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(Español) Comunidad zapatista denuncia despojo y hostigamiento; ven esperanza en travesía del Escuadrón 421

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Mural colectivo sobre la travesía zapatista en la comunidad autónoma Nuevo San Gregorio. Foto: Sexta Grietas Norte

La comunidad de Nuevo San Gregorio, en el Caracol 10 Zapatista, denuncia el creciente hostigamiento que vive después de que la despojaran de sus tierras. Pone en el centro el trabajo organizativo y la travesía del Escuadrón 421 en Europa para librar los ataques del grupo “Los 40 invasores”, que desde noviembre del 2020 les despoja de tierras, alimentación, trabajo, educación…

Por Daliri Oropeza
Fotos: Sexta Grietas Norte
Video: School For Chiapas / Summer 2021 Delegation

CIUDAD DE MÉXICO.- Las familias de Nuevo San Gregorio, Caracol 10 Patria Nueva, pintan un mural. Lo hacen sobre una de las paredes de madera de “La Casa de Todos”. Dibujan colectivamente los sueños que les provoca el viaje de las delegaciones zapatistas a Europa. Llenan de color un barco y un avión. Trazan con brochas después de dialogar lo que quieren plasmar y reflexionar sobre el despojo de tierras que sufrieron.

Pedro asegura que en el mural están todos los continentes, pero sobre todo se encuentra presente la selva y las montañas; los jaguares, tucanes, hongos, escarabajos y flores. Lo que van a compartir las delegaciones zapatistas en su travesía por el mundo.

Hay tres palabras en las trabes que conectan el barco y el mar con el avión y el cielo: lucha, resistencia y rebeldía, las cuales decidieron en colectivo resaltar con pintura en rojo. Dibujan una frase con letras grandes y negras: “Queremos un mundo nuevo donde no se distingue raza y color”.

Pedro participó en la creación de este mural colectivo. Es habitante de Nuevo San Gregorio. Asegura que para ellos, como habitantes del Caracol 10 Patria Nueva, el mural significa que “no estamos solos” y “que andamos en otro lugar”.

“No me siento triste, solo, aunque los invasores siguen haciendo todo esto, quebrando alambrados, quitaron sus herramientas para la milpa, saquearon el ganado que pastan en terrenos a un costado de la carretera”, asegura en entrevista.

Nuevo San Gregorio se encuentra en una parte boscosa del Municipio Autónomo Rebelde Lucio Cabañas, entre pinos, sabinos y cipreses. Las bases de apoyo zapatistas tsotsiles y tseltales que aquí habitan llevan un año y siete meses bajo el asedio de un grupo que llaman “Los 40 invasores”. Es el grupo que señala Pedro como principal agresor de la comunidad, que se encuentra en el municipio oficial de Ocosingo, Chiapas.

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Organización Campesina de la Sierra del Sur O.C.S.S

(Español) COMUNICADO DE LA O.C.S.S AL CIPOG-EZ Y CNI-CIG

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Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo indígena de Gobierno
A los pueblos de México y el mundo
A NUESTROS HERMANOS DE GUERRERO

 

27 de junio del 2021, Tepetixtla, Coyuca de Benítez.

Nosotros hombres y mujeres de los pueblos campesinos de la Costa Grande del estado de Guerrero, que nacimos de la historia de dignidad que nos enseñaron los generales Morelos, Guerrero, y Zapata.

Hoy en tiempos de pandemia y elecciones. De vacunas y millones de pesos gastados en vanidades políticas. Con evidente presencia de la delincuencia organizada, que amplió el abanico de sus colores y en varios casos abiertamente se dice “morenista”.

Con un claro reciclamiento de individuos que ayer fueron corruptos y represores y hoy les dicen “compañeros”, de partido y que generan desconfianza a más de uno. Desde arriba se habla de cambio de régimen, pero en muchos casos, los impulsores del “nuevo”, nacieron y crecieron políticamente en el régimen anterior. ¿De veras cambiaron su visión política o solo de camiseta?

Los resultados nos hacen pensar que veremos el segundo tiempo del mismo juego. Fortalecer el capitalismo, atraer más capitales, más trasnacionales, más monopolios; más despojos a pueblos y comunidades; vigorizar al estado mexicano, legitimándolo, sin aparente corrupción y adelgazándolo, para que sea mas fácil operar con él; desactivar y deslegitimar los movimientos y la protesta social; seguir linchando a los críticos; negar la existencia de una izquierda, solo hay liberales y conservadores.

Se mantendrán algunos inevitables cambios desde arriba. El agotamiento del neoliberalismo lo impone, hay que revitalizar el capitalismo, para mantener y
recuperar las cuotas de ganancias empresariales. La corrupción agrava la violencia y hace frágiles a las instituciones del Estado y llegó a representar la perdida de hasta el l0% del PIB mexicano.

Pero, de acuerdo a “nuestros datos” la desigualdad social, la pobreza y la violencia generalizada experimentadas en México, no tienen sus raíces en la corrupción, sino en la lógica de acumulación depredadora y excluyente, donde conviven lo
legal y lo ilegal. El combate a la corrupción de los funcionarios es necesario, pero muy insuficiente.

Las grandes obras como el llamado tren maya o el corredor interoceánico, aumentarán el porcentaje de población con “empleo asalariado”, pero esto no
quiere decir que mejorarán sus condiciones de vida. Muchos serán empleos temporales, mal pagados y sin derechos ni prestaciones. También se agudizaron otras contradicciones sociales pues son proyectos basados en la desposesión y despojo de las tierras de las  comunidades y pueblos por dónde pasarán. Habrá más concentración de riqueza en unos cuantos y permitirán que grandes empresas y corporativos de las finanzas, la agroindustria, el turismo y el sector inmobiliario acumulen más capital y fortalezcan su dominio.

Seguimos creyendo que las transformaciones que México necesita solo serán viables si son cambiadas las bases de la estructura de la riqueza y las relaciones de poder y dominación, violentas, excluyentes, racistas y patriarcales. Y eso solo se puede hacer desde abajo y a la izquierda.

La vida nos hizo necios, y por más que le buscamos no nos podemos convencer de que solo votando o apoyando al gobierno se van a resolver los problemas sociales. No nos cabe en la cabeza que debemos dejar de luchar, porque es riesgoso protestar, luchar y organizarse. No nos gusta ese atole.

En Guerrero, un nuevo concepto, “torita”, ya no toro, vaca, becerro o becerra. Que anoten los de la Academia de la lengua guerrerense.
No tenemos dudas, mandará el toro. No es discriminación, es jugada política. No creemos que cambiará mucho la situación. Y estaremos, desde nuestras
capacidades, con un ojo al gato y otro al garabato, pues tanto en la Sierra como en otros lugares del estado, la delincuencia organizada hace el trabajo sucio, hostiga, agrede, desaparece y asesina a periodistas honestos y a luchadores sociales.

Nuestra solidaridad para los compañeros del Concejo Indígena y Popular Emiliano Zapata de Guerrero CIPOG-EZ y del Congreso Nacional Indígena (CNI) que dignamente resisten las nuevas y viejas prácticas políticas neoliberales en la zona de la montaña y en México.

Tenemos que seguir rascándonos con nuestras uñas para defender el bosque, la tierra, el agua, los derechos constitucionales y los derechos humanos de nuestras
compañeras y compañeros.

Pero es 28 de junio, un año más, ya van 26, y la justicia no llega. Siguen sin castigo los responsables de la masacre de Aguas Blancas. Se sigue protegiendo a los principales responsables. Se sigue pretendiendo el olvido y la conformidad social con verdades a medias, maniobras políticas y el “castigo” a encarcelados  ya liberados, chivos expiatorios.
¿Se podrá equiparar la destitución de un cargo público con las muertes de los 17 compañeros y más de 23 heridos? ¿A esto le llaman justicia?
Un año más en que se repite el ritual de la dádiva económica.
Un año más para los golpes de pecho, el llanto y las vestiduras desgarradas de los que vieron los hechos desde lejos, desde la barrera, y ahora se dicen “los verdaderos”, “los directamente” afectados.
Un año más para ver la descomposición de algunos, más interesados en los proyectos gubernamentales que en la organización del pueblo.
Algunos culpables siguen vivos, otros muertos, pero, aunque mueran, siguen siendo culpables. Y exigimos justicia, verdad y castigo.
El principal culpable, el exgobernador Rubén Figueroa Alcocer. Otros, el general Arturo Acosta Chaparro, ya muerto, que fue parte de la planificación y la ejecución; el gabinete gubernamental estatal de entonces; el ex presidente Ernesto Cedillo.
Y los cómplices, un poder legislativo local y federal y un aparato judicial federal y local, que garantizaron la impunidad.
¡Hoy están Impunes! ¡Cuánta podredumbre!, ¡Cuanta miseria humanas!

Mientras estemos vivos seguiremos, exigiendo ¡Justicia en la masacre de Aguas Blancas!
De nuevo recordamos a los compañeros asesinados en Aguas Blancas con el compromiso de seguir luchando.

¡Alto a la represión de las normales!
¡Alto a la deforestación de los bosques!
¡Alto a la agresión de los pueblos y comunidades en tierra caliente!
¡Ya no más desplazados por la violencia la pobreza y el olvido!
¡Castigo para los culpables de la desaparición de los 43 normalistas y sus muertos!
¡Justicia para el compañero SAMIR FLORES!
¡Le exigimos a la nueva gobernadora que lleve a cabo la sentencia de la corte interamericana de derechos humanos!
Por la unidad de obreros, campesinos y pueblos indígenas

Organización Campesina de la Sierra del Sur
O.C.S.S
¡Nunca más un México sin nosotros!

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Asamblea de resistencias y rebeldías de Oaxaca en la comunidad El Rebollero | Congreso Nacional Indígena

(Español) Pronunciamiento del encuentro de resistencias y rebeldías en Oaxaca

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Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
Al Escuadrón 421
A los medios libres e independientes

Reunidos y reunidas en las tierras en resistencia del Rebollero, del municipio de Cuatro Venados, Oaxaca, pueblos, organizaciones, colectivos e individualidades, les saludamos y compartimos nuestros sentires.

Preocupados por el escenario que ha provocado la pandemia de la Covid-19, como las limitaciones para ejercer nuestras asambleas, el avance silencioso de los proyectos del gran capital y la reorganización de nuestra movilidad y de nuestros territorios, nos pronunciamos.

Presentes este 19 de junio, reafirmamos nuestro rechazo tajante ante el avance de los proyectos mineros en todo el estado de Oaxaca, sabiendo que son al menos 355 concesiones emitidas hasta este año 2021. Por ello, desde estas tierras, dónde se han identificado al menos tres concesiones para extraer oro y plata, que abarcan más de 6 mil hectáreas, hacemos un llamado a todos los pueblos para estar atentos. En San Pablo Cuatro Venados de igual manera se denuncian las agresiones constantes de grupos armados, que han detonado armas de alto poder, y que mediante actos de violencia pretenden despojarnos de nuestro territorio y dar paso a la fase de explotación de las tres concesiones mineras.

También en la comunidad de San José del Progreso y comunidades aledañas avanza el proceso de explotación de oro y plata de la compañía minera Cuzcatlán quien tiene en su poder 31 concesiones que abarcan 64 mil hectáreas. De la misma forma, la Asamblea del pueblo Chontal, denuncia la concesión Minera Zapotitlan1, que viene amenazando toda la región. También en la Sierra Sur están concesionadas más de 120 mil hectáreas a la empresa Altos Hornos de México, en un área compuesta por diversas comunidades, considerada el segundo yacimiento de hierro más grande del mundo.

Además de las concesiones mineras también se suma la llamada “energía limpia” que viene dejando tras de sí muerte y destrucción, como los proyectos hidroeléctricos “Paso de la Reyna”, en la Sierra Sur y en el Río Cajonos, en la región Chinantla, donde se tienen proyectadas seis presas hidroeléctricas y nueve en el Río La Lana.

Otras comunidades están corriendo con la misma suerte, con otros proyectos, como las exploraciones y la biopiratería practicada por equipos multidisciplinarios que llegan a las comunidades para apropiarse del conocimiento milenario. Este es el caso de la Sierra Mazateca, dónde diversos grupos extranjeros han hecho acto de presencia. También, esta región se encuentra en alerta máxima por la presencia de organizaciones paramilitares que funcionan como brazo armado de ciertos intereses partidistas en la región.

Nos pronunciamos también porque todo el estado de Oaxaca y todo el país está sufriendo un proceso de reorganización territorial mediante programas de regularización de la tierra como PROCEDE, FANAR, RAJA, así como las áreas naturales protegidas y de conservación donde muchas veces nuestros estatutos comunales quedan invalidados.

En el caso del Istmo de Tehuantepec varias comunidades, que en un primer momento aceptaron los proyectos eólicos han sido orilladas a conflictos agrarios. En esta región el gran capital avanza a marcha forzada. El Tren Interoceánico, que conecta los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, es tan solo una parte, detrás de ello, se tienen proyectados, al menos, 10 parques industriales, más parques eólicos y una reorganización de nuestras comunidades para que caminen a la velocidad del mercado y el capital. Desde este espacio denunciamos que se han liberado al menos cuatro ordenes de aprehensión, para cuatro compañeros que han resistido a la imposición de un parque industrial en la comunidad de Puente Madera, San Blas Atempa. Por ello, exigimos, que se cancelen estas órdenes y cese el hostigamiento hacia otros hermanos que resisten a la imposición de megaproyectos en Oaxaca y el resto del país.

Quienes participamos y compartimos nuestros dolores y resistencias pertenecientes a las lenguas: Chatino, Chinanteco, Chontal, Mazateco, Mixteco, Triqui, Zapoteco del Valle y Zapoteco del Istmo, nos sumamos al proceso de resistencia que sostienen los pueblos originarios de México y el mundo y saludamos la gran travesía que han emprendido nuestras hermanas y hermanos zapatistas en la Europa de abajo, quienes llevan nuestra palabra y nuestro corazón. Repudiamos el racismo y desprecio institucional de quienes han negado el pasaporte a nuestros hermanos zapatistas y del Congreso Nacional Indígena.

¡Libertad a los presos políticos!
¡Libertad a Fidencio Aldama y Freddie García!
¡Alto a la militarización y paramilitarización de los pueblos originarios!

Nunca más un México sin nosotros

Asamblea de resistencias y rebeldías de Oaxaca en la comunidad El Rebollero

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CNI

Pronunciamiento de la comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán.

Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán a 21 de junio de 2021

 

A la sociedad civil
Al Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A las organizaciones sociales, colectivos y grupos de trabajo
A los organizaciones de defensa de los derechos humanos y asociaciones civiles
A todos los medios de comunicación nacionales e internacionales
A los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
A quien corresponda

 

Hoy, la comunidad de Santa María Ostula llevó a cabo la reactivación de la lucha jurídica para defender y proteger el territorio en donde se asienta la encargatura de Xayacalan. Tenemos conciencia de que apelar a la máxima instancia de aplicación de justicia en México es la última puerta que podemos tocar para que las instituciones mexicanas reconozcan en los títulos de propiedad lo que hemos hecho desde hace cientos de años: trabajar la tierra comunalmente.

Nuestro equipo jurídico elaboró junto con la comunidad, un documento de suma relevancia solicitando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga y resuelva el dilatado juicio agrario en el que se dirime el lindero de nuestras tierras comunales con supuestos pequeños propietarios de La Placita.

Esta es una petición que esperamos sea recibida, analizada, revisada y en su caso cotejada con el amplio expediente que un tribunal agrario fue construyendo a través de mentiras, corrupciones y de apoyos a los supuestos pequeños propietarios que disputan las tierras que hemos recuperado desde 2009, por la vía de los hechos.

Esperamos que las y los magistrados lleven a cabo su trabajo sin dejarse influenciar por los
criminales que nos han asesinado y pretenden despojarnos. Basta ver la historia de cada una de esas personas para saber que alguien que pretende destruir el medio ambiente con minas y centros turísticos o a quien está en la cárcel acusado de decenas de crímenes, no pueden ser dueños de estas tierras que le pertenecen a la comunidad de Ostula.

Sabemos que el camino es largo, pero hacemos un llamado a las organizaciones sociales, a las redes de apoyo, a la gente que conoce nuestra comunidad y que sabe el esfuerzo que hemos dado para defenderla, para que siga nuestros pasos, a los medios de comunicación nacionales e internacionales a que documenten y hagan sus materiales periodísticos al respecto. Nuestro mensaje es claro: no vamos a dejar nuestro territorio, vamos a defender las tierras recuperadas, apelamos a las leyes agrarias a defender este territorio al que tenemos derecho. No vamos a permitir que criminales se apropien de las tierras en las que se desarrolla la vida de nuestra comunidad.

Seguiremos fortaleciendo nuestras instituciones comunales, desarrollando proyectos de vida al interior de Ostula, buscando lo mejor para las personas que habitan cada una de las encargaturas, vamos a cuidar los recursos, reforestar el bosque, cuidar el mar, cuidar nuestras costumbres para sembrar la tierra y disfrutar de nuestras fiestas tradicionales, pero también mantendremos firmes nuestra seguridad a través de la Guardia Comunal.

Como dijo, en nahuatl, uno de nuestros comuneros asesinados: nokni amo ximuyolpacho (No se rindan compañerxs).

Nunca más un México sin nosotros
Atentamente
Comunidad nahua de Santa María Ostula

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Prensa Comunitaria

(Español) Seis militares en retiro y ex policías fueron ligados a proceso, vinculados en el Diario Militar

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Por Lourdes Álvarez Nájera

El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, ligó a proceso a militares en situación de retiro y expolicías, por asesinato, desaparición forzosa, intento de asesinato y delitos de deberes contra la humanidad, que habrían sido cometidos entre 1983 y 1985.

Los señalados son: Edgar Corado Samayoa, ex especialista del Estado Mayor Presidencial (EPM), sargento mayor especialista; a Rone René Lara, Sargento mayor especialista; a José Daniel Monterroso Villagrán, Sargento mayor especialista Estado Mayor de la Defensa Nacional, al coronel Jacobo Esdras Salán Sánchez, subdirector del centro de adiestramiento Kaibil; a Enrique Cifuentes de la Cruz, Comisario de la Policía Nacional (PN) y jefe de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la PN y a Edgar Virgilio de León Sigüenza, Cabo especialista.

Todos están vinculados con el caso conocido como Diario Militar o Dossier de la Muerte, en el que se documentan las fichas de al menos 183 personas que fueron perseguidas, vigiladas, señaladas, torturadas y detenidas desaparecidas, según organizaciones de derechos humanos y querellantes que señalan a los acusados.

La audiencia para conocer el tipo de medidas de coerción o para saber si quedarán en prisión preventiva, se aplazó para mañana jueves a las 8:30 de la mañana.

Séptimo día de audiencias

El séptimo día de audiencia de primera declaración inició con la intervención del abogado Francisco Javier Gallardo, defensor de Edgar Corado Samayoa, acusado de desaparición forzada, asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos contra los deberes de humanidad, debido a que durante el día 6 de la audiencia la mayoría de los abogados logró argumentar y solo quedaba pendiente la defensa de Corado.

El defensor señaló, al igual que sus antecesores, lo que consideró una serie de inconsistencias y cuestionó la autenticidad del diario militar, así como un peritaje denominado archivístico. Dijo que el Diario Militar fue entregado a Kate Doyle, luego de pagar 2 mil dólares a un militar. “Impunidad no se combate con impunidad” señaló y destacó que el archivo se sustrajo de manera ilegal.

“Las pruebas de un delito fueron obtenidas de manera ilícita”.

Otro de los argumentos se refería a que “Esto fue un conflicto armado interno, no fue guerra. Pido falta de mérito por el delito imputado” y solicitó, en atención al principio de “beneficio al reo”, que solo se vinculara a Corado por desaparición.

Juez Gálvez: todas las declaraciones tienen para mí un sentido

Durante su argumentación el juez Miguel Ángel Gálvez se refirió a tres testimonios, entre ellos los de una joven mujer Amatitlán, que logró identificar a personas que perseguían y vigilaban a un comité de vecinos. Ella dio testimonio de que luego esos vecinos comenzaron a aparecer muertos. Ella después fue secuestrada por personas vestidos de policías. ”El Estado estaba militarizado”, indicó Gálvez.

El relato de esa joven narra a detalle el secuestro, torturas con choques eléctricos y constantes violaciones sexuales a las que fue sometida.

“Le presentaron dos opciones, colaborar con el ejército o moriría. Ella por supuesto firmó ese acuerdo pero tenía que informar de todo, a dónde iba, cuándo y con quién. Siempre la iban a vigilar”, dijo.

“Miren las características de esta declaración”, dijo el juez.

Quince días después de estar libre llegaron a pedirle informe a la puerta de su casa. Esto sucedió así durante dos años más.

El juez también habló del testimonio de Aura Elena Farfán y el secuestro de su hermano Rubén Amílcar Farfán y como surgió la idea de crear el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) sobre el que también existió vigilancia.

En ese mismo testimonio se hizo referencia a Rosario Godoy de Cuevas, la violación y asesinato, y el de su pequeño hijo de 1 año, al que también torturaron arrancándole las uñas. ¿A qué nivel se llegó porque no existía control?, reflexionó el juez.

Gálvez también se refirió al testimonio de Wendy Santizo, quien declaró el 11 de junio 1999 que cuando ella tenía 9 años llegó a su casa junto a su pequeño hermano y vio a personas de civil atrancando la puerta. Querían que los niños les dijeran dónde estaban sus papás, la amenazaron con dispararle a su hermano si no decía.

Uno de esos sujetos  la tiró a la cama, la tocó y abusó de ella.

“¿De qué conflicto armado estamos hablando?, ella era una niña de 9 años”, comentó el juez, al afirmar que la relación y el patrón se pueden corroborar.

Sobre los argumentos de la defensa de los exmilitares y expolicías, en relación con la autenticidad del Diario Militar, dijo que no se entregaron archivos militares ni del centro médico militar a organizaciones que los solicitaron ni a la comisión de esclarecimiento histórico.

Información desclasificada dice que se podían tomar medidas a discreción en contra de las personas que eran consideradas guerrilleras, señaló Gálvez.

Sobre el delito de desaparición forzada, comentó que es continuo y se sigue cometiendo en la medida en que no se sepa el paradero de las víctimas.

“Ese delito priva de la vida, de la víctima sin dejar rastro alguno, es un delito que deja a una madre, a una esposa, esposo, esperando que una noche ingrese aquel hijo que ya nunca apareció”.

“La mamá estará pendiente todas las noches de ese hijo. Había padres y madres que no se querían ir de la casa pensando que llegaría su hijo. Desparecer a una persona es como si el aire se la llevara y nadie sabe más de ella, por eso este delito rompe los esquemas”, dijo Gálvez.

Al contexto social y político sobre los años 70, 80 y 90, hasta que se firmaron los Acuerdos de Paz, el juez añadió que se pedía documentos de identificación de vecinos catalogados como subversivos o guerrilleros, al padrón electoral y otras instituciones, se usaban fotografías de cuando llegaban a sacar las cédulas.

Se usaban sobrenombres para ocultar la identidad de los captores, porque se llevaban a la gente en paneles blancas sin presentarla ante tribunales.

“Cómo dicen que hay gente que no se va a recordar de lo qué pasó hace más de 30 años, si hubo personas que los torturaron o violaron. Una mujer nunca olvidará si la violaron”

En ese tiempo también se presentaban procesos y denuncias por los delitos pero no pasaba nada,  eso habla de procesos conexados que se pueden cotejar en el diario militar.

No puedo decir que el diario es ilegal o que no es real. Esta fase no es para conocer eso. Se le debe dar un plazo al MP para que investigue, destacó el juez Gálvez.

Hasta por los peritos estaban protestando, no me puedo meter ahora con ese tema ahora. Y existen testigos con reserva de datos porque la ley los permite”, argumentó.

Dijo que en este momento no está valorando ningún tipo de prueba y explicó sobre la resolución que no estaba prejuzgando si alguien es culpable o inocente.

“Lo importante del proceso es que reconstruyen los hechos. El diario militar es un elemento no es por lo cual se dicta esta sentencia”

En las afueras del Palacio de Justicia, familiares de las víctimas del Diario Militar que pedían una resolución que ligara a proceso a los acusados durante el desarrollo de la audiencia exigían: “Confiesen, digan en dónde están los detenidos desaparecidos”. “Los criminales buscan amnistía, Nosotros exigimos Justicia”, señalaba una manta.

En las gradas fueron colocadas las imágenes con los rostros de las 183 personas incluidas en dicho dossier.

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Avispa Midia/C.C.N.C.

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Fallece Beatriz Cano, comunicadora que acompañaba la resistencia del pueblo Nasa (Por Santiago Navarro, vía Avispa Midia):

Beatriz Cano era una comunicadora, que, aunque no nació dentro el territorio rebelde del pueblo indígena Nasa, lo adoptó como su propio pueblo. Porque estas tierras le enseñaron a “vivir sabroso”, le enseñaron a “ver y a vivir de otra forma”, como ella misma decía. El pueblo Nasa de Colombia hoy le llora, junto a sus demás caídos que han defendido con su sangre estas tierras ancestrales. El pasado 7 de junio, de este año 2021, la comunicadora falleció en la clínica Valle del Lili de Cali, tras haber recibido tres impactos de bala en un ataque armado, presuntamente perpetrado por el Frente Dagoberto Ramos, disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La comunicadora formaba parte del tejido de comunicaciones de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. De acuerdo con la organización Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos, el ataque fue perpetrado el pasado 4 de junio. Los disparos provinieron de una camioneta negra contra la instalación policial, ubicada en la zona urbana del municipio de Santander de Quilichao. Es así como una comitiva del pueblo Nasa, que viajaba en un Jeep, se quedó en el fuego cruzado.

Entre las victimas se reportaron cuatro comunicadores heridos: César Galarza, Beatriz Cano y su hija, Ayelén Guetio de cinco años de edad. También el comunero Floresmiro Tróchez. Beatriz y su hija, fueron trasladas a la clínica Valle del Lili, dónde posteriormente falleció la periodista. El resto de las víctimas quedaron con heridas graves, incluyendo la niña de cinco años de edad.

Durante los últimos meses han asesinado al menos a cinco indígenas de esta región. “Ella era una antioqueña que echó raíz y dejó semilla acá en el Cauca. Era alegre, rebelde, crítica, fuerte, amaba compartir café y chirrincho y no le temblaba la voz para denunciar las injusticias, hablar y rescatar las luchas y resistencias que se dan por la dignidad de las comunidades”, destacó el Consejo Regional Indígena del Cauca.

La comunicadora de corazón Nasa

En una entrevista realizada por un equipo de Avispa Midia a la comunicadora Beatriz Cano, con mucha alegría compartió sobre su llegada al territorio Nasa. Aquí se caso con un integrante de este pueblo y, también tuvieron a una niña, que con orgullo compartió, “ella si es Nasa al igual que su padre”.

Ella provenía de un proceso de comunicación urbano, pero quiso conocer al pueblo Nasa y se quedó para, “enamorarme del proceso y para defender la tierra”, dijo al equipo de Avispa Midia.

Ella aprendió que la “vida no es tan acelerada” y que en la ciudades hay presión de “cumplir tiempo y de trabajar sin vivir una vida sabrosa”.

A continuación, la entrevista completa de Beatriz Cano, realizada en 2019, durante una acción de recuperación de territorio Nasa, colonizado por el monocultivo de la caña de azúcar:

Bea Cano, una mujer que se enamoró y dejo semilla en el pueblo nasa (Texto vía Colectivos de comunicación del Norte del Cauca):

Ella llegó a nuestro pueblo como viento para avivar el fuego de esta tulpa llamada Çxhab Wala Kiwe,  ella llegó se enamoró y dejo semilla. Se enamoró de la palabra y de los corazones libres, se enamoró de la lucha digna que palpita por los rincones del territorio y que da vida a la vida.

Conoció el canto dulce, digno y rebelde que se hace resistencia y se quedó con nosotros.

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Schools for Chiapas

Aldama and the Neoliberal Project of Plunder


Displaced women and families in the municipality of Aldama, after they had to take refuge from the constant attacks from the community of Santa Martha. Photo: Isaac Guzmán

Just this morning, May 26th, we received messages from compañeros in the highlands of Chiapas that gunfire in the direction of the communities of Aldama has become more fierce over the past 4 days. In the municipality of Aldama, which includes the Zapatista support base community of Magdalena de La Paz, consistent paramilitary fire from the Santa Martha community in the neighboring municipality of Chenalhó threatens the lives and livelihoods of its residents. Under these conditions, milpa cannot be sown, coffee can’t be picked, and children cannot go to school.

Under the nose of government officials and with incentives from political parties and “social programs,” territorial conflicts have escalated across the Mexican countryside; and in Chiapas, several such conflicts (Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, and Chilón to name a few) have worsened as the June 6th elections approach. The violence follows a predictable cycle of territorial dispossession, with extractive megaprojects on one hand and militarization on the other. Government programs intended to entice party affiliation and shred the rural social fabric prey on indigenous communities in a perpetual internal colonization.

The twists and turns of the relationship between what is now Aldama and Chenalhó date back to 1921, when the original municipalities of Santa María Magdalena (Aldama) and Santa Martha (Chenalhó) were subordinated under the municipal seat of San Pedro Chenalhó. Over the course of several decades, the families of these indigenous communities struggled together against displacement and submission by wealthy mestizos, sharing territories and celebrations. However, in 1975, a misallocation under the Secretary of Agrarian Reform catalyzed the current day dispute over 59 hectares between the two communities. In 1999, in an attempt to constrain Zapatista support bases in Santa María Magdalena, the Secretary of Agrarian Reform tried to force the two communities under a new municipality of Aldama. But residents of Santa Martha rejected the proposal and strengthened their affiliation with Chenalhó, whose leaders, with ties to the perpetrators of the perpetrators of the 1997 Acteal massacre, have actively fostered paramilitary rule.

Since February 2018, more than 2,000 residents of Aldama have been forcibly displaced from their homes. Among the casualties, a trustee of the municipality and member of the National Indigenous Congress was tortured and murdered, and a nun from a humanitarian brigade was shot in the leg., This past May 8th, Pedro Lunes Pérez of Chocó (Aldama) was killed in his home by paramilitary gunfire, as the National Guard patrolled nearby.

Attempts to resolve the conflict have failed to dissipate the rancor. On the part of officials, they appear to be half-hearted at best, for no effort has been made to disarm the perpetrators of the violence. From carelessness to negligence to all-out corruption, the three levels of government have served only to fan the flames of conflict between communities. Under López Obrador’s administration, militarization continues to intensify throughout southeast Mexico, particularly in zones of Zapatista support, to reinforce the economic advantage and firepower on the side of the paramilitaries.

We might ask why all levels of government have failed so miserably to intervene in a meaningful solution. In fact, the same question might be asked of other global conflicts in the news this past week. And the answer is this: destabilizing the autonomy of the people, catalyzing conflict through inequity, and perpetuating rifts via dis-information are all cornerstones not only of the 4T, but of the hegemonic neoliberal project globally — a project bent on territorial dispossession and plunder.

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Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata

CIPOG-EZ denuncia nuevas agresiones a comunidades

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Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Red Nacional contra la Represión
A los medios de comunicación libre

25 de mayo de 2021.

Cuando la lucha por la vida se sostiene, la muerte acecha todo el tiempo pues desprecia la vida y por tanto la ataca con brutalidad.

Así nos ha pasado una y otra vez; lo hicimos saber y lo sabíamos el día que se presentó en la Ciudad de México el Informe «Crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos en la Montaña Baja de Guerrero pertenecientes al CIPOG-EZ» el pasado 16 de mayo. Se los dijimos a los malos gobiernos y lo sabía la prensa nacional e internacional.

Les dijimos que los grupos narco-paramilitares nos estaban matando y que a cada acción de denuncia contra estos ataques que hacemos, «Los Ardillos» nos responden con ataques y que lo seguirán haciendo mientras los malos gobiernos sigan siendo cómplices de los grupos delincuenciales.

Hoy martes 25 de mayo de 2021 a plena luz del día a las 11:50 am, el grupo narcoparamilitar que desde 2015 violenta a nuestras comunidades lo han hecho de nuevo. «Los Ardillos» desde la comunidad de Zelocotitlán, descendieron a Zacapexco, disparando contra la comunidad. Resultando herido de bala un compañero de nuestras comunidades.

Cabe resaltar que el mal gobierno no nos ha escuchado, al contrario, se ha burlado de nosotros y nosotras, programa reuniones para después cancelarlas y nos quiere ofrecer migajas. En este caso la Guardia Nacional, la Marina y la Policía estatal llegaron hasta las 4 de la tarde, aproximadamente 4 horas después del ataque. Por lo tanto, responsabilizamos a Andrés Manuel Lopez Obrador, a Hector Astudillo gobernador del estado de Guerrero, a Daniel Machaca Portillo jefe de la policía Estatal del estado de Guerrero y al fiscal del estado Jorge Zuriel por el ataque y las consecuencias que éste acarree.

No nos silenciarán, seguiremos denunciando y resistiendo al crimen organizado y a los malos gobiernos.

Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata.

radio
Avispa Midia

(Español) Continuidad de la Iniciativa Mérida en el gobierno de López Obrador

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Por Santiago Navarro F

Un informe del congreso de los Estados Unidos, llamado “Evolución de la Iniciativa Mérida, 2007-2021”, reconoce que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a diferencia de los gobiernos que le antecedieron, quienes desplegaron la llamada “guerra contra el narcotráfico”, rechazó considerar como una “guerra” los objetivos trazados en la llama Iniciativa Mérida. No obstante, afirma el documento, “López Obrador respaldó las reformas constitucionales para permitir la participación militar en la seguridad pública durante cinco años más”, siguiendo así los objetivos de la Iniciativa Mérida.

La Iniciativa Mérida, un acuerdo de cooperación bilateral, fue lanzada desde Washington en el año 2007 y aún se ejecuta hasta el día de hoy. Hasta octubre del año 2020, el gobierno de EEUU ha desembolsado 3300 millones dólares con este programa, una asociación sin precedentes en materia de seguridad que ha brindado, por parte de EEUU, entrenamiento militar, venta de armas, equipo bélico, como helicópteros y la incidencia en las estructuras encargadas de impartir justicia en México.

Entre otros objetivos, pretendía “desmantelar las redes de las organizaciones criminales”. Además, señala el documento, “el gobierno mexicano se comprometió a combatir la corrupción. El gobierno de Estados Unidos se comprometió a abordar la demanda de drogas y el tráfico ilícito de armas de fuego y divisas a granel hacia México”.

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Aunque el propio informe sostiene que los resultados demuestran que no se han cumplido con esos objetivos. “La impunidad por la corrupción pública continúa en México”, afirma el documento.

El informe del 2019 del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense (CRS por sus siglas en inglés) estima que, desde 2006, más de 150 mil personas han muerto en México como resultado del crimen organizado. Aunque los datos oficiales del gobierno mexicano alcanzan cifras de más de 250 mil personas muertas durante la llamada “guerra contra el narcotráfico”, pero, además, las fracciones de los grupos criminales en el territorio mexicano se han fortalecido y han alcanzado una presencia transfronteriza.

Por otra parte, el documento del congreso estadounidense puntualiza que, en lugar de que el gobierno mexicano reforzara a la Policía Federal, que “recibió equipo y capacitación  estadounidense, el presidente López Obrador obtuvo la aprobación del Congreso para la creación de una nueva Guardia Nacional (compuesta en su mayoría por militares y ex policías federales)”, abunda el documento.

Esta medida fue asumida mediante un decreto presidencial emitido el 26 de marzo de 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación, estableciendo que las Fuerzas Armadas asumirían la función de policía para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria. “Esta medida se ha tomado hasta que la Guardia Nacional consolide su estructura”, anunció en su momento el mandatario mexicano.

Este cuerpo policiaco de corte militar fue desplegado para asegurar oleoductos, reafirmar el control territorial en áreas de alta criminalidad, pero, sobre todo, para “asegurar las fronteras de México”, remarca el Congreso estadounidense.

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Esta medida fue establecida en función del acuerdo de la Declaración Conjunta entre México-Estados Unidos, del 7 de junio del 2019, donde México se comprometió a combatir el tráfico de personas y desplegar a su Guardia Nacional en sus fronteras

México también reafirmó su compromiso para trabajar con Estados Unidos en los llamados Protocolos de Protección de Migrantes, conocidos como MPP y, “crear un grupo de trabajo de alto nivel en materia de seguridad, que incluía la Iniciativa Mérida como parte de los esfuerzos bilaterales”, agrega el informe.

López Obrador está listo nuevamente

Para miles de mexicanos que fueron afectados directa e indirectamente por la llamada “guerra contra el narcotráfico”, que es sinónimo de la Iniciativa Mérida, esta estrategia ha sido un rotundo fracaso. No obstante, advierte el documento del parlamento estadounidense, la administración de López Obrador “ha señalado que está lista para replantear aspectos de nuestra cooperación de seguridad bilateral, lo que podría convertirlo en un momento oportuno para reemplazar la Iniciativa Mérida con un marco de seguridad más amplio que abarque la asistencia para el desarrollo”, aunque no se detalla el rumbo que tomará este acuerdo bilateral.

Según el gobierno estadounidense, su prioridad es “proteger y ayudar a los ciudadanos estadounidenses en México”, ya que México es el destino extranjero más popular para los turistas provenientes de EEUU.

Pero, la propia Oficina de Inspección de la Embajada en la Ciudad de México asegura que la relación México-Estados Unidos se basa en que México es el tercer socio comercial más grande de los EEUU. Es el segundo mercado más grande que absorbe exportaciones estadounidenses y el tercer proveedor más grande de petróleo crudo. En promedio, Estados Unidos intercambia $ 1 millón en bienes y servicios por minuto con México. Estados Unidos es el mayor inversor extranjero de México; más de 18 mil empresas estadounidenses operan en territorio mexicano.

Además, con su política del combate al crimen organizado, en el marco de la Iniciativa Mérida, el gobierno de EEUU busca enmarcar a México en su política de ayuda humanitaria en contextos de crisis ambientales y climáticas. “Los desastres naturales, incluidos terremotos, huracanes y erupciones volcánicas, son frecuentes en México y requieren una acción rápida e integral por parte de Misión México para proteger a los ciudadanos estadounidenses”, abunda el documento.

La estrategia de la “Ayuda Humanitaria” de los EEUU ha sido desplegada en todo el continente americano y está enmarcada en la llamada Estrategia del Teatro 2017-2027.  “Este plan es nuestro modelo para defender las vías de acceso del sur del continente americano hacia su interior y promueve la seguridad regional mediante la degradación de las amenazas por parte de las redes ilícitas transregionales y transnacionales (T3Ns, por sus siglas en ingles), respuesta rápida a cualquier tipo de crisis (desastre natural o humano) y creando relaciones para enfrentar desafíos globales”, señala la estrategia presentada en un primer momento por quien fue jefe del Comando Sur, Kurt Walter Tidd.

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Con esta estrategia se han llevado a cabo diversos acuerdos de cooperación en materia de inteligencia y seguridad con los considerados países socios de los Estados Unidos.

radio
La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

(Español) Los autores intelectuales de la Masacre de Acteal deben ser investigados y encarcelados

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Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

     Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

 

25 de mayo de 2021.

 

 

 

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los defensores de los derechos humanos

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

 

Hermanas y hermanos:

 

Hoy en esta Tierra Sagrada, nos encontramos presentes autoridades de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la Masacre de Acteal, así mismo nos acompañan mujeres representantes del grupo de artesanas “Jolob Luch Maya”, mujeres organizadas en Caja de Ahorro y representantes de comunidades que conforman Las Abejas de Acteal, para denunciar la impunidad que prevalece a 23 años y 5 meses de la Masacre de Acteal.

 

A pesar de los ataques y estrategias de desgastes hacia Las Abejas de parte del mal gobierno con el objetivo de tapar su vergüenza por su crimen en la masacre de nuestras 45 hermanas y más los 4 bebés no nacidos, cometido el 22 de diciembre en el año de 1997 por paramilitares priistas de Chenalhó, creados por el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León y entrenados y armados por el Ejército mexicano.

 

Y hoy volvemos a reafirmar nuestra convicción de lucha y construcción de la Justicia Verdadera el Lekil Chapanel. Porque no nos hemos cansado, no nos hemos vendido, porque no olvidamos; porque nunca daremos la espalda, ni traicionamos la memoria de nuestros padres y madres, hermanas y hermanos, hijas e hijos y los 4 bebés que nunca vieron la luz del día, sino su maldad y cobardía.

En este día 25 de mayo, sobre esta Tierra Sagrada queremos hacer llegar nuestro reclamo, nuestra sed de justicia verdadera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es urgente que enliste el caso 12.790 Manuel Santiz culebra, y otros (Masacre de Acteal) para que dicte ya el informe de fondo.

 

Queremos manifestar nuestra preocupación a la CIDH que cada año, que cada mes, que cada semana, que cada día, que cada noche, que cada hora, que cada segundo que pasan, cada vez más se está enraizando la impunidad y en consecuencia México se ha vuelto ensangrentado por la violencia y la muerte provocado por el mismo gobierno junto con sus policías y militares a la par con el crimen organizado.

 

Le recordamos al pueblo de México y a la CIDH que tanto los autores materiales e intelectuales de la Masacre de Acteal, gozan de total impunidad, y tienen nombre y apellidos y aquí están sus nombres: 1.- Ernesto Zedillo Ponce de León ex Presidente de México, 2.- Emilio Chuayffet Chemor ex Secretario de Gobernación, 3.- Gral. Enríque Cervantes Aguirre ex Secretario de la Defensa Nacional, 4.- Gral. Mario Renán Castillo Comandante de la Séptima Región militar a cargo de la creación de los paramilitares en Chiapas entre el año de 1994 a 1997 (fallecido pero tiene deudas pendientes con el pueblo), 5.- Julio César Ruiz Ferro ex gobernador de Chiapas (este le ordenó al alcalde de Chenalhó Jacinto Arias Cruz que los priistas también son hombres acaso no pueden matar a los zapatistas y así mandó armas a Chenalhó y el edil de este municipio se encargó de enviar las armas a las comunidades priistas en los vehículos del municipio), 6.- Homero Tovilla Cristiani ex secretario de gobierno de Chiapas, 7.- Uriel Jarquiz Galvez ex subsecretario de gobierno de Chiapas, 8.- Jorge Enríque Hernández Aguilar ex director de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas (este ordenó alteradamente que recogieran rápido los cuerpos de los masacrados en Acteal para que no se diera cuenta la prensa, para tapar ese vergonzoso crimen), 9.- David Gómez Hernández ex subprocurador de Justicia Indígena de Los Altos de Chiapas y 10.- Antonio Pérez Hernández ex secretario de los “Pueblos Indios”. Estos deben ser investigados y encarcelados por acción y omisión en los hechos previos y durante la masacre de Acteal. Si a estos criminales se les dejan libres, serán el ejemplo de sus acciones de los nuevos gobiernos en turno y de policías y militares que matar es el modo de gobernar aquí en México, pero, si se les castiga y paguen en la cárcel todas sus barbaridades y crímenes, entonces los políticos y gobiernos en turno se darán cuenta que el pueblo tiene el poder y hay que respetarlo.

Hermanos y hermanas, la Justicia verdadera es lo que queremos, no nos andamos con juegos o haciendo negocios con la sangre de nuestros mártires, pero tampoco nos gana el odio y la venganza, sino, lo que tenemos en nuestro corazón es el anhelo de justicia y nuestra lucha para detener el plan de destrucción y muerte de los gobiernos contra nuestros pueblos. Es por ello, que les pedimos a todas las mujeres y hombres luchadores sociales, defensoras y defensores de los derechos humanos, estudiantes, académicas y académicos, campesinas y campesinos, obreras y obreros, artistas, periodistas, intelectuales, religiosas y religiosos, laicas y laicos y a toda la humanidad que también piensan como nosotras y nosotros, les pedimos, les solicitamos que se unan a nuestra voz a nuestra demanda de justicia verdadera y de pedirle a la CIDH entre todas y todos, dicte YA el Informe de fondo, eso es lo que queremos.

 

Por todo lo anterior, reiteramos a la CIDH, que seguiremos insistiendo en pedirle que dicte el informe de fondo, pase lo que pase, porque nuestra misión como organización pacífica y No Violenta es detener la guerra, luchar contra toda impunidad y defender la vida, porque queremos vivir en paz, disfrutando con nuestras hijas e hijos la autonomía que estamos construyendo en nuestro pueblo.

 

Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza, exigimos:

¡No más masacres!

¡Castigo a los autores materiales e intelectuales de la Masacre de Acteal!

¡Alto a la violencia en todo Chiapas y México!

 

 

 

Atentamente

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

 

Por la Mesa Directiva:

 

 

 

 

Cristóbal Ruiz Arias                                         Gerardo Pérez Pérez

Presidente                                                     Secretario

 

Manuel Ortiz Gutiérrez         Pedro Pérez Pérez

Tesorero                        subpresidente

Sebastián Guzmán Sántiz

subtesorero