Brasil y los Estados Unidos (EEUU) estrecharon y reafirmaron sus acuerdos militares a finales del año 2021 con un ejercicio conjunto, realizado en el estado de Sao Paulo desde el 6 de diciembre. De la misma manera, en los primeros días del año 2022, EEUU realizó diversas acciones en Centroamérica con su vieja estrategia de “ayuda humanitaria” en contextos de “crisis naturales”.

El ejercicio militar, ejecutado junto a las fuerzas armadas de Brasil en diciembre del 2021, es llamado “Southern Vanguard 22”. Este ejercicio fue dirigido y patrocinado por el Comando Sur de EEUU, una unidad compuesta por más de 1,200 militares y civiles encargada de las operaciones militares estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe. Es uno de los diez comandos de combate unificado pertenecientes al Departamento de Defensa de los EEUU.

El ejercicio tuvo un alcance a nivel operativo y táctico diseñado para aumentar la interoperabilidad entre el país norteamericano y las fuerzas armadas del cono sur. “Nuestro objetivo es continuar este ejercicio al menos hasta el año 2028”, dijo el General William Thigpen, comandante general del Ejército Sur.

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El general destacó la relevancia del ejercicio, sobre todo, “es importante que ejecutemos esta misión porque en caso de una crisis humanitaria o un desastre natural, ya tendremos la experiencia de trabajar junto a las fuerzas brasileñas, y tenemos esa confianza y respeto establecidos”.

Aunque esta no es la única acción que ha realizado el Comando Sur en Sudamérica. Uno de los ejercicios más controvertidos fue realizado en septiembre del 2020, en plena pandemia de la Covid-19, EEUU y las fuerzas armadas de Brasil, realizaron un simulacro de guerra en la frontera con Venezuela. También sirvió para probar su artillería, con los proyectiles conocidos como ASTROS 2020, con el cual se han creado un conjunto de cohetes: SS80, SS60, SS40 y SS30.

Para el ejercicio “Southern Vanguard 22”, que duró 10 días, participaron más de de mil militares, incluidas las fuerzas del 5.º Batallón de la 12.ª Brigada de Infantería de Brasil; militares del Comando Sur; y la 101 División Aerotransportada (Asalto Aéreo) para realizar entrenamiento táctico conjunto.

En los ejercicios del “Southern Vanguard 22”, también participan países socios de Centroamérica y Sudamérica. La primera ejecución de “Southern Vanguard” tuvo lugar en Chile, en agosto de 2021.

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Los EEUU remarcan las relaciones que tiene con Brasil, sobre todo, desde la 2ª Guerra Mundial, una relación que se reafirma con el ejercicio “Southern Vanguard 22”.

“Este ejercicio se ha estado gestando desde octubre de 2020, y solo podría suceder con la planificación del personal combinado del Ejército Sur y nuestros homólogos brasileños”, dijo el mayor Milton Maddox, oficial principal de planificación del Ejercicio Southern Vanguard 22 del Comando Sur.

Los altos mando del Comando Sur sostienen que con estos ejercicios se “fortalecen la seguridad regional porque nuestras fuerzas aprenden a operar como una sola”.

Nuevo año 2022

El Comando Sur y su extensión establecida en Honduras, llamado Fuerza de Tarea Conjunta Bravo (FTC-Bravo), también se encuentran realizando un conjunto de ejercicio de “respuesta a desastres naturales” en Belice del 7 al 21 de enero.

JTF-Bravo, es una unidad del Comando Sur establecida en la base en la Base Aérea Soto Cano, Honduras. Desde este complejo han desplegado diversas acciones en América Latina y en contextos de guerra como las de Afganistán e Irak.

En ejercicio para “asistencia humanitaria” y el socorro en casos de desastre, realizado en Belice, se impartió capacitación para el uso de helicópteros CH-47 y UH-60, con el objetivo de “responder rápidamente con sus capacidades únicas de transporte aéreo y para salvar vidas y mitigar el sufrimiento inmediatamente después de los desastres naturales”, destacan los mando del Comando Sur. Desde que se declaró oficialmente la pandemia de la Covid-19, EEUU no ha distribuido vacunas para el coronavirus.

En estos ejercicios se impartió la capacitación para la supervivencia en la selva, “un ejercicio de asistencia humanitaria y de socorro en caso de desastres, diseñado para poner a prueba la capacidad de la FTC-Bravo de brindar asistencia a sus socios centroamericanos y validar sus capacidades”, afirma el Comando Sur.

Estrategia del Teatro es llamada la ruta que sigue los Estados Unidos en Latinoamérica, una estrategia lanzada en 2017 y proyectada hasta 2027. “Este plan es nuestro modelo para defender las vías de acceso del sur del continente americano hacia su interior y promueve la seguridad regional mediante la degradación de las amenazas por parte de las redes ilícitas transregionales y transnacionales (T3Ns, por sus siglas en ingles), respuesta rápida a cualquier tipo de crisis (desastre natural o humano) y creando relaciones para enfrentar desafíos globales”, señala el documento de la estrategia que en su momento fue presentado por el ex comandante, Kurt Walter Tidd.

Esta es la misma estrategia que sigue actualmente la comandante Laura Richardson, quien asumió el mando del Comando Sur a finales del año 2021. Bajo esta estrategia, también, en Guatemala, el pasado 11 de diciembre de 2021 la FTC- Bravo, desplegó aproximadamente 30 miembros para brindar atención médica y veterinaria a las poblaciones guatemaltecas.

El martes (4), el periódico El Sol de México publicó en su página de internet una foto del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con tres líderes del crimen organizado en ese estado.

En el contenido de la nota se señala que miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala  (FPDTA-MPT) habían declarado bajo anonimato que hubo una reunión, en enero de 2019, entre Blanco, Hugo Erik Flores, delegado federal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y líderes del narco en la cual “se concluyó pedirle a Homero Figueroa ‘aplacar’ al líder de la resistencia contra la construcción de la termoeléctrica de La Huexca, Samir Flores”, dice la nota.

Un mes después, Samir Flores, miembro del FPDTA-MPT, fue asesinado.

En un comunicado publicado el miércoles (5), el FPDTA-MPT, por un lado, se deslinda de la declaración, “exigiendo al medio de comunicación no adjudicar información veraz o falsa a la organización cuando la misma no la declaró”.

Por otro, el Frente Popular declara que ve como “desfachatez y sin vergüenza que el asesinato de nuestro hermano Samir Flores recorre notas y narcomantas que denuncian la complicidad del gobernador de Morelos y Hugo Erik Flores con el crimen organizado para ‘quitarlo del camino’”.

Un día después de la publicación de la nota por El Sol de México, el miércoles (5), apareció una narcomanta en Oaxtepec donde amenazan a Cuauhtémoc Blanco y Hugo Erik Flores, diciendo que “‘soltarán los datos exactos de la muerte de Samir’” y de los favores que pidieron antes de la llegada de AMLO (Obrador) a Morelos”.

“La llegada de AMLO a Morelos” se refiere a un evento oficial realizado en el Estado, el 1 de octubre de 2021, en el cual el Obrador anunció que “ya va a operar a toda su capacidad esa planta”, refiriéndose a la operación de la termoeléctrica de Huexca, a la cual Flores se opuso en vida.

Un día antes de la visita, el Fiscal General del mismo estado, Uriel Carmona, informó sobre la detención del conocido como “Tamalaco” ocurrida en la ciudad de Cuautla, por su presunta responsabilidad en el asesinato de Samir Flores.

En aquel momento los miembros del Frente de Pueblos manifestaron que la acción representaba un montaje y oportunismo, al mismo momento en que el gobierno federal anunció la operación de la termoeléctrica de Huexca.

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El FPDTA sostuvo que las investigaciones que condujeron a la captura del presunto responsable databan de abril del año 2019 cuando la Fiscalía habría identificado a los probables responsables del homicidio de Flores sin realizar su detención, por lo cual la organización cuestionó el hecho de que las autoridades demoraran más de dos años en emitir las órdenes de aprehensión.

Para el FPDTA esta actitud además demostraba la protección de las autoridades hacia  los homicidas. Así lo indicó uno de sus integrantes, Juan Carlos Flores Solís, en entrevista con medios nacionales: “Él (Fiscal) tenía a los asesinos de Samir en la cárcel. Sabía en donde estaban y ahora inventa que lo que acaba de detener, eso evidentemente es un mal actuar del fiscal, es un encubrimiento o es la fabricación de un chivo expiatorio”. Cabe destacar que el Tamalaco habría sido detenido, en septiembre del 2019, acusado de secuestro, robo y tráfico de drogas, pero fue liberado.

El abogado David Peña, integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, advirtió, en aquel momento, que el caso no se cerraba con la detención anunciada. Al contrario, la investigación continuaba para “deslindar la responsabilidad de quién o quienes ordenaron este asesinato y por qué lo hicieron en este contexto, en ese momento, justo cuando se celebraba, o se estaba convocando a una consulta para preguntarle a una parte de la población si estaban de acuerdo o no con la instalación de la termoeléctrica”.

Narcos: secretaría del Terror del Estado

En el comunicado del pasado miércoles (5), el Frente de Pueblos sostuvo que el 24 de septiembre de 2020, el gobernador Cuauhtémoc Blanco dijo en modo retador al Fiscal del Estado que él sabía quién había mandado matar a Samir, pero no lo decía por miedo. “Mientras el Fiscal del Estado está siendo investigado por vinculación con el crimen organizado a nivel federal; en Morelos, como en México, ya no se sabe si el gobierno, gobierna con el narco, o el narco gobierna al gobierno”.

El crimen organizado se ha convertido en la “Secretaría del Terror del Estado mexicano que gobierna nuestros estados e impone los megaproyectos por medio de estos crímenes. Y ahora que se dicen traicionados, comienzan al parecer, a denunciar sus sucios tratos”, evalúa el Frente de Pueblos.

El Frente de Pueblos hace un llamado. “Si queda algún grado de decencia en las instituciones de persecución judicial, deben investigar los posibles vínculos de Cuauhtémoc Blanco, Hugo Erik Flores y Uriel Carmona con el crimen organizado y el asesinato de nuestro hermano Samir Flores, deben llamarlos a declarar sobre todo lo denunciado en mantas y medios de comunicación”.

Fotos: Aldo Santiago

El pueblo Munduruku que vive en el curso medio y alto del río Tapajós, un largo y caudaloso río amazónico en Brasil, y los pueblos Kayapó y Kumaruara se reunieron entre los días 18 y 20 de diciembre de 2021, en asamblea general, para discutir la situación de la demarcación (reconocimiento legal) de sus territorios y los frenos puestos por el gobierno de Jair Bolsonaro, quien busca reactivar megaproyectos de hidrovías, ferrovías, puertos, minería y hidroeléctricas en la cuenca del Tapajós.

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Uno de estos proyectos es la hidroeléctrica São Luiz do Tapajós, que impacta directamente la Tierra Indígena Sawre Muybu, todavía en proceso de demarcación. El territorio del pueblo Munduruku está dividido administrativamente en distintas tierras indígenas, demarcadas por el Estado brasileño.

“En toda la cuenca del río existen marcas de nuestros ancestros y está llena de sitios importantes para nuestra existencia como pueblo. Sin embargo, el gobierno y las empresas no dejan de sorprendernos. Quieren destruir nuestro territorio y la vida del pueblo Munduruku”, sostienen los indígenas en una carta, resultado de la asamblea general.

Específicamente, la demarcación del territorio Sawre Muybu ya estaba a punto de seguir para su fase final, sin embargo, el presidente de la Fundación Nacional del Indio (Funai), Marcelo Augusto Xavier da Silva, quien mantiene vinculación histórica con latifundiarios, pidió una revisión echando para bajo el proceso. “Bolsonaro fue elegido con la promesa de que no demarcaría un centímetro de tierra indígena y lo está cumpliendo”, afirman en la carta.

Los indígenas denuncian que territorios que ya fueron homologados también están amenazados. El gobierno federal busca, por ejemplo, reducir parte de la Tierra Indígena Kayabi, localizada en el estado de Mato Grosso. Hubo una decisión judicial para suspender su registro en notaría pública. En esta región existen sitios sagrados localizados en el río Teles Pires  – como Karobixexe y Dekoka’a – que ya fueron destruidos por dos hidroeléctricas.

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Mientras la demarcación de la tierra indígena Sawre Ba’pim está desde hace diez años en el proceso inicial, los indígenas denuncian que los territorios demarcados Terras Munduruku y Sai Cinza continúan siendo invadidos por la extracción de minerales, que provocan la destrucción de los ríos y bosques, enfermedades y violencia.

Los indígenas, en su carta, sostienen que no van a esperar más, “ya hicimos la autodemarcación en las Tierras Indígenas Sawre Muybu y sabemos como accionar cuando el Estado no cumple su papel”.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) realizó un seguimiento sobre la violencia en Colombia en 2021, año en el que ocurrieron 92 masacres, que acabaron con la vida de 326 personas.

Durante el 1 de enero al 24 de diciembre del año pasado, Indepaz registró 168 líderes y lideresas asesinados en 25 departamentos colombianos. A su vez, también ocurrieron los homicidios de 48 firmantes del Acuerdo de Paz.

El informe Cifras de la violencia en las regiones 2021 destaca que han sido asesinados 1283 líderes y lideresas desde la firma del acuerdo de paz ocurrido en La Habana, Cuba, en el año 2016, cuando Indepaz comenzó el registro de los hechos violentos.

¿Paz?

Entre los 168 asesinatos cometidos durante 2021 contra líderes y lideresas sociales, el informe elaborado por Indepaz destaca algunos casos de quienes fueron víctimas de la violencia.

El departamento del Cauca fue el que registró el mayor número de casos y entre ellos está el de la lideresa Sandra Liliana Peña, quien era gobernadora del resguardo indígena La Laguna-Siberia SAT Tama kiwe, ubicado en el municipio de Caldono, Cauca.

Líderes campesinos, como Wilson López, quien hace 16 años había sido desplazado tras recibir amenazas de grupos paramilitares, fue asesinado en su tierra de la vereda El Congal en Samaná. Desde 2020 López había impulsado procesos de agricultura familiar, huertas caseras y unidad comunitaria para las y los habitantes de la zona.

La violencia también se dirigió contra los participantes del Paro Nacional, principalmente jóvenes como Sebastián Jacanamijoy, quien era miembro del pueblo indígena Inga y estudiante de la Universidad del Valle. Jacanamijoy realizaba labores en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas, además de desempeñar tareas como guardián y sanador de la medicina ancestral de su territorio en el departamento de Putumayo.

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Indepaz registró 79 personas asesinadas en el marco del Paro Nacional, 44 de los cuales han sido con presunta autoría de elementos de la fuerza pública. También contabilizó 4687 agresiones por parte de los funcionarios de seguridad y 1661 casos de violencia física contra las y los participantes del Paro Nacional.

Violencia contra organizaciones

Resalta también que en 2021 fueron asesinadas 26 lideresas, entre ellas mujeres que luchaban por los derechos de las víctimas del conflicto armado y en la defensa del territorio.

Entre ellas está Beatriz Cano, comunicadora social y quien se desempeñaba como locutora de la emisora comunitaria Radio Payumat de Santander de Quilichao. Ella también realizaba procesos de formación popular para miembros de la comunidad indígena Nasa.

Cabe destacar que en 91 casos los homicidios ocurrieron contra personas que desempeñaban labores en organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, ambientalistas y comunales.

Entre ellos, destacan defensores ambientales como Gonzálo Cardona Molina, quien era coordinador de la Reserva ProAves Loros Andinos; líderes afro como Edinson Valenzuela Cuama, quien trabajaba en el Consejo Comunitario de Buenaventura en el Valle del Cauca y jóvenes como Higinio Bailarín, de tan solo 23 años, perteneciente a la guardia indígena de la comunidad Embera Eyabida, en el departamento de Antioquia.

Por último, el informe también contabiliza 162 conflictos socioambientales en 2021, en los cuales están involucradas multinacionales, así como proyectos nacionales, como el caso de las empresas eólicas que afectan las comunidades Wayuú de la media y alta Guajira.

Para el informe, Indepaz utilizó fuentes institucionales como los de la Fiscalía General, el Sistema Nacional de Derechos Humanos; Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; así como fuentes comunitarias y de organizaciones nacionales y regionales.