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Asunto: Situación de violencia en la región fronteriza de Chiapas con Guatemala
Estimados Señores y Señoras,
Reciban un cordial saludo del Movimiento Sueco para la Reconciliación – SweFOR y del Servicio Internacional para La Paz (SIPAZ).
SweFOR es una organización sueca de carácter ecuménico creada en el 1919 que lleva más de 20 años de presencia en el Estado de Chiapas. El objetivo de SweFOR en México es brindar acompañamiento integral a personas defensoras de derechos humanos con el fin de procurar garantía de protección a su trabajo.
SIPAZ, como organización internacional sin fines de lucro con presencia permanente en México desde 1995, trabaja para la disuasión y prevención de la violencia socio-política, la transformación positiva de los conflictos y el respeto de los derechos humanos en Chiapas y, de forma puntual, en Oaxaca y Guerrero.
Nos dirigimos a ustedes con el fin de expresar nuestra preocupación por la situación de violencia armada que se extiende en la región fronteriza del estado de Chiapas con Guatemala desde el año 2021 y por su impacto sobre la población civil y las personas defensoras de derechos humanos.
Desde el año 2021, el estado de Chiapas se encuentra asolado por una disputa entre grupos de la delincuencia organizada que se ha recrudecido de manera particularmente violenta en la región de la frontera con Guatemala, que comprende municipios de la Meseta Comiteca – Tojolabal y de la Sierra Mariscal. Según información reportada por organizaciones con acceso a la región afectada, esta confrontación está impactando fuertemente a la población civil, a través de actos de desaparición forzada, tortura, reclutamiento forzado, explotación sexual, extorsión y desplazamiento y otras estrategias de control de la población
Desde SweFOR, este panorama de violencia nos preocupa por el estado de indefensión en que se encuentra la población civil, pero también por la situación de las personas defensoras de derechos humanos. Hemos recibido información procedente de la zona fronteriza de Chiapas con Guatemala de casos de asesinato, tortura y desaparición de personas defensoras que ejercían actividades de defensa – denunciando la vulneración de los derechos de la población civil, o negándose a sostener uno o el otro contendiente -, y cuya perpetración parece tener propósitos ejemplarizantes. Ello ha llevado a diversas personas defensoras de derechos humanos a buscar refugio lejos de sus comunidades de origen y a suspender sus actividades de defensa de los derechos humanos.
Entre las personas defensoras que han sido objeto de violencia en la zona fronteriza se cuentan defensores comunitarios, servidores de la Iglesia Católica, autoridades comunitarias y funcionarios públicos.
Nos inquieta que, según las organizaciones presentes en la región, este escenario se estaría desarrollando ante la inacción de las autoridades, siendo la militarización de todo el estado la única respuesta, sin efecto consistente para frenar la violencia.
Cabe resaltar que Chiapas es uno de los estados más militarizados del país, contando en junio de 2022 con el despliegue de un total de 17 mil 160 elementos de la SEDENA y de la Guardia Nacional, según datos de la SEDENA.
El aumento exponencial de la violencia y las omisiones del Estado están resultando en el cierre completo del espacio de acción para la defensa de los derechos humanos, y nos preocupa que ante ello no se estén implementando mecanismos de protección.
Por la extrema alarma que debería suscitar la situación descrita, llamamos a las autoridades nacionales y a las instancias internacionales que actúen con celeridad para poner fin a la situación de violencia en la zona de la frontera entre Chiapas y Guatemala, y a la protección y garantía de los derechos de la población, incluyendo las personas defensoras de derechos humanos..
De las mujeres organizadas de Santa María Guienagati ante la violencia feminicida ocurrida el primero de enero de 2024.
Santa María Guienagati, Tehuantepec, Oaxaca. A 15 de enero del 2023.
Al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador,
Al Gobernador del Estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz,
Al titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla,
A la titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, Elisa Zepeda Lagunas,
A la Autoridad Municipal de Santa María Guienagati
A la sociedad civil en general:
Las mujeres de Santa María Guienagati nos manifestamos en contra de la violencia de género que afecta a las mujeres de cualquier edad y en cualquier territorio de este país, especialmente la feminicida, que acaba con la vida de las mujeres, dejando una herida muy honda en las víctimas indirectas.
El pasado 1° de enero, asesinaron con violencia a Julia, una mujer mixe de la tercera edad, avecindada desde hace 28 años en nuestra comunidad. El feminicidio de nuestra compañera también nos lastimó a todas las mujeres, significó un cambio drástico en nuestras actividades diarias, en la rutina y en nuestras relaciones con las demás personas. El dolor por una pérdida que no tiene explicación, el miedo y la inseguridad se han apoderado de nuestro día a día: caminar, dormir y hacer cualquier actividad solas, implica un alto grado de riesgo para nuestras vidas.
Oaxaca es el segundo estado del país con las cifras más altas en feminicidios. Tan solo en lo que va del año se contabilizan al menos 5 casos de feminicidio en el estado, entre ellas Julia.
Es por eso que tomamos este espacio para exigir a las autoridades federales, estatales y municipales que, en el marco de su competencia, esclarezcan el feminicidio de nuestra compañera Julia, intervengan para reconstruir el tejido social de nuestra comunidad e implementen medidas de no repetición, para que nunca más se cometa un crimen tan atroz en nuestro territorio.
A las instancias de gobierno correspondientes les exigimos:
– A la autoridad municipal, su participación oportuna en la presentación de todas las evidencias, la no obstaculización de la investigación que las autoridades estatales llevan a cabo, así como tomar medidas inmediatas y eficaces para erradicar las violencias en nuestra comunidad.
– A la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que se investigue el feminicidio de Julia conforme a los protocolos y estándares que existen para la materia desde los enfoques intercultural y de género. No se debe ignorar que Santa María Guienagati es un municipio de poco más de 3 mil habitantes, donde convivimos con personas de distintos orígenes étnicos, como consecuencia de los desplazamientos sociales de las últimas décadas y tenemos un estilo de vida comunal.
-Que se cumplan las leyes nacionales y los acuerdos internacionales sobre el derecho de las mujeres a una vida sin violencia;
– A la Coordinación de Atención a los Derechos Humanos y la Secretaría de Mujeres de Oaxaca, les exigimos la intervención en la comunidad para que se puedan desarrollar procesos de resiliencia comunitaria, pues se ha generado un ambiente de dolor, incertidumbre y temor a permanecer solas en el espacio público e incluso el privado. Que realice una estrategia integral para trabajar con los problemas de alcoholismo y machismo. Recalcamos que los dolientes no sólo son los familiares y que hay un lazo comunitario, de amistad y solidaridad con Julia.
Con rabia e indignación señalamos que este no es el único feminicidio que ocurre en nuestra comunidad, con dolor recordamos a Marycruz, Faustina e Isidora, víctimas de la violencia feminicida que atraviesa nuestra comunidad. A pesar de estos casos, Santa María Guienagati no se incluye dentro de los municipios con alerta de género, lo cual invisibiliza la gravedad de la realidad que vivimos, por lo que llamamos a la sociedad civil a que nos mantengamos vigilantes de la respuesta de las autoridades, hasta que se logre justicia para Julia y regrese la tranquilidad en nuestra comunidad.
Por una vida libre, cese a la violencia en nuestra comunidad. Las mujeres y niñas tenemos el derecho a una vida digna.
enero 2024
diciembre 2023
septiembre 2023
mayo 2023
octubre 2022
septiembre 2022
marzo 2022
febrero 2022
septiembre 2021
julio 2021
abril 2021
marzo 2021
enero 2021
junio 2020
mayo 2020
abril 2020
febrero 2020
enero 2020
octubre 2019
agosto 2019
junio 2019
octubre 2018
agosto 2018
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marzo 2018
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julio 2017
mayo 2017
abril 2017
marzo 2017
febrero 2017
enero 2017
diciembre 2016
noviembre 2016
septiembre 2016
julio 2016
junio 2016
mayo 2016
febrero 2016
noviembre 2015
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En ocasión del 30 aniversario del levantamiento zapatista, el Movimiento de Mujeres de Kurdistán envía este saludo para el EZLN.
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Declaración de Kongra Star en el Día de la Resistencia Indígena
Kongra Star – 12 octubre 2023 – Traducido y editado por Rojava Azadi Madrid
En este DÍA DE LA RESISTENCIA Y LA DIGNIDAD INDÍGENA, nos unimos al llamamiento del CONGRESO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS en solidaridad con los pueblos resistentes de Abya Yala y de todo el mundo, contra la muerte que nos impone el capitalismo patriarcal global, ahora más que nunca.
En este día, 12 de octubre, hace 531 años, comenzó la colonización del continente de Abya Yala. Esto marcó el comienzo de una era destructiva de explotación y opresión para las poblaciones indígenas no sólo en Abya Yala, sino en todo el mundo, una política de opresión hegemónica que continúa bajo los Estados coloniales hasta el día de hoy. Ya sea en forma de guerras, esclavitud moderna por parte de corporaciones e imperios empresariales, robo de tierras y destrucción del medio ambiente, o mediante genocidios culturales, destrucción de las lenguas y culturas de las poblaciones indígenas, y negación de la participación política y la autodeterminación. Cada día miles de hombres, mujeres y menores son víctimas de este sistema, están a merced de una forma permanente y cruel de guerra. Este es el resultado de un orden mundial basado en una mentalidad de destrucción: negación de la voluntad de las mujeres, fomento del racismo, supresión de la identidad personal y colectiva, destrucción de la cultura social y de la ética.
Sin duda, la única respuesta es la resistencia. Resistencia mediante la creación de conciencia, la autoorganización de las personas y su lucha, en particular la de las mujeres. Esta es la razón por la que el 12 de octubre es un día tan significativo, no sólo como el comienzo de la ocupación de un continente, sino más que eso, porque marca el comienzo de la resistencia contra toda ocupación. La resistencia organizada de los pueblos, que no callarán ante la violencia y la opresión, que no se someterán al colonialismo y a las prohibiciones de los regímenes explotadores, sino que los rechazarán, es la garante de la justicia, la democracia y la libertad de todos los pueblos.
Como Kongra Star, un movimiento de mujeres que luchan por la libertad en Rojava, Kurdistán Occidental y Siria, conocemos el dolor asociado a la ocupación de la propia tierra, la pérdida de la propia historia, lengua y tradiciones, y conocemos el poder de la resistencia organizada. Durante muchos años, aquí en Kurdistán y en Oriente Medio, como mujeres, hemos liderado la lucha por nuestra libertad y la libertad de nuestra tierra y nuestra sociedad.
En nuestra lucha y resistencia nos sentimos unidas a todos los pueblos oprimidos del mundo, a todos los pueblos que no se someten y a todas las mujeres que resisten. Nosotras, especialmente vinculadas a nuestra sociedad y a nuestra tierra, somos vanguardia en la lucha por la libertad de nuestros pueblos. En este espíritu, expresamos hoy nuestra adhesión y solidaridad con la resistencia indígena, y saludamos en particular a todas las mujeres militantes que forman parte de ella.
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PRONUNCIAMIENTO
Exigimos al Estado Mexicano garantizar el acceso a la justicia, verdad y reparación integral con la participación efectiva de las víctimas y tomar como acción de primer orden la atención a la grave situación de violencia feminicida.
Urgimos al Gobierno de Oaxaca la liberación de manera inmediata del defensor del bosque Pablo López Alavez.
La denominada política pública de paz desarrollada por el gobierno estatal ha sido excluyente, para que sea real en Oaxaca es necesaria la participación de la sociedad civil.
Con el objetivo de reflexionar sobre los desafíos del contexto y generar acciones conjuntas, 10 organizaciones de seis estados de México celebramos en la capital oaxaqueña, del 4 al 6 de octubre, el encuentro “Construyendo en colectivo caminos hacia la paz con justicia”, en el marco del Programa Servicio Civil para la Paz. El espacio permitió el intercambio de experiencias y estrategias para seguir pugnando por el respeto a los derechos humanos de todas las personas, por la atención y prevención de la violencia, así como por la justicia y condiciones para la construcción de paz.
A partir del análisis compartido, las organizaciones manifestamos las siguientes preocupaciones:
La política de seguridad que avala los procesos de militarización por parte del Estado mexicano y su fallida lucha contra la impunidad, como se ha evidenciado en el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Recordamos que la paz no se construye solo con voluntad; requiere de justicia efectiva, reparación del daño y un ejercicio constante de recuperación y construcción de memoria histórica.
La falta de mecanismos del Estado para atender la crisis migratoria, que está generando deshumanización, así como graves violaciones a derechos humanos tales como la violencia sexual y trata de mujeres, juventudes y niñeces.
Las múltiples violencias que se ejercen contra quienes defienden derechos humanos. Ejemplo de ello son los 47 asesinatos de activistas perpetrados en Oaxaca entre 2018 y 2022, cifra que coloca al estado como el más peligroso para la defensa de los derechos humanos en el país.
La situación de conflictividad que se vive en México, particularmente en Oaxaca, donde el crimen organizado y grupos armados vinculados al cacicazgo político, agrario y económico atentan contra la población civil con la aquiescencia de autoridades de los tres niveles de gobierno.
La disputa por el control territorial entre grupos del crimen organizado en colusión con sectores del Estado y otros poderes fácticos exacerba la violencia, abona a conflictos comunitarios y es una de las causas del desplazamiento forzado interno.
Dado el momento histórico que vive el país, refrendamos nuestra solidaridad y respaldo a víctimas de violencia feminicida, desaparición forzada, desplazamiento forzado interno; con las familias de víctimas de violencia feminicida y de personas defensoras asesinadas, así como con todas las víctimas de violaciones a derechos humanos. Es urgente que la definición de las acciones del Estado sea desde una mirada y acción interseccional, multicultural y no desde una lógica sexista, racial y de discriminación.
Exigimos al Estado Mexicano a actuar de manera contundente en contra de la corrupción, la impunidad, asumir con seriedad acciones en contra del funcionariado de los diferentes niveles de gobierno por encubrir intereses criminales de despojo institucional, político y económico.
Exigimos al Estado Mexicano a que garantice el acceso a la justicia, verdad y reparación integral con la participación efectiva de las víctimas y tomar como acción de primer orden la atención a la situación de violencia feminicida.
La denominada política pública de paz desarrollada por el gobierno estatal ha sido excluyente, para que sea real en Oaxaca es necesaria la participación de la sociedad civil.
Frente a las violaciones a los derechos humanos, llamamos a la sociedad civil y organizada a favorecer el diálogo democrático, a asumir acciones humanitarias, a seguir generando Paz y Justicia desde la colectividad, para el fortalecimiento de las formas de articulación social de los pueblos, las comunidades y la ciudadanía en general.
Urgimos al Gobierno del Estado y al Poder Judicial de Oaxaca a que libere de manera inmediata al defensor del bosque Pablo López Alavez en cumplimiento a la opinión 23/2017 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México, a 06 de octubre de 2023.
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos, Gobixha (CODIGO DH) – Oaxaca
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca – Oaxaca
Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) – Oaxaca
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas – Chiapas
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (CORECO) – Chiapas
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)– Chihuahua
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) – Jalisco
Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios – Coahuila
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Al Pueblo de México
Al Pueblo Creyente
A los familiares y colectivos de desaparecidos en México y el Mundo
A las Madres y Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa
A las Organizaciones No Gubernamentales de México y el Mundo
A la Red Todos los Derechos Para Todos y Todas
Al Colectivo Nacional de Desplazados Internos en México
A los medios de comunicación nacional e internacional
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
A la Organización de las Naciones Unidas
Al Gobierno de México
Conmemoración del Día de Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada
Conmemoración en Memoria de las personas desaparecidas en Chiapas
Colembij, significa: Colectivo en memoria para la búsqueda de un camino a la Justicia y Verdad. Fue creado hace cuatro años por familiares de las víctimas y sobrevivientes del Conflicto Armado Interno en Chiapas, provocado por el grupo paramilitar Organización Paz y Justicia, quienes estaban protegidos por Estado Mexicano, por las Fuerzas Armadas y Policías estatales y municipales.
El 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de Desaparición Forzada estamos presentes para honrar la memoria de todas aquellas personas que en contra de su voluntad fueron brutalmente desaparecidas, tal y como fue a nuestras hermanas y hermanos de la zona baja del municipio de Tila, Chiapas. Este día, como en cada año, estamos presentes aquí familiares, compañeras y compañeros de lucha para exigir la Verdad y Justicia, la No Repetición y las Medidas de Reparación Integrar de los daños.
No olvidemos como fueron violentados nuestros derechos humanos por las autoridades del gobierno mexicano en el 1995 al 2000, estando como presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y el gobernador de Chiapas Julio Cesar Ruiz Ferro, y el presidente municipal de Tila Carlos López Martínez, entre otros funcionarios públicos del estado de Chiapas.
Ante nuestra resistencia al sometimiento ellos mismo desplegaron grupos de policías municipales, Ejercito mexicano para atacar a las comunidades y al mismo tiempo están financiando, dando adiestramiento y proporcionando armas de alto calibre para acabar con nosotros, por otro lado reclutaron y convencieron a nuestro propios hermanos del mismo municipio de Tila y de otros municipios vecinos, para destruirnos, haciendo formar una organización Desarrollo Paz y Justicia, haciendo pasar como una Asociación Civil para gestionar proyectos para el pueblo, pero todo el dinero que se les daba por parte del gobierno era para compra más armamentos, como resultado de esta Asociación Civil fue el grupo paramilitar.
Llevamos 28 años exigiendo justicia, pero el Estado mexicano se ha hecho de oídos sordos, es por eso que exigimos que se castiguen con todo el peso de la ley a los responsables autores materiales e intelectuales de todas las víctimas desaparecidas y ejecutadas de manera forzada en la zona Norte de Chiapas, ni perdón, ni olvido.
Exigimos que no se repita este tipo de este tipo de Crímenes de Lesa Humanidad y que las desapariciones y desplazamiento forzados que siguen ocurriendo en nuestro estado de Chiapas y país, no quede impune, porque actualmente sigue ocurriendo en otros municipios, como Frontera Comalapa, Pantelho, Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán.
Exigimos también la aparición de nuestras compañeras Minerva Guadalupe Pérez Torres, María Rebeca Pérez Pérez, y nuestros compañeros Juan Ramírez Torres, Encarnación Pérez Pérez, Mateo Jiménez López, entre otras personas que no están con nosotros, que no están con su comunidad, que no están con su familia.
Exigimos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita el informe de Fondo Caso 12-901 Rogelio Jiménez y otros, para dar un paso a la justicia.
Exigimos al Gobierno mexicano que se apruebe la Ley de Desplazados Internos en México y el Reglamento a la Ley del Desplazamiento Interno en Chiapas.
Por último, exigimos a las autoridades actuales que reparen los daños que dejaron y que responsabilicen a los funcionarios que actuaron en ese momento y que cometieron este Crimen de Estado.
Agradecemos a las compañeras y compañeros de diversas organizaciones que nos han acompañado. Agradecemos al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y al Servicio Internacional Para la Paz por estar siempre con nosotros y nos solidarizamos en la lucha de todos y todas las colectivas, activistas de familiares de desaparecidas en México y el Mundo.
¡Sin Justicia no hay Paz¡
¡Ni Perdón Ni Olvido¡
¡Alto a las persecución y violaciones a los Derechos Humanos¡
¡Castigos a los Responsables de Crímenes de Lesa Humanidad¡
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González, quien fue detenida en el operativo de la Fiscalía de Asuntos Internos, ahora es señalada del delito de abuso de autoridad, por haber investigado el caso contra la magistrada Blanca Stalling. La abogada está a cargo de la defensa de al menos nueve abogadas y abogados, que trabajaron en casos de corrupción de alto perfil por varios años, seis de ellos son exfiscales del MP y tres de ellos exmandatarios judiciales de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El Ministerio Público (MP) continúa sumando acciones contra operadores de justicia que encabezaron las investigaciones contra la corrupción en Guatemala. Esta vez, dirigió una nueva pesquisa contra la abogada Claudia González, quien seguía en el país representando legalmente jueces, fiscales, periodistas y activistas que están siendo perseguidos por el ente investigador.
González, quien fue detenida en el operativo de la Fiscalía de Asuntos Internos, ahora es señalada del delito de abuso de autoridad, por haber investigado el caso contra la magistrada Blanca Stalling, quien fue señalada de tráfico de influencias, pero beneficiada por el sistema de justicia.
Pese a los riesgos, González estuvo al frente de la defensa de varios operadores de justicia, como los casos contra Juan Francisco Sandoval, Virginia Laparra y la abogada Leily Santizo. En abril, fue reconocida en Holanda por la organización “Abogados para abogados” (Lawyers for Laywers) con el Premio que otorga la organización a los profesionales del derecho que enfrentan un alto riesgo debido al trabajo que realizan.
A su traslado a la Torre de Tribunales, González dijo que se siente preparada para enfrentar el proceso y la acusación “totalmente falsa”. “Es usual que utilicen el sistema para mantenernos en prisión, mantenerme en carceletas y con orden de aprehensión. Esperemos que el fiscal Noé Rivera venga bien preparado con su imputación”, declaró.
Acá la declaración de la abogada a su traslado:
La exmandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) está a cargo de la defensa de al menos nueve abogadas y abogados, que trabajaron en casos de corrupción de alto perfil por varios años, seis de ellos son exfiscales del MP y tres de ellos exmandatarios judiciales de la CICIG.
Abogó por operadores de justicia
A diferencia de otros operadores de justicia, la abogada González seguía en el país y encabezaba el equipo legal que está a cargo de defender a los fiscales que han sido detenidos. Entre ellos, Paola Escobar, Allis Morán, Carlos Videz, Juan Francisco Sandoval, Virginia Laparra, entre otros fiscales que dirigieron casos de alto impacto.
Como mandataria de la CICIG, también investigó casos que alcanzaron a altos funcionarios del Estado, narcotraficantes y empresarios. Uno de ellos fue el de Blanca Stalling, a quien acusó de tráfico de influencias tras la denuncia del juez Carlos Ruano.
A raíz de esos expedientes y, que seguía defendiendo a sus colegas, González estuvo denunciando acoso e intimidación en las redes sociales por parte de cuentas anónimas y dirigidas por los mismos señalados de corrupción.
El caso en el que más se le observó fue el relacionado con Virginia Laparra, quien lleva más de un año en prisión preventiva por dos casos. La exmandataria de CICIG recientemente logró que a Laparra le otorgaran una medida sustitutiva por uno de los casos.
En una entrevista con Prensa Comunitaria de abril, la abogada aseguró que el peligro de que fuera captura era latente. “Hay un caso en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en el que me denunciaron y no me han permitido tener el acceso a esa investigación, sí es latente el peligro en el cual me encuentro por el trabajo que desarrollo”, expresó.
Claudia González acompañando a su colega la exfiscal Virginia Laparra. Foto Juan Rosales.
Obtuvo reconocimiento internacional
El pasado 11 de mayo, Abogados para abogados” (Lawyers for Laywers), entregó un reconocimiento a la abogada González, por el trabajo de alto riesgo que continuaba realizando en el país.
“Este premio reconoce la situación de riesgo a la que se enfrentan muchos operadores de justicia, entre ellos las abogadas y abogados”, dijo Claudia González, defensora de varias operadoras de justicia que han sido criminalizadas por el Estado de Guatemala, entre ellas Virginia Laparra y Leily Santizo. El premio fue entregado en Holanda, el 11 de mayo.
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Por: La Zarzamora
El 15 de agosto del 2021 los talibanes se instalan en el poder, tras una negociada salida de las tropas EEUU (en su mayoría conformadas por servicios contratistas) luego de 20 años de ocupación del territorio Afgano. Desde entonces la situación para mujeres y niñas se ha agravado y vuelto insostenible ante las restricciones establecidas por la dictadura talibana, la eliminación de sus derechos fundamentales sumado a una fuerte crisis económica y alimentaria.
Durante los últimos dos años, la dictadura talibana ha negado a mujeres y niñas los derechos a la educación, al trabajo, a la circulación y reunión. Esto ha conllevado a que las mujeres sufran despidos masivos y pierdan sus puestos de trabajo, así mismo se les prohíbe trabajar para organizaciones humanitarias. El yugo talibán les ha prohibido incluso la entrada a la educación secundaria y superior¹.
La represión a la cual se enfrentan quedó retratada el pasado 20 de agosto, cuando los talibanes detuvieron a 8 mujeres asociadas al movimiento “Unión y Solidaridad de Mujeres Afganas” previo a la realización de una manifestanteación en Kabul. Las manifestantes habrían llegado al lugar, que prontamente fue rodeado por las fuerzas represivas de la misoginia talibana, quienes las retuvieron y apresaron. Hasta el momento las detenidas han sido identificadas como Hajar, Khatol, Lima, Farida Moheb, Husna, y habría 3 cuyos nombres aún no se revelan².
Este hecho sin embargo no es aislado, sino una arbitrariedad cotidiana que deben enfrentar las mujeres, niñas y adolescentes diariamente con la nefasta «policía de la moral» y la violencia patriarcal generalizada.
Las compañeras de Afganistán lograron comunicarse con La Zarzamora y nos expresan:
«En la era actual, los talibanes están tratando de destruir incluso las manifestaciones más pequeñas y básicas de la vida (por ejemplo, el acceso al derecho al trabajo y la educación y la elección de la ropa de las mujeres) y diversas atrocidades y la falta de seguridad y pobreza han aumentado el sufrimiento de nuestras masas miserables, aún las mujeres hemos mantenido viva la llama de la resistencia y la esperanza. No se dan por vencidas y están tratando de alzar la voz por todos los medios posibles y luchar contra el fascismo religioso de los talibanes, estos sirvientes del imperialismo estadounidense. Estamos orgullosas de luchar de la mano de las mujeres que luchan en todo el mundo por la justicia y la libertad, esta lucha nos da fuerza e inspiración».
Mensaje enviado a medio libre La Zarzamora.
Ante este escenario, las integrantes de RAWA (Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán), la organización política y social más antigua de mujeres afganas (1977), realizaron el siguiente comunicado:
Hace dos años, la pesadilla de la toma del poder por los talibanes envolvió a un pueblo que ha sido golpeado por la traición y el fundamentalismo durante muchas décadas. Ese día, por las manos sangrientas de Estados Unidos y el imperialismo occidental, Afganistán fue una vez más arrebatado a las sucias garras de sus sirvientes y tecnócratas yihadistas y puesto en las fauces de sus depredadores talibanes.
Estos dos años han hecho que la nación más desesperada, más desgraciada y más miserable del mundo se vea aún más desastrosamente sumergida en tragedias y sumido a nuestra patria en tiempos prehistóricos: El ataque a todas las manifestaciones de humanidad, libertad y democracia; El aterrador aumento del hambre, el desempleo y la inseguridad.
Los asesinatos y la represión planificados de minorías religiosas y nacionales para intensificar estos conflictos; secuestro, tortura, confesiones forzadas y asesinato de figuras de la oposición y manifestantes al estilo de sus amos del ISI; Consejos de guerra con sentencias de lapidación, azotes y represalias; Censura y presión sin precedentes sobre los medios de comunicación, que llevaron al cierre de la mayoría de los medios; corrupción, saqueo y saqueo hasta tal punto que la gente ahora hablaría del estado cleptocrático caído como «los buenos viejos tiempos»; cerrar las puertas de las escuelas a las niñas mayores de tercer grado y prohibir las actividades de los salones de belleza a partir de las últimas sentencias…
Y lo que han estado atravesando las mujeres de nuestro país desde los últimos dos años es una angustia de múltiples capas y muchas veces más pesada que ha hecho sus vidas más oscuras que la época medieval: cobertura obligatoria, prohibición del derecho al trabajo y a la educación, insultos atroces diarios por parte de las «autoridades de la policía de la moral», el alto número de violencia doméstica y la invulnerabilidad de sus criminales, el aumento de matrimonios de menores, suicidios y asesinatos por honor en todo el país, amenazas, presiones y violaciones de mujeres manifestantes en las cárceles, practicar torturas en sus órganos sexuales (para que no puedan documentar las huellas de la tortura a través de los medios de comunicación e instituciones internacionales) y atrocidades tipo yihadistas sobre ellos, son todos esos pasos y actos que nuestras mujeres están sufriendo hasta los huesos.
Aunque ahora incluso los niños pequeños de nuestro país han llegado a conocer ese fascismo, que en la era de la inteligencia artificial y la conquista de Marte intenta impedir que las niñas «altas» y de más de tercer grado vayan a la escuela, no durará. durante mucho tiempo, pero Estados Unidos y sus aliados todavía tienen sus sangrientas garras aferradas al suelo de Afganistán y la región, especialmente porque China y Rusia se consideran una posible amenaza.
Como podemos ver, al inyectar públicamente paquetes de 40 millones de dólares semanalmente e incontables dólares más en secreto en el cadáver podrido de su producto, se evita el colapso total de su régimen y, en nombre de un Estado «todo incluido», se lucha por formar un gobierno «que incluya a los traidores» y «que incluya a los agentes», que sería el garante de su gobierno a largo plazo, intereses estratégicos, mientras que una nueva generación de productos de la CIA se impondrá a nuestro exhausto pueblo.
Tecnócratas y autovendidos, los intelectuales yihadistas también acechan como buitres inquietos para que, a través de los hilos de sus amos, puedan regresar y derrochar en su paraíso de corrupción y fundamentalismo y con el «apoyo» de su antiguo todopoderoso y restaurar otra administración grotesca. , dominan el destino de nuestra desafortunada Afganistan.
Sin embargo, por otro lado, a pesar de soportar todos los tormentos espirituales, nuestras fuerzas y personalidades progresistas, especialmente nuestras líderes femeninas, no han perdido el arma más valiosa de un movimiento revolucionario: la ESPERANZA. Esperanza de un Afganistán libre del dominio imperialista y libre de la inmundicia del fundamentalismo.
Las masas de Afganistán, ya sea en las aldeas y montañas más remotas o en las ciudades y zonas centrales, ya han alcanzado esta conciencia política más básica de que, excepto haciendo referencia al testimonio de la historia reciente de Afganistán y a la inevitable derrota de las fuerzas reaccionarias, ningún poder podrá detener por mucho tiempo a la nación, aunque agotada y desposeída, de marchar hacia el convoy de la humanidad por mucho tiempo.
Los talibanes, como fuerza mercenaria y de poder, no tiene raíces en la sociedad y sólo busca gobernar con la fuerza de las armas y los dólares de sus propietarios extranjeros, cuya “luna de miel” pronto llegará a su fin con oleadas de resistencia y lucha. Tampoco hay que olvidar ni por un momento que la lucha contra los sanguinarios e ignorantes talibanes será incompleta, inconclusa e ineficaz sin una lucha contra los peores yihadistas gemelos y sus pseudointelectuales sin conciencia que, como indican sus gobiernos iraníes y paquistaníes, gobernantes, siempre harán sonar el tambor de los conflictos étnicos y regionales.
Talibanes quemando instrumentos y equipos musicales.
Desde los primeros días después de reinstalar en el poder a las hienas talibanes, fueron las mujeres afganas quienes se levantaron y comenzaron magníficas y valientes protestas sin temor al pavor de los talibanes, y a pesar de ser azotadas, humilladas, amenazadas y torturadas, lo hicieron. No nos quedaremos callados hasta hoy…. Más recientemente, en protesta contra la decisión de cerrar los salones de belleza, convirtieron las lágrimas en fuerza y organizaron protestas. Seguramente tales oleadas de resistencia y lucha aumentarán y enojarán día a día el espíritu de venganza de las masas.
Para liberarse de las cadenas del fundamentalismo y de cualquier tipo de fascismo y reaccionarios misóginos, no hay otra arma que la conciencia, la organización, la movilización y la lucha. Eliminando a las lobbistas de los talibanes como Madina Mahboobi, Rina Amiri, Mahbooba Saraj, Fatema Gilani, Fawzia Kofi, Habiba Sarabi y… de las filas de las mujeres y organizando formaciones antiimperialistas y antifundamentalistas, eso contiene el antídoto Después de décadas de catástrofes, debemos mantener persistentemente vivo y en expansión el rugido de la lucha antiimperialista y antifundamentalista por una sociedad independiente, democrática y secular.
La Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán (RAWA) sólo conoce una solución y esa es la que nos ha enseñado nuestra mártir Meena: ¡luchar y seguir luchando hasta el final!
¡Que rugan siempre las olas de las luchas de las mujeres por un Afganistán libre, democrático y laico!
¡Que siempre esté exaltada la gloriosa bandera de las mujeres revolucionarias de todo el mundo que son nuestra fuente de orgullo e inspiración!
Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán (RAWA)⁴
15 de agosto de 2023
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Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A la Comisión Sexta del EZLN
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Misión Civil de Observación Sexta
A los Pueblos del Mundo que resisten la hidra capitalista
A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios que
nunca fueron conquistados
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
A quienes firmaron la Declaración por la Vida
A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen…
A los medios de Comunicación y
Al pueblo en general
EL CONCEJO INDIGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA (CIPOG-EZ) y LA COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS – POLICÍA COMUNITARIA – PUEBLOS FUNDADORES (CRACPCCRAC-PC) INFORMAMOS QUE TOMAMOS LA DECISIÓN, ENCABEZAR UNA MARCHA Y BLOQUEAR LA CARRETERA CHILAPA-JOSE JOAQUIN DE HERRERA POR TIEMPO INDEFINIDO.
Hacemos un llamado urgente a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, Consejo Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, Misión Civil de Observación Sexta, Coordinadora Nacional Sexta, a la Europa Insumisa, medios libres e independientes, al pueblo de Guerrero y a todo el pueblo México a solidarizarnos a nuestra lucha, a nuestra causa nos están masacrando, desapareciendo, nos quieren exterminar por ser indígenas, nos ven como blanco fácil, para el gobierno no existimos, necesitamos de su apoyo en la máxima difusión de todo lo que está sucediendo en las comunidades de la montaña baja de Guerrero.
Solicitamos a las personas que han sido víctimas de los grupos de la delincuencia organizada con tácticas paramilitares conocidos como LOS ROJOS y LOS ARDILLOS, se sumen a nuestra justa y legal petición de EXIGIR UN ALTO A LOS ASESINATOS, DESPARICIONES, DESPLAZAMIENTO, COBRO DE PISO, QUEMA DE VEHICULOS, necesitamos organizarnos para frenar todos estos delitos cometidos en nuestra contra, ya que el gobierno municipal, estatal y federal son incapaces de dar una solución a la violencia que se vive día a día en Guerrero, ellos saben y saben bien donde se encuentra el máximo líder de LOS ARDILLOS, ya que como vimos tienen reuniones con presidentes municipales y tiene el control de toda la zona y a pesar de esto, solapan este tipo de reuniones, vivimos en el PAIS DE NO PASA NADA, TENGO OTROS DATOS, LOS GABIERNOS ANTERIORES ERAN PEORES, NO SE JUZGA A LOS DELINCUENTES, ABRAZOS NO BALAZOS.
Es por esta falta de justicia y legalidad que marcharemos e iniciaremos un bloqueo indefinido en la carretera Chilapa-José Joaquín de Herrera, para exigir la seguridad y justicia a la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, solicitamos una mesa de dialogo con un representante que en verdad tenga la capacidad de resolver la situación de violencia que está rebasando al gobierno de Guerrero, basta de simulaciones, estamos cansados de hacer denuncias que no sirven de nada, no permitiremos más asesinatos, no daremos tregua al gobierno, nos resuelven o nos quedamos plantados en la carretera.
Invitamos a los habitantes de Guerrero, padres de familia, viudas, maestros, toda persona víctima de algún delito perpetrado por grupos narco paramilitares de la zona, se sumen al bloqueo, para juntos alzar la voz y resistir, sabemos que el silencio del gobierno nos está matando, despareciendo y la única forma de ser escuchados es la organización, alto a las simulaciones del gobierno.
Exigimos las presencia de la gobernadora del Guerrero, de las fiscalía estatal, representación del gobierno federal, de la secretaria de gobernación y fiscalía general de la república, Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y todas las instituciones de gobiernos se comprometieron a resolver nuestra demanda, la gobernadora, la fiscalía, seguridad pública, el ejército, la guardia nacional y No cumplen su función, el pueblo votó por ellos y así les pagan permitiendo que nos sigan matando, desapareciendo, asesinando, taxis incendiados, personas calcinadas en Chilpancingo-Tixtla en la ruta controlada por LOS ARDILLOS y demás grupos criminales.
Exigimos el cumplimiento de nuestras demandas.
1.- Exigimos la presentación con vida de nuestros compañeros que regresaban a sus comunidades después de ausentarse por meses por necesidad de salir a trabajar por la falta de oportunidades, Marcelino Hernández tecorral de 23 años, Nicolas Rodriguez Diaz de 25 años y Ángel Villalva Salvador de 29 años.
2.- Exigimos justicia por nuestros compañeros asesinados en la ciudad de Chilapa hace tres días Esteban Xochitempa Tepesco y Juan Xochitempa
Macario.
3.- la liberación de nuestro compañero Godofredo Cortez Reyes sentenciado por un delito fabricado por la fiscalía y el Gobierno estatal.
4. Por ultimo y no menos importante, la aprehensión de Celso Ortega y desmantelamiento del grupo criminal los Ardillos.
EXIGIMOS JUSTICIA PARA NUESTROS MUERTOS, DESAPARECIDOS Y RETENIDOS INJUSTAMENTE.
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
VIVAN LOS PUEBLOS INDIGENAS
VIVA EL CONSEJO NACIONAL INDIGENA
VIVA EL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL
ATENTAMENTE
Consejo Indígena Y Popular De Gobierno Emiliano Zapata CIPOG-EZ
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria
Pueblos fundadores CRAC-PC-PF.
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En portada: Niños desgranan maíz en la comunidad q’eqchi’ de Chapin Abajo, donde monocultivos de palma aceitera despojaron de tierras a la población indígena. Foto: Santiago Navarro
La siembra del maíz es una fiesta en el territorio maya q’eqchi’, Alta Verapaz, Guatemala. La abuela de la mujer maya q’eqchi’ Paulina Margarita Caal Chocooj, del pueblo San Juan Chamelco, es la que siempre sostuvo la práctica ancestral de la familia. “Cada familia tiene su día para sembrar la tierra en el mes de mayo, nos ponemos de acuerdo, nos rotamos. Es una fiesta para el territorio q’eqchi’”, cuenta orgullosa.
Las mejores semillas de diversos colores son seleccionadas por las familias y las reservan para la siembra siguiente. “Así vamos cultivando la vida. Mi abuela nos enseñó a cuidar, a querer el sagrado maíz”, comparte Paulina para Avispa Mídia.
El maíz es la base de la alimentación de los pueblos en Guatemala. Las tortillas, el pozol, el tamal son algunos de los alimentos que se consumen diariamente. El maíz es también donde se funda la cosmovisión de estos pueblos, sus creencias y ceremonias sagradas.
El “respeto al sagrado maíz”, enseñado de generación en generación, fue y es lo que sostiene a pueblos indígenas de diferentes partes de Guatemala y esto permitió derrumbar la Ley de Protección de Obtención de Variedad, conocida como Ley Monsanto, en 2014.
“La ley fue aprobada a la espalda del pueblo, de manera oculta. Cuando ya estaba aprobada la ley, pues empiezan a organizarse las autoridades indígenas y la misma sociedad civil para conocer el contenido. Es ahí donde nos damos cuenta que pretendían la privatización de las semillas (nativas), patentar las mismas”, señala.
El contenido de dicha ley pretendía proteger la propiedad intelectual sobre vegetales a quienes los “creen”, “descubran” o modifiquen, por manipulación genética, a las especies existentes. “Eso, a largo plazo, permitía la privatización de la semilla nativa del maíz y otros cultivos, y mayor dependencia de insumos, como fertilizantes y agrotóxicos, para la agricultura”, señala Paulina, que forma parte de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG).
Los beneficiados por la ley, normalmente empresas productoras de semillas transgénicas como las transnacionales Syngenta y Bayer-Monsanto, obtendrían derechos de propiedad y usos de tales variedades, plantas o semillas. También permitía la siembra, transporte y experimentos con semillas transgénicas.
Trataron también de criminalizar a quienes reprodujeran, sin autorización, el material de variedad protegida con multa y prisión de uno a cuatro años. “Esta ley buscaba dar derechos y privilegios a las empresas por encima de los derechos de los campesinos y de los pueblos, por eso nos movilizamos para derrumbarla”, agrega la mujer maya q’eqchi’.
Ahora, sin aviso o consulta a los pueblos, el gobierno de Guatemala anunció en sus canales de redes sociales que representantes del sector público y privado, vinculados al sector agrícola, se reunieron en la comisión de Agricultura y Pesca del Congreso de la República, para “afinar detalles” de la iniciativa de la nueva Ley para la Protección de Obtención de Vegetales.
El ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Edgar De León, el promotor del proyecto de ley, resaltó que “el objetivo es regular los procedimientos para la obtención de nuevas variedades y cumplir con normativas internacionales”.
La principal normativa internacional que Guatemala tiene que cumplir es el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, en materia de propiedad intelectual, establecido en 2005.
Los países miembros se deben adherir al Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), una organización intergubernamental con sede en Suiza, que promueve desde la década de 1960 la regulación del registro de plantas y semillas, y que se impone principalmente por medio de los tratados internacionales de comercio.
Para organizaciones como la Vía Campesina, GRAIN, Grupo ETC y Amigos de la Tierra Internacional, la UPOV trabaja exclusiva y explícitamente por la privatización de las semillas en todo el mundo, imponiendo estos derechos de propiedad intelectual sobre las variedades vegetales y monopolizando las mismas por parte de las corporaciones.
Dueños de las semillas
Mediante el UPOV un pequeño grupo de grandes productores a nivel internacional —mayormente corporaciones— “se adjudicó a sí mismo la prerrogativa de facilitar la apropiación de las semillas, excluyendo la posibilidad de que el resto de personas y comunidades las utilizaran libremente, pese a que su vida está entretejida en la agricultura y son quienes las domesticaron y las legaron a la humanidad”, sostienen las organizaciones en la publicación “UPOV: el gran robo de las semillas. Por eso debemos defenderlas”.
Uno de los problemas apuntados por las organizaciones es que la UPOV exige y promueve uniformidad en las semillas y, por lo tanto, en el suministro de alimentos, permitiendo así que un pequeño grupo de productores internacionales, especialmente empresas transnacionales, mantengan la prerrogativa de facilitar la apropiación y el control de las semillas, sin tener en cuenta que muchos pueblos y comunidades tienen relaciones socioculturales históricas con las semillas. “Esto sirve al sistema agroalimentario industrial, que alimenta al 30% de la humanidad. Pero promueve erosión genética, vulnerabilidad económica y la pérdida de autonomía de la gente campesina, agricultoras y agricultores que alimentan al 70% del mundo en estos momentos”, señalan las organizaciones en el documento.
Si los países que hacen parte del Tratado de Libre Comercio no se adhieren al Convenio de la UPOV están sujetos a sanciones por parte de otros países miembros del acuerdo, como es el caso de México que ha trabado una disputa contra Estados Unidos y Canadá porque quieren obligarlo a permitir la siembra de maíz transgénico en su territorio.
Hoy la UPOV posee 78 miembros, incluyendo la Unión Europea.
Guatemala todavía no logró adherirse al Convenio de la UPOV. Desde 2006 inició el procedimiento para hacer parte. Para eso, el país necesita aprobar una ley de protección de obtención de variedades que esté de acuerdo con las líneas del convenio. La organización incluso ofrece modelos de proyectos de ley para que sean copiados por los países.
Y mas, la UPOV debe analizar y aprobar el proyecto de ley que será votado por el Congreso de los países. La adhesión será aceptada “siempre que no se hayan introducido modificaciones en los proyectos de leyes durante los procedimientos parlamentarios”, dice la UPOV en sus reglamentos. Es decir, los parlamentos deben aprobar exactamente los términos dispuestos por la organización.
Otra estrategia para llevar a cabo la expansión de los transgénicos en el país fue la creación del Reglamento de Organismos Vivos Modificados, en 2018. Surge de los acuerdos de la unión aduanera entre El Salvador, Guatemala y Honduras que generó una serie de actividades en el interior del país que permite el ingreso, la experimentación, el comercio y el traslado de semillas transgénicas. “Guatemala es un país centro de origen de especies. Tenemos el privilegio de dar este aporte a la humanidad. Y estos acuerdos atentan contra nuestra biodiversidad, contra las semillas nativas y los conocimientos ancestrales de los pueblos”, enfatizó David Paredes, quien también hace parte de la REDSAG.
Las organizaciones han requerido informaciones al Ministerio de la Agricultura acerca de cómo se han realizado los protocolos para la liberación de la semilla transgénica en el país. Sin embargo, las informaciones “nos dan a medias o no nos dan”, dijo. “No hay informaciones públicas sobre qué empresas están realizando los experimentos, y tampoco dónde los están haciendo. Tampoco hay la participación de los pueblos o consultas indígenas”, señala Paredes.
Para Paulina, la desinformación generada por el Estado de Guatemala y las empresas “atentan contra nuestra libertad de poder decidir cómo queremos alimentarnos, con qué queremos alimentarnos. Porque los pueblos hemos tenido nuestros propios sistemas de alimentación”.
Libre circulación de las semillas
Organizaciones como GRAIN, Colectivo Semillas y la Alianza Biodiversidad, en su publicación “UPOV: el gran robo de las semillas. Por eso debemos defenderlas”, sostienen que “proteger las semillas y brindar acceso a ellas es un entendimiento fundamental de la gente más allá de culturas, ideologías, religiones y visiones de mundo”.
Recuerdan que la noción de que la semilla debe circular libremente es tan profunda que todos los sistemas nacionales de semillas vigentes hasta 1960 se construyeron con la premisa de que las semillas almacenadas estaban a disposición de quien las pidiese.
“Libre acceso y libre custodia, uso e intercambio de las semillas se hicieron así pilares centrales de las identidades culturales, de la expansión de la agricultura en el mundo y de la capacidad de los pueblos para garantizar su alimentación, su medicina, su vestimenta y su vivienda”, sostienen.
Siguiendo la lógica de la libre circulación de las semillas, en mayo de 2002 se presentó al Congreso de Guatemala lo que se llamó la Ley de Biodiversidad y Conocimientos Ancestrales, una iniciativa construida por autoridades indígenas de todo el territorio guatemalteco y que se basa en principios fundamentales de la vivencia de los pueblos, desde el respeto a la vida y desde la cosmovisión maya.
La propuesta debe todavía ser reconocida por el Pleno del Congreso para que empiece a tramitar en sus comisiones.
