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Espoir Chiapas

(Español) Fotorreportaje – Caravana a la comuidad de Cruztón

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Primera parte – Pueblos y comunidades del CNI, Sexta y Sociedad Civil apoyan a Cruzton

El domingo 9 de julio, a mas de un mes del terrible asesinato del Compañero de la comunidad de Cruzton, Venustiano Carranza, Chiapas, Rodrigo Guadalupe Huet, por un grupo de choque de la comunidad vecina Nuevo Guadalupe Victoria, se organizo una caravana pacifista y de solidaridad.

La caravana estaba integrada por varios integrantes, de colectivos, centros, organizaciones, integrantes o no del Congreso Nacional Indígena asi que varios individuales de la Sexta declaracion de la Selva Lacandona.

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Radio Zapatista

(Español) La comunidad de Cruztón: muerte y resistencia

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El pasado 22 de mayo de 2017 a las 6 de la mañana, el campesino Rodrigo Guadalupe Huet Gómez, de la comunidad de Cruztón, recibió un tiro en la sien. Llevaba dos horas atrincherado en el cementerio junto con otros compañeros, adonde habían ido para defender el local que, desde hace casi un siglo, ha sido el espacio sagrado donde yacen sus muertos. Desde hace más de un año, un grupo armado del vecino ejido Guadalupe Victoria, que se autodenomina Nuevo Guadalupe Victoria, ha intentado despojarlos a ellos, y a la comunidad vecina de Nueva Libertad, del cementerio y las tierras aledañas, que incluyen algunas pequeñas propiedades.

Cuatro horas duró la balacera, con armas de alto calibre posicionadas estratégicamente en varios puntos, demostrando muy probablemente que el grupo atacante tiene formación militar. Fue en un momento de cierta calma cuando Rodrigo Guadalupe decidió levantarse para observar, y así recibió el impacto de bala.

Sus compañeros entonces llamaron a una ambulancia de Venustiano Carranza, pero ésta fue interceptada en Guadalupe Victoria por un grupo encabezado por el agente municipal Eleuterio Bautista Aguilar, que los campesinos de Cruztón identifican como uno de los líderes del grupo armado. Entonces se pidió otra ambulancia, esta vez de Teopisca, que viajó acompañada por una camioneta de Protección Civil. Ambas, sin embargo, fueron interceptadas a 100 metros de donde estaba Rodrigo Guadalupe por un grupo fuertemente armado, que las forzó a retirarse.

Así, Rodrigo Guadalupe, activista tsotsil adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN y miembro de Semilla Digna y del Congreso Nacional Indígena, falleció a las 7 de la mañana. (Lee la denuncia de Cruztón.)

Desde entonces, los hostigamientos por parte del grupo armado se han incrementado. El 16 de junio volvieron a ocupar el cementerio y las tierras aledañas, montando cinco puntos de vigilancia, con 5 o 6 personas fuertemente armadas en cada uno. Al mismo tiempo, cortaron el suministro de agua a la comunidad de Nueva Libertad, dejando a 40 familias sin acceso al líquido vital. Un día después, cortaron el cable de alta tensión que provee electricidad a Cruztón. El 18 de junio, intimidaron a pobladores de Nueva Libertad que se dirigían a Cruztón, con tiros al aire. Y dos días después, bloquearon el camino que da acceso a la comunidad de Cruztón, dejándolos incomunicados durante 10 horas.

Cruztón: una historia de lucha por la tierra

Los campesinos de Cruztón han vivido en esas tierras por generaciones. Antes del levantamiento zapatista de 1994, las tierras de Cruztón pertenecían a la finca Mispía, que años después fue rebautizada como finca Nazareth, propiedad de la familia Villafuerte, de la Ciudad de México. Dicha finca fue dividida en cuatro partes –Nazareth (el casco), Jerusalén, Cruztón y Guadalupe–. A los campesinos de Cruztón los Villafuerte les entregaron la tierra con escritura pública.

Pero en 1994, campesinos de Guadalupe Victoria, haciéndose pasar por zapatistas, les arrebataron 395 hectáreas de su territorio. Un año después, el gobierno, con el afán de detener las tomas de tierras a lo largo del estado, compraron las tierras para entregarlas a los campesinos. Pero por un supuesto “error” burocrático, el gobierno las entregó al grupo invasor.

En 1997 los campesinos de Cruztón intentaron recuperar sus tierras, pero fueron fuertemente reprimidos por policías y militares, según testimonio de los propios campesinos, y después de eso se desorganizaron.

En 2005 el EZLN publicó la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y en 2006 los campesinos de Cruztón se adhirieron a la Otra Campaña. Un año después, decidieron recuperar las tierras que les habían arrebatado en 1994, incluyendo el manantial, fuente importantísima de vida para la comunidad.

La recuperación de las tierras motivó una fuerte represión policíaca en tres diferentes momentos de 2008, con detenciones, amenazas a mujeres y niños, órdenes de aprehensión y la instalación de un campamento a poca distancia de sus tierras. Pero la solidaridad no se hizo esperar. En julio de ese año, una caravana nacional e internacional de observación llegó a Cruztón y denunció las violaciones cometidas por el gobierno.

Todo parece indicar que lo que está por detrás de la represión es el oro. En 2007, la minera canadiense Radius Gold, por medio de su subsidiaria Geometales del Norte, adquirió más de 48 mil hectáreas en el municipio de Venustiano Carranza, en concesión para explotarlas durante 50 años. La concesión coincide con tierras de Cruztón y otras comunidades y ejidos de la región. (Ver La Jornada, 8 de julio de 2008 y Reporte de actividad minera de Otros Mundos.)

El hostigamiento por parte del gobierno continuó en 2009, con amenazas de un ataque militar y acusaciones de tráfico de armas, drogas y migrantes. Pero la presión nacional e internacional surtieron efecto, y en julio de 2009 el gobierno resolvió a favor de los adherentes de Cruztón por medio de un convenio de finiquito, en el que el grupo invasor desistía de cualquier reclamo sobre las tierras.

Pero los conflictos no pararon. En 2011, la comunidad de Cruztón denunció nuevas amenazas de desplazamiento por parte de la Organización Campesina Emiliano Zapata – Región Carranza (OCEZ-RC). Al mismo tiempo, en abril de ese año se presentan personas desconocidas diciendo que los había mandado la Procuraduría Agraria, supuestamente porque allí había tierras disponibles. Y al parecer una persona de nombre Guadalupe Cruz, de Teopisca, comienza a formar un grupo para “vender” tierras de Cruztón a terceros y así crear conflictos.

En 2013 empieza el conflicto en las tierras actualmente en disputa. Se trata de un área entre Guadalupe Victoria y Cruztón, donde se encuentran varias pequeñas propiedades, el cementerio y el manantial que provee de agua a las comunidades de la región. Ese año, el grupo de Guadalupe Victoria, que afirma que se trata de tierras pertenecientes a su ejido, coloca banderas en 12 pequeñas propiedades con la intención de apoderarse de ellas.

Dos años después, el 16 de abril de 2015, dicho grupo invade tres pequeñas propiedades en esas tierras, y tres semanas después cierra el paso de Cruztón a Venustiano Carranza y detiene a varios compañeros durante dos horas, amenazándolos con armas largas. (Ver denuncia de Cruztón.)

Pero es el 1 de febrero de 2016 cuando el grupo invasor clausura el acceso al cementerio común. Tres meses después, el 10 de mayo de ese año, los adherentes de Cruztón deciden recuperar el cementerio sagrado. Ese mismo día, Agusto de la Cruz Pérez, de Cruztón, es secuestrado por el grupo armado, golpeado, colgado durante una hora y amenazado.

Y ahora, el asesinato de Rodrigo Guadalupe Huet Gómez.

Actores y motivos: un panorama complejo

No queda claro quiénes conforman el grupo armado de Nuevo Guadalupe Victoria ni cuándo se formó, aunque, según denuncias de la comunidad de Cruztón, desde marzo de 2003 ya había amenazas de invadir 12 pequeñas propiedades en las tierras en disputa. En aquella época, el grupo se identificaba como perteneciente a la OCEZ-RC, aunque ahora dicha organización se deslinda de ellos e incluso exige una investigación de los hechos del 22 de mayo pasado. En un comunicado reciente, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) los reconoce como miembros de su organización y acusa nada menos que a los adherentes a la Sexta agredidos de la comunidad de Cruztón de ser paramilitares.

El grupo armado está conformado por 30 familias y, según información obtenida por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), la asamblea ejidal de Guadalupe Victoria los desconoce. Vale decir que las armas de dicho grupo son de alto calibre y de uso exclusivo del ejército y que, como dijimos arriba, todo parece indicar que tienen conocimiento de tácticas militares. La mayoría de las personas identificadas como líderes del grupo armado por los adherentes a la Sexta de Cruztón son los mismos que ya en 2015 los mismos campesinos identificaron como los líderes de la invasión de tres pequeñas propiedades en el territorio en disputa.

Como decimos, no queda claro quiénes conforman el grupo armado de Nueva Guadalupe Victoria. Pero las concesiones mineras en la región, los intereses económicos que ellas implican y la historia de amenazas, violencia y represión estatal apuntan a la trillada estrategia del Estado para apoderarse de tierras indígenas y campesinas: enfrentar a organizaciones y comunidades para desestructurar la resistencia y permitir el paso de proyectos extractivos.

El escenario se complica con la denuncia de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP) de que, en un recorrido por los predios invadidos, encontraron un sembradío de marihuana. Estando el cementerio en la cumbre de un cerro desde donde se divisa claramente todos los alrededores, se puede asumir que uno de los móviles para las acciones del grupo armado es el control territorial, no descartando que se trate de un grupo con vínculos al crimen organizado.

Por otra parte, las agresiones suceden al momento en que el Congreso Nacional Indígena (CNI) conforma un Concejo Indígena de Gobierno y elige a su vocera, María de Jesús Patricio Martínez, que se presentará como candidata independiente en las elecciones presidenciales de 2018. Y coincide también con una serie de actos de violencia, represión u hostigamiento contra comunidades del CNI y, en particular, contra comunidades que conforman a Semilla Digna (un espacio organizativo del CNI en Chiapas), del cual Cruztón es parte. Como es sabido, una de las razones para conformar el Concejo Indígena de Gobierno es la destrucción y violencia que sufren los pueblos originarios del país a manos de las industrias extractivas en complicidad con el crimen organizado y el Estado.

Este próximo domingo 9 de julio, una caravana viajará a la comunidad de Cruztón para solidarizarse con los compañeros agredidos y sobre todo con la familia de Roberto Guadalupe, y para visibilizar esta escalada de violencia.

Foto: @ap

 

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Radio Zapatista

(Español) Conferencia de prensa: Caravana en solidaridad con Cruztón

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El pasado 22 de mayo, un grupo de campesinos de Cruztón, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, fueron emboscados por un grupo armado en el cementerio en el que desde hace casi un siglo yacen sus muertos. En el tiroteo, que duró cuatro horas, murió Rodrigo Guadalupe Huet Gómez. En los siguientes días, el grupo agresor cortó el suministro de agua a la comunidad Nueva Libertad y la energía eléctrica a la comunidad de Cruztón, además de las continuas amenazas y hostigamientos.

Ante la situación, se está organizando una caravana en solidaridad con Cruztón para este domingo, 9 de julio, con adherentes a la Sexta y miembros de Semilla Digna y el Congreso Nacional Indígena.

Hoy 5 de julio, en conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Chiapas, se dio a conocer la situación y se anunció la caravana.

A seguir, las palabras durante la conferencia de prensa:

Artemio de la Cruz Hernández – comunidad de Candelaria El Alto, Venustiano Carranza, Chiapas: (Descarga aquí)  

Juan Pablo Nava – Red contra la Represión: (Descarga aquí)  

Antolín López Bautista y Augusto de la Cruz Pérez – comunidad de Cruztón: (Descarga aquí)  

 

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Prácticas y luchas otras

(Español) 3er Foro sobre Democracias Otras

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Extracto de audios del “3er Foro sobre Democracias Otras: Elecciones, resistencias y contrademocracias”, que se llevó a cabo el 29 y 30 de junio de 2017 en el CESMECa-UNICACH, desde el cual se convocó a compañeros y compañeras de la resistencia de los pueblos a quienes presentamos en este espacio.

Participan:

  • Betina Cruz Velázquez, concejal del Concejo Indígena de Gobierno CNI-EZLN
  • Fermin Ledezma del Centro de Lengua y Cultura Zoque
  • Silvia Juárez Juárez integrande la resistencia zoque
  • Maria Sanchez integrante de la resistencia zoque
  • Participación del Pbro. Marcelo Pérez

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Espoir Chiapas

(Español) ¡Alerta! Atentan contra Bertha Zuniga y miembros de la coordinación del COPINH.

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En horas de la tarde a las 2:36 pm la compañera Bertha Zúniga en su camino de vuelta de la comunidad de Cancire del Municipio de Santiago Puringla en el departamento de La Paz, acompañada de los miembros de la coordinación general del COPINH Sotero Chavarría y Asunción Martínez, fueron atacados por 4 hombres en dos ocasiones.

En la primera, 3 hombres armados con machetes, apostados al lado de un carro Toyota Tacoma Negro de placas PCH 1886, atravesados en el camino de la comunidad de Cancire a San Antonio, amenazaron a las personas que estaban dentro del carro del COPINH ondeando los machetes en posición de ataque. Gracias a la habilidad del conductor no pudieron detener ni machetear el carro, sin embargo, el cuarto hombre, conductor del carro Tacoma arrojó una piedra que golpeó la parte de arriba de la ventana del conductor de COPINH.

En la segunda ocasión el mismo carro, solamente con el conductor, dio persecución por el mismo camino al carro de COPINH rebasando de manera peligrosa, queriendo chocar al carro donde se transportaba la coordinadora general del COPINH y y arrojarlo al abismo. Luego de esto el carro negro se puso en frente del carro de COPINH, intentando frenarlo durante 10 minutos. Afortunadamente el conductor de COPINH pudo tomar un desvío, ir por otro camino y evitar mayores incidentes.

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Ala Sur

(Español) Denuncian ecocidio en Meoqui, Chihuahua

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29 de mayo. Chihuahua, Chihuahua.
Maltrato Ecológico
Por: Ala Sur

Desde las primeras semanas del mes de mayo, en el municipio de Meoqui, Chihuahua, comenzaron a surgir una serie de denuncias y reclamos por parte de varios pobladores y personas en contra de la tala de 95 Álamos, con al menos 20 años de vida, que se ubicaban en los humedales del conocido vado de Meoqui.

A la altura de los puentes gemelos, relató Mario Lerma, líder de estatal de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA). A través de una entrevista, Lerma, especificó que a 100 metros río abajo, por medio de la utilización de maquinaria pesada, han desmontado un área de más de 6 hectáreas incluyendo los 95 Álamos, atrás mencionado.

Es importante recordar el domingo 21 de mayo, el Diario de Delicias, publicó una nota en que hacia la denuncia. Más adelante, el miércoles 24 de mayo, la Asamblea Popular Comunitaria (APC), denunció ante la SAGARPA y PROFEPA, el terrible Ecocidio. Un día después, el jueves 25 de mayo, el periódico el Diario, retomó el tema, publicando la denuncia de parte del Director de Servicios Públicos y Desarrollo municipal, Miguel Gomes, solicitando atención de parte de las autoridades estatales y federales[1].

El estado de Chihuahua, entre otras muchas cosas, se caracteriza por la escasez de recursos hídricos. Es lamentable que el señor gobernador Javier Corral y su equipo de trabajo en la materia, se encuentren más preocupados por la manera en cómo y a cuánto venderán, nuestro vital recurso, en sus planes a futuro (Plan Hídrico 2040), en lugar de cuidar y proteger nuestros recursos naturales, que finalmente es con lo único que contamos. Lo demás son especulaciones monetarias.

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Frayba

(Español) En Chiapas se violenta el Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento

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aguasancrisweb

Fuente: Frayba

19 casos presentados en Chiapas a Relator Especial de la ONU

Boletín de prensa de pueblos, comunidades, organizaciones e instituciones que se reunieron con el Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho al Agua y al Saneamiento en Chiapas

El pasado día 12 de Mayo, el Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, de la Organización de Naciones Unidas, el Dr. Léo Heller, dio a conocer sus observaciones preliminares sobre la visita oficial que realizó a México durante dos semanas. Los dos días previos a su conferencia de prensa, el Relator estuvo en el estado de Chiapas, en donde lo que vio y escuchó de parte de las personas afectadas, las organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la academia fueron decisivos para que, agregando a lo que presenció en otras partes del país, concluyera enfáticamente que en México se viola el derecho humano al agua y al saneamiento.

El tono de las observaciones que el Relator adelantó al informe oficial que presentará en el mes de Septiembre ante el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ECOSOC) fue contundente y directo. El lenguaje y contenido que  utilizó en su conferencia de prensa se alejó del tono frecuentemente diplomático y atenuado que caracteriza muchas veces a las declaraciones de los funcionarios de organismos internacionales que visitan a nuestro país. La explicación a este hecho es muy simple, el Dr. Heller, quién ha realizado misiones previas en diversos países africanos, asiáticos y latinoamericanos se declaró sorprendido porque las malas condiciones del derecho al agua que existen en el país no corresponden a su imagen internacional, al índice de Desarrollo Humano que tiene México en el ranking internacional ni a las cifras oficiales que el gobierno  Mexicano da a conocer.

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Frente Popular en Defensa del Soconusco

(Español) Policías y militares reciben protesta vs minería en Chiapas.

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“EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACACOYAGUA NOS CIERRA SUS PUERTAS, A CAMBIO NOS RECIBEN POLICÍAS Y MILITARES.”

Boletín de prensa del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS)

Acacoyagua, Chiapas, México – A 8 de mayo 2017

Al llegar a la reunión a la que nos había citado el presidente municipal de Acaoyagua hoy lunes 8 de mayo, a las 12 de la tarde, nosotros integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) encontramos las puertas de la presidencia cerradas con cadenas y a unos diez policías vestidos de civil posicionados alrededor del parque y vigilándonos.

Poco después de la hora de la cita, mientras las puertas permanecían cerradas, llegó un camión de rutina del Ejército en el que andaban unos veinte militares. Tres de ellos bajaron del vehículo para resguardarlo. Uno de ellos se dirigió hacia la comandancia de la policía municipal visiblemente para pedir información sobre nosotros y nosotras. Nos tomaron fotos sin pedirnos permiso y sin hablarnos. Se retiraron después de que las valientes mujeres del FPDS les dijeran que no tenían por qué estar allí.

Denunciamos que esta intervención de la policía y del ejército constituye un acto de intimidación en contra del FPDS ya que nuestra presencia no la justificaba en términos de seguridad. Eramos alrededor de cincuenta personas, habitantes de la cabecera de Acacoyagua y de las comunidades Castañas, Jalapa, Los Amates, San Marcos y La Cadena, esperando calmamente que se abrieran las puertas para que una delegación del FPDS entrara a dialogar con el presidente municipal y su cabildo. Veníamos en son de paz, sin ninguna arma más que nuestra palabra y una manta que decía “No a la minería”.

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Congreso Nacional Indígena

Communique from the National Indigenous Congress

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Photo: Agencia Infomanía

Traduzione italiano
Tradução em portugês

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Communique from the National Indigenous Congress

March 9, 2017

To the national and international Sixth
To the free media
To civil society in general

Compañeros, compañeras, as our peoples continue to organize ourselves, each in our own ways and forms, analyzing and making agreements in order to form a Concejo Indígena de Gobierno [Indigenous Council of Government], the war against our peoples doesn’t stop. The three levels of bad government continue to act against our mother earth, our peoples, and our autonomous organizations through plunder and repression.

In the state of Oaxaca

We denounce and condemn with outrage the events in the community of San Francisco del Mar in the Isthmus of Tehuantepec region, Oaxaca, where violent actions were carried out, including the use of firearms, in order to try to impose approval of wind power projects that would dispossess the community of a good part of their common use lands and seriously affect the rich and delicate ecosystem there.

These events unfolded during the assembly of the comisariado de bienes comunales [communal resources or the commons] of San Francisco del Mar which was convoked to discuss authorization of the use of over 15,000 hectares for shrimping projects in Pueblo Viejo in the zone known as bocabarra. Various speakers expressed their opposition to the authorization, giving evidence that its true purpose was for wind power projects. They explained that bocabarra is a vital area for thousands of fishermen, that approval of the project would remove their source of livelihood, and that such an important decision required the participation and decision of the whole population.

Bocabarra is part of the Isthmus lagoon system and a vitally important area for its role as a key fishing zone and for its sacred and spiritual sites. In this part of the region, fishing provides the most important source of economic livelihood and food for the population. It is also a highly coveted zone for wind power companies because of its powerful winds, and there has already been an attempt by Mareña Renovables to construct a wind power plant in the Barra of Santa Teresa which provoked large mobilizations in opposition from the surrounding communities.

It is necessary to add that what happened in San Francisco del Mar is not an isolated event but rather a comprehensive plan of plunder and dispossession to be applied to the territories of the communities of the Isthmus in order to allow the imposition of megaprojects in the region via the Special Economic Zone of the Tehuantepec Isthmus [ZEE by its Spanish acronym] which undergirds this second phase of wind power development.

In the state of Michoacán

On February 24, in the community of Calzonzin, the bad government of the state of Michoacán in complicity with the federal government savagely repressed the P’urhépecha people of Caltzontzin who were protesting in defense of their right to restitution of communal territory.

That day the repressive forces of the Mexican State laid siege to the community of Caltzontzin, not allowing anyone to enter or exit, and then proceeded to launch tear gas bombs from a helicopter over the community and invaded community territory to arbitrarily arrest 17 community members, of which 13 are still being held and one of which is mentally disabled. At the same time, they entered various homes in the community without search warrants, destroying what they found and violating human rights in their mission to defend the privileges of the transnational railroad company Kansas City Southern.

We demand the immediate release of the political prisoners of the originary peoples of Michoacán, in particular the 13 community members detained in Caltzontzin whose only crime is the defense of communal property, of dignity, and of life for their communities and for future generations.

On the coast, the Nahua community of Santa María Ostula is under attack by criminal organizations which have penetrated the territory to the southeast of the municipality of Aquila and, through death and looting, attempt to dismantle the community’s autonomous organization and community security in order to bring back to the area terror and the extraction and exploitation of natural resources and communal lands.

On February 5 of this year, five community police from San Pedro Naranjestil, to the south of the municipality of Aquila affiliated with the municipal police, were kidnapped by members of the Marines who later turned them over to the organized crime groups led by Jesús Cruz Virrueta (alias Chuy Playas), Fernando Cruz Mendoza (alias El Tena), José María Cruz (alias el Tunco), Federico González Medina (alias Lico) and Mario Álvarez López (alias El Chacal). This act has been followed by actions impeding operations by the self defense groups of the Aquila, Chinicuila, and Coahuayana municipalities to detain members of organized crime.

To the former we must add the frequent instances in which the armed forces of the bad government have acted in coordination with criminal gangs against the indigenous community of Santa María Ostula, which has contributed to the collective grief and the demand for justice for the 34 community members who were murdered and the 5 who are disappeared.

In the state of Querétaro

The bad government is unjustly holding prisoner the indigenous Ñhañhú compañero Raymundo Pascual García, of San Ildefonso, Amealco, Querétaro, who was detained along with other compañeros for participating with his community in the protests against the gas hikes. We also denounce the continued plunder of the lands of the Fundo Legal of the Galeras and La Peñuela communities in the municipality of Colón though the corrupt actions of the bad governments and political parties.

As a consequence, the peoples, nations, and tribes who make up the National Indigenous Congress declare that:

  1. We hold the municipal president and the commissioner of the bienes comunales of San Francisco del Mar responsible for the violent acts in Ikoot territory and the attempt at land dispossession. We denounce the complicity between well known state and federal authorities and politicians and we demand clarification of the events and punishment of those responsible for the shots fired during the assembly. We demand respect for the legitimate right of the people of San Francisco del Mar to determine the destiny of their lands and natural resources.
  2. We demand that the autonomy and communitarian organization of Santa María Ostula be respected. We demand the arrest of Jesús Cruz Virrueta (alias Chuy Playas), Fernando Cruz Mendoza (alias El Tena), José María Cruz (alias el Tunco), Federico González Medina (alias Lico), and Mario Álvarez López (alias El Chacal), the dismantling of the political and economic structure that sustains them, the punishment of the soldiers and politicians responsible for the murder of the child Hidelberto Reyes Garcia and all of the murdered community members, the cancellation of arrest warrants for the [community police] commanders in Ostula and the Sierra Costa region, the return of the disappeared, and absolute respect for the communal territory of Ostula.
  3. We demand immediate and absolute freedom for the compañero Raymundo Pascual García from San Ildefonso, Amealco, Querétaro, who was detained for protesting with his community against the gas hikes imposed by the bad government, a halt to land dispossession in the communities of Galeras and La Peñuela in the municipality of Colón, Querétaro, and punishment of those responsible for the unjust imprisonment of over 3 years of the Ñhañhu indigenous compañeras of Amealco, Querétaro, Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan and Teresa González.

We say to our brothers and sisters of the Ikoot, P´urhépecha, Nahua and Ñhañu peoples in these regions and the rest of the country who everyday sustain our hope, rebellion, and dignity with their struggle: you are not alone. In the colors, tongues, and geographies that make up the CNI, we are you; your yearning for justice is ours, your pain is ours, and your demand, which brings into bloom the birth of another world, is our heart and our unwavering certainty.

Until dignity becomes tradition

Freedom for all of the political prisoners
Return of the disappeared
Justice for San Francisco del Mar
Justice for Calzonzin
Justice for Santa María Ostula
Justice for the Ñhañu people of Querétaro

Attentively,

For the Full Reconstitution of Our Peoples
Never Again a Mexico Without Us
March 2017

National Indigenous Congress

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NotiFrayba

(Español) Noti Frayba: El acecho del extractivismo en la región zoque

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(Descarga aquí)  

La extracción y explotación de hidrocarburos en la región zoque abarca aproximadamente 12 municipios, 11 para Chiapas, y Teapa, del estado de Tabasco, ubicados dentro de la cuenca del sureste. Desde septiembre los ejidatarios y habitantes de esa zona han dedicado a defender su territorio frente a esa imposición por parte de la Secretaría de Energía de exploración y explotación de hidrocarburos, pues los pobladores alegan que nunca se llevó a cabo una consulta para los trabajos en su territorio. Te invitamos a conocer esta historia que pretende concretar un nuevo despojo para los pueblos indígenas de México.

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