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Avispa Midia

(Español) Brad Will, el periodista neoyorquino que cayó en la revuelta popular de Oaxaca

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William Bradley Roland, mejor​ conocido como Brad Will, fue un periodista independiente, camarógrafo, documentalista y militante anarquista. Formó parte de la plataforma Indymedia en Nueva York, Bolivia y Brasil. Él viajó hacia el estado de Oaxaca a principios de octubre del año 2006. Su objetivo era documentar una de las principales revueltas con las que se inauguraba el nuevo milenio en Latinoamérica. Aunque este, sería el último viaje de Brad.

Habían pasado casi cinco meses desde que inició el estallido de la revuelta popular en el estado de Oaxaca cuando Brad llegó con su cámara recién adquirida. Este escenario comenzó con una orden de desalojo, emitida por el entonces gobernador de esta entidad, Ulises Ruiz Ortiz, hacia profesores de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes se mantenían en huelga en la plaza central y las principales calles de la turística ciudad de Oaxaca. Tras una fuerte represión hacia los profesores, cientos de vecinos y organizaciones sociales salieron a las calles a respaldar a los docentes, hasta que la revuelta se generalizó y la sociedad salió a las calles, pero para exigir la destitución del gobernador.

Es en medio de esta situación en la que Brad llegó a la ciudad y -después de acompañar a una parte de La Otra Campaña del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que recorría el país- comenzó a explorar, en una motocicleta que había rentado con su chofer, los diversos puntos en los que se había extendido la edificación de barricadas. Estas barreras fueron creadas como un acto de defensa contra grupos de choque que portaban armas exclusivas del ejército, así como de policías vestidos de civil que disparaban hacia hombres, mujeres, niños y ancianos que se habían sumado a esta llamada “insurrección popular”.

Con más de 20 días en Oaxaca, al periodista estadounidense ya lo comenzaban a identificar como el “güero” y, entonces, la población le daba acceso a cada rincón de Oaxaca en donde hubiese un control para circular, principalmente, en las noches. Esta ciudad estaba completamente paralizada y pocos eran los automóviles que podían circular intentando esquivar palos, piedras, llantas y otros obstáculos esparcidos por las calles. Brad llegó a contabilizar hasta 3 mil barricadas levantadas en los cuatro puntos cardinales, no solo de la ciudad, sino de las colonias populares y de las comunidades con más cercanía a la ciudad.

El último día de Brad

El 27 de octubre, las personas que se mantenían en las barricadas tenían por objetivo la paralización completa de la ciudad, por lo menos, por 24 horas. Así amaneció la barricada conocida como “Calicanto”, en el municipio conurbado de Santa Lucia del Camino. Junto a los palos, llantas y otros objetos, atravesaron camiones de mercancía, los cuales fueron interceptados mientras circulaban por las calles.

Cuentan los vecinos que eran las primeras horas de la mañana cuando, de una camioneta cerrada, descendieron autoridades del municipio de Santa Lucia y, sin palabra alguna, “comenzaron a disparar contra los manifestantes y entonces todos corrimos y buscamos refugio”, dice una vecina que se presenta como Soledad Martínez.

La señora Martínez, comenta que unos minutos después todos los manifestantes se reorganizaron, pero también las autoridades junto con policías municipales. “Ahí volvimos a avanzar con cohetones y piedras, entonces corrieron. Ya cuando llegamos cerca de la camioneta algunos compañeros le prendieron fuego y empezó una tronadera. Eran las balas que había dentro de la camioneta”, agrega Martínez.

A 14 años de estos acontecimientos, ahora se sabe que quien dio la orden de utilizar estas armas fue el sobrino del presidente municipal de Santa Lucia en ese momento, Manuel Martínez Feria.

Policías municipales de Santa Lucia del Camino y militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRI)

Ese día Brad llegó a este lugar y en las primeras imágenes que registra se aprecia que la camioneta de estas personas ya estaba casi calcinada, a lo lejos se pueden observar a personas disparando contra los manifestantes. “Brad se iba cubriendo con las llantas de los camiones mientras estaba grabando”, comparte Javier Santis.

La trifulca duró horas, hasta que las personas armadas se fueron replegando hacia la presidencia municipal. “De pronto se escucha que el compa dice me dieron, me dieron”, comparte Javier.

Varios manifestantes lo cargaron y comenzaron la búsqueda de un doctor y de un carro. En el camino uno de sus colegas guardó la cámara que se le iba cayendo de las manos, una vecina recogió uno de sus zapatos que, varios meses después, le fue entregado a la madre de Brad.

Minutos después lo subieron a un vehículo Volkswagen que llevaba varios días sin circular y con poca gasolina. Desesperadamente iban intentando esquivar las barricadas, las piedras, los palos. Mientras intentaban hablarle a Brad para que no se durmiera. De pronto el carro se apaga, la gasolina se había acabado.

Las personas que decidieron ayudar al periodista se desesperaron y pidieron ayuda al chofer de una camioneta que pasaba por donde se quedaron varados, que, tras varios minutos de explicación, “decidió llevarlo, pero ya no pudo llegar”, cuanta Jazmín López.

Justicia

Momentos después de este asesinato, en la terminal de autobuses ADO fueron interceptados algunos de los participantes armados del municipio, pero fueron liberados tiempo después.

Ese 27 de octubre, el gobierno que aún presidia Ruiz Ortiz desplegó a través de la policía y de diversos grupos de civiles armados conocidos como el “escuadrón de la muerte”, operativos para intentar retomar el control de la ciudad.

Con la muerte de Brad, se justificó ante los medios de comunicación, principalmente la prensa internacional, la participación de la policía militar, que ese momento era la Policía Federal Preventiva (PFP), que arremetió indiscriminadamente contra los manifestantes para retomar el control de la ciudad.

Según la denominada Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) reveló que el saldo de este conflicto fue de 26 asesinatos, entre ellos, el periodista Brad Will.

Las instancias de gobierno encargadas de impartir justicia a nivel estatal y federal inculparon y llevaron presos a personas inocentes y con líneas de investigación sin fundamentos. Mientras que, los policías que aparecen disparando directo hacía dónde se encontraba Brad, así como de otros manifestantes que también fueron asesinados durante estas protestas, no fueron inculpados de ninguna responsabilidad.

Pero esto no es novedad. La sociedad oaxaqueña sabe bien que estas instancias no funcionan porque son juez y parte. El asesinato de Brad aún no se ha saldado, por el contrario, se ha sumado a un sin fin de activistas y periodistas asesinados en México que han quedado en la impunidad.

Brad, una luz

Después de que fue asesinado el periodista independiente, su fotografía figuraba, junto a la de los otros caídos en esta “insurrección popular” en un altar con ofrendas, con el fin de festejar y recordar a los seres queridos durante el día de los muertos. Esa ofrenda simbólica estuvo en una de las úlimas barricadas que quedaban, la de 5 señores, la cual protegía Radio Universidad. La PFP ya casi había recuperado la mayor parte de la ciudad, pero, en torno a esa ofrenda, cientos de personas se reunieron de todas partes y salieron a defenderla, reduciendo con ello el potencial de la policía.

Desde entonces, en varios altares, de muchas familias oaxaqueñas, sigue figurando la imagen de Brad Will. Pero, también, su referencia camina con varios jóvenes que ejercen el periodismo independiente. Detrás de varias cámaras, grabadoras y bolígrafos está la figura de Brad Will. Por ello, en memoria, desde Avispa Midia, a la 2ª generación de la escuela de comunicadores y comunicadoras independientes para jóvenxs indígenas y de barrio a realizarse en 2021, se la ha bautizado con el nombre de “2ª generación Brad Will”.

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(Español) Comunidad indígena de Unión Hidalgo demanda en París al gigante EDF por violaciones a sus derechos humanos

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●EDF sería responsable por contribuir a violaciones al consentimiento libre,previo e informado así como por ataques a defensoras y defensores dederechos humanos en la implementación de su proyecto eólico Gunaa Sicarú

●La demanda solicita la suspensión del proyecto hasta que EDF cumpla suobligación de respetar los derechos humanos. La comunidad tuvo que acudira instancias extranjeras ante la falta de respuesta de la empresa y el gobiernomexicano.

Ciudad de México/Berlín, 13 de octubre de 2020.Miembros de la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, Oaxaca, presentaron el día de hoy en París una demanda civil en contra del gigante energético Electricité de France (EDF) por violación a sus derechos humanos.Se trata de la primera acción legal de su tipo iniciada por una comunidad indígena de las Américas​, y es acompañada por la organización mexicana Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. ProDESC, y el European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR.EDF sería responsable por​ contribuir a violaciones serias a los derechos de lacomunidad, al fallar en la identificación de riesgos y la implementación de medidas de protección en el desarrollo de su proyecto eólico Gunaa Sicarú.

La empresa firmó contratos y acuerdos, desarrolló procesos paralelos deinformación y comunicación, y contribuyó a la ruptura del tejido social en Unión Hidalgo, afectando el carácter previo, libre e informado de la consulta desarrollada por autoridades mexicanas respecto a tal proyecto.Estas omisiones de EDF llevaron a una escalada de violencia en contra de defensoras y defensores de derechos humanos de la comunidad, quienes son estigmatizados, amenazados y atacados por grupos cercanos a la empresa. UniónHidalgo buscó justicia en México.A partir de un amparo presentado por personas defensoras, en octubre de 2018 un Juzgado Federal en México falló históricamente en favor de la comunidad y ordenó a las autoridades Mexicanas el desarrollo de una consulta que cumpliera los más altos estándares internacionales.Sin embargo, la actuación de la empresa y la de sus socios comerciales locales no cambió.Asimismo, desde 2017 miembros de la comunidad buscaron un diálogo con la empresa, sin éxito. Inclusive, en 2018 presentaron una queja ante el Punto Nacional de Contacto de la OCDE en Francia, sin obtener resultados positivos. Es por ello que la comunidad tuvo que acudir hasta la Corte de París demandando el respeto a sus derechos. La demanda presentada solicita la suspensión del proyecto hasta que EDF cumpla su obligación de respetar derechos humanos, establecida desde 2017 en la Ley francesa del deber de vigilancia, y con ello evitar que se sigan cometiendo mayores violaciones en contra de la comunidad.

“Este es un llamado claro para que EDF termine sus abusos, cambie su mal comportamiento y deje de buscar imponer a toda costa su proyecto. El que un parque eólico se desarrolle violando los derechos humanos no es justo ni en Méxiconi en Francia ni en ninguna parte del mundo”, dijo Rosalva Martínez, defensora dederechos humanos de Unión Hidalgo.La demanda es apoyada públicamente por diversas organizaciones francesas, europeas e internacionales, tales como CCFD-Terre Solidaire, Sherpa, Les Amis de la Terre France, el ​Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, SOMO, OECD Watch y Fair, Global and Green Alliance (FGG).“Las autoridades mexicanas han fallado en garantizar el derecho al consentimiento de la comunidad. Pero EDF también es responsable y tiene incluso una mayor responsabilidad en contextos de violaciones sistemáticas como México. Hasta ahora, nadie le había exigido rendición de cuentas por sus actuaciones; la demanda presentada constituye una gran oportunidad para ello. Es tiempo de que EDF cumpla.”, señalaron​Alejandra Ancheita y Miriam Saage-Maaß de ProDESC y elECCHR.Diversos organismos de derechos humanos en México y a nivel internacional se han pronunciado en torno a la situación de riesgo de las y los defensores de UniónHidalgo, por su labor de defensa relacionada con el proyecto de EDF, requiriendo acciones inmediatas de las autoridades y la empresa. ProDESC acompaña desde 2011 el proceso de defensa de la comunidad deUnión Hidalgo.​El ECCHR ha colaborado desde 2018 en el proceso de litigio transnacional.
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Congreso Nacional Indígena

(Español) Jornada Nacional de Movilización en Defensa de la Madre Tierra, contra la guerra al EZLN, los pueblos y comunidades indígenas, bloqueo carretera panamericana, desviación Tezoatlán, Oaxaca 12 de octubre de 2020

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En el marco de la Jornada Nacional de Movilización en Defensa de la Madre Tierra, contra la guerra al EZLN, los pueblos y comunidades indígenas. Bloqueo carretero por compañeros de MAÍZ, en carretera panamericana 190 m, desviacion Tezoatlan. #diadelaresistencia #EZLN #CNI #CIG
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Congreso Nacional Indígena

(Español) Jornada Nacional de Movilización en Defensa de la Madre Tierra, contra la guerra al EZLN, los pueblos y comunidades Indígenas, Matías Romero, Oaxaca 12 de octubre 2020

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En el marco de la Jornada Nacional de Movilización en Defensa de la Madre Tierra, contra la guerra al EZLN, los pueblos y comunidades Indígenas. Mitin UCIZONI RESISTENCIA CIVIL DEL ISTMO en Estación Ferrocarril de Matías Romero Oaxaca #diadelaresistencia #dignidaddelospueblos

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(Español) Oaxaca: a un año de la despenalización del aborto aun no hay acceso real

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Por Eugenia López

Hace poco más de un año, el 25 de septiembre del 2019, se celebró en el Estado de Oaxaca una votación que dio fin a la criminalización de las mujeres por decidir sobre terminar con embarazos no deseados.

Con la modificación al artículo 12 de la Constitución local, así como a los artículos 312, 313, 314, 315 y 316 del Código Penal estatal, la nueva ley despenalizó la interrupción del embarazo o aborto hasta las 12 semanas de gestación, siendo Oaxaca el segundo estado del país en otorgar a las mujeres el derecho a decidir sobre sus cuerpos.

Uno de los grandes cambios que ha permitido la ley es evitar que mujeres sean encarceladas por interrumpir su embarazo. Hasta antes de la modificación, en Oaxaca 20 mujeres habían estado presas por abortar y, había 49 carpetas de investigación relacionadas con abortos. Un año después, una de ellas sigue presa.

Si bien la nueva ley ya evita que mujeres sean encarceladas por interrumpir un embarazo durante los primeros 3 meses (cabe recordar que, en caso de que un embarazo se interrumpa después del plazo permitido, la nueva ley contempla sanciones de tres a seis meses de prisión, y hasta 10 años de cárcel a quien obligue a una mujer a abortar), todavía no existen garantías para que el acceso al aborto sea real, gratuito y respetuoso para todas las mujeres.

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CNI-CIG

COMUNICADO DE AGENCIAS MUNICIPALES Y COMUNIDADES QUE INTEGRAN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR

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ALCALDÍA ÚNICO CONSTITUCIONAL SAN MATEO DEL MAR, TEH., OAX.

“2020, Año de la pluriculturalidad de los pueblos indígenas y afromexicanos”

 Imiün tiül mipoch teat Monteok: Jane kon nejiw, teat monxey, jane kon nejiw müm montaj, tajlüyiw wüx nangaj monopoots iüt kam, tüjchiw omalüw, omeajtsüw, tüjndiw mayeriw miiündüw nejiw, at kon nej almajlüyiüts ikootsa nganüy, netam müjchiiüts majlüy noik nej andeakaats, noik nej majüy mipochiiüts, atan kiaj meawan leaw najneaj almajiüraats tiül mikambajaats, ndom witemoots. Metepeayeyoots imiün wüx minüt müm nijmeor mayambaats monajneaj. Tamtam man ajlüyiiüts.

De la voz de nuestros antepasados: Quien hombre, quien mujer, vivieron en estas sagradas tierras, dieron suspiro y aire, porque es así como sobrevivimos. Ahora juntemos nuestra voz, nuestra palabra, todo lo bello que nuestro pueblo tiene, levantémonos. Los saludamos en nombre de nuestro Padre, nuestra Madre. Que estemos con bien.

 

San Mateo del Mar, Tehuantepec; Oaxaca a 28 de junio de 2020.

A las Autoridades Estatales, Nacionales e Internacionales

A los pueblos de Oaxaca, México y el mundo

A los Medios de Comunicación

A las Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos estatales, nacionales e internacionales.

Al Pueblo Ikoots de San Mateo del Mar.

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Unión de Agencias y Comunidades Indígenas Ikoots.

(Español) ACCIÓN URGENTE Personas heridas por armas de fuego en San Mateo del Mar, Oaxaca

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San Mateo del Mar, Oaxaca. 21 de Junio de 2020
ACCIÓN URGENTE
Personas heridas por armas de fuego en San Mateo del Mar, Oaxaca.
Al Gobernador de Oaxaca José Alejandro Murat Hinojosa.
Al Secretario General de Gobierno Héctor Anuar Mafud Mafud.
A la Fiscalía General del Estado Dr. Rubén Vasconcelos Méndez.
A la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca
A las organizaciones de Derechos Humanos de Nacional e internacional.
A los medios de comunicación en general.
Hechos:
El día de hoy, domingo 21 de junio, las Agencias municipales de San Mateo del Mar nos habíamos convocado como es costumbre entre las autoridades comunitarias, a través de perifoneo y asambleas por agencias LA ASAMBLEA DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN que se llevaría a cabo en Huazantlán del Río.

Las mujeres y hombres de las agencias al trasladarnos al punto de reunión fuimos detenidos a la altura de la Agencia de Reforma, lugar en donde supuestamente había un filtro sanitario, encontramos sobre carretera llantas incendiadas por doquier que nos impedían el paso, atrincherados entre las llamas, hombres con el rostro cubierto empezaron a accionar sus armas de fuego, hiriendo de inmediato a varias personas que estaban en las camionetas. Ante este COBARDE ATENTADO PONEMOS DE MANIFIESTO NUESTRA MAS ENÉRGICA PROTESTA AL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL debido que hemos alertado en tiempo y forma del peligro que se cierne sobre nuestra comunidad Ikoots.
La complicidad de supuesto presidente municipal BERNARDINO PONCE HINOJOSA y el empresario e influyente JORGE LEONCIO ARROYO RODRIGUEZ, sigue cobrando víctimas entre los Ikoots y las autoridades federales se cruzan las manos ante estas injusticias.
Hacemos un llamado urgente a AL PUEBLO DE OAXACA, ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL a la solidaridad para reproducir esta acción Urgente y exigir a los gobiernos FEDERAL Y ESTATAL:
1. LA PRESENCIA INMEDIATA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
2. SEGURIDAD PARA TRASLADO INMEDIATO DE HERIDOS AL HOSPITAL DE SALINA CRUZ
3. INVESTIGACIÓN INMEDIATA DE LA AGRESIÓN Y CASTIGO A RESPONSABLES
FRATERNALMENTE
Unión de Agencias y Comunidades Indígenas Ikoots.
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Frayba Comunicación

(Español) Cesar amenazas a defensoras de derechos humanos en México

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Exigimos garantías de seguridad para las integrantes de Consorcio Oaxaca y la periodista Soledad Jarquín Edgar.

 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba) nos solidarizamos con las integrantes de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad (Consorcio) quienes el día 15 de junio de 2020, recibieron amenazas de muerte en la puerta de su oficina, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México.1 La organización feminista es un referente en la defensa de los derechos humanos de las mujeres desde hace 17 años.

 

Consorcio denunció que la amenaza de muerte forma parte de las intimidaciones hacia su trabajo en exigencia de justicia por el feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín, joven fotoperiodista asesinada el 2 de junio 2018, en Juchitán de Zaragoza; y frente a la solicitud de protección para la periodista Soledad Jarquín Edgar, madre de María del Sol.

 

Responsabilizamos al gobierno de Alejandro Murat por estos hechos que ponen en riesgo la vida, la seguridad e integridad de las defensoras en la entidad oaxaqueña. Reiteramos al Estado mexicano su obligación para garantizar la protección de la población en general y las defensoras en particular en los contextos de violencia, donde son las autoridades estatales quienes vulneran derechos humanos.

 

En nuestro país las mujeres que acompañan procesos de justicia y verdad afrontan criminalización, hostigamiento, judicialización, estigmatización y riesgo para su vida. Situación que se complejiza en esta emergencia sanitaria de la pandemia, ya que desde el 20 de marzo de 2020 han asesinado a 12 personas que defendían derechos en México, entre ellas 3 mujeres: Paulina Gómez Palacio, defensora del Wirikuta, quien fue desaparecida el 19 de marzo, en Zacatecas y se encontró su cuerpo el día 21 de marzo, en San Luis Potosí; la periodista María Elena Ferral, asesinada el 30 de marzo en Papantla, Veracruz; y Karla Valentina Camarena, defensora de los derechos trans, asesinada el día 30 de marzo en Guanajuato.

 

Además, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos registró las siguientes agresiones durante las últimas dos semanas: desaparición de la defensora tseltal Angelina Santís, el 13 de junio en Ocosingo, Chiapas; clausura de su vivienda e intimidación a la defensora del territorio Claudia Zenteno, el 11 de junio en Xochimilco, Ciudad de México; detención arbitraria de la defensora Kenia Hernández, el 06 de junio, en el estado de México; detención arbitraria de la abogada Claudia Hernández Herrera y las defensoras Roxana Hernández y Yésica Guzmán Pardo, el 05 de junio en San Luis Potosí; difamación a la periodista Anaís Palacio Pérez, durante la primera semana de junio, en Veracruz. Y desde el 08 de junio, la abogada laboral Susana Prieto Terrazas se encuentra en privación arbitraria de su libertad en Tamaulipas.

 

El escalamiento de la represión vulnera el derecho a defender derechos humanos y son las mujeres defensoras quienes se encuentran en mayor peligro, en respuesta para detener su valioso aporte en distintas formas de resistencia. La crisis de derechos humanos en el país profundiza las desigualdades de género enfocando como objetivo de las violencias a quienes transgreden el silencio.

 

La Organización de las Naciones Unidas insta a los Estados a procurar la: “Debida diligencia para garantizar la protección de los derechos humanos de las defensoras que son amenazadas y a fortalecer la responsabilidad de las instituciones del Estado a cargo de salvaguardar el trabajo de las defensoras”.2 Por lo cual, el Frayba exhortamos al Estado mexicano: a cesar las agresiones a defensoras y a garantizar su vida, libertad, integridad y seguridad personal para el pleno respeto y ejercicio de sus labores.

 

De manera específica exigimos detener las amenazas en contra de las defensoras de derechos humanos integrantes de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca así como de Soledad Jarquín Edgar, madre de María del Sol Cruz Jarquín víctima de feminicidio, garantizando de manera urgente la protección efectiva a su vida, integridad y seguridad personal.

 

Frente a la incapacidad e impunidad del Gobierno del estado de Oaxaca para la investigación de tales hechos, solicitamos a la Fiscalía General de la República la atracción del presente caso debido a su alto interés y trascendencia. La investigación debe ser efectiva encaminada al esclarecimiento de las amenazas, identificando a los responsables para que sean castigados, además de implementar todas las medidas que garanticen la no repetición.

 

”Hasta que la Justicia Llegue”

-.-

 

1 Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad. Comunicado de prensa 04. 15 de junio de 2020.

 

2 ONU. Las defensoras de derechos humanos deben ser protegidas. 29 de noviembre de 2018.

 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

18 de junio 2020

Boletín No. 13

Cesar amenazas a defensoras de derechos humanos en México

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PROCESO DE ARTICULACIÓN DE LA SIERRA DE SANTA MARTA «TALIMALAKATSIKINAN NAKÚ» (Brigada de Arte Comunitario)

(Español) Convocatoria del Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta

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Convocatoria del Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta: Arte de informacion y denuncia del Corredor Interoceánico.

Por la defensa de nuestras tierras, territorios, espacios de vida tanto en nuestros pueblos como en la ciudades, tejiendo redes de solidaridad, fortaleciendo luchas y resistencias.
PROCESO DE ARTICULACIÓN DE LA SIERRA DE SANTA MARTA “TALIMALAKATSIKINAN NAKÚ” (Brigada de Arte Comunitario)

CONVOCA

A artistas, ilustrador@s, diseñador@s, creador@s de resistencia.
Para que mediante el arte en forma de carteles, infografías, ilustraciones, gráfica, fanzines etc… Se genere contenido de información y denuncia que acompañe la lucha y el movimiento indígena en contra de los megaproyectos de muerte que están despojando a las comunidades en el sur de México, especificamente en la región de Istmo de Veracruz y Oaxaca con el “CORREDOR INTEROCEÁNICO”.
Por qué sabemos que en el trabajo colectivo y lo común contribuye a hacer llegar la rebeldía a todas partes del mundo para que se logre respetar nuestros derechos como pueblos originarios.

Todas las propuestas serán recibidas en el email del colectivo ALTEPEE altepeeson@gmail.com

#ElIstmoEsNuestro

https://wp.me/p8qHTQ-1t8

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CNI-CIG

BOLETIN DE PRENSA: Pueblo Chontal de Oaxaca gana amparo contra concesión minera.

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El Juzgado Cuarto de Distrito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ordenó dejar sin efecto el título de concesión 238447, relativo al lote minero denominado Zapotitlán 1, que se otorgó a la empresa Minera Zalamera, Sociedad Anónima de Capital Variable, el veintitrés de septiembre del dos mil once, con una vigencia de cincuenta años. La sentencia fue emitida el 28 de febrero del 2020, notificada el 05 de marzo de este mismo año, en el juicio de amparo 1208/2018 y extiende su protección constitucional a los habitantes del pueblo indígena chontal que pudieran verse afectados con el título de concesión, por considerar que existe un interés
colectivo.

En su resolución, el tribunal reconoce que “el territorio es la clave para la reproducción material, espiritual, social y cultural de un pueblo indígena, constituyendo el derecho de mayor demanda por las comunidades y pueblos indígenas”. Argumenta que “el territorio implica un elemento material y espiritual que deben gozar de manera plena, con la finalidad de preservar su legado y transmitirlo a futuras generaciones”. Afirma que “la concesión causará una alteración o modificación al territorio como el agua, terrenos de siembra y pastoreo”.

Por otro lado, damos a conocer que, el Juez Cuarto de Distrito ha negado la protección y el amparo de la justicia federal contra los artículos 6, 10, 15 y 19 de la Ley Minera, declarándolos constitucionales, no violatorios de derechos humanos y que de ninguna manera nos causa perjuicio, ya que “la empresa minera titular de la concesión no puede disponer del territorio afectado por el lote minero de manera libre y autónoma, pues tal acción debe estar regulada por la legislación aplicable al caso”, argumentos que no compartimos porque sostenemos que son inconstitucionales.

En la misma resolución, el tribunal deja vigente la solicitud de concesión y ordena a las Autoridades Responsables “que previo a emitir la determinación correspondiente a la solicitud de la hoy tercer interesada para la exploración y explotación de los recursos minerales que pudieran existir en el lote denominado Zapotitlán 1, se deberá efectuar una evaluación de impacto social y ambiental, elaborado por un organismo independiente a las partes en este juicio, con capacidad técnica para iniciar los estudios indicados”. Después de este estudio, ordena proceder a la consulta a los integrantes de la comunidad de Santa María Zapotitlán, así como del resto de los habitantes del grupo indígena chontal que pudieran verse afectados con el título de concesión 238447, conforme a sus costumbre y tradiciones, considerando en todo momento lo métodos tradicionales que utilizan en la toma de sus decisiones”, en contradicción, deja libertad de jurisdicción a las autoridades responsables para resolver sobre la solicitud.

Manifestamos nuestro extrañamiento al Juzgado Cuarto de Distrito porque consideramos que no realizó un análisis integral de la demanda de amparo, las pruebas ofrecidas y los alegatos proporcionados. Advertimos la falta de un estudio jurídico de fondo sobre nuestro derecho a la autonomía y libre determinación que alegamos. Omisiones que serán objeto de impugnación.

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