^{En portada: Millares de abejas murieron a causa de la contamiación por químicos utilizados en monocultivos de Campeche.}

El 22 de marzo de 2023, decenas de apicultores del municipio de Hopelchén, Campeche, en la Península de Yucatán, en particular de las comunidades mayas de Oxa y Suc Tuc, denunciaron ampliamente que millones de abejas estaban moribundas o muertas en sus apiarios.

A dos meses de la contaminación, un estudio realizado en conjunto por el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Consejo Nacional de Humanidades Ciencia y Tecnología (CONAHCYT) y por el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ), publicado el 20 de mayo, revela que las abejas fueron contaminadas por fipronil. “Un insecticida altamente peligroso”, alerta el estudio, aplicado probablemente en monocultivos de la región.

La región “ha sufrido graves daños en materia de apicultura por la agroindustria, la deforestación, la contaminación del agua, cambio de uso de suelo y cultivos transgénicos”, señala en sus redes la Alianza Maya por las Abejas Kabnáalo’on.

La Península de Yucatán es la región productora de miel de abeja más importante de México y hace parte de la história de los pueblos mayas. En la época prehispánica, una de las actividades de mayor relevancia después del cultivo de la milpa maya, fue la cría de abejas nativas.

El grupo de científicos hizo un censo del cual resultan 110 apiarios afectados, en un área de 11,304 hectáreas, pertenecientes a 80 apicultoras y apicultores, con un total de 3,365 colmenas afectadas, lo que representa alrededor de 80% de las colmenas. “Este censo se sigue actualizando, pero desde ahora se puede señalar como uno de los casos más graves de intoxicación de abejas en México”, sostienen.

En términos socio-económicos, la intoxicación de abejas tiene una implicación de, al menos, 13,200 días de empleo rural perdido, y 12,990,418 pesos mexicanos de pérdidas económicas, considerando la producción de miel, la necesidad de enjambres, y el servicio de polinización, se estima en el estudio.

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El informe también alerta que existe un daño ambiental, pues además de las abejas de los apicultores, “sin ninguna duda”, fueron afectadas las abejas nativas, de las cuales la Península de Yucatán alberga al menos 233 especies. Entre estas especies figura Melipona beecheii, parte del patrimonio biocultural del pueblo Maya, bajo el nombre de Xunan Kab’.

El estudio apunta que los daños más grandes, más que económicos, son inmateriales e imposibles de cuantificar. Se trata de afectación al patrimonio biocultural que representan las abejas para la cultura maya.

“Es momento de aplicar las leyes y normas que castiguen a los responsables de estas prácticas ecocidas, así como de respetar los tratados internacionales que protegen la biodiversidad y la integridad de los habitantes de los pueblos”, señala la Alianza Maya por las Abejas Kabnáalo’on.

_{En portada: Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en EEUU (centro).}

La aceleración de las nuevas cadenas productivas en el planeta marcha viento en popa y el tablero del teatro de operaciones de la guerra comercial también. Desde la telefonía celular hasta la industria automotriz son fundamentales los semiconductores, también conocidos como circuitos integrados, chips microelectrónicos o chips informáticos, una industria donde EEUU tiene una mínima presencia, pero que ha elevado a escala de su Seguridad Nacional, incluso, invirtiendo más en el sector y buscando relocalizar los complejos productivos a regiones como México.

Según el Servicio de Investigación del Congreso de los EEUU, de 2012 a 2022, las ventas mundiales de semiconductores se duplicaron hasta alcanzar la gigantesca cantidad de 602 mil millones de dólares, aceleradas por el aumento de las redes eléctricas inteligentes, la venta de automóviles eléctricos, la digitalización y la conectividad en casi todos los sectores productivos y de servicios.

Aunque las empresas establecidas en territorio estadounidense lideran solo el diseño de los chips. Como ejemplo, en la producción global de chips lógicos -los más comercializados- EEUU solo representa el 13% de la capacidad productiva global, mientras que Taiwán abarca una producción del 35%, China produce el 23% y el resto es manufacturado por Korea del Sur y Japón.

Tras este escenario, en un informe presentado recientemente por el Servicio de Investigación del Congreso de los EEUU, se han propuesto disputar la capacidad productiva con una inyección de 50 mil millones de dólares. El 9 de agosto de 2022, a través de la Ley CHIPS (División A de P.L. 117-167), asignó 39 mil millones al Departamento de Comercio para llevar a cabo el programa CHIPS para América.

La ley también asignó 11 mil millones de dólares para programas de investigación y desarrollo destinados a mejorar la capacidad nacional de producción de semiconductores de última generación. Aunque empresas estadounidenses y extranjeras ya habían inyectado 200 mil millones de dólares en inversiones privadas, previo a esta ley, entre 2020 y 2022, para ampliar la capacidad de fabricación nacional de semiconductores, equipos y materiales en 16 estados.

La mayor parte de las inversiones fueron a parar a instalaciones de fabricación de chips lógicos y de memoria en Idaho, Ohio, Nueva York, Texas y Arizona, y buscando crear una expansión hacia México.

Sonora

La Universidad Estatal de Arizona (ASU, por sus siglas en inglés) y el gobierno de México han establecido un acuerdo para impulsar la producción de semiconductores en la franja fronteriza entre ambos países, siguiendo la Ley CHIPS para América. El acuerdo contempla formar mano de obra calificada a través de distintas universidades en conjunto con socios de la industria, esto según ASU, como parte de la “Seguridad Nacional”.

A raíz de este convenio, el pasado mes de abril, Rogelio Ramírez de la O, secretario de la Secretaría Hacienda y Crédito Público (SHCP), inauguró la Cátedra SHCP-UNAM 2023, con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además, sostuvo que este acuerdo es parte del llamado Plan Sonora, “que incluye parques solares y polos industriales basados en energías limpias y que, por la extensa frontera del Estado con Arizona, será esencial para potenciar la relocalización de empresas, sobre todo en la rama de semiconductores”.

El presidente de la ASU, Michael Crow, quien firmó el memorando de entendimiento con Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en EEUU, al sellar el convenio, destacó que no es posible que su país pueda absorber toda la fabricación de semiconductores, por ello, con la nueva ley CHIPS, se destinan 500 millones de dólares para cooperación internacional, donde figura México.

“El acuerdo con la ASU allanará el camino para que una alianza de universidades de Estados Unidos y México, además de fabricantes de microelectrónica, se centren en la formación de trabajadores y la creación de capacidad de producción en los estados fronterizos del noroeste. Este cambio reducirá la dependencia estadounidense de la fabricación asiática”, se anuncia en el portal de la universidad estadounidense.

La importancia de que México entre a la producción de Chips es para dar certeza a la Seguridad Nacional de EEUU, ya que “si se rompe esta cadena de suministro” de tajo, alertan, “se producirá una crisis económica mundial, como la que vivimos durante la pandemia, cuando China cerró casi todas las actividades económicas”, resalta el portal de ASU.

Condiciones favorables

La delegación mexicana estuvo por dos días en la universidad de Arizona donde también conocieron las instalaciones de ASU MacroTechnology Works, el embajador mexicano señaló “que México es un socio clave porque ofrece estabilidad económica, social y política, incentivos fiscales, bajos impuestos, acceso a aeropuertos internacionales y cercanía a clientes y suministros, además de ingenieros calificados y mano de obra disponible”.

Además, Moctezuma recordó que actualmente casi el 40% de las plantas de semiconductores de Estados Unidos están en sitios fronterizos y que Intel y Texas Instruments ya mantienen instalaciones en México.

Por otro lado, la Secretaría de Economía de México ha posicionado la relocalización de la industria de los semiconductores en territorio mexicano como “estratégica” ya que también es una rama de la industria que esta contemplada para ser instalados en el Corredor Interoceánico. Así lo dio a conocer la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, al anunciar las bases para que el sector privado pueda concurrir a la licitación de seis de diez polos de desarrollo en esta región sur de México.

Buenrostro enfatizó que los llamados polos de desarrollo estarán reservados a once vocaciones productivas: Eléctrica y electrónica; Semiconductores; Automotriz (electromovilidad, autopartes y equipo de transporte); Dispositivos médicos; Farmacéutica; Agroindustria; Equipo de generación y distribución de energía eléctrica (energías limpias); Maquinaria y equipo; Tecnologías de la Información y la Comunicación; Metales y; Petroquímica.

Las facilidades que se ofrecen a los inversionistas giran en torno a los incentivos fiscales, como exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en transacciones al interior de los polos y entre estos durante los primeros cuatro años. Destaca la exención al 100% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante los primeros tres años, con posibilidad de extenderse por tres años adicionales con una reducción de hasta el 90%, en función de variables como número de puestos de trabajo creados.

Los seis polos hacia donde se expandirá la relocalización de la industria de los semiconductores son, del lado de Veracruz, Coatzacoalcos I (257 hectáreas), Coatzacoalcos II (131 ha), Texistepec (462 ha) y San Juan Evangelista (360 ha). Los polos ubicados en Oaxaca que forman parte de esta primera licitación son Salina Cruz (82 ha) y San Blas Atempa (331 ha).

Fuente: Avispa Midia

^{En portada: Cristian Chávez González, ingeniero miembro de la comisión de coordinación y seguimiento del Congreso Nacional Indígena es uno de los defensores atacados este viernes en la costa oaxaqueña.}

Dos personas desaparecidas es el saldo de un ataque armado registrado la tarde del viernes (12) contra pobladores de San Lucas Atoyaquillo, municipio de Santiago Ixtayutla, en el occidente de la costa oaxaqueña.

De acuerdo a una acción urgente de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), los responsables son personas armadas de Santa Cruz Zenzontepec, quienes atacaron a defensores de la tierra y el territorio mientras realizaban trabajos para un peritaje técnico agrario.

A su vez, el Congreso Nacional Indígena (CNI) señala que el problema deriva de un conflicto de límites entre el municipio de Santa Cruz Zenzontepec y el ejido de San Lucas Atoyaquillo, mismo que hasta la fecha se encuentra irresuelto. Ante ello, los integrantes del ejido de San Lucas Atoyaquillo realizaron trabajos técnicos “en la idea de resolver dicho conflicto, acompañados por el ingeniero y compañero Cristian Chávez González, quien además es miembro de la comisión de coordinación y seguimiento del Congreso Nacional Indígena. Denunciamos que estando realizando dichos trabajos de forma pacífica, dio inicio la violenta agresión antes referida”, denuncia mediante comunicado.

Según el CNI, se reporta la desaparición de dos personas, Erineo Sánchez Ruíz e Isaak Juárez y de igual forma se constata que un policía municipal de Santiago Itayutla resultó herido.

Por su parte, la Red TDT señala que “se documentaron detonaciones de armas de grueso calibre accionadas por un grupo armado de Santa Cruz Zenzontepec que fue acompañado por policías municipales; las personas defensoras de San Lucas lograron resguardarse en el paraje de Corral de Piedra, sin embargo hasta la madrugada de este 13 de mayo los disparos no cesan en el poblado”, citan mediante una acción urgente.

La red denuncia que aún este sábado (13), la situación de violencia en la región mantiene en riesgo la vida e integridad de los habitantes y del defensor Cristian Chávez González, también integrante de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas A.C (AJAGI) y de la misma red.

“Por información que recibimos, se documentó que en tiempo y forma la policía Estatal de Oaxaca y la Guardia Nacional fueron notificadas sobre los trabajos técnicos que se llevarían a cabo, sin embargo no hubo respuesta y tampoco han intervenido para garantizar la seguridad de los pobladores en la región”, denuncia la Red TDT.

Según la red de organizaciones de derechos humanos existen antecedentes de agresiones armadas en dicha región. Señalan que, desde mayo del 2012 habitantes de la comunidad de San Lucas Atoyaquillo enviaron un oficio dirigido al Presidente de la República denunciando hechos de violencia ocurridos en ese entonces en el que se registraron disparos que pusieron en riesgo la vida e integridad de los pobladores.