus humedales. Estas figuras de conservación territorial relevan el valor y dan protección legal a los ecosistemas del río.

En el interior de la ruka se puede apreciar un makuñ (manta) y la wenufoye (bandera). Foto: Alex Vidal Brecas

Expansión inmobiliaria sobre el río

La salud ecosistémica y biodiversidad del río tiene hoy un inesperado y paradojal correlato: el Maullín y sus riberas forman un atractivo paisaje natural que se mercantiliza en la explosiva especulación inmobiliaria que experimenta toda la región. El negocio de bienes raíces tiene en las “parcelas de agrado” una oferta que se valoriza cada día: “Bosques del Maullín”, “Ríos del Chucao”, “Condominio Bosque Río”, entre otros, son parcelaciones cuya publicidad resalta la prístina naturaleza circundante, la exclusividad del lugar y la alta plusvalía del inmueble.

Esto se realiza en base al Decreto Ley 3.516 de 1980 que establece normas sobre división de predios rústicos, es decir que se encuentran fuera del límite urbano y tienen una aptitud agrícola, ganadera y forestal o se componen de bosque nativo. El decreto prohíbe cambiar el uso rural de los predios subdivididos, sin embargo en la práctica avanza la urbanización irregular de extensos territorios rurales en todo el país y la región, con nocivos efectos socioambientales descritos por urbanistas y ecólogos. Si antes el extractivismo regional tuvo como objeto a esclavos y alerces, hoy el extractivismo inmobiliario es un negocio particular que implica la destrucción de suelos, ecosistemas, paisajes, bienes comunes y formas de vida.

Las rukas (vivienda huilliche) donde habita la comunidad leviñanco ta leufu, fueron
construidas de forma cónica y base circular como las antiguas vivendas huilliche. Foto: Alex Vidal Brecas

El conflicto que aquí exponemos se inscribe en este proceso y se remonta a enero de 2019, cuando un proyecto inmobiliario se instaló en el predio de 50 hectáreas que el Lof Leviñanco reclama. Mediante un vídeo publicado en redes sociales, el werken Navarro denunció que estaban

“siendo amedrentados por unos latifundistas que llegaron de Santiago, ricos que han estado trabajando en temas de construcción de viviendas, que dicen que ahora otro ladrón de tierras les vendió nuestra tierra a ellos y que por eso ellos nos quieren desalojar […] nos ha amenazado de muerte sino salimos de este territorio. Si no le entregamos el río y la ribera del mismo […]

Vista del río Maullín que nace en la ciudad de Llanquihue al sur de Chile, recorre 85
kilómetros antes de desembocar en el océano Pacifico. Foto: Alex Vidal Brecas

Ante esa amenaza, nosotros decimos a este latifundista que puede irse donde quiera con su cagá de plata y con su cagá de amenazas. Nosotros no vamos a abandonar nuestra cultura, no vamos a abandonar nuestra espiritualidad […] Estas tierras son huilliches, y nuestra visión y nuestra tarea y nuestro trabajo y nuestra vida, se va a ir en mantener nuestra cultura y mantener nuestra espiritualidad, cueste lo que cueste”.

Toma de dron por la zona

Finalmente aquel proyecto no se realizó, pero el predio rural fue comprado en octubre de 2019 por la empresa de giro inmobiliario “Alto Maullín SpA”, para desarrollar el proyecto de parcelaciones “Alto Maullín Parque Natural Residencial”. Constituida en mayo de 2019, su gerente general y representante legal es Rolando Winkler Fuchslocher, sus accionistas a partes iguales son Inversiones Alma Sur SpA y Chacra 40 SpA, respectivamente representadas por Germán Egon Strauch y Rolando Winkler Fuchslocher.

Toma de dron por la zona

Rolando Winkler también es socio en Inmobiliaria e Inversiones Winkler & Nasler Limitada, también denominada Inmobiliaria Alto Los Colonos, que desarrolla el condominio del mismo nombre en la comuna de Frutillar, bajo el lema “Olvida el concepto de ‘nueva normalidad’, ven a construir tu propia realidad”. Son más de cien parcelas en venta, por un precio de noventa millones de pesos cada una. Tanto en la parcelación de Frutillar como en la de Llanquihue, Winkler trabaja junto a la empresa Südwind Gestión Inmobiliaria, corredora de propiedades cuyo representante es Walter Arnold Mueller. Las faenas de maquinaria en la parcelación Alto Maullín son hechas por la Constructora Stange Hermanos Limitada. Por otra parte Rolando Winkler es representante de Franquicias Gastronómicas PIM’S, dueña del Restaurant PIM’S en Puerto Varas.

Toma de dron por la zona

El desarrollo inmobiliario “Parque Natural Residencial” de Alto Maullín SpA, en las afueras de Llanquihue, consiste en la subdivisión y urbanización del predio rural. Son ochenta y siete parcelas que tienen desde quinientos metros cuadrados, puestas a la venta a un precio aproximado de ochenta y tres millones de pesos cada una. Se construye también infraestructura de caminos de doce metros de ancho, agua y electrificación subterránea, sistema de agua de pozo profundo, áreas comunes con plazas, jardines y miradores, ciclovía, entrada vigilada por guardia y portón automático. Su publicidad oferta “un estilo de vida natural” desarrollando “un concepto que se adapte totalmente a la naturaleza y futuro de nuestras familias”, acompañando el eslogan con fotografías de paisaje con ríos, bosques y montañas. Sin embargo el desarrollo del proyecto ha estado marcado por el conflicto socioambiental, la violencia hacia la familia Leviñanco y la destrucción del río Maullín.

Toma de dron por la zona

Violencia y destrucción en la ribera

Según archivos judiciales y testimonios recopilados, la disputa entre la inmobiliaria Alto Maullín SpA y el Lof Leviñanco Ta Leufu comenzó el 31 de julio de 2020, al iniciar la empresa los trabajos topográficos para realizar un camino al río desde lo alto del cerro hasta la ribera. Según relata Luis Navarro, Rolando Winkler y otra persona llegaron sin previo aviso y sin mascarilla hasta la ruca del lof Leviñanco, fotografiando a escondidas a su esposa, hijo e hija menor de edad. Cuando los encararon, señala el werken, recibieron burlas y amenazas. Por su parte, Winkler relata que él bajó al lugar, pero al constatar tala de árboles y una ruka volvió a la cima del cerro, donde dice que Navarro le amenazó y dio un puñetazo. Ambos acudieron a la subcomisaría de Llanquihue a presentar las respectivas denuncias.

Toma de dron por la zona

Desde entonces y en el transcurso de los meses, se sucedieron una serie de escaramuzas. Navarro señala que “a medida que pasaron los meses, la gravedad de los avances de la inmobiliaria se fue incrementando”. Entonces junto a su familia comenzaron a difundir vídeos en redes sociales, denunciando los hechos y mostrando el avance de las máquinas sobre el bosque en la ladera del río. Por su parte, Winkler y sus trabajadores hicieron denuncias por amenazas de Navarro si iniciaban las obras, incluyendo una denuncia por retiro de los estacones que servían de guía para la apertura de caminos.

El 4 de agosto en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, la inmobiliaria presentó un recurso de protección a favor del representante de la empresa y sus trabajadores en contra de Luis Navarro (1645-2020). El 6 de agosto Navarro se comunicó con la oficina regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) para requerir su intervención en el caso. Navarro acusó ser vulnerado en sus derechos, sufriendo junto a su familia del amedrentamiento de particulares a causa de su lucha por proteger su tierra ancestral. Argumentó que es un lugar de prácticas culturales mapuche, con patrimonio histórico y biodiversidad, que resultaría dañado por las obras proyectadas para abrir un camino y un embarcadero. El 31 de agosto el director regional de la Corporación derivó tal requerimiento al director nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), solicitando apoyo y asesoría para la comunidad Leviñanco. También escribió al presidente del Consejo de Monumentos Nacionales solicitando asesoría para proteger el patrimonio histórico de esta comunidad huilliche. No hubo respuesta efectiva de parte de estos organismos del Estado.

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El 16 de septiembre el tribunal de Puerto Montt dictó sentencia en el recurso de protección presentado por la inmobiliaria, resolviendo que Navarro debía abstenerse de acercarse a Winkler y sus cuidadores, como también abstenerse de realizar en redes sociales publicaciones que afectasen su imagen y honra. Pero el tribunal no ordenó el desalojo, pues esta no era una causa sobre las tierras. Ese día las retroexcavadoras de la Constructora Stange Hermanos comenzaron a abrir el camino al río. Sin contar con los permisos ambientales necesarios para tal obra de urbanización en un Sitio Prioritario de Conservación. Según una denuncia del cuidador del fundo y del operario de retroexcavadora, Navarro se interpuso delante de la maquinaria, “manifestando que no se iba a dejar que trabajara la máquina hasta que esté resuelto por tribunales ya que él estaba en su sector que le corresponde y que son tierras patrimoniales” y “ancestrales”.

El 19 de septiembre Luis Navarro denunció faenas no autorizadas de retroexcavadora en su predio, mencionando la existencia de un litigio en tribunal civil con su vecino y posibles amenazas hacia su familia. Un mes después, en un correo electrónico dirigido al general de Carabineros de la Décima Zona y a la Subcomisaría de Llanquihue, Luis Navarro señalaba:

“me permito informar que el día de hoy 18 de noviembre del 2020 siendo las 11:15 horas, se ha llamado en reiteradas oportunidades de distintos teléfonos de la subcomisaría de Llanquihue, quienes no han respondido al llamado de los habitantes de la comunidad Leviñanco ta leufu, ubicada en la ladera del río Maullín, ante la emergencia ocurrida debido a que en el alto del cerro se encuentra una máquina, tipo excavadora, arrojando rocas de gran magnitud desde gran altura en dirección a las rukas y casas de la comunidad, produciéndose un riesgo inminente de que estas rocas caigan no solo en las viviendas, sino que golpeen a las personas, adultos y niños que habitan el lugar; se requiere presencia policial a fin de evitar heridos en el lugar, por lo que solicito su intervención”. En un correo posterior agrega: “es imperativo informar que el conductor de la retroexcavadora atacó con la máquina al cona [valiente, mocetón] de la comunidad, tratando de aplastarlo. Solicito su intervención para encomendar personal policial en el lugar.”

Toma de dron por la zona

Mientras se denunciaba ante Carabineros y Policía de Investigaciones, en la ladera del río aumentaba la intensidad de las faenas, con retroexcavadoras removiendo bosque nativo y grandes volúmenes de tierra. La Fiscalía y el Juzgado de Garantía de Puerto Varas desestimaban investigar reiteradas denuncias por destrucción ambiental y agresión a la comunidad (3353-2020, 3562-2020 y 346-2021). A principios de diciembre las retroexcavadoras “comenzaron a abrir caminos hacia el interior del bosque, en la parte superior de la colina, generando un socavón que se encuentra inmediatamente cerro arriba de donde se encuentra nuestro hogar y asentamiento”, exponía Luis Navarro en un recurso de amparo patrocinado por el Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt el 18 de diciembre de 2020 (345-2020, reingresado como Recurso de Protección 1950-2020). En el relato acompañando de imágenes, se explica el peligro y terror sufrido por la comunidad:

“A medida que dichos surcos en el bosque fueron avanzando, comenzaron a lanzarse piedras de gran tamaño cuesta abajo, directamente dirigidas a nuestro hogar. Si bien resultará evidente de las fotografías, me gustaría recalcar que cada una de estas piedras, debido a su tamaño, peso y además, la trayectoria e inclinación desde la cual se lanzan a gran velocidad, implican una amenaza real, objetiva y concreta, a la vida y seguridad de toda mi comunidad” […] “El pasado sábado 12 de diciembre, día en que cayeron gran cantidad de piedras en las cercanías de mi ruca, aproximadamente a las 22 horas […]”

Toma de dron por la zona

“El día lunes 14 de diciembre, según consignamos por un video que haremos llegar a SSI, tuvimos que evacuar con urgencia por vía acuática, llevándonos a nuestros perros, debido al terror de las piedras, tierra y troncos de árboles nativos que comenzaron a caer a nuestro alrededor, con inmenso estruendo, debido a nuevos avances de retroexcavadoras. En el minuto que comenzaron a caer las piedras, mi hija menor (de 9 años) y mi señora, se encontraban trabajando en el invernadero, que fue impactado por una piedra, sin causarles lesiones, pero sí inmenso terror”.

En la sede vecinal de Llanquihue, junto a su familia, el 22 de diciembre el werken explicaba: “tuvimos que desalojar, es inhabitable, el hombre sepultará las rukas”. Ante la violencia de los hechos e inacción de las instituciones del Estado, la familia difundió nuevos videos en redes sociales y el caso se volvió viral a mediados de diciembre. El werken Navarro explica el tono y las palabras usadas en sus grabaciones: “usamos la lengua como arma de lucha, estamos defendiendo la tierra de las retroexcavadoras que Winkler manda. Por eso mi actitud en los videos, necesitamos ubicar a Llanquihue en el mapa”.

Toma de dron por la zona

Aunque la viralización en redes sociales visibilizó la violencia contra la comunidad huilliche y la destrucción del río Maullín, en opinión de la comunidad el actuar de las distintas autoridades y organismos estatales ha sido negligente. Además la inmobiliaria ha presentado el caso como un conflicto de usurpación a un privado que le impide el dominio de su propiedad y ejercer su libertad de empresa, pero de acuerdo a la opinión de la comunidad huilliche, se trata de un problema de racismo, colonialismo y ecocidio que es histórico y estructural. “El newen (vitalidad, fuerza) del río está tocado con esta intervención” señalan desde el lof Leviñanco Ta Leufu. La ribera del río es la frontera de vida donde hoy el extractivismo abre sus caminos de muerte.

Toma de dron por la zona

Una denuncia ciudadana por elusión ambiental, vulneración a Sitio Prioritario y daño ambiental logró que a mediados de febrero el Tribunal Ambiental ordenara la paralización de las obras por 15 días hábiles, pero ¿qué pasará después? En la segunda entrega ahondaremos en los problemas estructurales, así como en los procesos judiciales, el grave daño ambiental y las repercusiones sociales actuales que está teniendo este conflicto territorial y socioambiental.


Fuentes consultadas

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Almonacid, Joaquín, 2020, Confluencias del río Maullín: Modos de vida locales, conservación y proyecciones de una articulación territorial, Memoria para optar al título profesional de Antropólogo con mención en Antropología Física, Universidad de Concepción.

Álvarez, Daniela, 2016, Santuario de la Naturaleza urbanizado. La fragmentación de la propiedad periurbana como amenaza al área protegida del Río Cruces y Chorocomayo, Tesis presentada al Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile.

Bengoa, José (comp.), 2004, La memoria olvidada. Historia de los pueblos indígenas de Chile, Comisión Bicentenario, Presidencia de la República, Chile.

Cárcamo, Alejandro, 2019, La resistencia mapuche-williche, 1930-1985, Zur Erlangung des Grades des Doktors der Philosophie am Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften der Freien Universität Berlin.

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Marquet, P. et al, 2019, 2019, “Cambio de uso del suelo en Chile: Oportunidades de mitigación ante la emergencia climática”, en P. Marquet el al (eds.) Biodiversidad y cambio climático en Chile: Evidencia científica para la toma de decisiones, Informe de la mesa de Biodiversidad, Comité Científico COP 25.

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Molina, Raúl, Martin Correa, Cecilia Smith-Ramirez y Álvaro Gainza, 2006, Alerceros huilliche de la Cordillera de la Costa de Osorno, Edición de Cecilia Smith, Santiago.

Municipalidad de Llanquihue, 2019, Plan Regulador Comunal de Llanquihue, Región de los Lagos. Evaluación ambiental estratégica, Informe Ambiental, Chile.

Núñez, Andrés et al, 2018, “Eco-extractivismo y los discursos de la naturaleza en Patagonia-Aysén: nuevos imaginarios geográficos y renovados procesos de control territorial”, en Revista Austral de Ciencias Sociales, número 35, Universidad Austral, Chile.

Torrejón, Fernando et al, 2004, Efectos ambientales de la colonización española desde el río Maullín al archipiélago de Chiloé, sur de Chile”, en Revista Chilena de Historia Natural n.º 77: 661-677.

Universidad de Chile, 2006, Elaboración de una primera linea biológica y social y talleres de discusión inicial con comunidades locáles y servicios públicos para el sitio priorizado “Maullín” en la Estrategia Regional de Conservación de Biodiversidad, Vicerectoría de Investigación y Desarrollo, CONAMA, Chile.

Urbina, María Ximena, 2009, La frontera de arriba en Chile colonial. Interacción hispano-indígena en el territorio entre Valdivia y Chiloé e imaginario de sus bordes geográficos, 1600-1800, Centro de Investigaciones Diego Barrros Arana, Universidad Católica de Valparaíso, Chile.

Venegas Giacomozzi, Víctor Hugo, 2019, “Peritaje Antropológico 07/08/2019”, Osorno.

Vergara, Jorge, “La ocupación de las tierras Huilliche y la violencia sobre el indígena (1880-1930). Una investigación preliminar”, en Nütram, Año VII, no 26. 29-47.

Vergara, Jorge, 2005, La herencia colonial del Leviatán. El Estado y los mapuche-huilliches (1750-1881), Tesis de doctorado en sociología, Universidad Libre de Berlín.

Zerán, María Pía, 2019, “Transformaciones socio-territoriales en la interfase periurbana de Puerto Varas. Desarrollo privado y planificación en el áera periurbana”, Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo XI, Barcelona, Santiago.

Causas judiciales

Juzgado de Garantía de Puerto Varas: 3220-2020, 3353-2020, 3562-2020, 3694-2020, 346-2021

Corte de Apelaciones de Puerto Montt: 1645-2020,  345-2020, 1950-2020, 8-2021

radio
Viniketik

(Español) Comunicado de nuestro compañero preso en lucha Marcelino Ruíz en solidaridad con los presos políticos de Eloxochitlan de Flores Magon

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Cerss N. 10

Comitán, Chiapas, México.

Comunicado de presxs

Indígenas en lucha.

Organización Viniketik en resistencia.

Aderente a la Sexta declaración de la selva lacandona E.Z.L.N.

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.

A la sociedad Civil nacional e internacional.

A la Sexta nacional e internacional.

Al Congreso nacional indígena.

Al Consejo indígena de gobierno.

A los medios de comunicación.

Al Pueblo creyente.

A las organizaciones independientes.

Al Pueblo de méxico y el mundo.

Hermanos y Hermanas, compañeros, compañeras, compañeroas, les envio us saludo fraterno de mi lugar de resistencia de tras de estas cuatro paredes.

Me solidarizo a la exigencia de libertad inmediata a los 7 compañeros presos politicos de Eloxitlan de Flores Magon. Ya que han sido encarcelado injustamente con delitos prefabricados .

Los gobernantes han utilizado  las prisiones para reprimir al pueblo y callar las voces  de aquellos que exigen sus derechos, una estrategia  para intimidar a los pueblos indigenas.

Es por eso que exijimos al tribunal Superior de justicia del estado de oaxaca que tome cartas en el asumto, ya que hay madres, esposas e hijxs que sufren por su familia, la tristeza, desesperación, que son fruto de la injusticia y la desigualdad.

Les envío un saludo muy especial a cada una de las familias de cada presx, comparto su sentir y su lucha, su caminar, hasta que los beamos libres.

¡ Libertad a los Presos por Lucha !

Atentamente

Marcelino Ruíz Gómez

radio
Radio Kurruf

(Español) [Comunicado] Presos mapuche en Angol iniciarán huelga seca, tras cien días en huelga líquida

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Nosotros, los 3 comuneros que llevamos 99 días de huelga de hambre desde la cárcel de Angol le queremos comunicar al pueblo Nación mapuche y a la comunidad Chilena e Internacional lo siguiente:

Ante la insensibilidad y oídos sordos de las autoridades políticas y judiciales de este país, respecto a nuestras peticiones. Anunciamos que vamos a recrudecer nuestra medida para ser escuchados y que iniciaremos una huelga de hambre seca a contar de las 8 de la mañana del día 10 de marzo con el único fin de que se acoja nuestro petitorio que es el siguiente:
1.- Pedimos juicios justos, derecho a que se valoren nuestras pruebas y argumentos y se eliminen las pruebas falsas y los falsos testimonios basados en prejuicios y racismo.
2.- Que se respete nuestro derecho como mapuche a ser considerados comuneros, independiente del módulo donde estemos recluidos, respetando nuestra cultura, otorgándonos los derechos que nos reconoce la Ley y los tratados internacionales en cuanto a visitas y las cosas y alimentos que nos pueden hacer llegar nuestros familiares. Que se respete nuestra cultura y prácticas médicas, dejando que nos visite nuestro machi.
3.- De acuerdo al primer punto del juicio justo, que se nos permita mantener el principio de la presunta inocencia hasta que se pruebe lo contrario, por lo que se nos debe permitir cambio de prisión preventiva por otra medida cautelar hasta el juicio oral.
4.- Que se nos permita probar que las acusaciones del fiscal Vásquez están basadas en suposiciones y prejuicios, el juez debe dar valor a los informes que justifican nuestros argumentos, por ejemplo informes de la doctora sobre la incapacidad de Felipe Espinoza.
5.- Pedimos que un organismo independiente como el Colegio Médico sea nuestro garante para hacer de mediador.
Esperando que estas peticiones lleguen a todos los oídos receptivos de nuestro pueblo mapuche y del pueblo Chileno solidario.
Atte.
Patricio Lican Manquel
Juan Lican Manquel
Felipe Espinoza H.
9 de marzo del 2021, cárcel de Angol.

radio
Radio Kurruf

(Español) [Comunicado] Lof Laka – Comunidad Levillan Bayotoro «…pese al despojo del territorio aún mantenemos la relación con el itrofil mongen y la mapu»

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Dirigido a los hermanos y hermanas que reivindican los derechos colectivos en cada parte del wallmapu.

Les saludamos honrando la autonomía de cada kiñel mapu en los procesos reivindicatorios. Nuestro lof, ingresó al ex fundo Boroa sur, el día 30 de diciembre de 2020. A través de este escrito queremos compartir aquello que miramos, escuchamos y sentimos en estos dos meses intensos de procesos de recuperación del territorio.

Miramos nuestro territorio ancestral sufriendo, hace más de cien años perdimos parte del territorio antiguo, con ello una parte de nuestro estero LAKA, del cual nace nuestra identificación como LAKACHE.

Desde tiempos inmemoriales el estero Laka, es el centro de nuestra vida comunitaria y cultural, hoy el estero se encuentra debilitado, sus aguas maltratadas y contaminada por los winkas ribereños, la tierra esta intoxicada uno de los ngen mapu nos dice estar anciana y débil.

Estero Laka

Escuchamos el susurro de nuestro püllü, volvemos a creer en los pewmas y confiar en mensaje de los antepasados, los relatos de nuestras kushe püllü, cobran sentido. Escuchamos el canto de nuestros hijos, el tampul espontaneo de algún niño o niña en la tierra que se reclama.

Sentimos la fuerza de la vida pulsando, pese al despojo del territorio aún mantenemos la relación con el itrofil mongen y la mapu, no solo por pertenecer al linaje de los antiguos habitantes, sino porque en ningún espacio de tiempo dejamos de beber, nutrirnos y sanarnos con las aguas de FUTA LAKA. Sentimos que somos los legítimos guardianes del territorio Lakache, desde ahí tomamos la fuerza para seguir en el camino de la reivindicación territorial, hoy reafirmamos la lucha del territorio circundante al estero Laka.

En el espacio reclamado, cada acción cobra la importancia de reconectarnos con pu newen y pu ngen, cada bandera plantada es una señal al Wenu Mapu. Estamos en pie, reclamando y honrando el territorio ancestral, cada bandera quebrada o sacada por el winka, cada clavo
martillado en los escasos aliwen, no hacen más que alimentar el coraje y la convicción Lakache por recuperar el espacio; es así como en cada acto renovamos el compromiso por proteger, en cada acto fortalecemos el
vínculo que nos hace ser Mapuche.

CON LA FUERZA DE LA VIDA AVANZAMOS

MARICHIWEU!!!

8 de marzo 2021.-

radio
FrayBa

(Español) La Fiscalía General del Estado de Chiapas se mantiene en la Tortura

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  • Fiscalía de Alto Impacto fabrica culpables

El 29 de octubre de 2019, Julia Hernández Hernández de 44 años de edad (Julia) y Carlos Antonio López Robles (Carlos Antonio) de 37 años de edad quienes llevan viviendo 7 años en unión libre fueron privados de manera arbitraria e ilegal de su libertad en la colonia Las Granjas de la Cuidad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por elementos de la Fiscalía de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, quienes sometieron tortura a Julia y Carlos Antonio para autoinculpase por un delito. Carlos Antonio mantiene graves secuelas a consecuencia de la tortura que pone en riesgo su vida.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó que ese día aproximadamente las 18:00 horas, 40 policías vestidos de civil, armados y encapuchados, allanaron la casa del familiar en la que se encontraba Julia y Carlos Antonio quien desde el primer momento fue torturado. En la fiscalía, lo llevaron a un sótano, le pusieron sobre un colchón y lo golpearon como una hora “…me pusieron una bolsa en la cabeza, me echaban agua, toques eléctricos y había una persona parada sobre mi estomago…” Carlos Antonio fue obligado a firmar un documento que desconocía el contenido, después de ser colgado de las manos mientras le daban descargas eléctricas.

Julia fue trasladada en otro vehículo, mientras les estuvieron dando vueltas por la ciudad y al llegar a la fiscalía aproximadamente las 20:00 horas, la sentaron en una silla, le dijeron que hablara “les dije que no sabía de qué me estaban hablando… comenzaron a vendarme los ojos y la boca, me envolvieron y me comenzaron a golpear, me preguntaban en dónde estaba las armas y la droga y como no les decía nada seguían golpeándome en la espalda y la cintura, me decían que si no hablada me echarían agua. Había una mujer güera policía entre los hombres, me decía que si no hablaba empezarían con mi esposo y como no dije nada es que comenzaron a torturar a mi esposo. Sólo escuchaba que se quejaba.” Julia fue puesta en libertad el día 31 de octubre de 2019, aproximadamente las 2:00 horas, 32 horas después de su detención, amenazándola con volver a detenerla si presentaba alguna denuncia.

El 30 de octubre de 2019, aproximadamente las 4:00 horas, Carlos Antonio fue trasladado al Hospital «Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza» de Tuxtla Gutiérrez, en donde lo intervinieron quirúrgicamente realizándole una laparotomía exploradora debido al traumatismo cerrado de abdomen a consecuencia de la tortura. Después de dos días de hospitalización, Carlos Antonio fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 14 El Amate, en el municipio de Cintalapa, donde se pretendió el no ingreso debido al estado grave de su salud, hasta el momento no cuenta con el seguimiento médico adecuado frente a su situación y su salud esta en riesgo.

El Juez de Control mediante exámenes médicos constató las lesiones que presentaba, por lo que ordenó a la Fiscalía de Distrito Centro de Chiapa de Corzo investigar la Tortura y a pesar de eso lo vinculó a proceso. La investigación por Tortura no tiene ningún avance hasta el día de hoy. Julia denunció públicamente los hechos, por lo que en diferentes ocasiones ha recibido amenazas y hostigamiento por policías de la Fiscalía de Alto Impacto.

Carlos Antonio ha permanecido un año y tres meses en prisión preventiva,1 es acusado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa hechos que se darían en un asalto cometido el día 23 de octubre de 2019, en el municipio de Ixtapa, Chiapas, cuando fueron asaltados pagadores del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) custodiados por policías. Desde marzo de 2020, se espera la audiencia intermedia. Para el Poder Judicial del Estado de Chiapas, los casos donde existen violaciones graves a derechos humanos no tienen el carácter de urgente o prioritario2 y los Jueces no garantizan el debido proceso y el derecho a un juicio justo excluyendo pruebas obtenidas por medio de Tortura a pesar de que desde junio de 2017 se publicó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos Crueles Inhumanos o Degradantes.

Julia y Carlos Antonio, representan el patrón sistemático de violaciones a derechos humanos cometidas en el estado de Chiapas frente a la ineficacia de la Fiscalía para investigar de manera sería y diligente las denuncias de hechos de Tortura. Debido a las omisiones y la impunidad que prevalece el presente caso, el día 9 de febrero de 2021, el Frayba solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República valorar la atracción del caso para la investigación de la Tortura.

El Frayba exige al Estado mexicano cumplir con su obligación de respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud, integridad y seguridad personal de Julia Hernández Hernández y Carlos Antonio López Robles víctimas de Tortura; garantizar el acceso a la justicia sin ninguna discriminación e investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables de cometer el delito de tortura para que estos hechos no se sigan cometiendo en nuestro país.

1 El plazo máximo para que una persona sea juzgada es de un año, artículo 20 Inciso B Fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Acuerdo General No. 03/2020 ante la contingencia de salud. Disponible en: https://bit.ly/3bunI3f


San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
9 de marzo de 2021

Boletín No. 2

Descargar: La Fiscalía General del Estado de Chiapas se mantiene en la Tortura

radio
Avispa Midia

(Español) Encuentro de mujeres del CNI: “Nuestra respuesta es la colectividad y la comunidad, desde el rincón más pequeño hasta el conjunto del planeta”

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Por Sare Fabres

Fotos por Janda de Luna

El pasado 6 y 7 de marzo del presente año se dieron cita diversas mujeres indígenas provenientes de los diversos pueblos originarios de México, en el edificio que anteriormente fungía como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), para realizar el 3er Encuentro Nacional del Mujeres del Congreso Nacional Indígena (CNI).

El espacio está ocupado desde el día 12 de octubre del 2020 por la comunidad Indígena Otomí, residente en la Ciudad de México, por la falta de respuesta del gobierno para atender sus demandas de vivienda.

Mujeres otomíes en el ex edificio del INPI

En el encuentro, las mujeres trabajaron en torno a tres meses de análisis y debates que llamaron: Mujeres y Territorio; Mujeres, Resistencias y Autonomía; Alternativas al Sistema Patriarcal.

Tomaron sus medidas para contener la propagación de la Covid-19 y así trabajaron durante dos días. Entre los acuerdos a los que llegaron señalaron que se sumaban a las acciones de las mujeres Otomí quienes ya estaban cansadas de tocar las puertas de los gobiernos en turno, “especialmente el actual tan engañoso y mentiroso”, dijeron en su pronunciamiento.

3er encuentro de mujeres del CNI

De la misma forma, se pronunciaron “en contra de la guerra contra nuestros hermanos y hermanas del EZLN (Ejercito Zapatista de Liberación Nacional) y de los asesinatos de los defensores y defensoras de la madre tierra”.

Denunciaron que, en todas las regiones del país, los derechos y conquistas de los pueblos originarios están siendo pisoteados por lo poderosos del sistema capitalista patriarcal. “Las mujeres vivimos cada vez más en peores condiciones de vida. Pero también vemos que, a nivel internacional, los pueblos del mundo estamos viviendo las mismas situaciones de mayor despojo, mayor destrucción, mayor explotación y mayor represión”, aseveraron las indígenas.

Alertaron que lo que el planeta esta viviendo es una guerra de exterminio a escala global, por ello, anunciaron que “junto con nuestros compañeros y compañeras zapatistas, estamos viendo la importancia de enlazarnos entre todos los pueblos de abajo y de lucha del mundo. Particularmente con las mujeres. Para aprender, para hablar de los dueños de las empresas que nos vienen a destruir”, dijeron las mujeres indígenas en torno a la próxima gira que realizará el EZLN e integrantes del CNI rumbo a Europa.

“Nuestra respuesta es la colectividad y la comunidad, desde el rincón más pequeño hasta el conjunto del planeta”, expresaron.

Escuche el pronunciamiento:

radio
CIPOG-EZ

(Español) Comunicado del CIPOG-EZ sobre las graves violaciones a los derechos humanos en la montaña baja de Guerrero

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Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno
A los medios libres y autónomos
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
Al Pueblo de México

Los pueblos originarios históricamente hemos vivido la explotación, el desprecio, el despojo y la represión; hemos sido masacrados o ignorados al grado de morir de hambre o de una
enfermedad que en cualquier ciudad del mundo podría sanar con medicamentos comunes.

Hoy en día la situación se agrava, los recursos naturales y el territorio continúan siendo espacios de disputa por las empresas y por el crimen organizado. Mientras los gobiernos invisibilizan esta situación, todos los días somos asediados para ser despojados de
nuestros territorios.

Informamos que durante los trabajos de una Misión Civil de Observación en nuestras 24 comunidades (Acahueuetlan, Ahuehueytic, Ahuixtla, Alcozacán, Amatitlán, Ayahualtempa, Buena Vista, Cantera Rosa, Cuamaniotepec, El Paraíso Tepila, Mexcaltepec 1, Monte Emperador, Nuevo Amanecer, Papaxtla, Rincón de Chautla, Tecongo, Tepozonalco, Terrero 1, Tierra Blanca, Tula Guerrero, Xicotlán, Xolotepec, Zacapexco, Zulchuchio), ubicadas en la Montaña Baja de Guerrero, pertenecientes al municipio de Chilapa de Álvarez y de José
Joaquín de Herrera, que conformamos al CIPOG-EZ pertenecientes al CNI-CIG, con el
testimonio de niños, niñas, hombres, mujeres, abuelos y abuelas, se están documentando
graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas, tortura, encarcelamientos, ordenes
de aprehensión, falsas denuncias, desaparición y desplazamientos forzados, asesinatos con una gran saña y brutalidad, aunado a la falta de acceso a los derechos más básicos como lo son: salud, educación, trabajo, acceso a la justicia, seguridad, identidad y al libre tránsito, ya que nuestras comunidades se encuentran cercadas por grupos del crimen
organizado que diariamente amenazan, atacan, disparan y nos mantienen en asedio.
Vivimos una guerra sistemática y de exterminio denunciada ya en los tres niveles de gobierno, el federal, estatal y municipal, denuncia que se ha pretendido resolver con dinero o simplemente con el silencio cómplice, pues las comunidades hemos denunciado constantemente desde el 2015 al grupo del crimen organizado y paramilitar autodenominado «Los Ardillos».
Señalamos que esta Misión Civil de Observación se encuentra documentando las violaciones a los derechos humanos desde el 20 de febrero y permanecerá aquí hasta el 27 de febrero, y ésta se encuentra monitoreada por Centros de Derechos Humanos,
organizaciones y colectivos nacionales e internacionales que están recibiendo y ordenando
la información para hacer las denuncias correspondientes.
Pedimos a nuestr@s hermanas y hermanos de los colectivos y organizaciones nacionales e
internacionales que se han solidarizado con nuestra lucha, que estén pendientes de la
información que resulte de estos trabajos.

Atentamente:
CONSEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA
ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE LA SIERRA DEL SUR
MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN DE LA SEXTA
¡Alto a los asesinatos contra el CIPOG-EZ!
¡Alto a la guerra paramilitar contra las comunidades zapatistas del EZLN!
¡Alto a la guerra paramilitar contra las comunidades indígenas del CNI-CIG!
¡Justicia para todos nuestros presos, asesinados y desaparecidos del CNI-CIG!
¡Nunca más un México sin nosotr@s!

radio
Avispa Midia

(Español) Honduras | Por supuesta usurpación de tierras detienen a dos integrantes de la OFRANEH

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Por Angel Huerta

El miércoles (3) la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) alertó sobre la detención de Marianela Solorzano y Jennifer Solorzano, ambas de la OFRANEH, acusadas de usurpación de tierra. Jennifer fue detenida por elementos de la policía el día 3 cerca de las 18h30, mientras conducía hacia el municipio de Santa Fé. Al enterarse, su hermana Marianela se presentó en el mismo día en las instalaciones de la posta policial en donde también fue detenida por supuestamente contar con orden de captura.

Marianela Solórzano es defensora de los derechos de la comunidad garífuna LGBTI y Jennifer Solórzano es defensora de los territorios ancestrales garífunas. Sus detenciones se dan en el marco de continuas agresiones y persecución en contra del pueblo garífuna, organizado en la OFRANEH.

Diversas organizaciones en Honduras e internacionales se pronunciaron por la arbitraria  detención y responsabilizaron al gobierno del presidente Juan Orlando de lo que le pueda pasar a Jennifer Solorzano y Marianela Solorzano, además se declararon en alerta, señalaron que “¡No son delincuentes, son defensoras!”. Estas detenciones se dan en el contexto de que hoy se lleva a cabo la audiencia de supervisión de cumplimiento, ante la Corte Interamericana, de las sentencias de las comunidades Punta Piedra y Triunfo de la Cruz.

El caso se relaciona con la responsabilidad internacional de Honduras ya que las comunidades no habrían contado con un título de propiedad sobre su territorio tradicional que fuese culturalmente adecuado. Además señalan la falta de una consulta previa, libre e informada respecto a la adopción de decisiones como la planificación y ejecución de proyectos y megaproyectos turísticos, la creación de un área protegida y la regulación de ventas de sus tierras comunitarias.

¡Basta ya!

La OFRANEH, representantes de familiares y garífunas crearon el Comité Garífuna de Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz – SUNLA. El comité, que será dirigido por un consejo directivo, realizará mesas de trabajo de derechos humanos, donde participarán familiares de las víctimas, expertos en investigación criminal y abogados, involucrados en el caso de Triunfo de la Cruz.

SUNLA es una palabra garífuna que en español significa ¡basta ya!. Este espacio se crea en un contexto de violencia y graves violaciones de los derechos humanos al pueblo garífuna, donde las comunidades sufren una elevada violencia. En menos de dos años ha dejado 40 personas asesinadas, sectores desplazados forzadamente y las desapariciones de cinco jóvenes de quienes desde hace 7 meses no tienen información de las investigaciones estatales.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) forman parte de este comité. Desempeñan el papel de intermediarias entre el comité y las instituciones del gobierno, en el proceso de investigación.

El 18 de julio del 2020 treinta hombres fuertemente armados, portando distintivos de la Dirección Policial de Investigación (DPI), ingresaron a la comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz en el Departamento de la Atlántida, Honduras, y secuestraron a cinco personas de la comunidad, entre ellos líderes y un miembro del patronato. De acuerdo a testimonios de la comunidad, los elementos que se identificaron como agentes de la DPI tenían plenamente ubicadas a las personas, sus viviendas y las de sus familiares cercanos. A siete meses del ocurrido no ha habido avances y el gobierno se niega a entregar información sobre la investigación.

El 29 de octubre de 2003 la CIDH recibió una petición presentada por la OFRANEH contra la República de Honduras. La misma fue admitida el 14 de marzo, fue hasta el 8 de octubre de 2015 cuando la CIDH declaró la responsabilidad internacional de Honduras por la violación al derecho a la propiedad colectiva en perjuicio de la Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz y sus miembros. Además, la Corte ordenó al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación. “Después de la sentencia de la Corte, los integrantes más visibles se convirtieron en objeto de amenazas de muerte, intimidaciones, para con ello ceder en la exigencia del cumplimiento de esta”, ha denunciado la organización garífuna.

radio
Avispa Midia

(Español) Organizaciones denuncian estrategias de contrainsurgencia de la 4T hacia los zapatistas

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Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el modelo de contrainsurgencia en Chiapas “es más cínico, al estar violando derechos humanos, acuerdos, tratados y pactos nacionales e internacionales usando una supuesta legitimidad electoral para hacer el mismo trabajo criminal de los anteriores”, sentencia el segundo informe de la Caravana de Solidaridad y Documentación, formada por decenas de organizaciones, redes y colectivos.

El documento es resultado del registro en las visitas a las comunidades zapatistas realizadas durante octubre del 2020 a febrero del presente año. En él, subrayan que en Chiapas la guerra de contrainsurgencia desde la “cuarta transformación” no solo sigue en práctica, sino que se expresa de distintas maneras, en lo económico, político, agrario, psicológico y militar-paramilitar.

“La estrategia está siendo articular varias tácticas que van desde una campaña informativa de desprecio y desprestigio hacia el EZLN íntimamente relacionadas con la presencia de la Guardia Nacional y grupos armados, la ejecución de megaproyectos y programa de descampesinización como ‘Sembrando Vida’ y el hostigamiento a miembros del CNI (Congreso Nacional Indígena). Teniendo como objetivo una avanzada que consiste en despojar de la tierra recuperada a los pueblos zapatistas”, denuncia el informe.

Entre las principales afectaciones a la vida de las comunidades BAEZLN, se considera el impedimento para sembrar y cosechar sus alimentos, la constante vigilancia y hostigamiento, principalmente a mujeres, además de la destrucción de infraestructura para la realización de los trabajos colectivos en hortalizas, tierras de sembradío y ganado.

En el informe presentado el 11 de noviembre del 2020, las y los integrantes de la Caravana de Solidaridad y Documentación identificaron siete mecanismos de violencia de la guerra integral de desgaste hacia los pueblos zapatistas.

Éstos son: 1) Invadir tierras y destruir la Madre naturaleza; 2) Cercamiento con alambrados y ambiente de balazos; 3) Violentar el derecho al acceso al agua; 4) Provocar el hambre; 5) Destruir la economía autónoma; 6) Violencia de difamación, calumnia y desinformación y 7) Mecanismos de Violencia hacia los cuerpos-territorios de las Mujeres.

Para el periodo de diciembre del 2020 a febrero del 2021, el informe identifica cuatro de ellos a continuación.

1) La modalidad de dominio y terror que adquiere el despojo frente a la impunidad de los tres niveles de gobierno hacia los grupos invasores ha llevado a que las familias zapatistas abandonen sus casas y se concentren en un espacio de resguardo seguro; las familias han quedado encapsuladas en tres cuartos de hectárea, ahí siguen resistiendo desde el trabajo colectivo de la carpintería, la clínica, la escuela, tienda, iglesia.

2) El desgaste psicosocial para las mujeres es cada vez mayor. Situación que las coloca en un estado de vulnerabilidad al no poder transitar libremente y estar bajo intimidación permanente por parte de líderes invasores

3) Como consecuencia vemos la conversión del territorio común a propiedad privada. Invadir, cercar y parcelar la tierra recuperada para generar terror y desánimo una vez que transforman todos los espacios vitales-elementales para la reproducción de la vida comunitaria y autónoma en espacios exclusivos de propiedad privada donde la relación hacia la Madre naturaleza cambia a su uso como mercancía.

4) Nuevos terratenientes líderes. Los catequistas, ex policías y propietarios de tierras ofrecen tierras recuperadas a personas ajenas a la comunidad, ponen a la venta la tierra en paralelo a la continuidad de la difamación, calumnia y desinformación acerca del proyecto de vida y la forma organizativa autónoma de los pueblos zapatistas.

Agresiones a Nuevo San Gregorio

En una conferencia de prensa para acompañar la publicación del informe, organizaciones y colectivos defensores de derechos humanos presentaron testimonios y denuncias de familias bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), sobre las agresiones a su comunidad Nuevo San Gregorio, Municipio Autónomo Rebelde Zapatista Lucio Cabañas.

En contexto ⇒ Chiapas: Ante agresiones, bases de apoyo del EZLN interrumpen labores de siembra

“Llevamos casi ocho días aquí, secuestrados en un solo lugar, ahora sí. Las familias que tenemos nuestras casitas, nuestros animales o lo que tenemos cada persona, cada familia, pues ahorita está abandonado”, refiere un testimonio recabado el 7de febrero del presente año, luego que las agresiones escalaron hasta obligar que familias zapatistas abandonaran sus hogares.

Los responsables de la violencia son identificados por las BAEZLN como “Los 40 invasores”. Dicho grupo se conforma de personas que provienen de los ejidos San Gregorio Las Casas, San Andrés Puerto Rico, Ranchería Duraznal y Rancho Alegre e incluso algunos de sus integrantes tienen cargos ejidales y eclesiales, además de ser propietarios de tierra en sus ejidos.

Entre los líderes se identifica a Nicolás Pérez Pérez, ex regidor del PRD en el municipio de Huixtán durante los años del 2008 al 2010; Sebastián Bolom Ara, ex funcionario de Huixtán durante el mismo periodo, además de Pedro Hernández Gómez, ejidatario en San Gregorio Las Casas; y Javier Gómez Pérez, ejidatario en la Ranchería Duraznal.

“A inicios del mes de febrero, el grupo de ‘Los 40 invasores’, equipados con machetes, cuchillos, macanas, radios de comunicación, binoculares y celulares montan guardias en varias posiciones: en los diferentes terrenos y espacios de trabajo de la comunidad, en la carretera, en el acceso al manantial y frente al centro de la comunidad. Uno de los invasores, Miguel Bolom Ara, se viste de policía mientras vigila a las familias zapatistas que, para evitar cualquier tipo de enfrentamiento, se han concentrado en el centro del poblado”,

DETALLA EL INFORME SOBRE LOS AGRESORES.

Las organizaciones sociales enfatizaron que la intención de las agresiones es el despojar de las tierras a las BAEZLN. Cabe destacar que hace un año y tres meses el grupo de ‘Los 40 invasores’ llegó al poblado de Nuevo San Gregorio y entre sus integrantes se encuentran ex policías del municipio de Huixtán.

Autonomía

El poblado Nuevo San Gregorio, ubicado en tierras recuperadas por el EZLN cuenta con una extensión de 155 hectáreas, incluyendo el casco de la ex hacienda llamada “Casa Grande” y pertenece al Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde”.

A través de 27 años, la comunidad ha conseguido fortalecer distintos trabajos vitales para su proceso de autonomía, tales como proyectos de agroecología, salud, alimentación, educación, justicia y economía.

Para ello, las BAEZLN han realizado múltiples trabajos colectivos, que van desde la administración de una tienda de abarrotes, hasta la producción y venta de artesanías, alfarería, carpintería, ganado, hortalizas, árboles frutales y medicinales.

“Se vive una vida digna desde el ejercicio de los pueblos en resistencia-rebeldía que construyen autosustento con trabajo colectivo para una vida saludable e integral, donde las familias ejercen el derecho a una alimentación y salud equilibrada y equitativa. Los ríos y lagunas no están contaminados, los suelos están sanos, las montañas, los bosques, selvas y ceibas siguen de pie, las mujeres, jóvenes, niños y niñas ensayan arte, cultura, educación. Los pueblos deciden sus formas de autogobernarse”, refiere el informe sobre el modo de vida zapatista que se encuentra bajo asedio constante.

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Las organizaciones visitaron la comunidad de Nuevo San Gregorio para recopilar las denuncias, lo cual les permitió atestiguar “la impunidad, la complicidad de este régimen que está siendo ejecutado por parte de los tres niveles de gobierno”, afirmó Diana Itzu Gutiérrez del Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas.

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Entre las organizaciones integrantes de las caravanas de solidaridad y documentación están: Centro de Derechos de la Mujer Chiapas A.C., Colectivo Anarcista El Pueblo (Grecia),  Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C., Desarrollo Tecnológico y Servicios Comunitarios El Puente, S.C., Enlace Civil, A.C., Espacio de Lucha Contra el Olvido y la Represión, Grupo de trabajo No Estamxs Todxs, Lumaltik Herriak, Médicos del Mundo, Suiza-México, Memoria Viva, Promedios de Comunicación Comunitaria A.C., Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq,  Salud y Desarrollo Comunitario, A.C.,BIZILUR y TxiapasEKIN Plataforma.

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