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Avispa Midia

México: paraíso industrial de otros, infierno ecológico de su gente

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Por Vanessa Garcìa Navarro

En portada: Presentación de los impactos socioambientales en la Cuenca del Atoyac-Zahuapan por el Padre Rubén García Muñoz (diciembre de 2019). Falleció en diciembre de 2020 por problemas renales. Foto: Martín Álvarez Mullally / OPSur

El discurso de “atraer inversiones para generar más empleos, disminuir la pobreza y alcanzar el desarrollo” se ha ido difundiendo y fortaleciendo en las últimas tres décadas en México, sobre todo después de la creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el Acuerdo entre la Unión Europea y México (TLCUEM), los cuales representan una invitación para explotar al país.

Según indica el informe de la Caravana sobre los impactos sociales y ambientales de las empresas transnacionales y el libre comercio en México -iniciativa nacida de organizaciones sociales mexicanas relacionadas a la Asamblea Nacional de Afectadas/os Ambientales de México (ANAA) y el Transnational Institute- el territorio mexicano es para múltiples empresas trasnacionales un paraíso industrial, mientras que para sus propios habitantes se está convirtiendo en un infierno ambiental.

Es un hecho que la industrialización – sobre todo, aquella mal regulada – produce contaminación (del suelo, el aire y el agua), genera desechos tóxicos, ocasiona enfermedades y muerte; además del despojo de miles de personas que son forzadas a desplazarse para abrir cancha a las empresas, muchas veces privadas y extranjeras. No obstante, estas problemáticas mayúsculas no se visibilizan y, peor aún, se les niega el estatus de emergencia sanitaria y ambiental pese a ser evidente la situación.

La Caravana sobre los impactos sociales y ambientales de las empresas transnacionales y el libre comercio en México realizó una investigación enfocada en seis puntos alrededor del país, en la cual desmenuzó información vital para la comprensión del problema: las industrias establecidas, los estragos ocasionados al medio ambiente y las consecuencias en la salud de los pobladores de aquellas zonas.

Zonas estudiadas

Cuenca del río Santiago (Guadalajara)

Aquí yacen dos de los corredores industriales más grandes del país: Toluca-Lerma (con más de mil empresas orientadas a la manufactura) y Ocotlán-El Salto (con aproximadamente 700 empresas orientadas a la rama metalúrgica, metalmecánica, química y farmacéutica, automotriz, eléctrica y de alimentos y bebidas.

Según datos recabados en seis poblaciones cercanas al rio Santiago, más de medio millón de personas se encuentran expuestas a la contaminación ambiental, es decir, la tercera parte de los que habitan al margen del lago Chapala y del río Santiago.

Estudios demuestran que el 40% de las infancias de Juanacatlán contenían arsénico en el cuerpo, mientras que el 93% albergaban plomo. En la ciudad de El Salto 98% de las infancias guardaban cadmio en sus cuerpos.

Cuenca de la Independencia (Guanajuato)

La industria predominante es la agroalimentaria. El mercado estadounidense es el mayor beneficiario de la excesiva explotación acuífera de la zona. Medio millón de personas son afectadas por los malos manejos de desechos que producen que el agua extraída contenga fluoruro, arsénico, sodio, magnesio y otros minerales dañinos para la salud humana. La población tiene tendencia a presentar enfermedades renales crónicas (ERC), requerir de trasplantes renales y fluorosis dental.

Cuenca del río Tula en el Sur del Valle del Mezquital (Hidalgo y Norte de la Ciudad de México)

Visita de la Caravana #ToxiTourMexico a las megainfraestructuras energéticas en el Valle del Mezquital. Foto: Martín Álvarez Mullally, OPSur

La industria cementera, extractivas y refinerías son la predominantes, dejando tras de sí aguas industriales residuales que son desechadas en el río Salado y el río Tula. Lamentablemente, el ciclo de aquel líquido no termina en los ríos, puesto que es reutilizado para la agricultura.

Hay un millón de afectados, quienes reportan cáncer que ha atacado diversos órganos, malformaciones congénitas, enfermedades respiratorias e insuficiencia renal entre otras enfermedades.

Igualmente, hay ocho cementeras que incumplen la normativa ambiental y suman estragos en la zona.

Cuenta del Atoyac-Zahuapan (Puebla)

Operan 20,400 empresas entre las cuales destacan las del ramo petroquímico y manufacturero. Entre los años del 2002 al 2016, por la inadecuada recolección de residuos sólidos y sus constantes descargas de aguas residuales industriales, así como del propio municipio, se han ocasionado 906 abortos espontáneos, 26,477 muertes por cáncer y 4,379 decesos por insuficiencia renal. Del 2015 al 2019, en promedio, cada dos hora y media moría una persona por neoplastias relacionadas a órganos genitales femeninos o cánceres relacionados a la sangre.

Recepción de la Caravana #ToxiTourMexico por las organizaciones de afectadas/os en Puebla, diciembre de 2019. Foto: Martín Álvarez Mullally, OPSur

Cuenca Libres-Oriental (Puebla)

Los megaproyectos enfocados a las plantas eólicas y minas son el mal que aqueja la zona, ya que, no conformes con haber acaparado las tierras, desplazando a las comunidades originarias de las zonas, también sobreexplotan los mantos acuíferos y posteriormente descargan sus desechos en el río Atoyac. El agua contaminada se usa posteriormente para la cuestión agrícola.

También están presentes las megragranjas porcícolas pertenecen a la empresa estadounidense “Granjas Carroll” y algunos invernaderos que suelen utilizar cañones antigranizo para proteger su propia producción a expensas de privar de agua a los cultivos de campesinos locales.

Istmo de Tehuantepec Norte (Veracruz)

El Corredor Industrial- Uxpanapa, que resulta ser uno de los más antiguos e importantes de Latinoamérica se encuentra en Coatzacoalcos. Predomina la industria petroquímica y química que viene ligada con la contaminación del agua y en consecuencia a daños a la salud de la población.

Los países europeos que han implantado sus industrias en México y han causado los efectos negativos en la salud de la población y el medio ambiente anteriormente expuestos son Alemania, Bélgica, Países Bajos, Estado Español, Reino Unidos, Suiza, Francia. Las actividades que desempeñan van desde la fabricación de fórmula infantil, piezas automotrices, tequila, productos químicos y generadores eléctricos entre otros.

Entre las empresas destacables por el daño que causan a la población mexicana y su medio ambiente están: Syngenta (comercializadora de plaguicidas de alto riesgo) y Nestlé (que se dedica a la producción de comida para bebés, para mascotas, medicina, sopas, cereales, salsas, dulces, agua embotellada y café), Lafarge Holcim (productora de cemento), Bayer (que es una productora farmacéutica e igualmente productora de pesticidas y semillas transgénicas), BASF (empresa de química y agrícola), Iberdrola (propia del sector energético) y la Volkswagen (gigante automotriz).

La Caravana sobre los impactos sociales y ambientales de las empresas transnacionales y el libre comercio en México demuestra con su estudio que atraer y retener a la industria sin prevenir ni atender las emergencias sanitarias y ambientales es un error garrafal en el cual los tres niveles (municipal, estatal y federal) del gobierno mexicano deberían intervenir de manera oportuna y responsable. Lamentablemente, las denuncias hechas en la investigación fueron lograda gracias a la organización de las propias comunidades afectadas, tristemente no por que el gobierno tomara cartas en el asunto. El único recurso ahora es difundir esta información, ejercer presión sobre el gobierno y exigir que se desarrollen y se hagan cumplir programas y protocolos adecuados para el manejo de esta crisis que ya esta presente dejando tras de si muerte y enfermedad para el planeta y su gente.

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Alianza Anticolonial de Berlín (ACAB), la Iniciativa Conförderalismo Democrático (IDK) y la red Ya-Basta

(Español) Convocatoria /Aufruf/ Call for Action – 30.10.2021, 10h (Mexiko), 16h (Central-Europe). Dia de acción global contra el ecocidio y desplazamiento: NO al Tren «Maya» y al tren colonial de la Deutsche Bahn

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El grupo de investigación del red de rebellion, la Alianza Anticolonial de Berlín (ACAB),
la Iniciativa Conförderalismo Democrático (IDK) y el red Ya-Basta llaman a participar
en la jornada de acción contra la empresa DB y el Tren «Maya».

Toda la historia de Deutsche Bahn (DB) está marcada por el beneficio a través de la guerra y la explotación.

El Reichsbahn proporcionó la infraestructura para el Holocausto. DB Schenker transportó más tarde para el fascista Franco en España. En la actualidad, la filial de DB está presente en 140 países, como Qatar y Turquía, y es responsable del transporte de armamento en todo el mundo. En Alemania, el «protector climático más rápido de Alemania» utiliza electricidad del asesino climático Datteln IV, donde se quema «carbón de sangre» procedente de Colombia o Rusia, mientras se desplaza a la población local (indígena) y se asesina a les activistas*.

Otro proyecto de guerra beneficia a DB Consulting and Engineering, que obtuvo un contrato multimillonario para participar en el cínicamente llamado «Tren Maya» en el sur de México. El proyecto de infraestructura de 1.500 km en la Península de Yucatán está destruyendo una de las últimas grandes selvas tropicales del continente y amenaza, entre otras cosas, 23 reservas naturales! El gobierno está expropiando, desplazando y criminalizando a les habitantes de la región. Está violando un acuerdo de la ONU que garantiza a la población indígena el derecho de consulta sobre el proyecto. Y al final, es sobre todo un proyecto del ejército mexicano que construye, gestiona y se beneficia de los beneficios del «Tren Maya», que no es ni tren ni maya.

El megaproyecto debe verse en el contexto de otros proyectos en la región, que en conjunto forman una barrera migratoria para las personas que huyen de Centroamérica. La cínica apropiación del nombre «maya» resume la brutalidad del proyecto: «maya» queda como una atracción turística y una cadena de restaurantes, mientras que la verdadera historia, la cultura, el modo de vida y (sobre todo) los propios pueblos mayas son víctimas de la codicia de dinero de las élites corruptas y de la empresas privadas mundiales. Por lo tanto, sólo es un signo de sentido de la tradición cuando Deutsche Bahn está en primera línea, pero calla sobre su participación, como muchas otras empresas de Europa (Renfe, Alstom…).

No se trata – nunca y tampoco el 30.10. – «sólo» de estas pocas empresas o del único Tren «Maya», del que hay miles. Se trata del sistema de capitalismo colonial que entierra todo lo bello de este mundo bajo su afán de lucro.

Por lo tanto: De Chiapas a Kurdistán, de Lützerath a Colombia – Todes juntes contra el capitalismo basado en el patriarcado, el racismo y el colonialismo. ¡Todes juntes contra los DB’s de este mundo!

La jornada de acción descentralizada se está organizando en varios países (prevista en México, España, Francia y Alemania, entre otros). Infórmese sobre las acciones en su zona o planifique su propia acción.

Todo es posible.

Lugares y fechas anteriores en las diferentes regiones: https://www.yabastanetz.org/termine/

Recherche-Ag es autor* del informe «Tren ‘Maya’ Made in Germany – La Deutsche Bahn y el tren de la destrucción» Investigación: https://www.ya-basta-netz.org/tren-maya-made-in-germany-espanol/

Contacto: recherche-ag@riseup.net
#NoAlTrenMaya #TrenMayaStoppen
#UnternehmenHaftbarMachen #KeinWohlstandDurchAusbeutung

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Prensa Comunitaria

(Español) El Estor: El gobierno agrede al pueblo Q’eqchi’ para proteger a la minera rusa

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El Estado de Guatemala, a través de su policía y ejército, está actuando como un brazo armado particular al servicio de la minera de capital ruso Solway, propietaria de la planta de extracción en El Estor, Izabal.

Para proteger los intereses económicos de los rusos, soldados y agentes antimotines bajo las órdenes del gobierno de Alejandro Giammattei, han arremetido por la fuerza contra decenas de comunidades Q’eqchi’ que mantienen desde hace 21 días una protesta pacífica en la entrada del municipio de El Estor, para evitar el paso de camiones cargados del carbón que la mina rusa necesita para operar.

Durante los últimos siete días de esa protesta, la Policía Nacional Civil ha acompañado a representantes de instituciones como el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación y la gobernación departamental, la Comisión Presidencial de Diálogo de Izabal en lo que aparenta ser una negociación con quienes protestan pero es en realidad una estrategia de desgaste para asegurar el paso de los camiones con carbón para la minera.

Mientras escribimos este editorial, en la mañana del 23 de octubre, fuerzas antimotines del ejército y la policía, acompañados ya por dos helicópteros, se disponían a arremeter por la fuerza contra los pobladores que mantienen cerrado el paso a los camiones en protesta porque sus legítimos representantes no han sido tomados en cuenta en la preconsulta popular para avalar la operación de la mina.

Eso precisamente, la operación de la mina, es la primera ilegalidad con que el Estado de Guatemala ha protegido la operación rusa en El Estor, ya que una sentencia de 2019 de la Corte de Constitucionalidad, proclamada en firme en 2020, prohibió toda actividad minera porque la empresa irrespetó el derecho a consulta con las poblaciones originarias establecido en la ley de Guatemala.

A pesar de la sentencia, el Estado nunca hizo algo para detener la operación minera ilegal. Hoy, por el contrario, el gobierno, bajo el mando de Giammattei, se embarca en una nueva ilegalidad al reprimir a los Q’eqchi’ para garantizar la operación rusa. Todo esto ocurre, además, luego de que el ex fiscal Juan Francisco Sandoval, reveló que el Ministerio Público investigaba posibles sobornos entregados por los rusos directamente al presidente y de que, tras la entrega de esos dineros, el Estado aprobara más licencias mineras.

Los comunicadores de Gobernación, de la Policía, y medios afines al gobierno en este caso han intentado instalar la narrativa que los pobladores de El Estor mantienen bloqueado el acceso al municipio, lo que impide la actividad económica normal. Eso es mentira. Prensa Comunitaria ha constatado, con presencia constante en el terreno, que los pobladores solo impiden el paso a los camiones de la minera; el resto de vehículos siempre han tenido paso libre.

El viernes 22 de octubre, tras un nuevo montaje de pretendida negociación policial liderado por la jefa de la PNC en Izabal, al menos 200 antimotines intentaron escoltar la entrada por la fuerza de un camión cargado de carbón. Para hacerlo, los policías intentaron dispersar a los protestantes con gases lacrimógenos. Al frente de todo había un pick up en el que viajaban cuatro rusos. Prensa Comunitaria documentó la arremetida y pudo constatar que fueron los policías quienes iniciaron la agresión y que su objetivo último era garantizar el paso del camión: cuando vieron que no iba a ser posible, desistieron.

La urgencia de la PNC, y a partir de este 23 de octubre del ejército, no es otra que garantizar el suministro de carbón sin el que la mina rusa no puede seguir funcionando, según constató Prensa Comunitaria en El Estor. De acuerdo con los informes que hemos recabado, ya en la mina están echando mano de las reservas de carbón.

No es por garantizar el derecho al tránsito porque este ha discurrido con normalidad durante las protestas. No es por el beneficio económico del pueblo Q’eqchi’ en El Estor. Es por proteger a los rusos a cuya minera el Estado de Guatemala ha permitido operar ilegalmente durante dos años y con quienes, según las investigaciones truncadas del MP, el gobierno Giammattei ha hecho tratos oscuros.

Para garantizar esa protección, el Estado de Guatemala, una vez más, se alista para reprimir a su propio pueblo. 

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Avispa Midia

(Español) Ecuador | Pueblos originarios realizan demanda contra el gobierno para proteger la Amazonia

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Por Vanessa Garcìa Navarro

Nuestro territorio es nuestra decisión, y nunca dejaremos que las compañías petroleras o mineras entren y destruyan nuestro hogar”, asevera Nemonte Nenquimo.

El lunes (18), en el contexto de la investigación de la Asamblea ecuatoriana sobre los posibles delitos financieros del presidente Guillermo Lasso Mendoza, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el Consejo Coordinador de la Nacionalidad Waorani de Ecuador-Pastaza (CONCONAWEP) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENAIE), presentaron ante la Corte una demanda de inconstitucionalidad contra el ejecutivo por la aprobación reciente de políticas de hidrocarburos que afectan sus territorios.

El Decreto Ejecutivo en cuestión es el 95 (aprobado el 7 de julio), que plantea la meta de duplicar la producción de petróleo, es decir, elevar la producción de barriles de petróleo de 500 mil a un millón de unidades diarias en un lapso de cuatro años (2025). La aplicación de esta política requiere incrementar la extensión de territorios originarios de la Amazonia destinados a la actividad petrolífera.

Aunque la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas (DNUDPI), a través del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), obliga al gobierno ecuatoriano a consultar a los pueblos indígenas antes de realizar un procedimiento de dicha índole, la realidad es que ninguno de estos puntos fue respetado.

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Cientos de miembros de los pueblos originarios de la Amazonia de Ecuador: Waorani, Secoya, Kichwa, Shuar, Achuar, Shiwiar, Andoa, Sapara y Ai Cofan; de edades variadas, emperifollados con las vestimentas tradicionales de sus comunidades, emprendieron el lunes (18) por la mañana una marcha desde el norte de Quito, previo a la entrega de la demanda.

Defender la Amazonia

Leónidas Iza, presidente de la CONAIE, quien encabezó la entrega de la demanda, reclamó que el presidente tomara la decisión de “una política de muerte” anulando la voz de los pueblos que se han visto afectados negativamente por el extractivismo petrolero y minero. “Por cada territorio de cada pueblo y cada nacionalidad indígena que ahora está amenazado por la ampliación de la explotación petrolera y minera, necesitamos que se garantice nuestro derecho”.

En portada: Dirigentes indígenas, entre ellos Marlon Vargas (izq), Leonidas Iza (centro) y Nemonte Nenquimo (der), presentaron la demanda ante la Corte Constitucional. Foto API-El Universo

La lideresa Waorani, presidenta de la CONCONAWEP y activista galardonada como “nobel del medio ambiente”, Nemonte Nenquimo, manifestó “el Gobierno ecuatoriano ve en nuestro territorio solamente los intereses de recursos. Exigimos al gobierno ecuatoriano respetar nuestra decisión de mantener nuestros territorios libres de petróleo y minería. Nuestro territorio es nuestra decisión, y nunca dejaremos que las compañías petroleras o mineras entren y destruyan nuestro hogar y maten nuestra cultura”.

Y es que, el hecho de que cuatro provincias waoranis estén siendo ocupadas por siete petroleras trastorna la vida de sus habitantes originarios, quienes denuncian aumentos de pobreza y ni el más mínimo beneficio de la explotación de sus territorios.

Marlon Vargas, presidente de la CONFENIAE, exige “la remediación absoluta e inmediata del territorio de las nacionalidades indígenas contaminadas hace 50 años”, en referencia a la devastación ambiental provocada por los derrames de petróleo ocasionados por la empresa Chevron-Texaco y las afectaciones a la Amazonia ecuatoriana y su población.

Próximamente la CONAIE, la CONFENIAE, la comunidad A’i Cofan de Sinangoe y el Pueblo Shuar Arutam (PSHA) someterán otra demanda, para afianzar su lucha contra las licencias ambientales para la actividad extractiva, ahora contra el Decreto Ejecutivo 151, que busca incrementar la actividad minera en puntos críticos del paisaje amazónico y “relajar los controles ambientales para acelerar la entrada de empresas mineras extranjeras en la Amazonía”.

Pese a que para algunos este evento podría parecer ajeno y distante a las vidas de personas de otras geografías, la realidad es que este tremendo acto de inconstitucionalidad por parte del gobierno ecuatoriano alienta la destrucción de las Amazonas, uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad en el mundo, y como en efecto dominó corrompe el equilibrio ecológico del planeta entero. Leónidas Iza recalca esto al mencionar que “no es un problema de los indígenas, es de la civilización, hay que proteger la Amazonía”.

Cómo procederá la demanda ante los tribunales sigue siendo una incógnita; sin embargo, se espera que sea a favor de los guerreros que siempre han protegido y vivido en la inmensidad de la Amazonia.

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Radio Kurruf

(Español) Wallmapu: Realizan manifestaciones contra la militarización en distintos puntos del territorio

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Durante la jornada de éste miércoles 20 de octubre, desde tempranas horas de la madrugada se han realizado una serie de manifestaciones en contra de la presencia militar en territorio mapuche, luego de que el presidente Sebastián Piñera decretara estado de excepción el pasado 12 de octubre, para lo que geográficamente denominan como «macrozona sur», lo que corresponde a localidades movilizadas del Wallmapu.

Acciones simultáneas se realizaron en las rutas Maquehue-Nueva Imperial y Maquehue-Freire, en las cuales se dejaron diversos mensajes en rechazo al decreto presidencial, además de cortes de ruta en distintos puntos.

Compartimos registros enviados a Radio Kvrruf

«…En rechazo a la militarización del wallmapu. Exigiendo la salida de los milicos del territorio mapuche y la libertad del weichafe Luis Tranamil» , señalaban estas primeras acciones reportadas.

En avenida Javiera Carrera con Pedro de Valdivia también se levantaron barricadas donde además de manifestarse en rechazo a la presencia militar, se hace un llamado a la organización y lucha desde las distintas poblaciones de la ciudad. Compartimos registros y mensaje enviado para su difusión:

«Que arda la calle en memoria de lxs muertxs y presxs por el estado $hileno. Han pasado dos años desde la revuelta social y lo único que ha cambiado es el total de compañerxs asesinados por manos del gobierno y el estado. Hacemos un llamado a la lucha y la organización desde las poblaciones.Fin a la militirizacion del wallmapu y del estado de excepción, que lo único que busca es aumentar la reprensión en las comunidades.Fuera milicos del wallmapu !!!».

En horas de la mañana en avenida Francisco Salazar de Temuco también se realizaron manifestaciones con interrupción de tránsito y propaganda en cercanías de la Universidad de La Frontera. Compartimos registro y mensaje emitido:

Puede ser una imagen de fuego, al aire libre y texto
Puede ser una imagen de al aire libre

«Mari mari kom pu che Comunicamos a nuestro pueblo nación mapuche y a todos los simpatizantes de la lucha de nuestro pueblo, que hoy miércoles 20 de octubre del año 2021, interrumpimos el tránsito en la calle Francisco Salazar, por que repudiamos la militarización una vez más en nuestro territorio, en donde el estado chileno busca continuar reprimiendo y amedrentando a nuestra gente.Rechazamos la creciente ola represiva que ha desatado el estado en el territorio mapuche, y reafirmamos el compromiso del hogar Pelontuwe con la lucha de nuestro pueblo, basta de represión para silenciar nuestra lucha. TXIPATUPE WIGKAKE ANÜMKA TAIÑ MAPU MU, TXIPATUPE PUKE KARÜKECHE TAIÑ MAPU MU, ZOY NEWENTU WEICHATULEAIÑ TAIÑ INGKANIEPEAFIEL IÑ ITXOFILLMOGEN, WEWAIÑ, AMULEPE TAIÑ WEICHAN KOM WALLMAPU MU!!»

Hasta el momento no se informa de detenidos por parte del personal policial, y se realizan múltiples llamados a manifestarse ante lo que consideran una nueva especie de «pacificación» de la araucanía, donde ya se ha registrado presencia policial y militar en la mayoría de los accesos a comunidades principalmente en resistencia.

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Avispa Midia

A 5 años de la detención de Fidencio Aldama, Yaquis llaman a la jornada de solidaridad

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Por Sare Frabes

Hoy, 21 de octubre, cumple cinco años del ataque a la tribu Yaqui de Loma de Bácum, en el estado de Sonora, y de la detención del indígena Fidencio Adama. En 2016, mientras la comunidad estaba reunida en asamblea por usos y costumbres, un grupo armado entró en Loma de Bácum con la intención de derrocar a las autoridades tradicionales Yaquis e imponer autoridades a favor del Gasoducto Sonora, que la empresa Sempra Energy pretende construir en su territorio.

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El ataque dejó un muerto. El 27 de octubre de 2016, Aldama, miembro de la Guardia Tradicional de Loma de Bácum, que se ha opuesto al gasoducto desde el principio, fue detenido y acusado del asesinato.

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Tras un juicio “plagado de irregularidades, violaciones a derechos humanos, al debido proceso y sin pruebas en su contra”, como lo define el Grupo de Apoyo a Fidencio Aldama, en 2018 el indígena fue sentenciado a 15 años de prisión, además de una multa de 75 mil pesos. En el año 2019 fue negada la apelación que su defensa trabajó.

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Desde entonces la violencia en el territorio Yaqui se ha recrudecido. El 14 de julio del 2021 fueron secuestradas diez personas de la tribu Yaqui por hombres encapuchados y fuertemente armados, por lo que sus familiares y la tribu se movilizaron para denunciar y buscar a los indígenas.

El 19 de septiembre, la fiscalía del estado informó el hallazgo de cinco cuerpos pertenecientes a los desaparecidos. Aún se esperan peritajes autónomos, “pues los familiares desconfían de la fiscalía y del narco estado”, sostiene el grupo de apoyo.

“Las empresas, el narcotráfico y el gobierno están coludidos en una campaña contra la tierra y la vida de la comunidad”.

Semana de Solidaridad

Entre los días 21 y 27 de octubre se convoca a la jornada de solidaridad con la tribu Yaqui de Loma de Bácum, por la libertad de Fidencio Aldama y por la presentación con vida de los desaparecidos.

El objetivo es que cada colectivo, organización e individuo, desde su lugar y forma, promuevan acciones que visibilicen la situación vivida por los indígenas, ya sea con impactos visuales en las calles, pega de carteles, llenando las redes con los hashtags #FidencioAldamaLibertad #SolidariedadConBácum  #PresentaciónConVidaYa, por ejemplo.

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Para más información o para enviar un informe de las acciones, está el correo electrónico fidenciolibre@protonmail.com. También se llama a participar con donaciones que pueden ser realizadas aquí.

“Hoy le decimos al Gobierno de Sonora que, a 5 años del feroz y continuo ataque, nosotres no olvidamos y lucharemos y alzaremos la voz para denunciar y romper el silencio de esta guerra contra la Tribu Yaqui, tejeremos más y más solidaridad y no pararemos hasta dar con todos los desaparecidos y hasta arrancar la libertad de Fidencio”, avisa la tribu Yaqui de Loma de Bácum.

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Colectiva La Zarzamora

(Español) Enfrentamiento entre Comunidades lavkenche e Infantes de Marina tras provocación militar

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Por:La Zarzamora/Fotografía: Aukin

Durante la tarde de este 19 de octubre comunidades mapuche de la franja lavkenche, comunicaron que se produjo un enfrentamiento entre pu weichafe y militares, luego de que las fuerzas represivas destruyeran una barrera de control sanitario levantada por las comunidades en Wentelolen como medida preventiva en territorio que ha desarrollado una larga lucha de reivindicación, recuperación y control territorial.

El enfrentamiento se habría producido en el territorio lleullueche entre Wentelolen por el norte y Curapaillaco por el sur, en el cual pu weichafe habrian confrontado la provocación tanto de policías como de militares.

Se hace una llamado a organizaciones de DDHH a estar al tanto de estos hechos y a hacerse presentes. Así mismo se llama a los medios libres a que entreguemos la mayor cobertura posible en esta “nueva pacificación” del WallMapu.

COMUNICADO URGENTE

Hoy 19.10.2021 a las 14: 30 hrs, empezaron los enfrentamientos de las comunidades contra Carabineros de Chile y efectivos del ejército……

Urgente llamado a observadores de derechos humanos y medios alternativos…

Se informa que se estarían produciendo enfrentamientos entre agentes del Estado y las comunidades en el Wallmapu, zona lavkenche.

Solicitamos estar atentos, ya que se están viendo las primeras consecuencias de la militarización de la Macrozona Sur.

Comunidades de LLeu-Lleu
Vocero de la CAM

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Avispa Midia

(Español) América Latina, ante el imperialismo digital

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Por Avispa

 Esta región sufrió con más fuerza que ninguna la caída mundial de los servicios de Whatsapp, Instagram y Facebook. Eso reveló su atraso digital, en parte resultado de políticas del imperio de Mark Zuckerberg, que la usa como un banco de pruebas.

Por Carlos Gutiérrez*

En estos últimos días la empresa Facebook Inc. vivió uno de los pasajes más negros de su historia. El nuevo capítulo del conglomerado de redes sociales propiedad de Mark Zuckerberg comenzó a mediados de septiembre, cuando el diario The Washington Post publicó “The Facebook Files”, un trabajo de investigación con documentos que muestran cómo los directivos de la empresa conocen los efectos nocivos de su plataforma y sin embargo han antepuesto sus intereses económicos a la seguridad de los usuarios.

Aquel trabajo periodístico también revela cómo Facebook Inc., aunque supervisa a casi todos sus usuarios, evita hacerlo con miles de cuentas VIP, lo que permite publicar material que puede incluir acoso e incitación a la violencia. “Los documentos ofrecen quizá la imagen más clara, hasta ahora, de qué tanto se conocen los problemas de Facebook al interior de la compañía, incluyendo al propio director ejecutivo”, dice la introducción de la investigación.

El domingo 3 de octubre, la ingeniera informática y exempleada de Facebook, Inc., Frances Haugen, confesó a CBS, una de las más importantes cadenas de televisión en Estados Unidos, que ella fue quien filtró a The Washington Postdichos documentos internos. Contó que los obtuvo a principios de 2021 cuando renunció a la empresa, a la que había ingresado en 2019.

Al día siguiente del “destape” de Haugen, las plataformas de Facebook, Whatsapp e Instagram sufrieron un apagón de seis horas. Es la segunda gran falla de este servicio en su historia; la anterior sucedió en 2008, pero entonces aún no tenían la importancia y penetración de la actualidad. El impacto mundial de esta semana afectó a 3.500 millones de usuarios, con pérdidas económicas globales superiores a los 1.000 millones de dólares, reporta Netblocks.

La caída de los servicios más populares de Facebook Inc. reveló la dependencia de millones de personas a estas plataformas digitales y su tremendo alcance económico. Por ejemplo, solamente Facebook perdió, por esta falla, unos 6.000 millones de dólares, calcula Bloomberg Billionaires Index. “El día en que Facebook desapareció de todos lados parece haber sido el resultado de un intento de Facebook de estar en todas partes”, publicó la articulista Molly Roberts en The Washington Post.

Facebook nació en 2004. Desde entonces, medios de comunicación, instituciones, gobiernos, líderes políticos y sociales, así como millones de ciudadanos en el planeta utilizan esta red social de manera cotidiana. Ha crecido de la mano de algunos escándalos como el que vivió en 2018, cuando investigaciones periodísticas revelaron que la consultora Cambridge Analytica adquirió datos de 50 millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos, los cuales sirvieron para manipular a los votantes en las elecciones de 2016.

“El conglomerado Zuckerberg”, como le llama Luis Ángel Hurtado, académico de la Universidad Nacional de México, domina dos de cada tres mensajes enviados en redes sociales. “De esa magnitud debemos ver el papel que está jugando esta red sociodigital, la cual puede generar que un país completo quede incomunicado. O por lo menos una generación completa, porque quienes pagaron los estragos más fuertemente fueron las generaciones millennial y centennial”, explica el experto, promotor de la campaña “Verified” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Latinoamérica vivió el apagón de manera diferente a Europa y Estados Unidos. En la región afectó no solo las comunicaciones interpersonales, sino las actividades económicas. “Eso tiene que ver con la gran cantidad de comercio informal que hay en América Latina, que utiliza bastante Whatsapp y Facebook para colocar sus productos”, afirma Cristian León, director ejecutivo de la Fundación InternetBolivia.org. En Europa o Estados Unidos el fenómeno afectó más a nivel de comunicación interpersonal.

Según estimaciones de Statista GmbH, la falla de Facebook pudo haber generado pérdidas por unos 71,5 millones de dólares en Latam y el Caribe, donde –apunta en esa plataforma de datos la periodista Marina Pasquali– “es más fácil encontrar una aguja en un pajar que una persona que no use Facebook, Instagram ni WhatsApp”. La misma publicación muestra que, en mercados como Chile, Uruguay y Puerto Rico, más del 80 por ciento de la población usa las redes sociales. “Millones de influencers y pequeñas empresas en la región también dependen de estas plataformas para desarrollar su negocio”, apunta Pasquali.

La informalidad “es un problema endémico” de esta zona, escribió Vinícius Pinheiro, director regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en un artículo publicado en septiembre de 2021. Menciona que “antes de la pandemia, en promedio, 1 de cada 2 empleos era informal”, y por la crisis sanitaria, las ocupaciones informales resultaron las más afectadas “por la destrucción de empleos y la abrupta pérdida de ingresos”. En el segundo trimestre de 2020, por ejemplo, la covid-19 arrasó con 43 millones de empleos.

En el informe Tecnologías digitales para un nuevo futuro, publicado este año, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) considera que esta región tiene un “contexto desafiante”. Esto se debe a que la revolución tecnológica ha provocado un “auge de las plataformas globales, dando lugar a una excesiva concentración de poder económico y político en no más de una veintena de corporaciones de dos o tres potencias mundiales”. El mercado de estas empresas, calcula la Cepal, “supera o se acerca a un billón de dólares”.

En América Latina, el crecimiento digital no ha tenido una estrategia definida, sino que ha respondido a urgencias y necesidades tecnológicas, señala Cristian León. Por ello se utiliza más Facebook o Whatsapp que plataformas más complejas. “La mayoría de los países no tienen un buen gobierno digital, como sí lo tienen en Europa, donde han priorizado la generación de plataformas para servicios básicos. Es una lógica distinta”, explica.

Aun así, los latinoamericanos usan Facebook en cifras significativas, con Brasil y México al frente. De acuerdo con Statista, el primero registró más de 160 millones de usuarios en agosto de 2021, mientras que el segundo tuvo 105 millones. Colombia ocupa el tercer lugar con 40 millones y el cuarto Argentina, con 37 millones. En esta región el gasto en publicidad ha crecido “de manera significativa”. El reporte Estado de las Redes Sociales y el CX, realizado por Socialbakers, señala que, en el primer semestre de 2021, este gasto creció hasta 68 por ciento, en comparación con el 59 por ciento que reportó Norteamérica y el 44 por ciento registrado por Europa Occidental.

El 5 de octubre, en una audiencia que Haugen tuvo con el Senado de Estados Unidos, se dijo que Facebook Inc. tuvo ingresos por publicidad entre 51 y 58 dólares por usuario en el último trimestre, en Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con los dichos de la exempleada de este conglomerado, la empresa busca que los usuarios más jóvenes accedan a redes como Instagram, porque ellos son el gancho para atraer a sus padres a Internet.

Latam tiene una situación contradictoria, porque a pesar del alto uso de plataformas digitales existe un importante rezago tecnológico. Cristian León encuentra una explicación a este fenómeno: estamos viviendo un “colonialismo digital” y esta es una zona de experimentación para compañías como Facebook Inc. “Muchos de los experimentos que ha hecho Facebook, por ejemplo, cuando creó una nueva pestaña para ver noticias, la probó primero en América Latina antes de llevarla al norte global. Facebook ve a esta zona como un lugar para probar cosas. Nos ven como el patio trasero digital. Las mismas lógicas geopolíticas de antes se están llevando a las lógicas de políticas digitales”.

León encuentra otra de las razones para este rezago en el tipo de infraestructura que ha generado cada país. “Como subcontinente hemos llegado un poco tarde y directamente hemos ingresado en la tecnología móvil. En muchos países, con excepción de Brasil, Chile y Uruguay, se ha priorizado generar conectividad móvil en vez de generar conectividad por fibra óptica. La ventaja de la fibra óptica es que es mucho más barata y da mucho más ancho de banda, es mucho más estable y permite una mayor inclusión digital”.

Esto también puede explicar por qué América Latina resultó más afectada económicamente durante las seis horas del apagón del 4 de octubre. CNN, con base en información de Cost of Shutdown, de la organización no gubernamental Net Blocks, calcula que Brasil y México son los países de América Latina que más dinero pudieron haber perdido. El primero, con pérdidas por 24.674.513 dólares y el segundo con 13.803.751; el tercer sitio corresponde a Argentina, con 7.653.705 dólares y Venezuela, con 5.790.294 dólares. Colombia se ubicó en la quinta posición con 3.711.567 dólares.

Estas cifras traen enseñanzas, como que los latinoamericanos tienen que cambiar su cultura tecnológica. Pasar de analfabetas digitales a usuarios responsables e informados en el uso de estas tecnologías. Se requiere mayor educación, advierte desde Perú Verónica Arroyo, asociada de políticas públicas en la organización internacional Access Now. “Para muchas personas, Facebook o Whatsapp son todo el internet. Necesitan entender que hay otras alternativas”, señala.

Como reflexiona Luis Ángel Hurtado, “la caída de Facebook nos hizo ver el gran poder que hemos depositado en Mark Zuckerberg. Hay que pensar si debemos seguir depositando tanto poder a una sola persona. Es la primera vez en la historia de la humanidad que tenemos la gran oportunidad de expresarnos todos los ciudadanos. Toda la gente que accede a internet y, por supuesto a las redes sociodigitales puede expresarse públicamente. Pero eso conlleva un gran poder y una gran responsabilidad, como diría en su momento Franklin D. Roosevelt.”  Verónica Arroyo, por su parte, recomienda diversificar el uso de herramientas digitales. “Es lo que nos va a salvar de que esta experiencia se repita o que un día Facebook deje de funcionar y nos quedemos realmente fuera de un montón de cosas”.

El riesgo es alto. La ONU advierte que, así como los datos que proporcionamos en las plataformas digitales pueden servir para rastrear y diagnosticar problemas en temas de agricultura, salud o medioambiente, entre otros, o para realizar tareas cotidianas como moverse en el coche o pagar facturas, también pueden ayudar a infringir los derechos humanos. En un texto titulado “Influencia de las tecnologías digitales”, señala que esto ocurre “controlando nuestros movimientos, compras, conversaciones y comportamientos. Los gobiernos y las empresas disponen de más herramientas para extraer y explotar datos con fines financieros y de otro tipo”.

Al final de esta semana negra para Facebook Inc., la revista Time lanzó una portada provocadora, en la que sugería borrar a Facebook. ¿Es posible enviar al basurero a esta red social? “Yo creo que sí, pero hay que entender a Facebook como uno de los servicios, como una de las plataformas”, responde Cristian León. “Pero será difícil eliminar el conglomerado de Facebook, Instagram, Whatsapp y varias otras empresas que ha venido adquiriendo”. Para él, el capital que “ha amasado” Zuckerberg le permite crear cualquier otra tecnología y seguir vigente.

Quizá el apagón de los servicios de Facebook Inc. sea el preámbulo de una nueva cultura en el uso de redes sociales y plataformas digitales. Los grandes imperios como el de Mark Zuckerberg surgen porque los ciudadanos no usan responsablemente sus servicios. El tema es importante e involucra a todos: gobiernos, ciudadanos y empresas para que juntos encuentren nuevos canales para comunicar, vender y socializar.


* Miembros de la mesa editorial de CONNECTAS

Cada semana, la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS publica análisis sobre hechos de coyuntura de las Américas. Si le interesa leer más información como esta puede ingresar a este enlace.

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(Español) Honduras: A dos meses de las elecciones se criminaliza la protesta

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Por Vanessa Garcìa Navarro

En una sesión ordinaria que se llevó a cabo en línea el 7 de octubre, el Congreso Nacional de Honduras modificó el código penal e incrementó las penas por el delito de usurpación de 4 a 6 años.

El delito de usurpación se puede definir constitucionalmente como apoderarse de una cosa inmueble con el objetivo de causar un perjuicio a otro, que ahora se extiende “se trate de bienes del Estado o destinados al servicio público como son el derecho de vía, carretera, calle, jardín, parque, área verde, paseo u otros lugares de uso o domino público o de cualquier otro bien raíz del Estado”, que se ve agravado cuando “cuando intervengan dos o más personas”. En reducidas palabras, se restringe el derecho a la manifestación social.

A menos de dos semanas de las elecciones populares que se celebrarán el 28 de noviembre (para elegir jefe de Estado, diputados, alcances y vicealcaldes), parece evidente que el Estado se está blindando para evitar movilizaciones como las que se observaron en 2017, cuando hubo acusaciones de elecciones fraudulentas. Si antes el gobierno fue capaz de reprimir a los manifestantes violentamente, ahora se coloca en una posición donde la brutalidad ispo facta es únicamente la antesala de una posible condena de cárcel por ejercer el derecho a manifestarse.

Al deslegitimizar el derecho a las protestas se intenta infundir miedo para la ciudadanía en general, pero sobre todo es una amenaza contra los campesinos, pueblos indígenas, pueblos negros, activistas y víctimas de delitos que encuentran en la manifestación su arma más efectiva para defenderse no sólo de sus agresores, sino del mismo gobierno que se niega a hacerles justicia o a veces es el propio victimario.

Justamente el delito por usurpación ha sido el pretexto predilecto para cometer injusticias en contra de las minorías y organizaciones civiles. En marzo de este año, las lideresas de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Marianela Mejía Solórzano y Jennifer Mejía Solórzano, fueron interceptadas por la policía nacional acusadas del delito de usurpación, sin siquiera especificarles las características de los cargos que se les imputaban (a quien o en donde fue el daño).

Estas privaciones de la libertad sucedieron justamente un día antes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos diera seguimiento a una sentencia que tenía como responsable al Estado por violar el derecho de propiedad colectiva de la comunidad Garífuna. Finalmente fue la difusión internacional del caso lo que ayudó a la liberación de las mujeres.

En tanto, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se ha manifestado a través de su cuenta de Twitter que este hecho “es una acción para arremeter en contra de las luchas emblemáticas que lideran los pueblos originarios por la defensa de los territorios”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) externaliza igualmente una enorme preocupación por los posibles actos de criminalización que se orquestaran si esta reforma no es discutida “en condiciones y tiempos que permitan el debate y el escrutinio público, instando a que se reconsideren estas normas”.

Por su parte la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras ha lanzado un comunicado para hacer un llamado a la comunidad internacional para enfocar su atención en lo que acontecerá en el país centroamericano en las próximas semanas.

Entre otras alarmantes reformas se encuentra el hecho de que la lucha por la corrupción se ha entorpecido deliberadamente, dado que a partir de ahora se limita el acceso a información de casos de tal índole.

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(Español) Gobierno de Colombia responde desde una lógica de guerra al Paro Nacional

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Por Sare Frabes

Tras el estallido del Paro Nacional en Colombia, iniciado en abril de 2021, el tratamiento de las protestas por parte del gobierno, a través  de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, “es similar a la estrategia militar que utiliza el Estado para combatir a actores armados ilegales, es decir, se utilizan discursos y técnicas con el objetivo de enfrentar a un enemigo interno”, denunciaron 41 comisionados y comisionadas de 14 países quienes conformaron La Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia (Misión SOS Colombia).

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Apegados en artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, sobre el derecho a la protesta, una amplia participación ciudadana inició un Paro Nacional el pasado mes de abril. Justo en medio de la pandemia de la Covid-19 se dislocaron diversas acciones, que continúan hasta hoy, sobre todo, por un contexto de crisis socioeconómica estructural con altas tasas de desempleo, aumento de la pobreza y de la pobreza extrema y la falta de respuesta del Gobierno sobre la crisis sanitaria.

“Desde el 28 de abril, los ejercicios de resistencia se han desarrollado de manera continua en zonas urbanas, periurbanas y rurales del país. Las movilizaciones han sido descentralizadas y han desarrollado tanto repertorios tradicionales como marchas, bloqueos o cortes de ruta, toma de entidades o instalaciones, recuperaciones de suelos, huelgas de hambre y resistencia civil, como nuevas manifestaciones creativas”, documentó en su Informe la Misión SOS Colombia, presentado el pasado 7 de octubre.

Los observadores internacionales han resaltado que el trato que ha dado el gobierno de Iván Duque, mandatario de este país, ha sido desde la doctrina militar, destacando el “actuar de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares como institución, es decir, no como situaciones ocasionales y particulares sino, por el contrario, como una política definida antes, durante y posterior a las movilizaciones y protestas”, a ellos se sumaron, “paramilitares y personas civiles armadas”, que actuaron con el cobijo del Estado.

Los 41 integrantes de esta misión se reunieron con defensoras y defensores de derechos humanos, medios de comunicación alternativos, con la comunidad LGBTIQA+, juventudes, estudiantes, artistas, entre otros. Documentaron que la violencia sistemática del Estado colombiano ha recurrido al “homicidio selectivo de las víctimas, quienes regularmente eran personas jóvenes que estaban participando activamente en las marchas”, así mismo, “la desaparición forzada fue una práctica sistemática” contra los activistas.

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Los cuerpos policiacos y militares también recurrieron a la “tortura sexual contra las mujeres y la población LGTBIQA+; esta situación obedece a un patrón misógeno y patriarcal que se empleó para causar terror en las personas manifestantes”, sostienen los observadores.

Al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, se suma “la utilización de armamento, municiones no permitidas, así como la manipulación de municiones para causar un daño e impacto mayor sobre la salud y la vida”, destaca este informe.

De acuerdo con la información obtenida por la misión, Colombia ocupa el segundo lugar en América Latina, con mayor número de efectivos de fuerzas militares que asciende a 295 mil miembros de las fuerzas armadas, sólo superado por Brasil. Además, 195 mil efectivos de la Policía Nacional militarizada que depende del Ministerio de Defensa.

Colombia, que ha recibido entrenamiento y armamento de los Estado Unidos con el paquete de ayuda militar denominado “Plan Colombia”, dedica el 3,4% del PIB a gasto militar que absorbe el 16% del presupuesto nacional. “Tras Estados Unidos, es el segundo país del continente americano que dedica un mayor porcentaje del PIB a gasto militar”, arremeten los observadores de derechos humanos.

Por ello, la misión exigió a los Estados Unidos, y a cualquier país que brinda armamento militar o material antidisturbios, “ la suspensión de ventas comerciales o donaciones de tal armamento”. También a la Unión Europea, “se le exige la suspensión de venta de armamento militar y material antidisturbios en virtud del criterio 2 del Código de conducta de la UE en materia de exportación de armas”.

Mientras tanto, a los Estados y organismos financieros internacionales, entre otras exigencias de la misión, destaca que se abstengan a “autorizar inversiones destinadas a la fuerza pública en Colombia que ha sido cuestionada gravemente en su estatus de institucionalidad democrática”.

El saldo

Las y los integrantes de la misión recibieron más de 70 informes de organizaciones locales y regionales y recabaron al menos 180 denuncias directas de personas víctimas en el marco del Paro Nacional.

De acuerdo con registros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se presentaron más de 400 asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia entre enero de 2016 y diciembre de 2020, aproximadamente 120 asesinatos en 2020 y, al menos, 116 asesinatos en lo que va de 2021.

Mientras que el Informe Anual de Global Witness de 2020, destacó que Colombia, por segundo año consecutivo, es el país con mayor número de asesinatos contra personas defensoras del medio ambiente en el 2020.

Las reivindicaciones

Las reivindicaciones de los manifestantes sigue siendo, entre otras, renta básica, intervención y financiación estatal al sistema de salud, derogatoria de algunos de los decretos presidenciales expedidos durante la emergencia sanitaria, la defensa de la producción nacional agropecuaria, industrial y artesanal, matrícula cero en la educación superior, acciones diferenciadas para garantizar la vigencia de los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales.

Resaltan también reivindicaciones como la implementación del Acuerdo de Paz y el rechazo a las masacres y asesinatos de líderes y lideresas indígenas, sociales, del campesinado, ex combatientes y defensoras y defensores de derechos humanos.

La misión también lanzó una serie de exigencias inmediatas al gobierno colombiano, como el cese de los actos de señalamiento, persecución, amenazas, criminalización y ataques contra manifestantes, líderes/as de las protestas.

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También que las y los comunicadores sociales, las y los defensores de Derechos Humanos, organismos de la sociedad civil, brigadas de salud puedan gozar de una protección adecuada que les permita el ejercicio de sus funciones.

Exigen, además, que se derogue el Decreto 575 de 2021 de asistencia militar, a través del cual, el Gobierno Nacional impartió medidas represivas para el restablecimiento del orden público.

Nueva jornada

El Comité Nacional de Paro prepara una nueva jornada de movilización ciudadana en todo el país para el próximo miércoles 20 de octubre.

 

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