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Nantik Meche

(Español) Nantik Meche 2 – Día internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres

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Te invitamos a escuchar la segunda producción radiofónica de Nantik Meche, celebrando el Día internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres.

(Descarga aquí)  

En Chiapas surge una pequeña organización de mujeres indígenas y mestizas que se suma a la lucha por los derechos de las mujeres, especialmente de las indígenas y afromexicanas. Con la formación y la comunicación como herramientas principales, comienzan su andar en la lucha por la vida y por la humanidad.

En memoria de Mercedes Olivera Bustamante, esta semilla de resistencia y rebeldía se nombra “Nantik Meche”.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) Masacre de Viejo Velasco. Lejos de la justicia ante la Masacre, desapariciones y desplazamiento forzado, continúa la impunidad

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Selva Lacandona, Chiapas, México, 13 de noviembre de 2022

Pronunciamiento Conjunto
16 años de impunidad de la masacre de Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, Selva Lacandona, Chiapas

•    A 16 años de la masacre de Viejo Velasco, el gobierno de México mantiene en total impunidad, el desplazamiento forzado de 36 personas, la mayoría mujeres y niñas-os; la ejecución extrajudicial de seis de ellas (incluyendo una mujer embarazada); la privación ilegal de la libertad y tortura de una discapacitada, y dos desapariciones forzadas de adultos mayores. 

•    Lejos de la justicia, éste es otro de los casos de grave violación a los derechos humanos individuales y colectivos más elementales, alimentado por la falta de respuesta institucional. 

La masacre ocurrió en la pequeña comunidad indígena tseltal y ch´ol de Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, Chiapas, Selva Lacandona, cuando, en un operativo de corte paramilitar, alrededor de 40 personas provenientes de la comunidad Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab (todos de la llamada “Comunidad Lacandona”) armadas con machetes, palos, escopetas y rifles., algunas con uniformes tipo militar y de seguridad pública, entraron de manera violenta a la comunidad.

De acuerdo a investigaciones realizadas por CDLI-XI’NICH’, apoyada por el colectivo de organizaciones de la sociedad civil que integraron entonces la MISION CIVIL DE OBSERVACIÖN, los agresores iban acompañados y protegidos por 300 elementos de la entonces Policía Sectorial de Chiapas, portando armas de alto poder conocidas como cuerno de chivo: Ar-15 y AK-47. Así también, se documentó la presencia de cinco Fiscales del Ministerio Público, dos peritos, el Comandante Regional Zona Selva de la entonces Agencia Estatal de Investigación con siete elementos a su mando y un representante de la anterior Secretaría de Desarrollo Social.

Estos actos violentos provocaron el desplazamiento forzado de 36 personas, la mayoría mujeres y niñas-os; la ejecución extrajudicial de seis de ellas (incluyendo una mujer embarazada, María Núñez González); la privación ilegal de la libertad y tortura de una joven discapacitada, Petrona Núñez González, quien falleció en 2010 a causa de la tortura física y emocional a la que fue sometida, y cuatro desapariciones forzadas, de las cuales, un año después, a instancias de familiares e  integrantes de la Misión Civil, se encontraron enterradas en un paraje cercano a Viejo Velasco, los restos de dos personas, identificados como dos de los ancianos desaparecidos, Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez, mismos que fueron entregados a sus familiares, cuatro años después.

A 16 años ya de esta masacre de nuestros hermanos indígenas tseltales y ch´oles, no se ha encontrado justicia. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas continúan sin garantías para el retorno y sin reparación del daño.

Durante todo este tiempo, la Fiscalía General del estado de Chiapas (FGE) sigue sin realizar una investigación completa y efectiva de estos hechos; mientras el gobierno federal y la CNDH han guardado total silencio al respecto, por lo que los responsables intelectuales, los operadores políticos y los autores materiales siguen en la impunidad.

La FGE nunca contó  con un plan de investigación y desde hace años ha cesado las acciones de búsqueda de Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán, ancianos que desaparecieron en estos hechos y, luego de lograrse la excarcelación del compañero indígena Diego Arcos, promotor indígena de salud , continúa la criminalización en contra de otros cinco compañeros indígenas que, en su momento, dieron auxilio a las víctimas de la masacre y que hasta el momento -luego de 16 años-  continúan con órdenes de aprehensión, acusados de asesinar a sus propios compañeros.

Cabe señalar que esta sangrienta masacre se dio en un contexto de una intensa lucha y resistencia, reivindicativas del derecho al territorio, y al resguardo y manejo de los bienes naturales, de más de 45 comunidades indígenas, asentadas en el corazón de la Selva Lacandona; resistencia sobre la cual, la Asamblea y pobladores-as de Viejo Velasco, fueron un digno ejemplo, enfrentada a una agresiva política de despeje territorial, despojo social y privatización de la naturaleza, de parte del Estado mexicano, ejercida sobre dichos poblados, ubicados dentro y en los límites de la Reserva de Biosfera Montes Azules, una de las zonas más ricas en biodiversidad, agua, cubierta forestal y con un fuerte atractivo escénico y turístico, de nuestro país.

En este 16° aniversario de la impune masacre de Viejo Velasco, la organización XINICH, recuerda y conmemora a las compañeras y compañeros que fueron asesinados en esta masacre, reiterando que están vivos en nuestra memoria y en la memoria colectiva de los pueblos que resisten y luchan; son ellos-as quienes nos empujan día a día a seguir luchando por la autonomía, por la defensa del territorio, por nuestra Madre Tierra y por la Otra Justicia.

No al despojo de nuestro territorio ni de la Madre Tierra

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

¡Viejo Velasco no se olvida!

Suscriben en apoyo y solidaridad (por orden alfabético):

Casa de Apoyo a la Mujer Ixim Antsetic A.C.
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C.
Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas
Comunidades de los Pueblos Indígenas de la Santísima Trinidad
Maderas del Pueblo del Sureste, AC
Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Red Todos los Derechos para Todos y Todas
Salud y Desarrollo Comunitario A. C.

Ver:

 

y

 

38 indígenas –mayoría mujeres y niñas- desplazados refugiándose en la montaña y muestras de la violencia y saña del ataque de corte paramilitar

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Avispa Midia

Chiapas: Familias desplazadas de Chenalhó exigen retorno seguro

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Familias desplazadas de Santa Martha, municipio de Chenalhó, se manifiestan contra la impunidad de los ataques armados en la región.

En los últimos días de octubre, familias desplazadas violentamente de Santa Martha, municipio de Chenalhó, en Chiapas, se manifestaron en San Cristóbal de las Casas para exigir la desarticulación de grupos armados, la aparición con vida de personas desaparecidas y el retorno seguro a su lugar de origen.

Los indígenas tzotziles tuvieron que abandonar un centenar de viviendas debido a que el pasado 29 de septiembre un grupo armado de Chenalhó atacó su comunidad, tras lo cual reportaron 244 personas desplazadas de todas las edades, niños, mujeres y ancianos.

Durante la marcha difundieron que, tras el ataque, el cual duró más de cuatro días, contabilizaron 15 personas desaparecidas, así como el asesinato de siete adultos y tres menores de edad. Las familias recorrieron el centro de San Cristóbal para exigir castigo a los asesinos, el cese de la impunidad y justicia ante la situación de violencia en la región de los Altos de Chiapas.

Los indígenas desplazados se encuentran refugiados en la comunidad de Polhó, en el mismo municipio de Chenalhó donde desde principios de octubre han recibido ayuda humanitaria, la cual no es suficiente, sobre todo por la situación de vulnerabilidad de los niños.

Refugiados en el campamento de Polhó, Chenalhó. Foto: CDH Frayba

De acuerdo con datos de organizaciones defensoras de derechos humanos, entre los años 2010 y 2021 se registró el desplazamiento forzado de 14 mil 476 personas en al menos 15 municipios del estado de Chiapas.

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Entre las organizaciones que realizan el registro se encuentra el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba) para quien el conflicto en Chenalhó existe por el inadecuado deslinde territorial, por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria en la década de 1970, entre los pobladores del municipio de Aldama y la comunidad de Santa Martha en Chenalhó. A esto se suma la omisión para resolver dicha situación por parte del Estado, lo que ha permitido la continuación del conflicto entre las comunidades indígenas.

En Chenalhó existe presencia paramilitar debido a las operaciones de contrainsurgencia después del levantamiento armado en 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y destaca el número de familias desplazadas del municipio vecino de Chalchihuitán, donde debido a la violencia se ha reportado el desplazamiento forzado de más de 5 mil personas.

Crisis

En comunicado difundido en octubre, el CDH Frayba señala la responsabilidad del Estado mexicano por la omisión ante los ataques y el mantenimiento de la impunidad frente a la actuación de grupos armados en los Altos de Chiapas. Según el Frayba, estos “amenazan, asesinan y desplazan a los habitantes, lo cual constituye una violación continua y múltiple de los derechos humanos, entre los que se destacan el acceso a un nivel de vida adecuado, a la libertad de circulación, libertad de residencia, a la vivienda, salud, educación, empleo, y a una vida en familia”.

La organización de derechos humanos destaca que en diversas zonas de Chiapas se vive una crisis de violencia, debido a que “actores civiles utilizan el recurso armado como mecanismo de control político, territorial y económico”.

Desde el año 2011, el CDH Frayba ha documentado 40 conflictos donde destaca la operación de grupos armados, de los cuales 33 casos registraron el uso de armas de alto calibre. La mitad de estos eventos se desarrollaron en los Altos de Chiapas, en los municipios de Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y Oxchuc.

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Según Frayba, los actores que participan en los ataques son diversos, “desde sucesores de dinastías de líderes paramilitares que dan continuidad a la lógica contrainsurgente, una conjugación con grupos armados vinculados al crimen organizado y delincuencia común, así como organizaciones sociales corporativistas afines al Estado; hay que sumar la militarización de la seguridad pública en los territorios a través de la presencia de la Guardia Nacional”.

Para la organización son varias las causas de esta crisis de violencia. Entre ellas destaca que la descomposición social actual es producto de conflictos políticos-militares irresueltos, de la ausencia de mecanismos institucionales efectivos para la solución de conflictos sociales, además de la existencia de un mercado ilícito de armas, la impunidad histórica y el fomento directo de estas dinámicas de la violencia por parte de autoridades tanto locales como estatales.

“La violencia en estos territorios es sumamente dramática, ya que ha tocado las estructuras comunitarias provocando fracturas profundas y permanentes, esto a causa de los mecanismos del terror que van creciendo, por lo que es urgente desactivar las violencias y reconstruir el tejido social con la participación de la población que resiste estas acciones criminales”, enfatiza la organización.

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Nantik Meche

(Español) Nantik Meche 1 – Producción radiofónica por los derechos de las mujeres

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En Chiapas surge una pequeña organización de mujeres indígenas y mestizas que se suma a la lucha por los derechos de las mujeres, especialmente de las indígenas y afromexicanas. Con la formación y la comunicación como herramientas principales, comienzan su andar en la lucha por la vida y por la humanidad.

En memoria de Mercedes Olivera Bustamante, esta semilla de resistencia y rebeldía se nombra “Nantik Meche”.

Presentamos aquí la primera cápsula de la iniciativa:

(Descarga aquí)  
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La Colectiva Radio

(Español) Detenidas mapuche: estado de situación – Entrevista a Soraya Maicoño

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(Descarga aquí)  

Cuando todo hacía suponer que la semana comenzaría con el levantamiento del secreto de sumario en la causa que la jueza Silvina Domínguez lleva contra seis mapuche, eso no ocurrió como estaba previsto, por lo menos hasta el mediodía de este martes 25 de octubre. Las detenidas se encuentran desde hace 20 días a disposición de la justicia sin que sus abogadas/abogados hayan podido tomar contacto con las acusaciones y las pruebas que pesan sobre ellas.

En De Hormigas y Cigarras conversamos con Soraya Maicoño Guitart, actriz, narradora, cantante mapuche, quien detalló el estado de de las detenidas y de los niños y niños que están sufriendo encierro con ellas. También nos habló del marco social, del acoso que respiran en toda la región y, como contrapartida de las muestras de solidaridad que las sostiene.

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Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (F.EC.S.M.) y ESCUELA NORMAL RURAL 2LIC. BENITO JUÁREZ"

(Español) Permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen

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                                                                           Foto de portada: Cuarto de Guerra

A la opinión pública

A los medios de comunicación

A las organizaciones sociales y estudiantiles

Al pueblo en general

“Permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen”.

Las escuelas normales rurales se crearon con la finalidad de formar docentes que impartan clases en los lugares más marginados del país; combatiendo la ignorancia y luchando contra el analfabetismo, para obtener un cambio social y cultural.

Derivado de la represión sufrida el dia de ayer, por parte de las fuerzas policiacas, una compañera que forma parte de la Normal Rural “Lic. Beniro Juparez” desafortunadamente se encuentra en estado crítico de salud, puesto que las agresiones de golpes con macanas y gas lacrimógeno han llevado a debatir entre la vida y la muerte.

Asimismo, se desmiente toda aquella nota periodística amarillista que en su momento se encuentra procesando, ya que la alumna fue agredida y violentada por los actos cometidos por las fuerzas policiacas, aunado, aún no existe una declaración por los padres de familia, debido al temor y a las represalias que el Estado pueda tomar en contra de su integridad.

Ante esto se responsabilia al gobierno del Estado de Tlaxcala, encabezado por la GOBERNADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS y al Secretario de Educación Terminal y director general de la SEPE-USET, HOMERO MENESES HERNÁNDEZ, en conjunto con el GENERAL RAÚL RUÍZ GARCÍA por la salud física, moral y psicológica de la estudiante de la institución, así como de la integridad de su familia.

POR LO ANTERIOR SE EXIGE:

-BRINDAR LAS ATENCIONES MÉDICAS OPORTUNAS CON CARÁCTER ÉTICO PROFESIONAL

-ALTO A LAS NOTAS AMARILLISTAS

-ALTO A LA REPRESIÓN ESTUDIANTIL EN CONTRA DE LA NORMAL RURAL “LIC. BENITO JUÁREZ” DE PANOTLA, TLAXCALA

¡PANOTLA NO SE VENDE, PANOTLA NO SE DA, PORQUE TIENE ESTUDIANTES CON MUCHA DIGNIDAD!

¡¡POR LA LIBERACIÓN DE LA JUVENTUD Y CLASE EXPLOTADA!!

¡¡VENCEREMOS!!

OCTUBRE COMBATIVO

 

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La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal

(Español) Nace la Casa de Herrería Comunitaria para las mujeres de Las Abejas de Acteal

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A 3 meses de conmemorar los 25 años de la Masacre de Acteal y la celebración de los 30 años del nacimiento de nuestra Organización Las Abejas de Acteal, seguimos compartiéndoles lo que vive en nuestro corazón, porque las nuevas generaciones merecen saber la verdad.

 

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

                       Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

 

22 de septiembre de 2022

 

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los Defensores de los derechos humanos

A los Medios libres y alternativos

A los Medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

 

Hermanas y hermanos:

Se cree que las abejitas (los insectos), en tiempo de frío y de lluvias dejan de trabajar, solamente porque no salen al campo a buscar flores y lo que necesitan para hacer la miel; en realidad, nunca descansan dentro de su caja, o sea, siguen trabajando internamente. Así nos pasa también a nosotros, que a pesar de la lluvia literal de este mes y de la lluvia de ataques, desprestigios, violaciones a nuestros derechos humanos y amenazas a nuestros proyectos autonómicos, seguimos organizándonos y, sobre todo, construyendo casas y espacios para la formación de nuestra lucha No Violenta.

Y desde esta Tierra Sagrada, la colmena donde mantenemos viva la memoria y el clamor de nuestros 45 mártires y los 4 bebés que sacaron del vientre de sus mamás, seguimos exigiendo que la impunidad no tenga la última palabra. Exigimos que se haga justicia y se desmantelen las redes de acción paramilitar que creó el mal gobierno en Chiapas desde 1995 y que sigue manteniendo hasta la actualidad para desgastar, amedrentar y aterrorizar a todos los que deciden no alinearse con el gobierno y sus partidos políticos. Los que hemos sobrevivido casi 25 años al desgaste que han organizado de manera coordinada los tres niveles de gobierno para acallar este grito, sabemos que sólo con justicia y memoria se puede evitar que se vuelva a repetir un crimen tan atroz como el que cometieron aquí.

Las guardianas y guardianes de la memoria que somos, hoy queremos recordar y denunciar que no ha cambiado nada la situación que vivimos hace justamente 25 años. Entre el 16 y 21 de septiembre de 1997, las agresiones paramilitares se intensificaron en contra de nuestra Organización y de las bases zapatistas del municipio autónomo de San Pedro Polhó. A pesar de que se denunciaron públicamente tales actos de violencia, el gobierno de Chiapas y el gobierno federal no actuaron para investigarlos, sino que simplemente permitieron que dicha violencia culminara con la masacre de Acteal.

Por estas fechas pero hace 25 años, una comisión de nuestra Organización Las Abejas buscó al entonces presidente municipal de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz de la colonia Puebla, para aconsejarle que él y sus agentes rurales detuvieran los actos de violencia ejercidos por el grupo paramilitar. Sin embargo, este señor sólo nos acusó de ser provocadores y de ser zapatistas; días después, se escaló la violencia y esto provocó miles de desplazados que tuvieron que huir a las montañas y buscar refugio en comunidades aledañas. En este mes de septiembre pero de 1997, los paramilitares priistas y cardenistas balearon nuestras casas y nuestras banderas de paz, borrando con lodo o con disparos de armas de grueso calibre nuestro letreros que decían: Sociedad civil -Paz- Zona Neutral, y nos amenazaban diciendo: “ahora no es tiempo de paz, ahora es tiempo de guerra, vamos a liberar a nuestro municipio de Chenalhó, porque todos debemos ser del PRI, y tienen que renunciar a su organización; si no lo hacen, entonces son zapatistas y los vamos a matar y quitarles todas sus pertenencias”. Y lamentablemente, cumplieron sus amenazas con el desplazamiento masivo y la Masacre de Acteal.

Una enfermedad maligna que no se trata a tiempo y a la que no se le busca una cura seriamente, se vuelve un cáncer que después pudre todo el cuerpo. Y eso es lo que vemos que está pasando ahora en Chenalhó con la enfermedad de la impunidad. Estos actos de violencia cometidos por los paramilitares de hace 25 años nunca se investigaron; ni los paramilitares autores materiales, ni las autoridades de alto nivel que son los autores intelectuales de la masacre de Acteal, fueron castigados. Gracias a esto, los paramilitares priístas y cardenistas de hace 25 años ahora tienen herederos muy activos. Son una nueva generación que hace el mismo encargo de una forma mucho más letal y hasta parece ser que ni el propio gobierno federal, estatal, ni el actual presidente municipal de Chenalhó pueden controlarlos.

Así, la impunidad es una estrategia eficaz para continuar atacando nuestra lucha e intentar minar nuestra resistencia civil y pacífica. Actualmente, en varias comunidades de Chenalhó donde existen miembros de Las Abejas, han sido violentados nuestros derechos y hasta hemos sido desplazados de nuestras comunidades, o nos han cortado nuestros servicios de agua y de luz eléctrica como un castigo por tener otro modo de pensar. Esto porque el conflicto suscitado desde el año de 1997 en nuestro municipio no se ha solucionado; y ahora la nueva generación paramilitar, con otro rostro pero controlados por el mismo patrón, se encargan de desgastar nuestra lucha por que sea respetada nuestra organización y sus objetivos, como la construcción de la libre determinación, el autogobierno y demás proyectos autonómicos. Intentan, sobre todo, frenar la búsqueda de la justicia verdadera para la Masacre de Acteal, esa que dé lugar a una verdadera paz.

Esa misma justicia es la que hoy siguen persiguiendo los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, quienes fueron secuestrados por elementos de la policía municipal de Iguala y desaparecidos por elementos del cártel “Guerreros Unidos” con el conocimiento y participación del Ejército Mexicano y policía estatal, cuyo encubrimiento se construyó desde el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, con la participación de la Marina de México. Seguiremos apoyando la digna lucha para dar con el paradero de sus hijos que sus padres, madres y demás familiares han mantenido desde hace ocho años, que se cumplen el 26 de este mes, y por el castigo a todos los responsables, en todos los niveles del gobierno y las fuerzas armadas involucradas.

También es la justicia que buscamos en Chiapas y todo México para que la criminalización y asesinato de los defensores de la vida, la tierra y el territorio de los pueblos, como nuestro compañero y hermanos Simón Pedro Pérez López, dejen de ser política de estado. No podemos seguir viviendo en un país con 28 asesinatos de defensores de derechos humanos en un año, 13 de ellos pertenecientes a pueblos indígenas, como documenta hasta mayo del 2022 el último informe del Comité Cerezo, presentado hace unos días.

Por ello nos unimos a las demandas de nuestros hermanos creyentes de la región tseltal de Chilón y del equipo Chab de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, que el día de ayer realizaron una Marcha-Procesión en Bachajón para exigir la libertad de líderes comunitarios que se encuentran encarcelados o enfrentan procesos penales en libertad condicional, en represalia por participar en la defensa de su tierra o fomentando el autogobierno comunitario sin partidos políticos: dos de Bachajón (José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, cuya sentencia se espera este 27 de septiembre), cinco de San Juan Cancuc. También exigimos junto con ellas y ellos, la cancelación de la orden de aprehensión en contra del Padre Marcelo Pérez Pérez, quien tendrá siempre nuestro apoyo pues ha caminado con nosotros diciendo la verdad y promoviendo la paz con justicia en nuestros pueblos, perjudicando intereses que no se lo perdonan, arriesgando la vida y la libertad, como Jesús.

También queremos solidarizarnos con nuestros hermanos de las organizaciones indígenas en Michoacán que este mes han enfrentado duros golpes a su autonomía. Por un lado, por parte de las resoluciones que ha emitido la Suprema Corte de Ricos y Criminales de la Nación (SCJN) sobre las controversias constitucionales que presentaron los ayuntamientos de Tangamandapio y Nahuatzen, y que como dicen nuestros hermanos: “representan un grave retroceso a los derechos colectivos de las comunidades y una traición a los pueblos indígenas”. Y por otro lado, por el anuncio del Gobierno Estatal de Michoacán de querer desmantelar la Guardia Comunal del municipio Aquila, esfuerzo autónomo que por años ha mantenido la heroica Comunidad Indígena de Santa María Ostula, como única alternativa a la inseguridad que provocan los cárteles de la droga en su región. Nos unimos a nuestros hermanas y hermanos p’urhépechas que no permitirán que los intereses de los partidos políticos y el crimen organizado, fortalecidos con sus socios en todos los niveles del gobierno, limiten su autonomía que permite la defensa de la vida de sus pueblos.

A 3 meses de conmemorar los 25 años de la Masacre de Acteal y la celebración de los 30 años del nacimiento de nuestra Organización Las Abejas de Acteal, seguimos compartiéndoles lo que vive en nuestro corazón, porque las nuevas generaciones merecen saber la verdad; y porque reproducir y difundir la memoria de lo que pasó, hará que hechos vergonzosos como la Masacre de Acteal no se repitan. Por eso, precisamente, es que nos urge que la CIDH publiqué sin más demora su Informe de Fondo sobre el Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (masacre de Acteal).

Hace casi 25 años los mensajeros de la muerte, enviados por Ernesto Zedillo Ponce de León a masacrar a 45 hermanas y hermanos nuestros y más los 4 bebés no nacidos, hirieron nuestro corazón y nuestra organización. Es grande el dolor que nos causaron, pero dentro de ese dolor, brotaron fuerzas y esperanzas. Ahora, ya nada ni nadie nos puede callar. Ya nada puede detener nuestra lucha. Hace 25 años empezó la violencia paramilitar en Chenalhó e intentaron destruirnos, pero hoy aquí seguimos construyendo nuestro panal, trabajamos para producir paz.

Y hoy nos alegra compartirles una construcción física más que hemos logrado: la Casa de Herrería Comunitaria para las mujeres de Las Abejas de Acteal, apoyada por la organización Desarrollo tecnológico y Servicios Comunitarios El Puente, S. C., con la cual estamos muy agradecidos por permitirnos caminar juntos y juntas.

En tiempos de lluvia, las abejitas trabajan internamente, pero, aunque no lo miramos, también vuelan.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza.

 

                                                             Atentamente.

La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

 

Por la Mesa Directiva:

 

 

Manuel Pérez Jiménez.                 Antonio Ramírez Pérez

Presidente                             Secretario

 

Víctor Manuel López Gómez           Mariano Sánchez Díaz

Tesorero                                 Sub Secretario

 

Audio de comunicado

https://archive.org/details/comunicado-abeja-22-de-septiembre-2022

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Avispa Midia

(Español) Mujeres de Chiapas son las más afectadas por militarización y megaproyectos

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Fuente: Avispa Midia

Mujeres de la región Zoque, Norte-Palenque, Selva, Costa y Altos de Chiapas – de los pueblos Zoque, Ch’ol, Tseltal, Tsotsil, y mestizas de México y Argentina – se reunieron durante el último fin de semana e hicieron público, por medio de un comunicado, que los procesos de militarización de sus territorios y el reordenamiento territorial, en consecuencia de los megaproyectos, han afectado principalmente a las mujeres, al aumentar los feminicidios, muertes, hambre y desapariciones de niñas y jóvenas.

“Coincidimos que en todos nuestros territorios está el crimen organizado gobernando, vemos el aumento de la venta y circulación de armas, drogadicción, prostitución y alcoholismo. En complicidad con un proceso de militarización que permite el despojo y control de nuestros territorios”, sostienen.

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Las mujeres de la zona Norte-Palenque denunciaron que la construcción del llamado Tren Maya ha incrementado el desmonte y destrucción de cerros, la contaminación del agua, el despojo y desplazamiento de comunidades. “Se hace presente la mercantilización de la cultura maya favoreciendo la iniciativa privada empresarial. Está incrementando la prostitución y es visible la migración. Han aparecido grupos de motonetos vinculados al crimen organizado que están ejecutando asesinatos, estando la Guardia Nacional simulando su función y generando miedo y terror con su presencia en la vida cotidiana de la población”, afirmaron en el comunicado.

A las mujeres de la zona Costa amenaza la construcción del gasoducto que viene del proyecto interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y que pasará por toda la Costa pacífico hasta Guatemala. Además, de la construcción de una mega-autopista que conecta la región con el Tren Maya y Tren Interoceánico, proyectos mineros y venta de tierras a la especulación empresarial para proyectos hoteleros.

Las mujeres de la zona Zoque están siendo amenazadas por los megaproyectos relacionados con minería, hidroeléctricas, proyectos de geotermia e hidrocarburos. “Estamos convencidas del vínculo de intereses corporativos, de la Comisión Federal de Electricidad e instituciones del mal gobierno junto con el crimen organizado para la ejecución de proyectos”. Un ejemplo es el poblado el Platanar como “territorio de sacrificio” donde provocaron un derrame de hidrocarburos que afecta al Río Grijalva, provocando el desplazamiento forzado y que 5 mil habitantes no tengan agua potable.

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En la zona Altos Tsotsil las mujeres relataron un incremento de cantinas, circulación de alcohol, drogas, armas y constantes desplazamientos en vehículos de grupos armados. En el Valle de Jobel, por ejemplo, se viven despojos a través de la invasión de tierras provocado por grupos armados, desde la complicidad de funcionarios de gobierno y empresarios hoteleros, quienes acaparan el agua a través de la destrucción de humedales de montaña y ciénegas.

Sin embargo, frente a esta situación, “estamos contentas por ver mujeres jóvenas participando en esta Asamblea. Es un momento de oportunidad de caminar y abrir un rumbo diferente desde y para las jóvenas y niñas. Nos comprometemos a ir fortaleciendo sus procesos de dignificación para y por la vida de manera colectiva y organizada”.

Participaron del encuentro las organizaciones Defensoras de Nasakobajk, Tsijilba Bij, Red de Mujeres de la Costa en Rebeldía, Antsetik Tz’unun, mujeres organizadas de Acteal, mujeres del Colectivo Jomenäs, Mujeres Productoras, mujeres del Colectivo Kallpolli y mujeres a título individual.

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CDH Fray Bartolomè de las Casas

(Español) Gobierno mexicano tiene pendiente el respeto y reconocimiento del Derecho de los Pueblos Indígenas

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
09 de agosto de 2022
Boletín No. 26

Gobierno mexicano tiene pendiente el respeto y reconocimiento del Derecho de los Pueblos Indígenas

•    Saludamos a las autonomías que a contrapelo resisten los embates de las nuevas formas de despojo y colonización.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) sostiene que el Estado mexicano tiene una deuda histórica con los pueblos originarios, sigue sin reconocer plenamente sus derechos colectivos, en medio de un racismo y discriminación estructural que activa diversas violencias en su contra.

Las políticas actuales del gobierno mexicano siguen su ruta hacia el control, explotación y mercantilización de los bienes naturales en territorios de los Pueblos Indígenas de México. Se niega la diversidad de sistemas de vida que tienen raíces profundas desde la cultura ancestral. Además, por la riqueza que presentan los territorios en que habitan, sufren cotidianamente una práctica de control poblacional con el fin de despojarlos de sus tierras y medios de vida. El gobierno actual a través de imposición busca el “desarrollo”, violando el derecho a la consulta previa, libre e informada como sucede con el impulso de los proyectos del Plan Integral Morelos, Corredor Interoceánico y el Tren Maya, símbolos de la colonización y exterminio contra los Pueblos que resisten al sistema capitalista.

Además, se busca generar una política de asimilación e integración de los Pueblos Indígenas a través un nuevo indigenismo que tiene como elemento central el exterminio y sus pilares son la explotación, despojo, desprecio y represión.  El Estado mexicano ha banalizado también su derecho a decidir sobre su territorio.

Las políticas implementadas en materia social generan un asistencialismo y dependencia que impactan la visión colectiva y formas de organización de los Pueblos. En este sentido, reconocemos los aportes de los procesos que se han construido a partir de los Acuerdos de San Andrés junto al ejercicio pleno de la autonomía, autodeterminación y resistencia, como los son desde el 9 de agosto de 2003 el nacimiento de los Caracoles Zapatistas y las Junta de Buen Gobierno que impulsan el ejercicio de los derechos colectivos desde la organización de abajo, de los pueblos que avanzan en la liberación de la dependencia y control gubernamental.

Saludamos a los Pueblos Indígenas de México y el Mundo que, desde sus diferentes formas de Autonomía, Autodeterminación y Resistencia, persisten en la construcción de Paz y Vida Digna. Hoy como nunca son nuestra brújula para la defensa de los derechos humanos.

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Avispa Midia

(Español) Denuncian violencia armada e institucional contra pueblos indígenas de México

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Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

En portada: Comunidades indígenas de Chiapas se movilizan para exigir la libertad de cinco defensores de Cancuc, presos arbitrariamente y acusados con pruebas fabricadas por la fiscalía de Chiapas. Junio, 2022.

Para visibilizar la violencia contra pueblos originarios de México a partir de la presencia del crimen organizado, grupos herederos del paramilitarismo y organizaciones armadas con historia política, Indigenous Peoples Rights International (IPRI) realizó un informe que contiene el análisis y sistematización de 16 casos de violaciones graves de derechos humanos durante 2021.

En este ejercicio se identificaron siete tipos diferentes de violaciones graves a los derechos humanos en el año 2021 y reconoce que existen más agresiones de las que lograron documentar a profundidad.

Cinco de los casos presentados son por desplazamiento forzada, tres por desaparición forzada, tres por homicidio, dos por violación al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), uno por criminalización, uno por despojo del territorio y uno por violación al derecho humano al reconocimiento de la personalidad jurídica.

El coordinador de la iniciativa en este país, Abel Barrera, dijo que el trabajo de documentación se realizó en dos años con visitas a determinadas zonas de ocho entidades que integran el estudio que realizaron con organizaciones aliadas.

“Los rarámuris han sido despojados históricamente de sus territorios”, hizo hincapié en la presentación de la investigación, “la región de Chihuahua es como el México olvidado, sometido por la delincuencia organizada; no respetan las formas de vivir de los pueblos”.

Amenaza conflicto con desplazar a más de 3 mil indígenas de Aldama

En el sur, lamentó que los pueblos originarios estén en la primera línea de fuego que provocan los grupos paramilitares que están presentes en Chiapas, donde los desplazamientos forzados también son un fenómeno recurrente.

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Agregó que en Guerrero las resistencias enfrentan los promotores de los megaproyectos y como en los demás estados, existe persecución de líderes indígenas como el caso de Marco Antonio Suástegui, quien enfrenta la desaparición de un hermano; delito que también va en aumento.

En Loma de Bacúm, Sonora, son 10 las personas desaparecidas, dijo la también coordinadora de este informe, Anabela Carlón, “tiene que ver mucho con el despojo y la criminalización del pueblo yaqui”.

Carlón mencionó que en Zitácuaro, Michoacán está lucha contra el crimen organizado, en Guerrero contra la desaparición forzada, en Chiapas por desplazamiento forzado, y en ese tenor destacó el caso de Laguna Larga, donde más 450 guatemaltecos sobreviven en condiciones adversas e inhumanas en la franja fronteriza que colinda con Candelaria, Campeche.

El asedio que se da por grupos paramilitares en Chiapas, por empresarios en Chihuahua, por la delincuencia organizada en Guerrero es principalmente contra los territorios originarios, agregó Barrera, “es algo grave que está documentado”.

Desigualdad

Los coordinadores del estudio hablaron sobre la preocupación por la dinámica estructural, las condiciones de desigualdad que impiden el goce de derechos para individuos y comunidades.

Las agresiones a partir de la discriminación buscan eliminar la organización comunitaria, dijo Carlón, “los pueblos defienden sus derechos con organización y con litigios en los que siempre están en desventaja. Aún cuando los pueblos indígenas ganan cualquier litigio, no son ejecutados, no los vemos materializados en acciones verdaderas hacia los pueblos”. Como ejemplo, mencionó la situación de los movimientos por los derechos colectivos al territorio y al agua de los yaquis de Sonora.

Los 16 casos son presentados en historias narradas desde los pueblos originarios. El apartado de Chiapas destaca el caso de Acteal con la mención del reciente asesinato del defensor de los derechos humanos, Simón Pedro Pérez.

En Michoacán, en el municipio de Zitácuaro, las comunidades mazahua y hñahñu de Crescencio Morales, Donaciano Ojeda, Francisco Serrato y los ejidos Francisco Serrato y Carpinteros, que son amenazados por el crimen organizado y el gobierno del estado.

Abel Barreda dijo que, en general, el tema es complicado en este momento y ejemplificó el contexto de municipios como San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; así como los asesinatos de defensores de derechos humanos en territorios indígenas donde no hay avances en las investigaciones de las autoridades locales.

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Mencionó la grave situación de la comunidad Paso de la Reyna, Oaxaca en la lucha por río Verde; además de Homún, Yucatán y el caso del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) Guerrero.

Citlali Hernández, coordinadora del trabajo de IPRI en México, dijo que están atentos de lo que pasa en Jalisco pero el tema no fue mencionado por razones de seguridad, pues se trata de acoso y asesinato de autoridades indígenas como en el pueblo de San Juan Bautista de la Laguna, donde no hay respeto por la autonomía de la comunidad.

En el trabajo de documentación, IPRI hizo recomendaciones que van desde establecimiento de un marco jurídico que garantice los derechos colectivos de los pueblos indígenas para solucionar la crisis humanitaria del desplazamiento; por mencionar alguna.

“Se debe intervenir para romper el pacto de impunidad y la colusión de instituciones estatales con el crimen organizado y grupos herederos del paramilitarismo”. En los casos de homicidios y desaparición forzada, seguimiento puntual a las denuncias penales, a las denuncias públicas y a las acciones urgentes.

Protestas en el marco del quinto aniversario del desalojo de la comunidad de Laguna Larga, Guatemala

El informe incluye relatos de Monterde y el Manzano, Chihuahua; Bosques de San Elías Repechique, Chihuahua; Tehuerichi, Chihuahua; Huitosachi, Chihuahua; Aldama y Acteal en Chiapas; Loma de Bácum, Sonora; Zitácuaro, Michoacán; Homún, Yucatán; Chablekal, Yucatán; Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) Guerrero; Paso de la Reyna, en Oaxaca; y Laguna Larga, Guatemala.

IPRI tiene registro que en el periodo 2020- 2023, los países focales están en África, Asia y América Latina, y son aquellos con altos índices de criminalidad e impunidad: Colombia, México, Brasil, Filipinas, India, República Democrática del Congo y Kenia.