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Por Avispa

Por Santiago Navarro F. y Renata Bessi

El pasado miércoles 24 de marzo se ha publicado de forma conjunta, con Avispa Midia, Aristegui Noticias, Pie de Página y Connectas, la investigación periodística llamada Minera Cuzcatlán: con licencia para contaminar. El trabajo ha generado reacciones por parte de la Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, a quien ha sido dado el derecho de réplica a través de Aristegui Noticias. También el Organismo de Cuenca Pacífico Sur (OCPS) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) nos ha enviado una nota aclaratoria.

Reiteramos que el equipo de esta investigación revisó a detalle y en compañía de especialistas en la materia los primeros resultados de las muestras colectadas, dos días después del derrame, por el Laboratorio Regional Pacífico Sur de la Dirección Técnica del Organismo, de Conagua. Los funcionarios del laboratorio de Conagua hicieron muestras del arroyo y también de la mezcla de aguas de lluvia con jales secos que escurrieron en el arroyo El Coyote.

Las muestras fueron colectadas directamente de la “pila que recolecta las aguas de lluvia que deslavan la tierra y sedimentos de los jales secos que se depositan y almacenan en un terreno que se localiza en un nivel más arriba de la pila de los escurrimientos, y también justo en el sitio que ocupa el canal que recolectan los escurrimientos del deslave de tierra y sedimentos de los jales secos”, detallaron los funcionarios en su acta .

Estas muestras fueron analizadas por Laboratorio Regional Pacífico Sur de la Dirección Técnica del Organismo, en conjunto con el Laboratorio Nacional de Referencia de la Gerencia de Calidad del Agua de la Subdirección General Técnica, ambos pertenecientes a Conagua.

De acuerdo con los resultados, en los muestreos de los jales secos con aguas de lluvia, colectados dentro de las instalaciones de la Minera Cuzcatlán y que posteriormente se vertieron en el Arroyo el Coyote, aparecieron los siguientes metales por arriba de los límites máximos permisibles (LMP) de los Ceca y de la NOM-001-Semarnat-1996: Níquel, Aluminio, Arsenio, Boro, Cadmio, Cromo, Cobre, Fierro, Plomo, Zinc. También aparecieron otros metales en los muestreos, sin embargo, las normas utilizadas por Conagua no establecen un límite máximo permisible para estos metales. Ellos son: Plata, Bario, Berilio, Bismuto, Cobalto, Litio, Manganeso, Molibdeno, Selenio, Estaño, Estroncio, Titanio, Talio, Vanadio y Magnesio.

En una nota aclaratoria enviada al equipo de esta investigación, el Director General OCPS de Conagua, Miguel Ángel Martínez Cordero, quien fue entrevistado en la investigación, sostiene que los “procedimientos administrativos (…) se llevan a cabo en estricto apego a los criterios técnico-administrativos y se fundamenta su intervención en la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento”.

Puedes consultar la nota aclaratoria.

Invitamos a revisar el reportaje completo, debidamente documentado.

Minera Cuzcatlán: con licencia para contaminar

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Por Eugenia López

El presidente ejecutivo de la empresa DESA, Roberto David Castillo, fue detenido en 2018 como presunto autor intelectual del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores. La Sala I del Tribunal de Sentencia Nacional de Honduras indicó que habrá un juicio oral y público contra Castillo que se iniciará el 6 de abril y se alargará hasta el 30 de ese mismo mes.

Para Berta Züñiga , el detenido, ingeniero electricista, graduado de la academia militar de West Point en Estados Unidos, sub teniente de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas de Honduras (2006-2008) y exgerente de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), es “la pieza clave que vincula a los autores intelectuales” del asesinato.

“Sentimos que ahora estamos en el momento de derribar el muro más fuerte que se ha levantado respecto a la impunidad, la captura de los autores intelectuales”, declaró la hija mayor de Cáceres al respecto.

En el marco de la conmemoración del asesinato de Cacéres, sus familiares y miembros del COPINH reítiraron su exigencia de justicia, considerando que el Estado “está en deuda”, pese a que siete personas han sido condenadas.

“Nuestra voluntad no nació por enjuiciar a personas que fueron pagadas por este grupo de personas vinculadas a la familia Atala Zablah (ligada al sector bancario del país), sino para enjuiciar y castigar a los que pagaron y ordenaron este crimen, lo cual no se ha logrado hasta el momento”. La petición de que se “capture y castigue a los autores intelectuales (del crimen) está igual”, dijo Zúñiga para el periódico Efe.

También denunció la colusión que existe entre los autores intelectuales y el sistema de justicia hondureño, declarando que el principal obstáculo que han enfrentado como familia es “romper el pacto de impunidad que existe entre las instancias de justicia y los autores intelectuales del proceso”.

La amenaza latente

A principios de este mes, se conmemoró el quinto aniversario del asesinato de la defensora lenca Berta Caceres, quien dedicó su vida a la defensa de los territorios y los derechos de las mujeres frente a las violencias tanto estatales como empresariales, militares o políticas.

Fue en la madrugada del 2 al 3 de marzo de 2016, cuando cuatro sicarios entraron a su casa, en la Esperanza, en el Oeste de Honduras, y la asesinaron por defender el río Gualcarque, sagrado para el pueblo lenca y amenazado por un proyecto de represa hidroeléctrica conocido como Agua Zarca y liderado por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).

Tras el asesinato de Cáceres, la construcción de la central hidroeléctrica fue paralizada. El proyecto sigue sin avanzar hasta la fecha, pero el riesgo sigue vigente ya que la concesión otorgada es por 50 años.

“Para nosotras sigue siendo una amenaza latente”, sostuvo su  hija mayor, Berta Züñiga, quien encabeza ahora el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), que Cáceres coordinaba antes de su muerte, para el diario El País.

La lucha sigue 

A cinco años de la muerte de la indígena Lenca, su fuerza y espíritu se mantienen vivos, y el COPINH sigue activo a pesar de la pandemia.

“Son muchas las circunstancias que nos dan un escenario complicado y desesperanzador. Pero aquí es necesario que nosotras sigamos con la labor de transformar la realidad de Honduras, así como de dignificar la memoria de los mártires”, declaró la joven.

Despojo por megaproyectos en aumento

En los últimos años, los conflictos relacionados con el control de la tierra y del agua han aumentado en toda la región. De acuerdo con el informe Territorios en Riesgo II de Intermón Oxfam, 112 hidroeléctricas ya están operando en Honduras, y 300 más están en proyecto, 25 de las cuales están dentro de áreas protegidas y otras 34 se ubican en territorio lenca.

Como si fuera poco, en enero pasado, el Gobierno hondureño aprobó y anunció la construcción, la ampliación y la operación de 14 represas, justificando su decisión por los recientes huracanes llamados Eta e Iota que causaron daños en el país. Con el decreto ejecutivo PCM 138-2020, las represas hasta fueron declaradas megaproyectos priorizados de interés nacional, como una medida para la contención de inundaciones.

Represión y criminalización

La represión tampoco ha parado en el país centroamericano. Desde el asesinato de Berta Caceres en 2016 y según Global Witness, 50 personas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas en Honduras. “Lastimosamente, en estos cinco años más bien ha empeorado todo. Cuando comenzamos

este trabajo en pro de la justicia el objetivo era aportar a la no repetición de los crímenes en contra de las personas que están defendiendo los territorios. Pero, actualmente, siguen dándose las circunstancias de persecución y de criminalización por parte del Estado y las grandes empresas. No hay una voluntad política y eso va a tardar más tiempo del que nosotras hubiésemos deseado”, comenta Zúñiga.

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• Con presencia de la Guardia Nacional y policías estatales, habitantes tostsiles de Aldama bajo ataques de armas de fuego

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), ha recibido información de la Comisión Permanente de los 115 comuneros y desplazados de Aldama, Chiapas, México; que durante los días 20 y 21 de marzo 2021, las comunidad de Aldama han sido agredidas con disparos de armas de fuego de alto calibre provenientes de distintos puntos ubicados en Santa Martha-Miguel Utrilla, municipio de Chenalhó, Chiapas, actos provocados por el grupo paramilitar en complicidad con el gobierno municipal.

Las agresiones armadas en contra de la población maya tsotsil de Aldama no ha cesado, desde noviembre de 2020, en donde el Frayba registró el mayor indice de ataques, a la fecha, los ataques armados han continuado hacía la población que vive sometida en un contexto de terror, donde la niñez, las mujeres y la población en general sobreviven en un ambiente torturante. Las acciones gubernamentales han sido insuficientes, ineficaces y simuladas ya que no garantizan la seguridad e integridad a la población.

El 20 de marzo de 2021, a partir de las 14:00 horas, habitantes de las comunidades Stzelejpotobtic, Coco, Juxton, Yeton, San Pedro Cotzilnam y Tabac recibieron 21 ataques de armas de fuego hasta las 23:30 horas, fueron más de 9 horas de agresión. La comunidad de Stzelejpotobtic recibió 11 ataques armados. Los disparos provenían de los puntos: K’ante’, Pajaltoj, Tok’oy-saclum, Puente Caridad, Vale’tik, Chuch te’, El Puente y T’elemax, municipio de Chenalhó.

El 21 de marzo de 2021, de las 10:00 a 21:00 horas, habitantes de las comunidades de Ch’ivit, Yeton, Tabak, Coco y Xuxch’en vivieron 9 ataques con armas de fuego. Además, trabajadores de una compañía que se encuentran laborando en el tramo carretero Tabac-San Pedro Cotzilnam, estuvieron bajo ataque. Mientras ocurrían las agresiones armadas, la Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva se encontraban del lado de Santa Martha-Miguel Utrilla, Chenalhó. Los las agresiones provenían de los puntos de ataque El Ladrillo que se encuentra dentro de las 60 hectáreas en disputa, además de Vale’tik, T’elemax, Tojtic, Slumka y Yocventana, Santa Martha.

El Frayba manifiesta su preocupación por los hechos de agresión armada que vive constantemente la población del municipio de Aldama. Estos hechos, forman parte de una persistente violencia con impactos psicológicos que ya vive la población y lleva a una fractura profunda del tejido social.

Urgimos al Estado mexicano que investigue, identifique y sanciones al grupo paramilitar de Santa Martha, Chanalhó, y ponga de una vez fin a la violencia contra las comunidades de Aldama.

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional a que firmen esta llamado urgente disponible en la página www.frayba.org.mx y le escriban a las autoridades mexicanas a fin de que se comprometan a implementar medidas más apropiadas que garanticen la vida, la seguridad e integridad física y psicológica de la población en constante asedio.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

22 de marzo de 2021
Acción Urgente No. 02

Se registraron más de 40 ataques hacia las comunidades de Aldama.

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Por Renata Bessi

Foto de Portada: Aldo Santiago

La transición hacia a las energías consideradas verdes o renovables es el objetivo de por lo menos 194 países que firmaron el Acuerdo de París, durante la Conferencia sobre el Clima (COP21), en diciembre de 2015, para evitar que el cambio climático cause aún más desastres en el planeta. Incluso, una de las primeras ordenes ejecutivas del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue reincorporar a su país al acuerdo, revertiendo la decisión de su antecesor Donald Trump.

Pero esta transición energética tiene un costo poco alardeado o minimizado por los países y organizaciones supranacionales que promueven el acuerdo. Este costo es el aumento en escala planetaria, y sus consecuencias sociales y ambientales, de la explotación de minerales como aluminio, cobre, plomo, litio, manganeso, níquel, plata, acero y zinc y minerales de tierras raras.

El Banco Mundial estima que serán necesarias más de 3 mil millones de toneladas de minerales y metales para la implementación de las nuevas tecnologías como la energía eólica, solar y geotérmica y para las baterías para almacenar energía y para automóviles eléctricos. El aumento de la explotación de minerales significa, por ejemplo, en el caso del litio, grafito y cobalto, utilizados en tecnologías de almacenamiento de energía, un aumento de casi el 500% hasta 2050, de acuerdo con un informe del organismo financiero.

Todo eso con el objetivo de cumplir uno de los puntos del Acuerdo de París que es mantener el aumento de la temperatura mundial en este siglo por debajo de los 2 grados centígrados. “Un futuro bajo en carbono será muy intensivo en minerales porque las tecnologías de energía limpia necesitan más materiales que las tecnologías de generación de electricidad basadas en combustibles fósiles”, explica el informe. Los metales son fundamentales para la fabricación de las tecnologías consideradas ‘verdes’ como los paneles solares, turbinas eólicas y baterías.

Cada tecnología energética tiene diferentes composiciones minerales, lo que genera características de demanda que pueden variar significativamente de una tecnología a otra. La energía solar fotovoltaica, por ejemplo, representará la mayor demanda de aluminio, en 87% del consumo total. La energía eólica y geotérmica representarán la mayor parte de la demanda de zinc y titanio, con 98% y 64% respectivamente del consumo total. La energía solar fotovoltaica y la eólica, combinadas, representan el 74,2% de toda la demanda de cobre.

El informe advierte que cualquier escasez de estos minerales pondrá en jaque la implementación en escala mundial de las tecnologías consideradas verdes. De manera que, para incentivar la explotación de estos minerales, el Banco Mundial lanzó un fondo para promover lo que ha denominado como “minería climáticamente inteligente”, de tal manera que busca “garantizar que los minerales necesarios para la transición a las energías limpias se produzcan y suministren de manera sostenible y responsable”, dice el informe.

Para la bióloga Martha Patricia Mora Flores, profesora y investigadora del Instituto Politécnico Nacional (IPN), hablar de minería sostenible es una incongruencia. “La tecnología utilizada en la explotación minera continúa siendo depredadora, porque continúa utilizando productos químicos, metales pesados en su proceso, además de grandes cantidades de agua y energía para obtener el metal puro. Además, van modificando ecosistemas completos”, explica para Avispa Midia.

Debido al agotamiento de los metales, cada vez se obtienen menos cantidades de minerales por cada tonelada extraída de material pétreo del subsuelo. “Eso demanda métodos más refinados, pero no significa que dañe menos el ambiente”, sostiene la bióloga, “además la explotación se está dando en escalas nunca antes vistas”.

La inversión prevista para lo que el Banco considera como ‘minería climáticamente inteligente’ es de 50 millones de dólares en un plazo de 5 años para acelerar el extractivismo de más minerales. Entre las iniciativas promovidas y financiadas por esta instancia está la prestación de “asistencias a los gobiernos para crear un sólido marco de políticas reglamentarias y de orden legal que promueva la minería climáticamente inteligente y que genere un entorno propicio para el capital privado”, sostiene el organismo.

Actualmente el reemplazo de las energías renovables marcha a una velocidad acelerada, no obstante, de acuerdo con datos el BM, hasta 2017 tan solo se había alcanzado un  reemplazo del 17% de la generación de energía mundial.

Mapeo de los minerales

El Banco Mundial también realizó un mapeo de la producción y de las reservas de minerales a nivel mundial. América Latina es considerada por el organismo financiero como una de las principales fuentes de minerales para la llamada transición energética global, siendo Brasil, Chile, Argentina, Bolivia y Perú los principales países. Los minerales claves en esta región son el litio, cobre, hierro, plata, aluminio, níquel, manganeso y zinc.

Asia es otra región estratégica para esta transición en lo que respecta a los minerales de tierras raras, una lista de 17 elementos químicos necesarios para la fabricación de motores eléctricos, smartphones o paneles solares. Además, la India domina el hierro, el acero y el titanio, e Indonesia cuenta con bauxita y níquel, al igual que Malasia y Filipinas —con cobalto— en menor medida.

África es estratégica con sus reservas de platino, manganeso, bauxita y cromo. Finalmente, en Oceanía, se destacan las enormes reservas de níquel.

Papel de la China

El informe del Banco Mundial subraya el dominio global de la China sobre la explotación de los metales. “China seguirá desempeñando un papel de liderazgo en la producción y en los niveles de reservas en prácticamente todos los metales clave necesarios en escenarios de bajas emisiones de carbono”, sostiene el documento.

¿Quién domina las informaciones?

De acuerdo con el informe del Banco Mundial, el Servicio Geológico de los Estados Unidos proporciona la información más sofisticada y actualizada disponible públicamente sobre la producción y las reservas de minerales en el mundo. Además, de los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón también han establecido programas que rastrean la disponibilidad de estos metales.

¿Quién paga el costo?

El centro mundial de la explotación minera está en el sur global, en los países con los mayores índices de extrema pobreza, que el organismo nombra como ‘países en desarrollo ricos en recursos’. “Los recursos minerales no renovables desempeñan un papel dominante en 81 países que en conjunto representan una cuarta parte del PIB mundial, la mitad de la población mundial y casi el 70 por ciento de los que viven en la pobreza extrema”, dice su informe.

Mientras el Banco Mundial entabla el viejo discurso de las posibilidades de desarrollo de los países y de una minería amigable con el medio ambiente, la realidad en los territorios indígenas y campesino es otra. “Sabemos que los procesos de extracción minera generan enormes impactos en los territorios”, sostiene para Avispa Midia Claudia Ramos, de la Organización Agua y Vida, Mujeres, Derechos y Ambiente. “Conllevan enormes riesgos y violaciones a los derechos de pueblos y comunidades indígena”, señala.

El hondureño José Armando Acosta Contreras, de la comunidad de Azacualpa, en el municipio de la Unión, Honduras, trabajó alrededor de 20 años para  la minera Minerales Occidente (Minosa), filial de la canadiense Aura Minerals, que explota a cielo abierto diversos minerales de su comunidad, como el oro, plata, cobre y el bronce. Contreras tiene la sangre contaminada por los metales pesados como arsénico, mercurio y plomo y sufre las consecuencias en su salud por esta contaminación. A él la empresa lo despidió acusado de actuar en su contra, por defender el cementerio de su comunidad, la última franja de tierra a ser devastada por esta minera.

La Minosa, que desplazó a la comunidad de San Andrés y parte de las comunidades de San Miguel y Azacualpa, sostiene que sus negocios están “enfocados en el desarrollo sostenible”. Para Contreras no existe minería ambientalmente responsable. ‘Desarrollo sostenible’, para él que conoce los procesos mineros desde adentro, es puramente un juego de palabras. “Sino no harían daño a los bosques, tampoco mataría los animalitos. Antes existían muchos animales en estos cerros, pajaritos de todas las clases, ardillas, venados, hasta coyotes. Además, las cinco fuentes de agua que teníamos ya no existen. Todo eso la empresa poco a poco lo destruyó”, comenta para Avispa Midia.

La comunidad está sentada sobre lo que resta de una gran montaña que ha sido devorada por la maquinaria pesada de la minera. “Estamos sentados sobre los minerales. Si Minosa continúa la explotación nos va a derribar de aquí. Somos de acá, tenemos nuestras raíces acá y a nosotros no nos pueden dañar en nuestro propio territorio”, sostiene.

La llamada minería verde, añade Ramos, “es seguir con el ciclo de negocios que alimenta empresas extractivas que tanto despojo, violencia y muerte genera en nuestros territorios”.

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Por Sare Fabres

^{Fotos por Janda de Luna}

El pasado 6 y 7 de marzo del presente año se dieron cita diversas mujeres indígenas provenientes de los diversos pueblos originarios de México, en el edificio que anteriormente fungía como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), para realizar el 3er Encuentro Nacional del Mujeres del Congreso Nacional Indígena (CNI).

El espacio está ocupado desde el día 12 de octubre del 2020 por la comunidad Indígena Otomí, residente en la Ciudad de México, por la falta de respuesta del gobierno para atender sus demandas de vivienda.

En el encuentro, las mujeres trabajaron en torno a tres meses de análisis y debates que llamaron: Mujeres y Territorio; Mujeres, Resistencias y Autonomía; Alternativas al Sistema Patriarcal.

Tomaron sus medidas para contener la propagación de la Covid-19 y así trabajaron durante dos días. Entre los acuerdos a los que llegaron señalaron que se sumaban a las acciones de las mujeres Otomí quienes ya estaban cansadas de tocar las puertas de los gobiernos en turno, “especialmente el actual tan engañoso y mentiroso”, dijeron en su pronunciamiento.

De la misma forma, se pronunciaron “en contra de la guerra contra nuestros hermanos y hermanas del EZLN (Ejercito Zapatista de Liberación Nacional) y de los asesinatos de los defensores y defensoras de la madre tierra”.

Denunciaron que, en todas las regiones del país, los derechos y conquistas de los pueblos originarios están siendo pisoteados por lo poderosos del sistema capitalista patriarcal. “Las mujeres vivimos cada vez más en peores condiciones de vida. Pero también vemos que, a nivel internacional, los pueblos del mundo estamos viviendo las mismas situaciones de mayor despojo, mayor destrucción, mayor explotación y mayor represión”, aseveraron las indígenas.

Alertaron que lo que el planeta esta viviendo es una guerra de exterminio a escala global, por ello, anunciaron que “junto con nuestros compañeros y compañeras zapatistas, estamos viendo la importancia de enlazarnos entre todos los pueblos de abajo y de lucha del mundo. Particularmente con las mujeres. Para aprender, para hablar de los dueños de las empresas que nos vienen a destruir”, dijeron las mujeres indígenas en torno a la próxima gira que realizará el EZLN e integrantes del CNI rumbo a Europa.

“Nuestra respuesta es la colectividad y la comunidad, desde el rincón más pequeño hasta el conjunto del planeta”, expresaron.

Escuche el pronunciamiento:

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Organización de la Sociedad Civil las Abejas

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

08 de marzo 2021

Al congreso nacional indígena

Al congreso indígena de gobierno

A todas las Organizaciones Sociales y Políticas

A todas las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

A la prensa Nacional e Internacional

A los medios Libres

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

A la Sexta y

A la opinión pública

08 de marzo día Internacional de la Mujer

Hermanos y hermanas, en este día tan importante para nosotras las mujeres y para la sociedad en general, nosotras las mujeres de la Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal y las víctimas sobrevivientes de la masacre de Acteal, estamos reunidas hoy 08 de marzo, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, para recordar aquellas compañeras que han entregado su vida para la defensa de sus derechos y por la defensa del territorio.

El 08 de marzo de 1975 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) oficializa este día como el día Internacional de la Mujer como un reconocimiento a las mujeres trabajadoras que murieron calcinadas el 25 de marzo de 1911 en una fábrica de textiles en la ciudad de Nueva York. En ese evento murieron 123 mujeres trabajadoras y 23 trabajadores.

En este marco, también recordamos a nuestras compañeras mártires, que fueron asesinadas en esta tierra de Acteal por un grupo de paramilitares priistas y que el Estado sigue sin hacer justicia. Por ello las mujeres de Las Abejas de Acteal, en esta fecha conmemorable hacemos un llamado al pueblo en general y al Estado mexicano para recordarles que en Acteal seguimos en lucha, en resistencia y en búsqueda de la justicia para nuestros mártires, también para pedirles como pueblo, y como sociedad civil sigan exigiendo justicia colectiva para Acteal en cada uno de sus espacios.

En la matanza de Acteal fueron ejecutadas 45 personas y 4 no nacidos, por un grupo paramilitar que portaban armas de fuego de alto calibre. A mujeres embarazadas le fueron extirpados a sus bebes, a otras mujeres sus cuerpos presentaron huellas de violencia sexual, esas acciones crueles sin sentimientos ofenden mucho a nuestros corazones, nosotras somos mujeres, somos madres, somos hijas, somos hermanas; por ello éstas acciones tan violentas, tan despiadadas no pueden quedar en el silencio y sin justicia.

El gobierno actual divulga y muestra ante los medios de comunicación que hay canjeo de armas en Chenalhó, para nosotras eso solo son engaños para hacernos pensar que hay desarme en los pueblos, las armas canjeadas son todas aquellas que ya no sirven, son armas viejas sin uso pero las armas de alto calibre, no aparecieron.

Las verdaderas armas de alto calibre quedaron resguardadas en las casas, quedaron en las comunidades, por ello, no podemos decir que ya no hay armas en las comunidades y pueblos. Nosotras y nosotros, mujeres y hombres conscientes sabemos que las armas están resguardadas en algún lugar de nuestro territorio de Chenalhó y con ellas se siguen cometiendo delitos y violaciones a derechos humanos.

Nosotras las mujeres exigimos el desarme completo, la desarticulación de los grupos paramilitares para que no sigan dominando nuestro pueblo y castigo al grupo paramilitar de Chenalhó que ejecutó a las 45 personas y 4 no nacidos en Acteal.

Que se eliminen las armas, y también que se vayan los militares de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, porque su presencia en el pasado y en el presente nos genera inseguridad y ausencia de justicia.

Nos damos cuenta que el gobierno nos engaña mandando sus proyectos de ayuda, pero lo que quiere es causar aún más divisiones, los proyectos son de muerte, de desigualdad, no por un mundo mejor, de no respeto a la autonomía y libre determinación como pueblos. Son para acabarnos, pero nosotras las mujeres Abejas de Acteal seguimos en pie de lucha y resistiendo.

Esta marcha es para visibilizar que la fuerza de las mujeres aún sigue con una gran fortaleza, nosotras las mujeres no olvidamos el despojo, las matanzas, las desapariciones que hace el gobierno; nosotros vemos, escuchamos lo que hace el gobierno; y así recordamos al compañero activista Samir Flores Soberanos asesinado en el mes de febrero de 2019. Su asesinato es uno de los muchos asesinatos que hace el gobierno junto con sus militares, que no protegen la vida, es más, matan a quienes protegen nuestros recursos, y un gobierno que mata, no es gobierno para la vida, es gobierno de muerte.

Como mujeres, estamos fuertes en seguir defendiendo nuestros derechos, nuestras tierras, nuestro territorio, aunque el gobierno quiera desaparecernos, pero nosotras no desapareceremos, renacemos en cada hermano, en cada hermana que tenga la conciencia de defender su pueblo.

Y ante estos atentados, recordamos a la hermana dominica María Isabel Hernández Rea, quien recibió un balazo por grupos armados de Santa Martha Chenalhó y en donde su única culpa es ir a dejar ayuda humanitaria a las comunidades en conflicto entre los territorios de Aldama y Santa Martha, Chenalhó.

También recordamos a la compañera Berta Cáceres, asesinada el 02 de marzo de 2016, ella también luchó por su pueblo, también era indígena como nosotras, que su única preocupación era defender el medio ambiente en el territorio hondureño.

Son muchas las violaciones a nuestros derechos, y así hacemos mención a la compañera Verónica Pérez Pérez de la comunidad Campo los Toros, perteneciente a la Organización de Las Abejas de Acteal, en donde ha sufrido violación a sus derechos, ya que le han negado acceso a luz y camino, y eso no puede seguir así, basta de tanta violencia, primero hay que ver que somos personas, somos humanos y todos tenemos necesidades, pero que no nos gane el interés material, el interés del dinero, es hora de vernos como hermanos, como hermanas; exigimos solución a la situación de la compañera Verónica Pérez Pérez.

Desde que está presente la Covid 19 hemos sufrido crisis económica en la venta de nuestros productos, nos obligaron a estar en nuestras casas y no salir, ahora que han encontrado la vacuna, nos obligan a vacunarnos. Para las personas que están afiliadas a los programas de gobierno, les dicen que deben de recibir la vacuna ya que, de no ser así, no podrán recibir sus pagos del programa, vemos hasta qué grado llega el gobierno para someternos a sus políticas de muerte.

Pero nos damos cuenta que a nosotras también como pueblos originarios, nos obligan a cerrar nuestras tiendas, nuestros pequeños negocios, mientras que las grandes empresas siguen abiertas y dando servicio, ellos si están ganando a pesar de la contingencia sanitaria, y nosotros los pueblos pobres, cada vez más pobres y los ricos, más ricos.

Esto es un gobierno injusto, que no cuida ni protege su pueblo, lo único que protege son sus intereses, lo que guarda en su bolsillo o en su banco, pero a los pueblos y sus territorios eso no le interesa, es más, nos mata, poco a poco; nos mata dando derechos a las empresas refresqueras como la Coca Cola que se acaban el agua de nuestros pueblos y nos venden sus refrescos como bebida única; como si nuestro pozol no sirviera. Por eso compañeras y compañeros, los invitamos a que dejen de consumir productos de estas empresas, estas bebidas no son nutritivas, nos dañan poco a poco.

Otra de las bebidas que nos envenena poco a poco, es el famoso “pox” y cualquier bebida que emborracha a la gente de nuestros pueblos. Nos causan enfermedades, tristeza, hambre, pobreza, violencia y muerte. A pesar de que nosotras las mujeres exijamos que se acabe estas ventas en los pueblos, el gobierno no hace nada para frenar estas acciones porque prefieren que estemos sometidas. Por eso, en este día Internacional de La mujer, exigimos a los gobiernos municipales, estatal y federal que pongan alto a la venta de bebidas alcohólicas que sólo destruyen familias, que causa enfermedad y muertes

Desde Acteal, casa de la memoria y la esperanza decimos Alto a la paramilitarización en los pueblos. Basta de matar a las mujeres. Que se reconozca nuestro papel de cuidadoras de la vida. Exigimos solución a los conflictos territoriales que acaban con nuestros pueblos.

¡Viva las mujeres que luchan a favor de la paz!

¡viva las mujeres que defienden la vida!

¡mujeres luchando y el mundo transformando!

¿Qué exigimos compañeras? Justicia para Acteal

¡gobierno entiende, la justicia no se compra ni se vende!

Atentamente

Por las Mujeres coordinadoras de la Sociedad Civil de

Las Abejas de Acteal.

                        Florentina Gómez Pérez                Catarina Pérez Pérez.

Por la Mesa Directiva:

Cristóbal Ruiz Arias             Gerardo Pérez Pérez

                                            Presidente                              Secretario

Manuel Ortiz Gutiérrez               Pedro Pérez Pérez

                                                  Tesorero                            sub presidente

Sebastián Guzmán Sántiz

Sub tesorero

 

Organización de la Sociedad Civil las Abejas
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Acteal, Ch’enalvo’, Chiapas, México

08 de marzo de 2021

Al Ejército Mexicano

Hoy 08 de marzo, conmemoración del Dia Internacional de La Mujer, nosotras somos las mujeres de la Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal, llegamos hasta este lugar, para decir unas cuentas palabras, a ustedes que están en nuestras tierras.

No queremos que haya militares en nuestras tierras, no nos gusta. El gobierno que ustedes obedecen es un gobierno de muerte, no le interesa los pueblos, lo único que ve en ellas es la riqueza de las tierras, por eso nos asesina, nos secuestra. Nosotros como pueblos originarios sabemos cómo cuidarnos, tener a militares en nuestras comunidades no lo vemos como protección, nosotros no nos gusta, por eso, pedimos que se retiren.

Las mujeres de la Sociedad Civil Las Abejas no estamos haciendo conflicto con ustedes, nosotras como mujeres solo queremos paz, por ello, les decimos que no queremos que estén en nuestras tierras.

Fuera Ejército de Nuestras comunidades
Fuera ejercito de Chiapas
Queremos paz y no la guerra

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Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el modelo de contrainsurgencia en Chiapas “es más cínico, al estar violando derechos humanos, acuerdos, tratados y pactos nacionales e internacionales usando una supuesta legitimidad electoral para hacer el mismo trabajo criminal de los anteriores”, sentencia el segundo informe de la Caravana de Solidaridad y Documentación, formada por decenas de organizaciones, redes y colectivos.

El documento es resultado del registro en las visitas a las comunidades zapatistas realizadas durante octubre del 2020 a febrero del presente año. En él, subrayan que en Chiapas la guerra de contrainsurgencia desde la “cuarta transformación” no solo sigue en práctica, sino que se expresa de distintas maneras, en lo económico, político, agrario, psicológico y militar-paramilitar.

“La estrategia está siendo articular varias tácticas que van desde una campaña informativa de desprecio y desprestigio hacia el EZLN íntimamente relacionadas con la presencia de la Guardia Nacional y grupos armados, la ejecución de megaproyectos y programa de descampesinización como ‘Sembrando Vida’ y el hostigamiento a miembros del CNI (Congreso Nacional Indígena). Teniendo como objetivo una avanzada que consiste en despojar de la tierra recuperada a los pueblos zapatistas”, denuncia el informe.

Entre las principales afectaciones a la vida de las comunidades BAEZLN, se considera el impedimento para sembrar y cosechar sus alimentos, la constante vigilancia y hostigamiento, principalmente a mujeres, además de la destrucción de infraestructura para la realización de los trabajos colectivos en hortalizas, tierras de sembradío y ganado.

En el informe presentado el 11 de noviembre del 2020, las y los integrantes de la Caravana de Solidaridad y Documentación identificaron siete mecanismos de violencia de la guerra integral de desgaste hacia los pueblos zapatistas.

Éstos son: 1) Invadir tierras y destruir la Madre naturaleza; 2) Cercamiento con alambrados y ambiente de balazos; 3) Violentar el derecho al acceso al agua; 4) Provocar el hambre; 5) Destruir la economía autónoma; 6) Violencia de difamación, calumnia y desinformación y 7) Mecanismos de Violencia hacia los cuerpos-territorios de las Mujeres.

Para el periodo de diciembre del 2020 a febrero del 2021, el informe identifica cuatro de ellos a continuación.

1) La modalidad de dominio y terror que adquiere el despojo frente a la impunidad de los tres niveles de gobierno hacia los grupos invasores ha llevado a que las familias zapatistas abandonen sus casas y se concentren en un espacio de resguardo seguro; las familias han quedado encapsuladas en tres cuartos de hectárea, ahí siguen resistiendo desde el trabajo colectivo de la carpintería, la clínica, la escuela, tienda, iglesia.

2) El desgaste psicosocial para las mujeres es cada vez mayor. Situación que las coloca en un estado de vulnerabilidad al no poder transitar libremente y estar bajo intimidación permanente por parte de líderes invasores

3) Como consecuencia vemos la conversión del territorio común a propiedad privada. Invadir, cercar y parcelar la tierra recuperada para generar terror y desánimo una vez que transforman todos los espacios vitales-elementales para la reproducción de la vida comunitaria y autónoma en espacios exclusivos de propiedad privada donde la relación hacia la Madre naturaleza cambia a su uso como mercancía.

4) Nuevos terratenientes líderes. Los catequistas, ex policías y propietarios de tierras ofrecen tierras recuperadas a personas ajenas a la comunidad, ponen a la venta la tierra en paralelo a la continuidad de la difamación, calumnia y desinformación acerca del proyecto de vida y la forma organizativa autónoma de los pueblos zapatistas.

Agresiones a Nuevo San Gregorio

En una conferencia de prensa para acompañar la publicación del informe, organizaciones y colectivos defensores de derechos humanos presentaron testimonios y denuncias de familias bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), sobre las agresiones a su comunidad Nuevo San Gregorio, Municipio Autónomo Rebelde Zapatista Lucio Cabañas.

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“Llevamos casi ocho días aquí, secuestrados en un solo lugar, ahora sí. Las familias que tenemos nuestras casitas, nuestros animales o lo que tenemos cada persona, cada familia, pues ahorita está abandonado”, refiere un testimonio recabado el 7de febrero del presente año, luego que las agresiones escalaron hasta obligar que familias zapatistas abandonaran sus hogares.

Los responsables de la violencia son identificados por las BAEZLN como “Los 40 invasores”. Dicho grupo se conforma de personas que provienen de los ejidos San Gregorio Las Casas, San Andrés Puerto Rico, Ranchería Duraznal y Rancho Alegre e incluso algunos de sus integrantes tienen cargos ejidales y eclesiales, además de ser propietarios de tierra en sus ejidos.

Entre los líderes se identifica a Nicolás Pérez Pérez, ex regidor del PRD en el municipio de Huixtán durante los años del 2008 al 2010; Sebastián Bolom Ara, ex funcionario de Huixtán durante el mismo periodo, además de Pedro Hernández Gómez, ejidatario en San Gregorio Las Casas; y Javier Gómez Pérez, ejidatario en la Ranchería Duraznal.

“A inicios del mes de febrero, el grupo de ‘Los 40 invasores’, equipados con machetes, cuchillos, macanas, radios de comunicación, binoculares y celulares montan guardias en varias posiciones: en los diferentes terrenos y espacios de trabajo de la comunidad, en la carretera, en el acceso al manantial y frente al centro de la comunidad. Uno de los invasores, Miguel Bolom Ara, se viste de policía mientras vigila a las familias zapatistas que, para evitar cualquier tipo de enfrentamiento, se han concentrado en el centro del poblado”,

DETALLA EL INFORME SOBRE LOS AGRESORES.

Las organizaciones sociales enfatizaron que la intención de las agresiones es el despojar de las tierras a las BAEZLN. Cabe destacar que hace un año y tres meses el grupo de ‘Los 40 invasores’ llegó al poblado de Nuevo San Gregorio y entre sus integrantes se encuentran ex policías del municipio de Huixtán.

Autonomía

El poblado Nuevo San Gregorio, ubicado en tierras recuperadas por el EZLN cuenta con una extensión de 155 hectáreas, incluyendo el casco de la ex hacienda llamada “Casa Grande” y pertenece al Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde”.

A través de 27 años, la comunidad ha conseguido fortalecer distintos trabajos vitales para su proceso de autonomía, tales como proyectos de agroecología, salud, alimentación, educación, justicia y economía.

Para ello, las BAEZLN han realizado múltiples trabajos colectivos, que van desde la administración de una tienda de abarrotes, hasta la producción y venta de artesanías, alfarería, carpintería, ganado, hortalizas, árboles frutales y medicinales.

“Se vive una vida digna desde el ejercicio de los pueblos en resistencia-rebeldía que construyen autosustento con trabajo colectivo para una vida saludable e integral, donde las familias ejercen el derecho a una alimentación y salud equilibrada y equitativa. Los ríos y lagunas no están contaminados, los suelos están sanos, las montañas, los bosques, selvas y ceibas siguen de pie, las mujeres, jóvenes, niños y niñas ensayan arte, cultura, educación. Los pueblos deciden sus formas de autogobernarse”, refiere el informe sobre el modo de vida zapatista que se encuentra bajo asedio constante.

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Las organizaciones visitaron la comunidad de Nuevo San Gregorio para recopilar las denuncias, lo cual les permitió atestiguar “la impunidad, la complicidad de este régimen que está siendo ejecutado por parte de los tres niveles de gobierno”, afirmó Diana Itzu Gutiérrez del Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas.

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Entre las organizaciones integrantes de las caravanas de solidaridad y documentación están: Centro de Derechos de la Mujer Chiapas A.C., Colectivo Anarcista El Pueblo (Grecia),  Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C., Desarrollo Tecnológico y Servicios Comunitarios El Puente, S.C., Enlace Civil, A.C., Espacio de Lucha Contra el Olvido y la Represión, Grupo de trabajo No Estamxs Todxs, Lumaltik Herriak, Médicos del Mundo, Suiza-México, Memoria Viva, Promedios de Comunicación Comunitaria A.C., Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq,  Salud y Desarrollo Comunitario, A.C.,BIZILUR y TxiapasEKIN Plataforma.

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Estado mexicano omiso ante agresiones a Bases de Apoyo Zapatistas.

El día de hoy, 03 de marzo de 2021, se instalaron las Brigadas Civiles de Observación (BriCO), en la comunidad Nuevo San Gregorio, del municipio Autónomo Rebelde Zapatista Lucio Cabañas¹ (municipio oficial de Huixtán, en Chiapas, México). El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas ha documentado la omisión del Estado mexicano que agrava la situación de riesgo a la vida, seguridad e integridad de la población de esta región. La presencia de observadoras/es nacionales e internacionales tiene como objetivo monitorear violaciones a derechos humanos en un contexto de violencia generalizada.

  Desde noviembre de 2019, un grupo de personas realizan intimidaciones y amenazas a Bases de Apoyo Zapatista. Los agresores invadieron parte de las tierras recuperadas de Nuevo San Gregorio, cercándolas con alambre de púas, quemaron el potrero, cortaron arboles frutales, han roto varias veces la tubería de agua, destruyeron hortalizas y el jardín de plantas medicinales. La presencia de este grupo ha dificultado a seis familias la siembra de cultivos. Además las mujeres sufren acoso y afrontan vulnerabilidades al realizar sus actividades cotidianas. Las acciones de violencia se han intensificado a partir del día 1 de febrero de 2021.

Las BriCo es un programa coordinado por el Frayba desde 1995 e implementado en diferentes comunidades de Pueblos Originarios en Chiapas. La observación de derechos humanos se apega a lo estipulado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, que ha sido firmada y ratificada por el Estado mexicano: “Reconociendo el papel importante que desempeña la cooperación internacional y la valiosa labor que llevan a cabo los individuos, los grupos y las instituciones al contribuir a la eliminación efectiva de todas las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos y los individuos, incluso en relación con violaciones masivas, flagrantes o sistemáticas”.²

1 Caracol 10, «Floreciendo la Semilla Rebelde», Junta de Buen Gobierno «Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad.» Territorio recuperado en 1994 por el EZLN.

2 Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas. Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_sp