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narcoestado
(Español) Ejido Tila: Ex autoridad ejidal y miembro del CNI asesinado por narcoparamilitares vinculados al Ayuntamiento
En el ejido Tila, este viernes, 12 de enero, a las 7:15 pm, miembros de un grupo narcoparamilitar conocido como Autodefensas KARMA asesinaron a Carmen López Lugo, ex presidente del consejo de vigilancia (2018-2021) y miembro del Congreso Nacional Indígena (CNI).
Este asesinato es una violencia más en una larga lista de agravios cometidos por este grupo delincuencial, que según los ejidatarios tiene vínculos con el ayuntamiento, con el grupo paramilitar Paz y Justicia y con otros grupos del crimen organizado.
Dicho grupo es liderado por la regidora plurinaminal del ayuntamiento municipal, Adelaida Martínez Parcero, y su hermano José Rodrigo Martínez Parcero, en coordinación con el supuesto comisariado Eduardo Gutiérrez Martínez, impuesto ilegalmente con falsificación de firmas, incluyendo las de ejidatarios ya fallecidos, como han denunciado los ejdiatarios repetidas veces.
El ejido Tila tiene una larga historia de lucha por la tierra, en particular para recuperar 130 hectáreas, ilegalmente despojadas en la década de 1980, donde se encuentra el poblado de Tila y donde de manera inconstitucional se asentó el ayuntamiento municipal. Fue desde ese ayuntamiento que, en la década de 1990, se coordinaron las actividades paramilitares del violentísimo grupo Paz y Justicia, como parte de la estrategia de contrainsurgencia del Estado ante el levantamiento zapatista. Es esa una de las razones por las que los ejidatarios han luchado tanto por recuperar esas 130 hectáreas y expulsar al Ayuntamiento. En 2008, el juzgado primero le dio la razón a los ejidatarios y ordenó la restitución de las tierras. Sin embargo, el gobierno del estado recurrió a todo tipo de argucias para incumplir con la determinación.
Así, en diciembre de 2015, cansados de los atropellos a la justicia, los ejidatarios decidieron expulsar al ayuntamiento de sus tierras por su propia cuenta, iniciando así un proceso de autonomía en la práctica. Se estableció el autogobierno según los usos y costumbres, se adquirieron vehículos para la recolección de basura, se puso en práctica la justicia autónoma y demás áreas de la autonomía. Ese mismo mes, los ejdiatarios denunciaron la reactivación del grupo paramilitar Paz y Justicia por parte del presidente municipal Édgar Leopóldo Gómez Gutiérrez.
A pesar de que en septiembre de 2018 la Suprema Corte dictaminó la restitución de las tierras, el gobierno de Chiapas se ha rehusado a ejecutar la sentencia, recurriendo a una estrategia que combina imposición de autoridades ejidales espurias mediante falsificación de firmas, violencia directa por parte de grupos narcoparamilitares y una campaña de desinformación, de la mano del Comité Digna Ochoa, que culpa a las autoridades autónomas de la propia violencia cometida por dichos grupos, incluso acusándolos de pertenecer al EZLN. Es importante resaltar que dicho Comité Digna Ochoa ha sido vinculado tanto al grupo paramilitar Paz y Justicia como a los paramilitares de Santa Marta en Chenalhó, que durante años aterrorizaron a las comunidades de Aldama.
Desde hace ya varios años, el grupo delincuencial vinculado a los Martínez Parcero y al supuesto comisariado ejidal Eduardo Gutierrez Martínez ha realizado innumerbles agresiones, asesinatos, secuestros y destrucción de propiedad, como denunciado en un comunicado del pasado 23 de octubre de 2023, entre otros. En noviembre de ese año, el grupo Autodefensas KARMA atacó con armas de grueso calibre las casas del presidente del consejo de vigilancia y del ex comisariado ejidal, incendiando esta última, y posteriormente atacaron la casa ejidal. En el centro del poblado, muy al estilo del crimen organizado, colocaron una manta advirtiendo a los ejidatarios a abandonar el pueblo en un plazo de 12 horas.
Todas esas agresiones han sido denunciadas ante la Fiscalía del Estado y los tres niveles de gobierno, sin ningún resultado.
La violencia continúa. El día de ayer, mientras se realizaba la misa por el fallecimiento de Carmen López Lugo, tres personas fueron atacadas a tiros en una carnicería, falleciendo por lo menos una de ellas. Como siempre, en las redes sociales, se culpó a los ejidatarios autónomos, en consonancia con la campaña de desinformación.
La situación de violencia en el ejido Tila llega a niveles alarmantes en este inicio de año electoral, en el que los diferentes grupos del crimen organizado luchan por posicionarse en las diversas estructuras de gobierno. Mientras eso, los ejidatarios resisten con todo en contra. Cabe a la sociedad civil no caer en los juegos de desinformación y defender un proyecto de autonomía que ha sido ejemplo para toda la zona norte del estado de Chiapas, tan golpeada desde hace 30 años por la violencia paramilitar y, ahora, narcoparamilitar.
(Español) Juez condena a 58 años de prisión a indígena que se opuso a grupos criminales en Chiapas
La Relatora Especial de las Naciones Unidas para la Situación de Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, abogó en favor del activista. Dijo que debía ser liberado porque los cargos en su contra fueron fabricados en represalia por su activismo.
El juez Julio César Victoria Gómez condenó a 58 años y 4 meses de cárcel al indígena Versaín Velasco García, habitante de la comunidad Nueva Palestina, municipio de Ocosingo. Él y su familia fueron expulsados de la comunidad y luego acusados de diversos delitos, por personas vinculadas con el tráfico de personas y droga, que operan en la región.
15 de diciembre de 2021, Versaín fue víctima de un intento de linchamiento por parte de un grupo armado, junto con policías comunitarios y autoridades de Nueva Palestina. Su yerno Fredy Gómez Sántiz fue desaparecido durante la agresión; una de las mujeres de su familia sufrió abuso sexual.
Un día después, él y su familia, unas 34 personas, tuvieron que abandonar la comunidad para evitar ser asesinados. En la cabecera municipal de Ocosingo denunció ante la Fiscalía de Chiapas la agresión y desaparición de su yerno; en represalia, lo acusaron del homicidio de un policía.
A su hija Isaura Velasco, y a su esposa Antonia Aguilar Solorzano, las acusaron de robo con violencia agravado; ellas estuvieron encarceladas un año hasta que, por falta de pruebas, lograron su libertad.
Versaín se consideraba defensor de derechos humanos; la población acudía a él en busca de ayuda y asesoría cuando sufría un abuso de autoridad. Meses antes de su detención denunció la colusión que había entre autoridades locales y grupos dedicados al tráfico de personas y droga en la zona selva, donde se encuentra Nueva Palestina, la comunidad más grande de Ocosingo.
“Lo último que denunció mi padre fue que detuvieron a unos jóvenes y los tuvieron encerrados 12 días -en una cárcel que hay en Nueva Palestina-, sin agua y sin comida. Luego de eso se nos vinieron encima”, explicó Moctezuma Velasco, su hijo.
A dos años de su detención, el juez Julio César Victoria Gómez sostuvo una audiencia durante tres días, para dictar sentencia. Este viernes, Moctezuma Velasco explicó que en la misma se omitió considerar las pruebas de la agresión que sufrió Versaín y su familia, también se desestimó los testimonios a personas de la comunidad, y las irregularidades que hubo en la detención.
Este viernes por la tarde, el juez dijo que la sentencia contra Versaín Velasco era de 58 años y 4 meses de prisión. “No es justo todo esto, ¿para qué sirve entonces toda la supuesta justicia en la tierra. No es justo, no es justo que el estado esté a favor de estos asesinos y paramilitares”, dijo su hijo al saber la sentencia.
La familia Velasco actualmente se encuentra en situación de desplazamiento forzado. Sin embargo, ha denunciado formalmente las agresiones que ha sufrido. Hasta el momento han interpuesto tres denuncias: una en la Fiscalía de Justicia Indígena, por los intentos de homicidio, lesiones, amenazas, daños, y los que resulten; otra en la Unidad Especializada de Investigación del delito de Tortura, por la tortura sexual; y la tercera en la Fiscal Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares, por la desaparición Forzada de Fredy Gómez Santíz. En ninguna se ha ejercido acción penal en contra de los probables responsables.
También han solicitado al Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, sin que esta instancia haya sesionado para dar respuesta. Desde el ámbito internacional, el 01 de febrero de 2023 el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la Organización de las Naciones Unidas requirió al Estado mexicano la Acción Urgente 1569/2023 por la desaparición forzada del indígena maya tseltal Fredy Gómez Sántiz. Tampoco ha habido una respuesta favorable.
El pasado lunes, dos días antes de la audiencia, La Relatora Especial de las Naciones Unidas para la Situación de Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, abogó a favor de Versaín Velasco. En sus redes sociales publicó una imagen de él con el siguiente mensaje: “Seguiré de cerca el juicio del defensor Versain Velasco García en Chiapas, México este lunes. Los cargos en su contra parecen falsos, fabricados en represalia por su trabajo en favor de los derechos humanos. Debe ser liberado”.
A continuación, el comunicado de prensa firmado por: Las cinco familias de Nueva Palestina Ocosingo, familiares de Versain Velasco García, Comité Chalchihuitle, de Desplazados Forzados de Chalchihuitán Chiapas, Comité de Solidaridad por la libertad y justicia para Versain Velasco y su Familia.
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