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Consejo Indígena Y Popular De Gobierno Emiliano Zapata CIPOG-EZ | Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria | Pueblos fundadores CRAC-PC-PF

CIPOG-EZ bloquea la carretera Chilapa-José Joaquín de Herrera por tiempo indefinido en exigencia de justicia para nuestros muertos, desaparecidos y retenidos injustamente

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A la Comisión Sexta del EZLN
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Misión Civil de Observación Sexta
A los Pueblos del Mundo que resisten la hidra capitalista
A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios que
nunca fueron conquistados
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
A quienes firmaron la Declaración por la Vida
A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen…
A los medios de Comunicación y
Al pueblo en general

EL CONCEJO INDIGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA (CIPOG-EZ) y LA COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS – POLICÍA COMUNITARIA – PUEBLOS FUNDADORES (CRAC￾PCCRAC-PC) INFORMAMOS QUE TOMAMOS LA DECISIÓN, ENCABEZAR UNA MARCHA Y BLOQUEAR LA CARRETERA CHILAPA-JOSE JOAQUIN DE HERRERA POR TIEMPO INDEFINIDO.

Hacemos un llamado urgente a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, Consejo Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, Misión Civil de Observación Sexta, Coordinadora Nacional Sexta, a la Europa Insumisa, medios libres e independientes, al pueblo de Guerrero y a todo el pueblo México a solidarizarnos a nuestra lucha, a nuestra causa nos están masacrando, desapareciendo, nos quieren exterminar por ser indígenas, nos ven como blanco fácil, para el gobierno no existimos, necesitamos de su apoyo en la máxima difusión de todo lo que está sucediendo en las comunidades de la montaña baja de Guerrero.

Solicitamos a las personas que han sido víctimas de los grupos de la delincuencia organizada con tácticas paramilitares conocidos como LOS ROJOS y LOS ARDILLOS, se sumen a nuestra justa y legal petición de EXIGIR UN ALTO A LOS ASESINATOS, DESPARICIONES, DESPLAZAMIENTO, COBRO DE PISO, QUEMA DE VEHICULOS, necesitamos organizarnos para frenar todos estos delitos cometidos en nuestra contra, ya que el gobierno municipal, estatal y federal son incapaces de dar una solución a la violencia que se vive día a día en Guerrero, ellos saben y saben bien donde se encuentra el máximo líder de LOS ARDILLOS, ya que como vimos tienen reuniones con presidentes municipales y tiene el control de toda la zona y a pesar de esto, solapan este tipo de reuniones, vivimos en el PAIS DE NO PASA NADA, TENGO OTROS DATOS, LOS GABIERNOS ANTERIORES ERAN PEORES, NO SE JUZGA A LOS DELINCUENTES, ABRAZOS NO BALAZOS.

Es por esta falta de justicia y legalidad que marcharemos e iniciaremos un bloqueo indefinido en la carretera Chilapa-José Joaquín de Herrera, para exigir la seguridad y justicia a la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, solicitamos una mesa de dialogo con un representante que en verdad tenga la capacidad de resolver la situación de violencia que está rebasando al gobierno de Guerrero, basta de simulaciones, estamos cansados de hacer denuncias que no sirven de nada, no permitiremos más asesinatos, no daremos tregua al gobierno, nos resuelven o nos quedamos plantados en la carretera.

Invitamos a los habitantes de Guerrero, padres de familia, viudas, maestros, toda persona víctima de algún delito perpetrado por grupos narco paramilitares de la zona, se sumen al bloqueo, para juntos alzar la voz y resistir, sabemos que el silencio del gobierno nos está matando, despareciendo y la única forma de ser escuchados es la organización, alto a las simulaciones del gobierno.

Exigimos las presencia de la gobernadora del Guerrero, de las fiscalía estatal, representación del gobierno federal, de la secretaria de gobernación y fiscalía general de la república, Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y todas las instituciones de gobiernos se comprometieron a resolver nuestra demanda, la gobernadora, la fiscalía, seguridad pública, el ejército, la guardia nacional y No cumplen su función, el pueblo votó por ellos y así les pagan permitiendo que nos sigan matando, desapareciendo, asesinando, taxis incendiados, personas calcinadas en Chilpancingo-Tixtla en la ruta controlada por LOS ARDILLOS y demás grupos criminales.

Exigimos el cumplimiento de nuestras demandas.
1.- Exigimos la presentación con vida de nuestros compañeros que regresaban a sus comunidades después de ausentarse por meses por necesidad de salir a trabajar por la falta de oportunidades, Marcelino Hernández tecorral de 23 años, Nicolas Rodriguez Diaz de 25 años y Ángel Villalva Salvador de 29 años.
2.- Exigimos justicia por nuestros compañeros asesinados en la ciudad de Chilapa hace tres días Esteban Xochitempa Tepesco y Juan Xochitempa
Macario.
3.- la liberación de nuestro compañero Godofredo Cortez Reyes sentenciado por un delito fabricado por la fiscalía y el Gobierno estatal.
4. Por ultimo y no menos importante, la aprehensión de Celso Ortega y desmantelamiento del grupo criminal los Ardillos.

EXIGIMOS JUSTICIA PARA NUESTROS MUERTOS, DESAPARECIDOS Y RETENIDOS INJUSTAMENTE.

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
VIVAN LOS PUEBLOS INDIGENAS
VIVA EL CONSEJO NACIONAL INDIGENA
VIVA EL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL

ATENTAMENTE

Consejo Indígena Y Popular De Gobierno Emiliano Zapata CIPOG-EZ
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria
Pueblos fundadores CRAC-PC-PF.

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Avispa Midia

El fantasma de la privatización de las semillas vuelve con fuerza en Guatemala

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

En portada: Niños desgranan maíz en la comunidad q’eqchi’ de Chapin Abajo, donde monocultivos de palma aceitera despojaron de tierras a la población indígena. Foto: Santiago Navarro

La siembra del maíz es una fiesta en el territorio maya q’eqchi’, Alta Verapaz, Guatemala. La abuela de la mujer maya q’eqchi’ Paulina Margarita Caal Chocooj, del pueblo San Juan Chamelco, es la que siempre sostuvo la práctica ancestral de la familia. “Cada familia tiene su día para sembrar la tierra en el mes de mayo, nos ponemos de acuerdo, nos rotamos. Es una fiesta para el territorio q’eqchi’”, cuenta orgullosa.

Las mejores semillas de diversos colores son seleccionadas por las familias y las reservan para la siembra siguiente. “Así vamos cultivando la vida. Mi abuela nos enseñó a cuidar, a querer el sagrado maíz”, comparte Paulina para Avispa Mídia.

El maíz es la base de la alimentación de los pueblos en Guatemala. Las tortillas, el pozol, el tamal son algunos de los alimentos que se consumen diariamente. El maíz es también donde se funda la cosmovisión de estos pueblos, sus creencias y ceremonias sagradas.

El “respeto al sagrado maíz”, enseñado de generación en generación, fue y es lo que sostiene a pueblos indígenas de diferentes partes de Guatemala y esto permitió derrumbar la Ley de Protección de Obtención de Variedad, conocida como Ley Monsanto, en 2014.

“La ley fue aprobada a la espalda del pueblo, de manera oculta. Cuando ya estaba aprobada la ley, pues empiezan a organizarse las autoridades indígenas y la misma sociedad civil para conocer el contenido. Es ahí donde nos damos cuenta que pretendían la privatización de las semillas (nativas), patentar las mismas”, señala.

El contenido de dicha ley pretendía proteger la propiedad intelectual sobre vegetales a quienes los “creen”, “descubran” o modifiquen, por manipulación genética, a las especies existentes. “Eso, a largo plazo, permitía la privatización de la semilla nativa del maíz y otros cultivos, y mayor dependencia de insumos, como fertilizantes y agrotóxicos, para la agricultura”, señala Paulina, que forma parte de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG).

Los beneficiados por la ley, normalmente empresas productoras de semillas transgénicas como las transnacionales Syngenta y Bayer-Monsanto, obtendrían derechos de propiedad y usos de tales variedades, plantas o semillas. También permitía la siembra, transporte y experimentos con semillas transgénicas.

Trataron también de criminalizar a quienes reprodujeran, sin autorización, el material de variedad protegida con multa y prisión de uno a cuatro años. “Esta ley buscaba dar derechos y privilegios a las empresas por encima de los derechos de los campesinos y de los pueblos, por eso nos movilizamos para derrumbarla”, agrega la mujer maya q’eqchi’.

Ahora, sin aviso o consulta a los pueblos, el gobierno de Guatemala anunció en sus canales de redes sociales que representantes del sector público y privado, vinculados al sector agrícola, se reunieron en la comisión de Agricultura y Pesca del Congreso de la República, para “afinar detalles” de la iniciativa de la nueva Ley para la Protección de Obtención de Vegetales.

El ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Edgar De León, el promotor del proyecto de ley, resaltó que “el objetivo es regular los procedimientos para la obtención de nuevas variedades y cumplir con normativas internacionales”.

La principal normativa internacional que Guatemala tiene que cumplir es el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, en materia de propiedad intelectual, establecido en 2005.

Los países miembros se deben adherir al Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), una organización intergubernamental con sede en Suiza, que promueve desde la década de 1960 la regulación del registro de plantas y semillas, y que se impone principalmente por medio de los tratados internacionales de comercio.

Para organizaciones como la Vía Campesina, GRAIN, Grupo ETC y Amigos de la Tierra Internacional, la UPOV trabaja exclusiva y explícitamente por la privatización de las semillas en todo el mundo, imponiendo estos derechos de propiedad intelectual sobre las variedades vegetales y monopolizando las mismas por parte de las corporaciones.

Dueños de las semillas

Mediante el UPOV un pequeño grupo de grandes productores a nivel internacional —mayormente corporaciones— “se adjudicó a sí mismo la prerrogativa de facilitar la apropiación de las semillas, excluyendo la posibilidad de que el resto de personas y comunidades las utilizaran libremente, pese a que su vida está entretejida en la agricultura y son quienes las domesticaron y las legaron a la humanidad”, sostienen las organizaciones en la publicación UPOV: el gran robo de las semillas. Por eso debemos defenderlas.

Uno de los problemas apuntados por las organizaciones es que la UPOV exige y promueve uniformidad en las semillas y, por lo tanto, en el suministro de alimentos, permitiendo así que un pequeño grupo de productores internacionales, especialmente empresas transnacionales, mantengan la prerrogativa de facilitar la apropiación y el control de las semillas, sin tener en cuenta que muchos pueblos y comunidades tienen relaciones socioculturales históricas con las semillas. “Esto sirve al sistema agroalimentario industrial, que alimenta al 30% de la humanidad. Pero promueve erosión genética, vulnerabilidad económica y la pérdida de autonomía de la gente campesina, agricultoras y agricultores que alimentan al 70% del mundo en estos momentos”, señalan las organizaciones en el documento.

Si los países que hacen parte del Tratado de Libre Comercio no se adhieren al Convenio de la UPOV están sujetos a sanciones por parte de otros países miembros del acuerdo, como es el caso de México que ha trabado una disputa contra Estados Unidos y Canadá porque quieren obligarlo a permitir la siembra de maíz transgénico en su territorio.

Hoy la UPOV posee 78 miembros, incluyendo la Unión Europea.

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Guatemala todavía no logró adherirse al Convenio de la UPOV. Desde 2006 inició el procedimiento para hacer parte. Para eso, el país necesita aprobar una ley de protección de obtención de variedades que esté de acuerdo con las líneas del convenio. La organización incluso ofrece modelos de proyectos de ley para que sean copiados por los países.

Y mas, la UPOV debe analizar y aprobar el proyecto de ley que será votado por el Congreso de los países. La adhesión será aceptada “siempre que no se hayan introducido modificaciones en los proyectos de leyes durante los procedimientos parlamentarios”, dice la UPOV en sus reglamentos. Es decir, los parlamentos deben aprobar exactamente los términos dispuestos por la organización.

El proyecto de ley hoy en tramitación en el parlamento guatemalteco fue aprobado por la UPOV en 2017.

Reglamento Monsanto

Otra estrategia para llevar a cabo la expansión de los transgénicos en el país fue la creación del Reglamento de Organismos Vivos Modificados, en 2018. Surge de los acuerdos de la unión aduanera entre El Salvador, Guatemala y Honduras que generó una serie de actividades en el interior del país que permite el ingreso, la experimentación, el comercio y el traslado de semillas transgénicas. “Guatemala es un país centro de origen de especies. Tenemos el privilegio de dar este aporte a la humanidad. Y estos acuerdos atentan contra nuestra biodiversidad, contra las semillas nativas y los conocimientos ancestrales de los pueblos”, enfatizó David Paredes, quien también hace parte de la REDSAG.

Las organizaciones han requerido informaciones al Ministerio de la Agricultura acerca de cómo se han realizado los protocolos para la liberación de la semilla transgénica en el país. Sin embargo, las informaciones “nos dan a medias o no nos dan”, dijo. “No hay informaciones públicas sobre qué empresas están realizando los experimentos, y tampoco dónde los están haciendo. Tampoco hay la participación de los pueblos o consultas indígenas”, señala Paredes.

Para Paulina, la desinformación generada por el Estado de Guatemala y las empresas “atentan contra nuestra libertad de poder decidir cómo queremos alimentarnos, con qué queremos alimentarnos. Porque los pueblos hemos tenido nuestros propios sistemas de alimentación”.

Libre circulación de las semillas

Organizaciones como GRAIN, Colectivo Semillas y la Alianza Biodiversidad, en su publicación “UPOV: el gran robo de las semillas. Por eso debemos defenderlas”, sostienen que “proteger las semillas y brindar acceso a ellas es un entendimiento fundamental de la gente más allá de culturas, ideologías, religiones y visiones de mundo”.

Recuerdan que la noción de que la semilla debe circular libremente es tan profunda que todos los sistemas nacionales de semillas vigentes hasta 1960 se construyeron con la premisa de que las semillas almacenadas estaban a disposición de quien las pidiese.

“Libre acceso y libre custodia, uso e intercambio de las semillas se hicieron así pilares centrales de las identidades culturales, de la expansión de la agricultura en el mundo y de la capacidad de los pueblos para garantizar su alimentación, su medicina, su vestimenta y su vivienda”, sostienen.

Siguiendo la lógica de la libre circulación de las semillas, en mayo de 2002 se presentó al Congreso de Guatemala lo que se llamó la Ley de Biodiversidad y Conocimientos Ancestrales, una iniciativa construida por autoridades indígenas de todo el territorio guatemalteco y que se basa en principios fundamentales de la vivencia de los pueblos, desde el respeto a la vida y desde la cosmovisión maya.

La propuesta debe todavía ser reconocida por el Pleno del Congreso para que empiece a tramitar en sus comisiones.

Un llamado desde el territorio maya q’eqchi’.

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La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Hoy, 25 después de la Masacre, nunca llegó el desarme, el castigo a los responsables materiales e intelectuales ni ninguna otra medida que pudieran garantizar la no repetición de Acteal

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Acteal, Chenalhó, Chiapas, México.

 

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los Defensores de los derechos humanos

A los Medios libres y alternativos

A los Medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

 

Hermanas y hermanos, acudimos hoy a esta ciudad de San Cristóbal de las Casas para manifestar nuestra indignación, nuestra inquietud y nuestro dolor. Hace 14 años, un 12 de agosto del 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la máxima autoridad de nuestro país, tomaron una decisión tan vergonzosa sobre la masacre Acteal, argumentando que hubo violación al debido proceso de los paramilitares, y por mayoría aprobaron que podrían dejar en libertad a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos el 22 de diciembre de 1997.

Con este hecho se reveló totalmente que los Ministros de la Suprema Corte son cómplices de la matanza de Acteal, favoreciendo a los criminales, pues los que participaron directamente en este acto de horror, ya habían confesado que realmente sí llegaron a masacrar y muchos ya habían sido sentenciados. Es decir que de nada sirvieron la investigación y las indagatorias hechas por el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Circuito, ni las de la Procuraduría General de la República. Además, con la liberación de todos los autores materiales también se hicieron directamente cómplices de los autores intelectuales, quienes fueron los más beneficiados de que los ex paramilitares fueran liberados y premiados Además, con su liberación también se hicieron directamente cómplices de los autores intelectuales, quienes fueron los más beneficiados de que los ex paramilitares fueran liberados y premiados, pues así cancelaron definitivamente el interés que los perpetradores pudieran tener en decir la verdad sobre quiénes coordinaron, financiaron y encubrieron sus acciones en los diferentes niveles de gobierno. Y ésa fue siempre su intención, hacer que fuera cada vez más difícil probar la responsabilidad de quienes aprobaron, gestionaron e implementaron el Plan de Campaña Chiapas 1994, así como quienes fueron negligentes en atender las denuncias que se hicieron para tomar medidas que evitaran la Masacre, e incluso el socorro a sus víctimas durante todas las horas que duró la realización de este crimen de lesa humanidad.

Como sobrevivientes de la Masacre de Acteal ya hemos presentado pruebas suficientes de estos hechos. La Suprema Corte nunca tomó en cuenta nuestras aclaraciones. Y durante muchos años trataron de tergiversar el sentido de la Masacre. Como resultado, hoy ninguno está en la cárcel pues los asesinos todos están premiados. Ante esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es claro que en México persiste realmente el racismo y la incapacidad de impartir la justicia conforme a la vía de la legalidad.

Violando el derecho de las víctimas, como que si no hubiera pasado nada, como si nadie hubiera participado en la masacre de Acteal. Pero en todo esto, claramente estuvieron buscando muchas maneras para deslindar la responsabilidad del Estado y encubrir estas acciones tan terribles que sólo sembraron la semilla del terror. Hoy, 25 después de la Masacre, nunca llegó el desarme, el castigo a los responsables materiales e intelectuales ni ninguna otra medida que pudieran garantizar la no repetición de Acteal.

Hoy persiste la impunidad y la injusticia, cientos y miles de personas indígenas y no indígenas claman justicia ante esta situación y ante la inestabilidad social en nuestro país.

Hoy reafirmamos que la paz social en nuestro estado se sigue deteriorando cada vez más, aunque se encuentran desplegados los ejércitos y la guardia nacional, la verdad es que cada vez se han aumentado más los crímenes. El ejemplo más claro está con nuestro amigo y compañero Simón Pedro Pérez López (Simón Pedro), expresidente de la mesa directiva de Las Abejas de Acteal, quien fue cobardemente asesinado el 5 de julio de 2021, en la cabecera municipal de Simojovel, Allende, Chiapas, en lo que han querido hacer pasar por un hecho aislado. Pero nosotros sabemos bien que el principal móvil de su asesinato responde a un contexto social y político vinculado con su trabajo de defensa de los derechos humanos, mismo que realizaba desde nuestra Organización Sociedad Civil las Abejas de Acteal, en medio de lo que continuó las acciones de contrainsurgencia en nuestra región, que hemos visto como la aparición de varios grupos armados criminales que se pelean el control del territorio; esto junto con los intentos de acabar con nuestra organización pacifista y no violenta que en realidad nunca han parado en nuestro Municipio. Y otra cosa que el juez de su caso no quiso tomar en cuenta fue todo el trabajo político, social y organizativo que realizaba desde la Parroquia católica de Santa Catarina en Pantelhó.

El hecho de que desde el pasado 28 de abril se siga apelando por la libertad del responsable material de este crimen, siendo su abogada de oficio la licenciada con el nombre de Patricia López Girón, aunque este delito ya se había juzgado, condenado y sentenciado el pasado 14 de abril del 2023, sigue favoreciendo a que haya más crímenes contra los que buscan la paz. Por eso hemos señalado que la violencia está institucionalizada por el mismo estado. Esta apelación la va a resolver la Sala Regional Colegiada Mixta de Pichucalco, Chiapas, así que les rogamos a todas las hermanas y hermanos que han apoyado a nuestra organización y a la familia de nuestro compañero Simón Pedro, que sigan con nosotros, pendientes del desarrollo de este proceso.

Compañeros y compañeras, ante esta situación que se vive en Chiapas y en México, para nosotros no ha llegado la cuarta transformación, sino que los problemas y la impunidad empeoran cada vez más. Por eso, los sobrevivientes de esta organización y todos sus miembros que luchamos por la paz de manera no violenta, no olvidamos la cruel fecha del 12 agosto y venimos a esta ciudad a denunciar los últimos acontecimientos y anunciar la injusticia que se prepara, ya que si no lo hacemos, las piedras gritarán, como dice la Santa Biblia.

Hoy debemos asumir una responsabilidad pacifista, como lo hizo nuestro compañero Simón Pedro, conforme a lo que nos enseña el Evangelio de San Mateo 5, versículo 9: “Bienaventurados los que luchan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios”.

Hermanos y hermanas, les pedimos a los hermanos de todas las denominaciones religiosas que no seamos cómplices de esta situación de violencia generalizada, porque hay muchos que están buscando su beneficio personal, especialmente en este arranque de las campañas electorales.

Dejemos atrás esta ignorancia, pues es momento de ver en el Horizonte dónde está la claridad y no dejarnos manipular. Sepamos distinguir lo derecho de lo torcido, veamos la claridad y no la oscuridad.

Hermanos y hermanas, nosotros como sobrevivientes de la Masacre de Acteal y miembros de la organización de Las Abejas de Acteal, exigimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dicte ya el informe de fondo del Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (Masacre de Acteal).

Y también exigimos que se reconozca la verdadera razón por la que asesinaron a nuestro compañero, de forma que se continúen las investigaciones de su caso, hasta dar con los autores intelectuales para que se sepa la verdad y también sean enjuiciados. Y, por supuesto, que no liberen del Cereso No. 14 “El Amate” al probado responsable material del asesinato de nuestro compañero Simón Pérez López, quien por lo menos debe purgar la condena de 25 años con la que fue sentenciado.

¡No a la impunidad!

¡Sí a la justicia!

¡Castigo a los responsables materiales e intelectuales de la Masacre de Acteal!

Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 14 de agosto de 2023.

Atentamente,

 La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Javier Flores Zepeda

Presidente

Eliseo López Arias

Secretario

   
 

Luis Miguel Gómez Pérez

Tesorero

 

Alonso Ruiz López

Sub Secretario

 

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Avispa Midia

Acosan a indígenas por oponer resistencia al paso del Tren Maya en Bacalar

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

En portada: María Dolores Olvera Chi, junto a su esposo y sus dos hijos, resisten el desplazamiento forzado por las obras del tramo 6 del “tren maya” en Bacalar. Foto: Renata Bessi.

El hogar de una mujer maya llamada María Dolores Olvera Chi, de 38 años, es una de las pocas casas que sobreviven en medio al trazado del tramo 6 del Tren Maya, en el Ejido Bacalar, estado de Quintana Roo, México.

La casa de María Dolores, donde vive con su esposo y dos hijos, impide que la maquinaria de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), responsable por la construcción de la vía en este tramo, trabajen libres para la conclusión de las obras, prevista para estar lista hasta deciembre de 2023. Esta obra se ha convertido en prioridad máxima para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Las máquinas están en la puerta de mi casa trabajando día y noche, sin parar”, relata la mujer maya.

Un equipo de Avispa Mídia estuvo a principios de julio de 2023 en esta localidad y fue recibido por María Dolores. Ella relató la presión que estaba sufriendo desde cuatro meses atrás, por parte del comisariado ejidal del Ejido Bacalar, para que abandonara su casa y permitiera el avance del trazo del tramo 6.

La casa de María Dolores se interpone en el trazado del tramo 6 de las obras para el “tren maya”.Foto: Santiago Navarro F

El ejido desconoció que 12 años atrás le había vendido estas tierras a María Dolores. Hoy, estas tierras son parte de las 56 hectáreas que vendieron al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), encargado de las expropiaciones de tierras para la construcción del megaproyecto.

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Noticias de Abajo

Noticias de abajo – 8 de Agosto 2023

(Descarga aquí)  

ROMPIENDO FRONTERAS

  • CHILE: Segundo informativo sobre el juicio contra los compañerxs anarquistas, Mónica Caballero y Francisco Solar. La Zarzamora Radio
  • ARGENTINA: El Tercer Malón de la Paz conformado por diferentes comunidades indígenas, realizo, llega a Buenos Aires. Demanda a la corte suprema y el congreso de la nación la inconstitucionalidad de la reforma “exprés” perpetrada por Gerardo Morales
  • GLOBAL: Convocatoria a la Semana Internacional de Solidaridad con lxs Prisionerxs Anarquistas  2023 // 23 – 30 agosto
  • PERÚ: Toma de Lima entrevistas durante el 19 de julio en la revuelta contra la dictadura de Dina Boluarte. Entrevista de La China.

DESDE ESTA REGIÓN LLAMADA MÉXICO:

  • QUERÉTARO: Tres integrantes de la comunidad de Escolásticas, Querétaro, se encuentran privados de su libertad por defender el manantial comunitario llamado Los Sabinos y son algunas de las víctimas de la represión institucional del 13 de junio pasado. Memoria y Libertad
  • MEXICO CDMX: Convocatoria a la 3ra Asamblea Nacional por el Agua y la Vida 12 y 13 de agosto 2023. En San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, CDMX. Asamblea por el agua y la vida.
  • OAXACA: JUSTICIA Y LIBERTAD para PUENTE MADERA Llaman a estar alertas por la audiencia de nuestro compañero David Hernández Salazar el 15 de agosto por las recientes intimidaciones y amenazas
  • MORELOS: Exigen la atracción del caso de Samir Flores por un juzgado federal ante corrupción en juzgado local.
  • MEDICINA LIBRE: Píldora de la salud por Mar con el tema INFECCIONES EN VÍAS URINARIAS

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Encuentro de Mujeres Congreso Nacional Indígena | Concejo Indígena de Gobierno

Pronunciamiento del Encuentro Nacional de Mujeres del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno

A 30 años de que las compañeras zapatistas lograron la aprobación de su Ley Revolucionaria de mujeres que les ha permitido llevar a la práctica cotidiana un mundo libre de machismo y de violencia y junto con los compañeros, en la autonomía, participar en la construcción de una vida digna, que es fuente de inspiración para nuestro caminar de lucha en nuestros territorios, los días 5 y 6 de agosto 2023, nos reunimos, en el Primer Encuentro Interno de Mujeres del Congreso Nacional Indígena, en el edificio recuperado por la Comunidad Otomí Residente en la Ciudad de México y convertido en la “Casa de los Pueblos y comunidades indígenas Samir Flores Soberanes” 181 mujeres delegadas y concejalas del CIG-CNI, 27 niñas y niños de 1 a 12 años, 14 compañeras y 7 compañeros de apoyo.

Participamos de los pueblos afromestizo, afroamexicano, binni zaa, chol, chontal, coca, kora, guarijío, kumiai, maya, mazahua, mazateca, mepha, mestizo, na savi, nahua, nayerí, nuntajiyi, ñhañhu, odame, otomi, purépecha, rarámuri, tojolabal, totonaco, tzotzil, tzeltal, wixárika, yaqui y yoreme de los estados de Baja California, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

Somos las mujeres que luchamos que nos organizamos, que aprendemos a decir NO al maltrato, NO al silencio, NO a la guerra; aprendemos a cuidarnos, a respetarnos entre mujeres, a motivarnos; nos invitamos a participar en la lucha por la defensa del territorio y de la vida toda. Nos nombramos esperanza porque tomamos como responsabilidad asegurar un mañana para las futuras generaciones.

Ofrendamos nuestras energías a los cuatro puntos cósmicos, recordamos nuestra historia como mujeres del CNI y reconocimos el sistema de poder patriarcal capitalista, racista y colonial en los megaproyectos, en las concesiones mineras, en la tala de árboles, en la represión, en la sobreexplotación del agua, en la contaminación, en la persecución. Cuando llegan los militares, los cárteles, las empresas de los megaproyectos como el corredor interoceánico, el Tren Maya y el Proyecto Integral Morelos que vienen acompañados de múltiples formas de despojo de ejidos y bienes comunales, destrucción de la vida y los territorios con parques industriales, polos de desarrollo, basureros toxicos y proyectos energéticos como gasoductos; explotación de hidrocarburos a nuestros territorios. Con ello perdemos la paz,  aumenta la violencia contra nosotras, contra nuestras hijas y nuestros hijos, contra las personas de la diversidad sexual y contra nuestros compañeros; nos convierten en objeto sexual, nos faltan al respeto, nos secuestran, nos venden, nos violan, nos golpean, nos matan. A las defensoras de la madre naturaleza y de los derechos de nuestros pueblos que nos enfrentamos a estos megaproyectos, nos criminalizan, nos hostigan, nos desprestigian, nos calumnian, nos encarcelan, nos torturan, nos asesinan.

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Avispa Midia

Radio Tosepan se opone a transmitir propaganda de partidos políticos

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

Habitantes de la sierra nororiental de Puebla, mujeres, niños y los mayores que integran Radio Tosepan y la Unión de Cooperativas Tosepan, se oponen a la imposición del Instituto Nacional Electoral (INE) que, entre otras normas, exige a las radios comunitarias concesionadas, transmitir propaganda de partidos políticos y temas electorales.

Este 5 de julio, los integrantes de la radio pertenecientes al pueblo indígena Masewal, se presentaron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la Ciudad de México, para presenciar la sentencia respecto a la exigencia de emitir propaganda de partidos políticos en su radio comunitaria.

Esta delegación fue acompañada por una representatividad de personalidades reconocidas del país, quienes presentaron un recurso llamado Amicus Curiae, un escrito u opinión que permite a terceros ajenos al caso brindar otros elementos al órgano judicial para tomar una mejor determinación en cuanto a la sentencia.

En primera instancia, a través de este recurso se apela a razones jurídicas que consideran que son suficientes para que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, revoque la determinación que le fue dada el pasado 27 de febrero a la Radio Tosepan Limakxtum, la cual dice “que esta radio indígena está obligada a incluir en su programación los spots de partidos políticos”.

Tomando en consideración que el Pueblo Masewal se ha regido bajo sus valores, sistema normativo y decisiones colectivas, la emisión de mensajes electorales o de partidos políticos son totalmente contrarias a este modo de vida, aseveran quienes firman el Amicus Curiae. Por ello, se precisa en el documento, es importante recordar que el Pueblo Masewal únicamente objeta “la transmisión [en Radio Tosepan Limakxtum] de mensajes de partidos políticos y/o mensajes electorales no contextualizados a las cosmovisiones, sistemas normativos y usos y costumbres de estos pueblos y comunidades”.

Al final, con dos votos a favor de la radio y cuatro en contra, el Tribunal Electoral resolvió denegar la solicitud de este pueblo, ya que no se vulneran los “usos y costumbres del sistema normativo interno”, defendió la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, quien además agregó que, “no se vulnera ningún derecho al transmitir la propaganda de partidos políticos, por el contrario es un derecho a la información para los pueblos”.

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Erick Huerta, abogado de REDES A.C., quien acompaña a la comunidad Masewal, considera que la declaración de la ministra “esta plagada de racismo” y asegura que, “ni si quiera leyeron la demanda ni las pruebas que se presentaron, porque el pueblo Masewal no se gobierna por partidos políticos”.

Lo que sigue

Huerta asegura que el pueblo Masewal no va a dar marcha atrás en la negativa de transmitir la propaganda partidista y que por el contrario se preparan legalmente ante posibles multas. “Las comunidades no van a renunciar a la autonomía, porque no necesitaron al Estado para tener sus radios, ya que fueron un reconocimiento posterior a su existencia. Entonces prefieren renunciar a la concesión antes de aceptar renunciar a la autonomía”, sostiene Huerta en entrevista para Avispa Mídia.

El pueblo Masewal se ha apegado a los llamados Acuerdos de San Andrés, originados a raíz del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, mediante el cual la llamada Comisión de Concordia y Pacificación presentó, en el año 2000, una iniciativa de reforma constitucional al artículo 2 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001. Con esta reforma se incorporó, por primera vez, el reconocimiento constitucional del derecho de los pueblos indígenas a adquirir, operar y administrar medios de comunicación propios.

Por su parte, los integrantes de Radio Tosepan Limakxtum emitieron un comunicado con ocho puntos donde remarcan que “la autonomía no es algo que te puedan dar: es algo que se construye. Nosotros llegamos aquí porque nuestra comunidad es autónoma y nuestra radio también. Porque, a pesar de lo que diga el Tribunal, somos y seguiremos bajo nuestros sistemas normativos construyendo el yeknemilis (la vida buena)”.

Además, los indígenas señalan que con esta sentencia se “pone en riesgo la credibilidad de la concesión como mecanismo para garantizar el ejercicio del derecho a la comunicación de los pueblos indígenas y desalienta a muchas radios indígenas, que miran con desconfianza esta vía y que, por ello, continúan haciendo comunicación sin optar por este trámite, que lejos de proteger su ejercicio, como en este caso, lo está condicionando”.

Al final, han puntualizado que su lucha legal aún continúa por otras instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que se apegan al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en materia de derechos y cultura indígena.

“Como decía una compañera: al Estado le gusta la autonomía cuando es de papel, cuando es folclórica y capitalizable; cuando se ve en nuestras danzas, pero no en nuestro sistema político; en nuestra variedad gastronómica, pero no en nuestra diversidad normativa. Lo primero es un orgullo, lo segundo es una afrenta contra su forma de entender la democracia”, arremeten los indígenas del pueblo Masewal.

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Libres Ya Comisión por Karla y Magda

Libertad para Karla y Magda, alto a la criminalización

De nueva cuenta el día 28 de junio la CNDH ha demostrado el nulo interés que tiene en dialogar con nosotras. Su interés principal no es el diálogo ni los procesos de justicia restaurativa, su intención es propiamente punitiva.
Sabemos que tradicionalmente hay dos maneras en las que se asumen los costos materiales de la protesta: 1. Los asume el Estado, ya sea por su responsabilidad histórica o porque el costo político es mayor. 2. El Estado criminaliza y obliga a lxs activistas a pagar con dinero y cárcel.
Lo inaudito en este momento es que el actor no es el Estado, sino la CNDH, el órgano máximo de defensa de los derechos humanos en el país y que, sin vergüenza alguna, ha optado por el segundo camino. Es inaudito, lamentable y repugnante a la vez.
Todas las organizaciones de defensa de los ddhh deberían pronunciarse al respecto.
En contubernio con el INAH quieren que 5 mujeres, de las más de 200 que estuvieron refugiadas en la Okupa paguen una cantidad de más de 700 mil pesos por daños al inmueble.
De entre estas 5 mujeres están Karla y Magda, dos compañeras que sólo estuvieron las últimas dos semanas en la casa de refugio y a quienes ahora se les busca acusar de despojo, como si hubieran participado de la toma y de daños.
No hay ningún principio de justicia, de presunción de inocencia ni de proporcionalidad en la intentona punitiva de la cndh.
Sabemos que esta administración ha sido muy criticada por las diversas organizaciones de derechos humanos del país, por sus graves omisiones y por la falta de independencia respecto del gobierno federal. Pero lo que enfrentamos ahora no se trata de una omisión, es un ejercicio activo y consciente de la Comisión de mandar a mujeres a la cárcel.
Desde aquí nosotras le decimos al inah y a la cndh que les pagamos sus 700 mil pesos el día que resuelvan todos los expedientes de violacion a los derechos humanos de las víctimas de feminicio en este país.
La deuda es tuya, Rosario Piedra, no nuestra. Restaurar un edifico, INAH, no te cuesta ni una sola vida.
Cumplan con su trabajo, no cederemos ante su indolencia ni dejaremos de protestar por su hostigamiento y su criminalizacion.
#LaCndhNoMeCuida

radio
Comisión Libres Ya por la Libertad de Karla y Magda

Pronunciamiento en repudio al lamentable comunicado de la CNDH

A todas las organizaciones sociales, colectivas y colectivos,

A las organizaciones que defienden los derechos humanos,

Al pueblo en general,

A los medios nacionales e internacionales,

Compañeras, compañeros, compañerxs, desde el plantón que hemos instalado la Comisión por la Libertad de Karla y Magda; Lourdes Mejía, integrante de la Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia y mamá de Carlos Sinuhé (activista víctima de ejecución extrajudicial impune desde hace casi 12 años); la Unión de Lucha Anticapitalista (ULA), Disidencias y Mujeres Organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras UNAM y compañerxs de otros colectivos y organizaciones sociales como respuesta al hostigamiento judicial y la criminalización hacia nuestras compañeras por parte de la CNDH, damos respuesta al vergonzoso y visceral comunicado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha publicado esta mañana, dejando en evidencia, nuevamente, su insistencia en criminalizar a Karla y a Magda.

Esperamos que puedan difundir nuestra respuesta por la liberación absoluta de nuestras compañeras.

No entendemos cómo la CNDH habla de respeto a la manifestación cuando están intentando castigar a dos compañeras que son defensoras de derechos humanos quienes simplemente han ejercido su derecho a la protesta. Su comunicado evidencia la criminalización que pretende polarizar la opinión pública deslegitimando las protestas feministas, también muestra su estigma por la lucha social y el uso a modo del derecho internacional con respecto a la protesta social.

La CNDH no ha cooperado con las autoridades que menciona ya que de ser así hubiera seguido las indicaciones del juez a cargo del proceso, el cual indicó y llamó a las dos partes a encontrar una solución fuera del ámbito penal. La representante legal de la CNDH, Luciana Montaño Pomposo, se ha negado a seguir esta instrucción y ha exigido la prisión hacia nuestras compañeras en vez de entablar un diálogo y buscar una solución pacífica. La CNDH es la que señala y exige el proceso a la Fiscalía pues esta no investiga sin un denunciante, es la misma CNDH la que ha denunciado y busca convertir la protesta social en un delito.

Si hablan sobre los daños al edificio y los supuestos delitos que se han cometido, no entendemos por qué sí entablan acuerdos y perdón con personas que sí estuvieron en la toma del edificio mientras que a Karla y Magda se les niega el mismo trato jurídico.

A la CNDH no le corresponde decidir si se cometieron o no delitos en la Casa de Refugio Okupa Cuba, a la CNDH le corresponde defender el derecho a la presunción de inocencia, al estricto cumplimiento del debido proceso, a defender a las compañeras que fueron torturadas. Que no lo haga así es una muestra clara de su línea política y de la manera en la que busca criminalizar al movimiento feminista en general y a Karla y Magda, en particular.

Cuando la CNDH habla de que Karla y Magda enfrentan el proceso en libertad no es gracias a esta institución, esto obedece a que ellas no han sido vinculadas al proceso ya que el juez en audiencias ha solicitado el aclaramiento de las acusaciones, es decir en la carpeta de investigación no obra ningún prueba de la participación de Karla y Magda en los daños al inmueble.

En el mismo sentido de represión y criminalización, la misma CNDH ha intentado incluir en la carpeta de investigación fotografías de actos de protesta pacíficos realizadas en estos meses aún cuando Karla y Magda ni siquiera han estado presente.

Hacemos un llamado a la CNDH a revisar la ley internacional, ya que la Corte Interamericana ya ha sido explícita en que los Estados no pueden justificar el supuesto “orden público” para reprimir y criminalizar protestas. La misma CIDH ha señalado que sólo cuando las protestas ponen en riesgo el funcionamiento de una sociedad se puede intervenir y siempre evitando el uso de aparatos jurídicos y de brutalidad policial. Cualquier protesta realizada en estos días y meses jamás han puesto en riesgo el funcionamiento de la sociedad y mucho menos se ha utilizado armas. Para la CNDH nuestras “armas” son la dignidad, la justicia, la memoria, el amor, brochas, latas de aerosol, lonas y nuestra palabra

Hacemos un llamado a las instituciones y organizaciones defensoras de derechos humanos, nacionales e internacionales a cuestionar e interpelar a la CNDH ante esta lamentable actuación de persecución judicial, criminalización y toma de parte en la deslegitimación de la protesta social, su falta de respeto ante los derechos humanos procesales y su silencio ante la tortura que consta en el Protocolo de Estambul que ha salido positivo para Karla y Magda.

Esperamos que la CNDH enfoque los recursos del Pueblo -al que dogmática y retóricamente apela en su comunicado- en atender a las miles de víctima de este país que tienen en el olvido, en lugar de utilizar estos recursos en contra de un grupo de mujeres jóvenes que incomodan a un Estado misógino y feminicida.

Seguimos exigiendo que se retiren las acusaciones en contra de Karla y Magda.

De la misma forma exigimos que cese el hostigamiento, persecución y represión en contra de las compañeras víctimas Flora Marcelo Rojas y Laura Kabata que están plantadas hace más de 5 mesas en las afueras de Fix Zamudio quienes han sido golpeadas físicamente por su personal y protección federal por el hecho de exigir justicia para sus hija e hijo y quienes además enfrentan acusaciones judiciales en su búsqueda de justicia por parte de la CNDH.

No cederemos ante sus amenazas y chantajes, nosotras no necesitamos mentir como las y los funcionarios de las instituciones públicas para justificar la indolencia e inacción ante cientos de denuncias.

Da vergüenza y causa preocupación cómo el organismo de derechos humanos más importante del país hace público un comunicado tan visceral y poco institucional, señalando directamente, sin pruebas ni sentencia a Karla y Magda y aparte dando lugar al escarnio público tanto ellas como a quienes acompañamos su caso.

Hacemos responsable a la CNDH ante cualquier acto violento que recibamos tanto por parte de la policía y las autoridades estatales como de la ciudadanía en general, ya que su discurso aviva el odio y el clima hostil que han sembrado contra el movimiento feminista.

Nosotras como mujeres combativas, seguiremos con el plantón hasta que cese la persecusión de la CNDH hacia Karla y Magda.

Comisión Libres Ya por la Libertad de Karla y Magda

#LaCNDHNomeCuida
#LibresYa

radio
Mujeres autodefensas por la libertad | Radio Zapote

Manifiesto de las mujeres autodefensas por la libertad

Habitantes de Eloxochitlán de Flores Magón:
Habitantes de la Sierra Mazateca:
Habitantes de Oaxaca, de México y el Mundo:

Las Mujeres Mazatecas por la Libertad vemos con mucho regocijo la firmeza con la que exigieron justicia frente a los recientes y atroces acontecimientos donde el uso ilegal e irracional de la fuerza pública lastimó y quitó la vida a un menor de edad de Eloxochitlán.

No debemos olvidar el motivo por el cual el niño Gelacio P.R., de quince años, fue atacado con una fuerza desproporcionada. Gelacio se opuso a la detención de su padre, puso el cuerpo para salvar a su padre de una detención arbitraria.

Las detenciones arbitrarias, la prisión injusta, la prisión política no son asuntos desconocidos para las infancias de Eloxochitlán; han generado en ellas, el vivir con miedo y terror ante la posibilidad de que algún día las fuerzas armadas irrumpan su hogar.

El menor Gelacio era originario de la localidad de Agua Iglesia, de donde también son originarios los presos políticos Francisco Durán Ortiz y Herminio Monfil Avendaño. Herminio fue detenido arbitrariamente el 14 de diciembre de 2014, sin explicársele los motivos, mucho menos traducirle al mazateco qué estaba pasando y por qué lo llevarían hasta la ciudad de Oaxaca, él no habla español y fue llevado a seis horas de viaje. En junio de 2018, la policía municipal también armada, detuvo a Francisco, lo hizo de forma irregular. Francisco fue torturado, ahí, enfrente de sus hijos. Uno de sus hijos, el de quince años, corrió y logró subir a la camioneta donde echaron a su padre, pero los policías lo bajaron… Así, el testimonio de los hijos de Francisco se difundió entre las infancias de Agua Iglesia; así, ese testimonio llegó al niño Gelacio, vecino de los hijos de Francisco.

(Continuar leyendo…)

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