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Avispa Midia

Realizan acciones en México y el mundo contra militarización en territorios zapatistas

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Miembros de la comunidad Otomí residente en la ciudad de México realizan un foro sobre la militarización en México y conmemoran el segundo aniversario de la toma de la Casa de los Pueblos Samir Flores. Foto: CNI

Este miércoles 12 de octubre, pueblos, organizaciones, colectivos e individuos de México y de diferentes partes del mundo toman las calles para movilizarse en contra de la militarización y la guerras capitalistas y patriarcales.

Dichas acciones responden a la convocatoria realizada por el Congreso Nacional Indígena (CNI), para reivindicar que “a 530 años de la mal llamada conquista de América, nosotras y nosotros no tenemos nada que celebrar, que no sean la resistencia y la rebeldía de los pueblos originarios y de la humanidad entera contra la guerra capitalista y la violencia patriarcal”.

Manifestación contra la minería en Morelos

El CNI realizó el llamado a las manifestaciones a una escala global, mientras que en México se viven “flagrantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se han agudizado en el actual régimen de la 4T”.

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Entre las innumerables formas de violencia que enfrentan los pueblos de México enuncian los homicidios y desapariciones masivas, la represión a estudiantes, mujeres, campesinos, trabajadores y jóvenes, así como la violencia y agresiones contra defensores de derechos humanos y de la madre tierra como el caso del asesinato de Samir Flores Soberanes, sumado a los asesinatos de periodistas y activistas.

De acuerdo con un informe reciente de la organización Global Witness, en México, sólo en 2021, se registraron los asesinatos de 54 personas defensoras, lo que coloca al país a la cabeza de los homicidios de ambientalistas a nivel mundial, una tendencia que ha escalado en los últimos tres años y donde destacan las agresiones en conflictos por la tierra y la minería.

A esta situación de violencia se suma la profundización de la militarización. El CNI en su convocatoria recuerda las recientes modificaciones legislativas que permiten el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas mexicanas, además de la aprobación de las labores del Ejército y Marina en labores de seguridad pública hasta el año 2028, “ello a pesar del estruendoso fracaso de dicha política y el crecimiento paralelo de los cárteles criminales por toda la geografía nacional”.

Entrevista con Carlos González, miembro de la coordinación nacional del Congreso Nacional Indígena, quien contextualiza el incremento en la frecuencia y violencia de las agresiones contra las comunidades Bases de Apoyo del EZLN.

La convocatoria del CNI enfatiza la exigencia de un alto total al cerco militar, los ataques paramilitares y la guerra contrainsurgente dirigida en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, las comunidades zapatistas y en contra de los pueblos de México a traves de la militarización y paramilitarización, el crimen organizado, los megaproyectos de muerte, el despojo y la destrucción de la tierra y la violencia patriarcal en contra de las mujeres.

Llamado

El pasado lunes (10), diversas organizaciones pertenecientes al CNI realizaron el llamado a sumarse a la jornada de acciones globales. Desde el edificio que anteriormente albergara al Instituto Nacional de Los Pueblos Indígenas (INPI) y que ahora se conoce como la “Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes”, se realizó una conferencia de prensa con diversas organizaciones que difundieron la convocatoria.

Son 530 años de la llamada “conquista de América”, dijo Filiberto Margarito, concejal del Concejo Indígena de Gobierno y perteneciente a la comunidad Otomí residente en la Ciudad de México, quienes en voz de Margarito no dudan que han sido mas de cinco siglos en que como pueblos originarios “han resistido el genocidio, el despojo y la discriminación que imponen los dueños del poder y del dinero”.

Acción realizada por universitarixs contra la militarización en México

Como parte del CNI, del cual forman parte estos pueblos, anunciaron su preocupación por el avance de megaproyectos que, en nombre del desarrollo, continúan amedrentando, despojando y asesinando a quienes se oponen.

Prueba de esto es la insistente militarización de México que vela por intereses del capital nacional y transnacional, quienes pretenden, “desarticular a las policías comunitarias y guardias comunales (…) para garantizar el avance de las empresas mineras, agroindustriales, energéticas o inmobiliarias y de los carteles (de la droga)”, comparte una integrante de los Pueblos Unidos de la región Choluteca y de los Volcanes, quienes han resistido al saqueo de los mantos acuíferos por parte la transnacional Bonafont Danone.

Lxs integrantes del CNI también agregaron que existe una gran preocupación por “el espionaje y la vigilancia constante que se realiza a activistas, periodistas, a los pueblos y a todos los defensores de derechos humanos que defendemos la vida”.

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Entre las exigencias está el cese a la vigilancia y el espionaje. Así como a la presentación de los miles de desaparecidos en el país y el cese al hostigamiento a las madres buscadoras, quienes han sido asesinadas. “Exigimos que se detenga la guerra en contra los pueblos zapatistas y en contra de todos los pueblos”, puntualizaron en la conferencia.

Acciones              

La respuesta al llamado del CNI se ha nutrido de diferentes convocatorias, en diversas partes de la geografía mexicana y mundial, para la realización de movilizaciones, así como de eventos culturales y políticos.

En México, hasta la mañana de este miércoles, se registran actividades en Estados como Morelos, Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Colima, Sinaloa, Chiapas, Sonora, Baja California, Tlaxcala y la Ciudad de México. A estas acciones se suman eventos en el País Vasco, Bélgica, Alemania y EEUU.

En la Ciudad de México se realizará una movilización desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, la cual enarbola la demanda de un alto a la militarización de los territorios indígenas.

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Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio

(Español) Primera llamada a la Caravana y Encuentro Internacional

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COMUNICADO

PRIMERA LLAMADA A LA CARAVANA Y ENCUENTRO INTERNACIONAL
¡EL SUR RESISTE!
2023

Caravana: Del 25 de abril al 5 de mayo (territorio del Sur-Sureste mexicano) Encuentro internacional: 6 y 7 de mayo (CIDECI/Caracol Jacinto Canek, San Cristóbal de las Casas, Chiapas)

Al pueblo en resistencia y rebeldía del Sur-Sureste de México�
A las organizaciones de lucha abajo a la izquierda nacionales e internacionales
A las organizaciones de derechos humanos del mundo�
A los medios de comunicación libres, alternativos o como se llamen

Los pueblos organizados abajo y a la izquierda del Sur-Sureste de México estamos llamando a la articulación amplia para resistir contra el megaproyecto interconectado “TREN MAYA – CORREDOR INTEROCEÁNICO” y los megaproyectos de muerte que está imponiendo el gobierno de la 4T. Así lo hemos constatado quiénes integramos una primera caravana realizada en el pasado mes de agosto, con la participación de compañerxs de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y del Territorio (APIIDTT), ¡la Asociación Internacionalista Ya Basta! Êdî Bese! de los Centros Sociales del Noreste de Italia y las organizaciones indígenas quienes recibimos y compartimos este caminar.

Así está la cosa, todos los niveles de gobierno y partidos políticos a favor de las grandes corporaciones y en alianza con el crimen organizado están impulsando, bajo la retórica de seguridad nacional, interés público, progreso y combate a la pobreza, una nueva etapa de colonización que va más allá de la interconexión ferroviaria, carretera y demás obras de infraestructura, cuya construcción actual ya ha generado gran destrucción ambiental, social y cultural.

Se está ofreciendo a los nuevos conquistadores de los capitales corporativos, los bienes naturales y territorios del Sur-Sureste de México para el libre comercio e imposición de proyectos de la industria energética, turística, maquiladora, comercial y militar; que constituiría un corredor logístico y la nueva frontera geopolítica que reordene a su vez los territorios de Centroamérica y controle el flujo migratorio hacía EEUU. El objetivo es claro, edificar un muro maquilador que contenga la migración principalmente de personas de Centroamérica, para ser utilizada como mano de obra barata – neo esclavismo–, en un paraíso fiscal libre de impuestos y amonestaciones por violaciones a los Derechos Humanos, todo esto dirigido desde Estados Unidos y sus aliados comerciales del Norte Global.

Esta política económica capitalista neoliberal del gobierno “social demócrata” de la 4T, refuerza los daños provocados desde los sexenios anteriores por el gran turismo, la ganadería extensiva, los monocultivos, los parques eólicos, solares, hidroeléctricas, la explotación, transportación y transformación de hidrocarburos, en un contexto mundial de crisis climática que en estos momentos impacta directamente diversos territorios, detonando crisis por el agua, los alimentos, la energía y la tensión de conflictos armados.

Mientras tanto, la población está sufriendo el recrudecimiento de la presencia de los carteles del crimen organizado y de la militarización de la región que provocan un aumento de las amenazas y extorsiones, desapariciones forzadas, asesinatos, feminicidios y violencia de género en general; normalizando la represión contra las comunidades, organizaciones y defensorxs del territorio y los Derechos Humanos, así como a periodistas y todxs quiénes levantan la voz y luchan por la vida.

Todo esto se realiza bajo el argumento de “seguridad nacional” e interés público con la imposición de un decreto de carácter dictatorial y fascista (22/11/2021 DOF), violando los derechos humanos de lxs mexicanxs, plasmados en la Constitución Mexicana, en los acuerdos y tratados internacionales, y particularmente el derecho a la libre determinación y autonomía como pueblos indígenas, y retrocediendo gravemente en derechos agrarios, laborales y educativos, conquistados por la lucha del pueblo mexicano en el siglo pasado.

Este análisis y reflexión, se fue construyendo a lo largo del recorrido por los territorios del Sur-Sureste de México, en donde encontramos y compartimos con luchas históricas, resistencias actuales y rebeldías disidentes, pero también, reconocimos nuestros procesos de autonomía, construcción de alternativas, así como la recuperación y construcción de la identidad y memoria colectiva que nos dignifica cómo pueblos indígenas.

Después de conversar entre las organizaciones que fuimos anfitrionas al paso de esta primera caravana y el Congreso Nacional Indígena (CNI), nos sumamos a la propuesta de convocar a la Caravana (del 25 de abril al 5 de mayo) y Encuentro Internacional (6 y 7 de Mayo) “EL SUR RESISTE”, con la finalidad de articular las luchas indígenas, agrarias, ambientales, estudiantiles, sindicales, feministas y otras luchas de abajo y a la izquierda para trazar conjuntamente estrategias muy concretas de resistencias contra el megaproyecto interconectado “TREN MAYA – CORREDOR INTEROCEÁNICO” y todos los megaproyectos de muerte.

Es por esto, que ahora nos encontramos realizando una Caravana por El Sur Global en la Europa insumisa informando, compartiendo, conociendo e invitando luchas, resistencias, rebeldías, autonomías y alternativas a participar para tejer realidades y construir la lucha global desde abajo. Todxs quiénes luchamos contra el Norte Global estamos de pie en el Sur que Resiste y es fundamental entender esto para articularnos desde la diversidad y frente a la adversidad; son más las cosas que nos unen que las que nos dividen, y, frente a las grietas sociales, somos las venas que nos unen.

A todxs, lxs invitamos a sumarse a esta iniciativa y estar atentxs a siguientes comunicados.
Para cualquier información comunicarse al correo: elsurresiste@riseup.net

¡NUESTRA LUCHA ES POR LA VIDA!�
¡QUE VIVA EL FLORECIMIENTO DE LOS PUEBLOS!
¡EL SUR RESISTE!

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) Foro Internacional Construcción de paz en México

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Desafíos y claves en el contexto actual

 

Martes 25 de octubre 2022
Teatro Daniel Zebadúa San Cristóbal de las Casas Chiapas

Plataforma para la Construcción de Paz en México

Presentación

La inseguridad, violencia y disputa territorial configuran una alarmante realidad que afecta la vida de millones de personas en México y tiene un grave impacto sobre los derechos hu- manos. Ya sea por falta de capacidad o colusión, las autoridades – en sus distintos niveles de gobierno – se ven rebasadas por esta realidad, muy marcada por la coacción ejercida por el crimen organizado.

A esta crisis de seguridad local, se suma una crisis socioeconómica mundial precipitada por los efectos de la Covid-19 y que la guerra en Ucrania puede agravar aún más, con alza de precios, incremento del desempleo y mayor presión extractivista sobre los territorios.

Todo ello conlleva desafíos importantes que deben ser abordados con herramientas de construcción de paz. Es con esta finalidad que una gran variedad de personas y organizacio- nes pertenecientes a distintos espacios de articulación llevan más de dos años celebrando periódicamente encuentros de análisis y discusión. Con el tiempo se han ido constituyendo como Plataforma para la Construcción de Paz en México.

Este Foro es la primera actividad pública y presencial de dicha Plataforma que se ha plantea- do por reto profundizar en la reflexión colectiva, ampliándola a otros actores que trabajan a favor de la paz desde una gran variedad de espacios sociales.

Organiza:

PLATAFORMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN MÉXICO

La Plataforma para la Construcción de Paz en México es un espacio que se ha ido confi- gurando a lo largo de estos últimos tres años y en el que han confluido personas y orga- nizaciones vinculadas a estas tres articulaciones: la Red Global para la Prevención de los Conflictos Armados (GPPAC por sus siglas en inglés), el Servicio Civil para la Paz de Pan para el Mundo y el I Foro Internacional por la Construcción de Paz en México convocado en Barcelona en 2019 por el ICIP, Serapaz y la Taula per Mèxic.

Con este Foro y las actividades internas que le seguirán a lo largo de la semana, la Plata- forma busca fortalecerse como red e identificar pasos para avanzar hacia una agenda de paz compartida.

Programa

8:30h
Registro

9:00h – 9:30h
Bienvenida
Alberto Solís Castro, Serapaz

Intervención del Coro de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

9:30h – 11:15h

Mesa 1 — Claves para la construcción de paz: una reflexión global
Los retos que enfrenta México en la actualidad están inmersos en el contexto de desafíos mundiales, como la presencia de organizaciones criminales transnacionales, impactos de una economía globalizada extractivista y el auge de sociedades altamente polarizadas. Para hacer frente a ello, el marco conceptual y estratégico de la construcción de paz ofrece caminos que urge explorar.

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz (participación en línea)
Marta Ruiz, ex comisionada de la Comisión de la Verdad de Colombia
Luis Jorge Garay, académico y consultor internacional
Presenta: Alberto Solís Castro, Serapaz

11:15h – 11:30h
Descanso

11:30h – 13:15h
Mesa 2 — Seguridad, justicia y territorio. ¿Cómo detener la violencia?
Ante la crisis de derechos humanos e inseguridad que vive México, resulta urgente analizar posi- bilidades para el impulso de modelos de seguridad, cuidados, protección y justicia con enfoques de paz diferenciados que permitan detener la violencia exacerbada en el país.

Jenny Pearce, London School of Economics, Reino Unido
Ernesto López-Portillo, Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Guillermo Trejo, Universidad de Notre Dame, Estados Unidos
Presenta: Yésica Sánchez Maya, Consorcio Oaxaca

13:15h – 14:45h
Descanso

14:45h – 16:30h
Mesa 3 — Prácticas restaurativas, diálogo y reconstrucción del tejido social
México se enfrenta en la actualidad al reto de fomentar el cambio en las relaciones y estructuras sociales que generan violencia y miedo y que han conducido a niveles graves de desintegración y rupturas del tejido social. En este contexto, es preciso reflexionar sobre nuevas formas de rela- ciones sociales que permitan generar condiciones para una paz justa y duradera.

Lina Ibañez, Diálogos Improbables, Colombia
Dominic Barter, experto internacional en Círculos Restaurativos
Lenin Torres, Centro de Investigación y Acción Social
Presenta: Abel Barrera, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

16:30h – 16:45h
Descanso

16:45h – 18:30h
Mesa 4 — La dimensión cultural y espiritual de la construcción de paz
La educación, la espiritualidad, el arte, la cultura o el periodismo son elementos fundamentales para la transformación de los mecanismos que justifican y respaldan el ejercicio de la violencia en una sociedad. Resulta pertinente reflexionar sobre su aporte en la construcción de alternati- vas para la construcción de paz en el México actual.

Pietro Ameglio, académico y activista social
Marcela Turati, Quinto Elemento Lab.
Mons. Rodrigo Aguilar, Obispo de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas
Presenta: Carla Ríos, Brigada Marabunta

18:30h – 19:00h
Conclusiones y clausura

 

Biografías

Abel Barrera
Activista por los derechos humanos y antropólogo, fundó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan para apoyar en la reconstitución de los pueblos originarios. Su com- promiso y labor han sido reconocidos con varios premios nacionales e internacionales, entre el que destaca el Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, por su lucha en contra de las violaciones que cometen los militares y policías en contra de la población de la Montaña de Guerrero. Es una de las cinco personas integrantes de la Comisión de la Verdad de México, creada por decreto presidencial para investigar los crímenes de graves violaciones del pasado.

Alberto Solís Castro
Es defensor de los derechos humanos en México; exdirector y miembro de Serapaz. Especializa- do en asesoría y acompañamiento político estratégico a movimientos y organizaciones sociales para la transformación positiva de conflictos y la demanda de causas legítimas y justas de la sociedad civil.

Carla Ríos
Es subdirectora de la organización Espacio Libre Independiente Marabunta A.C., organización que trabaja en su comunidad con arte y cultura, en movilizaciones sociales como defensores de derechos humanos y mediadores y en las brigadas de búsqueda de personas desaparecidas en campo a pozos o zonas de difícil acceso, así como a través de intervenciones comunitarias que combinan arte y búsqueda.

Dominic Barter
Durante los últimos 25 años ha trabajado con comunidades marginadas, organizaciones, go- biernos locales y nacionales, la ONU y agencias internacionales promoviendo la cooperación y el cambio, principalmente en los ámbitos de la justicia, la educación, la gobernanza, la financiación comunitaria colaborativa y la autodeterminación local. Ha sido colaborador cercano de Marshall Rosenberg (Comunicación Noviolenta). Destaca su trabajo a través de los Círculos Restaurati- vos en prisiones, hospitales, iglesias, escuelas, y con movimientos sociales, universidades, fuer- zas policiales, milicias o grupos criminales.

Ernesto López-Portillo
Licenciado en Derecho, ha dedicado su carrera profesional a promover la reconciliación entre la policía y la sociedad. En 2003 fundó el Instituto para la Seguridad y la Democracia, Insyde, que dirigió hasta 2016. Posteriormente ejerció como Secretario Técnico del Foro Democrático para la Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana CDMX y actualmente es el Coordi- nador del Programa de Seguridad Ciudadana del mismo centro. Su más reciente publicación es “La prevención de la violencia y la delincuencia en México. Una promesa malograda” en La responsabilidad del porvenir del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado centenares de artículos de prensa, tarea que en el 2009 le hizo merecedor del Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo. 

Guillermo Trejo
Profesor de Ciencia Política y director del Laboratorio de Violencia y Justicia Transicional en la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos. Se ha especializado en el estudio de movimientos sociales, violencia política y criminal, derechos humanos y justicia transicional en México y Amé- rica Latina. Su más reciente libro, Votos, drogas y violencia: La lógica política de las guerras crimi- nales en México (Penguin Random House América Latina, Debate). Su nuevo libro, Nunca más: Por qué la justicia transicional previene estallidos de violencia criminal en nuevas democracias aparecerá en 2023. Acompaña a colectivos de familias de personas desaparecidas en México en su búsqueda por verdad y justicia.

Jenny Pearce
Profesora en el Latin American and Caribbean Centre (London School of Economics), fue tam- bién profesora de Políticas Latinoamericanas en el departamento de Estudios de la Paz de la Universidad de Bradford (1992-2016) y ha impartido clases en otros centros universitarios. Más recientemente ha ejercido como investigadora principal del proyecto ESRC/Conacyt Newton: “Co-construyendo seguridad humana en México: de las comunidades hacia el Estado” (2016- 2018). Entre sus numerosas publicaciones destaca su último libro Politics without Violence? Towards a Post Weberian Enlightenment (Palgrave Macmillan, 2020).

Lenin Torres Lázaro
Licenciado en Comunicación Organizacional por la Facultad de Estudios Superiores “Acatlán” de la UNAM, es director general del Centro de Investigación y Acción Social “Jesuitas por la Paz” (CIAS) en el que ha desarrollado proyectos de reconstrucción del tejido social. En el pasado ha participado en proyectos de alfabetización y gestión comunitaria y ha colaborado con organiza- ciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” del Estado de México.

Lina Marcela Ibáñez
Directora ejecutiva de la Plataforma Diálogos Improbables, ha liderado múltiples procesos de diálogo entre opuestos y diversos, en Colombia y otros países de América Latina, con el propó- sito de reconstruir relaciones de confianza y generar acciones colectivas para la transformación de conflictos territoriales, socioambientales, interétnicos, y culturales. Es asesora en construc- ción de paz, reconciliación, y en modelos de gobernanza y colaboración entre el sector público, privado y comunidades. Asesoró a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz del Gobierno de Colombia en las negociaciones del Acuerdo para el fin del conflicto con la guerrilla de las FARC- EP en temas de la Reforma Rural Integral y la implementación del Acuerdo.

Luis Jorge Garay
Doctor en Economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y magíster en economía en la Universidad de los Andes, dirige actualmente el Proceso Nacional de Verificación de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (Colombia). Es director académico de Scientific Vortex Group y ha ejercido de consultor tanto para organismos internacionales como colombianos. Es autor de cerca de cien libros y numerosos artículos sobre macro-corrupción y cooptación institucional, redes criminales internacionales, exclusión social y globalización, socio-ecología política de la explotación de recursos naturales no renovables y división sexual del trabajo, entre otras cuestiones.

Marcela Turati
Periodista mexicana dedicada a la investigación de violaciones a los derechos humanos y a la cobertura de temas relacionados con víctimas de la violencia de la guerra contra el narcotráfico en México. Formó parte del grupo de periodistas fundadoras de la red Periodistas de a Pie des- de donde se impulsa el fortalecimiento de medios independientes regionales y la colaboración, acompañamiento, protección y capacitación de periodistas a lo largo del país. También co-fundó Quinto Elemento Lab, laboratorio de investigación e innovación periodística que apoya el perio- dismo de investigación.

Marta Ruiz
Periodista graduada en la Universidad de Antioquia, cuenta con una experiencia de más de 15 años cubriendo el conflicto armado en Colombia. Su trabajo ha profundizado en el análisis de temas de desarrollo rural, las dinámicas de la guerra, la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Ha sido docente de las Universidades de los Andes y del Rosario y maestra de la Fundación Gabo para el periodismo. Fue una de las once comisionadas de la verdad que trabajó en la construcción del informe final de la Comisión de la Verdad de Colombia, liderando el capítulo sobre narrativa histórica del mismo.

Pietro Ameglio
Es profesor de Cultura de Paz y Noviolencia en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y, desde 2017, responsable del Programa de Educación para la Paz y la Noviolencia: Alternativas de aprendizaje y transformación de las violencias. Se ha especializado en áreas de epistemología, educación, construcción y cultura de paz; resisten- cia civil noviolenta; construcción de la violencia y reconstrucción del tejido social; educación autónoma y popular; investigación social y bases de datos.

Mons. Rodrigo Aguilar
Sacerdote licenciado en Ciencias de la educación por la Universidad Pontificia Salesiana (UPS), ha ejercido de secretario del Arzobispo de Morelia, profesor en el seminario arquidiocesano, Rec- tor del Santuario de San José y Director Espiritual de los seminaristas de filosofía. Primer Obispo de la Diócesis de Matehuala, también lo fue más adelante de Tehuacán. En 2017 fue nombrado por el Papa Francisco como nuevo Obispo de San Cristóbal de las Casas.

Yésica Sánchez Maya
Es abogada, defensora de derechos humanos, especialista en litigio estratégico para la defensa de pueblos indígenas, víctimas de abusos de autoridad, criminalización de la protesta social, detención arbitraria, tortura y mujeres sobrevivientes de violencia de género. También es ex- perta en protección integral de defensores y defensoras de derechos humanos, en incidencia internacional y es heredera de la tradición de lucha por los derechos de los pueblos indígenas de Oaxaca.

ORGANIZA:
Plataforma para la Construcción de Paz en México

       
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Avispa Midia

Guacamayaleaks: EZLN blanco de constante espionaje por Sedena

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

La omisión del Estado mexicano profundiza la violencia en Los Altos de Chiapas

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
5 de octubre de 2022
Boletín No. 31

La omisión del Estado mexicano profundiza la violencia en Los Altos de Chiapas

 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) lamenta los hechos de violencia que se presentan en la Fracción Santa Martha, municipio de Chenalhó, Chiapas. De acuerdo a diversas fuentes de información los enfrentamientos iniciaron desde el pasado 29 de septiembre de 2022; hasta el momento se ha confirmado un número aproximado de 129 personas en desplazamiento forzado interno (32 familias), refugiadas en la comunidad de Polhó, del mismo municipio; entre ellas se encuentran al menos 36 niñas, niños y adolescentes en situación de alta vulnerabilidad. A ello se suma la quema y destrucción de aproximadamente seis casas; al momento no contamos con datos precisos respecto al número de personas heridas y asesinadas.

Desde el Frayba hemos señalado la responsabilidad del Estado mexicano respecto a la omisión y mantenimiento de la impunidad frente a la actuación de grupos armados en la región de Los Altos de Chiapas que amenazan, asesinan y desplazan a los habitantes, lo cual constituye una violación continua y múltiple de los derechos humanos, entre los que se destacan el acceso  a un nivel de vida adecuado, a la libertad de circulación, libertad de residencia, a la vivienda, salud, educación, empleo, y a una vida en familia.

En diversas zonas de Chiapas se vive una crisis de violencia, diversos  actores civiles utilizan el recurso armado como mecanismo de control político, territorial y económico. De 2011 a la fecha, hemos documentado 40 conflictos en donde las armas se han convertido en el recurso central, en 33 de estos casos fueron usados altos calibres. La mitad de estos eventos se desarrollaron en Los Altos de Chiapas, destacando los municipios de Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y Oxchuc.

Los actores son diversos, desde sucesores de dinastías de líderes paramilitares que dan continuidad a la lógica contrainsurgente, una conjugación con grupos armados vinculados al crimen organizado y delincuencia común, así como organizaciones sociales corporativistas afines al Estado; hay que sumar la militarización de la seguridad pública en los territorios a través de la presencia de la Guardia Nacional.

La descomposición social que hoy atestiguamos emana tanto del conflicto político-militar irresuelto, de la ausencia de mecanismos institucionales efectivos para la solución de conflictos sociales, además de la existencia de un mercado ilícito de armas, la impunidad histórica y el fomento directo de estas dinámicas de la violencia por parte de autoridades tanto locales como estatales.

La violencia en estos territorios es sumamente dramática, ya que ha tocado las estructuras comunitarias provocando fracturas profundas y permanentes, esto a causa de los mecanismos del terror que van creciendo, por lo que es urgente desactivar las violencias y reconstruir el tejido social con la participación de la población que resiste estas acciones criminales.

Por tal razón, exigimos al Estado mexicano adoptar medidas integrales para prevenir las causas del desplazamiento forzado interno en la región, así como a garantizar la protección y la seguridad de las personas afectadas para disfrutar de una vida digna y en paz, además de iniciar una investigación diligente respecto a la actuación de los grupos armados que abone a su desarticulación y desarme.

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La omisión del Estado mexicano profundiza la violencia en Los Altos de Chiapas (172.91 KB)

 

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CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA

(Español) Comunicado del CIPOG-EZ | Exigimos justicia por nuestros hermanos asesinados y desaparecidos

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Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A los medios de comunicación
A las Organizaciones de Derechos Humanos

5 de octubre de 2022
Hermanos hermanas, a nombre de las comunidades que integramos al CIPOG-EZ llamamos al movimiento social y a los pueblos de Guerrero para hacer de su conocimiento que a partir de hoy se bloqueará la carretera de Alcozacan-Chilapa.

El día de hoy ante nuestras exigencias de justicia el Estado Mexicano envía su brazo armado el ejército mexicano e intenta desarmar a nuestros policías comunitarios, el gobierno en sus tres niveles incapaces de brindar seguridad en nuestras comunidades, prefieren proteger a grupos narcoparamilitares con quienes hacen alianzas, antes que atender nuestras justas exigencias.

Una vez más hemos demostrado nuestra organización y el pueblo organizado, las comunidades avalan y protegen su sistema de seguridad autónomo, respaldado sus policias comunitarias, se hace retroceder al ejército mexicano.

Exigimos justicia por nuestros hermanos asesinados y desaparecidos a manos de LOS ARDILLOS y EL MAL GOBIERNO, se de cumplimiento a las ACCIONES URGENTES decretadas por la ONU a favor de los familiares, que dejen de engañar al Comité contra la desaparición forzada, emitiendo oficios falsos.

Así mismo la FISCALÍA proteje a los policías cómplices de los grupos narco paramilitares, se niega a seguir las investigaciones.

El encargado de la fiscalía Especializada en materia de desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Victor Parra Tellez se burla de nosotros diciendo que desconoce las ACCIONES URGENTES emitidas por el Comité contra la desaparición forzada de la ONU.

¡Exigimos que el Estado Méxicano de cumplimiento a las ACCIONES URGENTES
Emitidas por el comité contra la desaparición forzada de la ONU!

¡Seguiremos exigiendo justicia!

¡Nunca más un México sin nosotros!

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA

radio
Congreso Nacional Indígena

Call out for global action against militarization and the capitalist and patriarchal war against the peoples of all of Mexico and the world, against the EZLN and the Zapatista communities and against the original peoples of Mexico

OCTOBER 12

DAY OF RESISTANCE AND INDIGENOUS DIGNITY

To the peoples of Mexico and the world,

To the original peoples,

To the organizations and collectives that defend human rights,

To the National and International Sexta,

To the Networks of Resistance and Rebellion,

To the Insubmissive, Dignified and Rebellious Europe,

To the signatories of A Declaration for Life.

530 years after the misnamed Conquest of America, we have nothing to celebrate but the resistance and rebellion of the original peoples.

 

This date marks the beginning of the resistance of our peoples and communities against the greatest genocide in the history of humanity, against the invasion, against the conquest, against the dispossession of our lands and territories, against the extermination of our institutions, languages, culture and traditions; that is to say, against the death produced by patriarchal capitalism.

In contrast to the pain and rage of our peoples, last year, while the EZLN denounced that «Chiapas was on the verge of Civil War»; at this time, the Zapatista peoples, in what they called «The Journey for Life», decided to cross the Atlantic to reach the other Europe, the Europe of the Insubmissive, the Europe of Below and to the Left…, they said: «We are going to thank the other for its existence. To thank the teachings that their rebellion and their resistance have given us. To deliver the promised flower. To embrace the other and tell them in their ear that they are not alone. 

To whisper to them that it is worth the resistance, the struggle, the pain for those who are no longer here, the rage that the criminal is unpunished, the dream of a world that is not perfect, but better: a world without fear. And also, and above all, we will seek complicity… for life.»

Next October 12, it will be 26 years since the founding of the National Indigenous Congress, the House of Indigenous Peoples in Mexico, a space for reflection and solidarity of which the EZLN is a founder and where the different ways of organization, representation and decision-making are respected. The struggle for life has been our collective word for 530 years and the war against our peoples has always been the response of the bad governments. For this reason we raise our voices and mobilize to demand a total halt to the military encirclement, paramilitary attacks and the counterinsurgency war directed against the EZLN and Zapatista communities; and against the original peoples of Mexico through militarization and paramilitarization, organized crime, mega-projects of death and the dispossession of our lands and territories.

Last year, the CNI denounced that up to that date, 33 murders of its members had been documented, among them six women, as well as two disappearances; one year later, these numbers have increased considerably, the common denominator is impunity.

 

Mexico has always faced flagrant and systematic violations of individual and collective human rights that have worsened under the current 4T regime. Homicides, extrajudicial executions and mass disappearances, as well as repression against students, women, peasants, teachers, workers, youth, defenders of human rights and Mother Earth, as in the case of our brother Samir Flores Soberanes, journalists, activists and indigenous peoples is constant and growing; and ranges from harassment and threats, to dispossession, displacement, torture, political imprisonment, disappearance, homicide, femicide….

There are innumerable forms of war that we, the peoples of Mexico, face.

We know that this patriarchal and capitalist system wants to subdue us all over the world, as is currently happening in Ukraine, in Afghanistan, in the Middle East, all over the planet; but if we unite and organize ourselves we can fight together against war and against capitalism.

The bad governments use militarization, paramilitarization, attacks and aggressions of organized crime to impose the extraction of minerals and hydrocarbons or mega-projects of death such as the misnamed Mayan Train, the Interoceanic Corridor and the Morelos Integral Project. The dispossession of water is institutionalized practically throughout the national territory, and military and police members are assigned to defend transnational companies. The contamination of rivers, groundwater, air and land is increasing; priority is given to mining, drug trafficking, illegal logging and industry.

The communities, peoples and organizations denounce over and over that the imposition of infrastructure and extractivism projects is carried out with the direct participation of the National Guard, which increases the militarization of daily life in many regions and indigenous peoples. This situation is nothing more than the never-ending continuation of colonization.

Recently the House of Representatives and Senators approved legislative modifications to pass operational and administrative control of the National Guard to the Secretary of National Defense (SEDENA), even though this contravenes Article 21 of the Constitution. Now they are seeking to extend the time in which the Army and the Secretariat of the Navy may intervene in public security tasks: not only until 2024 – the term agreed upon to strengthen state and municipal police forces – but until 2028, thus imposing a trans-sexennial scheme.

These decisions, instructed by Andrés Manuel López Obrador from the executive branch, contradict his campaign promises to «return the Army to its barracks» and give the military a leading role and a presence in the life of the country as they have never had before. This despite the fact that they have violated and continue to systematically violate the human rights of the people of Mexico, as evidenced by massacres such as that of October 2, 1968, that of June 10, 1971, the so-called dirty war, the alleged war against drug trafficking, from Calderón to the present day, or the disappearance of the 43 students from Ayotzinapa with the central participation of the Mexican Army.

 

For all of the above, as an agreement of the Expanded Meeting of the Coordination and Follow-up Commission of the CNI-CIG, as well as of the different organizations, networks and collectives that accompany the National Indigenous Congress, we call so that according to their times, ways, calendars and geographies, on October 12, 2022, we carry out a….

GLOBAL ACTION AGAINST MILITARIZATION AND THE CAPITALIST AND PATRIARCHAL WAR AGAINST THE PEOPLES OF MEXICO AND THE WORLD, AGAINST THE EZLN AND THE ZAPATISTA COMMUNITIES AND AGAINST THE ORIGINAL PEOPLES OF MEXICO. 

We call upon the peoples of Mexico and the world who resist against death and oblivion, the social, civil and political organizations, the National and International Sexta, the networks of resistance and rebellion, the signers of A Declaration for Life in the five continents, the women and men of good heart, so that together we raise our voices against the war in Mexico and in the world.

To register the activities that will take place according to your calendar and geography in this Global Action, we ask you to send your information to the following email: accionglobaloctubre2022@gmail.com

Join and participate with the following hashtags:

#EZLNNoEstánSolos

#AltoALaGuerraContraElEZLN (Stop the War Against the EZLN)

#FueraParamilitaresDeTerritorioZapatista (OutParamilitariesFromZapatistaTerritory)

#VsLaGuerraCapitalistaEnMexicoyEnElMundo

#VsLaGuerraHaciaLosPueblosDelMundo

#VsLaGuerraHaciaLosPueblosOriginarios

#AltoALaMilitarización

#VsLaViolenciaHaciaLasMujeres

#AltoALosAsesinatos

#AltoALasDesapariciones

#LibertadALosPresosPolíticos

#VsTheCapitalistWarInMexicoandInTheWorld

#VsTheWarToThePeopleOfTheWorld

#VsTheWarToTheOriginalPeoples

#StopMilitarization

#VsTheViolenceAgainstWomen

#StopMurders

#HaltToDisappearances

#FreePoliticalPrisons

 

Sincerely

Never again a Mexico without Us!

For the Integral Reconstitution of our Peoples!

NATIONAL INDIGENOUS CONGRESS

Organizations, collectives and networks accompanying the CNI

radio
COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA

(Español) Pronunciamiento en defensa de la autonomía y la guardia comunal de Santa María Ostula

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A los pueblos de México y del Mundo,

A los gobiernos municipal, estatal y federal,

A los medios de información nacionales e internacionales,

A los organismos defensores de derechos humanos.

La comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, ubicada en el municipio de Aquila, Michiacán, región costa-sierra, reorganizó su GUARDIA COMUNAL desde el año 2009 para defender la vida, integridad, libertad y derechos territoriales de sus habitantes ante el acoso permanente de los cárteles criminales, generalmente protegidos por los gobiernos en turno. La GUARDIA COMUNAL se rige de acuerdo con los usos y costumbres de la comunidad y está jerárquicamente subordinada a la Asamblea General de Comuneros y a las autoridades civiles de la propia comunidad, misma que cuenta con un autogobierno propio históricamente reconocido por las diversas instituciones del Estado Mexicano.

En consecuencia con los arriba dicho la comunidad de Santa María Ostula ejerce sus derechos fundamentales a la libre determinación, autonomía, autogobierno y territoriales, lo que incluye la existencia y funcionamiento de su GUARDIA COMUNAL, de conformidad con las regulaciones constitucionales y convecionales vigentes como son los artículos 2 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1, 2, 3, 4, 5 Y 7  de la DECLARACIÓN SOBRE LOS DERECHOS INDÍGENAS DE LAS NACIONES UNIDAD, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 y 9 del CONVENIO NÚMERO 169 CIENTO SESENTA Y NUEVE DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO y 1, 2, y 5 DE LA DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

Como lo señalamos en un comunicado anterior, entre los años 2009 y 2014 nuestra comunidad sufrió una embestida fatal por parte de la delincuencia organizada en complicidad con los gobiernos en turno, destacando el contubernio entre la Marina Armada de México y el cartel de los Cabaleros Templarios; situación que provocó 34 asesinatos y 6 desapariciones forzadas de autoridades agrarias y líderes comunales, así como también el asesinato del niño Hidilberto Reyes García por parte del 65o. batallón de infantería del Ejército Mexicano, lo que fue pericialmente comprobado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, todo lo anterior a pesar de que la COmisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a la comunidad desde el año 2010.

Actualmente, mientras el estado de Michoacán se encuentra desbordado por la criminalidad y el crecimiento territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la comunidad de Santa María Ostula y la parte del municipio de Aquila con presencia de Guardias Comunales, respiran un clima de paz y tranquilidad. Por lo anterior es inexplicable que actualmente el gobierno del estado esté amagando con desarticular las guardias comunales del municipo de Aquila mediante la utilización de la Guardia Nacional y los cuerpos militares y que el pasado dia seis de septiembre del año en curso el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, mencione que su actual gobierno “está empeñado en dejar a Michoacán libre de barricadas que aparte de ser ilegales obstruyen el libre paso de los ciudadanos”; y pone especial atención en el municipio de Aquila, al que pertenece nuestra comunidad, en tanto que señala y reitera que “en las barricadas se resguardan presuntos autodefensas o civiles que están al margen de la ley”.

LO ANTERIOR RESULTA PREOCUPANTE ANTE LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN LA REGIÓN DE LA COSTA-SIERRA DONDE DESDE EL 29 DE SEPTIEMBRE PASADO EL CJNG TOMÓ EL CONTROL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHINICUILA Y DESPLAZÓ A PERSONAS Y FAMILIAS FUERA DEL LUGAR CON EL PROPÓSITO DE EXPLOTAR LAS MINAS DE ESTE MUNICIPIO, OCURRIENDO QUE UNOS DIAS ANTES LA GUARDIA NACIONAL OCUPÓ ESTE POBLADO, DESARMÓ Y DESARTICULÓ A SU GUARDIA COMUNAL, DETUVO A DOS DE SUS ELEMENTOS Y COPÓ POR COMPLETO DICHA LOCALIDAD, EL RESULTADO ACTUALMENTE CHINICUILA ES UN LUGAR SEPULCRAL EN MANOS DE LA DELINCUENCIA ANTE LA PRESENCIA PASIVA DE LOS CUERPOS FEDERALES DE SEGURIDAD.

En dicho sentido volvemos a reiterar que nuestra guardia comunal no impide el libre tránsito de la población, ni en ella coexisten grupos delicuenciales que atenten contra la integridad de las familias michoacanas, señalando que nuestra comunidad indígena, por medio de sus órganos autónomos  de gobierno y sus normas propias, reglamente y faculta a la guardia comunal para brindarnos la seguridad en nuestro territorio.

EN CONSECUENCIA MANIFESTAMOS QUE ANTE LA INCONSTITUCIONAL REFORMA DEL ARTÍCULO 104 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN QUE, EN VIOLACIÓN DE NUESTROS DERECHOS DE AUTOADSCRIPCIÓN Y AUTONOMÍA, ÚNICAMENTE OTORGA VALIDEZ A LAS RONDAS COMUNITARIAS Y GUARDIAS COMUNALES DE LAS COMUNIDADES QUE HAYAN DETERMINADO SU AUTOGOBIERNO, EJERZAN SU PRESUPUESTO DIRECTO Y HAYAN SIDO RECONOCIDAS CON ESE CARÁCTER POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES, DEFENDEREMOS LA EXISTENCIA, FUNCIONAMIENTO Y PERMANENCIA DE NUESTRA GUARDIA COMUNAL Y DE NUESTRO SISTEMA DE SEGURIDAD COMUNITARIA POR SER ÉSTOS LA GARANTÍA DE NUESTRA INTEGRIDAD TERRITORIAL Y DE LA VIDA Y LA LIBERTAD DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD Y DEL MUNICIPIO.

EXIGIMOS A TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO EL RESPETO Y OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRA GUARDIA COMUNAL Y PARA EL EJERCICIO DE NUESTRA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMIA Y EN CONCORDANCIA CON ACUERDOS PREVIOS QUE HEMOS ADOPTADO CON LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO EN APLICACIÓN DE LOS DERECHOS QUE NOS SEÑALAN LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES, TAMBIÉN EXIGIMOS QUE LOS CUERPOS DE LA GUARDIA NACIONAL, EL EJÉRCITO MEXICANO Y LA MARINA ARMADA DE MÉXICO DESTACAMENTADOS EN LA REGIÓN SE ABSTENGAN DE OCUPAR, EN FORMA PERMANENTE O INTERMITENTE, NUESTRO TERRITORIO COMUNAL CON EL PRETEXTO DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DN-III, PRECISANDO QUE SU PRESENCIA DEBE CONSTREÑIRSE, COMO HA OCURRIDO HASTA EL DIA DE HOY, A LA CARRETERA FEDERAL COSTERA NÚMERO 200.

SANTA MARÍA OSTULA, A CUATRO DE OCTUBRE DE 2022.

ATENTAMENTE

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA

 

radio
Congreso Nacional Indígena | Concejo Indígena de Gobierno

(Español) Pronunciamiento de la reunión extendida del CNI-CIG en la Casa de los Pueblos «Samir Flores Soberanes» septiembre 2022, Ciudad de México

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A los pueblos de México y del mundo,

A los pueblos originarios,

A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,

A la Sexta Nacional e Internacional,

A las Redes de Resistencia y Rebeldía,

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde,

A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida,

A los medios de comunicación nacionales e internacionales.

Reunidos en la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes el día 24 de septiembre de 2022, nos dimos cita los pueblos maya, rarámuri, otomí, nahua, mixteco, chontal, mazateco, chinanteco, náyeri, tepehuano, totonaco, zoque, purépecha, mazahua, zapoteco, coca, mayo y yaqui de los estados de Campeche, Ciudad de México, Colima, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quinta Roo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán.

Compartimos palabra con quienes acompañan el caminar de los pueblos que somos el CNI, como el Colectivo Llegó la Hora, Coordinadora Metropolitana Anticapitalista, Red Universitaria Anticapitalista, Mujeres y la Sexta, Red MyCZ, Frente del Pueblo Resistencia Organizada, Red de Apoyo Iztapalapa Sexta, Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, Colectivo Grietas del Norte, Tejiendo Organización Revolucionaria, Doce Pueblos de Tecamac, Partido de los Comunistas, Coordinación de Pueblos, Barrios y Colonias de Xochimilco y la Coordinadora de Colonias de Ecatepec.

Desde nuestra asamblea escuchamos la palabra digna de los padres y madres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raul Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que fueron desaparecidos por el gobierno mexicano, por las policías municipales, estatal de Guerrero y por el ejército mexicano, que siendo uno solo con distintas bandas delictivas, siguen protegidos descaradamente por el gobierno federal.

Escuchándonos, nos vemos en todo el territorio nacional como pueblos que resisten a la guerra abierta, militar, paramilitar y a través de los cárteles criminales; y entendemos que este gobierno en turno no solo garantiza la impunidad a las fuerzas armadas, sino que, militarizando peligrosamente al país, las pone al frente de la seguridad y de actividades que deberían ser tarea de civiles, las pone a proteger los grandes megaproyectos capitalistas y los intereses de los Estados Unidos de América, mientras permite que las bandas criminales se apropien del territorio nacional con el propósito de sembrar el miedo y la desorganización para permitir la proliferación de jugosos negocios mineros, energéticos, inmobiliarios o de tráfico de seres humanos en una abierta GUERRA EN CONTRA DE TODOS LOS PUEBLOS DE MÉXICO. Estos megaproyectos y estos negocios son apostados en la geografía nacional y, sobre todo, en los territorios indígenas; espacios en los que desde hace algún tiempo crecen galopantes la criminalidad, el alcoholismo, la drogadicción y, por supuesto, la destrucción de la Madre Tierra, así como la pobreza y la explotación humanas.

En medio de esta realidad el gobierno federal llama a la mentira planes de justicia indígenas, y en ellos habla de la lucha que los pueblos han hecho durante años, sin tocar lo que ha dado lugar a la injusticia, sin afectar los intereses de las empresas mineras, de los especuladores de tierras, de las industrias extractivas; sin modificar su tradicional política indigenista. Con engaños, chantajes y programas clientelares, pretende ahondar la división y generar el apoyo masivo a la destrucción que traen consigo los megaproyectos y obras de infraestructura estratégicos. Dividiendo a nuestras comunidades entre quienes, cediendo al chantaje oficial, suman su voz para avalar el exterminio de otros pueblos; y quienes se resisten a ser exterminados en favor del gran capital, se resisten a ser despojados, criminalizados, asesinados o desaparecidos.

El capataz autoritario se ha querido valer de un descompuesto indigenismo, que ante la entereza de nuestros pueblos, no ha funcionado, y que es representado por el Instituto Nacional de los Pueblos indígenas (INPI).

La diferencia entre sus cálculos y la realidad, es que la dignidad hoy es una necesidad urgente, pues la agencia administradora del territorio mexicano a favor de las corporaciones capitalistas, que es el gobierno de la 4T, tiene emplazado al poder mundial sobre el territorio nacional y a los militares distribuidos en todo el país mientras aumenta la violencia en contra de los pueblos de México. Su objetivo no es el de la seguridad del país, sino el de la seguridad de los dueños del dinero, el de favorecer el extractivismo transnacional y es por eso la indiferencia descarada ante los asesinatos, las desapariciones, la violencia patriarcal creciente en contra de las mujeres, de los migrantes, de las y los diferentes; y la presencia de grupos delictivos que gozan de impunidad.

Al mismo tiempo los gobiernos de arriba pretenden desarticular las policías comunitarias y guardias comunales a lo largo y ancho del país, utilizando a las fuerzas armadas, condicionando el reconocimiento de los grupos de seguridad comunitaria a someterse al poder corrupto y garantizando el avance de las empresas mineras, agroindustriales, energéticas o inmobilirias y de los cárteles a su servicio.

En ese contexto, por acuerdo de esta reunión ampliada de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional indígena nos pronunciamos de la siguiente forma:

Repudiamos la guerra militar y paramilitar que mantiene cercadas a las comunidades zapatistas, que tiene por objeto el debilitamiento del gran proceso organizativo y de conciencia colectiva anticapitalistas que representan en México y el mundo, con cuyos fines somo uno y en ello no nos rendimos, ni nos vendemos, ni claudicamos.

Exigimos verdad y justicia a 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que fiueron desaparecidos por el gobierno de México y que hoy protege a los culpables escondidos en los cuarteles militares, mientras se reprime y desprecia la lucha digna de los padres y madres de los compañeros, así como de los estudiantes normalistas que siguen demandando justicia.

Rechazamos la simulación a la que los gobiernos llaman “planes de justicia” en los territorios indígenas, pues de manera clientelar pretenden callar las exigencias auténticas y legítimas de los pueblos, al mismo tiempo que protegen y garantizan las ganancias e impunidad a las empresas y cárteles de la droga que mantienen el terror como constante en beneficio de las ganancias de unos cuantos.

Exigimos el pleno respeto a la decisión de la asamblea de la comunidad de Santa María Coapan, municipio de Tehuacán, Puebla, misma que, conforme a sus usos y costumbres, ordenó el cierre definitivo del basurero que opera en su territorio, y que los gobiernos se abstengan de fomentar la división, confrontación comunitaria y la violencia contra quienes se oponen a la reapertura del basurero ilegal.

Ante los reciente sismos, cuyo epicentro fue la costa michoacana, llamamos a la solidaridad urgente con la comunidad de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, donde fueron seriamente dañadas más de 700 viviendas, así como la iglesia que resguarda la imagen principal de la comunidad; a través de la cuenta bancaria número 6524900664, CLABE 021097065249006643, del Banco HSBC, a nombre de SERGIO CIRINO FLORES; lo anterior no sin dejar de señalar que esta emergencia, derivada de un fenómeno natural, se suma a la grave situación que actualmente vive dicha comunidad debido a que el gobierno del estado pretende la desarticulación de su Guardia Comunal y el desmantelamiento del sistema de Seguridad Comunitaria en el municipio de Aquila; lo anterior en un clima creciente de acoso y violencia en las regiones y estados aledaños por parte del crimen organizado.

Llamamos a detener la criminalización de la práctica de la partería tradicional, que es propia de nuestros pueblos, pero despreciada y discriminada por la Norma Oficial Mexicana 035-SSA3-2012, que hace obligatoria la existencia de un certificado de nacimiento por parte del sistema de salud, pretendiendo negar el registro a las niñas y los niños nacidos con nuestras formas ancestrales.

Convocamos para que según sus tiempos, modos, calendarios y geografías, de cada quien, el día 12 de Octubre de 2022, llevemos a cabo una ACCIÓN GLOBAL CONTRA LA MILITARIZACIÓN Y LA GUERRA CAPITALISTA Y PATRIARCAL HACIA LOS PUEBLOS DE TODO MÉXICO Y DEL MUNDO, HACIA EL EZLN Y LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS Y HACIA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE MÉXICO. Llamamos a los pueblos de México y del mundo que resisten contra la muerte y el olvido, a las organizaciones sociales, civiles y políticas, a la Sexta Nacional e Internacional, a las redes de resistencia y rebeldía, a l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes, a las mujeres y hombres de buen corazón, para que junt@s alcemos la voz contra la guerra en México y en el mundo.

 

Atentamente

Septiembre de 2022

Nunca más un México sin Nosostros

Por la Reconstitución Integral De Nuestros Pueblos

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA/CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO.

radio
Avispa Midia

Nuevos ataques en el Istmo por imposición de parque industrial

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En portada: Vías del tren en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Foto: Santiago Navarro F.

La Asamblea Comunitaria de Puente Madera denunció que el pasado viernes 30 de septiembre, César Octavio Morales Toledo, actual Comisariado de Bienes Comunales del municipio de San Blas Atempa, ordenó a personas a su cargo a insultar, golpear y amenazar de muerte a Ismael Luis López, habitante de dicha comunidad zapoteca.

Esta acción es la más reciente registrada y denunciada por la Asamblea de Puente

Madera y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), quienes mediante comunicado aseguraron que la razón de las agresiones se debe a la resistencia de la comunidad zapoteca contra la imposición de un parque industrial en tierras comunales.

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“Estas agresiones al compañero Ismael Luis López se dan como continuidad de los sucesos que hemos venido denunciando, como parte de la criminalización que como comunidad hemos venido recibiendo, al rechazar rotundamente la instalación del PODEBI (Polo de Desarrollo para el Bienestar) en nuestras tierras colectivas”, enfatizan mediante comunicado.

Foto: APIIDTT

Las organizaciones indígenas denuncian que días antes, el 25 de septiembre, se realizó una supuesta asamblea de comuneros, “que acomodó una pieza más para la continuidad de la imposición del Parque Industrial del Corredor Interoceánico sobre nuestras tierras de Uso Común del Pitayal, con la imposición de Cesar Octavio Morales Toledo” como representante del Comisariado.

Las asambleas recuerdan que desde finales del mes de agosto habían alertado sobre el posible nombramiento de las nuevas autoridades agrarias, cuya urgencia “responde a las necesidades del Antonino Morales Toledo para continuar con la intimidación y criminalización que como comunidad de Puente Madera hemos venido sufriendo desde el 2021”, debido a su rechazo al parque industrial.

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A su vez, señalan que César Octavio, conocido en la región como “Santa”, es hermano de Antonino Morales Toledo, ex presidente municipal y mano derecha del gobernador electo en el Estado, Salomón Jara Cruz. En el testimonio de López, el indígena zapoteco asegura que Morales le agredió tirándole al suelo mientras declaró que el parque “se va a ejecutar porque él ahora es la autoridad y que el pueblo de Puente Madera no va a impedir que este Parque Industrial se lleve a cabo”, detalla el comunicado.

Vínculos con crimen organizado

Las organizaciones indígenas subrayan que, debido a los antecedentes penales de Cesar Octavio Morales Toledo, se debe llevar a cabo una revisión de la legalidad en su nombramiento como Comisariado de Bienes Comunales.

Destacan que Morales ha sido detenido en dos ocasiones. La primera de ellas por elementos de la Policía Federal ocurrida en el año de 2018, en el marco del operativo “Fuerza Especial de Seguridad Oaxaca”, por la portación de $250,000 en efectivo, de los cuales no pudo acreditar su procedencia legal. Mientras, la segunda detención, documentada por la revista Proceso, ocurrió en enero de 2022, cuando elementos militares le detuvieron por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Los hermanos Cesar (izquierda) y Antonino (derecha) Morales Toledo.

Cesar Octavio Morales Toledo opera a través de la organización Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas (FUCO), movimiento político que consolidó su hermano Antonino Morales como apoyo a la candidatura del ahora gobernador electo, Salomón Jara.

De acuerdo a una investigación publicada por El Muro MX en mayo de este año, el gobierno estadounidense solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), congelar las cuentas de mil 669 personas vinculadas al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Una de estas personas relacionadas al crimen organizado es Antonino Morales Toledo, principal operador financiero de Salomón Jara desde hace seis años.

Violencia continúa

Otra de las denuncias de las asambleas indígenas retoma las agresiones contra David Hernández Salazar y su familia, quienes el 19 de julio fueron violentados físicamente por Mariano de la Rosa Jiménez, Roberto Trinidad Jiménez y Faustino de la Rosa Quecha, personas quienes operan al interior de la comunidad en favor del Parque Industrial y por la venta de tierras de uso común.

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Las organizaciones indígenas responsabilizan del clima de violencia en la comunidad Binnizá de Puente Madera a funcionarios locales, estatales y federales. Entre ellos a los hermanos Antonino y Cesar Morales Toledo, así como a Gonzalo Villalobos López, representante de la Procuraduría Agraria en Oaxaca, y Rafael Marín Mollinedo, director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Por último, exigen respeto a la libre determinación de Puente Madera en su rechazo a la construcción del Podebi en las tierras de uso común, así como al cese de los hostigamientos y criminalización contra sus habitantes y representantes.