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Diócesis de San Cristóbal de las Casas; Chiapas, México
15 de agosto 2018

A los Hombres y las mujeres de Buena Voluntad, creyentes y no creyentes.

El presente documento propone visibilizar el problema social ocasionado por los desplazamientos forzados de que han sido objeto personas de las parroquias de San Pablo Chalchihuitán y San Andrés Larrainzar. El problema se acentuó debido a que toda la Región de los Altos de Chiapas ha sido el escenario de múltiples episodios de violencia y conflictividad permanente por razones territoriales con intervenciones de paramilitares. En diciembre 1997, ocurrió la masacre de 45 personas en la comunidad de Acteal.

Estos asesinatos y otros incidentes de naturaleza político-territorial son el antecedente que facilitó que en 2017 grupos civiles armados encontraran poca resistencia para provocar que más de 5,000 personas de Chalchihuitan y Chenalho huyeran de sus hogares y se refugiaran en las montañas y en 2018 habitantes de Aldama y Chenalho vivieran la misma situación de desplazamiento.

Actualidad

El conflicto ha escalado hasta el punto en el que al día de hoy 15 de agosto de 2018 aún existen cerca de 1,450 personas desplazadas, unas 4000 personas retornadas, pero que aún no han podido regresar a su vida normal y los desplazados están organizados en 10 campamentos que requieren de servicios básicos, alimentación, refugio, salud y artículos de higiene personal para subsistir en espera de una resolución.

Quienes han tratado de volver a sus hogares, no lo han logrado debido a que son objeto de disparos disuasivos y amenazas que los obligan en última instancia a regresar a los campamentos, se puede decir con seguridad que la población actual de los campos de desplazados está formada principalmente por ancianos, mujeres, adolescentes y niños pequeños. (Continuar leyendo…)

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Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.
22 de abril de 2018

Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A las y los defensores de los derechos humanos
A los medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Con tristeza y con mucha indignación denunciamos una agresión armada en la sede de nuestra Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza por un grupo de personas armadas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), esta situación no es un problema por partidos políticos ni religioso, es una agresión a nuestra autonomía y a nuestra lucha pacífica.

Hechos:

El día de ayer, 21 de abril de 2018, realizamos trabajos de alambrado en el perímetro de la sede de la Organización y Casa de la Memoria y la Esperanza, para delimitar nuestro territorio haciendo el alambrado perimetral. Y construir una casa en la orilla de la carretera, en la entrada de nuestra sede, ya que en una asamblea acordamos hacer estos trabajos.

Pero, antes de que empezáramos nuestro trabajo, llegaron un grupo de personas: Antonio Gómez Pérez presidente del grupo “Concejo Pacifista Sembradores de Paz”, (grupo usurpador del nombre de nuestra Organización Las Abejas de Acteal) junto con su esposa Catarina Vázquez Pérez, María Vázquez Pérez, Javier Luna Pérez y su esposa Micaela Vázquez Pérez, Rosa Vázquez Pérez y su hijo Romeo Hernández Vázquez y Juan Vázquez Pérez, para sembrar hizotes para delimitar según ellos su terreno, dentro del área de nuestra sede, esto como a las 7:30 de la mañana.

Aproximadamente a las 18:45 horas, se comenzaron a escuchar disparos de armas de fuego desde la casa del señor Javier Luna Pérez del (PVEM), lo que hicimos las mujeres, hombres y niñas y niños que nos encontrábamos en nuestra sede, correr y refugiarnos en la iglesia de la Virgen de la Masacre de Acteal y, creímos que ahí nomas iban a parar su agresión.

Pero, como a las 10:30 de la noche, un grupo de 6 personas jóvenes de nombres: Juan Vázquez Pérez, Eulalio Ruiz Gutiérrez, Mariano y Juan Gabriel Luna Vázquez hijos de Javier Luna Pérez y Esteban Pérez Gutiérrez, la mayoría son del PVEM, llegan a nuestra sede con armas de fuego, palos, piedras y comenzaron violentamente a destruir el alambrado que habíamos hecho alrededor de nuestra sede y al mismo tiempo realizaban disparos de armas de fuego. Y cuando terminaron de destruir el alambrado realizaron 4 disparos de armas de fuego y de ahí se regresaron a sus casas.

Después de esta destrucción del alambrado, como a las 23:20 horas, este mismo grupo de personas armadas regresa a destruir la casa de la Organización de Las Abejas que se había construido en la orilla de la carretera, en ese momento estábamos varias mujeres realizando un cinturón de seguridad para evitar que destruyeran la casa, pero, no nos respetaron y así com

etieron su acto violento, aventando a la carretera las maderas y algunas se las llevaron a su casa. Su acto de destrucción duró aproximadamente 10 minutos. Una vez que terminaron el destrozo, y se fueron a juntarse en la puerta de la casa del presidente del “Concejo Pacifista Sembradores de Paz” y desde ahí le dispararon con un arma al foco del alumbrado público y diciendo jactanciosos: “¡terminamos el trabajo vayan a tomar su pozol!”.

Contexto

En el año de 1998, después de la masacre de Acteal nuestro hermano Francisco Vázquez Hernández (fallecido en el año de 2016) junto con nuestra hermana María Vázquez Gómez y Juan Vázquez Luna todos sobrevivientes de la Masacre de Acteal, decidieron voluntariamente donar una parte de su predio para que sea la sede de nuestra Organización Las Abejas de Acteal y porque ahí están enterrados nuestros 45 hermanas y hermanos y más los 4 no nacidos, dicha otorgación del terreno cuenta con un acta de donación y su respectivo croquis.

Queremos dejar en claro que los que están detrás de toda esta agresión son “Los Sembradores de Paz”, porque antes de que este grupo de personas armadas actuaran, los señores Patrocinio Hernández Gómez, Lázaro Arias Gómez y Porfirio Arias Hernández de la comunidad Yaxgemel, se encargaron de dividir y manipular a unas familias de sobrevivientes de la masacre de Acteal y, después hicieron lo mismo con las hijas de nuestro hermano Francisco Vázquez.

Cabe señalar que los “Sembradores de Paz”, en varias ocasiones han intentado despojarnos de nuestra sede y el año pasado también llegaron a agredirnos en nuestra sede, esto lo denunciamos públicamente. Pero hoy sus malas acciones ha subido de nivel.

Hermanas y hermanos tememos que nos pueda pasar algo lamentable, porque hace rato como a las 10:30 de la mañana, el mismo grupo de personas armadas estuvieron tirando piedras sobre el techo del Mukinal, (lugar en donde están enterrados nuestras 45 hermanas y hermanos y más 4 no nacidos).

Es muy triste y doloroso lo que sucedió ayer y lo que sigue sucediendo, porque nos recuerda como vivimos el 22 de diciembre de 1997, cuando los paramilitares llegaron a masacrarnos, porque este grupo de jóvenes copiaron la forma como actuaron los paramilitares priistas de Chenalhó. Muchas mujeres sobretodo las sobrevivientes tuvimos mucho miedo, causando crisis emocional así como en niñas también, pero, tuvimos que hacernos fuerte y apoyarnos entre todas.

Este hecho que está pasando es consecuencia de la impunidad sobre la Masacre de Acteal y el Estado mexicano es responsable de lo que está pasando ahora en nuestra sede.

Esta agresión en nuestra sede, es un ataque directo a la Memoria de nuestras hermanas y hermanos mártires de Acteal y la construcción de la Otra Justicia. Acteal es la Casa de la Memoria y la Esperanza y lo hemos dicho públicamente que es para toda las personas que luchan y construyen la paz y la justicia. Acteal después de la masacre se convirtió en dignidad y ejemplo de lucha No Violenta, y es por eso que quieren destruirnos y el mal gobierno sabemos que está detrás de todo esto.

La violencia en Chenalhó ya es el infierno, porque en donde quiera hay grupos armados, como lo acaba de señalar el gobierno estatal, que desde hace meses se oyen disparos de armas de fuego “sin identificar quién o quiénes lo realizan”, causando desplazamientos forzados y matando a gente inocente y la presidenta municipal de Chenalhó Rosa Pérez Pérez no hace nada para detener a su gente, al contrario permite la violencia y los asesinatos, así es su uso y costumbre para gobernar al municipio oficial.

Ante todo lo anterior exigimos:

• Al mal gobierno municipal, estatal y federal detener urgentemente esta violencia y se garantice nuestra seguridad como Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal en las diferentes comunidades en las que habitamos.
• A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie pronto sobre la responsabilidad del Estado mexicano respecto a la Masacre de Acteal y, debido a este retardo, el Estado mexicano ha aprovechado para administrar la impunidad y generado más violencia en nuestra región.

Hermanas y hermanos y compañeras y compañeros de lucha, no permitan que nos maten como lo hicieron los paramilitares priistas de Chenalhó el 22 de diciembre de 1997, les pedimos hacer acciones y presionar al Estado mexicano que evite otra masacre.

Los responsables de cualquier agresión a nuestra organización son los tres niveles del mal gobierno y el grupo “Concejo Pacifista Sembradores de Paz”, en especial su presidente Antonio Gómez Pérez.

Con mucho dolor e indignación, desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza.

ATENTAMENTE

La Voz de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Martín Pérez Pérez                           Mariano Gómez Ruiz

Pedro Pérez Pérez                           Manuel Pérez K’oxmol

Alonso Ruiz López                       Manuel Nuñez Gutiérrez

Por las mujeres sobrevivientes de la masacre de Acteal y compañeras miembros de Las Abejas de Acteal:

Marcela Pérez Sántiz
Elena Pérez Luna
María Guzmán Pérez
Verónica Hernández Sántiz
Guadalupe Vázquez Luna
Antonia Pérez Pérez
Luvia Arias Pérez
Guadalupe Arias Pérez

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Durante el mes de marzo de 2018 se provocó el desplazamiento forzado de al menos 307 personas de Tabak, 255 de Koko’ y 185 de Cotsilnam del municipio de Aldama. Las familias se encuentran refugiadas en la montaña y su número aumenta cada día. El Estado no ha implementado acciones para atender y proteger a más de 747 personas desplazadas, en su mayoría mujeres, niñas y niños que se suman a las 7 familias desplazadas forzadas, desde mayo de 2016, por el mismo grupo agresor.

Foto: Niños vulnerables de la comunidad de Kokó, Aldama, Chiapas. 31 de marzo 2018. Carlos Ogaz.

Lee también: Comuneros de Aldama denuncian despojo y desplazamiento forzado

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Compartimos aquí la denuncia de los comuneros de Aldama:

Hacemos un llamado a:

Los medios de comunicación, local, nacional e internacional.
Al gobierno estatal y federal.
A las organizaciones civiles de derechos humanos.
A la sociedad civil.

Origen del conflicto:

El pueblo de Aldama Magdalena queremos externar nuestra preocupación que hemos vivido entre la comunidad de Santa Martha (Manuel Utrilla) y Aldama donde hemos sufrido el despojo de parcela de 60 hectáreas que son legítimos dueños ancestralmente de los 115 comuneros de Aldama.

1. 2014 empieza la agresión por parte de Santa Martha a Aldama robándoles mangueras de agua potable y tala de árboles (pino, liquidámbar) que son propiedades de Aldama, haciendo la denuncia correspondiente por ecosidio y robo.
2. 2016 el 19 de abril empiezan a cortar el fruto de café parcela por parcela y tala parcial de algunas matas de café.

En el mes de mayo y junio: tala total de árboles frutales de café con un total de 40 hectáreas de cafetal y talando todas las sombras de café (chalum).

El 12 de junio el grupo de invasores despojaron a 7 familias con un total de 52 personas de sus hogares bajo amenazas con armas de fuego y machetes, robándoles todas sus pertenecías.

El 15 de julio el grupo de invasores quemaron y destruyeron en su totalidad las 7 casas de las familias despojadas de sus hogares.

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En el municipio de Aldama, región Altos de Chiapas se encuentran alrededor de 638 personas en situación de desplazamiento forzado desde el pasado 3 de marzo cuando un grupo armado del vecino ejido Manuel Utrilla, también conocido como Santa Marta en Chenalhó realizó disparos de arma de fuego de grueso calibre contra las casas, y escuelas en las comunidades de Koko’, Tabak y San Pedro Cotsilnam. Los conflicos agrarios se potencian en medio de una región en donde los paramilitares nunca fueron desarmados, además de ser amparados por el estado mexicano. Regeneración Radio realizó un recorrido por las comunidades afectadas y pudo constatar los disparos constantes y el riesgo a la vida de las personas que se encuentran bajo escases de alimento, en medio de las inclemencias del tiempo y del terror; esta es su historia.

La impunidad con la que actúan grupos civiles armados en Los Altos de Chiapas intensifica la crisis por desplazamiento forzado en comunidades de pueblos tsotsiles, de los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó. El Estado mexicano es responsable porque no ha investigado, desarmado ni sancionado a dichos grupos lo que propicia el aumento de la violencia.

Grupos civiles armados, de corte paramilitar, vinculados a redes de crimen organizado, atacan con armas de fuego a comunidades, con la permisividad y protección de autoridades del gobierno de Chiapas. Viejos conflictos agrarios son administrados según intereses políticos, en un ambiente electoral de manipulación y control para operar renovadas estrategias contrainsurgentes.

El territorio del municipio de Chenalhó ha sido una pieza clave en la estrategia de contrainsurgencia, que el Estado mexicano gestó en los Altos de Chiapas con el objetivo de aniquilar la resistencia autónoma de las comunidades indígenas. En esta zona, el Ejército mexicano formó, entrenó y protegió a grupos paramilitares responsables de crímenes de lesa humanidad, como la Masacre de Acteal. El Estado mexicano no desarticuló ni desarmó a los grupos que capacitó en el uso de armas con el objetivo de sembrar terror; actualmente, siguen siendo el motivo de la acción que mantiene en vilo a la población con impactos psicosociales que van desde el miedo, a brotes de enfermedades que están afectando principalmente a las niñas, niños, jóvenes, mujeres y ancianos.(1)

Es crítica la situación actual, ya que la ineptitud en la intervención del Estado mexicano está ocasionando y permitiendo el crecimiento de una violencia desproporcionada. Lo anterior se reafirma con los hechos sucedidos el 2 de abril a las 6:30 horas, donde emboscaron y asesinaron a tres personas de la comunidad Cotsilnam, Aldama. Manuel Gómez Pérez de 35 años, y sus dos hijos menores de edad: Alonso Gómez Hernández, de 17 años y José Antonio Gómez Hernández, de 11 años, a quienes sorprendieron en el camino del tramo a Tselejpotobtik; los disparos venían desde Santa Martha, desde el otro lado del río, aproximadamente entre 150 y 200 metros provenientes de cafetales y platanares. Las tres personas iban a sembrar maíz.

Según información con la que cuenta el Frayba, el grupo que actúa desde el ejido Manuel Utrilla aumentó el clima de terror desde febrero de 2018 con ataques armados contra las comunidades de Aldama: Tabak, Koko’, Cotsilnam, Stselej Potop, Xuxchen, Puente, Yoctontik, Sepelton y la cabecera municipal (2). Entre las comunidades afectadas hay familias Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), quienes como el resto de la población se encuentran en riesgo. Las agresiones continúan hasta la fecha; las últimas, han sido con dirección a poblados y en contra de personas que transitan los caminos y acuden a trabajar sus parcelas. Testimonios refieren que algunos disparos han sido antecedidos por luces rojas (miras láser). Se teme continúen las incursiones armadas a las comunidades de Aldama más cercanas a los límites territoriales con Manuel Utrilla, Chenalhó, así como a la cabecera.

Como consecuencia de estas acciones violentas, durante el mes de marzo de 2018 se provocó el desplazamiento forzado de al menos 307 personas de Tabak, 255 de Koko’ y 185 de Cotsilnam del municipio de Aldama. Las familias se encuentran refugiadas en la montaña y su número aumenta cada día. El Estado no ha implementado acciones para atender y proteger a más de 747 personas desplazadas, en su mayoría mujeres, niñas y niños que se suman a las 7 familias desplazadas forzadas, desde mayo de 2016, por el mismo grupo agresor.

El Frayba ha informado constantemente al Gobernador del Estado de Chiapas, a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaria de la Tierra, a la Subsecretaria de Gobierno Región V, Altos tsotsil-tseltal, a la Fiscalía General de Justicia del Estado, a la Fiscalía de Justicia Indígena, entre otras, de la situación de violencia por el conflicto territorial entre Aldama y Manuel Utrilla, Chenalhó, y alertó sobre la actuación del grupo civil armado. Sin embargo, el gobierno de Chiapas no ha realizado acciones contundentes para investigar, desarmar y sancionar a este grupo, con el pretexto de que “no puede realizar medidas de seguridad pública”, por lo que ha dejado en desprotección a las comunidades afectadas. El gobierno estatal de Chiapas argumenta incapacidad para desarmar a los grupos armados, evadiendo su responsabilidad.

Testimonios refieren que el aumento de la violencia se vincula a que el grupo civil armado de Manuel Utrilla comenzó a tener apoyo del grupo armado de corte paramilitar que actuó en el desplazamiento masivo de Chalchihután (3). En ambos casos se presentan patrones similares de actuación que producen desplazamientos forzados, terror y muerte, a fin del control territorial en la región. Los patrones que ubicamos son a) ataques prolongados con armas de alto calibre b) ataques armados intermitentes c) amenazas de masacres d) vigilancia desde trincheras en la montaña, f) agresiones generalizadas a la sociedad civil g) actos violentos para generar terror h) comunidades sitiadas y i) asesinatos ejemplares.

Ante las violaciones a los derechos humanos y las omisiones del Estado mexicano de garantizar protección, este Centro de Derechos Humanos (Frayba) solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la población en riesgo a la vida, por la violencia generalizada en la región, marcada por la impunidad.

Reiteramos la responsabilidad de las autoridades de atender de manera urgente e integral la situación de crisis humanitaria por el desplazamiento forzado en Los Altos de Chiapas, aplicando de manera inmediata y urgente los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas. Así como realizar acciones de prevención con el fin de evitar que otras comunidades se desplacen de manera forzada debido a las agresiones armadas en la región.

Llamamos a la solidaridad nacional e internacional a manifestar su indignación, a firmar la acción urgente (4) y exigir al Estado mexicano un alto al fuego. Así mismo a solicitar que se realice una estrategia efectiva de desarticulación, desarme, detención y sanción a los grupos civiles armados de corte paramilitar de la región, como lo ha indicado la CIDH (5), así como una investigación a fondo de las autoridades responsables de la organización y actuación de los grupos armados en Los Altos de Chiapas.

Negamos rotundamente que la militarización de las zonas de conflicto sea una solución, ya que patrones derivados de otros conflictos demuestran que dicha presencia recrudece la violencia y genera graves violaciones a los derechos humanos.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
03 de abril de 2018
Boletín No. 10

1. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. Presentarán Estudio psicosocial e impacto colectivo de la masacre de Acteal. 23 de noviembre 2017. Disponible. https://frayba.org.mx/presentaran-estudio-psicosocial-e-impacto-colectivo-de-la-masacre-de-acteal/

2. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. Acción Urgente: En riesgo la vida de indígenas tsotsiles de Aldama. 22 de marzo de 2018. Disponible en:
https://frayba.org.mx/accion-urgente-en-riesgo-la-vida-de-indigenas-tsotsiles-de-aldama/

3. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. Acción Urgente: En riesgo la vida de familias desplazadas-retornadas en Chalchihuitán. https://frayba.org.mx/accion-urgente-en-riesgo-la-vida-y-la-integridad-de-centenares-familias-desplazadas-retornadas-en-chalchihuitan/

4. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. Acción Urgente: bases de Apoyo Zapatista en riesgo de desplazamiento forzado. 27 de mayo de 2018. Disponible en: https://frayba.org.mx/bases-de-apoyo-zapatistas-en-riesgo-de-desplazamiento-forzado/

5 .Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Medida Cautelar No. 882-17. 24 de febrero de 2018. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2018/15-18MC882-17-MX.pdf

Foto: Familias desplazadas de la comunidad de Kokó, municipio de Aldama, Altos de Chiapas. Fotografía: Carlos Ogaz.

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El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. cuenta con información del desplazamiento forzado de 90 familias tsotsiles de la comunidad de Koko’, municipio de Aldama, Chiapas, México, el pasado 24 de marzo de 2018, por el actuar violento de un grupo armado proveniente de Manuel Utrilla, Chenalhó. Las familias se encuentran dispersas en la montaña, sin condiciones de seguridad ni de asistencia humanitaria que garanticen sus derechos como pueblos indígenas en desplazamiento.

Adicionalmente, familias Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) de comunidades del municipio de Aldama y del ejido Manuel Utrilla, Chenalhó, se encuentran también en grave riesgo de desplazamiento forzado así como de amenazas a su vida, integridad y seguridad por el mismo grupo armado que provocó el desplazamiento, el 20 de marzo de 2018, de 145 familias tsotsiles de Tabak, Aldama.(1)

Estos hechos son la continuidad de la violencia en la región con la crisis humanitaria por el desplazamiento forzado de 5 023 personas en Chalchihuitán2 y el desplazamiento forzado de 7 familias de Aldama desde mayo de 2016. La ineficacia del gobierno de Manuel Velasco Coello ha generado impunidad en la zona, protegiendo a la presidenta municipal de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, y a los grupos armados que operan en la región.

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(Firma la Acción Urgente aquí.)

Las organizaciones civiles firmantes hacemos un llamado a la sociedad civil nacional e internacional para que se pronuncie ante la inminente agresión de un grupo civil armado en contra de la población del municipio de Oxchuc, Chiapas. Se ha hecho de nuestro conocimiento que el día de ayer 24 de enero, aproximadamente a las 11:00 de la mañana, comenzaron a escucharse disparos en algunas comunidades y en la cabecera municipal, lo que ocasionó temor.

Personas del municipio nos informaron que ante la inseguridad, por órdenes del gobierno estatal tuvieron que desalojar a niñas, niños y docentes de las escuelas, así como pacientes, personal médico y de enfermería de los centros hospitalarios, lo que denota una situación de riesgo que vulnera la seguridad e integridad de las mujeres, niñas, niños y demás población.

De acuerdo a información proporcionada por vecinos del municipio, hasta el momento se reportan 20 personas desaparecidas, que se desconoce su genero y edad; 17 heridos, entre ellos se encuentran Juan Gabriel Méndez López de 36 años (abogado comunitario del Movimiento con Justicia y Paz para el pueblo de Oxchuc y quien representó a la comunidad en el Amparo promovido para rechazar las presencia de partidos políticos en el municipio, recientemente promovió un Amparo contra la Ley de Seguridad Interior), Julio Cesar Gómez Santíz de 24 años de edad, Manuel Gómez López de 39 años, Bonifacio López Gómez de 39 años y el adolescente Néstor Avidal López Gómez de 15 años, José Alfredo Gómez López, de 20 años de edad, Moises Santiz Gómez de 27 años de edad, Alonso López Santiz de 36, Eliseo Góme Santiz, de 17 años, Javier Santiz Gómez de 37 años, Hugo Santiz Gómez de 21 años, Alexander López Gómez de 16 años, Juan Gómez López de 17 años, Edagar Jhovani Santiz Gómez de 24 años, Rafael López Santiz de 16 años, Marcelo Santiz Santiz de 31 años; y tres personas muertas, Ovidio López Sántiz, Víctor Sántiz Gómez y Francisco Méndez López, dos de ellos pertenecen a la comunidad Media Luna y el otro a la comunidad Cruxilja cuyo cuerpo aún permanece en el lugar de los hechos.

De igual forma, existe la amenaza de que en los próximos días la cabecera municipal sea ocupada por un grupo civil armado, que según fuentes locales, se concentra en las comunidades: Piedra Escrita, El Mash (colinda con Chanal), Cruxton (colinda con San Juan Cancuc) y Yochib (que colinda con Tenejapa). Por la manera en que se suscitaron los hechos de violencia, la población considera que se trata de personas ajenas al municipio, que tienen entrenamiento y portan armas de grueso calibre.
El temor persiste y es real, ya que el día de hoy, 25 de enero, alrededor de las ocho de la mañana nuevamente se escucharon disparos cerca de la comunidad Piedra Escrita y el crucero de Cruzton, de Oxchuc, no se ha reportado el cese de las detonaciones. Asimismo no se tiene certeza de la existencia de personas heridas o muertas porque la población vecina no ha podido ingresar y tampoco hay presencia la policía estatal.

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