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Pronunciamiento conjunto frente a las declaraciones de las autoridades en el desalojo de guatemaltecos en Tenosique, Tabasco
Tenosique, Tabasco, a 10 de enero de 2012
Frente a lo anunciado y divulgado a través de los medios de comunicación por parte del gobierno federal sobre la situación de desalojo de la comunidad de Nueva Esperanza de Petén, Guatemala, desplazada con violencia y asentada en la línea fronteriza con México desde el pasado 23 de agosto de 2011, y luego de que el Centro de Derechos Humanos Usumacinta, A.C. (CDHU) recabó distintos testimonios, las organizaciones abajo firmantes manifestamos lo siguiente:
Son falsas las declaraciones del Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) Salvador Beltrán del Río, en el sentido de que las 71 personas trasladadas a la Estación Migratoria de Tapachula, Chiapas fueron aseguradas de manera voluntaria y con estricto apego al respeto a los derechos humanos.
El dicho de las y los guatemaltecos desplazados de manera forzada es que personal del INM y de instancias de seguridad federal y estatal intentaron persuadir a la comunidad de subir a los autobuses; sin embargo, cuando la gente se resistió, personal gubernamental utilizó la fuerza contra algunos de ellos.
Debido a que varias personas huyeron hacia su país, las autoridades comenzaron a detener a las niñas y los niños, obligando con esto a los papás a abordar los autobuses, lo cual constituye un trato cruel e inhumano.
Es sumamente grave que en estos hechos no se preservara la unidad familiar, pues entre quienes no pudieron desalojar se encuentran menores de edad cuyos padres y madres fueron trasladadas a la Estación Migratoria.
Por otra parte, cabe señalar que el gobierno federal actuó en contra de su propio dicho, pues días antes había comenzado un proceso de regularización temporal para la mayoría de los hombres de la comunidad desplazada, con el fin de que tuvieran permiso para trabajar en el país.
El día 4 de enero, organizaciones de derechos humanos se habían reunido con autoridades de la Secretaría de Gobernación, el INM, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y la Procuraduría General de la República (PGR), quienes ofrecieron sin condicionamientos seguir proporcionando apoyo humanitario. Asimismo, es de notar el uso faccioso del sistema penal para criminalizar a los defensores de derechos humanos. El mismo día del desalojo, dos representantes de la comunidad de desplazados que se trasladaban con Fray Tomás González, colaborador del CDHU, fueron detenidos por la Policía Federal y trasladados a las instalaciones locales de la PGR, donde se les hizo saber que estaban detenidos por ser acusados del delito de tráfico de personas y que Fray Tomás también estaba acusado. Esta denuncia penal tiene el número AP/OGCAPZNO/XIV/042012. Cabe señalar que, según testimonio de uno de los detenidos y después liberados, la persona que les tomó su declaración les hizo muchas preguntas acerca de la identidad y la labor de Fray Tomás.
Ante estos hechos, las organizaciones firmantes:
– Deploramos el desalojo forzado en contra de la comunidad Nueva Esperanza y lamentamos el uso de la fuerza como estrategia de contención de las víctimas más vulnerables
– Exigimos detener el proceso de deportación, por medio del cual el que el gobierno mexicano está poniendo en riesgo la integridad de las y los desplazados, quienes no gozan de plenas garantías de seguridad para reingresar a su país
-Condenamos cualquier acto de criminalización contra Fray Tomás González y las y los colaboradores del CDHU. En este sentido, exigimos que el Estado mexicano les garantice en todo momento su derecho a la integridad y a la seguridad personal
Atentamente,
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh)
Equipo Indignación Yucatán R
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos
Centro de Derechos Humanos Usumacinta, A.C.
Movimiento Migrante Mesoamericano
