Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

En el ejido Tila, este viernes, 12 de enero, a las 7:15 pm, miembros de un grupo narcoparamilitar conocido como Autodefensas KARMA asesinaron a Carmen López Lugo, ex presidente del consejo de vigilancia (2018-2021) y miembro del Congreso Nacional Indígena (CNI).

Este asesinato es una violencia más en una larga lista de agravios cometidos por este grupo delincuencial, que según los ejidatarios tiene vínculos con el ayuntamiento, con el grupo paramilitar Paz y Justicia y con otros grupos del crimen organizado.

Dicho grupo es liderado por la regidora plurinaminal del ayuntamiento municipal, Adelaida Martínez Parcero, y su hermano José Rodrigo Martínez Parcero, en coordinación con el supuesto comisariado Eduardo Gutiérrez Martínez, impuesto ilegalmente con falsificación de firmas, incluyendo las de ejidatarios ya fallecidos, como han denunciado los ejdiatarios repetidas veces.

El ejido Tila tiene una larga historia de lucha por la tierra, en particular para recuperar 130 hectáreas, ilegalmente despojadas en la década de 1980, donde se encuentra el poblado de Tila y donde de manera inconstitucional se asentó el ayuntamiento municipal. Fue desde ese ayuntamiento que, en la década de 1990, se coordinaron las actividades paramilitares del violentísimo grupo Paz y Justicia, como parte de la estrategia de contrainsurgencia del Estado ante el levantamiento zapatista. Es esa una de las razones por las que los ejidatarios han luchado tanto por recuperar esas 130 hectáreas y expulsar al Ayuntamiento. En 2008, el juzgado primero le dio la razón a los ejidatarios y ordenó la restitución de las tierras. Sin embargo, el gobierno del estado recurrió a todo tipo de argucias para incumplir con la determinación.

Así, en diciembre de 2015, cansados de los atropellos a la justicia, los ejidatarios decidieron expulsar al ayuntamiento de sus tierras por su propia cuenta, iniciando así un proceso de autonomía en la práctica. Se estableció el autogobierno según los usos y costumbres, se adquirieron vehículos para la recolección de basura, se puso en práctica la justicia autónoma y demás áreas de la autonomía. Ese mismo mes, los ejdiatarios denunciaron la reactivación del grupo paramilitar Paz y Justicia por parte del presidente municipal Édgar Leopóldo Gómez Gutiérrez.

A pesar de que en septiembre de 2018 la Suprema Corte dictaminó la restitución de las tierras, el gobierno de Chiapas se ha rehusado a ejecutar la sentencia, recurriendo a una estrategia que combina imposición de autoridades ejidales espurias mediante falsificación de firmas, violencia directa por parte de grupos narcoparamilitares y una campaña de desinformación, de la mano del Comité Digna Ochoa, que culpa a las autoridades autónomas de la propia violencia cometida por dichos grupos, incluso acusándolos de pertenecer al EZLN. Es importante resaltar que dicho Comité Digna Ochoa ha sido vinculado tanto al grupo paramilitar Paz y Justicia como a los paramilitares de Santa Marta en Chenalhó, que durante años aterrorizaron a las comunidades de Aldama.

Desde hace ya varios años, el grupo delincuencial vinculado a los Martínez Parcero y al supuesto comisariado ejidal Eduardo Gutierrez Martínez ha realizado innumerbles agresiones, asesinatos, secuestros y destrucción de propiedad, como denunciado en un comunicado del pasado 23 de octubre de 2023, entre otros. En noviembre de ese año, el grupo Autodefensas KARMA atacó con armas de grueso calibre las casas del presidente del consejo de vigilancia y del ex comisariado ejidal, incendiando esta última, y posteriormente atacaron la casa ejidal. En el centro del poblado, muy al estilo del crimen organizado, colocaron una manta advirtiendo a los ejidatarios a abandonar el pueblo en un plazo de 12 horas.

Todas esas agresiones han sido denunciadas ante la Fiscalía del Estado y los tres niveles de gobierno, sin ningún resultado.

La violencia continúa. El día de ayer, mientras se realizaba la misa por el fallecimiento de Carmen López Lugo, tres personas fueron atacadas a tiros en una carnicería, falleciendo por lo menos una de ellas. Como siempre, en las redes sociales, se culpó a los ejidatarios autónomos, en consonancia con la campaña de desinformación.

La situación de violencia en el ejido Tila llega a niveles alarmantes en este inicio de año electoral, en el que los diferentes grupos del crimen organizado luchan por posicionarse en las diversas estructuras de gobierno. Mientras eso, los ejidatarios resisten con todo en contra. Cabe a la sociedad civil no caer en los juegos de desinformación y defender un proyecto de autonomía que ha sido ejemplo para toda la zona norte del estado de Chiapas, tan golpeada desde hace 30 años por la violencia paramilitar y, ahora, narcoparamilitar.

Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

La Relatora Especial de las Naciones Unidas para la Situación de Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, abogó en favor del activista. Dijo que debía ser liberado porque los cargos en su contra fueron fabricados en represalia por su activismo.

El juez Julio César Victoria Gómez condenó a 58 años y 4 meses de cárcel al indígena Versaín Velasco García, habitante de la comunidad Nueva Palestina, municipio de Ocosingo. Él y su familia fueron expulsados de la comunidad y luego acusados de diversos delitos, por personas vinculadas con el tráfico de personas y droga, que operan en la región.

15 de diciembre de 2021, Versaín fue víctima de un intento de linchamiento por parte de un grupo armado, junto con policías comunitarios y autoridades de Nueva Palestina. Su yerno Fredy Gómez Sántiz fue desaparecido durante la agresión; una de las mujeres de su familia sufrió abuso sexual.

Un día después, él y su familia, unas 34 personas, tuvieron que abandonar la comunidad para evitar ser asesinados. En la cabecera municipal de Ocosingo denunció ante la Fiscalía de Chiapas la agresión y desaparición de su yerno; en represalia, lo acusaron del homicidio de un policía.

A su hija Isaura Velasco, y a su esposa Antonia Aguilar Solorzano, las acusaron de robo con violencia agravado; ellas estuvieron encarceladas un año hasta que, por falta de pruebas, lograron su libertad.

Versaín se consideraba defensor de derechos humanos; la población acudía a él en busca de ayuda y asesoría cuando sufría un abuso de autoridad. Meses antes de su detención denunció la colusión que había entre autoridades locales y grupos dedicados al tráfico de personas y droga en la zona selva, donde se encuentra Nueva Palestina, la comunidad más grande de Ocosingo.

“Lo último que denunció mi padre fue que detuvieron a unos jóvenes y los tuvieron encerrados 12 días -en una cárcel que hay en Nueva Palestina-, sin agua y sin comida. Luego de eso se nos vinieron encima”, explicó Moctezuma Velasco, su hijo.

A dos años de su detención, el juez Julio César Victoria Gómez sostuvo una audiencia durante tres días, para dictar sentencia. Este viernes, Moctezuma Velasco explicó que en la misma se omitió considerar las pruebas de la agresión que sufrió Versaín y su familia, también se desestimó los testimonios a personas de la comunidad, y las irregularidades que hubo en la detención.

Este viernes por la tarde, el juez dijo que la sentencia contra Versaín Velasco era de 58 años y 4 meses de prisión. “No es justo todo esto, ¿para qué sirve entonces toda la supuesta justicia en la tierra. No es justo, no es justo que el estado esté a favor de estos asesinos y paramilitares”, dijo su hijo al saber la sentencia.

La familia Velasco actualmente se encuentra en situación de desplazamiento forzado. Sin embargo, ha denunciado formalmente las agresiones que ha sufrido. Hasta el momento han interpuesto tres denuncias: una en la Fiscalía de Justicia Indígena, por los intentos de homicidio, lesiones, amenazas, daños, y los que resulten; otra en la Unidad Especializada de Investigación del delito de Tortura, por la tortura sexual; y la tercera en la Fiscal Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares, por la desaparición Forzada de Fredy Gómez Santíz. En ninguna se ha ejercido acción penal en contra de los probables responsables.

También han solicitado al Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, sin que esta instancia haya sesionado para dar respuesta. Desde el ámbito internacional, el 01 de febrero de 2023 el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la Organización de las Naciones Unidas requirió al Estado mexicano la Acción Urgente 1569/2023 por la desaparición forzada del indígena maya tseltal Fredy Gómez Sántiz. Tampoco ha habido una respuesta favorable.

El pasado lunes, dos días antes de la audiencia, La Relatora Especial de las Naciones Unidas para la Situación de Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, abogó a favor de Versaín Velasco. En sus redes sociales publicó una imagen de él con el siguiente mensaje: “Seguiré de cerca el juicio del defensor Versain Velasco García en Chiapas, México este lunes. Los cargos en su contra parecen falsos, fabricados en represalia por su trabajo en favor de los derechos humanos. Debe ser liberado”.

A continuación, el comunicado de prensa firmado por: Las cinco familias de Nueva Palestina Ocosingo, familiares de Versain Velasco García, Comité Chalchihuitle, de Desplazados Forzados de Chalchihuitán Chiapas, Comité de Solidaridad por la libertad y justicia para Versain Velasco y su Familia.
(Continuar leyendo…)

Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ante la impunidad que impera en nuestro país para muchísimas familias, padres y madres buscadoras, hermanas y hermanos, esposas y esposos, hijos y amigos, que con el dolor esperan tener información del paradero de sus familiares, en medio del desierto de falta de verdad y justicia.

Convocan a la semana de acción global por Ricardo y Antonio.
Del domingo 14 al 21 de enero del 2024.

El 15 de enero del año pasado, el Compañero Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado defensor de derechos humanos, con una larga trayectoria en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y Antonio Díaz Valencia, líder comunitario de su pueblo de Aquila, municipio Nahua de Aquila, Michoacán, fueron víctimas de desaparición forzada en los límites entre Colima y Michoacán, en Cerro de Ortega, por su trabajo de defensa del medio ambiente y territorio frente al desarrollo minero. A un año de este lamentable hecho, las familias, la comunidad defensora de derechos humanos y sus amigas y amigos continuamos esperando una respuesta por parte del Estado mexicano.

En estos tiempos, bajo la amenaza de las fuerzas de la codicia y las ganancias, las cuales nivelan las montañas, desarraigan las selvas y los bosques, apresan los ríos y envenenan las aguas, creando desiertos de desesperación frente a las familias buscadoras de la verdad y justicia.

Súmanse para exigir

¡Medidas de emergencia para encontrarlos! ¡Justicia! ¡Verdad! ¡No más impunidad!

A todos aquell@s que se esfuerzan por construir otro mundo mejor, uno de libertad, justicia, democracia y dignidad, les hacemos un llamado para que junt@s unamos nuestras fuerzas organizando acciones desde su localidad y con sus diferentes formas de lucha (como manifestaciones, marchas, repartición de volantes, foros públicos, teatro, concentraciones informativas, cartas y cualquier otra actividad).

Convocatoria accion mundial por Ricardo y Antonio-un año de desaparicion forzada

Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

176 defensores y defensoras de la vida asesinad@s en México durante el gobierno de “centro-izquierda” de AMLO

Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

CDMX 26 septiembre 2023. Este 26 de septiembre se cumplieron nueve años de la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, como cada año, los padres, las madres, colectivos y simpatizantes, marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo de la CDMX.

Al llegar al zócalo de la CDMX, los padres de Ayotzinapa y el abogado Vidulfo Rosales, hicieron un balance de estos nueve años de lucha, así también, manifestaron su malestar y desilusión con el gobierno actual por la falta de verdad, por su falta a las promesas de campaña, por el maltrato de “un gobierno autoritario”; y sobre todo, por la narrativa actual, que regresa a la verdad histórica, esconde información imprescindible para el caso, e intenta desprestigiar el movimiento de los padres de Ayotzinapa.

Escuchar audios:

Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Cuando un político quiere negar la realidad, quiere proteger a sus preferidos, quiere ocultar el horror que ejerce la institución que encabeza, solo hace falta mentir y repetir la mentira sin titubear. Lo que López Obrador agrega al arte de la mentira política es la vieja y confiable táctica de la razón arrogante de descalificar a la persona con quien disputa

Por John Gibler

Durante cuatro años el gobierno de Enrique Peña Nieto mintió sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. No fueron los únicos: todos los oficiales de los tres niveles de gobierno mintieron sobre los ataques contra los normalistas en Iguala durante la larga noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Mintieron sobre qué había pasado, quiénes habían participado, quiénes no habían participado, y por qué había sucedido. Mintieron desde el primer día y mintieron siempre. Torturaron a los detenidos para producir testimonios falsos, destruyeron evidencia, ocultaron evidencia, sembraron evidencia falsa y negaron la evidencia que no lograron ni destruir ni ocultar.

Mintieron el presidente, el gobernador y el alcalde. Mintieron el secretario de la Defensa Nacional, el procurador general de la República, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mintieron los soldados y los policías. Mintieron los marinos, los policías y los investigadores torturadores. Mintieron los sicarios torturados. Todos mintieron y su estrategia ante las pruebas que tumbaban sus falsedades fue siempre la misma: repetir la mentira. Uno de los administradores de la mentira, el exprocurador general Jesús Murillo Karam, actualmente detenido y acusado de tortura, obstrucción de la justicia y desaparición forzada, tuvo la inspiración de llamar este conjunto de mentiras “la verdad histórica”.

De eso no cabe duda. Las mentiras del gobierno de Peña Nieto son, tal vez, las mentiras estatales mejor documentadas y más desacreditadas de la historia reciente. En buena parte, esa documentación la realizó, a lo largo de ocho años y cuatro meses, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con base en una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el aval del gobierno mexicano y las padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos.

Para el año 2016, cuando estábamos inmersos en el poderío de la mentira del gobierno de Peña Nieto, el GIEI había publicado dos informes con un total de 1,030 páginas que desmantelaban las mentiras. Ese desmantelamiento dejó a la vista un Estado que no solamente miente, sino que tortura, mata y desaparece. El gobierno quitó su aval y sacó al GIEI del país. Y después, simplemente, siguieron mintiendo.

Así nos dieron una gran lección en el arte de la mentira política: no importa la verdad, no importan la evidencia, las pruebas ni la documentación, tampoco importa el ridículo evidente del oficial que insiste en proclamar que la tierra es plana y el cielo es verde; cuando estás en el poder solo hay que repetir la mentira una y otra vez sin pestañear.

Y ahora, después de todo, después de tanto, después de devolverles a las familias la esperanza y arrancársela de nuevo, otro político más —otro graduado de la escuela política del Partido Revolucionario Institucional— viene a demostrarnos su maestría en el arte de la repetición casual de la negación de la realidad, del clásico “aquí no pasó nada” enunciado con el megáfono del Estado enfrente del edificio en llamas y sobre los gritos de auxilio.

(Continuar leyendo…)

Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

“Chiapas es México, y en Chiapas se concentran hoy muchas de las violencias que aquejan a todo el territorio mexicano. La guerra que se impuso a nuestro país desde Estados Unidos, y que Felipe Calderón se dio a la tarea de profundizar, hoy alcanza todo el territorio nacional. (…) Chiapas es México, y como en todo el país, Chiapas vive tiempos de extorsión, balaceras, desplazamientos forzados, trata de mujeres y migrantes, tráfico de drogas, secuestros, asesinatos de personas defensoras del territorio, de periodistas, de feminicidios…”

– Pronunciamiento “Chiapas es México”

En Chiapas se vive una violencia extrema que se puede caracterizar como una situación de guerra, y que es reflejo y termómetro de lo que sucede a nivel nacional y de la omisión irresponsable y/o complicidad de los gobiernos estatal y federal. Esto expresaron de diversas formas las y los presentes en la conferencia de prensa organizada por la campaña nacional e internacional “Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas”, que se llevó a cabo en la Ciudad de México ayer, 5 de julio de 2023.

En la conferencia participaron: Víctor Hugo López Rodríguez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT); Dora Robledo, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba); Carlos González García, de la comisión coordinadora del Congreso Nacional Indígena – Consejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG); la cineasta Natalia Beristáin Egurrola, quien leyó el Pronunciamiento de la campaña; Susana, de la Red de Solidaridad Internacional de Noruega; el investigador Gilberto López y Rivas, del Colectivo Llegó la Hora de los Pueblos.

Durante la conferencia, se anunció una Jornada de acción global que se llevará a cabo del 13 al 16 de julio con el objetivo de informar a la sociedad sobre la situación de guerra en Chiapas, y un foro nacional a ser realizado entre el 24 y 28 de julio, con tres ejes: violencia, justicia y paz.

Todas y todos los participantes hicieron hincapié en la situación de guerra que se vive en el estado: reactivación del paramilitarismo, fuerte presencia del crimen organizado, surgimiento de múltiples grupos armados, alarmante militarización que coincide con un aumento de la violencia y la delincuencia organizada, represión y criminalización de defensores de derechos humanos y periodistas, tortura sistemática, tráfico de personas y de drogas.

Al mismo tiempo, resaltaron la discrepancia entre la violencia desatada en el estado y la negación, inacción y complicidad criminal tanto del gobierno estatal como del federal. Víctor López destacó como ejemplo el hecho de que, la semana pasada, mientras 16 servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública permanecían secuestrados en manos del crimen organizado, el gobernador de Chiapas Rutilio Escandón, en conferencia matutina, omitió el hecho y se limitó a dar el pronóstico del tiempo. Y el presidente de la república, ante los repetidos ataques de la organización paramilitar ORCAO contra las comunidades zapatistas, miente, minimiza los hechos y difama a las organizaciones defensoras de derechos humanos que denuncian dicha violencia.

Como lo han denunciado el Frayba, la RedTDT y muchas otras organizaciones e individuos, esta inacción y ocultamiento por parte del Estado es producto de la continuidad de las estrategias de contrainsurgencia diseñadas por la Secretaría de la Defensa desde la década de 1990, ahora con diferentes nombres, nuevos actores y formas distintas. Y también refleja las tentativas por parte de la “Cuarta Transformación” de ocultar la grave situación que se vive en el país, con una militarización inédita en la historia, el dominio del crimen organizado en íntima relación con las diferentes instancias de gobierno y casi 154 mil asesinados, casi 43 mil desaparecidos, y 69 periodistas y 94 defensores de la tierra y el territorio asesinados.

También resaltaron que, al contrario del discurso oficial, en vez de disminuir la delincuencia, la militarización ha incrementado significativamente la violencia criminal. Como mencionó Carlos González, aunque esto se ve en todo el territorio nacional, está particularmente claro alrededor de los megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Transístmico, donde la creciente influencia de la Marina está acompañada de una también creciente presencia del crimen organizado.

Y mientras las acciones criminales no se combaten (los ataques de la ORCAO a las comunidades zapatistas; los enfrentamientos entre cárteles, el reclutamiento forzado y el desplazamiento forzado de miles de personas en Frontera Comalapa; el terror que vive la población de Pantelhó, etc.), los defensores de la tierra y el territorio son criminalizados y reprimidos con violencia ejemplar.

Gilberto López y Rivas, quien ha estudiado a profundidad el tema del paramilitarismo en México, hizo un llamado a los medios de comunicación independientes, a las ciencias sociales y académicos comprometidos, a romper el cerco informativo construido desde el gobierno y divulgar, con bases fundamentadas, la situación de guerra que se vive en Chiapas y en el país.

Escucha a seguir las palabras de la conferencia de prensa:

Chiapas es México.
Alto a la guerra contra los pueblos y las comunidades zapatistas

Chiapas es México, y en Chiapas se concentran hoy muchas de las violencias que aquejan a todo el territorio mexicano. La guerra que se impuso a nuestro país desde Estados Unidos, y que Felipe Calderón se dio a la tarea de profundizar, hoy alcanza todo el territorio nacional. La frontera se ha corrido hasta el sureste, y con ella la guerra, una guerra que la administración actual no ha frenado: 153 mil 941[1] homicidios dolosos, 42 mil 935[2] personas desaparecidas y no localizadas, 69[3] periodistas y 94[4] personas defensoras de tierra y territorio, pueblos indígenas y medio ambiente asesinadas en el continuado proceso de recolonización militarizado y delincuencial del actual sexenio.

Chiapas es México, y como en todo el país, Chiapas vive tiempos de extorsión, balaceras, desplazamientos forzados, trata de mujeres y migrantes, tráfico de drogas, secuestros, asesinatos de personas defensoras del territorio, de periodistas, de feminicidios…

Los hechos son inocultables: en Chicomuselo, paramilitares acechan a la población para que dejen de oponerse y autoricen reabrir una mina de barita, originando desplazamientos forzados. En Comalapa, las disputas territoriales entre grupos del crimen organizado provocan también el desplazamiento forzado de miles de personas. Muy cerca de Tuxtla Gutiérrez, un camión que traslada ilegalmente a personas migrantes vuelca y mueren, al menos, 56 personas, y otras 70 resultan heridas. En Pantelhó, personas armadas asesinan a Simón Pedro, defensor de los derechos de los pueblos indígenas y miembro de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. En Santa Martha, municipio de Chenalhó, hombres armados atacan a familias víctimas de desplazamiento forzado y asesinan a siete personas tzotziles. En San Cristóbal de las Casas, grupos armados recorren la ciudad, exhibiendo su capacidad de movilización y poder de fuego… El recuento podría seguir, pues cada día nuevos hechos de violencia se viven en el estado de Chiapas.

Grupos del crimen organizado, narco-paramilitares y paramilitares operan con total impunidad en todo el territorio chiapaneco. Como respuesta, el gobierno federal envía militares y Guardia Nacional a una entidad que ya de por si tiene amplia presencia de fuerzas militares desde 1994. Esta remilitarización no se ha traducido en la reducción de las violencias y negocios ilegales, por el contrario, los grupos del crimen organizado han diversificado sus actividades económicas y han intensificados sus ataques contra pueblos y comunidades.

En este contexto, grupos paramilitares y de corte paramilitar que operan con total impunidad en Chiapas desde hace tres décadas, han aumentado sus acciones beligerantes contra los pueblos zapatistas. La Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), que al menos desde el año 2000 ha operado al servicio de distintos gobiernos, partidos políticos y grupos de poder en la región, ha realizado entre 2019 y 2023, más de 100 ataques contra poblados zapatistas pertenecientes al Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, con sede en Patria Nueva, Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad. Los ataques, agresiones y provocaciones son constantes y se han intensificado desde 2019. Las autoridades zapatistas, organizaciones de derechos humanos y al menos tres misiones civiles de observación, lo han documentado y dado a conocer en informes públicos y en conferencias de prensa. Compartimos como anexo a este pronunciamiento un recuento puntual de varios de estos ataques.

Desde el entorno nacional e internacional de apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y al Congreso Nacional Indígena, el pasado 8 de junio de 2023, en México y el mundo realizamos 72 acciones (36 nacionales y 36 internacionales) para visibilizar estas denuncias y para exigir alto a la guerra contra los pueblos zapatistas y alto a la guerra en Chiapas. Estas acciones de solidaridad continuaron realizándose en diferentes estados y países. Las respuestas llegaron unas semanas después: del 19 al 22 de junio de 2023, integrantes de la ORCAO realizaron nuevos ataques coordinados en tres comunidades zapatistas: Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés y Gandhi, que forman parte de la Región Moisés y Gandhi, y están ubicadas en el municipio oficial de Ocosingo, Chiapas. Los ataques van desde la quema de parcelas hasta embestidas armadas. Estas agresiones duraron, en esta ocasión, tres días y se contabilizaron al menos 800 disparos de diferentes calibres, así como el incendio de parcelas que se encuentra cercanas a las casas de las familias zapatistas.

El 23 de junio, en su conferencia matutina desde Chiapas, el titular del Ejecutivo Federal, acompañado de la secretaria de Gobernación, del secretario de la Defensa Nacional y del gobernador local, restó importancia el grave contexto de dicho estado y a los ampliamente documentados ataques contra las comunidades zapatistas. Además, continúo con las descalificaciones contra organizaciones y personas defensoras del territorio, de los derechos humanos, y organizaciones que documentan y denuncian estás y otras violencias.

Estas respuestas, tanto de la ORCAO como del presidente de México, nos preocupan y alarman: la ORCAO sigue e incrementa sus operativos armados, en tanto el presidente de México encubre, con su discurso, actos graves de violencia que a todas luces van en ascenso. La negación, minimización y tergiversación de esta comprobada realidad se convierten en un manto de impunidad que protege a los grupos paramilitares.

Peor aún, el presidente de México retomó el discurso de sus antecesores cuando señalaban que estos conflictos eran entre grupos locales o “entre comunidades”, evadiendo así toda la responsabilidad de Estado y emulando a Felipe Calderón y su ofensivo “se matan entre ellos”.

Este panorama nos lleva como personas, pueblos y comunidades organizadas, en México y en otras partes del mundo, a redoblar los esfuerzos por detener la guerra contra las comunidades zapatistas y en Chiapas. Hoy ratificamos que desde el actual gobierno no sólo no escuchan, sino que, además, siguen permitiendo y apoyando una estrategia de guerra contrainsurgente y delincuencial. Por lo anterior, llamamos a:

1. Denunciar la guerra contra los pueblos zapatistas y en Chiapas en general, y remarcar la responsabilidad del gobierno del estado y del gobierno federal.

2. Desplegar campañas de información y de acciones de solidaridad en todo el país y en otros países para informar sobre esta guerra contra los pueblos y las comunidades zapatistas y la guerra en Chiapas.

3. Desde este espacio de coordinación nacional, convocamos a la Jornada de Acción Global Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas. Del horror de la guerra a la resistencia por la vida, el 13, 14, 15 y 16 de julio, que tiene por objetivo informar a la sociedad sobre la situación de guerra contra los pueblos zapatistas y en Chiapas. Esta jornada incluirá:

a. Volanteos y distribución de información
b. Mesas informativas
c. Eventos artísticos
d. Movilizaciones

Así mismo, entre el 24 y 28 de julio realizaremos un foro nacional con tres ejes, violencia, justicia y paz. De igual forma, compartimos que estamos en condiciones de realizar trabajo de observación y acompañamiento en territorio zapatista cuando las condiciones así lo permitan.

Llamamos a desplegar toda la solidaridad posible con los pueblos zapatistas, a no caer en la indiferencia y el escapismo individualista ante los ataques que viven cotidianamente los pueblos y las comunidades que aquel estado. Chiapas es México, y hoy México y el mundo debemos mirar y actuar contra la guerra y en favor de la paz, con justicia y dignidad.

Espacio de Coordinación Nacional
Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas

[1] Datos del gobierno federal.
[2] Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
[3] Datos del gobierno federal.
[4] Memorial de personas defensoras asesinadas (Memorial del HRD).

Apenas el pasado 8 de junio, organizaciones de México y del mundo nos movilizamos en 72 geografías distintas del planeta, para denunciar los ataques del grupo paramilitar ORCAO del 22 de mayo contra comunidades bases de apoyo zapatistas. En este ataque, que se prolongó durante cinco días, resultó herido de bala el compañero Jorge López Sántiz, quien presenta graves secuelas debido a que su intestino quedó muy afectado.

Las movilizaciones fueron la respuesta organizada de miles de personas que vemos con alarma cómo crece la violencia contra las comunidades zapatistas y contra los pueblos de Chiapas y de México. Nuestro llamado de alto a la guerra llegó a muchos oídos y corazones, pero no al Estado mexicano y su clase política.

Del 19 al 22 de junio, este grupo paramilitar continuó con el asedio a las bases de apoyo zapatistas. Con la anuencia o inacción de los tres niveles de gobierno, se ha buscado escalar la guerra atacando con armas de fuego de manera continua y coordinada en tres poblados zapatistas: Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés y Gandhi, ubicados en el municipio de Ocosingo, Chiapas.

El saldo, más de 800 detonaciones de armas de fuego de alto y bajo calibre dirigidas a las casas, escuelas y clínicas autónomas, además de la quema de las parcelas en las que trabajan las familias bases de apoyo zapatistas.

Si bien estas agresiones forman parte de una estrategia de guerra paramilitar contra el movimiento zapatista que data de 1994, ahora se enmarcan en un contexto de creciente violencia, fomentado por la crisis económica en la que los pueblos no zapatistas viven; sin más recursos, dependientes y subordinados a las prebendas de programas sociales como Sembrando Vida. Pueblos no zapatistas se ven en la necesidad de intercambiar dinero por hectáreas de tierra, lo que ha llevado a organizaciones paramilitares como la ORCAO a realizar más de 100 ataques de 2019 a la fecha con el fin de despojar territorios.

En su conferencia matutina del 23 de junio, el titular del ejecutivo federal, acompañado de la secretaria de gobernación, del secretario de la defensa nacional y del gobernador de Chiapas, minimizó los ataques contra las comunidades zapatistas y la grave y ampliamente documentada situación que se vive en el estado de Chiapas. Además, lanzó descalificaciones contra organizaciones y personas defensoras del territorio, de los derechos humanos, y organizaciones que documentan y denuncian la violencia.

Esta actitud no sólo nos parece alarmante, nos preocupa que pueda tratarse del preámbulo de un ataque físico y/o mediático todavía mayor. Minimizar la violencia incentiva a los grupos paramilitares al cobijarlos con el manto de impunidad. En nuestra memoria quedaron bien grabadas las palabras que se dirigieron contra el compañero Samir Flores Soberanes previo a su asesinato, crimen que al día de hoy permanece impune.

Frente a esta situación, las organizaciones que firmamos llamamos a:

Denunciar las violencias contra las comunidades zapatistas, contra los pueblos de Chiapas y de México, y hacer frente al negacionismo con que se brinda impunidad a los grupos paramilitares.
Convocar a las personas de buen corazón de todas las geografías a presentar reclamos por escrito ante las representaciones diplomáticas mexicanas.
Acompañar, en la medida de las posibilidades de cada colectivo y persona, las acciones que se irán anunciando en los próximos días, así como organizar las propias.

Responsabilizamos a los titulares del ejecutivo federal y estatal, por las agresiones que puedan sufrir las comunidades zapatistas, las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, periodistas y organizaciones solidarias acompañantes.

Atentamente

Espacio de Coordinación Nacional

Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas.

Si tocan a un@, nos tocan a tod@s.

Firmas:

Colectivos y organizaciones:

Congreso Nacional Indígena

Llegó la hora de los pueblos

Adherentes a la Sexta de Ciudad Juárez

Asociación de Explotación Científica Cultural y Recreativa “Brújula Roja”

Brigada Callejera, Cdmx

Brigada Comunal Tona -Guardianes del bosque Tlacotenco (autodefensa comunal)

Brigada «Dr. Ignacio Martín-Baró», Guadalajara, Jalisco

Centro de Investigación en Comunicación Comunitaria A.C.

Colectivo Amapipiltotun

Colectiva Autónoma de Colaboración Social / Toluca, Estado de México

CNI Milpa Alta, CDMX

Colectivo José Revueltas, Ciudad Juárez

Colectiva Jirafa, Cuernavaca Moreloa

Colectivx La Oveja Roja, Michoacán

Colectivo Mujeres Tierra, de Mexicali

Colectivo Resistrenzas, Puebla

Colectivo Tejiendo Luchas, Xalapa-CDMX

Colectivo de Telefonistas Zapatistas

Colectivo Tlapapipiltotun

Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana A.C.

Comunidad de Tlanezi Calli en Resistencia.

Comunidad de Xochitlanezi

Coordinación Metropolitana, Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG: Café “Zapata Vive”, UPREZ Benito Juárez, Colectivo Aequus.- Promoción y defensa de Derechos Humanos, Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia, Comunidad Indígena Otomí residentes en la CDMX, SUTIEMS (Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México), Laboratorio Popular de Medios Libres, Regeneración Radio, Noticias de Abajo, Plantón por los 43, Colectivo La Ceiba, Brigada de Salud Zapatista Pantitlán, Escuelita Autónoma Otomí. Individu@s:Roxana Bolio, Roberto Rodríguez Contreras “Gato”,John Pablo Almaráz (cantautor) y 33.

CNUC UPADI Y HIJ@S DEL MAIZ PINTO. Tlaxcala

Ddeser, Jalisco

Escuela Comunal Casa del Arte Tlaixco

Espacio de Lucha contra el olvido y la represión (Chiapas)

Frente de pueblos en defensa de la madre Tierra: Morelos Puebla y Tlaxcala

FPDT de San Salvador Atenco

Frente Xonacatlán en Resistencia – Estado de México

Grietas en el Muro – Espacio de Coordinación

Guardianes del bosque Tlacotenco (autodefensa comunal)

ILANCUEITL danza de las Tlacualeras

Juventud Comunista de México

La Resistencia-LA

La Casa del Centro, Tijuana

La Clínica de Heridas, Tijuana

MEXICALI RESISTE

Mexicanos Unidos, Cdmx

Movimiento contra la militarización de Ciudad Juárez

Mujeres y la Sexta – Abya Yala

Mujeres que Luchan, Xalapa

Nodo de Derechos Humanos, Puebla

Nueva Central de las y los Trabajadores

Página Santa Ana Tlacotenco de Cuauhcoyoltecatl

Partido de los Comunistas,

Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los volcanes

Radio comunitaria Zacatepec

Raíces en resistencia, CDMX

Red Binacional de Mujeres que Luchan

Red de feminismos descoloniales, Cdmx

Red Movimiento y Corazón Zapatista

RRR Bien Contreras

Red de resistencias y rebeldías AJMAQ

Red de Resistencia y Rebeldía Tlalpan

Red Universitaria Anticapitalista

Sindicato Mexicano de Electricistas

Sexta por la libre Yucatán

Tejiendo Luchas desde México

Tampico abajo y a la izquierda

Vendaval, cooperativa panadera y algo más, Cdmx

Individuales:

José Alejandro Barón Hernández. Adherente a la sexta, Jalisco

Jorge Alonso, Zapopan , Jalisco

Sara Bravo, Xalapa

Dra. Alicia Castellanos Guerrero, UAM-I, integrante del Colectivo de Apoyo al EZLN CNI Llegó la Hora de los Pueblos

Dr. Polo Castellanos, muralista, Red de Resistencia y Rebeldía Tlalpan

Oralba Castillo Nájera Red morelense de apoyo al CIN y CIG, Cuernavaca Morelos

Antonio Citalán

Marco Arturo Calderas Osorio, Cdmx

Catherine DeWeese Parkinson, Tijuana

Felipe Echenique March, historiador Morelos

Jorge Herrera Ireta,

Servando Gajá, Morelos

Magdalena Gómez, UPN, Cdmx

Patricia González, Tijuana

Argelia Guerrero,Cdmx

Arturo Guerrero,Cdmx

Johnatan Guerrero,Cdmx

Argelia Rentería, Cdmx

Jovany Iglesias López Tlaixco integrante del CNI Milpa Alta, dirección Escuela Comunal Casa del Arte Tlaixco.

Diana Itzu Luna (Chiapas)

Dr. Gilberto López y Rivas, profesor investigador del INAH, integrante del Colectivo de Apoyo al EZLN CNI Llegó la Hora de los Pueblos

Sylvia Marcos, Morelos

Margara Millán, Morelos

Hugo Molina, Cuernavaca Morelos

Francisco Morfin, Guadalajara Jalisco

Virginia Ortega, Morelos

Miguel Ángel Radilla,Tijuana

Luisa Riley, Cdmx, documentalista audiovisual

Raúl Romero, sociólogo, Cdmx

Claudia Sandoval

Eva María Serna Arán, Adherente a la Sexta Declaraciòn de la Selva Lacandona

Ana María Vera Smith, UPN, Tampico, Tamaulipas

Eva Arán Vidal, Adherente a la Sexta Declaraciòn de la Selva Lacandona

Héctor Tomás Zetina Vega. Red Morelense de Apoyo al CNI-CIG

Gilberto Zuñiga, Tijuana

Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Este 8 de junio de 2023, se realizaron movilizaciones en por lo menos 30 geografías de México y del mundo, exigiendo un alto a la guerra contra los pueblos zapatistas.

Desde hace casi 30 años, los pueblos zapatistas han luchado pacíficamente por construir un gobierno democrático y horizontal, un sistema de justicia propio, sistemas de educación y salud, comunicación y comercio justo, pensamiento crítico, creatividad y dignidad. Y a casi 30 años de vida pública, los pueblos zapatistas siguen bajo ataque.

El grupo paramilitar ORCAO (Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo) ha atacado desde 2019 en más de una docena de veces a la comunidad zapatista de Moisés y Gandhi. Los ataques han incluido quema de escuelas y bodegas de café, balaceras, torturas, secuestros y heridos de gravedad con armas de fuego. Todos estos ataques han sido denunciados por los pueblos zapatistas, por organizaciones de derechos humanos y por periodistas, denuncias que hasta el momento no han tenido ningún efecto, pues estos grupos siguen atacando con la impunidad que se les garantizan los tres niveles de gobierno. A lo anterior hay que sumar que grupos paramilitares como la ORCAO obtienen recursos de programas sociales como lo es el Sembrando Vida, que es el que los motiva a atacar a las comunidades para arrebatarles territorio y registrarlo en tal programa.

Los ataques contra los pueblos zapatistas ocurren además en un contexto preocupante: el crecimiento de la influencia y operación de grupos del crimen organizado en Chiapas, la reactivación de grupos paramilitares, de corte paramilitar y narcoparamilitares, el surgimiento de autodefensas, la presencia de militares y guardia nacional. Estos actores, así como la disputa por los territorios para minería, carreteras, venta de drogas, trata de personas migrantes, trata de mujeres, reclutamiento forzado, desplazamientos forzados, desapariciones, masacres y más, ponen a Chiapas al borde de la guerra civil, como los propios zapatistas lo han expresado.

– Declaración: Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas

El pasado 22 de mayo, en un ataque con armas de alto calibre de varias horas contra la comunidad autónoma zapatista Moisés Gandhi, la ORCAO hirió de gravedad al base de apoyo zapatista Jorge López Santiz, que se debate entre la vida y la muerte. Como respuesta, pensadores, activistas, defensores de derechos humanos, artistas y organizaciones de muchas partes del mundo convocaron a una jornada de acciones dislocadas del 27 de mayo al 10 de junio con una acción coordinada nacional e internacional el día 8 de junio.

Compartimos aquí imágenes, audios y videos de algunas de las acciones realizadas este 8 de junio.

MÉXICO

Ciudad de México

Videos, fotos y audio: Radio Zapatista

Marcha al Zócalo:

Comunicado Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas, leído frente a Palacio Nacional por la actriz Julieta Egurrola:

La poeta y cantora Ceiba recita y canta frente a Palacio Nacional.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Fotos: Radio Zapatista

(Continuar leyendo…)