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(Español) En Veracruz, desalojan con violencia tierras destinadas al Corredor Interoceánico
Por Ñaní Pinto
En el municipio de Tepixtepec, Veracruz, campesinos denunciaron agresiones por parte de elementos armados de la Marina, Fuerza Civil y Guardia Nacional para la implementación del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec.
Acorde a un comunicado difundido este martes (13), el pasado 8 de julio, los cuerpos de seguridad invadieron un predio de más de 140 hectáreas con la intención de desalojar las viviendas y a sus habitantes, pese a no contar con ninguna orden judicial.
“Machetean las casitas que estaban ahí de palos. Le prenden fuego a una que estaba hecha de lona, le prenden fuego a unas cosechas que estaban por ahí”, compartió Ramón García, abogado de los posesionarios legales del terreno, quienes acusan despojo por parte del gobierno federal.
L@s campesinos señalaron que los elementos armados entraron realizando disparos al aire con la intención de provocar terror entre los campesinos, quienes desde hace más de 30 años posesionaron estas tierras a la altura del kilómetro 18 de la autopista Minatitlán-Acayucan.
En el comunicado difundido, los afectados señalan que el plan del actual gobierno es generar la cultura del terrorismo de Estado “que ha sido una constante igualada con los anteriores representantes del gobierno”.
Días antes del ataque, estas mismas tierras fueron anunciadas por la administración federal como parte de uno de los 10 sitios que albergarán los denominados “polos de desarrollo del bienestar”, espacios que integran el “ecosistema de producción industrial” del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec.
Mediante video proyectado durante la conferencia matutina de la presidencia el pasado 5 de julio, la administración federal anunció que el Programa Istmo ha formalizado la tenencia de la tierra en cuatro municipios, uno en Oaxaca y tres más en Veracruz.
“En coordinación con dependencias federales se elaboran los estudios y proyectos necesarios para su habilitación y la dotación de servicios básicos para la industria”, detalló el video presentado en la conferencia.
Uno de los polos anunciados se encuentra en Tepixtepec, en las tierras atacadas tres días después por los elementos policiacos y militares.
Sin embargo, para los campesinos, ese predio es el lugar donde desarrollan su vida campesina sembrando maíz, frijol, y otros alimentos de la tierra que sirven para el sustento de sus familias.
Además, enfatizan que cuentan con una sentencia de jurisdicción voluntaria emitido por un Juez mediante la cual se reconoce su propiedad sobre el predio. “Pero ahí en el registro público de propiedad de Acayucan, pues desapareció el folio”, lamenta el abogado García sobre las distintas irregularidades que han encontrado l@s campesinos para hacer valer su posesión legal.
¿Diálogo o represión?
“Nos daban 30 días para desalojar”, recuerda el abogado García cuando en mayo del año 2020 se les notificó la acción de compra-venta de sus tierras por parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
En aquel momento, García se encontraba en el proceso para legalizar la posesión del predio por parte de los campesinos, trámite interrumpido por las medidas sanitarias implementadas ante la pandemia por la Covid-19.
Además, l@s campesinos señalan que a partir del anuncio de compra-venta del predio, elementos de las Fuerzas Armadas comenzaron a rondar en las proximidades del terreno. También denunciaron a elementos civiles armados dentro de sus tierras.
Por ello, l@s campesinos contactaron a las oficinas del CIIT, con lo cual consiguieron agendar una reunión el pasado 2 de julio con Irma Ruth Lara Gallegos, representante legal del organismo responsable por la implementación del Programa Istmo.
En contexto ⇒ Consultas indígenas amañadas para parques industriales en el Istmo
“En el enterado de esa reunión es que íbamos a estar tranquilos, en son de paz y que íbamos hacer trabajos técnicos para ver si estábamos en la posesión”, rememora García. No obstante, tres días después vino el anuncio de la conferencia presidencial y para el 8 de julio sucedió el ataque.
“(Lo) tomamos como una traición lo que nos hizo el Corredor Interoceánico”, señala el abogado de l@s campesinos afectados.
Según García, para l@s campesinos en ese momento fue claro que el gobierno federal responde a la presión de los empresarios, sobre todo trasnacionales, quienes desean certeza legal para sus inversiones en el Corredor Interoceánico.
“Entonces, tú tienes que sacar como gobierno de México: ‘Ya tengo mis cinco polos’, pero ¿Qué pasa? Unos días antes llegó un abogado a Palacio Nacional a decir, oye estamos en posesión y le compraste a un huachicolero. (Con el desalojo) lo que tienen que ir a decir es que ya está todo tranquilo”, afirma el abogado.
Negocios con delincuentes
Además de la agresión denunciada por l@s campesinos, también existe el señalamiento de que el CIIT realizó la compra de los terrenos con una persona dedicada a actividades ilícitas.
“Ricardo Cano Trueba nos ha violentado durante todo nuestro tiempo de posesionarios que llevamos en el predio. Así mismo denunciábamos que el C. Ricardo Cano Trueba junto con el alcalde de Texistepec han venido usando esos predios para el aprovechamiento del ‘Huachicol’ y que siempre han mantenido una vigilancia armada rondando por nuestra posesión”, enfatiza el comunicado.
Para l@s campesinos es evidente la actuación entre las fuerzas policiacas y militares con la delincuencia para amedrentarles.
“En los predios siempre ha habido gente civil armada, los que trabajan para el ‘huachicol’ están ahí. Cuando están trabajando andan en camionetas, en caballo, armados, pero justamente, obviamente, está todo preparado cuando llegan ellos, nada mas llegan los elementos oficiales”, relata el abogado García sobre la relación entre los distintos grupos para llevar a cabo el ataque.
Por último, l@s denunciantes responsabilizan de su seguridad, vida y cualquier otra afectación sobre sus posesiones al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, al gobernador de Veracruz y al presidente municipal de Texistepec.
A la denuncia también se adhirieron más de 30 organizaciones defensoras de derechos humanos.
(Español) En México, 56 activistas asesinados en tres años
Por Ñaní Pinto
En portada: Simón Pedro Pérez López (centro) durante ceremonia en Acteal. Fue asesinado el 5 de julio pasado por su labor en defensa de los derechos de las comunidades indígenas. Foto de Luis Enrique Aguilar
Durante la primera mitad de la administración de Andrés Manuel López Obrador se han registrado 56 asesinatos de activistas en México. Entre las víctimas se encuentran defensor@s del medioambiente, el territorio, los derechos de la comunidad LGTBI+ y pueblos indígenas.
En contexto ⇒ México: 14 indígenas defensor@s de derechos asesinados en 2021
De acuerdo a registros de la organización Frontline Defenders, durante el año 2019 el saldo fue de 24 defensor@s de derechos humanos asesinad@s y durante el 2020 se suscitaron otros 20 homicidios.
Estos casos se suman al registro de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), institución que contabiliza 12 activistas asesinados durante los primeros seis meses del año en curso.
No obstante, los homicidios del 2021 podrían ser mayores. Registros de organizaciones no gubernamentales como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y la plataforma de Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional arrojan un saldo de 19 víctimas mortales en lo que va del año.
“Hoy en día México es uno de los países mas letales para la defensa de los derechos humanos”, señaló Sandra Patargo, representante en México de la organización Frontline Defenders, para entrevista a medios nacionales.
Por su parte, la misma organización, así como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos humanos (ONU-DH) señalaron que existen casos que no han sido denunciados ni a las autoridades, ni públicamente debido al riesgo que implica para otr@s defensor@s de los derechos humanos.
Los asesinatos de este 2021 ocurrieron en estados como Michoacán, Chiapas, Guerrero, Sonora, Oaxaca y Colima.
Otros organizaciones como la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) han documentado que las agresiones ocurridas en los años 2019-2020 fueron ejecutadas principalmente por agentes del Estado, empresas y crimen organizados, estos últimos en colusión con las autoridades de diferentes niveles.