En portada: Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, en reunión con Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos para hablar sobre la entrada en vigor del T-MEC. FOTO: Cuartoscuro.

Por Eugenia López

Con una inversión inicial de 3 mil 300 millones de dólares proveniente de National Standard Finance a través de Caxxor Group, además del apoyo de los gobiernos de Sinaloa y Durango, así como del gobierno federal mexicano, se pretende desarrollar el “Corredor Logístico e Industrial T-MEC”, que conectaría a México con Estados Unidos y Canadá por vía ferroviaria y marítima.

La ruta conectaría a un nuevo puerto en Mazatlán, Sinaloa con el Centro Logístico en Winnipeg, Canadá, pasando por Durango y Monterrey, y con conexiones posibles con Kansas City, Tulsa y Chicago, entre otras.

El proyecto también pretende integrar a entidades como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua, así como los estados sureños de Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo, los cuales crearían una conexión para el tránsito de mercancías con el Caribe y Centroamérica.

Además del corredor, se establecerían parques industriales para transferir los productos de la agricultura, la minería y la industria energética, además de parques industriales automotrices y, en el caso de Sinaloa, aeroespaciales, que también contendrán un aeropuerto de carga.

Leer también ⇒ América en disputa: EEUU frente a las inversiones chinas en Latinoamérica

En entrevistas con distintos medios, así como en una conferencia de prensa virtual organizada por el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) el pasado 14 de diciembre, el director general de Caxxor Group, Carlos Ortiz, reveló una serie de detalles acerca del megaproyecto transnacional.

“Lo que principalmente nosotros vemos es que la parte centro de Estados Unidos necesita mejores condiciones de conectividad hacia el Pacífico; hemos estado desarrollando un portafolio portuario muy ambicioso, nosotros hemos estado proyectando que en el Pacífico mexicano se puede construir alguno de los puertos más importantes de Latinoamérica. Es lo que estamos comenzando a trabajar, hay buena empatía por este tipo de desarrollo y por transformación”, detalló el ejecutivo.

De acuerdo al empresario, esta iniciativa responde al incremento de carga que se prevé con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aunque lo justificó como un objetivo histórico “que se ha tratado de desarrollar desde hace más de 100 años con Porfirio Díaz”, pero que en la actualidad se inserta como la consolidación del intercambio comercial entre México, el área Asia-Pacífico y Norteamérica.

La continuidad del neoliberalismo

El nuevo corredor tiene el objetivo de aprovechar la implementación del T-MEC y de hecho se presenta como la primera gran obra de infraestructura tras el reemplazo del acuerdo de libre comercio de Norteamérica, la cual arrancó el 1 de julio pasado.

En contexto ⇒  Indígenas de México se preparan para resistir a las políticas neoliberales de López Obrador

Caxxor group, el principal financiador del corredor T-MEC es quien maneja inversiones con valor de hasta 40 mil millones de dólares que operan en 60 países, con un fuerte enfoque en proyectos energéticos y de infraestructura en América, Asia, Oriente Medio y África.

“Desde México se ha venido desarrollando la estructura de inversión para Ecuador, por ejemplo, en sectores marítimo, carretero y de servicios públicos principalmente. En Centroamérica tenemos un proyecto relevante con COESSA que es también una constructora o eléctrico… también estamos involucrados en el proyecto del Canal Seco en Costa Rica, un gran proyecto Eólico en República Dominicana, Argentina en Oil and Gas, y Colombia, Perú, Chile, Bolivia también son países en donde estamos estructurando importantes iniciativas de infraestructura”, detalló Carlos Ortiz sobre su cartera de negocios en una entrevista publicada en 2018.

El año pasado, CaxxorGroup invirtió 944 millones de dólares en tres proyectos portuarios mexicanos en los estados de Chiapas, Veracruz y Tamaulipas con lo cual busca conectar las exportaciones mexicanas hacia “mercados poco explorados como Emiratos Árabes Unidos y Rusia”, así como dar una salida al sector minero y energético con Estados Unidos.

Desde la entrada en vigor del T-MEC el primeo de julio de este año, distintas voces de comunidades y organizaciones en México han criticado el reforzamiento de la actual política extractiva minera que prevén un aumento en el despojo hacia los territorios.

Para la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el T-MEC “representa la cereza del pastel que le da continuidad y consolida a la política de apertura comercial que bajo el enfoque neoliberal inició bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hoy refrendada y fortalecida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO)”, quien ahora da luz verde a proyectos como el corredor T-MEC.

T-mec busca reconfigurar norte de México y frontera sur 

Como parte de la primera fase del Corredor T-MEC, la firma mexicana Caxxor Group prevé construir un nuevo puerto de carga en Mazatlán, Sinaloa, llamado SI-PORT, con una inversión de 900 millones de dólares. Además, planea la rehabilitación de 167 km de ferrocarriles mexicanos y la construcción de otros 180 km de vías hasta Durango por un monto de entre 650 y 700 millones de dólares.

El proyecto comenzará con la construcción del puerto, cuya ubicación precisa se dará a conocer a finales de enero. Los estudios ambientales y permisos se comenzarán a tramitar en 2021, con el objetivo de operar un primer puerto de transferencia en 2024.

“Más o menos se calcula que para 2024 esté la terminal de contenedores, una terminal de transferencia, porque se espera de alguna manera resolver con esto la viabilidad del ferrocarril”, explicó Ortiz, quien prevé que en un plazo de 15 años el puerto se convierta en “el más importante” de México.

A las infraestructuras del norte del país, se contempla agregar otras inversiones en los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo, en lo que sería denominado el Corredor T-MEC Frontera Sur.

En entrevista con Milenio, Carlos Ortíz, comentó que en la Frontera Sur se contemplan proyectos “de menor tamaño” comparado con los previstos en el Norte.

El mayor proyecto del Corredor T-MEC Frontera Sur se ubicaría en Puerto Chiapas, con la construcción de una terminal marítima de usos múltiples, para el que se anticipa una inversión de 250 millones de dólares.

El puerto sería destinado a ser un espacio para industrias como la automotriz, para el ensamble de partes, que se exportarían al Caribe y hacía Belice, Puerto Cortés en Honduras y Puerto Barrios en Guatemala. En Puerto Chiapas se contempla también la construcción de un centro de carga para las navieras asiáticas, así como inversiones para el sector agrícola de exportación.

En Tabasco, Campeche y Quintana Roo se prevé la creación de parques industriales y terminales portuarias para rutas de tráfico local entre puertos mexicanos, cuyo principal papel será recibir y distribuir mercancías, en especial autopartes que se generen tanto en industrias norteamericanas como en los parques industriales que contempla el corredor.

En contexto ⇒ México: La Guardia Nacional y las Zonas Económicas Especiales

En la zona sur de Quintana Roo, ya hay planes de construcción de un puerto, centro logístico y zona turística, inspirado en Puerto Chiapas. Según compartió El Economista, estos planes ya se presentaron al gobierno de Quintana Roo a través de la Agencia de Proyectos Estratégicos, que encabeza Eduardo Ortiz Jasso, con quien han buscado apoyo para adquirir los terrenos para el nuevo puerto, así como el resto de la infraestructura logística y hotelera.

“Varias empresas de Texas nos han pedido el desarrollo de algunas terminales; el Caribe mexicano se puede volver un centro estratégico para todas esas compañías que les ayuden a la distribución de sus mercancías en toda la región centroamericana”, explicó el directivo.

Hasta ahora, según Ortiz, los capitales para llevar a cabo este proyecto están respaldados por 50 inversionistas de Estados Unidos y se está considerando la posibilidad de incorporar como inversionistas a los operadores.

El empresario también precisó que la inversión es 100% privada y que ha habido mucho interés por parte de las empresas, aunque por confidencialidad todavía no puede dar nombre de las compañías participantes.

National Standard se define a sí misma como una entidad independiente de inversiones a largo plazo, basada en activos y globalmente integrada. Desarrolla, financia, adquiere y es propietaria de bienes raíces y activos de infraestructura económica y social con un volumen que va desde 20 millones hasta más de 500 millones de dólares.

Chilapa de Álvarez, Guerrero, México, 20 de Diciembre del 2020.

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena CNI

Al Concejo Indígena de Gobierno CIG

A los pueblos de Guerrero, México y el mundo

A la sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Apoyo al CNI-CIG

A los Medios de Comunicación Libres, Honesto y Autónomo.

Nosotros, nosotras mujeres, hombres, abuelos, abuelas, niños y niñas del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), que somos los pueblos Na savi, Me pháá, Ñamnkue, Nahua, Afromexicano y Mestizo, del estado de Guerrero, estamos nuevamente levantando nuestra voz, con rabia y dolor. El día de ayer 19 de Diciembre del 2020, al medio día fueron encontradas asesinadas nuestras hermanas María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, y nuestros hermanos José Benito Migueleño y Miguel Migueleño.

Todas y todos indígenas Nahua de la comunidad de Alcozacan, municipio de Chilapa de Álvarez, nuestros hermanos y hermanas desaparecieron desde el día viernes 18 de Diciembre. Ayer al medio día sus cuerpos fueron encontrados en su propia camioneta en la carretera Chilapa – Tlapa. Fueron torturados y torturadas, atados de las manos y les dieron el llamado «Tiro de gracia».

Justamente se cumple un mes que rompimos el cerco narco-paramilitar, el 18 de Noviembre, miles de indígenas Nahua volvimos a recuperar la movilidad en nuestro territorio. 22 comunidades cercadas por el grupo narco-paramilitar «Los Ardillos» decidimos decir ¡Ya Basta! porque no es vida lo que estamos viviendo. Pero ya comienzan a cobrarse la cuota de sangre, porque nos quieren esclavos y nos quieren sometidas y sometidos.

Nos atrevimos a denunciar al Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la 4T, Alejandro Encinas. Quien solo vino a sembrar división y compra de conciencias, justamente en Alcozacan donde el 17 de enero del 2020, fueron asesinados 10 compañeros en esa masacre. Y ahora lejos de llegar la justicia solo nos envían más muerte, y nos mandan sus señales de Guerra. Encinas y López Obrador, ustedes no son diferentes al PRI, ustedes se han convertido en aquello que simularon combatir.

Hoy y en los tiempos que vienen, nos seguirán asesinando, sobre nuestros cadáveres se va a construir ese México en el que nuevamente estorbamos. Pero ya no podemos continuar en la esclavitud, aquí en la Montaña baja de Guerrero el COVID-19 es lo de menos, nos están asesinando, así, como animal. Sin que nadie escucha, sin que nadie hace nada. Nuestro ¡Ya Basta! continuará y costará más sangre, porque ninguna lucha por la verdadera libertad y la justicia ha sido tersa, nunca en la historia a los pueblos nos han regalado nuestra libertad.

Hacemos responsables de los asesinatos de María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, José Benito Migueleño y Miguel Migueleño al gobierno Municipal de Chilapa de Álvarez a cargo de Jesús Parra García del PRI, al gobierno Estatal de Héctor Astudillo Flores del PRI, a la presidencia de la república a cargo de Andrés Manuel López Obrador de MORENA. Los tres niveles de gobierno saben perfectamente lo que sucede en Chilapa, pero hacen sus negociaciones en vez de terminar con el crimen organizado.

Celso Ortega Jiménez es el mando operativo de «Los Ardillos» y Bernardo Ortega Jiménez es el mando político, la policía ministerial de Chilapa de Álvarez, como ya lo habíamos denunciado, son parte del problema y la Guardia Nacional lo sabe todo esto, después de tanto tiempo en el lugar solo están espiando nuestra organización en vez  de desmantelar la delincuencia organizada.

Nuestros promotores estatales continúan recibiendo amenazas de muerte y la intimidación en las comunidades de base del CIPOG-EZ, CNI-CIG, está cada vez más recio. Ahora el asesinato nuevamente y nuevamente la impunidad por parte de las autoridades, solo nos deja ver sus complicidades. Por eso Encinas se niega a brindar medidas cautelares, por eso la CNDH no mandó ninguna visita a registrar las violaciones a los Derechos Humanos en Chilapa y las 22 comunidades que han sufrido el cerco narco-paramilitar.

Hermanas y hermanos que no nos han dejado solos, ayúdenos a crecer esta palabra y que se sepa lo que hace la 4T y su aliado el PRI en Guerrero. Que nuestras muertes no queden en la sombra del «progreso», que nuestra sangre siembre el camino de la libertad para nuestros pueblos. Nosotros, nosotras nos estaremos movilizando y reiteraremos nuestro decidido ¡Ya basta! Nuestra lucha es por la vida y por la libertad, no queremos ser esclavos del crimen organizado, ni moneda de cambio de malos gobiernos disfrazados.

ATENTAMENTE:

Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata(CIPOG-EZ)

Regiones: Costa Chica, Costa Montaña, Montaña Alta y Montaña Baja de Guerrero, 

Organización Campesina de la Sierra del Sur (O.C.S.S.).

¡Alto a la Guerra paramilitar contra las comunidades Zapatistas del EZLN!

¡Alto a la Guerra narco-paramilitar contra las comunidades indígenas del CNI-CIG!

¡Justicia para todos nuestros presos, asesinados y desaparecidos del CNI-CIG! 

¡Nunca más un México sin nosotr@s!

Desde sus primeros pasos en 2012, el proyecto de gas esquisto en Bolivia, ha avanzado más hasta este 2020, con la concreción de la exploración mediante el contrato con la empresa canadiense Cancambria en 2018, y el impulso de autoridades de estado y YPFB en 2019 y 2020 ya bajo el régimen de Añez.

En una conversación con Pablo Claure, responsable de Recursos Naturales de la Capitanía Guaraní de Macharetí, la autoridad nos explica cómo el pueblo guaraní ha analizado el proyecto de fracking, el peligro que significaría para el agua y todo su espacio de vida, así como para las áreas protegidas que existen en la zona. Las comunidades han planteado en su Estatuto Autonómico la prohibición de realizar fractura hidráulica en su territorio y están en lucha para que no se concrete este proyecto que implica el uso y contaminación enormes de recursos hídricos y la destrucción del corazón de la tierra.

–

Cómo ha avanzado el proyecto de fracking: las comunidades se pronuncian

–

Las comunidades y las áreas protegidas en Macharetí ya han sido azotadas por plagas, pandemia, sequía e incendios

–

El Estatuto Autonómico plantea prohibir el fracking en territorio guaraní: memoria de lucha y defensa del territorio

—

YPFB no está cumpliendo con la consulta e información, las comunidades se quedan sin nada luego de los proyectos

(Foto de portada: CRIC Colombia)

Por Juan Peláez, abogado

El 9 y 10 de diciembre la fuerza antimotines de la Policía Nacional Civil – PNC sin respetar los protocolos institucionales para realizar desalojos y los de la pandemia del Covid-19, quemaron las casas de las familias Q’eqchi de la comunidad Tres Lagunas, los agentes se robaron animales, ropa, aperos de labranza y, desalojaron violentamente a las familias de la comunidad Tres Lagunas, quienes tuvieron que quedarse a la orilla de la carretera, denunciaron los campesinos desalojados.

Fueron afectadas aproximadamente 200 familias, más o menos 500 personas entre mujeres, hombres, niñas y niños. La policía además de quemar sus viviendas, arrancó las siembras y detuvieron a 3 personas, miembros de las Comunidades Indígenas de Oxlajuj Qej y de Tres Lagunas.

No se respeto el debido proceso, la comunidad nunca se enteró de algún proceso penal en su contra, ni quien emitió la orden de desalojo, ya que les presentaron un papel sin sello, sin firma, ni nombre de autoridad competente.

En plena crisis sanitaria y recién pasadas las tormentas tropicales Eta y Iota procedieron a arrasar sus casas. En pleno día de celebración de los derechos humanos se violentaron nuevamente los derechos humanos de las y los guatemaltecos más humildes.

Este es el testimonio de uno de los vecinos afectados por el desalojo en su comunidad

Pese a todo lo ocurrido durante el desalojo, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) informó en su cuenta de twitter lo siguiente:

“La delegada de la Auxiliatura de La Libertad, Petén, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), observó el respeto de los derechos humanos y las actuaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio Público (MP), Procuraduría General de la Nación (PGN) y Juzgado de Paz Penal, en la diligencia de desalojo en la finca El Zapotal, municipio de Sayaxché, departamento de Petén.

En la diligencia se realizó el desalojo de uno de tres grupos que ocupa la finca de forma irregular, sin que se reportaran incidentes; sin embargo, las diligencias de desalojo continuarán por parte de la PNC y el MP.”

Por Sare Frabes

Tras el bloqueo de la carretera federal 175, que liga los Valles Centrales de Oaxaca con las zonas turísticas de la costa, en la mañana de este lunes (14), 16 comunidades que hacen parte de un frente contra la minería en el estado lograron una audiencia con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart).

La reunión será el próximo miércoles (16), a las 10h, en el Palacio Municipal de Magdalena Ocotlán.

Las comunidades exigen que la autoridad ambiental no emita la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “San José II”, una ampliación del proyecto minero en explotación desde 2011 por la empresa Cuzcatlán, una subsidiaria de la canadiense Fortuna Silver Mines, que explota oro y plata en San José del Progreso.

Según las comunidades, la MIA no tiene fundamentos para proceder. Entre sus argumentos está el hecho de que se realizó una consulta ‘exprés’, con duración de 10 días.

Lea aquí más detalles sobre los motivos presentados por los pueblos.

Mientras la carretera estaba cerrada, el titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de Semanart, Daniel Quezada Daniel, se comunicó con miembros del frente, donde fue posible acordar la apertura de diálogo. Una exigencia de las comunidades es que la reunión sea con la titular de Semanart, María Luisa Albores.

Además de las comunidades de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán, más directamente afectadas por el proyecto San José, hombres y mujeres de pueblos vecinos participaron del bloqueo y mostraron su preocupación con la falta de informaciones sobre concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal en sus territorios. Por ello, han decidido mantenerse en alerta sobre todo en un escenario de pandemia en el cual los proyectos siguen avanzando. Algunas de las comunidades son: Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, San Matías Chilazoa, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec y la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO).

Obrador

En 2019, las comunidades interceptaron el carro en que viajaba el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien pasaba por la región, y lograron exponerle la problemática que viven. El mandatario dijo que mandaría un funcionario para escucharlos. Sin embargo, nunca cumplió.

Ver también ⇒ ¿Qué dijo Amlo a campesinos de Oaxaca sobre contaminación minera?

El 9 de septiembre de 2020, increpado nuevamente en su conferencia que emite por las mañanas, el presidente se comprometió a platicar con María Luisa Albores, de manera que se pudiera establecer un canal de comunicación con estos pueblos.

Hasta la fecha, y solo después del bloqueo, Semanart accedió al pedido de apertura de diálogo.

• • • 14 organizaciones integrantes de la Red TDT así como 3 organizaciones internacionales visitaron comunidades de las regiones Altos, Norte y Costa para documentar violaciones a DDHH.

   

• • • La impunidad y falta de acceso a la justicia generan un clima de riesgo para el CDH Digna Ochoa y el CDH Fray Bartolomé de las Casas.

   

• • La falta de voluntad política agudiza la crisis de derechos humanos que viven las comunidades chiapanecas.

Entre los días 7 y 10 del presente mes de diciembre, una Misión Civil de Observación compuesta por 14 organizaciones pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) —conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana— y acompañadas por tres organizaciones internacionales[1] visitamos comunidades en las regiones Norte, Altos y Costa de Chiapas con el objetivo de documentar diferentes problemáticas de derechos humanos. Durante esos días, pudimos atestiguar situaciones críticas de vulneración de derechos fundamentales en las tres regiones, con una preocupante falta de voluntad y empatía por parte de las autoridades.

La Misión Civil de Observación (MCO) tuvo la oportunidad de visitar las comunidades de Chalchihuitán, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá, donde recogimos testimonios con personas afectadas por situaciones de desplazamiento forzado, despojo de tierras, detenciones arbitrarias, tortura, hostigamiento, amenazas, criminalización, entre otras agresiones. Por otro lado, también se llevaron a cabo reuniones con autoridades de los tres niveles de gobierno para conocer el seguimiento que están dando a las diferentes problemáticas y casos concretos.

Las organizaciones de la Red TDT que participamos en esta Misión Civil de Observación queremos expresar nuestra preocupación por el contexto de violaciones sistemáticas y estructurales de derechos humanos que hemos podido documentar en las tres regiones, especialmente queremos resaltar el efecto diferenciado en las mujeres y, principalmente, en las infancias de todas las comunidades visitadas quienes presentan graves impactos psicosociales y la falta de mínimos vitales para la vida y la dignidad de estas poblaciones.

Igualmente alarmantes resultan la situación de insuficiencia alimentaria, los inexistentes servicios de salud y medicamentos –incluso para quienes han resultado heridos durante las agresiones contra las comunidades– que sumados a la situación de desplazamiento forzado amenazan y ponen en riesgo la vida de cientos de personas. Dichas situaciones se agravan por la falta de condiciones de seguridad y de acceso a la justicia, ante la existencia de grupos paramilitares y de choque que impunemente agreden a las comunidades y que implican un riesgo latente para ellas y para quienes ejercen su derecho a defender derechos humanos. En ese sentido, también destacamos las amenazas de muerte, agresiones directas y actos de criminalización en contra de personas defensoras y de ayuda humanitaria, que realizan su labor en un clima de violencia generalizada.

Además, las organizaciones de la Red TDT denunciamos la falta de voluntad y empatía de las autoridades que permite la continuidad de una grave situación de violaciones a derechos humanos. Es indignante la situación de violencia estructural que se permite e, incluso, se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades. A esto se suma un claro problema de falta de acceso a la justicia que también se relaciona con la inoperancia de las fuerzas de seguridad pública para frenar la violencia y la falta de actuación de la Fiscalía del Estado aún cuando tienen claro conocimiento de los responsables de los ataques armados.

También hacemos un llamado para que Cristóbal Santis Jiménez, preso político por su labor de denuncia de las agresiones sistemáticas a las comunidades de Aldama sea puesto en libertad de manera inmediata.

Finalmente, queremos señalar que la Misión Civil de Observación se reunió con autoridades de gobierno de los tres niveles sin que se pudieran llegar a acuerdos concretos y seguimientos que logren garantizar la dignidad y la vida de las personas. Hoy, 10 de diciembre de 2020, Día Internacional de los Derechos Humanos, nos encontramos con una grave situación de violencia en la que el Estado mexicano debe asumir la responsabilidad que le corresponde y cesar la simulación y la falta de atención para las comunidades y personas defensoras que sufren violencia en Chiapas.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)
(Conformada por 86 organizaciones  en 23 estados de la República mexicana)

Con el acompañamiento de Médicos del Mundo, Servicio Internacional por la Paz (SIPAZ), Movimiento Sueco para la Reconciliación (SweFOR).

Descargar PDF: Misión Civil de Observación a Chiapas denuncia una situación sistemática y estructural de violaciones a derechos humanos.

Los pueblos, naciones, tribus y barrios originarios que somos el Congreso Nacional Indígena, el Concejo Indígena de Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, haciendo frente a la enfermedad de nuestra madre tierra, expresada en una grave pandemia que ha golpeado la vida y economía de nuestras comunidades y al mundo entero; nos escuchamos en la voz de los pueblos originarios, que gritan desde las geografías donde luchan y resisten en contra de la guerra capitalista que disputa los territorios indígenas y campesinos mediante agresivas políticas extractivas a lo largo y ancho de toda la geografía nacional; megaproyectos de muerte a los que llaman Corredor Interoceánico en los estados de Oaxaca y Veracruz, Proyecto Integral Morelos en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, Tren Maya en los estados del sureste mexicano, o Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el centro del país; la implementación de un conjunto de políticas y mecanismos para la continuación del “libre comercio” subordinado a Estados Unidos y Canadá y para contener la migración; para impedir o debilitar la organización y resistencia de nuestros pueblos, mediante la suplantación de las autoridades tradicionales y la realización de consultas indígenas simuladas.

Se trata de políticas y megaproyectos impulsados por el gobierno neoliberal de la Cuarta Transformación, al servicio de los grandes capitales globales y en contra de la organización autónoma de nuestros pueblos; todo lo anterior con apoyo en la militarización, la implementación de la Guardia Nacional y la militarización de todo el territorio nacional, la complicidad Estado-Cárteles criminales, la creación de programas que buscan romper la organización comunitaria como es el caso de Sembrando Vida y la aprobación de leyes favorables a los grandes consorcios trasnacionales como la Ley Federal Para el Fomento y Protección del Maíz Nativo.

El CNI y el CIG –con las comunidades zapatistas-, siendo congreso cuando estamos juntos y red cuando estamos separados, somos esa palabra colectiva que no solo hacemos nuestra, sino que nos tejemos en ella y con ella, en la determinación de que nuestra resistencia crecerá tan grande, como grande sea la amenaza capitalista a la vida.

Porque para nuestros pueblos no hay espacio para rendirnos, vendernos o claudicar, cuando son la madre tierra y la vida la que los gobiernos, empresas, militares y cárteles de las drogas quieren tener como botín del robo y

CONSIDERANDO QUE:

1.- Arrecian la represión, las amenazas, la formación de grupos de choque y la criminalización en contra de las comunidades que resisten al Proyecto Integral Morelos, que el mal gobierno federal decidió imponer ilegalmente y con la utilización de su grupo armado de choque al que llama Guardia Nacional; y que, no obstante, la herencia heroica de Samir Flores Soberanes se mantiene viva en las hermanas y hermanos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala que no se rinden, ni se venden ni claudican;

2.- Se agudiza la guerra en contra de las comunidades autónomas y de las comunidades de originarios del CNI en el estado de Chiapas, mientras los gobiernos garantizan impunidad para los grupos paramilitares que, financiados por ellos, atacan día y noche a los pueblos y comunidades hermanas;

3.- El mal gobierno federal junto a sus fuerzas armadas, en su descarada alianza con los oscuros intereses económicos que apuestan a quedarse con el territorio de los pueblos indígenas y campesinos, está sembrando miedo y terror, violando cínicamente las leyes, sentencias y suspensiones judiciales para imponer sus megaproyectos, que entregan el territorio del país a los intereses económicos transnacionales;

4.- La resistencia y rebeldía crecen en la geografía de los pueblos originarios, porque crecen también el despojo y la represión violenta desde el lado del mal gobierno en todos sus niveles, en complicidad con grupos paramilitares y narco paramilitares, que hacen posibles sus proyectos extractivos y contaminantes, e incluso, en las grandes ciudades nuestros pueblos resisten como lo demuestra la comunidad otomí residente en la Ciudad de México;

5.- Desde las luchas que somos, los pueblos originarios vemos que en el mundo se encienden esperanzas a esta guerra que es la misma, y desde lejanas geografías volteamos hacia donde mismo, o sea hacia la lucha por la vida, que se hace un lenguaje en el que nos vemos los unos a los otros y;

6.- Existe la convocatoria zapatista de iniciar un recorrido planetario en el mes de abril de 2021, iniciando en el continente europeo, al que está invitado el CNI mediante la integración de una delegación para acompañar ese caminar y llevar nuestra palabra colectiva;

CONVOCAMOS
A l@s delegad@s y concejal@s del CNI- CIG, para que asistan a la

QUINTA ASAMBLEA NACIONAL DEL CONGRESO NACIONAL
INDÍGENA Y EL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

Que tendrá lugar en:

LA QUINTA PIEDRA, TERRITORIO RECUPERADO DEL PUEBLO
NAHUA DEL EJIDO TEPOZTLÁN, MORELOS,
LOS DÍAS 23 Y 24 DE ENERO DE 2021

Bajo el siguiente programa:

23 de enero:
Inauguración
Mesas de trabajo:

• Balance del despojo y la guerra capitalista contra nuestros pueblos.
• Propuesta para la participación de una delegación del CNI-CIG en el recorrido planetario zapatista.

24 de enero:

Plenaria abierta:

• Conclusión de mesas de trabajo
• Acuerdos y resolutivos
• Comunicado público
• Clausura

NOTA 1: Considerando las actuales circunstancias sanitarias se invita a que nombremos un@ o dos delegad@s por pueblo, comunidad u organización indígena, según sea el caso, con el fin de realizar una asamblea ampliamente representativa pero menos numerosa.  Quienes asistan deberán cumplir con las medidas de uso de cubre bocas, sana distancia, lavado frecuente de manos y cara. Y las que se implementen en el lugar de la reunión.

NOTA 2: Quienes no sean delegad@s o concejales del CNI/CIG únicamente podrán entrar a la asamblea mediante invitación expresa de la Comisión de Coordinación y Seguimiento.

Atentamente
Diciembre de 2021

 Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Más Un México sin Nosotros
Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno
Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Ir a descargar

ROMPIENDO FRONTERAS

PERÚ: Huelga de trabajadores del campo obliga al Congreso peruano a derogar ley agraria.
Después de cinco días de huelga con bloqueo de carreteras, los trabajadores del campo peruano lograron que el Parlamento termine votando a favor de abrogar la nefasta ley de promoción agraria que permitía la sobre explotación obrera y una serie de privilegios para los agroexportadores.
laizquierdadiario

ARGENTINA: El gobierno Argentino miente, reprime a manifestantes y maquilla el peligro de la minería, misma que pretende volver poner en marcha pese a que ya se había logrado legalmente su prohibición gracias a movientos en contra de la minería a cielo abierto.
Pañuelos en Rebeldia.  Autoconvocadxs x los Humedales.

EUA MUMIA: Se cumplen 39 años del secuestro de Mumia Abu Jamal por el racista sistema estadounidense.
Mitin y actividades artísticos por la liberación del preso político Mumia, por el  alto al racismo,  al abuso policial, y por la libertad de las y los  presos políticos.
Amigos de Mumia mexico.

Desde el ombligo del monstruo

MEXICO MILITARIZADO: La Marina y guardia Nacional son responsables directos por delitos de lesa humanidad que van desde el robo o conducir en estado de ebriedad hasta el secuetro, la trata de personas y el asesinato.
Animalpolitico.

CHIAPAS:  Normalistas de la Escuela normal rural Mactumaczá son violentados por la policía en la toma del palacio municipal. Con distintas acciones les estudiantes normalistas manifiestan su total desacuerdo ante la reducción presupuestal que plantea la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública para las Escuelas Normales.
Escuela Normal Rural Mactumaczac fecsum.

LUCHA POR LA VIDA:  RODADAS por los humedales y por los presos politicos. Port JumpPerez

GUANAJUATO:  Continúan secuestrando personas, encontrando fosas con cuerpos humanos y el gobierno es un cómplice silencioso, las familias, activistas, prefesores e investigadores buscan por su cuenta las fosas; gracias a la busqueda de estas personas muchos cuerpos que encontraron  ya se estan identificando.
ZonaDocs

CAMPECHE: Organizaciones sociales y grupos mayas denuncian haber encontrado maíz transgenico y soya transgenica en su tierra.
En Los Chenes, en Campeche, pese a estar prohibida en el país, donde se observó la aplicación del herbicida glifosato en predios reportados como sospechosos. Especialmente grave es la posible presencia de maíz transgénico en la región, dado que a la fecha no existen permisos para su siembra.
Desinformemonos.

QUINTANA ROO: Mujeres Organizadas  piden aborto legal en Quintana Roo he invitan a la toma de congresos en toda la República exigiendo este derecho. Se aprueba la ley olímpia en México.
Defensoras Digitales Quintana Roo

MEDIOS LIBRES ABYA YALA: Invitacion a escuchar la Revuelta Radial por la libertad
Transmisión colectiva de medios libres de Abya Yala. Sábado 19 de Diciembre, 2020

Por Santiago Navarro F.

Este lunes 7 de diciembre de 2020 quedará marcado en la memoria de la humanidad. El agua, el vital líquido para la vida en el planeta tierra, ha sido enmarcado en los flujos de la oferta y la demanda del mercado financiero. Tal cual como cotizan en el mercado de futuros el trigo, el maíz, la soja, el petróleo y el oro, su escases comenzará a fluctuar como una mercancía más (commodity) en la bolsa de valores de New York, con el índice Nasdaq Veles California Water Index, con la clave de pizarra NQH2O, así lo ha informado CME Group.

La arquitectura de este nuevo instrumento financiero ha sido creada por CME Group Inc., la bolsa de futuros más grande del mundo. Esta empresa estadounidense ha decidido comenzar a cotizar con el agua de California, un mercado de 1.100 millones de dólares, son los primeros de su tipo en los EE. UU. Pero se espera que sea un referente para el mercado mundial del agua.

De acuerdo con los especialistas de CME, la determinación de incluir el agua en la ley de la oferta y la demanda del mercado de futuros se debe, en principio, a que los grandes consumidores de agua de California, y el resto de los Estados Unidos, se puedan proteger contra el aumento de los precios y apostar por su disponibilidad en un futuro, en el cual se avizora una mayor escasez. Actualmente, según datos de la ONU, más de 2 mil millones de personas, sobre todo aquellos en situación de pobreza y marginalidad, no tienen acceso al agua.

Esta determinación permite, también, especular con lo que se ve venir en un futuro no muy lejano para el planeta entero, ya que la propia empresa estadounidense prevé que casi dos tercios de la población mundial enfrentará una monstruosa escasez de agua para 2025. Estamos hablando de que, a mayor escasez, una mayor demanda eleva los precios de este commodity.

“La escasez de agua es sin duda uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las comunidades y las personas en la actualidad en todo el mundo”, dijo Tim McCourt, director global de índice de acciones y productos de inversión alternativa en CME.

Apostar por la vida o el mercado

A menudo se han emitido conjeturas argumentado que las próximas guerras serán por el agua. Esto parecía algo muy lejano o algo que sonaba más próximo a una teoría de la conspiración. Pero el nuevo escenario ha comenzado. Quien gobierne los mercados del agua tendrán, incluso, un mayor poder que los llamados Carbon Major, las 20 compañías de combustibles fósiles que han tenido en sus manos las reservas mundiales de petróleo, gas y carbón y, con ello, toda la matriz energética que ha sostenido el mercado basado en los combustibles fósiles.

El nuevo mercado del agua es en sí mismo el mercado por el derecho a la vida, porque los automóviles y las fábricas podrían quedarse sin energéticos, pero la humanidad perecerá sin el acceso a este vital líquido.

De acuerdo con el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2020, las personas más vulnerables no cuentan con servicios de agua y a veces tienen que recorrer distancias muy largas para conseguirla, o pagar de 10 a 20 veces más por ella en comparación con sus vecinos ricos.

Este informe también asevera que, si continúa la degradación del medio ambiente y las presiones insostenibles sobre los recursos hídricos mundiales, se afectará principalmente la producción de alimentos y esto golpeará principalmente a los más pobres. “Para 2050 estará en peligro el 45% del PIB mundial y el 40% de la producción mundial de cereales”, puntualiza el informe.

El acceso al agua y la militarización

La ONU advierte que una de las regiones que serán fuertemente golpeadas por la escasez de agua será América Latina y el Caribe. “Se prevé que en América Central y América del Sur continuarán produciéndose los cambios observados en el flujo fluvial y la disponibilidad de agua, los que afectarán a las áreas más vulnerables”, señalaron expertos de la ONU.

Desde el Río Bravo hasta la Patagonia empresas como Coca-Cola, Nestlé, Du Pont, Monsanto, Cargill, ADM, entre otras, han privatizado ríos, manantiales y aguas subterráneas para la agricultura y la ganadería industrial, las mismas que han contaminado los espejos de agua existentes a su alrededor.

Pero también hay presencia militar. Un ejemplo es la llamada Triple Frontera donde convergen las fronteras de Argentina, Paraguay y Brasil, coinciden con la desembocadura del río Iguazú en el río Paraná. En esta área se encuentra el Sistema Acuífero Guaraní (SAG), uno de los mayores reservorios de agua dulce subterránea en el mundo. Según un estudio llevado a cabo por el Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA), el Acuífero Guaraní tendría una capacidad de unos 50.000 Km³, con una recarga de entre 160 y 250 Km³ al año, de forma que explotando unos 40 Km³ anuales podría abastecerse a 360 millones de personas a unos 300 litros de agua al día por habitante. Esta es una zona estratégica dónde ha habido presencia militar de los EEUU.

Está área tiene una importancia de ámbito geopolítico, incluso, el Banco Mundial (BM), junto con la ONU y organizamos como la Organización Estados Americanos (OEA), viene implementando, desde los años 1990, procesos de administración y privatización de los principales mantos freáticos. Los planes de protección y conservación son mecanismos de administración de estas zonas estratégicas.

“En el año 2000, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay iniciaron el Proyecto Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní, para estudiar y planificar la gestión a largo plazo del SAG. El proyecto tardó dos años en desarrollarse y fue aprobado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), como principal financiador internacional, y por el Banco Mundial en julio de 2002”, señala el documento An Independent Evaluation of the World Bank’s Support of Regional Programs.

Por otra parte, están los conflictos por este vital líquido que ya han comenzado años atrás – la guerra del agua en Bolivia hace 20 años es un caso emblemático – y, para ello, se requerirán nuevos sistemas de seguridad, como los que esta implementando el Comando Sur como parte de su adiestramiento en los países aliados.

Mientras que el mercado del agua ha dado su siguiente paso con el sector financiero, ahora solo queda esperar que disponibilidad tendrán los pueblos y comunidades donde se encuentran los principales reservorios de agua dulce.

Por Sare Frabes

El pasado 2 de diciembre, funcionarios del estado de Chiapas asistieron a una asamblea con comuneros y autoridades de los Bienes Comunales del municipio de San Juan Cancuc para tratar de convencerles acerca de la construcción de la denominada “carretera de las culturas”.

Con la presencia del presidente municipal, José López y el coordinador de delegaciones de la Secretaría de Obras Públicas del estado, Mauricio Alejandro Gutiérrez Astudillo, los funcionarios abundaron en los supuestos beneficios que traería la obra carretera, la cual forma parte de un proyecto para conectar la costa de Chiapas, desde el municipio de Pijijiapan hasta Palenque, donde se enlazaría con una estación del llamado “tren maya”.

Sin embargo, representantes de las comunidades tzeltales de 45 comunidades pertenecientes al municipio de Cancuc, así como integrantes de otros seis municipios adheridos al Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) reiteraron su rechazo al proyecto carretero.

Leer también ⇒ Gobierno de Chiapas insiste en proyecto de súper autopista; comunidades indígenas rechazan la construcción

A continuación, el mensaje de las comunidades indígenas ante la sordera del estado y su interés para imponer megaproyectos de despojo.